Por Juan Bolívar Díaz
Tanto el liderazgo político como el de la Sociedad Civil tienen un gran desafío a la concertación y al consenso en la Comisión Especial instituida por decreto del Poder Ejecutivo para proponer modificaciones a la Constitución de la República.
La misión es doble, por un lado cerrar definitivamente el camino a los intentos congresionales de sancochar una reforma constitucional a espaldas de la sociedad civil y hasta de sus propios partidos, y por el otro auspiciar una reforma en aspectos fundamentales, con espíritu democrático y perspectivas de duración.
La comisión trabaja contra el tiempo, y desde el principio es criterio general que tendrán que ampliarle el plazo de dos meses, pero si quiere alcanzar su objetivo tendrá que hacer un esfuerzo para no dejarse distraer, colocándose por encima de las confrontaciones del debate político nacional.
El contexto de partida
La Comisión Especial, creada el 21 de marzo, mediante el decreto 410-01, del presidente Hipólito Mejía, está integrada por un delegado y un suplente de los 16 partidos políticos reconocidos, de 19 instituciones de la sociedad civil y de tres entidades del Estado, la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral y el Consejo Nacional para la Reforma del Estado.
La integran también, a título individual, tres ex-presidentes de la República y 12 personalidades independientes, que se redujeron a 10 por declinación de los doctores Bernardo Fernández Pichardo y Jottin Cury.
Vista sectorialmente, la mayor representación la ostenta la Sociedad Civil, incluyendo a iglesias, organizaciones empresariales y sindicales, universidades, fundaciones y entidades cívicas involucradas en el ya largo debate sobre reformas políticas y constitucionales.
La integración de esta comisión tuvo la virtud de detener los afanes en que se encontraban amplios núcleos de senadores y diputados, empeñados en que no tienen que consultar ni siquiera con sus propios partidos para modificar la Constitución de la nación, algo por cierto nunca visto ni en la historia de la república ni en el mundo contemporáneo.
Se cuentan otros 7 intentos de modificación constitucional al vapor desde 1996, casi siempre con el objetivo de revertir las reformas de 1994, es decir para restablecer la reelección presidencial, eliminar la carrera judicial que ha abierto campo a la independencia de la justicia, y juntar nuevamente las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales. Para esto último han persistido en contemplar una auto prolongación del período legislativo y municipal.
Pero ha sido esta la ocasión en que se ha llegado más lejos, porque sólo en dos de los intentos anteriores se presentó públicamente un proyecto de reforma y sólo en el último, a fines de diciembre pasado, fue aprobado por el Senado en dos lecturas consecutivas, sin haberlo publicado previamente, y en la misma sesión en que se discutían las reformas tributarias.
Como en las ocasiones anteriores, en el intento han coincidido legisladores de todos los partidos, esta vez capitaneados por la mayoría perredeista, en las anteriores por reformistas y peledeistas.
Signo de apertura
Sin embargo, el proyecto obtuvo el rechazo de los organismos directivos de los partidos, incluyendo al Revolucionario Dominicano. Quedó de manifiesto que habían tensiones entre legisladores y cúpulas dirigenciales. En el PRD la amplia Comisión Política se pronunció contra el intento, advirtiendo a los diputados que serían sancionados si convertían en ley el proyecto.
Mientas entidades de la Sociedad Civil, como Participación Ciudadana, promovieron reuniones con los bloques de diputados y con la dirigencia de los partidos. El presidente del PRD, Hatuey de Camps, fue receptivo a sugerencias de que fuera creada una comisión consultiva, la que a su vez fue acogida por el presidente Mejía.
El gobierno dio una muestra de gran apertura al crear una comisión con tan alta proporción de la Sociedad Civil, en un escenario de diálogo con todos los partidos reconocidos y órganos del Estado.
Aunque algunos a regañadientes, los legisladores comprendieron que no podrían desafiar la apertura del Ejecutivo y han tenido que aplazar sus ímpetus constitucionalistas a la espera de la suerte de la Comisión Especial. No han faltado quienes alientan la esperanza de que el esfuerzo de concertación fracase para ellos reactivar su proyecto.
Entre tanto los ímpetus y la prepotencia con que algunos legisladores han manejado el intento, colocando el interés personal, grupal y partidario por encima de todo, han creado un gran desconcierto, que en sectores sociales se manifiesta con desconfianza, aún luego de la muestra de apertura del presidente Mejía.
Las recientes declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, proclamando el interés partidario de aprobar reformas constitucionales por encima de todo y de todos, han fomentado el pesimismo en los sectores más desconfiados sobre las posibilidades de consenso con los partidos.
El desconcierto podría traducirse en pérdida de tiempo y en mayores tensiones que dificulten al extremo el camino de las negociaciones y el consenso y hagan fracasar el objetivo de la comisión.
El decreto plantea que la Comisión “propondrá de modo consensuado al Poder Ejecutivo, las modificaciones y la forma de hacerlo, que deban introducirse a la Constitución”. En la metodología para su funcionamiento, los comisionados han acordado que considerarán consenso los acuerdos que no tengan la objeción de más del 25 por ciento de sus miembros. O que sean aprobados por el 75 por ciento.
De lo poco a lo mucho
En principio algunos dirigentes sociales propusieron que la Comisión se limitara a buscar consenso en torno a la reforma mediante asamblea constituyente. Pero hubo consenso en que se abordarán también las modificaciones de fondo, aunque se discutirá primero la forma, trabajando los demás aspectos paralelamente.
En la generalidad de la Sociedad Civil predomina la preferencia por la asamblea constituyente, aunque hay quienes no niegan otras alternativas, que en todo caso supongan consultas y un consenso amplio, incluyendo la alternativa de una ratificación a través del mecanismo del referéndum.
La institución de la Asamblea Constituyente, como forma de modificar la carta magna tiene la gran virtud de que dificulta que cualquiera mayoría congresional pretenda, como ocurre ahora, una reforma constitucional al vapor, atendiendo a intereses partidarios coyunturales.
Sin embargo, la constituyente puede resultar en una trampa dada la dificultad de lograr un mecanismo de elección que no quede bajo dominio absoluto de las maquinarias partidarias con gran probabilidad de monopolizar la representación, entonces con un mandato para reformar la Constitución a su antojo.
Así ocurrió en Colombia y Venezuela, las dos reformas mediante asamblea constituyente registradas en América Latina en el curso de la década recién pasada.
Queda siempre la posibilidad de innovación con algún mecanismo de cuotas, que en todo caso lo que garantizarían sería una participación minoritaria, y para la cual se requeriría un mayor concierto con la sociedad política, en la que abundan los cuestionamientos a los reclamos de participación de los grupos sociales.
Sea para sólo recomendar la institución de la Asamblea Constituyente o para ir al fondo de las reformas, sociedad civil y dirigentes políticos tienen que dialogar seriamente, para buscar conciliar posiciones y lograr consenso. Con la dificultad de que habría que hacerlo en corto tiempo. Razón más que suficiente para que se evadan las distracciones como la provocada por el pronunciamiento de Gómez Mazara.
No faltan quienes plantean, el politólogo Falvio Darío Espinal entre ellos, que no se debe aspirar a una nueva constitución, que las circunstancias apenas dan para identificar aspectos básicos que han estado sobre el tapete en los últimos años, en los que hay amplio consenso, y negociar a partir de ellos.
El mecanismo más idóneo sería ir de lo poco a lo mucho, partiendo de aquellos aspectos en los que hay mayor consenso, en algunos de los cuales es urgente una enmienda, como por ejemplo para eliminar el llamado colegio electoral cerrado o ampliar la proporción de población que da derecho a diputado y regidor, para contener la inflación de la cámara baja y las salas capitulares.
Podría seguirse con el establecimiento de legisladores nacionales en representación de las minorías o de los residentes en el exterior, la revisión de las amplias facultades del presidencialismo, hasta proseguir con otros temas más complejos y conflictivos, como la doble vuelta o la separación de las elecciones, llevando el consenso hasta donde sea posible.
Sobran las propuestas
No hay que abrir un nuevo proceso de consultas sobre las reformas constitucionales, lo que requeriría un tiempo del que ahora no se dispone. Esas consultas se han realizado en numerosos escenarios y ocasiones, desde instituciones académicas y fundaciones, en redes de organizaciones populares y en las entidades del Estado.
Ahí están también las consultas del Diálogo Nacional que auspició el pasado gobierno, el consenso firmado por los partidos en 1993 dentro del proyecto de la Fundación Siglo 21 y muchos otros.
Propuestas de reformas constitucionales hay de sobra en los últimos años. Las últimas son las presentadas por el Consejo Nacional para la Reforma del Estado y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que hace apenas dos semanas entregó la suya.
Si bien las posibilidades de consenso lucen difíciles, la amenaza de los legisladores de imponer una reforma unilateral ofenden tanto al liderazgo de los partidos como al de la Sociedad Civil. En ambos frentes existe la preocupación.
El escenario está montado con la comisión Especial, y puede ser el mejor en mucho tiempo. Los actores están desafiados a buscar un mínimo de acuerdos, o abstenerse al derecho del Congreso a convocar una asamblea revisora, tal como está consagrado en la vigente carta magna.
Un acuerdo que involucre a los partidos reconocidos, a la amplia representación de la sociedad civil, a tres ex-presidentes de la República, la Suprema Corte y la Junta Central Electoral, que obtendría un gran apoyo de la opinión pública en general, de ninguna forma podría ser ignorado por el Congreso Nacional. Su fuerza no da para tanto. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo.
En todos los partidos hay líderes con conciencia de las implicaciones políticas de una reforma a espaldas del conjunto del partidarismo y de la sociedad. Incluyendo al PRD y su gobierno, que cargarían con la responsabilidad de una reforma que sembrara incertidumbre. Lo que conviene a todos es concertar para el afianzamiento institucional y democrático.-