La pérdida de credibilidad en los partidos políticos, que cada vez se asemejan más y se distancian de las expectativas del electorado, especialmente en los grandes núcleos urbanos es lo que fundamenta el temor de que la abstención siga en incremento en los comicios del 16 de mayo próximo. Apenas el 51 por ciento de los electores inscritos respondió al llamado de las urnas en los anteriores comicios congresionales y municipales del 2002, y si se descuenta el 1.87 por ciento de votos nulos, apenas el 49 por ciento determinó los resultados en el nivel legislativo.
Es relevante que la abstención se concentró en niveles alarmantes en los grandes núcleos poblacionales, encabezados por el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Santiago, mientras las poblaciones más pobres alcanzaron elevadas tasas de votación.
Temores de abstención
A 25 días de la tercera elección congresional y municipal separada de la presidencial la mayor incertidumbre parece estar en la posibilidad de que aumente considerablemente la proporción de los ciudadanos y ciudadanas que no respondan el llamado a las urnas. La preocupación ha llegado a los ámbitos de la Junta Central Electoral (JCE), la que ha recibido advertencias de que el ausentismo podría elevarse, especialmente en la región del Cibao. El presidente de la Cámara Administrativa del organismo se hizo eco de encuestas que estarían mostrando una fuerte indiferencia del electorado.
El doctor Nelson Gómez dijo que previendo esa circunstancia, la JCE ha incrementado la campaña de motivación en esa región. Aunque, fuera de la ciudad de Santiago, el Cibao no se ha caracterizado por una alta abstención en los comicios de 1998 y 2002.
La abstención en los comicios legislativos y municipales de 1998 se situó en 47 por ciento. Si se le adiciona el 4.30 por ciento de votos nulos, en el nivel congresional, implica que apenas el 49 por ciento determinó los resultados. Cuatro años después, en el 2002, los ausentes de las urnas se elevaron al 49 por ciento, pero los votos anulados se redujeron al 1.87 por ciento en el nivel congresional, lo que implica que nuevamente el 49 por ciento del electorado definió los cargos electivos.
Esas proporciones contrastan con las registradas en las elecciones presidenciales del 2004, cuando la abstención fue del 27.2 por ciento, y de los votos depositados sólo el 1.1 por ciento fue anulado. El nivel promedio de abstención para las elecciones presidenciales celebradas en el país en las últimas tres décadas es del 28 por ciento. La más alta fue en los comicios de 1990, cuando alcanzó el 40 por ciento. Sin contar los de 1970 y 1974, cuando la represión determinó la ausencia en las urnas del entonces principal partido de oposición y otras agrupaciones.
La tendencia aún en naciones de arraigo democrático es que el electorado acude en mucho mayor proporción a elecciones para elegir presidente o primer ministro, que cuando se escoge separadamente a legisladores y autoridades municipales, gobernadores o locales.
Las grandes ciudades
Al registrarse los datos oficiales de las dos anteriores elecciones congresionales y municipales se advierte que la abstención está concentrada en los grandes núcleos urbanos, mientras las poblaciones menores atienden en mayor proporción la convocatoria a las urnas.
Siguiendo la tendencia registrada, la JCE tendría que acentuar su campaña de motivación en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, la Romana, San Pedro de Macorís y el resto de las grandes ciudades.
En 1998 el 66 por ciento de los electores del DN no atendieron la convocatoria a las urnas. Cuatro años después la franja abstencionista se redujo al 59 por ciento. Para entonces ya la mayor jurisdicción del país había sido dividida y la nueva provincia Santo Domingo registró un 61 por ciento de abstención.
En la provincia de Santiago se abstuvo en 1998 el 56 por ciento, que se elevó al 60 por ciento en el municipio cabecera, la ciudad de Santiago. Cuatro años después el ausentismo provincial se mantuvo casi igual con el 55 por ciento, pero se redujo al 53 por ciento en la segunda ciudad del país.
En otros importantes núcleos urbanos, como La Romana y San Pedro de Macorís, la abstención fue del 63 y 61 por ciento en el 1998, y de 57 y 56 por ciento, respectivamente, cuatro años después.
En contraste con el gran ausentismo de los electores de los grandes núcleos urbanos, en las provincias más pobres, sobre todo en las fronterizas, se registra una alta participación. En el 2002 votó el 76 por ciento en la provincia Independencia, el 74 en Elías Piña, el 69 por ciento en Dajabón y en Santiago Rodríguez, y el 67 por ciento en las provincias Montecristi y Sánchez Ramírez.
Las grandes ciudades
Al registrarse los datos oficiales de las dos anteriores elecciones congresionales y municipales se advierte que la abstención está concentrada en los grandes núcleos urbanos, mientras las poblaciones menores atienden en mayor proporción la convocatoria a las urnas.
Siguiendo la tendencia registrada, la JCE tendría que acentuar su campaña de motivación en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, la Romana, San Pedro de Macorís y el resto de las grandes ciudades.
En 1998 el 66 por ciento de los electores del DN no atendieron la convocatoria a las urnas. Cuatro años después la franja abstencionista se redujo al 59 por ciento. Para entonces ya la mayor jurisdicción del país había sido dividida y la nueva provincia Santo Domingo registró un 61 por ciento de abstención.
En la provincia de Santiago se abstuvo en 1998 el 56 por ciento, que se elevó al 60 por ciento en el municipio cabecera, la ciudad de Santiago. Cuatro años después el ausentismo provincial se mantuvo casi igual con el 55 por ciento, pero se redujo al 53 por ciento en la segunda ciudad del país.
En otros importantes núcleos urbanos, como La Romana y San Pedro de Macorís, la abstención fue del 63 y 61 por ciento en el 1998, y de 57 y 56 por ciento, respectivamente, cuatro años después.
En contraste con el gran ausentismo de los electores de los grandes núcleos urbanos, en las provincias más pobres, sobre todo en las fronterizas, se registra una alta participación. En el 2002 votó el 76 por ciento en la provincia Independencia, el 74 en Elías Piña, el 69 por ciento en Dajabón y en Santiago Rodríguez, y el 67 por ciento en las provincias Montecristi y Sánchez Ramírez.
registrarse los datos oficiales de las dos anteriores elecciones congresionales y municipales se advierte que la abstención está concentrada en los grandes núcleos urbanos, mientras las poblaciones menores atienden en mayor proporción la convocatoria a las urnas.
Siguiendo la tendencia registrada, la JCE tendría que acentuar su campaña de motivación en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, la Romana, San Pedro de Macorís y el resto de las grandes ciudades.
En 1998 el 66 por ciento de los electores del DN no atendieron la convocatoria a las urnas. Cuatro años después la franja abstencionista se redujo al 59 por ciento. Para entonces ya la mayor jurisdicción del país había sido dividida y la nueva provincia Santo Domingo registró un 61 por ciento de abstención.
En la provincia de Santiago se abstuvo en 1998 el 56 por ciento, que se elevó al 60 por ciento en el municipio cabecera, la ciudad de Santiago. Cuatro años después el ausentismo provincial se mantuvo casi igual con el 55 por ciento, pero se redujo al 53 por ciento en la segunda ciudad del país.
En otros importantes núcleos urbanos, como La Romana y San Pedro de Macorís, la abstención fue del 63 y 61 por ciento en el 1998, y de 57 y 56 por ciento, respectivamente, cuatro años después.
En contraste con el gran ausentismo de los electores de los grandes núcleos urbanos, en las provincias más pobres, sobre todo en las fronterizas, se registra una alta participación. En el 2002 votó el 76 por ciento en la provincia Independencia, el 74 en Elías Piña, el 69 por ciento en Dajabón y en Santiago Rodríguez, y el 67 por ciento en las provincias Montecristi y Sánchez Ramírez.
Incentivos a la abstención
La primera causa de la abstención electoral son los movimientos migratorios tanto en el interior del país como hacia el exterior. Decenas de miles de personas han cambiado de residencia desde que se hizo el actual padrón de electores para los comicios del 2000, y una parte de ellos, especialmente los más pobres, no se molesta en actualizar su registro electoral, lo que determina ausentismo forzado. Unos se movilizan a sus lugares de origen para votar, pero otros se ven imposibilitados de hacerlo, especialmente los que han emigrado al exterior.
La abstención está incentivada por el creciente descreimiento en los partidos políticos en la medida en que se han borrado las barreras ideológicas y programáticas y la población percibe que cada vez hay menos diferencias entre las opciones partidarias. Este factor es influyente en los sectores más conscientes del electorado, ubicados en los grandes núcleos urbanos donde la población depende menos del clientelismo político que en las pequeñas comunidades.
Las campañas electorales fundadas en relevar los aspectos negativos de los contrincantes también adicionan incentivos a la indiferencia de la ciudadanía, al igual que las extensas campañas electorales dominicanas y el alto costo de la inversión en propaganda, especialmente después que se instituyó a partir del 2002 el voto preferencial por los diputados, lo que conlleva competencia al interior de los partidos.
A los sectores más conscientes de la población no pasa desapercibido el hecho de que muchos candidatos invierten en campaña electoral sumas muy superiores a lo que percibirán en los cuatro años de gestión, lo que implica la convicción de que son patrocinados por sectores de poder económico, interesados en controlar el Congreso y los municipios, o que son simples inversionistas en el lucrativo negocio de la política.
La percepción de la política como actividad mercantil, que en el actual proceso electoral ha quedado más evidente que nunca, podría también ser un incentivo a la indiferencia de electores y electoras. Durante meses los tres partidos mayoritarios estuvieron envueltos en esfuerzos por constituir alianzas sin mayores escrúpulos y en violación de los procedimientos democráticos.
Así mismo el transfuguismo ha alcanzado niveles sin precedentes, sobre poniendo intereses coyunturales y rentabilidad económica al compromiso con los electores y a menudo hasta con seguidores, lo que también es causal de abstención.
El costo económico
Cuando en 1997 se instituyó el financiamiento de los partidos a través del presupuesto nacional, se creyó que disminuiría la influencia del dinero del sector privado y el uso de los recursos estatales en las campañas electorales, pero la realidad parece contradecirlo, lo que también origina decepción en segmentos ciudadanos.
Para los comicios congresionales y municipales de 1998 el financiamiento estatal a los partidos fue de 171 millones de pesos. El mismo ascendió a 309 millones en el 2002 con un crecimiento del 80 por ciento, proporción que se reproduce nuevamente este año al pasar a 583 millones de pesos. En 8 años el incremento es de 412 millones de pesos, equivalentes a un 240 por ciento.
La convicción generalizada es que la política se ha convertido en uno de los negocios más rentables, con alto componente de corrupción, especialmente en los poderes Ejecutivo Legislativo y Municipal. Los cargos de regidores, que según la ley son honoríficos, no sólo tienen alta retribución, sino que son llaves para el enriquecimiento a través del tráfico de influencia.
El alto costo económico y las ventajas del financiamiento estatal en más de un 80 por ciento en beneficio de los partidos mayoritarios, reduce las posibilidades de los partidos minoritarios y emergentes y de las candidaturas independientes, que prácticamente han desaparecido, es otro factor que incentiva la indiferencia electoral.
En las elecciones del 2002 la representación en el Congreso Nacional se concentró en los tres partidos mayoritarios. Sólo la Fuerza Nacional Progresista, con dos diputados a través de la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, consiguió representación en la Cámara de Diputados. Otros 18 partidos no consiguieron legisladores, debido a un sistema que excluye a las minorías.
Los partidos Unidad Democrática, Alianza Social Dominicana, de los Trabajadores Dominicanos, Revolucionario Independiente, de Veteranos y Civiles y el Movimiento Independiente de Unidad y Cambio, perdieron su representación congresional, los tres primeros incluso en el Senado. Sólo en el nivel municipal hubo alternativas a los tres partidos tradicionales, ya que el Partido Revolucionario Independiente ganó las sindicaturas de Enriquillo, Laguna Salada y Sánchez.
El alto costo de la política dominicana se ha traducido en concentración de la representación partidaria. Habrá que esperar el 16 de mayo para ver si los dos grandes bloques de alianzas que se presentan a estos comicios diversifican la representación, lo que es probable, pero mientras tanto, la percepción general en los insatisfechos del sistema partidario es de concentración, lo que incentiva la abstención.-