A dos semanas de las elecciones congresuales y municipales la propaganda política alcanza niveles de frenesí con altísimo costo, especialmente para los candidatos a diputados por efecto del voto preferencial, llenando los espacios de radio y televisión y las vías públicas de todo el país.
Las dos formaciones políticas que polarizan el sistema político han publicado proyectos legislativos y la de oposición incluyó una agenda de acción municipal, pero muy pocos candidatos hacen referencia a los mismos en sus campañas, pese a los reclamos de instituciones y personalidades sociales.
Propaganda sin control. Como el sistema político se ha negado a establecer límites al gasto en las campañas hay candidatos que han invadido las calles y carreteras con vallas de todas las dimensiones, algunas de las cuales llegan a costar sobre 200 mil pesos semanales, según denunció esta semana el politólogo Pedro Catrain, quien dijo disponer de dos millones de pesos, fruto de pequeñas contribuciones para promover su candidatura a diputado, pero advirtió que algunos de sus contrincantes gastan más de esa suma por semana.
La mayor inversión corresponde a los candidatos a diputados, porque son los únicos que tienen una doble competencia en virtud del voto preferencial. Primero los partidos tienen que buscar ganar la mayor proporción, pero cada candidato debe tratar de hacerse visible para sus electores, lo que no necesitan quienes compiten para senadores, alcaldes, regidores, directores de distritos municipales, vocales, ni para los postulados al Parlamento Centroamericano ni para los cinco diputados por acumulación de votos.
La primera gran erogación de los casi 15 mil candidatos que luchan por los 4 mil 36 cargos electivos fue la realizada para obtener las candidaturas, aunque esta vez casi la mitad fueron asignadas por las cúpulas dirigenciales y la totalidad en las organizaciones menores. Un ciudadano que aspiraba a diputado aseguró haber gastado 9 millones de pesos en promoción, activistas y regalías para, al final, ver frustradas sus expectativas.
En la medida en que se acerca la votación, los partidos y candidatos que disponen de más recursos, especialmente del partido de gobierno, invaden la radio y la televisión sin perdonar ningún tipo de programa. Las transmisiones de los juegos del béisbol de Estados Unidos estaban saturadas esta semana de propaganda electoral, en su gran mayoría morada. La propaganda de los candidatos es predominantemente de exaltación individual y la de los partidos queda en generalidades para que siga el progreso o porque el cambio va.
Pacto con el Progreso. El Partido de la Liberación Dominicana rehuyó todo compromiso con los medios de comunicación y organizaciones sociales que promovían debates entre los candidatos, como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Lo más cercano a debates son los coloquios con candidatos diversos que viene realizando el telediario Uno + Uno de Teleantillas, que ha logrado incorporar candidatos peledeístas como Minou Tavárez y Alejandro Montás. El candidato morado para síndico de San Cristóbal, José Montás, y su contrincante del PRD, Raúl Mondesí, protagonizaron un debate el lunes en ese espacio.
El PLD fue el primero en responder a los reclamos de propuestas cuando el 15 de abril presentó su agenda legislativa de 8 puntos Pacto con el Progreso, algunos tan abstractos como el de legislar para expandir e institucionalizar la reforma de seguridad social, o el que promete garantizar la permanencia de la Tarjeta Solidaridad, estimada como un instrumento de justicia social, en vez de proponer la superación de la pobreza.
Otro punto plantea apoyar el Plan Decenal de Educación y reafirma el compromiso con la modernización del sistema educativo, cuando en diez años de gobierno se han quedado en la mitad de lo que la ley dispone para el sector. Mayores burlas ganó el propósito de una nueva ley de Etica Gubernamental, cuando se ha despreciado el código existente.
Un planteamiento muy abstracto es el de expandir e institucionalizar la reforma de la seguridad social, al igual que el de legislar para la protección del medio ambiente, materias en las cuales se cree que el país ha avanzado significativamente.
Más concretamente promete promover empleos mediante incentivos fiscales, y fortalecer las instituciones que combaten el crimen organizado y el narcotráfico con mayores recursos presupuestarios, impulsar una ley contra la extorsión criminal y organizaciones corruptas, así como adaptar todas las leyes al nuevo marco constitucional.
Las propuestas del PRD. Por su parte el Partido Revolucionario Dominicano presentó no sólo una agenda con 25 propósitos legislativos, sino también un nuevo modelo de gobernanza y gobernabilidad local, que es todo un plan de gobierno concebido para fortalecer la eficiencia y la autonomía municipal.
Como es natural en los partidos de oposición, sus proyectos son más amplios y detallados en cuanto a propósitos legislativos y de administración municipal. Concretan propuestas para un programa de empleos productivos, para una ley de primer empleo, financiamiento a la microempresa y un fondo para rehabilitar las cuencas hidrográficas.
Las reformas del Código Procesal Penal y del Código de Niños y Adolescentes, de la ley que castiga el narcotráfico para endurecerla, y una ley de reforma de la Policía figuran entre los planes para combatir la delincuencia. El programa incluye no aprobar aumentos o nuevos impuestos ni préstamos que no garanticen rentabilidad económica y social, reducir el itebis al turismo y eliminar gradualmente el gravamen del 28 por ciento al Internet.
El PRD coincide con el PLD en una ley que formalice e institucionalice la entrega de la Tarjeta Solidaridad, y en un nuevo código de ética y transparencia de la administración pública, pero se distancia al prometer la eliminación del barrilito de los senadores y modificar el contrato con la Barrick Gold sobre la mina de oro de Cotuí.
El modelo de gobernabilidad local que propone es un extenso y minucioso documento de 9 páginas a renglón seguido, que hace énfasis en la descentralización, en la transparencia municipal, en la participación social y ciudadana, en la modernización de la gestión municipal y urbanística, el ordenamiento territorial, desarrollo económico local, ordenamiento del tránsito y transporte, imagen urbana e identidad municipal, así como en la seguridad ciudadana, el saneamiento ambiental y la prevención y mitigación de desastres.
Los dos programas perredeístas son más completos, mucho más amplios y concretos que el peledeísta, pero por igual no son enarbolados por sus candidatos, algunos de los cuales ni siquiera saben de su existencia o contenido. En cualquier caso al menos las dos formaciones políticas que comprometen a 22 de los 26 partidos reconocidos han intentado responder el clamor de propuestas para que la campaña electoral no se limite a la chercha, el escándalo y el caravaneo que tantos recursos malversan.
Una campaña costosa
Aunque las erogaciones oficiales para la organización de las elecciones y la campaña electoral de los partidos serán de 2 mil 385 millones de pesos, habría que sumar muchos millones más sacados de los ahorros que acumulaba la Junta Central Electoral y el financiamiento de otras fuentes a partidos y candidatos.
De forma oficial se ha informado que del presupuesto nacional se erogaron 1,300 millones de pesos para la logística electoral y 1,085 que fueron canalizados a los 26 partidos políticos y un movimiento municipal reconocidos, el 80 por ciento de los cuales correspondieron a los dos mayoritarios.
Pero la opacidad del sistema partidista impedirá siquiera una aproximación a la suma recabada por partidos y candidatos con el sector privado, en algunos casos de sus propios bolsillos y mucho menos al dinero proveniente de fuentes ilegítimas como el lavado de activos y la sustracción de recursos estatales. Hay quienes creen que el dinero sacado del Estado, a través del gobierno central y los ayuntamientos supera con creces el financiamiento oficial, no sólo por el robo y el tráfico de influencia, los barrilitos y cofrecitos, sino también por el pago de nóminas y nominillas que se incrementan en las campañas electorales.
Es difícil aproximarse al costo de cada caravana presidencial, donde se mueven cientos de altos y medianos funcionarios, de asistentes, choferes y guarda espaldas, de soldados y policías que utilizan helicópteros y vehículos de los organismos públicos con combustibles, sueldos y dietas pagadas por los mismos.
Cualquier suma puede parecer baja si se tiene en cuenta que sólo para asistencia social los 27 senadores que buscan la reelección recibieron 685 millones de pesos en los últimos cuatro años, parte de los cuales fueron reservados para la campaña electoral.