Por Juan Bolívar Díaz

Las ácidas críticas de la Iglesia y el desafío de sectores empresariales se suman a la crisis financiera y los enfrentamientos intrapartidarios                                     

            El gobierno del Presidente Hipólito Mejía parece urgido de un golpe de suerte que le permita invertir la caída libre de popularidad que lo ha afectado en el curso del año, al compás de la crisis financiera, las precariedades del servicio energético y los enfrentamientos en el seno de su propio partido.

            Como si las crecientes protestas populares y el ambiente de frustración que se respira no fueran suficientes, en la última semana ha tenido que enfrentar ácidas críticas de la Iglesia Católica, tanto en los niveles de la jerarquía como de las bases eclesiásticas y desafíos de los sectores empresariales que resisten las cargas impositivas establecidas por decreto.

            Las mayores expectativas parecen cifradas en la inminente firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con lo que espera una inyección de divisas que produzca una reducción significativa de la tasa cambiaria, llamada a reflejarse en una contracción de la inflación que sigue consumiendo el poder adquisitivo de la población.

Cadena de infortunios

            La semana comenzó con la tasa de cambio nuevamente en alza, tras dos semanas de contracción en que el costo del dólar se había reducido de 35 a 33 pesos. De inmediato las aguas se agitaron con una infortunada declaración del coordinador general del Proyecto Presidencial Hipólito (PPH).

            Eligio Jáquez incurrió en la temeridad de adelantar que el PPH orientaría la inversión del fondo de cien millones de dólares que aportará el Banco Interamericano de Desarrollo para un proyecto de compensación a la pobreza incrementada por las cargas que ha impuesto la devaluación de los últimos meses.

            El rechazo a esa afirmación fue generalizado y aumentó la desconfianza sobre el manejo que hará el gobierno de los recursos externos que se esperan del acuerdo con el FMI en medio del temerario proyecto reeleccionista en que se ha inmerso el Presidentre de la República.

            La generalidad de la opinión pública teme que el régimen que encabeza Hipólito Mejía subordinará esos recursos a su interés continuista. Muy pocos creen que pueda cumplir con la austeridad y la reducción del gasto público que demanda la situación financiera de la nación.

            Hasta el propio mandatario y el director de presupuesto tuvieron que salir al frente para negar la posibilidad de que el PPH paute el proyecto de compensación social, aduciendo que esos recursos están contemplados en el presupuesto nacional.

            En el fin de semana pasado los apagones volvieron a brillar en su máximo esplendor, mientras el gobierno desarrolla una nueva confrontación con las empresas capitalizadas a las que viene amenazando sin poder darle el menor golpe.

            En San Francisco de Macorís los barrios siguieron protagonizando protestas por los apagones y la política económica, con una nueva víctima mortal, el joven Dionisio López Sánchez, de 20 años, la octava en las últimas tres semanas.

            En muchos de los hospitales públicos de la capital y las ciudades del interior médicos y enfermeras protagonizaron paros de labores, esta vez reclamando el pago de dos quincenas de salarios atrasados, a consecuencia de que los limitados ingresos tuvieron que ser gastados en el compromiso de los Juegos Panamericanos.

            Denuncias de brotes de dengue, que han cobrado una treintena de víctimas mortales en el hospital infantil Reid Cabral y en el interior, particularmente la inquieta ciudad de San Francisco de Macorís, configuraron un panorama conflictivo en el sector salud.

El ataque de los curas

            El presidente Mejía logró escapar a mediados de la semana anterior de la descarnada crítica del embajador de la Unión Europea, Miguel Amado, en la inauguración de un seminario sobre “el buen gobierno”, gracias a que el texto fue adelantado a las autoridades.

            Pero el mandatario no tuvo la misma fortuna cuando el domingo acudió a la festividad patronal de su pueblo natal, Gurabo, sin sospechar que sería planchado allí por el cura párroco Milton Amparo Tapia, quien formuló una fuerte crítica al gobierno, al que llegó a considerar el peor que ha tenido el país tras la liquidación de la tiranía de Trujillo.

            Gran parte del país se deleitó con el valor y hasta el atrevimiento del sacerdote, quien desconcertó a Mejía y sus acopañantes por las críticas que formuló en su homilía, llegando a la exageración cuando consideró al presidente Mejía como un dictador, algo muy superior a los rasgos autoritarios contenidos básicamente en su discurso.

            El padre Amparo Tapia quedó convertido en el verdadero guapo de Gurabo, siendo comparado por el presidente con el párroco de Cristo Rey, Rogelio Cruz, cabeza de las manifestaciones antigubernamentales de las últimas semanas en los barrios capitalinos.

             Pero la figura más relevante de la Iglesia Católica dominicana no se quedó atrás. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se manifestó en dos ocasiones. La primera el domingo cuando rechazó una nueva reforma constitucional sugerida en los ámbitos perredeístas, con el arguimento de que sería protagonizada por “bandas de cuatreros”.

              A mitad de semana el purpurado urgió a detener la “hemorragia económica”, la devaluación del peso y el deterioro de la calidad de la vida, así como a resolver los problemas energéticos que “mantienen a los ciudadanos crispados, nerviosos y molestos”.

              El padre Regino Martínez, vino desde Dajabón para sumarse a las críticas diciendo que la mayoría de la población se siente “desamparada y desprotegida” en medio del empeoramiento de la situación económica.

            No se trató de una ofensiva concertada, pero sí de una expresión del rechazo que está generando el gobierno tanto en los niveles jerárquicos como en las bases eclesiásticas. Las contradicciones lucen tan agudas que el cardenal hasta responsabilizó al gobierno de los actos de otro cura y capellán militar acusado de violación de menores, diciendo que lo habían ascendido después que él lo separó de la responsabilidad parroquial.

            Un mordaz comentarista adujo que la suerte del gobierno está tan de capa caída que hasta le quieren cobrar las inconductas de un sacerdote, no en el ejercicio de capellán, sino en el de párroco. Como al “dedo malo que todo se le pega”.

El desafío empresarial                                                       

            La suerte del gobierno no ha sido mejor ultimamente con otro de los poderes fácticos, el empresariado, que lo ha desafiado a propósito de los decretos que instituyen recargos impositivos del 2 por ciento a las importaciones y del cinco a las exportaciones.

            El Consejo Nacional de la Empresa Privada, junto a otras entidades sociales, levantó una instancia ante la Suprema Corte de Justicia pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de los impuestos por decreto. Según el inciso 1 del artículo 37 de la Constitución de la República es facultad del Congreso “Establecer los impuestos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión”.

            Los impuestos por decreto fueron tolerados al presidente Joaquín Balaguer, quien llegó a implementar mediante esa vía toda una reforma fiscal al comienzo de la década de los noventa. También el presidente Leonel Fernández apeló a esa práctica cuando elevó al 5 por ciento el recargo cambiario.

            Pero la sociedad dominicana en general luce ahora más empeñada en la observancia de la institucionalidad democrática, lo que pretende ignorar el gobierno que podría hacerlo por ley, al disponer del 90 por ciento de los senadores y casi la mitad de los diputados.

            Claro que también influye la renuencia empresarial a pagar mayores impuestos, aún en la circunstancia en que el gobierno requiere más recursos para hacer frente al descalabro financiero que ha beneficiado a los exportadores por vía de la devaluación del peso.

            La confrontación empresarial ha llegado tan lejos que la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes ha planteado un boicot al decreto que grava las exportaciones y el turismo, sugiriendo a sus afiliados que no paguen el recargo del 5 por ciento.

              Tal posición sin precedente en el país fue respondida por el secretario de Finanzas quien dijo que cobrarán el impuesto “llueve truene o ventee”. Contradictoriamente y como para afianzar las dudas sobre la disposición a cumplir el acuerdo con el FMI, en el renglón de este correspondiente a Política Fiscal y Sostenibildiad de la Deuda se establece que a finales de agosto se procuraría la aprobación del Congreso a esos impuestos.

                Para colmo de males, la Suprema Corte de Justicia mostró prisa esta semana en conocer la instancia, aún sin la opinión del Procurador General de la República, lo que originó otra confrontación al gobierno.

                Pocos dudan sobre la inconstitucionalidad de los decretos impositivos. Y mucho menos entienden que el gobierno pueda correr el riesgo de que la Suprema Corte le propine el revés de la anulación de los decretos, pudiendo haber contenido los ímpetus con un proyecto legislativo.

                 A todos esos infortunios hay que agregar la confrontación que mantiene el Presidente Mejía y su PPH con el resto del Partido Revolucionario Dominicano. El discurso del mandatario volvió a ser desafiante y excluyente cuando a mitad de semana proclamó en San Cristóbal que no le ganan “los pericos ni los programas de televisión”.

                 Su última propuesta de establecer la mayoría de votos para elegir el candidato del PRD, fue enmendada el miércoles para reducirla a la mayoría simple si el que queda en primer lugar recibe por lo menos 10 por ciento más que el segundo.

                 En medio de la desconfianza generalizada, los otros siete precandidatos perredeístas parecían inclinados a rechazar la propuesta presidencial, lo que conlleva una extensión por tiempo indefinido de la confrontación intrapartidaria que tanto contribuye al desasosiedo y la incertidumbre.

                  Definitivamente, el gobierno requiere de un despojo, con ruda, rompe-saraguey o amansa bravo. Porque todo parece salirle por la culata.-