Por Juan Bolívar Díaz

La desfachatez, el clientelismo y la impunidad de los políticos incentiva la descomposición social dominicana y genera un peligroso descreimiento

           Ningún buen observador del proceso social dominicano debería sorprenderse de que cientos de jóvenes llevaran hasta la tumba envuelto en la bandera nacional a un ciudadano ligado a negocios turbios, ni que en las comunidades sureñas se venere al principal acusado del mayor tráfico de drogas detectado en los últimos años.

           Se trata de expresiones similares al clientelismo y el tráfico impuesto por los partidos políticos dominantes y empresarios aventureros que se incuban en el relajo institucional y se nutren de la impunidad predominante, donde los recursos económicos sin importar su origen, parecen estar por encima de todas las normas y principios.

            De escándalo en escándalo el sistema político dominicano parece sumirse cada vez más en una crisis que podría degenerar en un colapso institucional e ingobernabilidad a la vuelta de poco tiempo, similar al que han sufrido varias naciones sudamericanas.

Gran escándalo de 4 semanas

            En esta segunda semana del 2005 las derivaciones de la incautación de 1,385 kilogramos de cocaína seguía acaparando la atención nacional al cumplirse un mes de la ocurrencia. Las repercusiones siguen salpicando al sistema político, especialmente a los que gobernaron el país en los últimos cuatro años.

            Desde diciembre el principal acusado del alijo, el señor Quirino Ernesto Paulino Castillo, dijo que él había ayudado a todos los partidos. Y aunque casi todos proclamaron inocencia, en el sur profundo se sabe que ciertamente en sus helicópteros y bajo sus tiendas de campaña se cobijaron muchos, al menos de los que tienen y han tenido posibilidades de poder.

           Paulino Castillo, enganchado a capitán del Ejército Nacional por el pasado gobierno, es el principal acusado del cargamento, aunque nadie puede asegurar que sea el mayor, por cuanto la droga fue incautada en la carretera, inexplicablemente antes de que llegara a su destino nacional, desde donde sería enviada el rico mercado de Estados Unidos. Y aunque en el primer momento las autoridades antinarcótico dijeron que iba para una zona franca de Santiago, no pudieron sustentar su versión y se cree que ese eslabón quedó oculto. Nadie sabe si por error, precipitación o complicidad.

           Cualquier cosa puede haber sido, incluyendo la peor si se toma en cuenta que el embajador norteamericano Hans Hertell dijo este jueves que el narcotráfico penetró no sólo a las Fuerzas Armadas, sino también a la Policía y hasta a la Dirección Nacional de Control de Drogas.

           El diplomático se sumó a quienes han opinado que elementos de altas esferas políticas, militares y policiales podrían estar involucrados en el tráfico. Y el Fiscal del Distrito Nacional ha dicho que numerosos oficiales están siendo investigados. Pero una vez más prevalece el criterio de que los más grandes serán salvados, porque en el país nada que afecte el sistema político-social se esclarece por completo, todo es oscuro, brumoso y empañado.

Otro tráfico legitimado

        Esta misma semana saltó al dominio público que Paulino Castillo tenía un automóvil de lujo, cuya matrícula estaba a nombre del vicepresidente del Senado, el representante de Valverde-Mao, CésarAugusto Matías, quien rápidamente se desligó del acusado de narcotráfico, precisando que había vendido a otra persona la exoneración aduanal con la que importaron el vehículo, probablemente un vendedor de automóviles.

          Matías, un abogado perredeista egresado de la Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, a quien no se supone vinculado al narcotráfico, se defendió aunque poniendo sobre el tapete otro tráfico que el sistema legitima: la venta de exoneraciones aduanales. Dijo que como legislador ya ha vendido cuatro, una por cada año que ha pasado en el Congreso, desde que sustituyó a Fernando Alvarez Bogaert, designado secretario de Finanzas en el 2000, tras ser electo senador por Valverde.

           Y es cierto que los legisladores se han acostumbrado a vender las exoneraciones para que los multimillonarios traigan automóviles de lujo sin pagar los altos impuestos, incluyendo a un blindado de 200 mil dólares que hace un par de años provocó un escándalo. También oficiales militares y policiales, funcionarios judiciales y otros favorecidos de los gobiernos han participado en este mercado legitimado por los más diversos estamentos de la “liberal” sociedad dominicana.

          Tan legitimado está que al formular la denuncia sobre la matrícula del carro de Paulino Castillo, el fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández, le abrió un escape al senador Matías, sugiriendo que podría ser una exoneración comprada.

           Esta práctica, ilegal como inmoral, tiene sus bemoles, porque según la ley, los vehículos exonerados no pueden ser traspasados o vendidos hasta después de dos años de internados al país. De ahí que las matrículas permanezcan a nombre del beneficiario, no del usuario. Así, además del ahorro en el pago de impuestos, los compradores de estas exoneraciones adquieren el beneficio y las ventajas de andar en un vehículo matriculado a nombre de un diputado, senador, fiscal, juez, general o coronel.

La bulla de la semana

            La bulla de la semana fue el hecho de que cientos de jóvenes del barrio Capotillo acompañaran al cementerio el cadáver del señor Ubaldo Alexis Mota Rivera, conocido como Nino Cuboy (o Cowboy) y que lo envolvieran en la bandera nacional.

            La opinión pública se escandalizó porque el difunto, asesinado a tiros por dos individuos, es vinculado por la Policía al narcotráfico, aunque no se ha dicho si alguna vez fue sometido a la justicia y si fue condenado por esa u otra actividad ilegal.

            Los testimonios de los asistentes al sepelio indican que Nino Cowboy era bien querido en su barrio, porque ayudaba a muchos, “resolvía”, lo que implica que tenía altos ingresos, muy probablemente de origen ilegal.

            El mismo día se publicaba que decenas de residentes de Elías Piña y otras comunidades del sur lejano, habían piqueteado la fiscalía distrital, en apoyo a Quirino Paulino, reclamando su traslado a la cárcel de Najayo, como dispuso un juez.

            Se han publicado múltiples testimonios de que el presunto narcotraficante practicaba no solo el rentismo con políticos, militares, policías y hasta religiosos, sino también el clientelismo con las comunidades de los pobres, tan abundantes en las provincias suroestanas donde imperaba.

            Que tanta gente pueda ser movilizada a favor de Don Quirino, o para despedir con todo y bandera a míster Cowboy, puede ser expresión de que la repartición está comprando muchas conciencias y trastornando la sociedad dominicana.

            Lo extraño es que muchos resulten sorprendidos. Porque en la base de la sociedad se reproduzca en pequeño la gran repartición del patrimonio que ha quebrado el país, por cuenta de gobernantes, políticos, y empresarios. Esa repartición que benefició a amplios estamentos sociales, políticos, religiosos, militares y judiciales, está costando cien mil millones de pesos de la quiebra de tres bancos que está pagando hasta el más pobre y escrupuloso de los dominicanos y dominicanas.

   A juicio de sociólogos y otros analistas sociales, la impunidad de las grandes reparticiones y tráficos es un incentivo al asalto y de todo género de tráfico lucrativo en los estamentos medios y bajos de la sociedad. Se estaría imponiendo una cultura de exigir una cuota del pastel, proporcional al poder de presión o chantaje individual, unos mediante la delincuencia de cuello blanco, otros con el puñal o la pistola.

Sólo cenizas hallarás…

            También esta semana fue reapresado el diputado vegano Radhamés Ramos García, procesado en la Suprema Corte de Justicia por tráfico de inmigrantes chinos, cogido casi con la masa en la mano, al llegar desde Haití con una docena de orientales, a quienes otorgó visa indebidamente y acompañó a territorio nacional.

            Eso ocurrió en julio del 2000, hace cuatro años y medio, pero el legislador y el sistema político han obstruido la justicia amparándose en la inmunidad parlamentaria, sostenida hasta lo irracional, porque la misma es para proteger del atropello o la persecución política, no para amparar actividades ilícitas.

            Y la justicia, en este caso el máximo tribunal, ha vuelto a mostrar su extrema lentitud, cuando no su incapacidad para sancionar las violaciones a las normas nacionales, especialmente cuando son protagonizados por los notables de la sociedad.

             Entre analistas políticos hay verdadera preocupación por lo que auscultan como descrédito de la actividad política y de las instituciones, temiendo que se esté incubando una crisis de gran magnitud, como la que han vivido en las últimas dos décadas por lo menos Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador.

            En esos países el sistema partidista colapsó generando una situación de ingobernabilidad. Venezuela parece haber sido salvada del caos por los altos precios del petróleo que han permitido al gobierno una gran redistribución contenciosa a través de políticas sociales. Bolivia, Ecuador y en menor grado Perú, siguen sumidos en un círculo vicioso de incertidumbre.

            Las opciones de gobierno son improvisadas en grupos de impacto coyuntural que llegan al poder sin fuerza suficiente para lidiar con los políticos tradicionales, con los poderes económicos y los organismos internacionales. Se genera ingobernabilidad, parálisis y cada día mayores problemas económicos sociales que diluyen el apoyo popular y generan descreimiento. El resultado es crisis nacional.

            Tanto en público como en privado se escuchan advertencias de los analistas sociales, como Rosario Espinal, Isis Duarte, José Ramón Tejada, César Pérez, Rafael Toribio, Jorge Cela, Jacqueline Polanco, Willy Lozano y otros, sobre las consecuencias de los escándalos que envuelven a los políticos.

            Y aunque ya dos de los tres grandes partidos están sumidos en profundas crisis, en general los políticos no dan ningún crédito a las advertencias, y creen que simplemente los quieren relevar. En algún caso puede ser cierto, pero en la generalidad lo que prima es la preocupación, porque saben que el colapso del sistema político genera ingobernabilidad, rupturas institucionales y retrocesos del proceso democrático.-