Por Juan Bolívar Díaz

            La alarmante política de ejecuciones de delincuentes y supuestos delincuentes, que en los últimos tres años ronda la cifra de 500, y la supervivencia de los privilegiados tribunales de justicia policial que ampara su impunidad son claras expresiones de las debilidades institucionales que perviven en la sociedad dominicana, pese a los avances de los últimos años.

            Preocupadas por esa política extra-judicial, denunciada repetidas veces por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, 6 instituciones sociales elevaron una instancia ante la Suprema Corte de Justicia hace más de un año solicitando que se declare la inconstitucionalidad de los tribunales policiales

            La dilación en dictaminar sobre la instancia no tiene justificación y parece mostrar una preocupante debilidad del máximo tribunal judicial dominicano que de persistir podría conducir el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la cual está comprometido el Estado dominicano.

Cifras alarmantes

            Para los organismos dominicanos especializados en la defensa de los derechos humanos las muertes de civiles, reales y pretendidos delincuentes, a manos de agentes policiales han alcanzado cifras realmente alarmantes en los últimos años, aunque se reconoce que es una vieja política policial y militar amparada por la mayoría de los gobiernos que ha tenido la nación.

            Las cifras han sido recogidas en los medios de comunicación, especialmente en los periódicos Hoy, El Siglo y el Diario Libre. El movimiento Participación Ciudadana las recogió esta semana en un comunicado. En 1996 se contaron 85 víctimas de los llamados “intercambios de disparos entre delincuentes y agentes policiales”. Se redujeron a 50 al año siguiente, pero en 1978 ascendieron a 75 para elevarse a 200 y 171 en los dos años siguientes.

            Las proyecciones indican que en este año el récord podría ser superado, ya que en los primeros seis meses se contaron 110 muertes a manos de los agentes encargados de velar por el orden público y la seguridad ciudadana. El total en los últimos tres años supera el medio millar.

            Como es obvio, en parte de esos casos se ha tratado de reales intercambios de disparos entre delincuentes y agentes policiales. La Policía Nacional dice que 50 de sus agentes han muerto violentamente en los últimos dos años, sin precisar cuántos han sido víctimas de riñas que nada tienen que ver con el cumplimiento del deber.

            La ejecución de un sacerdote y de un pequeño empresario, declarados en principio como delincuentes y de 4 hombres que previamente habían sido grabados en un vídeo vivos y amarrados, han sacudido la opinión pública. En innumerables casos los testimonios de testigos dan cuenta de reales ejecuciones, a menudo de pequeños delincuentes, como el caso del joven de Villa Francisca que escandalizó el último día de septiembre.

Las crónicas de los periódicos no han dejado lugar a duda, hasta el punto que la esposa de don Juan Bosch, doña Carmen Quidiello, abandonó el lecho de enfermo del ex-Presidente de la República para ir a expresar su solidaridad con la madre del muchacho de 18 años, ejecutado por un cabo policial llamado Tyson, en alusión a un famoso boxeador norteamericano.

            Por supuesto que a la Policía Nacional no sólo se le acusa de asesinatos, sino también de torturas en diversos grados, de redadas masivas que afectan a cientos de ciudadanos, de extorsiones contra madres e hijos a los cuales se secuestra ilegalmente para reclamar la entrega de perseguidos y de delitos peores como violaciones de mujeres y de menores en las cárceles.

Cultura del abuso

            Aunque los abusos y excesos policiales se han incrementado en las tres últimas jefaturas policiales, especialmente en la actual, la práctica viene de lejos y está fundada en una cultura que reduce los derechos ciudadanos frente a los uniformados, civiles o militares.

            Se arraigó durante la tiranía de Trujillo, que impuso la política de “orden y paz” por encima de toda norma jurídica y derecho humano. Se dividió la población entre civiles y policías-militares, como forma de controlar todo género de desafío al autoritarismo que pautó la vida nacional durante tres décadas.

            Esa cultura ha permeado las diversas capas sociales dominicanas, arraigando en los que tienen más que perder, pero también en los sectores populares que suelen demandar la muerte de los delincuentes, hasta que llega a su propio vecindario. Entonces la protestan hasta con violencia.

            Pero no deja de ser relevante que las mayores tasas de muertes a manos de agentes policiales se han producido en los últimos dos gobiernos, los de los partidos más democráticos y más comprometidos con los derechos ciudadanos y el orden institucional que han alcanzado el poder en el país.

            Esa cultura del abuso parece tan sólida que ha desafiado las continuas denuncias de las instituciones nacionales que defienden los derechos ciudadanos, y de todos los organismos internacionales de derechos humanos que conocemos, como los de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, Amnistía Internacional, American Watchman y el departamento de Estado norteamericano.

            Si bien tiene un amplio rechazo en la opinión nacional e internacional, también cuenta con ardientes defensores en los medios de comunicación, en el empresariado y hasta en las iglesias. En la actualidad no parece contar con el visto bueno de la jerarquía militar ni de los Estados Unidos, dos de los cuatro clásicos “poderes fácticos” de que hablan los sociólogos.

Expectativa fallida

            Esta semana se llegó a anunciar que la Suprema Corte de Justicia dictaminaría sobre el recurso de inconstitucionalidad de los tribunales policiales, que amparan los abusos policiales de todo género.

            Pero la expectativa resultó fallida. El máximo tribunal sólo se pronunció sobre otra instancia, la que procuraba la inconstitucionalidad del cobro adelantado del 1.5 por ciento de las ventas netas, que resultó validado.

            Quedó pendiente el dictamen sobre los tribunales policiales, incoado en septiembre del 2000 por las entidades sociales Alfalit Dominicana, Centro de Estudios Padre Juan Montalvo (de los sacerdotes jesuitas), Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Fundación Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana.

            Llama la atención que la Suprema Corte dejara pendiente una instancia en su poder hace 13 meses y se pronunciara, en cambio, sobre otra que sólo tenía la mitad de ese tiempo, en medio de versiones de que está esperando una oportunidad “propicia” para hacerlo.

            Hay quienes creen que el caso debería ser llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de donde podría ser declinado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos ambos que forman parte del sistema interamericano y al cual está adscrito la República Dominicana.

            Resalta el hecho de que no sólo instituciones de la sociedad civil han condenado en los últimos tiempos los excesos policiales, cuestionando el privilegio que sustrae los crímenes atribuidos a agentes del orden de la justicia ordinaria, sino también autoridades de este y del anterior gobierno, incluyendo a procuradores generales, fiscales y al comisionado presidencial de apoyo a la reforma judicial.

            Los fuertes cuestionamientos y las evidencias aportadas por diversos medios de comunicación no han logrado contener los abusos, especialmente en su peor expresión de lo que se ha denominado internacionalmente como “ejecuciones extrajudiciales”.

Fundamentos de la Instancia

            El recurso de las seis entidades sociales contra los tribunales policiales fue incoado por los abogados Francisco Domínguez Brito, Félix Damián Olivares Grullón, Eric Raful y Ramón Emilio Núñez.

Se fundamenta en la inconstitucionalidad de 46 de los artículos de la ley 285 del 29 de junio de 1966 y sus modificaciones que integran el Código de Justicia policial y el artículo 68 de la Ley Institucional de la Policía Nacional, 6141 del 28 de diciembre de 1962.

Considera que esos textos vulneran los principios constitucionales de la separación e independencia de los poderes del Estado, la universalidad y exclusividad del Poder Judicial en la impartición de justicia , el debido proceso de ley y el derecho de acceso a la justicia y el de igualdad de todas las personas ante la ley.

Cita en primer lugar el artículo 63 de la Constitución, el cual indica que “El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y por los demás Tribunales del Orden Judicial creados por esta Constitución y las leyes”.

“Admitir que pueda existir una jurisdicción con sede en el Poder Ejecutivo separada y ajena al Poder Judicial, con competencia para administrar justicia en los casos de infracciones calificadas como crímenes y delitos, sería afirmar que existen ámbitos de no derecho o no regulados por la Constitución de la República”, sostiene.

Agrega que “el pretendido Código de Justicia Policial y los llamados Tribunales de Justicia Policial, bien pueden agotar tareas disciplinarias o del orden interior de la corporación policial, pero en ningún caso pueden arrogarse competencia para administrar justicia en materia penal, aún lo sea por una ley adjetiva o una disposición suelta de la Constitución de la República. Cualquier disposición normativa que apunte en ese sentido, contraviene frontalmente la forma civil, republicana, democrática y representativa de gobierno, norma invariable e inmutable del ordenamiento que se ha dado la Nación dominicana”. –