Por Juan Bolívar Díaz

La penalizante tanda de apagones, los incrementos de precios y la crisis del PRD neutralizan los efectos distensivos que se esperaban de los Juegos Panamericanos

             Anunciado el acuerdo que se espera definitivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) las expectativas de las autoridades nacionales siguen cifradas en que produzca una contracción significativa de la tasa cambiaria y reduzca las tendencias inflacionarias que afectan la economía.

            En lo inmediato nuevos incrementos en los precios de los combustibles y anuncios de inminentes alzas en la tarifa de la energía eléctrica junto a la persistente crisis en el partido de gobierno, siguen presentando inciertos los planes políticos del Presidente Hipólito Mejía.

La tanda de apagones que sufre el país desde hace varias semanas no ha mermado ni siquiera en ocasión de los Juegos Panamericanos manteniendo el disgusto de la ciudadanía, expresado en crecientes protestas sociales, y neutralizando los efectos distensivos que se esperaban del evento internacional que se ha desarrollado con significativo éxito.

El acuerdo con el FMI

            El acontecimiento más significativo de la semana ha sido el anuncio del Banco Central dominicano y de las autoridades administrativas del FMI sobre un acuerdo Stand-By que implica un amplio programa con el objetivo de estabilizar la economía nacional.

            Las autoridades nacionales no solo entregaron a conocimiento público la carta de intención sino la totalidad del acuerdo que esperan sea firmado a fines de este mes, tras su aprobación por el directorio del organismo internacional. Implica los memorandos sobre políticas económicas y técnico de entendimiento, un plan de acción para una fuerte reforma del sector financiero, así como las metas cuantitativas, medidas previas, criterios de desempeño estructural e indicadores estructurales para lo que resta de este año y el 2004.

            El acuerdo comprende una gran cantidad de acciones tendientes al saneamiento del sector financiero para evitar nuevas ocurrencias como las que determinaron las quiebras bancarias que han desestabilizado la economía nacional, así como reformas fiscales a ejecutarse el año próximo y que se estiman fundamentales para revertir la crisis y recuperar la estabilidad y el crecimiento económico.

            Pero tal como reconocieron los funcionarios del área económica del gobierno, el acuerdo implica en lo inmediato una fuerte recesión de la economía nacional, por vía de la reducción del gasto y hasta de la inversión pública, como por la disminución de la inversión privada.

            El país recibirá ayuda del FMI por 618 millones de dólares pero sujeta a evaluaciones bimestrales en lo que resta del año y trimestrales a partir del 2004. Abrirá las puertas para ejecutar proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial por otros 600 millones de dólares.

            Sin embargo, los efectos de esa inyección de divisas serán progresivos como su recepción, que empezaría con 100 millones de dólares del Fondo Monetario. Los proyectos están sujetos a programas de ejecución que se espera puedan estar en marcha en los 24 meses de vigencia del acuerdo.

            Contrario a las ilusiones de algunos dirigentes perredeístas, es muy probable que antes de las elecciones del próximo mayo, no se haya recibido más de la tercera parte de los mil 200 millones de dólares que conlleva el programa financiero. Eso quiere decir que la mayor parte de sus efectos positivos no se habrán reflejado para la campaña electoral.

            La estrecha vigilancia de una misión permanente del FMI y las evaluaciones de cada dos y tres meses, obligará al gobierno a cumplir las metas a que se ha comprometido o de lo contrario tendría que afrontar las consecuencias negativas de la paralización del programa.

Mayores penalidades

            Además del recargo del 2 por ciento a las importaciones y la comisión del 0.15 por ciento a los cheques bancarios, acordados en la primera fase de las negociaciones y ya en vigencia, se ha agregado ahora el recargo temporal del 5 por ciento a las exportaciones y el turismo.

            Desde este mismo fin de semana vienen nuevos aumentos de precios a los combustibles y un alza mensual del 3 por ciento a la tarifa de la energía. El gobierno busca prorratear el efecto inflacionario de esto último, pero el documento entregado no indica durante cuantos meses se aplicará, aunque señala que será “hasta llegar al nivel necesario para cubrir los costos”. Ya antes se había dicho informalmente que la tarifa de la electricidad tendría que ser elevada por lo menos en un 40 por ciento.

            Sólo los residentes en la marginalidad barrial escaparán de esos aumentos, manteniéndose el subsidio que reciben, incrementado ahora por la devaluación, y que sería cubierto con unos 3 mil millones de pesos que daría en lo que resta del año el recargo a las exportaciones.

            Los estrategas gubernamentales andan buscando otras fórmulas para recaudar recursos extraordinarios, como la decretada el jueves consistente en el cambio de las placas de los vehículos de motor, con tasas que oscilan entre mil 250 y 2 mil 245 pesos.

               La población pagará mayores penalidades con el desempleo que conlleva la recesión económica, y con la reducción de la inversión pública que dejará paralizadas hasta el final del actual gobierno centenares de obras, prosiguiéndose una práctica que data de las últimas dos décadas, aún en los años noventa de estabilidad y crecimiento.

            En los escenarios contemplados en el acuerdo con el FMI la economía sufrirá un descrecimiento del 3 por ciento al finalizar este año para repuntar en los fnales del 2004 cuando se espera vuelva a crecer pero sólo en 0.5 por ciento. Mientras la inflación prevista para el 2003 es del 35 por ciento, 12 puntos más que lo registrado en la primera mitad del año.

Un creciente disgusto

            Lo que se respira en todos los sectores sociales es un creciente disgusto con la gestión gubernamental, a la que se responsabiliza hasta más allá de lo razonable por la totalidad de la crisis económica, sin considerar los efectos derivados de factores internacionales y los de la irresponsabilidad de una parte considerable del sector financiero privado.

            La tanda de apagones de las últimas semanas, que en algunas regiones llegan a 18 horas por día, exacerba el ánimo de la población. El hecho de que muchas plantas no hayan sido encendidas ni siquiera en ocasión del compromiso internacional de los Juegos Panamericanos, indica la precariedad financiera que afecta al sector. Mientras el precio del petróleo se mantiene impertérrito sobre los 31 dólares el barril, en el índice de West Texsas, que es el de referencia para el país.

            Las alzas de la electricidad y los combustibles están llamadas a acelerar aumentos de precios en los productos y servicios nacionales, incluyendo el transporte, lo que será un inflamante caldo de cultivo para las protestas sociales que han comenzado a enfrentar las autoridades.

            Aún en medio de los Juegos Panamericanos, y pese a la represión policial que tuvo expresiones de barbarismo en la incursión al local sindical donde hirieron de cartuchazos al sindicalista Pérez Figuereo, las protestas han aumentado de frrecuencia y volumen de participantes. Especialmente en el Cibao, donde el jueves dejaron dos muertos, uno en Santiago y otro en Puerto Plata. Se expresaron también en San Francisco de Macorís, La Vega, Montecristi y otras comunidades menores de la región. Los apagone que castigan a la región Norte han sido el principal incentivador de las protestas, algunas acompañadas de violencia callejera.

          Por más vueltas que se le dé a las perspectivas nacionales, nadie encuentra explicación al intento continuista del gobierno que esta semana tuvo una nueva expresión con la licencia tomada por los secretarios de Agricultura e Interior y Policía, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y el Director de Aduanas, para dedicarse a promover la precandidatura del agrónomo Hipólito Mejía.

            Ocurrencia como esa en vez de mejorar la imagen del gobierno incentivan el rechazo de la ciudadanía con expresiones como los abucheos en los escenarios de los Juegos Panamericanos.

Nueva fase de la crisis del PRD

            La crisis que sacude al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) entró esta semana en una nueva fase de mayor enfrentamiento, cuando los 7 precandidatos que compiten con el presidente Mejía por la nominación presidencial suscribieron un “pacto estratégico” por la unidad y el respeto a los principios doctrinarios de la organización, que estiman imprescindibles para poder triunfar en los comicios del año próximo.

            Ratificaron su propuesta de que se celebre un plebiscito para consultar al partido sobre si acepta dejar atrás el principio antireeeleccionista que ha pautado al PRD desde su fundación en 1939.

            La vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, el presidente del partido, Hatuey de Camps, Rafael Suberví Bonilla, Enmanuel Esquea, Ramón Alburquerque, Rafael Abinader y Rafael Flores Estrella se comprometieron a mantenerse en consulta permanente y a no realizar ninguna negiociación particular, “sino siempre de manera conjunta en todo lo referente a la unidad del partido y a posibles acuerdos entre precandidatos de cara a la Convención Nacional”.

            El pacto fue la respuesta a los anuncios de dirigentes del PPH, el grupo del presidente Mejía, de que procederían a dar los pasos para convocar la convención nacional para elegir el candidato presidencial.

            Esa amenaza tuvo el efecto de radicalizar hasta a Rafael Suberví Bonilla, el secretario de Turismo, que había mantenido una actitud más abierta hacia el grupo del primer mandatario.

            Un vocero dijo que los siete pactantes están convencidos de que una imposición del PPH apoyada en el poder que da el gobierno no sólo sería nefasta para la unidad del partido, sino que además empujaría al PRD fuera del poder en mayo del 2004.

            Por del momento el pacto de los siete precandidatos antirreeleccionistas es un nuevo tropiezo para los planes del presidente Mejía, en medio de las incertidumbres económicas y obligaría a una transacción a corto plazo a menos que se quiera prolongar indefinidamente una crisis que debilita al partido y al gobierno.-