Por Juan Bolívar Díaz

La decisión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de sólo presentar candidatos a presidir las cámaras legislativas y respetar la mayoría opositora en la Liga Municipal Dominicana (LMD) y en más de la mitad de los ayuntamientos se inscribe en un esperanzador camino de institucionalización democrática.

Informes de crédito indican que en importantes sectores del liderazgo peledeista hay interés en desligarse de los escándalos originados en los proyectos enviados al Congreso y aprobados en el madrugonazo legislativo del final de julio y les preocupa que el gobierno aclare y hasta sancione definitivamente los excesos.

Mientras tanto, practicando cada vez más el estilo balaguerista, el silencio del Presidente Leonel Fernández sobre los tufos de corrupción envuelta en los proyectos preocupa a sectores sociales y políticos que creen que urge poner freno a la erosión de la credibilidad en el sistema partidista.

Acertadas decisiones

En medio de los escándalos provocados por los contratos enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y aprobados al vapor se anunció al comenzar la semana que el Comité Político del PLD había decidido utilizar las mayorías legislativas que tendrá en el próximo período a iniciarse el día 16 para asumir la presidencia de ambas cámaras.

Tal decisión era lógica, ya que el partido de gobierno no tiene necesidad alguna como para regalar el poder que le otorgó el electorado a ningún opositor. Tal posibilidad, acariciada por ambiciones individuales sólo era contemplable negociando con un partido en el marco de una crisis política de gobernabilidad que no existe, o en búsqueda de un próximo respaldo electoral.

Lo positivamente sorprendente fue la decisión de no buscar la secretaría general de la LMD, que para nada necesita, y para lo cual tendría que salir al mercado a “conquistar” cabildos en control de los partidos de oposición, como aparentemente favorecían sectores “talibanescos” del partido de gobierno, que llegaron a anunciar que asumirían también el control de la Liga, mientras dirigentes reformistas denunciaban intentos de comprar algunos de sus regidores.

Con tal decisión, anunciada por Danilo Medina, Temístocles Montás y Reynaldo Pared Pérez el PLD no sólo se adscribe al principio de respeto a las mayorías, sino que evita conflictos políticos y apelar a procedimientos poco éticos, que socavan su imagen. Aparte de que los incentivos a los opositores terminan siendo reclamados por los militantes propios.

Por demás, la decisión deja a los dos partidos de oposición pelearse por el cargo, que según todos los informes pretende retener el actual incumbente, Amable Aristy Castro, aunque tenga que renunciar por segunda vez consecutiva a la senaduría que volvió a ganar por la provincia Altagracia. Si los opositores no pactan irán donde los peledeístas a rogar respaldo, lo que deja en ventaja al partido de gobierno.

Por igual fue bien acogido en la opinión pública el anuncio de que Reynaldo Pared Pérez y Julio César Valentín serán los candidatos a la presidencia del Senado y la Cámara de Diputados. Ambos son dirigentes del PLD con buena reputación y capacidad de concertación. El primero es el secretario general y el otro, un joven político de Santiago de muchos méritos personales y prendas morales que se distinguió como diputado en los últimos cuatro años.

Se asegura que el Comité Político también habría decidido evadir una confrontación por el control de la Cámara de Cuentas, atendiendo a que prevalece la corriente jurídica que asume que sus actuales integrantes, elegidos en el 2004, deben durar en sus funciones hasta el 2008.

Signos de preocupación

En sectores del PLD y del gobierno se expresa preocupación por los escándalos con ribetes de corrupción de los contratos enviados al Congreso Nacional en circunstancias no aclaradas aún y aprobados a la carrera y de madrugada por los legisladores que concluyen.

Se entiende que la imagen del gobierno ha sido afectada por los onerosos contratos para equipamiento de la Policía Nacional y el que traspasa a una empresa partes fundamentales de la funciones de la Dirección General de Bienes Nacionales, así como el de la isla artificial.

Los dos primeros no sólo han sido considerados onerosos, el de la Policía en grado más que escandaloso, sino además conferidos sin concurso, contradiciendo el “decreto puente” sobre compras y contrataciones del Estado y justo cuando el mismo Congreso aprobaba una ley que impide ese tipo de negociaciones.

Como si esos dos no fueran suficientes, se adicionó una carta que “por error” envió al Congreso Nacional el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo reviviendo el proyecto de isla artificial que el mismo gobierno había considerado muerto desde fines del año pasado.

La circunstancia de que ambas cámaras, con mayoría de oposición, sancionaran a la carrera el contrato de la isla artificial, junto al de 132.4 millones de dólares para equipos policiales, así como otro de 112 millones de euros para el metro, constituyó todo un paquete con sello oficial.

Sólo incentivos materiales, voceados en los ámbitos legislativos, pueden explicar que decenas de diputados y senadores de oposición desafiaran las directivas de sus partidos para aprobar el paquete en las últimas sesiones del  Congreso que concluye el próximo día 16.

El malestar ha sido mayor porque dentro del mismo gobierno ha habido divergencias en torno al contrato de equipos policiales y sobre la isla artificial. El primer funcionario que aceptó públicamente que el contrato de 132 millones de dólares era oneroso fue el secretario Técnico de la Presidencia, Temístocles Montás, quien informó que habían pedido al gobierno que lo retirara, después de aprobado en el Congreso, lo que días después anunció el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, que lo había firmado junto al de Interior y Policía, Franklin Almeyda.

Lo de la isla artificial ha sido un espectáculo. Porque cuando la opinión pública se alarmó y empezó a cuestionar  la aprobación congresional, se informó que el gobierno ya no respaldaba el proyecto, promocionado originalmente por el propio Presidente Leonel Fernández.

Por segunda semana consecutiva se esperó una aclaración convincente, mientras el consultor jurídico César Pina Toribio evadía la prensa. Este finalmente dijo, por escrito el jueves, que el presidente observará los proyectos controversionales aprobados por el Congreso, para lo cual están a la espera de que les sean remitidos por las cámaras legislativas.

Los voceros del gobierno Rafael Núñez y Roberto Rodríguez Marchena, Danilo Medina, Reynaldo Pared Pérez, Temístocles Montás y Jaime David Fernández se cuentan entre quienes han dado seguridades de que el presidente vetará la isla y el contrato para la policía.

Silencio balagueriano

Ha llamado la atención el espeso silencio mantenido por el presidente Fernández, a pesar de los reclamos generalizados de aclaración, incluyendo los de funcionarios de su gobierno. Para algunos el mandatario ha asumido el silencio con que a menudo el expresidente Joaquín Balaguer respondía frente a los escándalos que se producían en sus largos años de gobierno, dejando que el tiempo los diluyera.

En fuentes gubernamentales no hay dudas que el presidente ya no autorizará la isla artificial ni dará curso al contrato para la policía. Probablemente también observará algunos aspectos del código penal aprobado en el mismo festival legislativo. Se ignora, empero el curso a seguir con el contrato para vender y cobrar propiedades del Estado, que no fue aprobado por el Congreso, aunque, contradictoriamente, está en vigencia desde el año pasado. Probablemente lo enviará a los nuevos legisladores.

Lo que no tiene respuesta es si el presidente establecerá responsabilidades sobre las cuestiones oscuras de los contratos. Quién, definitivamente, es responsable de que revivieran la isla artificial. Quién negoció vehículos, computadoras, equipos de comunicaciones y energéticos y de otro género para la policía sobrevaluados hasta en 400 por ciento, sin especificaciones, marcas ni modelo.

Otra cuestión espinosa que el presidente y su Comisión Nacional de Etica, y en todo caso el Departamento de Prevención de la Corrupción deberían aclarar es quién montó el paquete y sensibilizó al Congreso para que lo aprobara. Muy pocos creen que esas interrogantes tendrán respuesta, por lo que la imagen del gobierno quedará afectada.

En medio de todo ha quedado manifiesta cierta incongruencia en el seno mismo del gobierno, la que podría tener otra expresión con la reactivación del conflicto originado del año pasado en la licitación para el “Portal de Transparencia del gobierno”, aún sin aclarar pese a que la Comisión Nacional de Etica recomendó enmiendas.

Fuentes gubernamentales indican que la misión del Banco Interamericano de Desarrollo recién comunicó al Secretario Técnico de la Presidencia la decisión de suprimir la porción de los fondos que había aprobado para el Portal de Transparencia, unos 500 mil dólares, en vista de las reiteradas negativas de su titular, Domingo Tavárez, de acogerse a una licitación.

Esfuerzos del secretario Técnico y han logrado que el BID no cancele todo el proyecto por 4 millones de dólares, que financiaría también el sistema de información de ese ministerio, aunque también tiene bajo cuestionamiento su apoyo financiero al proyecto oficial de Sociedad de la Información, que ejecuta el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones.

Se da por hecho que el presidente Fernández intentará dejar atrás esos escándalos con un discurso el próximo día 16, en la festividad de la Restauración de la República y al cumplirse la mitad del período de gobierno.