Por Juan Bolívar Díaz

La opinión pública ha rechazado las restricciones anunciadas, mientras el gobierno luce incoherente y el PRD como ausente

             Si el objetivo fundamental del discurso presidencial del domingo era ganar confianza y generar credibilidad en los actores económicos para neutralizar la corrida devaluatoria del peso dominicano, puede decirse que fracasó a la luz de las reacciones que le han seguido.

            Más allá de los intereses creados que se oponen a todo género de restricción, el consenso en la opinión pública es que el gobierno ha cargado casi todos los sacrificios en el sector privado y la población, negándose a reducir el gasto y a desmonetizar una proporción mayor de sus ingresos.

            Lo peor es que el valor del peso siguió toda la semana en retroceso, el gobierno en la incoherencia, con un decreto inconstitucional y su partido huérfano de posiciones e iniciativas como si no les afectara el crecimiento del descontento, ya no sólo de los sectores medios y altos que le han sido desfavorables, sino también de las masas populares.

Causas de desestabildiad

            Funcionarios del gobierno y ejecutivos del sector privado, como los misioneros del Fondo Monetario Internacional que visitan el país, han coincidido en que los fundamentos de la economía nacional son sólidos, pese al duro escenario internacional que nos afecta.

            Nadie encuentra suficientes razones para el nivel de devaluación que registra el peso desde agosto pasado, cercano ya al cincuenta por ciento, por lo que se concluye que factores subjetivos están influyendo, como la pérdida de confianza en el futuro inmediato y de credibilidad en las autoridades para enfrentar la situación.

Las señales exteriores siguen siendo ominosas para las economías dependientes de la importación del petróleo, que este jueves pasó la barrera de los 36 dólares el barril, mientras Venezuela sigue con graves dificultades para recuperar sus niveles de producción, y los Estados Unidos lucen decididos a desatar la guerra contra Irak, aún al precio de quedarse solos en la opinión pública internacional.

La falta de confianza se nutre también de la convicción de que la recuperación que ha logrado el turismo desde septiembre se iría por la borda con una guerra que multiplicaría la inseguridad y encarecería mucho más el transporte, y aquí reduciría las divisas.

A ello se suma el hecho de que este es un año preelectoral, período en el cual los gobiernos son renuentes a reducir el gasto, ya exagerado desde el año pasado, lo que aumenta los temores de desestabilización económica. El resultado es que cada semana ha ido en aumento el número de personas que tratan de convertir pesos en dólares, como forma de reducir los riesgos de pérdida de su patrimonio.

Por eso las políticas restrictivas y ni siquiera la entrada de los 600 millones de dólares de bonos soberanos, han podido contener la depreciación del peso, mientras las tasas de interés llegan hasta el 50 por ciento. Ello a su vez impacta en los precios de la producción nacional como de los productos importados, especialmente de los derivados de los combustibles y la electricidad, así como en la reducción del empleo, generando un ambiente de descontento social y depresión nacional.

Disposiciones gubernamentales

               Después de una leve tregua navideña, al entrar febrero, la tasa cambiaria retomó su curva descendente, arrojando el peso al 25 por uno respecto al dólar y el euro, lo que obligó al gobierno a reconsiderar la situación.

            Primero entró en juego la Junta Monetaria elevando el encaje legal bancario del 17 al 20 por ciento y el de las asociaciones de ahorros y préstamos del 10 al 15 por ciento. Aumentó del 10 al 20 por ciento el coeficiente de reserva de liquidez de los bancos múltiples sobre los depósitos de moneda extranjera, prohibiendo el crédito en este renglón a quienes no generen divisas, y habilitó certificados de inversión con tasas de hasta 30 por ciento.

            Los agentes gubernamentales y actores privados consideraron insuficientes las disposiciones monetarias, por lo que tras discutir numerosas opciones, el presidente Hipólito Mejía y su equipo se decidieron por las disposiciones contenidas en el discurso del domingo 9.

            Adoptan un plan de austeridad, considerado modesto y cuyo mayor elemento concreto fue la desmonetización de 300 millones de pesos. Tras jurar que no se inscribirá en el populismo, el presidente ofrece subsidiar los nuevos aumentos que por el alza del petróleo o la devaluación registre el gas propano, mantener los subsidios a la electricidad de los barrios populares y parcialmente al transporte colectivo, así como intensificar los programas de ventas de alimentos por debajo de su precio.

            La medida más significativa, entre las anunciadas por el mandatario, es la del recargo del 10 por ciento a las importaciones, exceptuando materias primas, alimentos, medicinas y bienes de capital, lo que canalizó vía un decreto, reeditanto la práctica balaguerista de elevar cargas impositivas evadiendo el requisito del artículo 43 de la Constitución que atribuye esa función al Congreso Nacional, por medio de ley.

El discurso resultó fallido    

El discurso presidencial no satisfizo las expectativas de ningún sector, mientras al parecer generaba mayor desconfianza, vía el canal no institucional para los impuestos, por un lenguaje poco conciliador y por la ausencia de apelaciones grandilocuentes a los sentimientos de solidaridad, comprensión y generosidad de los dominicanos y dominicanas.

La pieza presidencial no parece haber pasado por el cedazo de un buen técnico en producción televisiva, el lenguaje lució prepotente, desafiando hasta al cambio de partido, y beligerante como si hubiese una insurgencia popular o guerrillera, sobreestimando, sin mencionarlos, a los grupos que la semana anterior habían convocado una jornada de protesta que resultó un fiasco.

   Si el objetivo fundamental del discurso era lograr credibilidad y generar confianza, parece que resultó fallido. En parte también por las tendencias radicales con que se juzga a un presidente que ha perdido popularidad aceleradamente en los últimos seis meses y que no la recuperará con las expresiones ríspidas que reparte a diestra y siniestra.

Inconstitucionalidad aparte, lo que se puede y se debe corregir adoptando la vía del Congreso Nacional, el recargo del diez por ciento por tres meses ha sido rechazado con argumentos poco convincentes por el sector empresarial. Primero algunos pretendieron que perjudicaría a los productores, cosa absurda por las limitaciones del recargo. Luego que sería inflacionario, como si no tuviera por objeto reducir la demanda de dólares y, en consecuencia, la devaluación que eleva más aún los precios internos.

Algunos empresarios como José León y Alejandro Grullón tuvieron el valor de pedir que se diera tiempo a la madurez de las disposiciones gubernamentales para ver si generan los frutos esperados. Pero en general, y sobre todo las organizaciones empresariales, desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada, hasta la Asociación de Industrias, la de Jóvenes Empresarios y las cámaras de comercio protestaron la medida.

A eso se sumaron críticas a las medidas restrictivas del crédito y del circulante adoptadas por la Junta Monetaria, a las que se atribuye que algunas tasas de crédito hayan pasado del 50 por ciento.

La generalidad de los analistas y dirigentes empresariales y políticos insistieron en que el gobierno debe invertir más en la contención de la desestabilidad cambiaria, desmonetizando una mayor proporción del presupuesto. El economista Alfonso Abréu señaló la incongruiencia de que en el presupuesto para este año hay consignados 3 mil 600 millones de pesos adicionales para servicios personales.

Como el aumento del 7 por ciento al salario mínimo no supone más de unos 500 millones de pesos al año, hay una sobreestimación superior a los 3 mil millones de pesos, dado el compromiso de reducir las nóminas públicas contenido en el pacto para la Estabilidad y el Desarrollo Económico suscrito con los empresarios.

Tan sólo en ese renglón se pueden desmonetizar 250 millones de pesos mensuales, aunque el economista y miembro de la Junta Monetaria Eduardo García Michell cree que se deben ahorrar 450 millones de pesos por mes.

El presidente Mejía tampoco contribuyó al objetivo de generar credibilidad y confianza, cuando descalificó a los empresarios para conversar sobre el paquete de disposiciones gubernamentales, en términos que algunos llegan a considerar despectivos.

            Tal reacción fue rápidamente rectificada cuando el miércoles se anunció una reunión del equipo económico gubernamental con el CONEP, la que al día siguiente reabriría el diálogo, pendientes de medidas complementarias, que se referirían básicamente al reclamo empresarial de repartir la carga del ajuste con sacrificios fiscales del gobierno.

También se informó que enviarían al Congreso la disposición del recargo impositivo del 10 por ciento, luego que hasta el presidente del Senado, Andrés Bautista, lo reclamara en público, pese a ser uno de los fieles del mismo mandatario. Si la rectificación es dilatada el gobierno podría recibir otro golpe con un recurso de inconstitucionalidad del recargo que preparan entidades conocidas de la sociedad civil.

Incoherencia e ineficacia

El gobierno mostró incoherencia con el rechazo del diálogo por parte del presidente, para retomarlo horas después, lo mismo con la visita del agrónomo Mejía, acompañado de los líderes de su grupo perredeísta PPH a la residencia del dirigente reformista Leonardo Matos Berrido, que nadie creyó tuviera el objetivo de discutir de pelota ni del final de la misión de este como embajador en Italia.

La visita apuntaló los recelos de sectores reformistas que denuncian las manos del gobierno en el interior de su partido, lo que se señala como anuncio de conflictos políticos y por tanto generador de desconfianza e inseguridad.

Más allá de todo ello es un hecho objetivo que los organismos, legisladores y dirigentes del partido de gobierno están ausentes o excluídos de los debates sobre las medidas a implementar para enfrentar las dificultades económicas, lo que es otro reflejo de debilidad, aunque el desgaste político y la pérdida de popularidad se perciben a flor de piel, lo que seguramente será ratificado por cualquier encuesta profesional que se publique.

Tal vez eso motorizó la protesta del veterano dirigente perredeísta Vicente Sánchez Baret, por no haber sido consultado antes del decreto sobre el recargo del 10 por ciento a las importaciones, siendo él director de Aduanas. En una reunión del presidente con su equipo económico a mitad de semana expresó “en términos bien claros” que a él había que respetarlo como dirigente del PRD.

Al cerrar la semana la opinión pública no reflejaba la confianza y credibildiad que se cree urgente para contener la conversión de pesos en dólares y euros. Y comenzaba a ganar cuerpo la esperanza de que el presidente Mejía se crezca para el discurso del 27 de febrero, cuando presente el informe anual del gobierno.

Dos veces en el término de una semana, el equipo de asesores y colaboradores cercanos del mandatario le han pedido que remueva el gabinete, siquiera para crear la ilusión de cambios. Pero el agrónomo Mejía ha resultado un hueso duro de roer y se aferra a su concepción de la política como cuestión de amigos y de quienes se fajan en las campañas electorales.-