Por Juan Bolívar Díaz

El liderazgo nacional está desafiado a abandonar la demagogia para consensuar la reforma fiscal e incentivos a los productores; luce inevitable la ampliación del Itbis

 El consenso para la reforma fiscal que impone la inminente aprobación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos (TLC) es probablemente el desafío más importante que ha afrontado en los últimos tiempos el sistema político y social dominicano.

Los líderes políticos, funcionarios gubernamentales, legisladores, empresarios y sindicalistas tendrán que abandonar la demagogia y asumir un debate racional para pactar las reformas fiscales y los incentivos a los productores nacionales que imponen las circunstancias.

Con la eliminación de la comisión cambiaria y la caída de los aranceles parece inevitable que se amplíe lo más posible la base del impuesto a la transferencia de bienes industriales y servicios (Itbis), lo que contribuiría a reducir la evasión de ese gravamen, que se estima sobre el 40 por ciento y permitiría aumentar la inversión social.

Arranca el debate

Con la instalación de comisiones técnicas y apelación al liderazgo político se inició esta semana la búsqueda del necesario como urgente consenso para ejecutar una reforma fiscal equitativa que compense al Estado de los impuestos que desaparecerán con el tratado de libre comercio y genere incentivos para los productores nacionales en serias desventajas para competir con los productos norteamericanos y centroamericanos.

Los funcionarios del área económica del gobierno, representantes de las cámaras legislativas y de los sectores empresariales y sindicales han comenzado conversaciones, a través de comisiones técnicas que deberán evaluar fría y racionalmente todas las propuestas.

El infantilismo institucional dominicano determina que Monseñor Agripino Núñez Collado esté de nuevo como coordinador del consenso. De inmediato empezó a tocar las puertas de los líderes políticos llamados a facilitar los acuerdos, reuniéndose con dirigentes de los tres partidos que controlan el Congreso Nacional.

El embajador de Estados Unidos, Hans Hertell, y funcionarios gubernamentales, como el secretario Técnico de la Presidencia Temístocles Montás, plantean la conveniencia de que el Congreso apruebe el TLC independientemente de la reforma fiscal, pero tanto en la oposición política, como entre legisladores y en los sectores empresariales predomina el criterio de que ambas cuestiones tienen que ser realizadas simultáneamente.

El hecho de que el gobierno necesitará reformas impositivas que compensen la caída de los ingresos por efectos del TLC, debería quitar importancia a que se apruebe primero el convenio. Pero los productores quieren asegurarse compensaciones y los legisladores y dirigentes de oposición buscan capitalizar estas expectativas.

Las elecciones congresionales y municipales del próximo año, condicionan la actitud de todos los sectores políticos, tanto del gobierno como de la oposición, dificultando las posiciones sinceras e incentivando la demagogia política. La generalidad aduce que el pueblo no soporta más impuestos, cuando en realidad lo que se plantea es sustituir unos por otros.

De tales actitudes demagógicas, que llegan a pretender la reducción de impuestos, no escapan dirigentes sociales de todos los niveles, incluso de las altas jerarquías religiosas, sindicales y populares.

Al término de la reunión de este jueves en la que quedaron instaladas las comisiones técnicas, las expectativas eran que el consenso pueda producirse a tiempo para que el proyecto de reformas fiscales e incentivos sea introducido al Congreso Nacional con el inicio de la próxima legislatura, el 16 de agosto.

Más de 30 mil millones

            Al comparecer el miércoles al almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, el director general de Impuestos Internos, Juan Hernández, estimó en por lo menos 30 mil millones de pesos el monto impositivo de la reforma fiscal a que obligará el TLC. Unos 22 mil millones por la eliminación del recargo cambiario a las importaciones, 3 mil millones por la reducción de aranceles, y otros 5 mil millones de pesos en compensaciones a los sectores productivos.

            El funcionario recordó que sólo son tres las fuentes de ingresos fiscales, de las que hay que sacar los ingresos compensatorios: impuestos al consumo y servicios, al patrimonio o propiedad, y al ingreso o renta.

De acuerdo a un estimado en un documento que se atribuye al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), el renglón de impuesto al patrimonio sólo aportaría este año 2 mil 900 millones de pesos, apenas el 2 por ciento de 140 mil 200 millones de pesos que serían el ingreso total. El impuesto sobre la renta aportaría 28 mil 100 millones de pesos, equivalentes al 20 por ciento del total.

El 78 por ciento restante corresponde a impuestos al consumo, encabezados por el Itbis, estimado para este año en 40,900 millones de pesos, equivalente al 29 por ciento del total de los ingresos. Otros gravámenes al consumo como la comisión cambiaria, aportaría 18 mil 500 millones de pesos, los combustibles 14 mil 800 millones, los aranceles 13 mil 700 millones, y los selectivos a bebidas alcohólicas y cigarrillos otros 11 mil millones de pesos.

Es obvio que deberá hacerse un mayor esfuerzo por gravar el patrimonio y la renta, pero los analistas fiscales convienen en que estos impuestos directos son más difíciles de recaudar, porque en su mayoría hay que perseguirlos individualmente. Asumiendo que puedan aumentarse en algo, persiguiendo evasores, el grueso seguirá proviniendo de los gravámenes al consumo, justamente donde se producirá la reducción de ingresos por vía de la comisión cambiaria y los aranceles.

Impuesto clandestino

Así como el Itbis es el impuesto más visible y el que más aporta al Estado, el recargo o comisión cambiaria es clandestino, casi invisible. Tanto que muchas personas no entienden que suprimirlo es quitar un impuesto del 13 por ciento, que este año implica entre 20 y 22 mil millones de pesos, de acuerdo a diversos estimados.

El asunto es que ese 13 por ciento que se cobra por todas las importaciones, se carga como cualquier otro al consumidor y va en aumento en proporción al número de los intermediarios comerciales, que son más para los sectores de menores ingresos. El CONEP estima que se convierte al menos en un 20 por ciento promedio.

El país está obligado a suprimir la comisión cambiaria en virtud del TLC y, además, como consecuencia de un dictamen de la Organización Mundial del Comercio, atendiendo a un recurso incoado por Honduras en virtud del acuerdo de libre comercio de la República Dominicana con Centroamérica.

Ese impuesto clandestino está gravando todos los bienes exentos del Itbis, incluyendo la leche, los combustibles y las medicinas. También indirectamente a los productos agropecuarios nacionales, a través de los insumos, las maquinarias agrícolas, el transporte y los empaques. No se salva ningún producto, sea alimenticio o de lujo.

Una alternativa de largo plazo hubiese sido el desmonte gradual de la comisión cambiaria, que todavía algunos proponen, pero tanto el TLC como la OMC obligan a eliminarlo de golpe.

Itbis: fuente inevitable

            Todos los caminos conducen al Itbis. Es la vía más corta y segura para sustituir los ingresos que se perderán con la eliminación de la comisión cambiaria. También porque ambos son al consumo, aunque uno sea más visible que el otro.

            Hay consenso en que ya no se puede elevar más la tasa del Itbis y que el camino lógico conduce a ampliar su base, que es lo mismo que aplicarlo a productos y servicios que no están gravados, entre los que sobresalen los de la canasta básica, medicinas, alimentos, combustibles, electricidad y servicios como educación y salud.

            Se estima que sólo la mitad de los productos y servicios pagan Itbis, y que entre 40 y 50 por ciento de los gravados, son evadidos por los comerciantes. El que unos estén gravados y otros no facilita las evasiones, razón por la cual se cree que su aplicación a todos los productos contribuirá a elevar los ingresos del Estado.

            Es la razón por la que el CONEP y diversos expertos fiscales abogan por la generalización del Itbis. El máximo organismo empresarial ha propuesto una tasa más baja del 8 por ciento para los productos que no lo pagan.

            Otros han propuesto una tasa única de Itbis, bajándolo del 16 actual a un 14 o 13 por ciento, pero aplicándolo a todos los productos y servicios, excepto los agropecuarios nacionales y la educación. Otros agregan los servicios de salud.

            Con un 13 universal no se puede decir que se esté gravando más la canasta básica, los combustibles o la medicina. Si al mismo tiempo les están quitando la comisión cambiaria del 13 por ciento, que con las escalas de intermediación equivaldría a un 20 promedio.

            Los sectores que defienden el interés de las mayorías empobrecidas tienen que entender que ahora mismo no se trata de reducir impuestos, que una victoria es que no se los aumenten. Cambiar uno por otro no es aumento, y en este caso habría márgenes de beneficio, como la reducción de la tasa del Itebis que ya se paga y las evasiones, lo que supone mayores recaudaciones y más posibilidades de devolverlas a los pobres vía incremento de la inversión social.       

            Por demás, si no amplían la base del Itbis habría que elevar la tasa o buscar nuevas fuentes de ingresos que en su mayoría saldrán del consumo, mientras se dejaría a la voluntad de los empresarios el destino del 13 por ciento, equivalente al 20, en que se reduciría la comisión cambiaria. Se piensa que en gran proporción se quedaría en manos de los importadores y productores nacionales.

            En otras palabras: ampliar el Itbis, en vez de ser una maldición, puede ser la mejor sustitución de los ingresos que se perderán con la eliminación de la comisión cambiaria. Eso, demagogia aparte.-