Por Juan Bolívar Díaz
La falta de liderazgo en el equipo económico del gobierno, que ha llegado esta semana al enfrentamiento público, proyecta una imagen tan negativa que es objeto de cuchicheos de todos los calibres, con graves repercusiones sociales y políticas, sobre todo si se impone el anunciado incremento del 20 por ciento en el costo de la tarifa eléctrica.
Empeñado en un camino de endeudamiento externo sumamente acelerado, que ahora tiene como norte supremo la emisión de bonos soberanos por quinientos millones de dólares, el gobierno contribuye absurdamente al pesimismo sobre una economía que pese a todo muestra estabilidad con tendencia a retomar el crecimiento.
Y los opositores magnifican las dificultades pregonando un malestar económico inexistente, todo lo cual crea un panorama de desconcierto y pesimismo que agobia a buena parte de los dominicanos, en medio de altas temperaturas, con agobiante humedad y tendencias a estallidos de protestas sociales.
Afirmaciones pesimistas
La semana comenzó con una afirmación pesimista del presidente Hipólito Mejía cuando se presentó a Radio popular para responder preguntas del público. Dijo que todavía le queda un año de dificultades para enfrentar los problemas nacionales, al pedir paciencia y comprensión de la ciudadanía.
Dos días después el secretario de Finanzas, Fernando Alvarez Bogaert, declaró en un evento celebrado en la Universidad Católica Madre y Maestra que la economía nacional está estancada, que no ha crecido en los niveles esperados por el gobierno y, peor aún, dijo que se espera “una situación difícil” como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo sistema de valoración del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) auspiciado por la Organización Mundial del Comercio.
Sólo el esfuerzo por justificar la carrera de endeudamiento externo de corto plazo puede explicar estas afirmaciones tan pesimistas del primer mandatario y de quien se supone cabeza del equipo económico del gobierno.
Si eso dicen los voceros del gobierno, de ninguna forma se puede culpar a los opositores y a los ignorantes que ven la economía nacional sumida en el desastre, o al país al borde del colapso, contrariando todos los vaticinios de organismos internacionales, que como el FMI o la CEPAL insisten en colocar al país entre los tres de mejores perspectivas económicas en el continente para el año en curso.
Es obvio que el presidente Mejía y el licenciado Alvarez Bogaert actúan en el marco de una línea política que busca a toda costa justificar cientos de millones de dólares en préstamos de corto plazo y la emisión de los bonos soberanos. Pero al mismo tiempo minimizan los éxitos del gobierno en mantener la estabilidad macroeconómica.
En sectores económicos, empresariales y políticos, se manifiesta un poco de perplejidad y confusión. Se echa de menos la ausencia de una “línea maestra”, y se diagnostica una peligrosa incoherencia con repercusiones en la confianza de que el futuro inmediato será de progreso.
Claro que hay exageraciones, sobre todo entre los grupos y personalidades que impugnan por completo la espontaneidad de Mejía, pretendiendo un comportamiento presidencial balagueriano o por lo menos del estilo formal de Leonel Fernández. Los opositores insisten en llevar las peculiaridades del presidente Mejía al extremo de lo ridículo.
Buenas perspectivas
Las estadísticas y proyecciones que circulan en manos de los funcionarios del área económica, de los asesores, miembros de la Junta Monetaria, y en la que se fundamentan los análisis de las fundaciones Siglo 21 y Economía y Desarrollo, revelan que la economía dominicana tiene buenas perspectivas.
Las recaudaciones fiscales del gobierno sobrepasaron lo presupuestado en los meses de abril y mayo, con tendencia al crecimiento y se espera que reviertan el déficit del primer trimestre, con crecimiento del 25 por ciento al cerrar el año en relación al 2000, en cuyo presupuesto se proyectaron 15 mil millones de pesos adicionales.
Cuando se elaboraba el presupuesto se consideró que ese incremento permitiría al gobierno impulsar importantes inversiones y mantener el crecimiento con estabilidad. Nadie ha explicado qué cambios se dieron para invalidar aquel optimismo. Y esto que el gobierno ha contratado cientos de millones de dólares en créditos atados a obras y suministros.
De cualquier forma, ya en el cuatrimestre enero-abril, el gobierno recaudó 17 mil 800 millones de pesos, un 20 por ciento superior a los 14 mil 800 millones del año pasado, a pesar de las pesadas reformas fiscales impuestas en esos meses.
Los demás indicadores básicos de la salud de la economía también son positivos. Esta misma semana el Banco Central reveló que la tasa de inflación en mayo fue de apenas 0.26 por ciento, menos de la mitad de la que abril, que había sido del 0.62 por ciento, para una acumulación de 3.11 por ciento en los primeros 5 meses del año. Se proyecta para solo 7 por ciento en todo el año.
Sin contar con el producto de los bonos soberanos, la proyección del crecimiento económico dominicano para este año está por encima del 3 por ciento, meta que sólo lograrían Chile y Brasil, y que ya quisieran obtener Estados Unidos, Argentina o Japón, con el petróleo sobre 29 dólares el barril.
Las reservas netas de divisas siguen creciendo y cerrarán el año con unos 100 millones de dólares adicionales. La emisión monetaria y el medio circulante crecen en niveles más que prudenciales. El gobierno tiene el mérito de no haber gastado un peso más de lo que ha recibido. Por el contrario en el primer cuatrimestre tiene un superavit de 500 millones de pesos.
El gobierno no logra publicitar suficientemente el hecho de que las tasas de interés bancarias se han reducido en 4 y medio puntos entre diciembre y mayo, para caer por debajo de las predominantes en enero del 2000, es decir a un promedio de 23.58 las activas y de 12.14 las pasivas.
Los analistas diagnostican actualmente una sobreliquidez bancaria, con excedente superior a los 2 mil 500 millones de pesos en relación al encaje legal. Esta cifra puede ser ambivalente, indicadora de sanidad económica, pero también de recesión, o por lo menos de la falta de confianza que genera la exageración de las dificultades económicas.
Peso de la deuda social
Desde luego que aquí la deuda social acumulada es grande y en consecuencia las demandas y presiones sobre el gobierno que se manifiestan en las protestas barriales y de poblaciones y en las demandas salariales que llevan a maestros y médicos a paralizar servicios prioritarios y a crear ambiente de confrontación.
Precisamente por eso es que muchos estiman que sería un grave error de cálculo traspasar en estos momentos el subsidio a la energía eléctrica a los consumidores, con un aumento de la tarifa, que el secretario de Industria y Comercio, Angel Lockward, y el superintendente de Electricidad, José Ovalles, han cuantificado en 20 por ciento para los consumidores de más de mil 500 kilovatios al mes.
La necesidad de atender las graves demandas sociales es lo que precipita al gobierno por el camino del endeudamiento de corto plazo y específicamente a los bonos soberanos. Esta política ha conseguido un fuerte rechazo, agriando el debate y marchitando la imagen del gobierno en la opinión pública.
La rechazan la mayoría de los analistas y de los mismos asesores económicos del gobierno, algunos abiertamente como el padre José Luis Alemán, y otros discretamente como los de Siglo 21 y el mismo Hugo Guilliani, que prefieren la renegociación de la deuda y economistas independientes como Alfonso Abréu Collado y muchos otros.
La defensa de los bonos soberanos ha sido tímida por los mismos funcionarios del gobierno y se limita a la Fundación Economía y Desarrollo, donde imponen su impetuosidad los economistas Andy Dauhajre y Jaime Aristy Escuder, rodeados ambos de un hálito de polémica y acritud, no porque les falte razón, sino más bien por la extrema franqueza con que atacan a sus contradictores.
El gobierno se encuentra atrapado por el peso del gasto corriente, que no ha crecido tanto en los gastos personales, un 15 por ciento, en relación al 2000, cuando los ingresos del Estado registran aumento del 20 por ciento, pero sí en el subsidio a la energía y el gas propano, con un 40 por ciento. Y en intereses de la deuda externa el alza es del 83 por ciento.
Reina la incoherencia
El peso del gasto corriente, entre el 73 y 75 por ciento del ingreso, ha reducido la inversión pública, en construcción casi al 50 por ciento del mismo período del año pasado, aunque debe considerarse que en el primer semestre del 2000 este renglón fue sobredimensionado por el esfuerzo del gobierno en terminar sus mega-proyectos, que lo llevó al déficit fiscal y al fuerte endeudamiento interno, factores ausentes ahora.
De cualquier forma la realidad es que el gobierno se encuentra dividido y muestra incoherencia pública sobre la forma de enfrentar el problema. De ahí los dramáticos choques del miércoles, cuando en dos programas de televisión, casi al mismo tiempo, se enfrentaban Andy Dauhajre, director de los bonos soberanos y el secretario de Industria y Comercio, Angel Lockward, y por otro lado Jaime Aristy, de la comisión que estudia los contratos de electricidad, y Edwyn Cross, asesor de la Corporación de Electricidad.
La piedra de contradicción es el incremento de la tarifa energética, que Dauhajre cree, con razón, que aumentaría las protestas y presión social sobre el gobierno, por su carga inflacionaria. El es duro partidario de la revisión de los contratos y de los costos de la energía que estarían abultando los generadores, mientras Lockward promueve al alza tarifaria.
En la misma línea se sitúa Aristy, mientras el administrador de la CDE, César Sánchez se niega a compartir con él las reuniones de la Comisión Asesora de Alto Nivel para el Diseño de Políticas y Reforma del Sector Eléctrico, que preside Hugo Guiliani.
Ya Guiliani fue suficientemente claro en el almuerzo de Hoy esta semana, cuando llegó a denunciar que las generadoras capitalizadas sobre estiman en más de 120 millones de pesos mensuales sus gastos de combustibles, abogando abiertamente por la revisión de sus contratos para desmontar el subsidio estatal. Plantea una reducción en vez de aumento de la tarifa energética, advirtiendo que si se produce el alza él sobraría en la comisión de alto nivel.
Como se ve, el gobierno está urgido de políticas que unifiquen criterios y acciones y proyecten coherencia y confianza. Y todo el país requiere un debate más racional y sereno sobre las potencialidades y dificultades de la economía nacional, más allá de los intereses políticos y grupales.-