Por Juan Bolívar Díaz
La Comisión Especial para la Reforma Constitucional creada por el Poder Ejecutivo acaba de concluir sus labores con más consensos de los que se esperaban después de los desacuerdos y descalificaciones que trascendieron a la opinión pública.
Sin embargo, la principal deficiencia de la Comisión consistió en no haber integrado plenamente a los representantes de los partidos políticos, los cuales en la medida en que avanzaron los trabajos se fueron inhibiendo y ausentando de los debates.
Pero las expectativas constitucionalistas de la mayoría de los representantes de la Sociedad Civil no han quedado tan distantes de las de los partidos como para que no se produzca una negociación fructífera que abra espacio a una reforma puntual a cambio de la institución definitiva de la Asamblea Constituyente por elección popular y el referéndum.
Asamblea Constituyente
En donde no hubo sorpresa fue en el consenso que favorece la institución de la asamblea constituyente como forma de modificar la Constitución de la República. Fue aprobada sin objeción en el plenario de la Comisión, y fue favorecida por los representantes delos partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC). El Revolucionario Dominicano (PRD) no llegó a fijar una posición al respecto antes de su retiro a fines de junio.
También ha habido acuerdo para instituir el referéndum como condición para ratificar cualquier reforma a la carta magna.
Las diferencias en cuanto a la forma de participación de la Sociedad Civil persistieron hasta la última sesión plenaria el jueves 26, cuando las organizaciones sociales lograron presentar un frente común en defensa de una propuesta original del PLD que le garantizaría una representación en la eventual asamblea constituyente.
La sociedad civil perdió muchas energías y oportunidades de avanzar cuando sus representantes en la Comisión se dividieron en torno a una propuesta “idealista”, que algunos sustentaron firmemente, de que se les garantizara que pudieran elegir hasta el 50 por ciento de los constituyentes.
Los “realistas”, que postulaban una representación de las organizaciones sociales sin dejar la impresión de que disputaban el espacio de los partidos, terminaron predominando después del escándalo montado en la misma comisión por el presidente del PRD, Hatuey de Camps, quien terminó retirando a su partido de las deliberaciones.
Al final se transaron por la propuesta que había presentado el PLD, a través de su delegado, el doctor Franklin Almeyda. Esta concedía a las organizaciones sociales el derecho a postular candidatos para elegir 31 miembros de la Constituyente (equivalentes a uno por provincia y el DN) pero en una sola jurisdicción nacional, mientras los partidos postularían para escoger 150 delegados, en las circunscripciones establecidas por la Junta Central Electoral para elegir los diputados.
El sistema sería mediante dos boletas separadas, una de los partidos y otra de instituciones sociales. Para estas postular tendrían que unirse en coaliciones de no menos de diez organizaciones con personería jurídica y presentar el aval de por lo menos el uno por ciento de los votantes en las últimas elecciones generales. No podrían postular a ningún dirigente de partido político.
La representación de las organizaciones sociales, según el consenso, equivaldría al 17 por ciento de los integrantes de la constituyente, lo que se sitúa en la tercera parte del porcentaje que había aprobado en principio una subcomisión.
Tanto el representante del PLD como la doctora Licelotte Marte de Barrios, quien ostentaba la representación del ex-presidente Joaquín Balaguer, respaldaron esta propuesta. En todo momento estuvieron de acuerdo en garantizar una representación de la Sociedad Civil en la tentativa Asamblea Constituyente. También la delegación del MIUCA, del Partido de los Trabajadores Dominicanos.
El PRD no fijó posición al respecto como en casi ninguno de los aspectos, hasta su retiro. Luego su presidente comunicaría, a través de Monseñor Agripino Núñez Collado, que favorecía la participación de las organizaciones sociales en igualdad de condiciones con los partidos. Es decir, constituyéndose en agrupaciones electorales, acorde con la ley electoral.
Llamó la atención que PLD y PRSC fueron más receptivos que el PRD a los planteamientos de la sociedad civil, pese a que el líder perredeista José Francisco Peña Gómez fue el principal postulante de la constituyente con participación de las organizaciones sociales.
Principales consensos
A través de su delegado, el PLD sólo aprobó la Asamblea Constituyente, con participación de las organizaciones sociales. En todos los demás acuerdos hizo reservas, planteando que corresponderán, en última instancia a los constituyentes.
El plenario de la comisión concluyó aprobando la eliminación de los colegios electorales cerrados, 5 diputados para minorías por acumulación de votos, así como la institución de la elección de 7 diputados en representación de los residentes en el exterior y los que se acuerden mediante pactos internacionales, como el Parlamento Centroamericano, que hasta ahora son designados por el presidente de la República.
Otra recomendación ratifica que los jueces serán inomovibles después de cuatro años a prueba, al igual que los de la Suprema Corte de Justicia, con retiro a los 75 años. Amplía los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura al que traspasa la facultad de elegir al Procurador General de la República y los procuradores de las cortes de apelación.
La Comisión Especial también elevó a las dos terceras partes del Senado como condición para escoger los miembros de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y al contralor y el subcontralor general de la República. Estos dos organismos con autonomía administrativa y presupuestaria.
Siempre con la reserva del PLD, la Comisión Especial aprobó reducir al 45 el porcentaje para elegir presidente en primera vuelta, o al 40 por ciento si un candidato supera a los demás por un mínimo del 10 por ciento de los votos válidos, fórmula que rige la elección presidencial en Argentina.
Se estableció también que la justicia militar sólo tiene jurisdicción en casos de guerra, de violación a la ley orgánica y los reglamentos militares, o de acciones bajo estado de excepción declarados por el Congreso y el Presidente de a República.
Los acuerdos quedaron en manos de una comisión de redacción para ser entregados al Presidente Hipólito Mejía en los primeros días de agosto próximo.
No hubo consenso en numerosos aspectos del proyecto del Consejo Nacional para la Reforma del Estado, que sirvió de base a las deliberaciones. En varios aspectos se presentarán dos opciones.
En manos del PRD
El resultado de los trabajos de tres meses de la Comisión Especial pasa ahora a manos del Presidente de la República, que seguramente lo remitirá al Congreso Nacional y allí quedará a merced de la mayoría perredeista.
Como este partido no participó del consenso, la suerte de los acuerdos dependerá del partido de gobierno, que no ha presentado una posición definitiva sobre el particular. Su presidente Hatuey de Camps favoreció la Asamblea Constituyente, en conversaciones con monseñor Agripino Núñez Collado y dirigentes del PLD y el PRSC.
Según lo que ha trascendido, de Camps no está de acuerdo con garantizar cuota de delegados a las organizaciones sociales. Plantea que estas compitan con los partidos a través de agrupaciones independientes, de acuerdo a lo instituido en la Ley Electoral.
Según declaraciones publicadas el lunes 23 por el diario El Siglo, Hatuey de Camps favorece que el actual congreso instituya la Asamblea Constituyente, a ser electa en los comicios del próximo año, a cambio de que el actual Congreso realice algunas otras reformas puntuales a la Carta Magna.
Los legisladores han sostenido sistemáticamente que no renunciarán a su facultad de reformar la Constitución y menos para instituir la Asamblea Constituyente.
En sectores políticos perredeistas y reformistas se ha barajado la posibilidad de reformas puntuales ahora a cambio de la institución de la Asamblea Constituyente para una revisión completa de la carta magna.
Algunos dirigentes de la Sociedad Civil favorecerían la transacción, siempre que se instituya la Constituyente y el referéndum, y en base a puntos de consenso, como los de los diputados para las minorías y los residentes en el exterior, la eliminación del colegio electoral cerrado y la independencia del ministerio público.
Los dirigentes sociales también favorecen la fórmula argentina para la elección presidencial, que no ha sido formalmente vetada por el PRSC, aunque el PLD prefiere mantener la actual mayoría absoluta.
El asunto tendría que ser negociado por las fuerzas políticas predominantes en el Congreso Nacional, cosa que no se logró en la Comisión Especial
Resalta el hecho de que la mayoría de los temas de reforma barajados por los legisladores consiguieron consenso en la Comisión Especial. Persisten las diferencias en torno a la elección de los jueces y a juntar nuevamente, en un mismo año, las elecciones presidenciales con las congresionales y municipales.
Desde luego, en la Comisión Especial nunca se discutió el absurdo de la extensión del período legislativo, cinta adhesiva que une a legisladores de todos los partidos en el interés de la reforma constitucional, pero liquidada no sólo por los dirigentes de las organizaciones sociales, sino también por los órganos directivos de los partidos.
Sin esa cinta adhesiva, la mayoría perredeista está obligada a negociar con los demás partidos y a atender por lo menos parte de las demandas del resto de la sociedad para conseguir los dos tercios necesarios para la reforma constitucional, o a abandonar el proyecto, lo que satisfará a muchos que creen que lo mejor es dejar intacta la actual Constitución.
En última instancia, tendrían que conformarse con eliminar los colegios electorales cerrados y las lagunas que dejó la reforma de 1994, en lo que habría consenso general.-