PC: un cuarto de siglo después

Por Juan Bolívar Díaz

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Hace ya 25 años que un grupo de profesionales sin militancia partidista, mujeres y hombres, iniciamos un proceso de reflexión sobre las miserias institucionales, políticas, sociales y económicas del país, convencidos de que nuestras responsabilidades iban más allá de la satisfacción de necesidades, lo que ya nos habíamos garantizado por el trabajo.

Primero fueron reflexiones derivadas de la experiencia que nos dejó la participación en una comisión de verificación de los resultados de las elecciones generales de 1990, manchadas por el abuso del poder, fraudes y manipulaciones que caracterizaron los procesos electorales en los que Joaquín Balaguer se impuso como presidente. No se pudieron reunir las pruebas tangibles del fraude, aunque los indicios saltaban por doquier y con abstención del 40%. Balaguer “ganó” con 35% del sufragio, equivalente al 20% del padrón electoral. Juan Bosch recibió 34%, J. F Peña Gómez 23 y Jacobo Majluta el 7%.

Las reflexiones se fueron transformando en consultas a grupos capitalinos y de Santiago, luego en encuentros en los que se discutieron las reformas fundamentales que requería la sociedad dominicana, especialmente para borrar el pasado de imposiciones caudillistas, y culminarían casi dos años después en la creación del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), impulsado por unas doscientas personas vinculadas a entidades académicas y organizaciones sociales. .

Los pesimistas y los manipuladores no le daban ni un año de existencia y apostaban a que sería un partido político para buscar posiciones en el Estado. PC inició el 31 de octubre su vigésimo cuarto año de existencia sin tregua, sin haber pasado ninguna crisis institucional y sin haber quebrado su naturaleza apartidista y pluralista.

La supervivencia y éxito de PC, con amplio reconocimiento nacional e internacional, se deben en primer lugar a la coherencia con las prácticas democráticas, con operatividad de sus organismos y estatutos, y en segundo lugar a la honestidad, dedicación e integridad de sus dirigentes y militantes que han ofrendado su tiempo en aras de la institucionalidad democrática, de la educación para la ciudadanía, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y de la concertación social y política.

Aunque la maledicencia de los objetores ha pretendido que los dirigentes del movimiento cívico recibimos paga de organismos internacionales, es lo contrario, pues siempre hemos pagado cuotas mensuales y aportes coyunturales, y dispuesto de nuestros automóviles, sin reclamar combustibles ni dietas en los viajes por todo el país. Sólo un limitado personal técnico y administrativo es remunerado, y estatutariamente no forma parte de los organismos decisivos, integrados sólo por voluntarios.

PC ha desarrollado decenas de proyectos educativos, de investigaciones, participativos, de publicaciones, servicios como sus 9 Casas Comunitarias de Justicia, o su docena de observaciones electorales, incluidos conteos rápidos de asombrosa rigurosidad técnica y acierto, que involucraron a más de 60 mil ciudadanos, mayoritariamente jóvenes.

El movimiento cívico no fue concebido para convertirse en una organización de masas, y desde el principio se autodefinió como un órgano de presión, concertación y vinculación con los poderes públicos y políticos, y la sociedad civil para promover la institucionalidad democrática y la participación social.

PC ha recibido mucho apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, de la Unión Europea, Banco Mundial, BID, OEA, Instituto Nacional Demócrata de EU, del gobierno de Canadá, del Reino Unido, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su CAPEL. Ha sostenido acuerdos con organismos y comisiones estatales, como el Congreso, la Suprema Corte, Procuraduría y Contraloría, JCE, Cámara de Cuentas, ayuntamientos, y con los partidos políticos. Sus auditorías e informes están en la internet.
Reconocimiento a sus fundadores, a sus dirigentes y técnicos, a sus colaboradores y voluntarios que siguen soñando mientras caminan, con la convicción de que es posible una mejor nación dominicana.

El congreso del PLD agudiza las tensiones

Por Juan Bolívar Díaz
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La proximidad del inicio del Octavo Congreso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha agudizado las tensiones entre quienes aspiran a una renovación dirigencial con miras a la candidatura presidencial del 2016 y los leonelistas que entienden que debe volver quien les ha permitido disfrutar del poder durante 12 años.

Entre seguidores y voceadores del expresidente Leonel Fernández no se oculta la inconformidad con la gestión de Danilo Medina y su sello de austeridad y moderación y buscan mediatizar una renovación pendiente de cargos gubernamentales que daría más independencia y protagonismo partidario al actual mandatario.

Almeyda lanza dardos

Cinco días después Franklin Almeyda, también fundador del PLD, cuestionó a Jiménez por haber descalificado a Fernández, y reivindicó al expresidente como virtual candidato, al sostener que la unidad alrededor de éste y de Medina es lo que les garantiza retener el poder en 2016. El exministro de Interior y Policía del pasado Gobierno, y uno de los pocos altos dirigentes sin cargo gubernamental ahora, atacó directamente al ministro de la Presidencia de Medina, Gustavo Montalvo, a quien acusó de pretender reducir la presencia del PLD en el Gobierno y de rodearse de gente de la sociedad civil, advirtiendo que los peledeístas pelearán para no dejarse desplazar.

También se quejó de que gente del gobierno asume que en el pasado régimen no se hizo nada, afirmando que el programa de seguridad ciudadana anunciado por el actual gobierno es el mismo que él impulsó en el pasado. Según Almeyda elementos que rodean a Montalvo forman parte de una especie de conjura para debilitar al PLD, en la que incluyó al Consejo Nacional de la Empresa Privada, el movimiento Participación Ciudadana y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Los “infiltrados” de la sociedad civil a que alude Almeyda son viceministros, asesores y directores que como Antonio Isa Conde, Ramón Tejada Holguín, Luis Henry Molina y Pedro Luis Castellanos integraron el equipo técnico del sector externo que apoyó a Danilo Medina en la campaña electoral y del que formaron parte también varios empresarios, pero ninguno dirigente del CONEP, entre ellos el Ministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y el Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

Ya en el gobierno Medina integró como asesores económicos a Nelson Suárez e Isidoro Santana. Una dirigente peledeísta confió que estos dos “han causado irritación porque fueron muy críticos de la política económica del gobierno de Leonel e ideólogos  del Foro Ciudadano y del Centro Juan Montalvo de los jesuitas”.

Amarante dispara la alarma

La rapidez y contundencia con que Carlos Amarante Baret, uno de los peledeistas que apoyó a Medina cuando los leonelistas le cerraron el paso para el 2008 y también cuando lo intentaron para el 2012, respondió al día siguiente a Almeyda, disparó la alarma en el partido. No se anduvo con diplomacia ni medias tintas en una declaración escrita de 14 párrafos que él mismo distribuyó a los medios informativos.

Amarante, actual director del Instituto Dominicano de  Telecomunicaciones, no se limitó a defender a Montalvo, sino que acusó a Almeyda de “confrontar al Presidente de la República”, emplazándolo a dar la cara en la reunión que esa noche sostendría el Comité Político del partido. Y, más aún, advirtió que si Franklin decide llevar a cabo una línea de denuncias contra el régimen, “vamos a movilizar a las bases para defender el gobierno de Danilo Medina, que es del Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados”.

Temístocles, Felucho, Almeyda y Amarante tienen en común que son de los 26 integrantes del Comité Político, que en su reunión del martes 16 pidió un alto al fuego y hasta decidió reunirse cada quincena para que se puedan debatir allí, en familia, las diferencias que han creado tensiones.

Irrumpen otros actores

Por primera vez se reportó que hubo peledeístas con carteles al frente del local donde sesionaba el máximo organismo ejecutivo. Y desde las bases partidarias saltaron  al escenario público otros protagonistas, cuando 53 presidentes de comités intermedios, miembros y exmiembros del Comité Central anunciaron una propuesta conjunta de reformas estatutarias, luego de haber sopesado la Constitución, varias leyes adjetivas y los anteproyectos de leyes de partido que reposan en el Congreso Nacional.

Dijeron que también sopesaron los estatutos, la declaración de principios del partido, y que luego de haber “estudiado la teoría boschista” decidieron formular su propuesta de reformas “retomando los principios que nos dieron origen”. Expresaron esperanzas de que la mayoría de los delegados aprueben sus propuestas y que luego no se repitan “las flagrantes violaciones” de que fueron objeto resoluciones de anteriores congresos.

El grupo que tuvo como vocero público al secretario de Medio Ambiente del PLD, Paíno Abréu, plantea que no se abulte la matrícula del Comité Central como se ha propuesto al Congreso. En cambio el dirigente intermedio Jimmy García se quejó de que no se propone elegir los integrantes del Comité Político y el Comité Central, que se auto prolongaron su período apelando a la ratificación de un plebiscito en el 2011, junto a la elección del candidato presidencial, reprobado por el 30 por ciento.

No han dado tregua

Las tensiones en el PLD se originan en que Leonel Fernández y sus seguidores no han dado tregua y se han mantenido moviéndose para garantizarse el retorno al poder en el 2016, mediatizando los esfuerzos de Danilo Medina por imprimir su propio sello al gobierno, y porque seguidores del mandatario no han olvidado las afrentas e intentos de aniquilamiento que sufrieron.

A diferencia de lo que es normal, ejemplos de México y Brasil, donde los presidentes salientes, aún del mismo partido, se inhiben algún tiempo, Leonel Fernández parece haber seguido el camino de su amigo Alvaro Uribe, cuyo prolongado protagonismo lo ha llevado a confrontar el gobierno de Juan Manuel Santos. El dominicano se ha mantenido pronunciando discursos, incluso en vísperas de los de Medina, como ocurrió a los cien días y antes del informe presidencial del 27 de febrero cuando en una asamblea de dirigentes del PLD y en mítin ante el Altar de la Patria, pronunció discursos de corte electoral adelantando que su partido “gobernará durante 20 años” y después que “será una fábrica de presidentes”.

Eso mientras el 25 de febrero, Diario Libre recogía el anuncio del alcalde capitalino Roberto Salcedo, de que “estoy trabajando para que Leonel vuelva a la Presidencia en el 2016”. Y la inmensa maquinaria mediática montada por Fernández no ha cesado de promoverlo y darlo como candidato seguro en el 16, sin economizar críticas abiertas y sutiles e intentos de chantaje al gobierno de Medina.

Hasta se burlan de Danilo

Los leonelistas se han burlado “de la austeridad de Danilo”. Se quejaron de que transparentara el inmenso hoyo fiscal que le heredaron, de que no reprimieran las manifestaciones y “juicios populares” contra Leonel, de su rectificación del reparto de Bahía de las Aguilas, de su denuncia del infame contrato con la Barrick Gold, de que no reprimieran las manifestaciones y hasta de que recibiera en el Palacio Nacional a Hipólito Mejía, quien obtuvo el 47 por ciento de los votos en mayo pasado. Además del Ministro de la Presidencia, también han denunciado agriamente la gestión del  Procurador General y de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional y hasta la del ministro de Economía, a quien algunos tratan de “traidor”.

Ese protagonismo y abiertas provocaciones han causado escozor entre danilistas e independientes, algunos incluso se quejan “de la paciencia” con que el presidente se ha conducido, otros reclaman las remociones de funcionarios ejecutivos, diplomáticos, militares y policiales que esperaban al inicio del gobierno y que luego se voceaba que vendría el 27 de febrero. La incesante promoción de Fernández, a quien atribuyen “buscarse distinciones en el exterior para reafirmarse en el interior”, es lo que ha movilizado a quienes creen en la renovación del liderazgo y los candidato.

Un excelente observador cercano al presidente sintetizó la situación, expresando su convicción de que “la sangre no llegará al río, porque todos los sectores se necesitan”, pero también advirtió que las tensiones aumentan en la medida en que los peledeístas perciben que ningún partido amenaza su reinado. “La falta de oposición externa desplaza las luchas a lo interno del PLD”.

Diagnóstico de deterioro político e institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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La encuesta del 2012 sobre cultura política de la democracia en República Dominicana diagnostica un progresivo deterioro de la confianza de la ciudadanía en el sistema político y las instituciones estatales, situándose en los más bajos niveles entre 26 países del continente.

El estudio, que es parte del proyecto académico internacional “Barómetro de las Américas”, fundamenta las críticas que se hacen al sistema político dominicano, y los reclamos de reformas y rectificaciones de un pragmatismo salvaje que pone en riesgo la estabilidad política nacional.

Educación y desigualdad.  El capítulo dominicano del Barómetro de las Américas 2012, patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y auspiciado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), fue presentado esta semana por la socióloga y académica dominicana Rosario Espinal, profesora e investigadora de Temple University, Filadelfia.

Fue elaborado en base a una encuesta que abarcó a 1512 personas, realizada el año pasado por la firma Gallup. Esta es la quinta edición del estudio que se viene realizando cada dos años desde el 2004.

El Barómetro 2012 muestra que los países latinoamericanos tienen los niveles medios de desigualdad más altos del mundo, con relativa homogeneidad cuando se comparan los ingresos nacionales.

“Mediante un análisis de regresión lineal se evaluó cómo el género, la raza, la edad y el estatus urbano-rural afectan el nivel educativo de la población y el ingreso. Ratifica la educación como fundamento del desarrollo cuando establece que el nivel educativo de la madre tiene un impacto positivo en el nivel de ingreso personal.

Establece que en RD a mayor edad a partir de 35 años, se registra menor nivel educativo y que “tener la piel oscura y vivir en la zona rural también resulta en menor educación. Los hijos de madres de baja escolaridad no alcanzan a completar la escuela primaria, mientras los de madres con educación superior alcanzan un promedio de 14.2 años de escolaridad”.

Otro diagnóstico terrible.  Los resultados ratifican las debilidades políticas e institucionales dominicanas diagnosticadas en los últimos años en múltiples evaluaciones internacionales, como las del Foro Económico Mundial, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

También en este estudio el país queda entre los líderes en percepción de corrupción, en el sexto de 26 escalones, con 78.1 por ciento, 2.8 menos que en el 2004, pero 3.6 mayor que en el 2006.

En el tope aparece Colombia con 81.7, y le superan también Trinidad-Tobago, Argentina, Guyana y Panamá.

República Dominicana baja al octavo escalón en la proporción de personas que dijeron haber sido víctimas de corrupción.

Los peores resultados del Barómetro de las Américas para el país se registran en la percepción de que “el barrio está afectado por las pandillas, donde encabeza con 48.6 por ciento, y en la confianza en la Policía, que solo alcanza al 34.9 por ciento de la población, solo superado por Honduras y Trinidad-Tobago, que registran 28.7% y 32.8% respectivamente.

La esperanza de los dominicanos en prosperar en el país queda mal parada en la encuesta, con un 31.9 por ciento que manifiesta intención de irse a vivir a otra nación, solo superado por Haití, Jamaica y Guyana, que registran 58, 48 y 35 por ciento.

En valoración de la eficacia gubernamental, República Dominicana registra la sexta peor posición, con 40.7 por ciento, la séptima peor en apoyo al sistema político, en confianza en el Gobierno local y en el sistema de justicia, con 48.8, 45.5 y 45 por ciento, y la octava en evaluación de los gobiernos locales, con 47.5 por ciento.

La posición de derecha de la sociedad dominicana queda manifiesta al registrar el sexto escalón continental. Tal vez eso explica el liderazgo en el concepto de que “los hombres deberían tener prioridad para conseguir un trabajo”, aunque más de la tercera parte de los hogares son presididos por mujeres. Mientras es segundo en apoyo a la cuota de candidaturas femeninas.

Los mejores resultados.  En contradicción con su pobre evaluación de las instituciones estatales y políticas, los dominicanos manifiestan una alta participación en las actividades políticas, electorales y comunitarias, situándose entre las más elevadas del continente.

Son líderes regionales con 63.4 por ciento en simpatía con algún partido político. La participación electoral del 70.5 por ciento es alta para una nación donde el voto no es obligatorio.

República Dominicana ocupa el segundo lugar en entrevistados que dijeron haber tratado de convencer a otros para que votaran por alguna candidatura, con 31.6 por ciento, y el tercer lugar en porcentaje de las personas que dicen haber trabajado para partidos o candidatos, con 16.8 por ciento, superada solo por Surinam y Haití, ambas con 17.9 por ciento, mientras Chile, Canadá, México, Panamá y Perú quedan por debajo del 5 por ciento.

La alta participación política y electoral podría estar relacionada con el asistencialismo y el clientelismo, ya que el 31 por ciento de los entrevistados dijo tener, o alguien en su hogar, una tarjeta de los programas de subsidios sociales y el 24 por ciento dijo haber recibido ofertas clientelares en campañas electorales.

Sin embargo la participación en actividades comunitarias también es alta, la sexta mayor de los 26 países incluidos, con tasa de 32.9 por ciento.

Y en asistencia a reuniones municipales República Dominicana ocupa la tercera posición continental, después de Haití y Estados Unidos.

Alerta roja al sistema.  El progresivo deterioro de los indicadores de estabilidad y fortaleza política y democrática que presenta el capítulo dominicano del Barómetro de las Américas constituye una alerta roja para el liderazgo nacional que se muestra insensible ante las críticas y reclamos de la sociedad organizada y los medios de comunicación.

Ese nivel de insatisfacción y de escasa credibilidad en las instituciones del Estado viene siendo diagnosticado en encuestas, investigaciones y pronunciamientos nacionales, ante los  cuales el sistema partidario y los gobernantes reaccionan con indiferencia, cuando no con agresividad. Se solazan señalando la participación masiva en las campañas electorales, ignorando que está integrada en gran proporción por buscadores de favores y oportunidades y que hay una sociedad consciente que aspira a mejores estadios de institucionalidad democrática y gobernabilidad.

El clientelismo y el reparto llevado a niveles sin precedentes, con cerca de 800 mil personas en las nóminas y nominillas y en las pensiones del Gobierno central, las instituciones descentralizadas y los ayuntamientos, y casi 2 millones de tarjetas en diversos subsidios sociales han contribuido al mantenimiento de la estabilidad político-social, pero no logran revertir los niveles de pobreza ni han evitado el deterioro que registran los estudios y análisis sociales.

El sistema político se ha atribuido un nivel de vida que compite con el de sus colegas de naciones desarrolladas, con tasas irritantes de corrupción, mientras se ha negado sistemáticamente a acatar normativas como la del defensor del pueblo cuya ley orgánica acaba de cumplir 12 años.

Su pragmatismo e insensibilidad le ha impedido aprobar leyes como la de partidos políticos y regulación salarial y poner límites al despilfarro y la malversación de los fondos públicos.

Un progresivo deterioro. Lo más relevante del estudio sobre la cultura democrática dominicana es la progresiva reducción que registra en promedio de apoyo al sistema político, en apoyo a la democracia, en valoración de la eficacia gubernamental y de las instituciones fundamentales de la sociedad.

Es relevante que los medios de comunicación social y las iglesias Católica y evangélicas sean las únicas instituciones que alcanzan aprobación sobre el 60 por ciento, con un 72, 67 y 62 por ciento respectivamente. El Presidente de la nación, la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional, el sistema de justicia, la Policía Nacional y los partidos resultan quemados con puntuaciones que oscilan entre 47.7 y 32.3%.  Todas registran caída entre las encuestas de 2008 y  2012, en especial el Presidente, con 15 puntos menos,  la Policía con 12, Fuerzas Armadas 10, Junta Central Electoral 9, y Suprema Corte y Justicia que cayeron  en 8 puntos.

Entre  2006 y  2012 el apoyo a la democracia y al sistema político se redujo casi 9 puntos, pasando en el primero del 78.7 al 70 por ciento, y en el segundo del 57.6 al 48.8%. La valoración de la eficacia gubernamental disminuyó 15 puntos en el mismo período, de 55.8 a 40.7% y la evaluación de los gobiernos locales cayó 10 puntos. Y la convicción de que los partidos representan a los votantes se redujo más de 8 puntos, del 49.8 al 41.6 por ciento, entre las encuesta del 2008 y 2012.

 

Una oportunidad para Leonel

Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que el presidente Leonel Fernández ha aclarado que no tuvo intención de negar la existencia de un grave problema de corrupción en su discurso en el acto de proclamación de las Iniciativas Participativas Anticorrupción (IPAC), merece que se le dé una oportunidad para demostrar que la participación del Gobierno en ese proyecto no es un simple aguaje disimulador.

La precisión, si no rectificación, rescata el esfuerzo auspiciado por el Gobierno mismo, por una docena de organismos internacionales y numerosas instituciones sociales para prevenir y reducir la corrupción, promoviendo la transparencia y fortaleciendo las instituciones encargadas de perseguir todo género de malversación.

Ya extrañaba el discurso del doctor Fernández, donde reducía la corrupción a casos aislados de individuos, puesto que él mismo fue de los primeros en denunciar sus escandalosos niveles, cuando en su campaña electoral de 1996 proclamó que su costo alcanzaba  los 30 mil millones de pesos anuales, superior al presupuesto de gastos del Gobierno.

Y desde entonces es que el dispendio y el robo de  los bienes públicos se han multiplicado a sus anchas, como indican las denuncias públicas, las fortunas de los políticos y funcionarios y las evaluaciones internacionales.

 Pero lo relevante ahora es concentrar la atención en las propuestas de anticorrupción proclamadas esta semana para instaurar un régimen de transparencia y reducir la corrupción, que no han sido fruto tan sólo de la sociedad civil y los organismos internacionales, sino también de las preocupaciones de algunos altos funcionarios, de los mejores del Gobierno, como los ministros de la Presidencia, César Pina Toribio; de Economía, TemístoclesMontás, y de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, comprometidos a darle seguimiento.

El documento final del consenso recoge 43 recomendaciones. Si bien es cierto que una parte de ellas están encaminadas a promover el cumplimiento de leyes claves como las que deben regir las compras y contrataciones,  la de función pública y la de libre acceso a la información, también hay novedades importantes para la transparencia y la persecución del pillaje público.

No es lo principal, pero sí significativo que el presidente Fernández puede comenzar a demostrar su apoyo a las IPAC, convocando un acto público para proclamar el 2011 como “Año de la Transparencia y de la Rendición de Cuentas”, como se propone.

Pero como eso es muy fácil, tiene que aterrizar con otras como ordenar a la Contraloría General “no autorizar libramientos de pagos que no cumplan con la Ley de Compras y Contrataciones”, transferir a la DGCP la administración y control del portal Compras Dominicanas”, publicación inmediata de la ejecución presupuestaria, y muy especialmente la recomendación de implementar la “Cuenta Única del Tesoro” para el manejo de los ingresos y egresos de todas las instituciones del Estado, en lugar de las miles que hay y que facilitan la sustracción de lo público.

Otras de las IPAC fáciles son la creación de un índice de Costos y Catálogos de Precios de la Construcción, de un Sistema Único y Global de Suministros para el sector Salud y fortalecimiento de  Promese/CAL, (previsto en el decreto 991-00), así como la creación de un Mecanismo de Monitoreo Social Permanente para las Compras y Contrataciones Públicas, el Mecanismo participativo para Concertar y Monitorizar  Propuestas, y diversas campañas de concienciación ciudadana.

Tiene el presidente una gran agenda pendiente, ahora que ha reconocido el problema de la corrupción, y comenzar a dar ejemplo de transparencia, por ejemplo colocando en Internet los ingresos y egresos de su propia fundación.

Y no le costará mucho, porque el Banco Mundial, BID, la Unión Europea, la USAID y varias agencias de la ONU se han comprometido a aportar más de 15 millones de dólares para cubrir gastos.  Manos a la obra, Presidente!