Por Juan Bolívar Díaz

Un gobierno prolífico en mecanismos de participación social, que no cumple. Se registra tendencia a la autosuficiencia frente a los sectores sociales y políticos.

             Esta semana cuando el gobierno ha lanzado el Plan Nacional de Competitividad, que pretende coordinar con instituciones privadas, conviene revisar la suerte de los numerosos decretos del presidente Hipólito Mejía que han pretendido organizar la participación de la sociedad civil en la gestión pública.

            La presente administración podría pasar a la historia como la más prolífica en la creación de mecanismos de participación social, pero al mismo tiempo también la más ineficiente en su cumplimiento. En otras palabras, si no cambia el curso que lleva, podría quedar como el gobierno que más decretos sobre participación social no ejecutó.

            La mayor parte de esos instrumentos fueron decretados en el primer año del gobierno, pero al paso del tiempo tanto éste como el partido en que se sustenta muestran progresivo desprecio por las instituciones sociales que antes adulaban, en una tendencia a la autosuficiencia y la prepotencia que lo indujo también a romper con sus aliados políticos.

¿Escenarios contradictorios?

            Con apenas 12 horas de diferencia, al principio de la semana que concluye se montaron dos escenarios participativos incentivados por el gobierno pero aparentemente contradictorios. Uno que nacía y el otro, moribundo, que instituciones sociales trataban de mantener en vida.

            La noche del martes 19 de marzo el gobierno convocó al Palacio Nacional a cientos de empresarios y dirigentes de sus instituciones para el lanzamiento oficial del Plan Nacional de Competitividad, reconociendo el papel protagónico que corresponde a la iniciativa privada junto al Estado.

            Se trata de delinear bilateralmente un programa que auspicie el desarrollo de las capacidades competitivas de la nación en función de los nuevos escenarios de la apertura económica y la globalización del mercado. La iniciativa partió del sector privado, teniendo como motor al Grupo de Competitividad liderado, entre otros por Antonio Rodríguez Mansfield, Luis Molina Achécar y Hugo Guilliani, éste último desde antes de pasar a ser ministro de Industria y Comercio.

           En el sector privado hay aprensiones y esperanzas. Por un lado se teme que el gobierno trate simplemente de abanderarse con la idea y monopolice su ejecución, y por el otro se hacen votos porque el consejo o la comisión que diseñe e impulse el Plan de Competitividad sea plural, de amplia representación, participativa y al mismo tiempo funcional.

Voceros del sector privado creen que tomaría entre 6 meses y un año establecer las bases de la competitividad nacional. Mantienen un optimismo moderado que se empaña cuando recuerdan el fracaso en que terminó en la primera mitad de la pasada década el programa de reestructuración industrial. Aquel, como ahora el de competitividad, tuvo mucho aliento de organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Internacional para el Desarrollo, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El escenario contradictorio de la participación social fue montado en el hotel Lina temprano del miércoles 20.Allí se reunieron dirigentes de 189 organizaciones no gubernamentales buscando dar aliento al moribundo Consejo Nacional de Seguimiento a las Asociaciones sin Fines de Lucro, al cumplirse el primer aniversario de su creación, el 21 de marzo del 2001 mediante el decreto 407-01, y que el gobierno parece haber abandonado en el camino.

Decepciones y esperanzas

               La vida de este Consejo tuvo orígen en otro decreto presidencial, el 108-01, del 22 de enero del 2001, que ratificaba requisitos legales para que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) puedan recibir financiamiento estatal y para que rindan cuentas del mismo, de lo cual se responsabiliza a la Contraloría General.

            Este decreto fue una acertada respuesta presidencial a la lluvia de denuncia que se habían producido al conocerse el proyecto de presupuesto para el año pasado, donde aparecían unas dos mil ONG recibiendo subsidios estatales.

            Dos meses después llega el decreto 407-01 que crea el Consejo de Seguimiento a las Asociaciones sin Fines de Lucro “con la finalidad de registrar, supervisar, evaluar y controlar el uso dado por estas organizaciones a los fondos públicos que les son asignados por el Estado”. También le encargaba “promover y canalizar la eficiente relación entre el Estado y la sociedad civil”, entre otras funciones.

            La presidencia y la secretaría ejecutiva del Consejo, de acuerdo al decreto, sería responsabilidad del secretario técnico de la Presidencia y la Oficina de Planificación. Lo integrarían también la Oficina Nacional de Presupuesto, la Consultoría Jurídica del Ejecutivo, Contraloría General, Procuraduría general y la Oficina Nacional de Administración y Personal, así como cuatro representantes de la sociedad civil.

            La representación no gubernamental recayó en cuatro reconocidos dirigentes de entidades sociales, Jorge Cela, David Luther y Guillermo de la Rosa, dirigentes de redes que agrupan a decenas de entidades, y Ana Selman, quien coordina un Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, auspiciado por el BID a través del Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

           Según las cuentas rendidas por estos representantes en la asamblea del miércoles, el Consejo funcionó magníficamente en sus primeros 6 meses, pero desde septiembre los responsables gubernamentales, Secretario Técnico y director de ONAPLAN no lo convocan ni dan señales de vida.

            Entre los principales logros se contó la instalación de una unidad operativa para el registro de las ONG y las solicitudes de subvenciones estatales, con recursos de Presupuesto y ONAPLAN. Se diseñaron los formularios y se inició el proceso. Al 14 de septiembre 85 entidades habían entregado solicitudes de registro, 523 habían sido incorporadas a la base de datos y se habían recibido 800 solicitudes de subvenciones.

            El proceso quedó paralizado por el sector gubernamental, justo cuando se empezó a elaborar el presupuesto, en una aparente marcha atrás. En la ley de presupeusto aparecen 1851 entidades, con una asignación de 771 millones 837 mil pesos. Es obvio que en su gran mayoría no cumplieron, ni se les exigió cumplir, los decretos 108-01 y 407-01.

            En cambio de las entidades que se registraron muchas no aparecen con subsidios, aún algunas que antes lo recibían. A otras les fue reducido. Tal fue el caso de Radio Santa María a la que en el 2000 le asignaron 3.5 millones de pesos para su programa de educación integral, y para este año se le redujo a menos del 10 por ciento, consignándole sólo 300 mil pesos.

            El Consejo avanzó también en muchos otros ámbitos, como la redacción del proyecto de ley para actualizar el marco regulador de las entidades sin fines de lucro, todavía bajo la ordenanza 520 del gobierno interventor norteamericanmo de principios del siglo pasado, que la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura. También de un proyecto de ley de Participación Social y Ciudadana.

            Los dirigentes de la sociedad civil sienten un poco de decepción por el aparente abandono del Consejo por parte del sector gubernamental, pero apelan aún al Presidente Hipólito Mejía con la esperanza de rescatar su iniciativa, que responde a viejas demandas de participación social, reordenamiento y transparencia en el uso de fondos públicos.

Actitud ambivalente

            El Presidente Mejía tiene un amplio inventario de decretos que promueven la participación social, haciendo honor a los programas enarbolados en los últimos años por su Partido Revolucionario Dominicano, y especialmente por su líder José Francisco Peña Gómez, quien acuñó el lema de “gobierno compartido”.

            Pero aparentemente todo va quedando en el papel y sus funcionarios no muestran mucha diligencia en materializarlos. El mismo mandatario ha mantenido posiciones ambivalentes, integrando a dirigentes sociales en numerosos organismos y al mismo tiempo hablando desconsideradamente de la sociedad civil.

            La parte negativa ha quedado de relieve en dos frases-conceptos: “los escucho, pero no les hago caso”, y “que se fajen a guayar la yuca”. Esta última ha sido desmenuzada con expresiones como que formen un partido y que se postulen a presidente, pretendiendo que la sociedad civil quiere imponerse sobre los políticos. Aunque sus voceros insisten en que “no queremos gobernar, sino ser bien gobernados”.

            Entre los dirigentes sociales lo hay que creen que esas frases del presidente, no son más que lo que él mismo llama “pendejadas”, informalidades fruto de su tendencia a tomarle el pelo a los contradictores. Pero los funcionarios subalternos las han tomado al pie de la letra, lo que ha paralizado el proceso de participación iniciado por numerosos decretos.

            Por el momento, tanto el PRD como su gobierno parecen haber cambiado su valoración de la sociedad civil y el usufructo del poder los conduce a lo que en el pasado gobierno se denominó “comesolismo”, es decir la tendencia a la autosificiencia y la prepotencia frente al resto de los partidos y de la sociedad.

            De ahí que el PRD ni el gobierno mostraran el menor interés en mantener la alianza partidaria denominada Acuerdo de Santo Domingo, que unió a 7 partidos en los últimos proceso electorales. Más bien fue notoria la prepotencia y falta de cortresía con que le pusieron término sin previo aviso.

            Algunos mantienen la esperanza de que el resultado de los comicios de mayo próximo lleve a reflexionar a los gobiernistas y revisen sus relaciones políticas y sociales. Todavía le quedarían por lo menos dos años y 3 meses en el poder.-

            Además del Consejo de Seguimiento a las Asociaciones sin Fines de lucro, otras instancias de participación social creadas por el Presidente Hipólito Mejía, y que no han operado significativamente son:

• El Sistema Nacional de Planificación Económica, Social y Administrativa, que a su vez instituye el Consejo Nacional de Desarrollo y Consejos Sectoriales, Regionales, Provinciales y Municipales de desarrollo. Decreto 685-00, del 1 de septiembre del 2000. Muy pocos de esos consejos han sido creados, y menos son operantes. A menudo sin consultar a las entidades sociales llamadas a participar.
• El Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para el Gabinete Social. Jutamentado en un acto en el Palacio Nacional el 27 de agosto del 2001. Decreto 465-01, del 19 de abril del 2001. En la primera etapa la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch lo tomó a pecho y presidió 5 reuniones. Luego cayó en “desuso”.
• Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República. Decreto 783-01 del 24 de julio del 2001. Se mantiene precariamente en pie por el esfuerzo de las entidades sociales incorporadas, sólo respondido por el Departamento de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría General y por la Contraloría General. Las demás organismos públicos están ausentes.-