Por Juan Bolívar Díaz
Una vez más la reelección presidencial se ha constituido en piedra de escándalo dividiendo al partido que la promueve, a su bloque de senadores, al Senado, al gobierno y a la nación, cuando el período gubernamental no ha agotado todavía siquiera su primer tercio y sin seguridad de que pueda ser ratificada por la Cámara de Diputados.
Con la aprobación del continuismo presidencial en el Senado de la República, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) rompe abruptamente con 6 décadas de antireeleccionismo y se inscribe en la tradición del constitucionalismo autoritario, nacido con la República misma, en 1844.
Al mismo tiempo, los senadores perredeistas, incentivados por altos funcionarios gubernamentales, han puesto en ridículo al presidente Hipólito Mejía, quien pese a todo sigue jurando que se opone al reeleccionismo hasta en los puestos directivos de los partidos.
Dividiéndolo todo
Siguiendo la constante histórica, la mayoría de los senadores perredeístas y sus aliados de los partidos Unidad Democrática, Revolucionario Independiente y de los Trabajadores Dominicanos, se propuso imponer a la nación el camino del continuismo.
No se preocuparon de conseguir consenso siquiera en el seno de su propio partido, cuyos órganos superiores no fueron consultados para adoptar una política de ruptura con uno de los principios en que se fundó en 1939 y se mantuvo hasta ahora el liberalismo democrático perredeísta.
Como consecuencia, el PRD aparece dividido en torno a la reforma constitucional, independientemente de otras contradicciones que operan en el seno de esa organización, especialmente de sus dificultades para abocarse a la renovación de sus cuadros directivos a nivel nacional y a la selección de sus candidatos para los comicios de mayo próximo.
Mucho menos los senadores reeleccionistas se ocuparon de explicar a sus electores y a la ciudadanía las razones en que se funda esa ruptura con principios doctrinarios, programas de gobierno y un largo discurso de sus líderes, especialmente del profesor Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez.
La contradicción es mucho mayor por cuanto hace apenas 7 años que se consagró la no reelección presidencial, por el esfuerzo de Peña Gómez, quien murió hace 3 años orgulloso de esa reivindicación histórica, convencido de que debía prevalecer hasta que la nación y sus instituciones alcancen un mayor grado de solidez y madurez, para que ningún presidente se ampare en el abuso del poder para prolongarse en el mismo.
El proyecto reeleccionista dividió el bloque senatorial del PRD y sus aliados, integrado por 24 miembros, justo el 80 por ciento de la matrícula de la cámara alta. Sólo 14 de ellos y uno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) votaron el proyecto de convocatoria de la reforma constitucional en su segunda lectura. Uno más lo había hecho en la primera.
La aprobación, aplaudida desde la tribuna del Senado por altos funcionarios gubernamentales que la habían promovido, no dejó de ser una victoria pírrica, si se tiene en cuenta que no logró superar la mitad de los votos de la cámara alta, lo que de por sí habla de lo divisionista que es el proyecto.
Tuvo otro efecto: logró distanciar de los proyectos oficialistas al Partido Reformista Social Cristiano, que había aparecido como aliado en los primeros quince meses del gobierno, y prácticamente en todas las iniciativas legislativas.
De paso se cayó la premisa, discutida desde los intentos de reforma constitucional del pasado gobierno, de que los reformistas harían honor a su pasado continuista votando por la reelección. Repetidas veces algunos analistas habían advertido que ni Joaquín Balaguer ni su partido iban a ser “tan coherentes” para facilitar el continuismo de otros en el poder.
El gobierno en la picota
Si se aceptan como válidos los repetidos planteamientos del presidente Hipólito Mejía y la coherencia ideológica de la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, habría que convenir en que el proyecto aprobado por la mitad de los senadores divide también el gobierno.
Ello sin contar la opinión de múltiples funcionarios de todos los niveles, sorprendidos por el brusco giro a 15 meses del gobierno y que no logran salir del desconcierto frente a una situación insólita, de un presidente que jura que es antireeleccionista y unos legisladores y allegados al mandatario que se empeñan en abrirle el camino al continuismo.
La palabra presidencial era objeto de burlas en círculos políticos y periodísticos, tras la aprobación de la pieza en primera lectura. Para la generalidad, la jornada del martes había mostrado que Hipólito Mejía había montado un penoso sainete cuando la semana anterior se apareció en una reunión de senadores reclamando que acogieran el pacto para reformas constitucionales que suscribió junto a los tres partidos mayoritarios, jurando que él no aceptaría repostularse.
El asombro fue mayor cuando el miércoles 21 se conoció una declaración escrita y firmada por el presidente Mejía en la que iba más lejos, rechazando el continuismo, jurando respeto a los compromisos y proclamando que detesta la mentira.
Frente a las denuncias de los altos funcionarios -incluyendo a su consultor jurídico, su ministro de Agricultura y su Supervisor de Obras Públicas- que habían agitado en el Senado, a algunos de los cuales ya se les señala como promotores materiales del proyecto continuista, el primer mandatario les ordenó que “cesen en su actividad reeleccionista y ocupen todo su tiempo y energía a impulsar la ejecución de las tareas que tienen encomendadas”.
El agrónomo Mejía recordó que ha propuesto la prohibición absoluta de la reelección, es decir de por vida a todo el que haya sido presidente, y que “ni siquiera estoy de acuerdo con la reelección en los puestos directivos de los partidos políticos”.
La declaración presidencial pareció mejor inspirada cuando planteó que “introducir ahora el tema de la reelección en el debate nacional no es más que una distracción de los verdaderos objetivos que debe perseguir el país en las circunstancias que vivimos” y que “todas las fuerzas de la Nación deben estar dedicadas ahora a conseguir que salgamos lo menos afectados posible de un escenario internacional adverso”.
Perspectivas del proyecto
Los días por venir mostrarán si los funcionarios del gobierno acatarán la orden presidencial de cesar toda actividad reeleccionista y dedicarse a sus tareas, o si seguirán poniendo en entredicho la palabra del Presidente.
A lo mejor era un hecho material como ese el que hacía falta para que los seguidores de Mejía entendieran que él no estaba simulando. En beneficio del mandatario debe considerarse su tradicional liberalidad frente a la disensión de los suyos y a la pluralidad en su entorno, y su lealtad con quienes se “fajaron en la campaña”.
Las dudas persistirán mientras perviva el proyecto reeleccionista y se incrementarán de ser aprobado por los diputados, donde el PRD no asegura siquiera la mitad de los votos.
Si allí también se fracciona el perredeísmo, aún en menor nivel que en el Senado, resultará difícil aprobar la pieza. La cinta adhesiva que sumaba votos reformistas y peledeístas aparece quebrada, dado que se reconoce como absolutamente imposible la prolongación del período de los legisladores.
Por demás, se da por hecho que tanto el PLD como el Partido Reformista Social Cristiano seguirán negados a abrirle espacio al continuismo perredeísta. Senadores del partido colorado dijeron que se habían retirado de las sesiones donde se aprobó el proyecto siguiendo instrucciones del doctor Joaquín Balaguer.
Más aún, en la cámara baja la presidenta no es perredeísta, y aunque la doctora Rafaela Alburquerque ha sido una buena colaboradora de los proyectos gubernamentales, sus relaciones son con el antireeleccionista presidente Mejía y sus lealtad fundamental es frente al doctor Balaguer. Ello implica que no habrá la diligencia para conocer el proyecto que se registró en el Senado.
Pronto la atención de los legisladores tendrá que dedicarse al proyecto de presupuesto para el 2001, pero con las Navidades a la puerta no debe sorprender que el proyecto se quede para el próximo año y para entonces el ambiente preelectoral estará en incremento, lo que hará menos recomendable la asamblea revisora de la Constitución.
Aún cuando la ley de convocatoria pueda ser aprobada por los diputados, todavía habrá que esperar a ver si en la Asamblea Nacional la reelección logra las dos terceras partes de los votos que es preciso para restaurarla en la Constitución. La división registrada en el Senado no lo garantiza y menos si ahora los funcionarios involucrados tienen que batirse en retirada.
Asumiendo la contundencia de la declaración escrita del presidente Mejía, también podría darse que los diputados restauren el consenso tripartito y modifiquen el proyecto aprobado por los senadores. De regreso a la cámara alta no quedaría más remedio que ratificarlo u olvidarse de reforma constitucional en el período congresional que concluye en agosto.
En cualquiera de los dos casos el presidente Hipólito Mejía saldría bien parado, pues demostraría que es “un hombre de palabra” capaz de resistir la tentación del continuismo, ofrecida tan generosamente por una parte considerable de su partido.
Mientras tanto, la ocurrencia ha ensombrecido el ambiente político, cargado de incertidumbre desde que comenzaron los afanes constitucionalistas hace justamente un año, y ha vuelto a mostrar los circunstanciales que son los planteamientos programáticos de los políticos dominicanos.-