Aún sin recibir explicaciones del colapso electoral de hace un mes, la ciudadanía se apresta a participar en la nueva convocatoria de las elecciones municipales con militante observación y reclamando respeto a la libre voluntad popular
Por Juan Bolívar Díaz
El colapso electoral del 16 de febrero atribuye una mayor importancia a la nueva convocatoria de las elecciones municipales para mañana domingo, bajo la convicción de que de su éxito podría depender la estabilidad política y hasta económica del país, en un escenario mundial de crisis determinado por las repercusiones del coronavirus.
La sociedad dominicana afronta esta segunda convocatoria, cargada de interrogantes sobre las razones de lo que se generalizó como boicot electoral del mes pasado, y si los que controlan el poder, bajo fuertes cuestionamientos y asediados por las encuestas, están dispuestos a auspiciar un certamen libre y a respetar sus resultados.
La tercera es la vencida
Después de los cuestionamientos que rodearon las elecciones primarias de octubre y del colapso de las municipales de febrero, las extraordinarias de mañana será el tercer intento en menos de seis meses por unos comicios que puedan cumplir los estándares más elementales de la democracia, y como proclama la sabiduría popular, la tercera es la vencida, lo que implica un grave desafío para las autoridades electorales y gubernamentales y para todo el sistema político.
Las primarias del 6 de octubre fueron deslegitimadas por la irrupción del gobierno en la campaña interna del Partido de la Liberación Dominicana, por la masiva compra de votos, comprobada por la observación de Participación Ciudadana (PC) en más del 30 por ciento de los recintos electorales, y por irregularidades tan graves como la de haberse permitido la votación hasta tarde de la noche en comunidades del interior del país. Con una diferencia del 1% entre los dos competidores, todo eso contribuyó a la crisis que generó la división del partido que dominó el escenario en 20 de los últimos 24 años.
Aunque se trata de elecciones municipales, el resultado de este domingo repercutirá inevitablemente en las más trascendentes para renovar el poder legislativo y el gobierno de la nación, apenas 63 días después. Ello implica que otra elección conflictiva extendería al menos por dos meses las incertidumbres y desconfianzas que han prevalecido desde antes de las primarias, y que determinaron la mediación de instituciones sociales en búsqueda de consenso para sostener un precario equilibrio democrático.
En los tiempos de cólera
Otra concurrencia a las urnas sin mínimos estándares democráticos pondría a prueba la indignación y cólera que se apoderó de amplios segmentos sociales después de la burla del 16 de febrero, en especial de los decenas de miles de jóvenes que se movilizaron por todo el país y en las ciudades de la diáspora dominicana, que han persistido en advertir que no tolerarán otra burla al derecho a elegir, con las miras puestas en la Junta Central Electoral y el PLD y su gobierno, a quienes casi todos señalan como responsables del colapso electoral.
Por igual los 15 partidos de oposición, que aunque divididos en dos bloques electorales y tres candidaturas presidenciales, reiteraron este jueves una serie de demandas de garantías de limpieza renovando el compromiso que firmaron el 13 de febrero para defender conjuntamente los derechos democráticos. Tras el colapso electoral, esos partidos realizaron una masiva marcha hasta el altar de la patria con 10 reclamos de garantías, lo que contribuyó a movilizar la mediación de sectores empresariales y sociales.
Ahora reiteraron que han instruido a sus miembros para que “defendamos de manera conjunta en cada colegio electoral y en cada junta municipal el voto de todos los candidatos y candidatas de oposición”. Denunciaron intentos de promover el miedo para provocar abstención, advirtiendo que “toda la oposición estará unida para combatir de manera enérgica cualquier acción arbitraria, ilegal y fraudulenta que se intente nuevamente poner en marcha a favor de candidatos oficialistas y en complicidad con autoridades del Estado”.
Miles de ojos observantes
A pesar de las drásticas restricciones de viajes por el coronavirus que aterra el mundo, el expresidente de Chile Eduardo Frei, próximo a cumplir 78 años, volvió al país para encabezar una más comprometida misión de observadores de la OEA, lo mismo que hará la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES), y delegaciones de asociaciones de partidos con vínculos en el país, ahora más preocupados por el escandaloso colapso electoral de febrero.
PC, con 24 años de observaciones electorales y reconocimiento internacional, que para febrero había preparado una red de 1,800 observadores, la aumentó ahora a 2,600, reforzada con la incorporación de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, para cubrir aleatoriamente los 4,169 recintos electorales y los 18,032 colegios de votación.
A ellos se suman los suscribientes del «Manifiesto Ciudadano por Elecciones Transparentes”, promovido por el Centro Juan XXIII, y el Foro Ciudadano que integra a más de un centenar de organizaciones sociales y populares, y que ha incluido a obispos, rectores universitarios, y empresarios. Desde su aparición en noviembre han sido promotores del diálogo político que terminó realizándose en las dos últimas semanas en el Consejo Económico Social. También proponentes de la que finalmente fue escogida como fiscal especial para perseguir los delitos electorales, Gisela Cueto.
Los del Manifiesto Ciudadano, PC, la ANJE, la Conferencia Episcopal, y el CODUE, que durante los últimos meses han reclamado firmemente un proceso electoral con equidad, justicia y transparencia, forman parte de la Comisión de Acompañamiento a la JCE integrada en el diálogo político, como también Educa y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que se activó tras el colapso de febrero y las intensas protestas políticas y sociales que generó. Todos están llamados a reforzar la barrera a las triquiñuelas y marrullerías electorales, tanto mañana como para las presidenciales y congresuales de mayo.
La participación es clave
Todos los sectores de oposición, las organizaciones sociales y los jóvenes protestantes han insistido en promover la participación en las elecciones de mañana, como otra forma de repudiar el colapso electoral de febrero y rechazar a quienes consideran sus responsables, lo que alienta expectativa de que la concurrencia supere la que se esperaba en febrero. En las redes sociales se proclama: “No importa si fue a protesta, si hizo el calderazo, el bocinazo o si se vistió de negro por todo un mes; si este domingo no vota, NO HIZO NADA”.
Sin embargo, el creciente temor por la propagación internacional del coronavirus, pudiera influir en una disminución mañana de los votantes. Ya se ha alertado sobre la posibilidad de que se pueda promover la abstención difundiendo rumores sobre la pandemia este fin de semana. La representante en el país de la Organización Mundial de la Salud, Alma Morales, sostuvo ayer que no hay razón para no acudir a la votación ya que, como también sostienen las autoridades gubernamentales, la pandemia aún no circula en el país y los cinco casos reportados han provenido del exterior y están aislados.
Con encuestas cada vez más desfavorables, como las de Greenberg-Diario libre y la de Mark Penn-SIN, publicadas tras el colapso, al PLD le favorecería el ausentismo, sobre todo por su reconocida capacidad para movilizar electores a las urnas, utilizando recursos públicos para repartir dadivas, y para ejercer presiones sobre empleados públicos, pensionados y beneficiarios de los programas sociales oficiales, que alcanzan al 24% del padrón. Al oficialismo se le atribuye mayor posibilidad de ganar en los municipios de menor población, donde se puede decidir por sólo cientos de votos, como ocurrió en el 2016.
Hasta la estabilidad económica
Otro grave conflicto electoral profundizaría la crisis política que vive el país y podría influir hasta en la estabilidad económica, la mayor prenda de los gobiernos peledeístas, la que de cualquier forma podría ser afectada por la grave caída de la economía mundial generada por la pandemia del coronavirus, que esta semana hundió los mercados internacionales, remontando las comparaciones a crisis como las del 2008, de 1987 y hasta la histórica de 1929. La situación se ha tornado más dramática cada día de esta semana y las proyecciones son de extremo pesimismo, por lo menos hasta la mitad del año.
La reducción de las actividades económicas, con grandes países casi paralizados como Italia, y otros aislados como China y Estados Unidos, y España y Alemania en capilla ardiente, se proyectan ominosas sobre la economía dominicana dependiente de elementos exógenos, como el turismo, las remesas, las exportaciones en especial de zonas francas, la inversión extranjera y el financiamiento.
La primera víctima es el turismo, con el transporte aéreo mundial semi paralizado y los gobiernos de los grandes emisores recomendando no viajar, lo que lesionará gravemente la principal fuente de divisas y de empleo y gran consumidor de productos nacionales agropecuarios e industriales. El turismo tuvo el año pasado su mayor descenso histórico en el país, casi 5%, y comenzó 2020 con la zaga originada a mediados del año pasado. Hasta ayer nadie se atrevía a formular vaticinios, pero hay conturbación, con la esperanza de que la pandemia no afecte mucho el país, lo que auspiciaría una más rápida recuperación cuando pase la tormenta internacional.
El país podría beneficiarse de la concomitante caída de los precios del petróleo y en menor medida del alza del oro, pero su comercio, particularmente de zonas francas, sufriría severas contracciones, pero el desempleo podría afectar a las remesas de la diáspora dominicana, que el año pasado crecieron 9%, hasta 7 mil 85 millones de dólares.
De cualquier forma, las perspectivas económicas para el gobierno a iniciarse en agosto son por lo menos de pronóstico reservado. Entre dirigentes políticos, economistas y empresarios predomina la convicción de que empeorarían con un agravamiento de la crisis política y de la desconfianza en las instituciones que dejó el colapso electoral de febrero.-