Por Juan Bolívar Díaz
Si algo quedó definitivamente liquidado con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que anuló la ley de convocatoria de la Asamblea Revisora de la constitución, fue el absurdo proyecto de la auto prolongación del período de los legisladores y autoridades municipales.
Al desaparecer esa cinta adhesiva de voluntades legislativas capaces de desafiar al liderazgo de sus partidos y a la opinión pública también será mucho más difícil encontrar consenso para otras reformas constitucionales que como la que busca restaurar la reelección divide profundamente a la sociedad dominicana.
La prolongación de un período constitucional sólo tiene un precedente conocido, el de 1927 cuando el Congreso Nacional modificó la carta magna para extender por dos años el período del presidente Horacio Vásquez, del vicepresidente Federico Velázquez y de los senadores y diputados que hablan sido electos en 1924 por cuatro años.
A los comicios de mayo
Todas las movidas de los últimos días muestran que ya todo el gobierno y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se han convencido de que su única alternativa es prepararse para participar en las elecciones legislativas y municipales programadas para el 16 de mayo próximo.
El presidente Hipólito Mejía ha dejado claro que no podría ser indiferente ante el intento de la auto prolongación protagonizado por una buena proporción de senadores y diputados de todos los partidos, pero ésta vez encabezados por los perredeístas.
Anulada la ley que convocaba la reforma constitucional, el mandatario se reunió con el presidente del PRD, Hatuey de Camps y convinieron la conformación de una comisión, encabezada por la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, para que estableciera un calendario de trabajo en orden a los comicios y a la renovación de la dirección de los organismos partidarios.
Hubo rápido acuerdo entre los comisionados, que el miércoles 9 dieron a conocer sus propuestas: cerrar el 15 de enero la inscripción de miembros y el día 20 el registro de precandidaturas; elección de candidatos a más tardar el 15 de febrero, previa ampliación de la comisión organizadora de la convención. Elegirán el 70 por ciento de los candidatos dejando el 30 restante para que la Comisión Política pueda balancear las boletas y ejecutar alianzas.
También acordaron la realización de tres encuestas para orientar el proceso electoral interno y la política de alianzas. Después de las elecciones, el PRD se abocará a la celebración de un Congreso en el que revisará su plataforma y programas y luego se reunirá el Comité Ejecutivo Nacional para acordar la fecha de la Convención Ordinaria llamada a elegir nuevos dirigentes en todos los organismos partidarios.
El proyecto de consenso no había sido ratificado todavía este viernes y probablemente su calendario sufra modificaciones, pero la rapidez con que fue realizado indica que es fruto del convencimiento de que no pueden perder más tiempo ya que el 2 de marzo se acaba el tiempo para el registro de alianzas y el 16 de ese mes para la presentación de los candidatos.
Aunque algunos senadores persisten en amenazar con reintroducir el proyecto de reforma constitucional, orientadores del mismo, como Guido Gómez Mazara y Fafa Taveras, reconocen que ya eso no será posible antes de la legislatura a iniciarse el 27 de febrero, y muy difícil, por cuanto el país estará en plena campaña electoral.
En cualquier caso, se puede cantar el réquiem al proyecto de prolongación, porque la tendencia perredeísta del presidente Mejía ha aceptado que el gobierno no puede pagar el costo de la prolongación. Otra consideración mantienen sobre el proyecto de restaurar la reelección presidencial, pero para ello quedará tiempo después de los comicios y aún con el nuevo congreso, aunque reconocen que difícilmente puedan ratificar las mayorías actuales, del 80 por ciento en el Senado y alrededor del 50 por ciento en la cámara baja.
La única prolongación
Sólo una vez en la accidentada historia dominicana, y hace 75 años, se ha ejecutado una prolongación del período constitucional por parte del Congreso y al margen de los electores, violentando el principio básico de todas las constituciones dominicanas, de que la soberanía nacional corresponde al pueblo, de quien emanan todos los poderes del Estado.
La extensión del período gubernamental 1924-28 hasta 1930, abarcó al presidente y al vicepresidente de la nación, a los senadores y a los diputados. Ella empujó por un mal derrotero al primer gobierno electo tras la ocupación norteamericana de 8 años que concluyó en 1924.
Tan pronto fue ejecutada se iniciaron los trámites para otra reforma constitucional a fin de restablecer la reelección presidencial. Ello, a su vez, originó una crisis política que culminó con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1930 que depuso el gobierno de Vásquez y abrió las puertas al brigadier Rafael Leonidas Trujillo Molina para establecer la tiranía que sufrió la nación durante 31 años.
La historiografía dominicana registra el capítulo de la prolongación como el baldón que sepultó el gobierno de Horacio Vásquez. Pero es un puertoriqueño, Víctor Medina Benet, quien trata ese asunto con la mayor minuciosidad, como cuestión fundamental en su obra ¨Los Responsables, fracaso de la tercera república¨.
Medina Benet dejó casi 500 páginas dedicadas al estudio del período 1924-30, editadas por primera vez en 1974 y con una reimpresión ampliada en 1976. Lamentablemente no aparece actualmente en las librerías dominicanas.
El mérito de esta obra no es literario. Su mismo autor advierte que no tenía tales pretensiones. Pero está formidablemente bien documentada, a lo que contribuyó el hecho de haber trabajado primero en el Consulado y luego en la Legación de Estados Unidos, en esta capital desde 1930 al 1949.
Un capítulo infame
La prolongación del período constitucional es un capítulo infame de la historia nacional y un baldón indeleble para el presidente Horacio Vásquez y los legisladores y políticos que la auspiciaron, sobre todo por lo cínico de aquel proceso, ejecutado por hombres que llegaron al poder comprometidos con el combate del reeleccionismo y el continuismo que ya entonces habían provocado severo daño al proceso nacional de institucionalización democrática.
En virtud del Tratado de Evacuación, o Plan Hughes Peynado de 1922, se acordaba el final de la ocupación norteamericana iniciada en 1916, con un calendario que arrancó con el establecimiento de un gobierno provisional encabezado por Juan Bautista Vicini Burgos a partir del 21 de octubre de 1922, que se encargaría de realizar las reformas legales y constitucionales que demandaba la nación, así como de organizar elecciones libres.
La ¨Alianza Nacional Progresista¨ de los partidos que lideraban Horacio Vásquez y Federico Velázquez, y que los postuló a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, ganó las elecciones realmente libres efectuadas el 15 de marzo de 1924. Tomaron posesión el 12 de julio, jurando cumplir y hacer cumplir la nueva constitución proclamada días antes.
Previamente la legislación que rigió los comicios presidenciales y legislativos había establecido que el período sería de cuatro años. En base a ello se hizo la campaña electoral y se tomó el juramento. Incluso la invitación oficial a los actos de instalación del gobierno indicó que era para el periodo 1924-28.
A principios de 1926 el presidente del Senado, Gustavo A. Díaz, inició el debate de la prolongación con un memorando sometido a ese cuerpo en el cual sostenía que todo el proceso iniciado con la instalación del gobierno de Vicini, en base al Tratado de Evacuación, había sido sobrepuesto a la Constitución de 1908. Calificó ese gobierno, fruto del acuerdo nacional (incluyendo a Horacio Vásquez) con Estados Unidos, como de facto, señalando que con su ley electoral que rigió los comicios ¨estatuyo sobre materia que le era extraña¨.
Según aquella interpretación el presidente Vásquez había sido electo en base a la Constitución de 1908 en la que el período presidencial era de 6 años. Aunque la misma había quedado derogada, y jamás fue aplicada, con la ocupación norteamericana de 1916.
Si algún texto constitucional correspondía poner en vigencia por encima del Tratado de Evacuación, hubiese sido el proclamado el 29 de noviembre de 1916, como lo reconoció el propio Vásquez en una entrevista concedida al períodico Ecos del Norte, de Puerto Plata, a fines de 1920, cuando expresó: ¨No concibo ninguna razón ni ningún interés justificado que puedan hacer preferir la Constitución que derogó la última Constituyente y que encierra un perfecto sistema dictatorial…No se puede imponer al pueblo dominicano la malísima y ya derogada Constitución de 1908 en lugar de la que votó y proclamó la legalmente constituida Constituyente el 29 de noviembre de 1916, cinco horas después de proclamarse el Gobierno Militar Americano…¨
Al principio Horacio Vásquez simuló rechazar la prolongación y hasta llegó a proclamar el 26 de septiembre de 1924 que ¨no permanecere en la Presidencia de la República más de los cuatro años consignados en la reforma y resignaré el Poder ante la Asamblea Nacional¨.
Pero los suyos continuaron sumando voluntades por todos los medios posibles al plan de prolongación, hasta proclamarlo en la ley aprobada en abril de 1927, que además planteaba la necesidad de reformar la Constitución para conformarla al objetivo. El presidente Vásquez la promulgó el 2 de mayo de 1927, luego de más de un año de agitación y división del gobierno y de la nación. El vicepresidente Velázquez rechazó la prolongación y se ausentó del país.
Como Velázquez era opuesto a la prolongación, los legisladores descubrieron que él había sido electo sólo por cuatro años, al amparo de la Constitución de 1924, aunque figuraba en la misma boleta que Horacio Vásquez. Es que la Constitución del 1908, reivindicada por los continuistas, no establecía vicepresidencia. Para él seguir hasta 1930 tenía que prestar juramento nuevamente en l928, al igual que los senadores y diputados.
El 15 de junio la Asamblea Revisora fruto de unas elecciones en las que no participó la oposición, proclamó la nueva Constitución que amparó la prolongación. Unos meses después se iniciaría el nuevo movimiento para revisarla otra vez y restablecer la reelección, lo que permitiría la repostulación de Horacio Vásquez en las elecciones de 1930, pese a que había pasado por una grave enfermedad que lo sacó del país por dos meses.
Para ambas reformas se compró a todo el que fue necesario y aceptó sobornos o chantajes. Desde la primera apenas 2 de los once legisladores del partido de Velázquez, respaldaron la decisión de su líder de rechazar la prolongación.
Pero no pudieron neutralizar las ambiciones de Trujillo, quien se interpondría en el camino para sepultar políticamente a Horacio Vásquez y sumir a la nación en la tiranía y la opresión.-