Por Juan Bolívar Díaz
La prepotencia con que algunos legisladores y dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) han planteado las reformas constitucionales, especialmente lo referente al porcentaje para elegir al presidente de la República ha fortalecido la falsa percepción de que una reducción del mismo solo beneficiaría a ese partido.
Desde antes y después de la reforma constitucional de 1994 que instauró la mayoría absoluta como condición para elegir al Presidente, en diversos sectores políticos y entre analistas se ha simpatizado con un porcentaje más bajo, entre 40 y 45 por ciento, que garantice un gobierno de sólido respaldo, pero sin forzar la doble votación.
Los resultados electorales aquí y en otros países oscilan considerablemente, especialmente cuando los partidos se someten a la prueba del poder, por lo que carece de base racional el prejuicio de que la reducción del porcentaje iría en beneficio de alguno en particular.
Reforma sin consenso
De las reformas introducidas a la Constitución de la República en 1994 la única que no fue de consenso ni entre los partidos políticos ni en la sociedad fue la referente al porcentaje para elegir presidente de la República en la primera vuelta.
La no reelección presidencial, el Consejo de la Magistratura y la inamovilidad de los jueces, la doble nacionalidad, la separación de las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales y los colegios electorales cerrados tuvieron consenso general. La mayoría absoluta fue impuesta por la alianza ya configurada entre los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y de la Liberación Dominicana (PLD).
El resultado electoral de 1994 había favorecido al perredeismo con un porcentaje muy por encima del 40 por ciento, pese al fraude y las irregularidades que le afectaron. Sin Joaquín Balaguer de candidato, y retirado el profesor Juan Bosch a José Francisco Peña Gómez se le atribuía una obvia ventaja que el caudillo reformista y los peledeista buscaron eliminar.
El año anterior, en 1993, tras una concertación auspiciada por la Fundación Siglo 21, en un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, los partidos habían acordado, entre otras reformas constitucionales, el establecimiento de la segunda vuelta, en caso de que en la primera ningún candidato presidencial lograra el 40 por ciento.
Las reformas de consenso llegaron a ser firmadas por todos los partidos participantes, excepto el PRSC, cuyos delegados estuvieron dentro del concierto, pero no concurrieron a la firma. Obviamente el entonces presidente Balaguer prefirió escurrir el bulto.
De cualquier forma los resultados del amplio consenso fueron publicados y están recogidos en un libro que editó la Fundación Siglo 21.
En esas circunstancias es comprensible que los perredeistas mantengan su rechazo a la mayoría absoluta para ganar la presidencia en la primera vuelta. Pues para imponerla no se les consultó y obviamente se trató de un pacto oportunista en su contra. Más aún tienen derecho a reivindicar el acuerdo del 40 por ciento.
Desde luego, eso de ninguna forma puede justificar una reforma constitucional al vapor, sin las correspondientes consultas al sistema político y la ciudadanía, que de hacerse en este caso mostrarán una gran diversidad, aunque con tendencia a reivindicar un porcentaje más bajo para la elección presidencial en primera ronda de votación.
Experiencias aleccionadoras
Las experiencias registradas en el país como en el ejercicio democrático universal indican que los partidos, aún mayoritarios, no mantienen un resultado electoral inamovible, que siempre un porcentaje de los electores oscila y que el ejercicio del poder desgasta aún a los partidos más tradicionales y sólidos.
El PRD es precisamente un ejemplo de ello en la historia nacional. Después de ganar las elecciones de 1978 con el 52 por ciento, y las de 1982 con el 47 por ciento, cayó al 39 por ciento en las de 1986, siendo desplazado del poder, por Joaquín Balaguer y su PRSC que cuatro años antes habían conseguido precisamente el mismo 39 por ciento.
Pero vale señalar que de haber imperado la mayoría absoluta en 1986 probablemente Balaguer no hubiese podido desplazar al PRD, porque con el 41 por ciento hubiesen tenido que ir a la segunda ronda. Las lecciones de aquel resultado electoral para la unidad del PRD y su gobierno y la circunstancia de que todavía entonces una buena proporción de peledeistas no hubiesen ido a votar por Balaguer, probablemente habrían dado el triunfo a Jacobo Majluta.
En otra palabra, que aún cuando ya había tripartidismo, dado que el PLD consiguió el 18 por ciento en esos comicios, el 40 por ciento para elegir presidente no habría favorecido en primera vuelta al partido de más tradición y fuerza, aún estando en el poder.
También en el poder, el PRSC tampoco lo hubiese retenido en 1990 de haber existido la segunda vuelta, con el 50 o con el 40 por ciento. Obtuvo 34 por ciento, contra 32 atribuido al PLD, 24 al PRD y 7 al PRI. Obviamente en una segunda vuelta Bosch habría conseguido una barrida. . La mayoría de los perredeistas y los priistas le hubiesen cerrado el paso a Balaguer.
Precisamente el resultado de 1990 cuando, fraudes e irregularidades al margen, se prolongó un gobierno con un tercio de los electores, fue lo que alentó el consenso que se daría tres años después para establecer el mínimo del 40 por ciento.
Ya mismo las encuestas publicadas comienzan a mostrar una reducción significativa del apoyo perredeista. La de Hamilton-Hoy de finales de abril pasado otorgaba al PRD tan solo un 40 por ciento de preferencias, cuando 11 meses antes había obtenido el 49.85, es decir casi 10 puntos más.
La de Gallup para la revista Rumbo también de abril último, sólo en el Distrito Nacional, registraba sólo un 35 por ciento para el partido de gobierno. El PLD le seguía de cerca con un 32 por ciento.
La prueba de la oscilación de los electores se puede encontrar en Venezuela, donde adecos y copeyanos se alternaron en el poder durante varias décadas, aún cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) rompió el bipartidismo.
En Perú Acción Popular con FernandoBelaúnde gana en 1980 con el 45 por ciento y cae al 7 por ciento en 1980, cuando se impone el APRA con Alan García, para a su vez descender del poder en 1985 cuando se votación se redujo del 48 al 16 por ciento.
La fórmula argentina
Aunque la doble vuelta ha sido definida como hija del sistema parlamentario, donde las alianzas para formar gobierno y gobernar son la pauta común, en las últimas décadas se ha impuesto en una decena de países presidencialistas de América Latina. En Costa Rica y Nicaragua se elige presidente con el 40 por ciento, en Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y El Salvador, con mayoría absoluta al igual que en el sistema dominicano.
Argentina, que fue de las primeras naciones latinoamericanas en consagrar la doble vuelta comenzó también con el 50 por ciento. La experiencia de 1973, cuando Héctor Cámpora obtuvo el 49.5 por ciento, aunque su contendiente sabiamente renunció a la segunda ronda, determinó una reforma que dio origen a lo que ahora se conoce como la fórmula argentina.
Se consagró la elección presidencial en primera votación con el 45 por ciento, o con más del 40, si un candidato lleva más de 10 por ciento de ventaja sobre el segundo.
La fórmula argentina busca preservar la expresión mayoritaria y a evitar que una minoría de tercer o hasta cuarto lugar pueda convertirse en decisiva en unos comicios, lo que es propio del parlamentarismo, pero no funciona en los regímenes presidencialistas, donde las alianzas suelen tener poca incidencia en el gobierno.
La experiencia dominicana de 1996 fue de un régimen de minoría, fruto de una alianza puramente electoral y oportunista, para cerrar paso, no para construir un concierto de gobierno.
Se ha dado la contradicción de que cuatro años después el PRSC ha sido más generoso en la colaboración con un gobierno perredeista que no precisó de sus votos, que lo que fue con el peledeista de Leonel Fernández, que no hubiese sido posible sin el concurso del sufragio balaguerista.
En el año 2000, aunque a Hipólito Mejía le faltaban apenas 15 centésimas para más de la mitad de los votos, y acumulaba más votos que la suma de los dos que le seguían, no faltaron quienes consideraran que había que ir a la segunda vuelta. Y así hubiese tenido que ocurrir si el máximo liderazgo del PLD y su candidato Danilo Medina no hubieran ponderado las implicaciones racionalmente la situación.
La nación hubiese quedado expuesta a otros 45 días de incertidumbres y habría tenido que pagar el costo de otra campaña electoral, un despilfarro inútil y absurdo, pues las encuestas y los análisis indicaban consistentemente que no era posible repetir el Frente Patriótico de 1996.
En Argentina en 1973, en Perú en 1985 y en República Dominicana el año pasado se han registrado resultados indicadores de los riesgos de la mayoría absoluta, que se salvaron por la racionalidad de quienes quedaron autorizados a competir en la segunda ronda, desde posiciones minoritarias.
Lo lógico sería que ello no se deje a la buena voluntad de nadie. Porque un día la cerrazón y lo absurdo pueden predominar. La flexibilidad de l a fórmula argentina cubre contra ese riesgo. Y no implica necesariamente favorecer al que está en el poder fruto de una mayoría en comicios previos. Porque desde la oposición puede ser más difícil alcanzar la mayoría absoluta como se vio aquí en 1986.
Pero una reforma constitucional tiene que ser fruto de la concertación, de la negociación, de la racionalidad, aún cuando se crea tener la razón. Y aún teniéndola, lo que corresponde es la ponderación, no la prepotencia ni la imposición.-