Por Juan Bolívar Díaz
El gobierno está obligado a un ajuste, reducción del gasto y acción judicial transparente si quiere conseguir asistencia financiera internacional
La crisis financiera derivada de la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter) y sus repercusiones para los próximos meses constituye el mayor obstáculo con que tropieza el proyecto reeleccionista del presidente Hipólito Mejía, contrario a lo que algunos creen que podría sacarle ventaja.
Las consecuencias del escándalo financiero del siglo obligarán al gobierno a adoptar una política de ajuste y mayor reducción del gasto, lo que junto a los procesos de devaluación e inflación en marcha generarán mayor contracción del crecimiento económico y acentuamiento de la impopularidad del régimen y del partido en que se sustenta.
El gobierno podrá aligerar la carga con financiamiento internacional, preferiblemente mediante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo y con la colaboración del gobierno de Estados Unidos, pero para ello tendría que conducir un proceso transparente de información y acción judicial.
Clima de incertidumbre
En la medida en que la ciudadanía ha hecho conciencia de las dimensiones del hueco dejado por la quiebra del Baninter y de lo que ya ha tenido que invertir el Banco Central para taparlo parcialmente se ha generado un clima de profundo disgusto e incertidumbre que se expresa en todos los ambientes sociales.
En el curso de la semana las autoridades acentuaron las restricciones monetarias, lo que implica que las tasas de interés seguirán en niveles promedio del 40 por ciento, prohibitivos para la inversión, sin que lograran el objetivo de contener la devaluación del peso que ya se sitúa cerca del 28 por dólar.
Ahora no hay dudas de cuál es la causa de la inestabilidad cambiaria y la inflación. Los indicadores externos han mejorado. El turismo creció sobre el 20 por ciento en el primer cuatrimestre, las zonas francas tomaron aliento, las remesas siguieron incólumes y el precio del petróleo tiende a estabilizarse en la franja de los 27 dólares el barril, que sigue siendo alto pero no tanto como en los últimos meses.
Las autoridades monetarias, como los analistas económicos están conscientes de que lo peor no ha pasado todavía. De los 43 mil millones de pesos que ya ha pagado el Banco Central a consecuencia de la quiebra bancaria, apenas un 20 por ciento, equivalente a unos 8 mil 600 millones, ha sido en efectivo. Más de 34 mil millones están en certificados frinancieros que promedian los 3 meses y una tasa del 25 por ciento. Y la emisión todavía no ha concluído.
El problema pende sobre la estabilidad macroeconómica, pues los propietarios de esos papeles reclamarán su dinero y tratarían de convertirlos en dólares o euros, aunque estos últimos siguen más caros, lo que continuaría presionando la devaluación del peso..
La situación será tan delicada que podría obligar a las autoridades a renegociar esos certificados, o una buena proporción, a una tasa más baja para reducir el círculo vicioso. Pues tan sólo en intereses implicarán más de 8 mil millones de pesos al año.
El economista Eduardo García Michell se situó entre quienes consideran que el Banco Central no estaba facultado para devolver el dinero a los ahorrantes, sino para declarar la quiebra del Baninter y pagar en la medida en que recuperaran activos, no distribuyendo el costo entre todos los ciudadanos y ciudadanas como se ha hecho.
Hay que recordar que los más optimistas reclamos empresariales y de los analistas económicos insistían a principios de año que para mantener la estabilidad macroeconómica habría que desmonetizar por lo menos 3 mil millones de pesos en el 2003 por vía del ahorro fiscal. El gobierno se comprometuió a retirar mil 200 millones.
El presupuesto naufragó
Por de pronto el presupuesto aprobado para el 2003 parece haber naufragado en este mar de emisión monetaria y devaluación, hasta el grado que el analista económico Alfonso Abréu Collado sugirió su reformulación al comparecer al telediario Uno más Uno el jueves 22.
A los 8 mil millones adicionales por intereses de los certificados financieros recién emitidos, Abréu Collado agregó 5 mil millones para el pago de la deuda externa. En el presupuesto se calculó el valor de la misma a 18 pesos por dólares. La tasa actual sobre 27 pesos por dólar supone al menos un incremento del 50 por ciento.
Como el gobierno registra un déficit en las recaudaciones fiscales presupuestadas, proyectado entre 5 y 6 mil millones de pesos en el año, sumado a las dos partidas anteriores, supondría un faltante total por el rango de los 18 mil millones de pesos.
Eso conlleva una forzosa reducción de las inversiones en obras públicas, ya que el gobierno de Mejía ha resultado duro para disminuir el gasto corriente.
Por el contrario, el mismo AlfonsoAbréu resaltó que, aunque el régimen se comprometió en el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, firmado con el empresariado a finales del 2002, en los primeros meses del año registra un incremento considerable en gasto de personal en proporción del 25 por ciento al pasar de mil 600 millones de pesos en enero a 2 mil cien en marzo.
De hecho ya muchas de las obras que construye el gobierno han tomado un ritmo más lento y otras están paralizadas por falta de recursos. La angustia crecía esta semana en los ámbitos olímpicos, pues el dinero para completar la infraestructura de los Juegos Panamericanos de Agosto brillaba por su ausencia.
El camino del endeudamiento
Cuando el presidente Mejía viajó a Wasshington al comenzar la semana, llevaba la esperanza de conseguir un rápido financiamiento con el BID y el gobierno norteamericano.
Enrique Iglesias no le cerrá la puerta y la habló de las posibilidades de girar contra un fondo de 500 millones de dólares disponible para la nación.
En la secretaría del Tesoro de Estados Unidos no llegaron tan lejos. Acordaron enviar una misión para ayudar a hilvanar cursos de acción para resolver el enorme hueco dejado por la quiebra del Baninter.
En cualquiera de los dos casos se dejó claro que la asistencia financiera dependerá de la transparencia y el apego a las leyes con que se maneje la crisis. Del fisco norteamericano no saldrá un solo dólar si las autoridades nacionales no cumplen esas condiciones.
Fuentes bien informadas indican que los interlocutores de la capital norteamericana preferirían el camino del acuerdo con el FMI, que implicaría mayor disciplina y austeridad y cierta vigilancia sobre el manejo judicial de la crisis. Resaltan las simpatías con que fue recibido el presidente Mejía, y el deseo del gobierno de George Bush por ayudarlo. Pero ademázs de los merecimientos políticos, tiene que sumar el manejo claro y apegado a los principios jurídicos.
El gobierno dominicano prefiere un paquete de ayuda BID/Banco Mundial/EU, pero tambiébn exploraría una nueva colocación de bonos soberanos, y sólo como asunto de supervivencia aceptaría acudir a las ventanillas del Fondo Monetario Internacional, consicente de que incluiría condicionamientos nada conciliables con la lógica del reeleccionismo que demanda gasto en los meses por venir.
Nuevos bonos soberanos contarían con escasa simpatías, sobre todo ahora cuando el “riesgo país” de la nación ha aumentado, como parte del efecto Baninter. Ya las firmas evaluadoras internacionales, como JP Morgan y Standard and Poors han comenzado a dar señales de alerta sobre el deterioro económico nacional.
Exigencias de la reelección
Los procesos electorales conllevan un aumento del gasto por vía de la inversión en obras públicas, empleo clientelar y propaganda política indirecta, como se ha manifestado en los gobiernos de los tres partidos mayoritarios. El desbordamiento es mayor cuando está presente el intento continuista, como se puede comprobar en las campañas de 1990 y 1994, cuando hasta la Lotería Nacional resultó quebrada.
El gasto se desbordó en las campañas de 1998 y 2000, con el Partido de la Liberación en el poder, sin que mediara una repostulación, que entonces estaba prohibida en la Constitución y sin que arrojara los beneficios electorales esperados. Y se repitió en el 2002 con el perredeísmo en el poder. Parte de los desequilibrios macroeconómicos registrados desde agosto pasado se atribuyen precisamente al desbordamiento del gasto en los finales del 2001 y la primera mitad del 2002.
Los que ahora sobreestiman las posibilidades del continuismo olvidan que además del abuso del gasto público, Balaguer contaba con la plena manipulación del arbitraje electoral y del padrón de electores que se manejaba en secreto. También con una capacidad de manipulación y una permisibildiad de los factores de poder que no se le conceden al presidente Mejía, como no los tuvieron Leonel Fernández, Salvador Jorge Blanco o Antonio Guzmán.
Se supone que ahora hay una sociedad más alerta, celosa de algunos avances democráticos y más exigente, especialmente con el gasto público y los procedimientos democráticos. Aunque está lejos de ser invulnerable.
Pero el factor de contención es el círculo vicioso en que se encuentra la economía. demandando no desbordamiento, sino restricciones. Porque no será posible conseguir recursos externos suficientes para cubrir el inmenso efecto Baninter. Una parte tendrá que pagarse en el orden nacional con algo más que constreñimientos monetarios, que de por sí ya conllevan recesión y desempleo, devaluación e inflación.
La devaluación del peso, que ya pasa del 50 por ciento en los últimos 9 meses y la consiguiente inflación, proyectada sobre el 20 por ciento para este año, han degradado los ingresos de las tres franjas de las clases medias, especialmente de las dos inferiores que son las mayoritarias, así como de los sectores populares. Ni hablar de que en las actuales circunstancias se pueda esperar una compensación significativa, ni en el sector privado, y menos en el público.
Si las tres encuestas acreditadas que realizan sondeos para HOY, El Caribe y Omnimedia, ya registraron la caída de la popularidad del gobierno, del PRD y del presidente Mejía, entre agosto y marzo, hasta relegar sus posibildades electorales a la tercera posición, ningún analista encuentra razones para creer que ahora esté mejor y que las perspectivas apunten a una mejoría considerable.
A no ser por el desconcierto en que está sumido el Partido Reformista Social Cristiano, pero su práctica división casi a la mitad, no garantiza demasiado ventajas para el que desde el poder arrastre una de sus partes, sobre todo si es en base al abuso de los recursos estatales.
Un año es mucho tiempo para que las circunstancias cambien en beneficio de quien ejerce el poder en una nación tan desinstitucionalizada como la dominicana. Pero por el momento los vientos no soplan a favor del continuismo y la magnitud del desastre Baninter y sus efectos no prometen mejoría, sino empeoramiento, en cualquier escenario.-