Por Juan Bolívar Díaz

            La sociedad civil dominicana ha sido víctima en los últimos días de una andanada de críticas y prejuicios generalizados por parte de dirigentes políticos, legisladores y comunicadores, basadas en informaciones parciales y hasta manipuladas sobre los trabajos de la Comisión Especial creada por el Presidente Mejía para recomendar sobre el contenido y la forma de una reforma constitucional.

            Pero nadie debe sorprenderse de esos tropiezos, fruto de mutuas recriminaciones y prejuicios entre políticos profesionales y dirigentes sociales, que demandan un mayor esfuerzo de negociación y concertación, a partir del esclarecimiento del papel a jugar por cada sector en el proceso democrático.

            La historia reciente dominicana está llena de ejemplos de concertación entre el Congreso y los partidos con los estamentos de una sociedad civil múltiple, en la que se manifiestan muy diversas posiciones e intereses, legítimos e ilegítimos, más o menos compartidos por la colectividad.

La piedra de escándalo

            La piedra de contradicción y escándalo se constituyó en torno a una de las recomendaciones de una de las siete subcomisiones en que se distribuyó el trabajo de la Comisión Especial, integrada por unas 73 personas, entre titulares y suplentes, estos últimos con derecho a participación en todos los trabajos, aunque sólo votan en ausencia de los titulares.

            El trabajo de la subcomisión encargada de establecer la forma en que debe reformarse la Constitución, fue extraordinario y bien documentado, con tantos detalles que incluyó un anteproyecto de ley de convocatoria que se refiere hasta a la forma en que se elegirían los constituyentes.

            El documento no deja duda. No se trata de una repartición, como algunos han sostenido sin ninguna base. Propone un mecanismo para que el voto popular determine quiénes representarían a los partidos políticos reconocidos, como a las instituciones sociales que previamente llenen determinados requisitos.

Entre estos que sean agrupamientos en torno a por lo menos una organización social con personería jurídica y, sobre todo, que consigan el apoyo de un porcentaje de los ciudadanos inscritos en el registro electoral.

            El escándalo se ha armado en relación a los porcentajes de participación que recomienda el documento de la subcomisión, que incluso en esta tuvieron reparos y hasta rechazos. Aunque unas 20 personas se inscribieron para participar en esta subcomisión, sólo una docena lo hizo, de manera que en última instancia sus propuestas sólo son responsabilidad de sus autores y no involucran la “sociedad civil” ni a la Comisión Especial que todavía no ha tomado decisión sobre el particular, y menos cuando comenzó el escándalo.

            Lo único que ha aprobado el plenario de la Comisión Especial, y a unanimidad de los presentes en su sesión del miércoles 27 de junio, es que se instituya una asamblea nacional constituyente electa por voto popular, “con el equilibrio debido entre los partidos políticos, las demás representaciones sociales, la presencia significativa de la mujer y por residentes en distintos municipios del país”.

            Cierto que el informe de la subcomisión propone que en la integración de la constituyente haya un 50 por ciento de miembros provenientes de los partidos y el otro 50 de las instituciones sociales. También propone que en las candidaturas se alternen mujeres y hombres para que salga un absoluto equilibrio de género.

            Sobre estas proporciones ha habido un intenso debate hasta entre los mismos delegados de las instituciones sociales, y difícilmente haya consenso siquiera entre ellos, mucho menos con los partidos que han evidenciado su disposición a defender sus espacios tradicionales.

Idealismo y desconfianza

            Sin duda la pretensión del “mitad y mitad” en la composición de la constituyente refleja la desconfianza generada en la sociedad por la forma en que los legisladores, los de este congreso y el anterior, han pretendido encaminar la reforma constitucional.

            Refleja también una fuerte dosis de idealismo de algunos dirigentes y personalidades sociales, que creen posible que los partidos y sus legisladores no sólo renuncien al derecho para, en simple asamblea revisora, reformar la Constitución, sino que además otorguen la mitad de su poder a las entidades sociales. Tanta generosidad de un solo tiro es demasiado pedir.

            De manera que a los autores de la propuesta, o a la subcomisión, se le puede acusar de excesivo prejuicio frente a partidos y legisladores, y hasta de idealismo, pero no de mala fe, ni mucho menos de pretender que les regalen puestos, curules o representación constituyente.

            Su propuesta incluía un mecanismo de elección con una boleta de dos caras, de un lado las candidaturas de los partidos y de otro la mitad de las organizaciones sociales que llenaren los requisitos mínimos. Y serían los ciudadanos y ciudadanas, todos los electores, quiénes decidirían sus constituyentes. Ellos aducen que esos porcentajes eran para negociación, conscientes de que los partidos regatearían.

            Sin embargo, tal táctica era y se ha evidenciado contraproducente, pues ha sido rechazada de plano hasta por el MIUCA, cuya líder Virtudes Alvarez fue parte de la subcomisión. Ese partido propone un 25 por ciento de los constituyentes para la sociedad civil, siempre por elección. Ni hablar de la mayoría de los dirigentes partidarios y de los bloques legislativos de ambas cámaras.

            Y algunos han aprovechado para desfogar sus propios prejuicios sobre la sociedad civil, atribuyéndole las peores intenciones y vicios, deformando y manipulando la propuesta original.

            Parecido rechazo encuentra en los partidos la idea de que la mitad de sus candidaturas tengan que ser mujeres, habida cuenta del dominio ejercido por los hombres en las estructuras dirigenciales y en la militancia de los partidos.

            El sistema de cuota para elección fue instituido en la reforma electoral de 1997, cuando se estableció un 25 por ciento de las postulaciones en beneficio de las mujeres. La generalidad de la opinión pública la respaldó como forma de reducir la desigualdad de género, incentivando a las mujeres a participar en la política.

            La cuota femenina no pasó la prueba de los comicios de 1998, puesto que los partidos manipularon relegando a las mujeres a los puestos de boleta menos ganables. El resultado fue que las damas sólo obtuvieron 6.7 por ciento del Senado, 16 por ciento de la cámara de Diputados y el 1.7 de las sindicaturas. Sólo lograron la cuota, justamente con el 25 por ciento, en el nivel más bajo, las regidurías.

            El año pasado se aprobó una reforma a la ley electoral para llevar la cuota femenina al 33 por ciento y prevenir que no sea burlada nuevamente, lo que también fue acogido por la mayor parte de la opinión pública.

            Sin haberse puesto a prueba esta nueva cuota, es poco táctica la propuesta del 50 por ciento frente a un Congreso prejuiciado contra la Sociedad Civil, empeñado en defender sus derechos más allá de lo racional y democrático y dominado por hombres. Aparte de que es una realidad indiscutible que hay varios hombres por cada mujer en todos los partidos. Y si bien se debe promover la igualdad, no se le puede forzar a saltos.

Abajo los prejuicios        

            Los tropiezos en la Comisión Especial se hicieron evidentes cuando el presidente del PRD, Hatuey de Camps, se presentó a la sesión del miércoles 20 y objetó la forma establecida que considera consenso el 75 por ciento de los votos de los comisionados, rechazándolo tajantemente, al igual que el mitad y mitad de los miembros de una constituyentes, entre partidos y organismos sociales.

            A De Camps no le falta alguna razón por cuanto el sistema iguala los votos de partidos políticos, entidades sociales y hasta de individuos. En otras palabras que a la hora de votar el peso de los partidos quedaba al mismo nivel que el de personas individuales. Y el consenso, ciertamente pudo haberse buscado con mayor equidad.

            En lo que falló el PRD es que esperó más de mes y medio para fijar su posición, a pesar de que algunos preocupados por su silencio y el de la mayoría de los partidos, reclamaron definiciones. Por demás Hatuey impuso su estilo avasallante, extremando sus rechazos, amenazando retirar al PRD de la Comisión y rebasando al moderador de la sesión.

            Sin embargo, fue otro político, el delegado del PLD Franklin Almeyda, con beneplácito del presidente perredeista, quien propuso una fórmula para el avenimiento entre sociedad civil y partidos, la creación de una comisión mixta que negocie las diferencias.

            La exageración de las críticas en la opinión pública no ayudan al consenso en la Comisión, ni el mantenimiento de posiciones extremas. Y ambas partes deberían tener interés en lograr un mínimo de acuerdos si no quieren fortalecer las tendencias congresionales a pasar por encima de todo, hasta del liderazgo de sus propios partidos.

            A los dirigentes sociales les corresponde revaluar su propia fuerza, sobre todo de cara a un sistema político bastante endurecido en la defensa de sus espacios, prejuiciado, que ve en todo reclamo de participación un intento de desplazamiento.

            El concierto es posible, como lo ha sido en el pasado para reformar los códigos de trabajo, de salud y educación. Lo fue recientemente para aprobar la ley de seguridad social, y antes para las reformas electorales para el pacto de lucha contra la pobreza, para la elección de los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia, en la que se permitió que las entidades sociales propusieran candidatos y se acogieron sus reclamos de elección transparente.

            Instituciones de la sociedad civil han concertado exitosamente para la transparencia y la observación electoral y se ha permitido la acreditación de hasta 12 mil observadores, con resultados positivos para el fortalecimiento de la democracia.

            Sin un reconocimiento mutuo, por encima de sus fortalezas y debilidades, sociedad civil y partidos políticos fracasarán en ponerle límite al afán constitucionalista de los legisladores.-