Una revisión del gran paquete de reformas institucionales y legales concertadas en las últimas dos décadas entre el sistema político y las organizaciones de la sociedad civil revela que en su gran mayoría han sido ignoradas, violadas o aplicadas a medias por los gobiernos de los tres partidos mayoritarios.
Las consultas y diálogos más relevantes sólo han servido para engrosar una enorme biblioteca y los espacios de participación de las organizaciones sociales instituidos por decretos o leyes han sido inoperantes, resaltando la Defensoría del Pueblo aprobada hace 7 años y que tres congresos se han negado a poner en vigencia.
El sistemático incumplimiento de las concertaciones que han originado frustración en dirigentes, y la cooptación de muchos otros a través de su incorporación como asalariados de múltiples nuevos órganos sectoriales son de los factores que han contribuido al debilitamiento de la Sociedad Civil diagnosticado en HOY (15 de marzo).
Las concertaciones.
Desde los años 1988-89 cuando el movimiento popular sacudió los cimientos del gobierno de Joaquín Balaguer, cuyo desmesurado gasto e inversiones desquiciaron la economía y degradaron el nivel de vida, se inició un festival de diálogos y concertaciones que se extendería por veinte años.
Comenzó con el llamado diálogo tripartito que adoptó acuerdos para reformar el código de trabajo y ampliar la cobertura de la seguridad social a los familiares de los trabajadores. El primer objetivo se logró pero el segundo quedó sin aplicación.
Tras la crisis electoral de 1990, cuando Balaguer logró imponerse al profesor Juan Bosch en cuestionada reelección, las concertaciones se extendieron a reformas tributarias y a la búsqueda de políticas sociales. Fueron los años en que se concertó un Plan Decenal de Educación y se iniciaron esfuerzos que abarcarían más de una década para reformular nuevas leyes generales de Educación y Salud, de Seguridad Social, de Electricidad, y Monetaria y Financiera.
En el orden político, incluyendo lo constitucional, la Fundación Siglo 21 desarrolló (1993-94) un amplio concierto con los partidos políticos que culminó con un programa de reformas firmado por todos los participantes, excepto el gobernante. Aunque sus dirigentes aprobaron las reformas, el caudillo evadió comprometerse.
La crisis electoral de 1994 fue superada con acuerdos que incluyeron la reforma constitucional que prohibió la reelección presidencial, separó las elecciones y estableció la doble vuelta, e instituyó el Consejo Nacional de la Magistratura que iniciaría el rescate del Poder Judicial. En el sector judicial se registrarían importantes avances, aunque los integrantes de la Suprema Corte pronto provocaron decepción al declararse vitalicios.
La Sociedad Civil estaba en pleno apogeo y durante el gobierno peledeista de 1996-00 la concertación alcanzó su mayor intensidad con la creación de la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado y la realización durante meses del Diálogo Nacional. La mayoría de sus planteamientos quedaron en libros y folletos. Lo mismo ocurrió con el Consejo Nacional de Reforma del Estado en el gobierno perredeista que le siguió y que también auspició consensos para políticas sociales, ley de partidos políticos, de participación social y para la reforma de la Constitución. Tampoco fructificaron los consensos logrados en las “Mesas de Participación Ciudadana” realizadas entre 2003-04.
Desechando el proyecto consensuado por una comisión especial el congreso perredeista hizo una contrarreforma constitucional en el 2002 en confrontación con el resto de la sociedad con el único objetivo de restablecer la reelección presidencial. El gobierno peledeista ha dejado engavetado otro proyecto de reforma constitucional fruto de una nueva y amplia consulta a la sociedad y del trabajo de un equipo de juristas.
Los desconciertos. Tras varios años de negociaciones se aprobó la ley que instituye el Sistema de Seguridad Social. Pasarían varios años para que se avanzara en su aplicación, a costa de la sustitución de su Consejo Nacional tripartito por una comisión encabezada por el vicepresidente de la República.
Aprobada la ley general de educación, no se ha cumplido el consenso para destinar al sector el 4 por ciento del producto bruto interno ni han fructificado los esfuerzos para establecer un nuevo plan decenal de educación. Tampoco se ha avanzado en la descentralización del sistema educativo. Igualmente han sido infructíferos los reclamos sociales para que se aplique la ley que destina a los ayuntamientos el 10 por ciento de los ingresos fiscales.
Limitadas reformas electorales, al calor de arrebatos políticos, instituyeron el financiamiento público de los partidos, pero estos han evadido sistemáticamente cumplir con la transparencia en el manejo del mismo. Pese a numerosos consensos políticos-sociales en diez años, sobre proyectos de leyes de partidos políticos y de participación social el Congreso no las ha sancionado. Mientras gran proporción de los funcionarios y legisladores se han negado a cumplir la ley sobre declaración jurada de bienes.
El mayor desconcierto ha sido el de la ley 19-01 que lleva 7 años de promulgada y tres congresos diferentes han evadido su aplicación, al no lograr legitimidad para designar a dirigentes políticos. La ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, de 1991, fue sistemáticamente violada hasta ser relevada en enero pasado por la Ley de función Pública que de inmediato fue ignorada por lo menos en su artículo 80 que prohíbe a los funcionarios realizar actividades políticas.
La ley de Capitalización de la Empresa Pública ha sido violentada y olvidada. La de Libre Acceso a la Información Pública cumplida a medias. Peor suerte ha tenido la nueva ley de Migración, que no ha podido reglamentarse tres años después de promulgada.
Para regular las asociaciones sin fines de lucro se tejió un largo consenso y se aprobó la ley 122-05. Tres años después y en medio de escandalosas violaciones, es que se ha promulgado su reglamento. A fines del 2006 fue promulgada una nueva ley general de presupuesto, violentada el año siguiente al elaborarse y aprobarse el correspondiente al 2008.
No ha tenido mejor suerte la ley de Cámara de Cuentas del 2004, que instituye un sistema nacional de control y auditoría. O las leyes de Contraloría y de Crédito Público. Ni siquiera se ha podido cumplir una ley “tan inofensiva” como la 41-01 en beneficio de los discapacitados.
Escenarios
El balance no es más favorable cuando se revisan los numerosos escenarios de participación social creados por leyes y decretos como consecuencia de la concertación entre el sistema político y la Sociedad Civil. Uno de los fracasos más relevantes ha sido el Consejo Económico, Social e Institucional, creado a principio del actual gobierno y enterrado en su primera prueba cuando desaprobó la inversión en el metro capitalino.
Lo misma suerte ha corrido la Comisión Nacional de Ética y el Consejo Consultivo del Gabinete Social, que no ha podido operar al igual que el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Los consejos de desarrollo nacional, regional, provincial y municipal decretados por Hipólito Mejía no pasaron del papel, salvo excepciones. Fueron sustituidos por el Sistema Nacional de Planificación aún por verse. Hasta el Consejo de Reforma del Estado ha decaído como organismo de participación social.
En el sector Salud, donde existe un vigoroso y capaz liderazgo social, se han dado algunos pasos en el cumplimiento de su ley general, pero a 7 años de su aprobación es que se acaba de proclamar su primer plan decenal. Órganos de participación como la Comisión Ejecutiva para Reforma del Sector Salud y el Consejo Nacional del Sida, quedaron en manos de sus unidades ejecutivas. No han podido poner en vigencia el Consejo Nacional de Discapacitados.
Zoom
Política de cooptación.
El empuje que alcanzó la sociedad civil, concertada en el Foro Ciudadano, la Coalición para la Transparencia y la Institucionalidad y otros escenarios, y su creciente criticidad del sistema político, generarían resistencias en este y políticas de autodefensa. Se firmaban acuerdos y consensos para salir del paso, o en el mejor de los casos, las cúpulas partidarias y gubernamentales ignoraban los compromisos que hacían sus delegados.
Algunas actitudes que reflejaban sobre estimación o pretensión de sustituir el liderazgo político contribuirían a una cierta confrontación político-social tensionando al sector político, sometido a un fuerte como justo cuestionamiento.
Tanto el gobierno central, como los ayuntamientos se constituyeron en polos de atracción y cooptación del liderazgo de la sociedad civil. Contribuyó la creación de secretarías sectoriales como la de Cultura, Medio Ambiente, Mujer y Juventud que atrajeron a millares de técnicos y dirigentes sociales. Lo mismo ocurrió con los órganos de la seguridad social
En sectores conscientes del liderazgo social se registra la situación de crisis de la Sociedad Civil y se plantea un proceso de reflexión que permita reactivar las energías y reorientar su relación con el sistema político, en un marco de profundas preocupaciones por los retrocesos institucionales que se advierten en la actual campaña electoral.-
La cifra
7 años hace que fue aprobada la creación de la Defensoría del Pueblo, después de consultas y diálogos relevantes. Tres congresos elegidos desde entonces se han negado a poner en vigencia esa importante conquista para la sociedad, lo que expresa una inoperancia de poderes.