Un cuarto de siglo de consultas y pactos político-sociales

 1992: Tras varios años de concertaciones con organizaciones empresariales y sindicales el Congreso Nacional aprueba un nuevo Código Laboral

1992: Con participación de decenas de organizaciones sociales y tras amplias consultas, hasta a nivel municipal, se aprueba el Primer Plan Decenal de Educación, seguido luego por otros dos

1993-94 Consultas a líderes sociales y concertación de la Fundación Siglo 21 que concluyen con los acuerdos de «Una Reforma Política para el Futuro Dominicano», firmados por representantes de los partidos, excepto el PRSC

1994: Pacto por la Democracia firmado por partidos y organizaciones sociales para la reforma de la Constitución y de la ley electoral y elegir una Junta Central Electoral «cuyos miembros no sean representantes de los partidos»

1995: Acuerdo de los Partidos Políticos para la Adecuación de la Ley Electoral, auspiciado, previas consultas, por la Fundación Siglo 21

1995-96: Con 26 eventos de consultas nacionales, regionales y provinciales queda formulado el Plan Nacional de Desarrollo Social

1996: Una amplia coalición de organizaciones sociales, encabezada por el movimiento Participación Ciudadana observa las dos vueltas para la elección presidencial. Realizan conteos rápidos con aceptación de la JCE y los partidos. Se repetiría en los siguientes procesos electorales nacionales.

1996-97: Se instituyen por decretos la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado y la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, ambas con representación del liderazgo social

1997: Activa participación de las organizaciones sociales en el proceso de elección de una nueva Suprema Corte de Justicia. 12 de 16 jueces fueron propuestos por decenas de organizaciones sociales y electos por el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el Presidente Leonel Fernández

1997-98: El gobierno convoca un Diálogo Nacional integrando a los partidos y a cientos de organizaciones sociales en un extenso proceso de consultas y discusiones que terminan con la aprobación de unas 300 propuestas de reformas institucionales, políticas y sociales.

1998: Numerosos foros regionales, provinciales y sectoriales del DN, auspiciados por el gobierno presentan cientos de propuestas para la reforma   constitucional, predominando la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Están recogidas en el libro «El Pueblo Discute su Constitución»

1998-99: Delegados de los partidos reconocidos y de entidades sociales acuerdan un Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas en el marco de la Comisión Presidencial para Reforma y Modernización del Estado

1998-99: La elección de una nueva Junta Central Electoral unilateralmente por el Senado con mayoría del Partido Revolucionario Dominicano y la suspensión del presupuesto del  organismo por parte del gobierno, origina una crisis política. Con mediación de personalidades sociales se acuerda una ampliación de cinco a siete miembros para que los partidos de oposición presenten dos candidatos a jueces de la JCE

2000: Para disipar desconfianzas e incertidumbres, la JCE acoge la propuesta de Participación Ciudadana de realizar, junto a CAPEL-IIDH, una auditoría al nuevo padrón electoral con fotografía integrada. El padrón pasa la prueba.

2000: El presidente Hipólito Mejía instituye el Consejo Nacional para Reforma y Modernización del Estado, con representación del liderazgo social

2000-01: El Congreso Nacional auspicia un extenso proceso de consultas en foros provinciales y locales incluyendo ciudades de EU y negociaciones con decenas de instituciones empresariales, sindicales y profesionales para aprobar la Ley 87-01 que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social

2001: Tras años de demandas de las instituciones sociales, y mediante un programa de consultas, el Congreso Nacional aprueba la Ley 19-01 de Defensor del Pueblo, que tomaría 12 años para ser implementada

2001: El decreto presidencial 410-01 constituye una Comisión Especial para la Reforma Constitucional, integrada por delegados de los partidos reconocidos, de 15 instituciones sociales y 12 reconocidos juristas. Tras 6 meses de consultas y debates acuerdan un proyecto de Constitución para someterlo a una Asamblea Constituyente

2002-04: Con participación de dirigentes sociales opera una Comisión de Seguimiento a la Junta Central Electoral que, entre otras cosas, promueve la Ley 02-03 que separa las funciones administrativas de las contenciosas de la Junta Central Electoral y amplía los integrantes del organismo, a solicitud de los partidos de oposición, encabezados por el de la Liberación Dominicana. Propone directores de Informática y del Registro Civil de la JCE

2002 al 2008: Los tres partidos dominantes solicitan a Participación Ciudadana la observación de sus elecciones primarias de candidatos

2004: El Congreso Nacional aprueba la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, consensuada atendiendo a demandas de múltiples organizaciones sociales.

2004: El decreto 1082-04 crea e integra los Gabinetes de Política Institucional, de Política Económica, de Política Social y de Política Medioambiental y Desarrollo Físico con participación de 37 organizaciones sociales

2005: El decreto 13-05 instituye el “Consejo Económico, Social e Institucional”  como órgano consultivo del Gobierno, con  participación de diversas organizaciones de la sociedad civil y del Estado, que operaría como  órgano de consulta y concertación

2005: Después de 15 años de consultas, seminarios y consensos político-sociales se aprueba la ley 122-05 Sobre Asociaciones Sin Fines de Lucro, que crea el Centro Nacional de Fomento de Organizaciones sin Fines de Lucro, que integra representantes de ONG y del sector público

2006: Entra en vigencia el Plan Decenal de Salud 2006-15, promovido por la Secretaría de Salud Pública que partió de una versión preliminar del 2004, con base en un proceso de amplia participación de la sociedad en 32 consultas provinciales

2007: Tras un largo proceso de consultas político-sociales que duró varios años, el Congreso Nacional aprueba la Ley 176-07 sobre Municipios y el DN

2008: El gobierno auspicia un nuevo proceso de consultas y discusiones para  la reforma constitucional con decenas de foros regionales, provinciales y locales, que abarcan a ciudades de Estados Unidos, el cual arroja cientos de propuestas

2008: Se promulga la Ley de Función Pública 41-08, fruto de un extenso proceso de consultas y seminarios con participación de las organizaciones sociales y estatales

2008: El Congreso aprueba la Ley General de Defensa de  la Competencia 42-08, que crea la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, tras varios años de consultas con expertos nacionales e internacionales y organizaciones sociales

2009: Por convocatoria del presidente Leonel Fernández se realiza la Cumbre por la Unidad Nacional ante la Crisis Mundial, con la participación de la mayoría de los partidos políticos y de cientos de entidades sociales.  Alcanzan decenas de acuerdos

2009-10: El gobierno y organismos internacionales auspician un largo proceso de consultas con instituciones sociales y expertos que concluyen proclamando las Iniciativas Participativas Anti Corrupción (IPAC), para promover la transparencia y reducir la corrupción

2010: Se promulga la Constitución que más consultas y consensos previos ha tenido en la historia nacional, la que define a la República Dominicana como un «Estado Social y Democrático de Derecho»

2011: El Congreso Nacional aprueba las leyes orgánicas 30-11, del Consejo Superior del Ministerio Público, y 133-11 de Ley Orgánica del Ministerio Público, tras varios años de consultas sociales

2011: Diez candidatos presidenciales firman el «Compromiso Político Social por  la Educación» promovido por un conjunto de organizaciones sociales bajo la denominación de Coalición por una Educación Digna

2012: Con la aprobación de la Ley 1-12 el Congreso Nacional culmina un  proceso de consultas y concertaciones que durante varios años dieron origen a la Estrategia Nacional de Desarrollo

2012: Múltiples consultas sociales originadas en la Organización Nacional de Administración de Personal, convertida en Ministerio de Administración Pública, culminan con la promulgación de la Ley Orgánica 247-12 de Administración Pública

2012: Casi todos los candidatos presidenciales, incluyendo a los de los partidos mayoritarios, se comprometen con organizaciones sociales a aprobar la Ley de Partidos y del Régimen Electoral cuando concluya el proceso electoral

2012: Los candidatos presidenciales firman con Participación Ciudadana como capítulo nacional de Transparencia Internacional el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad

2012: El gobierno convoca a las organizaciones empresariales, sindicales y sociales a discutir el Pacto Fiscal que dispuso la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Fracasa el intento y se produce otra reforma tributaria.

2013: Tras varios años de consultas entre organismos públicos y sociales se promulga la Ley 105-13 Sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano, aúin pendiente de reglamentación, más de tres años después

2014: Tras meses de consultas y con participación de la  Coalición por una Educación Digna que reúne a decenas de entidades sociales, el gobierno concluye el Pacto Educativo dispuesto por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo

2015-16: Con participación de organizaciones empresariales, sindicales y sociales se discuten en el Consejo Económico Social las bases para el Pacto Eléctrico que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo

2016: Es promulgada la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16, consensuada durante varios años entre  legisladores, funcionarios públicos y  representantes de entidades sociales

         Todas estas concertaciones han constituido una plataforma de avances institucionales,  de fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad, auspiciadas por los gobiernos de los tres partidos que han dominado el Estado dominicano tras la dictadura de Trujillo.

         En todo lo que ha tenido relevancia en la sociedad dominicana del último cuarto de siglo ha participado activamente la sociedad civil, en sus múltiples expresiones de organizaciones empresariales, sindicales, profesionales, académicas, sin fines de lucro, religiosas, populares y comunitarias.

         No ha habido una sola ley importante, sea orgánica o códigos, laboral, civil o penal, de seguridad social o seguridad ciudadana,  que no conllevara consultas y búsqueda de consensos La participación de la sociedad civil dominicana ha sido relevante en todos estos procesos, en unos más que en otros, pero por lo menos ha predominado la consulta.

         En un «Estado Social y Democrático de Derecho» es fundamental la participación de la ciudadanía, como la proclaman los  numerales 4 y 5 del artículo 22 de la Constitución de la República que establecen como derechos «Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuestas de las autoridades», y «denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos».

         Más aún, el artículo 75 constitucional dispone, como deber ciudadano fundamental, «Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública».  

         No hay la menor razón para que la  participación ya lograda no  prosiga con  las leyes de partido y del régimen electoral, que se vienen discutiendo desde hace más de dos décadas, y en la selección de los integrantes de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y las altas cortes, como ya ocurrió antes. Si en procesos anteriores la participación y los aportes de la sociedad civil fueron valorados positivamente, y ahora se reclama lo que anteriormente fue aceptado ¿por qué antes sí y ahora no?

                                                               Septiembre del 2016.-