Por Juan Bolívar Díaz

Las disposiciones de la Junta Monetaria y el pacto con los empresarios contuvo la corrida cambiaria  

            El gobierno logró esta semana contener la corrida de la tasa de cambio con algunas disposiciones de la Junta Monetaria, la firma del Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico con los empresarios y la aprobación del senado al proyecto de bonos soberanos por sólo 600 millones de dólares, como propuso el Poder Ejecutivo.

            Sin embargo, para restablecer la confianza y despejar las incertidumbres todavía está pendiente que el Senado perredeísta apruebe el proyecto de reformas que divide las funciones de la Junta Central Electoral pactado entre los partidos mayoritarios y el Presidente de la República y el presupeusto del próximo año.

            Aunque persisten resistencias entre senadores radicales, la cámara alta no tiene otra alternativa que hacer honor al consenso, a menos que quiera desautorizar al presidente Mejía y al Partido Revolucionario Dominicano, lo que agudizaría los enfrentamientos políticos y dilataría la aprobación de los bonos sobernos en la Cámara de Diputados, revirtiendo los avances de los últimos días.

Se despeja el panorama

            Sin anunciarlo expresamente, el gobierno se declaró en sesión permanente y la Juunta Monetaria sesionó sábado y domingo pasados para disponer medidas a fin de contener la corrida devaluatoria que sufrió el peso en las dos semanas anteriores.

            Consideradas insuficentes en sí mismas, se informó que se habían hecho otras recomendaciones al Presidente de la República a la par que se anunciaba para el lunes 9 la firma del Pacto por la Estabildiad y el Desarrollo Económico que el equipo económico del gobierno había acordado con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).

            El documento se firmó la mañana del lunes en el Palacio Nacional, implicando reformas al proyecto de Rectificación Tributaria que el Ejecutivo había sometido al Congreso Nacional, en los ámbitos fiscal y arancelario, llamadas a incentivar las actividades empresariales y a dar confianza al sector.

            En el documento se establece el compromiso del gobierno para ejecutar el próximo año un presupuesto “que hace énfasis en la austeridad, garantizando la atención a los pobres con una mayor focalización y cobertura de sus programas sociales”, generando un superavit fiscal de unos 100 millones de pesos mensuales.

            Conlleva un compromiso difícil de lograr, como es el de llevar las nóminas del Estado a los niveles que tenían en agosto del 2000, lo que implicaría el despedido de decenas de miles de empleados. Pero deja la esperanza de que al menos se produzca alguna reducción, por lo menos en las llamadas “nominillas”, de empleados temporeros, muchos de ellos realmente “botellas”.

            Otro compromiso del gobierno contenido en el pacto es el de una política de endeudamiento externo “más restrictiva” basada en una estrategia preparada por la Comisión que revisa los préstamos externos, y a un “control estrricto” del endeudamiento interno o avales bancarios de las instituciones públicas.

La prima en retroceso

            Las disposiciones de la Junta Monetaria, prorrogando restricciones monetarias y tendentes a evitar la especulación con las divisas, junto a la firma del pacto con los empresarios produjeron el efecto inmediato de contener la devaluación del peso. En los siguientes días de la semana la tasa retrocedió de más de 24 por uno a que había cerrado la semana hasta colocarse por debajo del 22 por uno.

            Las expectativas, incentivadas por el anuncio de que el turismo creció un 25 por ciento en noviembre, en relación al mismo mes del año pasado, es de que la tasa cambiaria pueda estabilizarse entre 20 y 21 pesos por dólar, revirtiendo en parte el proceso inflacionario desatado.

            El proceso de recuperación de la estabilidad tuvo otro ingreidnete de incentivo cuando el miércoles el Senado aprobó el proyecto original del Poder Ejecutivo de 600 millones de bonos soberanos, pese a la persistencia de un puñado de senadores en elevarlos a 750 millones supeustamente para adquirir acciones de las distribuidoras de energía.

            El gobierno, y particularmente su gabinete económico, se anotó un punto, reduciendo el protagonismo de varios senadores perredeístas que no tuvieron el valor de retirar su moción.

            Al concluir la semana el mercado cambiario lucía a la expectativa, aún sin recuperar la normalidad, ya que la oferta de divisas era limitada. Estaba por verse aún sin el retroceso en los niveles de devaluación era definitivo o fruto de la presión de las autoridades.

            Las medidas adicionales recomendadas al Ejecutivo por la Junta Monetaria no se han conocido, pero se supone que estaban incluídas en el pacto firmado por el gobierno con la cúpula del empresariado, algunos de cuyos líderes todavía aguardan la decisión senatorial en torno al presupuesto del 2003 y la reforma de la ley electoral.

            La persistencia de senadores perredeístas en modificar el consenso sobre la JCE e introducir modificaciones en el proyecto de presupuesto, mantenia la opinión pública a la expectativa.Todavía el jueves los senadores Pedro Antonio Luna, César Díaz Filpo y César Augusto Matías persistían en declarar que sólo aumentarán el número de jueces electorales, pero que rechazan la división de funciones de la JCE considerándola inconstitucional.

Hipólito se la juega

            Fuentes de crédito dan por hecho que el Senado aprobará la reforma de la ley electoral como fue consensuada por los tres partidos mayoritarios y el presidente Mejía. Se afirma que el mandatario fue claro en pedir a los senadores, durante una reunión celebrada a principio de semana, que acogieran el consenso político y le evitaran mayores dificultades al gobierno.

               En los más cercanos colaboradores del presidente Mejía como en la cúpula del perredeísmo existe la convicción de que no es posible desconocer el pacto para dividir las funciones de la JCE sin causar graves dificultades políticas con repercusiones en la delicada situación económica.

            La cuestión luce más complicada por cuanto los voceros de los dos partidos mayoritarios de oposición han condicionado la aprobación de los bonos soberanos a que el Senado perredeísta acoja el acuerdo sobre la ley electoral, con la amenaza de volver a retirar sus legisladores del Congreso Nacional.

            El desconocimiento de ese pacto dejaría muy mal parado al Presidente Hipólito Mejí, desautorizándolo para cualquier otro tipo de acuerdo y sembraría dudas sobre el cumplimiento del pacto con los empresarios.

            Debe tomarse en cuenta que el texto del pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico comienza ponderando el proyecto de reforma electoral y expresando confianza en que será aprobado “tal como fue consensuado”.

            Una actitud intransigente de los senadores perredeístas también entraría en contradicción con el discurso del presidente Mejía al firmar el pacto con los empresarios, en el cual llamó a sus adversarios políticos “a luchar juntos para que las tareas de construcción de una sociedad más justa y equitativa no se vea obstaculizada por intereses partidistas”.

            En la misma pieza, el mandatario apeló a los medios de comunicación “para que en lo adelante forjemos una sólida alianza que contribuya con la estabilidad, la tranquilidad, la confianza y la paz social”.

El PRD a prueba

            Más allá del protagonismo de tres o cuatro de sus senadores, la situación pone nuevamente a prueba la capacidad del perredeísmo para actuar coherentemente desde el poder. Rechazar el acuerdo sobre la JCE implicaría una desconfianza definitiva en su capacidad para pactar con el resto de la sociedad.

            Entre dirigentes perredeístas, como en el gobierno, existe la convicción de que los senadores finalmente aprobarán la reforma electoral y trasladarán su protagonismo a reformular algunas partidas presupuestarias, aunque no lleguen tan lejos como propuso el senador por Independencia que abogó por incluir dos carreteras y un camino vecinal.

            La prolongación del debate sobre la reforma electoral sólo serviría para mantener las incertidumbres y bloquear la aprobación de los 600 millones de dólares en bonos soberanos, llamados también a contribuir en la estabilidad de la tasa de cambio.

            Una rápida aprobación no sólo agilizaría los bonos soberanos, sino que también contribuiría a fortalecer la recuperación de la confianza en la capacidad del gobiernio y su partido para atender a los reclamos de la opinión pública.

            En términos puramente políticos, una negativa del Senado frente a la reforma electoral profundizaría la distancia que tiende a tomar el Partido Reformista Social Cristiano del gobierno y lo acercaría al Partido de la Liberación Dominicana, lo que es una mala inversión a 17 meses de los comicios presidenciales y con un diferendo que afectaría el proceso electoral.

            Los que llevan anotaciones no habrán pasado por alto que esta semana emergió un público cuestionamiento a la posición del presidente del PRSC, por parte de dos precandidatos presidenciales, Federico Antún y Héctor Rodríguez Pimentel, y del dirigente Leonardo Matos Berrido. Tras celebrar una reunión éstos acusaron públicamente a Rafael Bello Andino de colaboracionista con el gobierno,. Reclamándole tomar distancia.

            La crítica fue más significativa por cuanto estos tres dirigentes reformistas eran de los señalados como promotores de acuerdos con el PRD y su gobierno. Rodríguez Pimentel fue hasta hace poco cónsul en Haití y Matos Berrido es embajador en Italia.

            Más allá de los pataleos y de una pretendida independencia a ultranza de los legisladores perredeístas, no tienen alternativa a la aprobación de la reforma electoral. Y mientras más pronto se produzca será mejor para despejar las incertidumbres y afianzar la recuperación de la confianza en su gobierno, fundamentales en esta coyuntura para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica nacional y para el futuro inmediato de su partido.-