Por Juan Bolívar Díaz

            Pese a las serias deficiencias en el llenado de las actas de una alta proporción de colegios electorales y a las irregularidades e intentos de fraude comprobados en Santiago, las recientes elecciones marcaron nuevos pasos de avance en el sistema electoral dominicano.

            Como es natural los sectores menos beneficiarios del resultado electoral magnifican las deficiencias, algunos hasta el punto de sostener que estas fueron las votaciones más viciadas de la historia nacional, aunque lo que les convendría es ser más reflexivos y autocríticos para identificar sus limitaciones y mejorar su desempeño en el futuro próximo.

            La experiencia de este mayo debe también motorizar nuevas reformas para seguir perfeccionando el sistema electoral y mejorar la representación con mayores oportunidades para las minorías, así como para reducir prácticas viciosas que todavía persisten, como las compras de cédulas.

El balance es positivo

            Tal vez por la ilusión de que habían sido superadas las propensiones al fraude y los abusos de poder que caracterizaron la historia electoral dominicana, o por cierta tendencia al pesimismo, numerosos voceros de la opinión pública han llegado a desdeñar la transparencia y de los recientes comicios y sus resultados.

            Entre dirigentes políticos de oposición, especialmente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la magnificación de las deficiencias, irregularidades e intentos de fraude llega a extremos que sólo podrían explicarse en un deseo de justificar un desempeño poco auspicioso, especialmente a la luz de las expectativas que sustentaron.

            Llama la atención que esa haya sido la reacción de peledeístas tan maduros como Euclides Gutiérrez y Eduardo Selman. Una posición tan radical podría justificarse en el candidato a la senaduría de Santiago por el partido morado, Francisco Domínguez Brito, quien fue víctima de lo que puede ser calificado como intento de fraudes por elementos del partido oficialista.

            Aunque en el 96 por ciento de los colegios electorales hubo delegados de tres o más partidos que vigilaron el comportamiento del proceso, de acuerdo al informe de observación electoral de Participación Ciudadana, apenas en dos o tres de los 125 municipios se han presentado evidencias de serias irregularidades.

            En la mayoría de las circunscripciones, municipios y provincias los resultados fueron razonablemente amplios, con más de 5 y hasta 10 por ciento de diferencia entre los partidos competidores.

            Tal vez la sensación de fracaso es mayor porque los principales problemas de computación y los resultados más estrechos se registraron precisamente en los dos principales centros urbanos y de comunicaciones del país, el Distrito Nacional y Santiago.

            El mal llenado de las actas, a consecuencia del voto preferencial, que en el DN afectó a más de la tercera parte de los colegios, obligó a una revisión y depuración de cada una en las juntas electorales municipales haciendo lentísimo el proceso de cómputos y originando suspicacias Y la votación casi pareja entre peledeístas y perredeístas en las dos principales jurisdicciones, determinó aún mayor lentitud.

            Pero precisamente la revisión minuciosa permitió que en Santiago pudieran detectarse por lo menos cuatro actas fraudulentamente alteradas. En cada una de ellas se agregó 100 votos a la candidatura congresional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Y hubo otras con irregularidades menores.

En el DN prevaleció el triunfo de las candidaturas congresionales y municipales del PLD, el cual se vislumbró desde los primeros resultados. En la boleta congresional por menos del 1 por ciento, 39.20 a 38.28 por ciento.

            Como se demostró el año pasado en Estados Unidos, hasta las democracias más instituidas y antiguas pueden ser sacudidas cuando los resultados son tan estrechos. Si se hurga un poco se encontrarán hasta fraudes, aunque, no conformen un patrón generalizado. En las discutidas elecciones que llevaron a George Bush a la presidencia, decididas más de un mes después de las votaciones y en la Suprema Corte de Justicia, se comprobó que hubo personas que votaron más de una vez.

            Las recientes elecciones dominicanas fueron reconocidas como transparentes y libres por las misiones de observación internacionales. Todavía este jueves el embajador de Estados Unidos, Hans Hertell, no vaciló en ponderarlas cuando compareció al almuerzo de los medios de comunicación del Grupo Corripio.

Mancha en Santiago

            Sin duda la mancha del proceso electoral se registró en el municipio de Santiago, con la comprobación de varias actas alteradas con el evidente propósito de favorecer al candidato a senador del partido de gobierno.

            El que este prevaleciera con apenas mil 73 votos, equivalentes al 0.50 por ciento sobre el candidato del PLD, mantuvo en pie las suspicacias sobre el real resultado. El extraordinario prestigio del candidato del PLD, Francisco Domínguez Brito, y las simpatías que despertó contribuyeron al cuestionamiento.

            Sin embargo, las suspicacias han quedado en el marco de las especulaciones, ya que los interesados no pudieron mostrar suficientes alteraciones para cambiar el resultado en su favor. El hecho objetivo es que el presidente de la Junta Central Electoral presidió una audiencia en la Junta Electoral de Santiago, donde el partido morado presentó una serie de irregularidades en el cómputo.

            También es cierto que dos días después la JCE reconoció todas las irregularidades documentadas por el PLD y descontó al PRD más de 500 votos, agregando algunos que correspondían al opositor. Es un hecho sin precedente en la historia electoral del país, que una junta electoral reconozca y corrija irregularidades aducidas por un partido de oposición.

            El PLD se ha quejado, y por ello ha apelado hasta la Suprema Corte de Justicia, de que el pleno de los jueces de la JCE no escuchó sus alegatos, que a falta de prueba en contrario serían los mismos que presentó en la sesión que presidió dos días antes el doctor Ramón Morel Cerda en Santiago.

            En estricta formalidad la audiencia de Santiago debió ser con el pleno de los jueces de la JCE. Pero también es un hecho objetivo que el máximo tribunal electoral se amparó en la ley electoral, razón por la cual la instancia ante la Suprema Corte está destinada al fracaso.

            En efecto, si se consulta el Párrafo I del Inciso II, referente a lo “Contencioso Electoral”, del artículo 6 de la Ley Electoral, se leerá lo siguiente: “Las decisiones en materia contenciosa serán tomadas después de oídos, o habiendo sido regularmente citados, los partidos políticos y/o candidatos interesados, en audiencia pública, a menos que la Junta decida resolver el asunto en cámara de consejo, especialmente si ha de fallar en un medio de inadmisión, una nulidad o cualquiera otra excepción”.

            Efectivamente, la JCE se declaró en “cámara de consejo”. Y no solo había oído, sino que admitió todas las irregularidades demostradas por el PLD. En aras de transparencia, el plenario de la JCE debió haber seguido el camino más amplio, citando y escuchando de nuevo en audiencia pública a los interesados, aunque fuera una repetición. Pero la ley no la obligaba y el PLD no ha mostrado a la opinión pública irregularidades adicionales que lo justificaran.

            Se ha aducido el uso de recursos estatales por parte del partido gobernante, lo cual fue obvio especialmente en algunos municipios donde las encuestas revelaban fuerte competencia de la oposición. Empero, entre los periodistas es generalizado el criterio de que tal uso fue mucho menor al registrado todavía en los comicios del 2000 y 1998, para no ir más atrás.

            Esta vez también hubo menos protagonismo de la figura presidencial, quien no participó en mítines ni en caravanas. Sus inauguraciones no fueron convertidas en manifestaciones partidarias, aunque tuvieron la intención de influir. Se echaron de menos la campaña sucia y las denuncias de que votarían los haitianos. Y las víctimas de la violencia en el proceso de redujeron a la mitad de las 10 registrada hace 4 años, incluyendo a la pareja de reformistas asesinada a balazos en Jarabacoa la noche de los cómputos.

Nuevas reformas      

         El resultado de las votaciones, que concentra el poder congresional y municipal en los tres grandes partidos, reafirma la necesidad de una reforma política que garantice la representación de las minorías políticas.

            Para combatir la compra de votos, denunciado esta vez también en menor medida, se puede establecer que el elector y electora puedan ser identificados con otros documentos que contengan fotografía. Y que sólo se le impida el voto en caso de que deje duda en relación a la fotografía y demás datos registrados en el padrón electoral.

            Aunque el voto preferencial pasó la prueba al ser utilizado por la mayoría de los electores y electoras sin que aumentara el número de votos nulos, reveló una gran debilidad, al haber desatado competencias y rivalidades al interior de los mismos partidos a favor de los candidatos y candidatas de más recursos económicos.

            Esa debilidad puede ser neutralizada con una prohibición de la promoción individual por los medios de comunicación, limitándola a las presentaciones personales, a reuniones y manifestaciones.

            Finalmente la eliminación del colegio electoral “cerrado” reducirá las dificultades logísticas del proceso electoral, aliviará las tensiones y hacinamientos y contendrá la tendencia al incremento de la abstención.

            Las elecciones del pasado día 16 demostraron que habrá que seleccionar con más rigor el personal que operará los colegios electorales y darle un entrenamiento más riguroso. Habrá más voluntarios de nivel y responsabilidad en la medida en que afiancemos y demos credibilidad al sistema electoral, razón por la cual es negativo y contraproducente magnificar las dificultades y las irregularidades registradas en los últimos comicios.-