Por Juan Bolívar Díaz
El pacto suscrito entre los tres partidos mayoritarios con el patrocinio del presidente Hipólito Mejía es un acontecimiento positivo, que debería marcar el camino para nuevos entendimientos, especialmente para enfrentar los efectos de la recesión económica internacional, agudizados por el ambiente de guerra que vive el mundo.
Por de pronto el acuerdo proclamado el jueves 27 de julio en el Palacio Nacional tiene la virtud de despejar el ambiente nacional de las incertidumbres y desconciertos que producían las amenazas de reformas constitucionales a la medida de las ambiciones grupales y coyunturales.
El pacto ha sido resultado de meses de discusiones entre sectores políticos y dirigentes sociales y abre paso a la institución de la asamblea constituyente por elección popular reclamada durante años por sectores políticos y por la generalidad de las organizaciones de la sociedad civil.
Sorpresa positiva
Cuando tomaban cuerpo nuevamente las amenazas de grupos de legisladores de reintroducir al Congreso el proyecto de reforma constitucional que pretendía hasta la extensión del período legislativo y municipal, la opinión pública fue sorprendida positivamente con el anuncio del acuerdo.
Incluso el propio presidente Mejía había introducido un nuevo e inesperado elemento de enfrentamientos cuando propuso prohibir por siempre la reelección presidencial, mientras varios de sus seguidores abogaban por lo contrario, es decir eliminar la elección consecutiva para abrir paso a “una sola reelección”.
Monseñor Agripino Núñez Collado, Rector de la Universidad Católica Madre y Maestra, quien coordinara la Comisión Especial que por encargo del Ejecutivo elaboró un proyecto de reforma constitucional entre mayo y agosto, se mantuvo promoviendo la búsqueda de un acuerdo en el máximo nivel político.
El y otros dirigentes sociales y miembros de la comisión habían advertido que el camino hacia la instauración de la Asamblea Constituyente pasaba por una negociación con los partidos y el gobierno, y con la búsqueda de una fórmula de transacción, mediante la cual se diera alguna satisfacción a los congresistas y sectores políticos que abogaban por una modificación inmediata.
La tenacidad de Monseñor Núñez Collado y la receptividad mostrada por el presidente Mejía, convencido de que a su gobierno no le convenía la incertidumbre que mantenían los legisladores, posibilitaron el pacto.
Otro que jugó un papel preponderante fue el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Hatuey de Camps, primero al promover ante el Presidente la constitución de la Comisión Especial, concertada con sectores de la sociedad civil, y ahora en la concreción del pacto para canalizar la reforma.
La Comisión, creada mediante el decreto 410-01 del 21 de marzo, fue el primer frenazo impuesto a los afanes constitucionalistas del Congreso, que en diciembre habían llegado al extremo, cuando el Senado aprobó sorpresivamente, en dos lecturas consecutivas, “con asechanza, nocturnidad, premeditación y alevosía” un proyecto de reforma constitucional.
El Pacto de transacción
Con la firma del Presidente de la República, en calidad de testigo, los máximos dirigentes de los Partidos Revolucionario Dominicano, de la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano se comprometieron a “promover, guiar, orientar y realizar una reforma de la Constitución de la República”.
Los suscriptores coinciden en que ello “requiere un alto grado de transparencia, compromiso y aceptación entre las partes y que en su condición de fuerzas mayoritarias que actúan en el Congreso Nacional, deben rodear este proceso de las mayores garantías para que se cumpla escrupulosamente con lo pactado”.
El convenio es de convocar la Asamblea Nacional (el actual Congreso) para que realice cuatro reformas a la carta magna, encaminadas a:
- Modificar el artículo 89 para eliminar el párrafo que creó los colegios (electorales) cerrados.
- Modificar el párrafo del artículo 90 para reducir el porcentaje necesario para la elección del presidente y vicepresidente de la República, del 50 al 45 por ciento. O el 40, si quien quede en primer lugar lleva más de 10 puntos porcentuales al segundo.
- Consagrar la elección popular para los representantes dominicanos en el Parlamento Centroamericano.
- Y modificar los artículos 117 y 188 para introducir la figura jurídica de la constituyente como forma para reformar la Constitución, dejando a la ley todo lo relativo a su composición. Sus integrantes serían electos en los comicios de mayo próximo.
Los cuatro puntos habían sido aprobados de consenso por la Comisión Especial, aunque se pedía que la Asamblea Revisora sólo se abocara al último y dejara todo el contenido de fondo a la Constituyente.
La transacción fue fundamentalmente con la mayoría del PRD empeñada en “reivindicar su honor” con la reducción del porcentaje para la elección presidencial en primera vuelta, establecido a su espalda en la reforma de 1994 por la entonces alianza del PLD con el PRSC, la cual impidió el triunfo de su líder, José Francisco Peña Gómez en los comicios de 1996.
La eliminación del llamado “colegio electoral cerrado” reivindica a la ciudadanía, penalizada excesivamente por un sistema obsoleto, que en los comicios pasados se manifestó innecesario, dado el funcionamiento del padrón electoral, y que podría reducir en términos escandalosos la votación en los comicios congresionales y municipales del próximo mayo. En los primeros separados de la elección presidencial, en 1998, votó apenas el 49 por ciento.
Freno definitivo
Ya la semana anterior en una reunión del presidente Mejía, Hatuey de Campsy los senadores perredeistas se había acordado que definitivamente quedaba cerrado el paso a los intentos de prolongación. El pacto los liquida definitivamente.
El texto indica que los tres partidos “rechazan de manera vigorosa y rotunda la extensión por dos años del actual período constitucional de los legisladores (1998-2002), por ser contraria a la expresión de la voluntad popular, violatoria del mandato ciudadano y constituir, de ser materializada, un crimen de lesa patria”.
Para darle seguimiento al convenio, se establece una comisión integrada por un representante de cada uno de los tres partidos, por Monseñor Núñez, el abogado Ramón Tapia Espinal y la economista Melba Barnett, actual coordinadora general del movimiento cívico Participación Ciudadana.
Al margen de los disgustos que pueda ocasionar entre los más inflexibles propulsores de la reforma constitucional al vapor, el convenio liquida sus posibilidades. Deja en el rechazo absoluto el intento de prolongación y crea un compromiso que no solo tiene el respaldo de los partidos políticos y la sociedad civil, sino que contará con el apoyo y defensa de toda la opinión pública.
No se advierte posibilidad de que dos tercios de los legisladores puedan coincidir en desafiar al frente tan amplio que sostiene el pacto. Aunque no se debe descartar que algunos quieran persistir en escandalizar, pretendiendo agregar algunos puntos a la reforma inmediata.
El pacto es una reivindicación para la sociedad civil que tantos esfuerzos hizo en los últimos 9 meses por impedir que se sancochara una reforma constitucional como traje a la medida de intereses partidarios y grupales. Ella está en la obligación de participar en su seguimiento.
Es también una prueba de que por más encontronazos que se den entre políticos profesionales y dirigentes sociales, siempre queda espacio para la concertación y el acuerdo, pues ambos son piedra fundamental del proceso democrático.
El Pacto por la Reforma Constitucional está llamado a devolver la esperanza en que entre los dirigentes e instituciones dominicanas puede haber concierto, que no se pueden pasar todo el tiempo en la confrontación y en la pérdida de tiempo. Que pueden ponerse de acuerdo para resolver las diferencias y hacer avanzar la sociedad hacia estadios superiores de la convivencia democrática y del desarrollo.
Es propicio en los momentos de dificultades que atraviesa la economía nacional, afectada por la recesión internacional y por el ambiente de guerra que predomina en el mundo desde la agresión terrorista a los Estados Unidos el 11 de septiembre.
Es estimulante que los tres partidos mayoritarios coincidan en firmar un documento donde “reafirman una vez más su fe y su confianza en un futuro promisorio para el pueblo dominicano y están convencidos de que mediante la vía de la concertación, la colaboración y el diálogo y colocando el interés nacional por encima de cualquier tipo de interés grupal o coyuntural, se impulsará el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas y se abrirán caminos de progreso y de prosperidad para todas las dominicanas y dominicanos”.
Debe darse crédito por la firma del documento a los partidos de oposición, especialmente al PLD que al final selló el consenso, luego de aparecer como el más renuente a aceptar la transacción, que el sagaz Joaquín Balaguer se había adelantado a suscribir un día antes que los peledeistas.-