Por Juan Bolívar Díaz
Con su resolución del 2 del mes en curso, la Junta Central Electoral (JCE) ratificó el voto preferencial para la elección de los diputados, un paso de avance hacia la disminución del clientelismo partidista y para devolver a los electores y electoras la soberanía en la selección de sus representantes.
De esa forma el tribunal electoral desestimó los alegatos del partido de gobierno que pretendió una mediatización del derecho a elegir, bajo el falso argumento de que no se podrá garantizar la cuota del 33 por ciento de las postulaciones instituida por ley en beneficio de las mujeres.
Lamentablemente la JCE aplazó la instauración del voto preferencial en la elección de los regidores y sus suplentes, lo que retardará el urgente mejoramiento de la representación municipal, convertida en residuo para compensar a militantes partidarios que no consiguen colocación en las listas congresionales.
Importante decisión
La resolución emitida con fecha 2 de julio marca un paso importante hacia la definición del proceso organizativo de los comicios congresionales y municipales a celebrarse el 16 de mayo próximo.
En círculos políticos y de opinión se expresaban conjeturas y preocupaciones por la lentitud del organismo electoral en adoptar una resolución que se había definido dos meses antes. A fines de abril la JCE había emitido una declaración en la que dio por hecho que se votará el año próximo por circunscripciones electorales y voto preferencial en la elección de diputados.
Se advirtió que en esa oportunidad no se refirió a la forma en que se elegiría a los regidores. Ahora dictaminó que “se posterga para otra oportunidad, por razones logísticas, el voto preferencial en el nivel municipal para la escogencia de los regidores y sus suplentes”.
En cuanto a las circunscripciones, la JCE formalizó los acuerdos anunciados desde comienzo del año que dividen el Distrito Nacional en nueve circunscripciones, a Santiago y San Cristóbal en tres, y a La Vega, Puerto Plata, San Juan y Duarte en 2 circunscripciones cada una.
Las veinticuatro provincias restantes “funcionarán como sendas circunscripciones electorales”, de acuerdo con la resolución marcada con el número 5-2001.
Las razones logísticas en que se basó el aplazamiento del voto preferencial en la elección de regidores y sus suplentes, fueron el temor a la proliferación del voto nulo, por las múltiples innovaciones en el sistema de elección, y a complicaciones en el cómputo de los sufragios.
El tiempo apremia
La lentitud en el proceso no es responsabilidad exclusiva de la JCE, sino también de los partidos que tardaron excesivamente en responder las consultas.
De hecho, la decisión de los 7 jueces electorales se produjo sin que varios de los partidos reconocidos manifestaran su opinión en torno al procedimiento a seguir en el nivel municipal, para lo cual se dio por vencido un plazo en la semana anterior. Pero algunos no entendieron por qué no se hizo una sola consulta para los dos niveles de elección.
La dilación estaba creando preocupaciones, dado el hecho de que los comicios están a poco más de diez meses y se precisará de una intensa campaña educativa para que la ciudadanía pueda asimilar los cambios en el sistema de elección.
Paralelamente la JCE ha comenzado el proceso de renovación de las juntas electorales municipales, muchas de las cuales están incompletas por renuncia o mudanza de algunos de sus integrantes.
Las decisiones son más oportunas por cuanto implican un mensaje de hechos cumplidos a los legisladores que todavía sueñan con el absurdo jurídico de prolongarse el período con el pretexto de juntar en un mismo año las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales.
Por demás ya en casi todos los partidos se inician las competencias internas por las postulaciones para senadores y diputados, síndicos y regidores.
Aunque la resolución no satisface a todos, por cuanto se esperaba que el voto preferencial rigiera también para la elección de los regidores y suplentes, implica un mejoramiento del sistema electoral y el predominio de la independencia de la JCE frente a los requerimientos del partido de gobierno.
En la medida en que los electores y electoras asimilen el sistema de circunscripciones y voto preferencial para la elección de diputados, abrirán paso a la conquista de su soberanía también en el nivel de los regidores.
Los mismos candidatos, con jurisdicciones más pequeñas para realizar campaña, se encargarán de instruir a la ciudadanía sobre la forma en que habrán de escoger.
No afecta las mujeres
En su séptima disposición la resolución de la JCE establece que “las propuestas de candidatos deben incluir el porcentaje sobre la cuota femenina contenida en la Ley Electoral y demás disposiciones”.
Se ratifica de esa forma que ni las circunscripciones ni el voto preferencial tienen por qué afectar la cuota del 33 por ciento de las candidaturas instituida para promover la representación femenina.
En teoría las mujeres tendrían más oportunidades de ser electas si apelan a la solidaridad genérica, dado que ellas son cerca del 52 por ciento de la población. Voceras feministas aducen que ese porcentaje se eleva al 57 cuando se trata de electores y electoras.
Desde luego, los hombres seguirán dominando los partidos y en consecuencia dispondrán de mayores recursos para realizar campaña, además de que seguirán siendo beneficiarios de una cultura machista de la que no escapa ni siquiera una buena proporción de las mujeres.
Pero el viejo sistema de las listas bloqueadas y cerradas, dispuestas por las cúpulas partidarias, tampoco garantizaba el porcentaje de las mujeres, como quedó de manifiesto en 1998, cuando su cuota era sólo del 25 por ciento.
Voto no fraccionable
Otra limitación implícita en la resolución de la JCE es que sólo habrá dos boletas en los comicios del año próximo, una para el nivel congresional y la otra para el municipal. Es decir que regirá el mismo voto para senador y diputados en una boleta y para síndico y regidores y suplentes en la otra.
Se había discutido la propuesta de que se pudiera votar por separado para el senador y para los diputados en una boleta y para el síndico, regidores y suplentes en otra, lo que permitiría diversificar las opciones partidarias.
Para ello era necesaria una reforma a la ley electoral, que en su artículo 86 establece tres niveles de elección, con “candidaturas indivisible o no fraccionables en sí mismas”, uno para presidente y vicepresidente, otro para senador y diputados y el tercero para síndicos, regidores y suplentes.
Ya hace varios meses que la JCE descartó apelar al Congreso para una nueva reforma electoral que permitiera separar los cargos electivos, temiendo que la persistencia de los que pretenden reunificar las elecciones en un mismo año determinara pérdida de tiempo.
Desde luego, esa división implica mayores complicaciones y lentitud en el cómputo de los sufragios, a lo que temen también las autoridades electorales y los mismos partidos, que por demás no lucen demasiado empeñados en afianzar la soberanía de los electores y electoras.
Aunque limitado, el avance en la democratización del voto será importante en cuanto a la subdivisión territorial implícita en las circunscripciones, lo que tiende a identificar a los diputados con sus electores, obligando a que residan en la demarcación en que son postulados.
Como ya el orden no será el que decida quién sale diputado, los candidatos tendrán que buscarse el voto de la ciudadanía, lo que a su vez repercutirá en mejores candidatos y en reducción del sistema de repartición de cargos.
Tras instituir el voto preferencial para la elección de los diputados, la resolución de la JCE indica que “el ciudadano podrá votar por un candidato determinado, marcando el recuadro con la foto del mismo o por el partido o agrupación política, con sólo marcar el recuadro con el emblema y/o las siglas del mismo”.
En otras palabras, que el voto preferencial es opcional, pero será éste el que determinará los diputados electos, independientemente de su número, como opera el sistema en los países que lo han consagrado.-