PC: un cuarto de siglo después

Por Juan Bolívar Díaz

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Hace ya 25 años que un grupo de profesionales sin militancia partidista, mujeres y hombres, iniciamos un proceso de reflexión sobre las miserias institucionales, políticas, sociales y económicas del país, convencidos de que nuestras responsabilidades iban más allá de la satisfacción de necesidades, lo que ya nos habíamos garantizado por el trabajo.

Primero fueron reflexiones derivadas de la experiencia que nos dejó la participación en una comisión de verificación de los resultados de las elecciones generales de 1990, manchadas por el abuso del poder, fraudes y manipulaciones que caracterizaron los procesos electorales en los que Joaquín Balaguer se impuso como presidente. No se pudieron reunir las pruebas tangibles del fraude, aunque los indicios saltaban por doquier y con abstención del 40%. Balaguer “ganó” con 35% del sufragio, equivalente al 20% del padrón electoral. Juan Bosch recibió 34%, J. F Peña Gómez 23 y Jacobo Majluta el 7%.

Las reflexiones se fueron transformando en consultas a grupos capitalinos y de Santiago, luego en encuentros en los que se discutieron las reformas fundamentales que requería la sociedad dominicana, especialmente para borrar el pasado de imposiciones caudillistas, y culminarían casi dos años después en la creación del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), impulsado por unas doscientas personas vinculadas a entidades académicas y organizaciones sociales. .

Los pesimistas y los manipuladores no le daban ni un año de existencia y apostaban a que sería un partido político para buscar posiciones en el Estado. PC inició el 31 de octubre su vigésimo cuarto año de existencia sin tregua, sin haber pasado ninguna crisis institucional y sin haber quebrado su naturaleza apartidista y pluralista.

La supervivencia y éxito de PC, con amplio reconocimiento nacional e internacional, se deben en primer lugar a la coherencia con las prácticas democráticas, con operatividad de sus organismos y estatutos, y en segundo lugar a la honestidad, dedicación e integridad de sus dirigentes y militantes que han ofrendado su tiempo en aras de la institucionalidad democrática, de la educación para la ciudadanía, la lucha contra la corrupción y la impunidad, y de la concertación social y política.

Aunque la maledicencia de los objetores ha pretendido que los dirigentes del movimiento cívico recibimos paga de organismos internacionales, es lo contrario, pues siempre hemos pagado cuotas mensuales y aportes coyunturales, y dispuesto de nuestros automóviles, sin reclamar combustibles ni dietas en los viajes por todo el país. Sólo un limitado personal técnico y administrativo es remunerado, y estatutariamente no forma parte de los organismos decisivos, integrados sólo por voluntarios.

PC ha desarrollado decenas de proyectos educativos, de investigaciones, participativos, de publicaciones, servicios como sus 9 Casas Comunitarias de Justicia, o su docena de observaciones electorales, incluidos conteos rápidos de asombrosa rigurosidad técnica y acierto, que involucraron a más de 60 mil ciudadanos, mayoritariamente jóvenes.

El movimiento cívico no fue concebido para convertirse en una organización de masas, y desde el principio se autodefinió como un órgano de presión, concertación y vinculación con los poderes públicos y políticos, y la sociedad civil para promover la institucionalidad democrática y la participación social.

PC ha recibido mucho apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, de la Unión Europea, Banco Mundial, BID, OEA, Instituto Nacional Demócrata de EU, del gobierno de Canadá, del Reino Unido, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y su CAPEL. Ha sostenido acuerdos con organismos y comisiones estatales, como el Congreso, la Suprema Corte, Procuraduría y Contraloría, JCE, Cámara de Cuentas, ayuntamientos, y con los partidos políticos. Sus auditorías e informes están en la internet.
Reconocimiento a sus fundadores, a sus dirigentes y técnicos, a sus colaboradores y voluntarios que siguen soñando mientras caminan, con la convicción de que es posible una mejor nación dominicana.

La Calidad del gasto educativo

Por Juan Bolívar Díaz
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Hay que celebrar la pormenorizada evaluación del gasto en educación que entregó esta semana la Acción Empresarial por la Educación, conocida como EDUCA, que se suma a los monitoreos semestrales que viene realizando la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC), la cual involucra a numerosas entidades sociales preocupadas por el mejoramiento de la educación nacional.

El nuevo estudio demuestra que falta mucho camino por recorrer para alcanzar los objetivos por los cuales la sociedad dominicana luchó durante tres décadas porque nuestros gobiernos asumieran la responsabilidad de invertir mucho más recursos en el fundamento del progreso y la realización de los seres humanos y de las naciones, que es la educación.

Uno de los mayores éxitos de la sociedad civil organizada fue haber logrado que los candidatos presidenciales del proceso electoral del 2012 firmaran el compromiso de cumplir la ley general de educación de 1997, que dispone una inversión del 4 por ciento del Producto Bruto Interno para la educación preuniversitaria, lo que materializó el gobierno del presidente Danilo Medina, a partir del 2013.

Cuando se alcanzó el primer objetivo, ya el promedio del gasto en educación básica de la región latinoamericana rondaba el 5 por ciento del PIB, el doble de lo que registraba el país. Nos tomó 16 años lograr el cumplimiento de la Ley 66-97, que a su vez fue fruto de un consenso que costó mucha movilización y persistentes reclamos de las instituciones, los educadores y comunicadores más empoderados de su responsabilidad social. EDUCA estima que durante los años en que se evadió cumplir la ley, dejamos de invertir en educación el equivalente a 10 mil 569 millones de dólares.

Conviene recordarlo en estos días cuando grupos políticos, legisladores y comentaristas llegan al extremo de cuestionar el derecho de las organizaciones sociales a participar activamente en la búsqueda de consenso sobre las reformas electorales y los perfiles de competencia de sus árbitros y jueces que demanda la endeble institucionalidad democrática. Sin el activismo de los grupos sociales todavía estaríamos como en aquellos penosos años en que las escuelas eran hacinamientos de niños, con frecuencia sin siquiera tizas ni borradores, y los maestros sobrevivían en la más penosa pobreza.

El informe de EDUCA es un amplio documento que merece una lectura detenida, donde resalta el esfuerzo por relevar los efectos positivos de la inversión, con logros patentes en construcciones escolares, aunque todavía en la mitad de lo programado, en el mejoramiento de la condición salarial y del nivel profesional de los educadores, en la extensión del horario de las escuelas y en la oferta de alimentación y materiales educativos a la población escolar.

Pero la celebración de los avances no puede impedir que veamos las deficiencias que consigna el informe de EDUCA, que contiene serios cuestionamientos a la calidad del gasto educativo, advirtiendo que de mantenerse su tendencia se haría insostenible en apenas tres o cuatro años. La causa fundamental es la desproporcionada elevación del gasto en personal, especialmente del administrativo. Mientras en los últimos cinco años el personal docente aumentó en 27 por ciento, el administrativo lo hizo en 78 por ciento, con 33 mil 307 nuevos empleados, que elevaron la nómina de los no docentes en 148 por ciento.

El informe revela que el clientelismo halló en el 4 por ciento del PIB para la educación una nueva fuente de sustento. Es obvio que más escuelas y aulas requieren más maestros y asistentes administrativos, pero es desproporcionado que el personal secretarial y asistente creciera en 89 por ciento, los guardianes en 80 y los conserjes en 52 por ciento. Un buen indicio es que en la provincia Espaillat, de donde es quien fuera el ministro de Educación en esos años, con un joven hijo que gastó millones de pesos para ser diputado, fueran designados 938 conserjes, con crecimiento del 243 por ciento.

Lo menos que podría esperarse es que el nuevo ministro de Educación, Andrés Navarro, a quien se le acreditó la eliminación de un millar de botellas en su anterior cargo de Relaciones Exteriores, contenga y revoque el clientelismo en gasto educativo.

En la oposición, el PLD buscaba la sociedad civil

Por Juan Bolívar Díaz

Las dos veces que el PLD alcanzó el poder se buscó el amparo de la sociedad civil que ahora rechaza y desprecia, con la que modificó, también dos veces, la composición de la Junta Central Electoral y creó comisiones de seguimiento a sus labores.                                                

            La oposición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a que la sociedad civil participe en los consensos para las leyes de partido y electoral y la elección de los árbitros electorales, contradice su actuación cuando no controlaba el poder, al que accedió con amparo social, llegando a modificar la conformación de la Junta Central Electoral (JCE).

            El liderazgo social ha sido coherente, participando desde los años 90 en múltiples consultas, reclamando reformas políticas para fortalecer la institucionalidad democrática y específicamente  independencia de los árbitros electorales y de las cortes judiciales, sin haber pretendido controlarlas.

Doble rechazo del PLD

            Esta semana el PLD ratificó su rechazo a la participación de cualquier estamento de la sociedad civil en la búsqueda de consenso para las pendientes leyes de partido y del régimen electoral y para la conformación de los órganos electorales, en contradicción con lo que fue su accionar cuando no controlaba el poder del Estado.

            Dionis Sánchez, el presidente de la Comisión Especial del Senado que inició el procedimiento para la elección de los integrantes de la JCE, dejó claro su rechazo a la intervención de las organizaciones sociales que han pedido un pacto político-social para el mejoramiento de la institucionalidad democrática.

            En la reunión el martes de la comisión de mediación para discutir una vez más las leyes de partido y electoral, que como tantas veces desde los años noventa encabeza monseñor Agripino Núñez Collado, los delegados del PLD también rechazaron la participación allí de representantes sociales, como han solicitado instituciones como Participación Ciudadana (PC) y la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática.

            En todos los escenarios, el presidente del Senado y secretario general peledeista, Reinaldo Pared, y sus voceros en las cámaras legislativas, han rechazado cualquier participación social, invocando que es a ellos a quienes la Constitución faculta para legislar y conformar la JCE y la Cámara de Cuentas.

            Las organizaciones sociales no pretenden sustituir a los legisladores, pero reclaman el derecho a promover consensos sobre el perfil que deben reunir los árbitros, especialmente “que no sean representantes de los partidos”, como se estableció en el Pacto por la Democracia que el PLD propuso en 1994, junto a organizaciones sociales, antes de llegar al poder. Entonces apoyó la observación electoral y el conteo rápido de PC.

Proponen foro tripartito

            El rechazo del PLD a la participación de la sociedad civil ha sido tan tenaz que a ningún líder social se le ha ocurrido ahora reclamar derecho a señalar candidaturas como en 1997 cuando ese partido y el presidente Leonel Fernández lo acogieron y auspiciaron para elegir la Suprema Corte de Justicia en 1997, cuando el PLD era minoría en el Congreso, o para elegir la JCE que encabezó el doctor César Estrella Sahdalá en 1994.

            El martes  el Partido Revolucionario Moderno (PRM) representado por su presidente y su secretario general, Andrés Bautista y Jesús Vásquez, solicitó la conformación de un foro tripartito, con delegados de los partidos en el gobierno, de la oposición y de la sociedad civil. Sólo lograron la conformación de dos bloques de 8 miembros, gobierno y oposición. El PLD estuvo representado por Reinaldo Pared y el exvicepresidente de la nación Rafael Alburquerque.

            Andrés Bautista adelantó que van a insistir en la participación de la sociedad civil, en un diálogo tripartito “como se hizo en los años noventa”, comenzando mañana lunes con una rueda de prensa. Aseguró que establecerán un mecanismo rotativo para que todos los partidos de oposición que concurrieron a las últimas elecciones, y actúan en coordinación desde entonces, puedan participar en la búsqueda de un consenso político-social.

            El PRM ha coincidido con la sociedad civil en que se deben elegir personalidades con independencia de los partidos para integrar tanto la JCE como la Cámara de Cuentas y posteriormente los titulares de las altas cortes, comenzando por los del Tribunal Superior Electoral cuyo período venció el 16 de agosto pasado. Y ha sostenido, junto al PRSC y el resto de la oposición, que no aceptará cuota partidaria en esos organismos.

 Leonel acorraló la JCE

            En septiembre de1998, cuando el Senado controlado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) eligió una JCE sin consenso con los demás partidos, tanto el PLD como el Partido Reformista procuraron la mediación de Agripino Núñez, de empresarios y directores de medios de comunicación, con respaldo de PC, la Finjus y otras entidades sociales para revocar la entonces también “soberana decisión” de los facultados por la Constitución para elegir.

            La crisis política, que ya había comenzado cuando el gobierno del PLD se impuso, hasta con vuelos rasantes de helicópteros militares, en la elección del secretario general de la Liga Municipal, donde los perredeístas eran mayoría, llegó al grado de que los reformistas y Vincho Castillo elevaron una petición de embargo a las cuentas de la JCE.

            Aunque esa instancia carecía de valor jurídico ya que la Ley Electoral definía a la JCE como “una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, con patrimonio propio inembargable”, el presidente Leonel Fernández dispuso la retención de los fondos presupuestarios del organismo, hasta que un tribunal dictaminara sobre la instancia.

            La confrontación duró hasta mayo de 1999. La sociedad civil apoyó el reclamo de consenso del PLD y el PRSC, aunque ninguno de los cinco jueces elegidos, encabezados por Manuel Ramón Morel Cerda, eran dirigentes del PRD, y la crisis se saldó con la mediación social, ampliando a siete los integrantes de la JCE para incorporar a Roberto Rodríguez Estrella y Julio César Castaños Guzmán, propuestos por el PLD y el PRSC. Los otros cuatro eran Ana Teresa Pérez, Luis Ramón Cordero, Luis Arias y Salvador Ramos.

Comisión de Seguimiento

            Con el PRD controlando los poderes Ejecutivo y Legislativo, y más aún cuando el presidente Hipólito Mejía (2000-04) impuso una reforma constitucional para poder buscar la reelección, la mediación de la sociedad civil fue una constante en la JCE. Para los comicios del 2000, Participación Ciudadana, con apoyo de otras entidades, demandó una auditoría al nuevo padrón electoral que conformó el tribunal. El PLD y los demás de la oposición apoyaron, y la organización cívica, con respaldo técnico del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, realizó la auditoría en medio de tensiones, pero el padrón resultó inobjetable.

            Con el PRD en el poder,  a instancias del PLD y el PRSC se creó una Comisión de Seguimiento a las labores de la JCE, integrada, además de Agripino Núñez, por los dirigentes empresariales Elena Viyella de Paliza, entonces presidenta del CONEP, Celso Marranzini y Rafael Perelló, así como los profesionales Radhamés Mejía, José J. Puello y Marisol Vicens y el reverendo Reinaldo Franco Aquino.

            Con todos esos mediadores y el empuje del PLD-PRSC, se propició una reforma electoral, con la Ley 02-03 aprobada por el Congreso con mayoría perredeísta, y promulgada en enero del 2003, dividiendo las funciones de la JCE en dos cámaras, administrativa y contenciosa, y se elevó a 9 los integrantes del pleno. Morel Cerda, un abogado honorable de toda la vida, se cansó de las objeciones y renunció, por lo que se eligió a tres nuevos titulares: Ramón Hernández, José Luis Tavares, y Roberto Rosario. Este sería el primer titular de la JCE llegado desde el organismo ejecutivo de un partido, pues era miembro del Comité Central del PLD.

Extremos en la JCE

            A pesar de las ampliaciones de la JCE, la desconfianza por el proyecto reeleccionista de Hipólito Mejía llegó a extremos, cuando la Comisión de Seguimiento impuso directores de Informática y del Registro Civil de la JCE, bajo amenaza de retirarse. Y para colmo en vísperas de las elecciones, adicionaron a la misma al embajador de Estados Unidos, Hans Hertel, y al de la Unión Europea Miguel Amado.

            Todos ellos fueron llevados precipitadamente a la JCE la noche de la elección, el 16 de mayo del 2004, bajo la falsa información difundida por los voceros del PLD de que el coronel Pepe Goico, de la seguridad del presidente Mejía, había comenzado a robarse las urnas electorales en Los Alcarrizos y que no dejaban salir  las de arroyo Hondo. Por el PLD eran miembros de la Comisión de Seguimiento Reinaldo Pared, Franklin Almeida y Radhamés Jiménez.  Todo el país vio por televisión el enérgico discurso de Monseñor Agripino Núñez, demandando un respeto a la voluntad popular que nunca estuvo en juego. A las 11 de la noche Hipólito Mejía admitió el triunfo de Leonel Fernández y se convirtió en el único presidente dominicano derrotado, hasta ahora, en un intento reeleccionista. Luis Arias,  quien presidió esa JCE y luego sería designado embajador por el presidente Leonel Fernández, fue un aliado eficiente  de PC en la observación electoral.

            El PLD agradeció la observación electoral de Participación Ciudadana y decenas de organizaciones aliadas, que por segunda vez habían registrado su ascenso al poder, en su conteo electoral rápido por muestreo, antes que la JCE llegara al tercio del escrutinio.-

 

 

 

El congreso del PLD agudiza las tensiones

Por Juan Bolívar Díaz
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La proximidad del inicio del Octavo Congreso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha agudizado las tensiones entre quienes aspiran a una renovación dirigencial con miras a la candidatura presidencial del 2016 y los leonelistas que entienden que debe volver quien les ha permitido disfrutar del poder durante 12 años.

Entre seguidores y voceadores del expresidente Leonel Fernández no se oculta la inconformidad con la gestión de Danilo Medina y su sello de austeridad y moderación y buscan mediatizar una renovación pendiente de cargos gubernamentales que daría más independencia y protagonismo partidario al actual mandatario.

Almeyda lanza dardos

Cinco días después Franklin Almeyda, también fundador del PLD, cuestionó a Jiménez por haber descalificado a Fernández, y reivindicó al expresidente como virtual candidato, al sostener que la unidad alrededor de éste y de Medina es lo que les garantiza retener el poder en 2016. El exministro de Interior y Policía del pasado Gobierno, y uno de los pocos altos dirigentes sin cargo gubernamental ahora, atacó directamente al ministro de la Presidencia de Medina, Gustavo Montalvo, a quien acusó de pretender reducir la presencia del PLD en el Gobierno y de rodearse de gente de la sociedad civil, advirtiendo que los peledeístas pelearán para no dejarse desplazar.

También se quejó de que gente del gobierno asume que en el pasado régimen no se hizo nada, afirmando que el programa de seguridad ciudadana anunciado por el actual gobierno es el mismo que él impulsó en el pasado. Según Almeyda elementos que rodean a Montalvo forman parte de una especie de conjura para debilitar al PLD, en la que incluyó al Consejo Nacional de la Empresa Privada, el movimiento Participación Ciudadana y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Los “infiltrados” de la sociedad civil a que alude Almeyda son viceministros, asesores y directores que como Antonio Isa Conde, Ramón Tejada Holguín, Luis Henry Molina y Pedro Luis Castellanos integraron el equipo técnico del sector externo que apoyó a Danilo Medina en la campaña electoral y del que formaron parte también varios empresarios, pero ninguno dirigente del CONEP, entre ellos el Ministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y el Ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.

Ya en el gobierno Medina integró como asesores económicos a Nelson Suárez e Isidoro Santana. Una dirigente peledeísta confió que estos dos “han causado irritación porque fueron muy críticos de la política económica del gobierno de Leonel e ideólogos  del Foro Ciudadano y del Centro Juan Montalvo de los jesuitas”.

Amarante dispara la alarma

La rapidez y contundencia con que Carlos Amarante Baret, uno de los peledeistas que apoyó a Medina cuando los leonelistas le cerraron el paso para el 2008 y también cuando lo intentaron para el 2012, respondió al día siguiente a Almeyda, disparó la alarma en el partido. No se anduvo con diplomacia ni medias tintas en una declaración escrita de 14 párrafos que él mismo distribuyó a los medios informativos.

Amarante, actual director del Instituto Dominicano de  Telecomunicaciones, no se limitó a defender a Montalvo, sino que acusó a Almeyda de “confrontar al Presidente de la República”, emplazándolo a dar la cara en la reunión que esa noche sostendría el Comité Político del partido. Y, más aún, advirtió que si Franklin decide llevar a cabo una línea de denuncias contra el régimen, “vamos a movilizar a las bases para defender el gobierno de Danilo Medina, que es del Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados”.

Temístocles, Felucho, Almeyda y Amarante tienen en común que son de los 26 integrantes del Comité Político, que en su reunión del martes 16 pidió un alto al fuego y hasta decidió reunirse cada quincena para que se puedan debatir allí, en familia, las diferencias que han creado tensiones.

Irrumpen otros actores

Por primera vez se reportó que hubo peledeístas con carteles al frente del local donde sesionaba el máximo organismo ejecutivo. Y desde las bases partidarias saltaron  al escenario público otros protagonistas, cuando 53 presidentes de comités intermedios, miembros y exmiembros del Comité Central anunciaron una propuesta conjunta de reformas estatutarias, luego de haber sopesado la Constitución, varias leyes adjetivas y los anteproyectos de leyes de partido que reposan en el Congreso Nacional.

Dijeron que también sopesaron los estatutos, la declaración de principios del partido, y que luego de haber “estudiado la teoría boschista” decidieron formular su propuesta de reformas “retomando los principios que nos dieron origen”. Expresaron esperanzas de que la mayoría de los delegados aprueben sus propuestas y que luego no se repitan “las flagrantes violaciones” de que fueron objeto resoluciones de anteriores congresos.

El grupo que tuvo como vocero público al secretario de Medio Ambiente del PLD, Paíno Abréu, plantea que no se abulte la matrícula del Comité Central como se ha propuesto al Congreso. En cambio el dirigente intermedio Jimmy García se quejó de que no se propone elegir los integrantes del Comité Político y el Comité Central, que se auto prolongaron su período apelando a la ratificación de un plebiscito en el 2011, junto a la elección del candidato presidencial, reprobado por el 30 por ciento.

No han dado tregua

Las tensiones en el PLD se originan en que Leonel Fernández y sus seguidores no han dado tregua y se han mantenido moviéndose para garantizarse el retorno al poder en el 2016, mediatizando los esfuerzos de Danilo Medina por imprimir su propio sello al gobierno, y porque seguidores del mandatario no han olvidado las afrentas e intentos de aniquilamiento que sufrieron.

A diferencia de lo que es normal, ejemplos de México y Brasil, donde los presidentes salientes, aún del mismo partido, se inhiben algún tiempo, Leonel Fernández parece haber seguido el camino de su amigo Alvaro Uribe, cuyo prolongado protagonismo lo ha llevado a confrontar el gobierno de Juan Manuel Santos. El dominicano se ha mantenido pronunciando discursos, incluso en vísperas de los de Medina, como ocurrió a los cien días y antes del informe presidencial del 27 de febrero cuando en una asamblea de dirigentes del PLD y en mítin ante el Altar de la Patria, pronunció discursos de corte electoral adelantando que su partido “gobernará durante 20 años” y después que “será una fábrica de presidentes”.

Eso mientras el 25 de febrero, Diario Libre recogía el anuncio del alcalde capitalino Roberto Salcedo, de que “estoy trabajando para que Leonel vuelva a la Presidencia en el 2016”. Y la inmensa maquinaria mediática montada por Fernández no ha cesado de promoverlo y darlo como candidato seguro en el 16, sin economizar críticas abiertas y sutiles e intentos de chantaje al gobierno de Medina.

Hasta se burlan de Danilo

Los leonelistas se han burlado “de la austeridad de Danilo”. Se quejaron de que transparentara el inmenso hoyo fiscal que le heredaron, de que no reprimieran las manifestaciones y “juicios populares” contra Leonel, de su rectificación del reparto de Bahía de las Aguilas, de su denuncia del infame contrato con la Barrick Gold, de que no reprimieran las manifestaciones y hasta de que recibiera en el Palacio Nacional a Hipólito Mejía, quien obtuvo el 47 por ciento de los votos en mayo pasado. Además del Ministro de la Presidencia, también han denunciado agriamente la gestión del  Procurador General y de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional y hasta la del ministro de Economía, a quien algunos tratan de “traidor”.

Ese protagonismo y abiertas provocaciones han causado escozor entre danilistas e independientes, algunos incluso se quejan “de la paciencia” con que el presidente se ha conducido, otros reclaman las remociones de funcionarios ejecutivos, diplomáticos, militares y policiales que esperaban al inicio del gobierno y que luego se voceaba que vendría el 27 de febrero. La incesante promoción de Fernández, a quien atribuyen “buscarse distinciones en el exterior para reafirmarse en el interior”, es lo que ha movilizado a quienes creen en la renovación del liderazgo y los candidato.

Un excelente observador cercano al presidente sintetizó la situación, expresando su convicción de que “la sangre no llegará al río, porque todos los sectores se necesitan”, pero también advirtió que las tensiones aumentan en la medida en que los peledeístas perciben que ningún partido amenaza su reinado. “La falta de oposición externa desplaza las luchas a lo interno del PLD”.

Dilema del gobierno, ¿FMI o Sociedad Civil?

Por Juan Bolívar Díaz
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Cunde la alarma en los sectores sociales frente a la posibilidad de que el Gobierno llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que haga imposible la concertación del Pacto Fiscal instituido en la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el que se ha comprometido el presidente Danilo Medina.

Aunque ambos proyectos no son incompatibles una coalición socio-sindical plantea que el Gobierno no puede comprometerse con el FMI ni elaborar el presupuesto del 2013 sin abrir una consulta y considerar los “principios orientadores del Pacto Fiscal” ya consensuados por el Consejo Económico Social (CES).

Pánico pues llegó el FMI.  Esta semana el Gobierno inició conversaciones con una misión del FMI en busca de un acuerdo para equilibrar las finanzas públicas, mientras se elevaban las proyecciones del déficit fiscal de este año, hasta 140 mil millones de pesos,  y trascendía que hay retrasos de tres y cuatro meses en la entrega de las partidas presupuestales de los hospitales públicos.

Al mismo tiempo se expandió el temor de que se haya impuesto en el Gobierno una línea que, pregonando el pragmatismo político, pretenda pactar un acuerdo con el FMI para elevar la presión fiscal, relegando el pacto fiscal dispuesto por la Estrategia Nacional de Desarrollo y con el que se ha comprometido reiteradas veces el presidente Danilo Medina.

Aunque apenas se han iniciado las conversaciones llamadas a continuar la semana que hoy comienza, la circunstancia de que no se haya vuelto a hablar del encuentro del mandatario con el CES que fuera aplazado hace dos semanas en vísperas de su realización, ha disparado la incertidumbre en los ámbitos de la sociedad civil, incluyendo sectores del empresariado.

De ahí la conformación de una coalición de organizaciones sociales y sindicales que el jueves saltó al ruedo público con un comunicado donde califican de “lamentable error que se maniobre posponiendo la consulta y la puesta en común con la sociedad, mientras se dan pasos para comprometerse con el FMI”.

Contribuyó a disparar la alarma la declaración del presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno, Reinaldo Pared Pérez, planteando la necesidad de elevar la presión fiscal en cuatro o cinco por ciento del producto bruto interno y de “apretar cinturones”, como condición para cumplir el compromiso de cumplir la ley que marca la prioridad en la inversión educativa.

¿De $88 a 120 mil millones?  Tal vez Reinaldo Pared no calculó bien cuando consideró “insólito” que la presión fiscal dominicana esté en 13 por ciento del producto bruto y planteó que “tengo entendido que para fines de mayores recursos estos deben incrementarse en cuatro o cinco por ciento”, pues eso significaría impuestos adicionales entre 88 y 120 mil millones de  pesos, lo que rebasa con mucho los 44 mil millones de pesos contemplados en un proyecto elaborado en julio pasado por el Ministerio de Hacienda.

Expresiones como esa generan incertidumbre mientras siguen saltando a la luz pública informes que disparan cada vez más los estimados del déficit fiscal de este año, que ya el economista perredeísta Iván Rodríguez elevó hasta 140 mil millones de pesos, con aterrizajes tan concretos como la deuda del sector eléctrico cuantificada por el nuevo ejecutivo de la CDEEE en mil ochocientos millones de dólares (72 mil millones de pesos) y de otros mil millones de pesos en deudas de los hospitales públicos.

El economista Pavel Isa Contreras, uno de los relatores propuestos por el Gobierno para el diálogo con el CES, recogió el dilema de las autoridades ante el ajuste fiscal, si privilegia un drástico recorte del gasto o un paquete tributario con menos exenciones. En artículo en El Caribe el miércoles, consideró que en el primer caso abriría posibilidad de lograr acuerdos con la sociedad para cambios de largo plazo, pero con severa restricción económica, pero si impone una reforma tributaria sacrificará su capital político y la oportunidad de lograr transformaciones sustanciales. Reconoce que la sociedad organizada ve la coyuntura como “una oportunidad para disciplinar la maquinaria partidaria enquistada en el Estado”, mientras que el historial reciente le confiere razón al FMI para desconfiar de un ajuste sólo por el lado del gasto.

Por su parte el economista Miguel Ceara Hatton (Hoy del viernes) tras quejarse del despilfarro gubernamental que  ha generado “un hoyo fiscal superior al del Baninter” sostiene que “Esa estructura política convertida en una tremenda corporación de complicidades, impunidades y corrompida busca al FMI para que le diga al país que debemos pagar más impuestos”.

No son incompatibles. El acuerdo con el FMI y el pacto fiscal con la sociedad no son necesariamente incompatibles. Al privilegiar el inicio de negociaciones para el primero, el Gobierno estaría buscando reducir la resistencia de la segunda a nuevas cargas impositivas. Enarbolaría el viejo argumento de que la reducción de las exenciones fiscales y subsidios, el alza de la tarifa eléctrica y las mayores cargas contributivas, “son  un reclamo del FMI” e imprescindibles para destinar el 4 por ciento del PIB a la educación preuniversitaria.

Pero los sectores empresariales y sociales se aferran a que esta vez hay que compartir los sacrificios y no están dispuestos a permitir que siga la zafra clientelista que ha elevado el gasto año tras año, con déficits fiscales sobre 300 mil millones de pesos en los últimos cinco años, mientras la nómina pública crece  desproporcionadamente.

El Centro Regional de Estudios Estratégicos, una agencia empresarial creada el año pasado, documenta que el gasto público aumentó 151 por ciento entre el 2004 y 2011, consumiendo las repetidas reformas tributarias y apelando a un endeudamiento interno y externo que casi se triplica en 8 años.  Mientras el empleo privado de calidad se estancó, el Gobierno se convirtió en el mayor suplidor de empleos, en gran proporción improductivos, botellas.

El gasto general creció también en mucho mayor proporción que los ingresos. Sólo entre el 2007 y agosto del 2012, la nómina estatal, incluyendo los pensionados, creció de 456 mil 924 a 777 mil 631, según las estadísticas de la Contraloría General. Los empleados del Gobierno central pasaron de 275 mil 201 a 365 mil 760, con elevación de 90 mil 559, equivalente a 32.90 por ciento. Los pensionados pasaron de 82 mil 941 a 152 mil 862, es decir 69 mil 921 más, con incremento del 84 por ciento. Cuando se incluyen los empleados del sector descentralizado la nómina total del Estado creció en esos cinco años 70 por ciento al pasar de 456 mil 924 a 777 mil 631.

Sólo el año 2011 y en los primeros ocho meses del 2012 la nómina del Gobierno central creció en 57 mil 58 y los pensionados en 20 mil 313 para un total de 77 mil 371, equivalente al 18 por ciento. El escándalo está en el sector descentralizado, incluyendo  a los ayuntamientos, cuya nómina saltó, inexplicablemente, un 91 por ciento, de 142 mil 395 a 259 mil 009, con lo que la carga de personal de todo el Estado creció en 19 meses en 200 mil 487 puestos, un 35 por ciento.

Si el Estado pudo desbordarse de esa manera, también debería poder achicarse siquiera un poco, pero todo apunta a darlo  por hecho cumplido en aras del clientelismo y endosar su costo a una sociedad que por lo menos reclama compartir el costo y  superar el facilismo del simple incremento de la carga impositiva para que siga el derroche.

El sociólogo Cándido Mercedes, un experto en administración, sostiene que con un empleado estatal por cada 11 electores y por cada 13 habitantes, la República Dominicana se sitúa junto a Venezuela y Argentina en el liderazgo continental en carga burocrática. Con la desventaja de que tiene mucho menores recursos. Otra distinción negativa para esta nación.

Temores al engaño.

El temor a que el Gobierno imponga otro parche tributario, como los siete de la última década, determina una actitud militante en los sectores empresariales, sindicales y sociales. Los primeros más cautos, aunque ya los de zona franca han advertido que si eliminan las exenciones se iría el 80 por ciento de esas empresas y el presidente del CONEP ha vuelto a rechazar que se precise de nuevos impuestos. Los otros dos decidieron formalizar una coalición que se expresó en rueda de prensa el jueves, rechazando la negociación con el FMI antes del pacto fiscal.

Una amplísima alianza de 66 organizaciones que incluye a las centrales sindicales, y a instituciones académicas, comunitarias, religiosas, populares  y  sociales, como el Centro Bonó, el Consejo de Unidad Evangélica, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), Participación Ciudadana, La Multitud y Toy Jarto, rechaza el acuerdo con el FMI al margen de la voluntad soberana de la nación considerando que amarraría el presupuesto del 2013 y condenaría al pueblo a mayor miseria.

Reclaman participación activa, directa y transparente en la discusión del presupuesto del 2013, advirtiendo que las fuerzas sociales y laborales “esperan no ser entretenidas ni burladas como en procesos anteriores” y piden que el Gobierno se exprese sobre los “Principios del Pacto Fiscal”  ya consensuados en el marco del CES junto al sector empresarial.

Esos principios (análisis en HOY del 2 de septiembre) proclaman una reforma fiscal integral que abarque la totalidad del gasto e ingresos del Estado, con mejor distribución y aumento de la inversión social, superando el despilfarro y la malversación, y garantizando la sostenibilidad, sin depender del endeudamiento, y la competitividad de los sectores productivos.

 

PC: dos décadas de coherencia

Por Juan Bolívar Díaz
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Hoy domingo 5 de febrero tendrá efecto la XVIII Asamblea Nacional del movimiento cívico Participación Ciudadana, que aunque fue formalmente constituido en 1993, comenzó a dar sus primeras batallas un año antes, hará pronto dos décadas, y desde entonces ha escrito hermosas páginas de coherencia.

Por vigésima octava ocasión la militancia más activa elegirá un Consejo Nacional de 12 miembros, el cual a su vez escogerá luego un coordinador nacional. Cada año han aparecido suficientes personas con coraje para continuar este ejercicio de ciudadanía. La permanencia en el Consejo está limitada a dos años consecutivos y la del coordinador a uno para evitar que, siguiendo la inveterada cultura nacional, alguien la quiera utilizar como escalón personal. Y el éxito ha estado a la vista de todos: decenas de ciudadanas y ciudadanos han sido parte del Consejo Nacional que ha tenido  16 coordinadores y sólo dos han repetido con intervalo de tiempo cuando no apareció un voluntario con posibilidad de asumir una tarea que demanda dedicación, a veces de tiempo completo, sin recibir la menor retribución, ni siquiera por uso de su vehículo y combustibles. Por el contrario, siguen pagando su cuota mensual.

Cuando PC salió a la luz pública abundaron los vaticinios de que pronto sería un nuevo partido, o apéndice de uno de los existentes, o que sus promotores se lanzarían de candidatos o a la búsqueda del liderazgo político. Los fundadores juraron que no era la intención, y dos décadas después parece que han cumplido sobradamente. Sigue siendo una institución independiente y ninguno de sus dirigentes se ha postulado a nada. Sólo cinco o seis pasaron legítimamente a ser funcionarios públicos, todos en los tres gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, ninguno en los cuatro años que gobernó el Partido Revolucionario Dominicano.

De varias decenas que han integrado los equipos técnico-administrativos sólo cuatro han pasado a funciones públicas, contratados por la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral bajo la presidencia del doctor Roberto Rosario, uno de los cuales es titular del organismo, el abogado y politólogo José Ángel Aquino.

En los principios de PC está la coordinación y colaboración con los poderes públicos y con los partidos políticos, porque son instituciones fundamentales del sistema democrático. Y la ha alcanzado en innumerables eventos y pactos, en la formación de cerca de dos mil nuevos líderes, en la observación de sus procesos eleccionarios internos. Los pactos han abarcado a la JCE, el Consejo Nacional de Reforma del Estado, la Suprema Corte, el Ministerio Público, las cámaras legislativas y numerosos ministerios y entidades estatales.

Pero Participación Ciudadana fue fundada para promover la democracia de ciudadanía, para luchar por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, por la transformación del primitivo sistema electoral, para luchar contra el fraude electoral y la corrupción en todas sus expresiones. Y ha sido tan coherente que ganó un gran reconocimiento nacional e internacional, incluido el de la generalidad de los partidos, cuando no están en el poder.

En estos días desde el PLD se trata de descalificar los planteamientos por la transparencia electoral de PC, que no son diferentes, por ejemplo, a los del período 2000-04 cuando gobernaba el PRD y la entidad promovía una Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que tanto contribuyó a evitar excesos. O cuando hacía vigilias hasta nocturnas ante el Congreso rechazando una contra-reforma continuista, o cuando pedía al presidente Mejía que tomara una licencia para evitar involucrar al Estado en su campaña reeleccionista. Sobran los ejemplos a citar, pero el espacio se acaba. Participación Ciudadana ha sido tremendamente coherente.

Crisis de la democracia y la institucionalidad

Por Juan Bolívar Díaz
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La sociedad dominicana se debate nuevamente entre la autocracia caudillista que proclama al Presidente de turno como ser providencial insustituible y la anarquía de los arrebatos como expresión de las debilidades institucionales y una cultura de carencias y flaquezas democráticas.

Esta semana el presidente Leonel Fernández se situó en el borde mismo del poder total autocrático con un partido que se consume en el silencio, mientras la oposición perredeísta, sacudida por las impudicias del arrebato y la garata, llegaba al límite mismo de la división y la dispersión.

El poder personal.  Tal como se había advertido, tras la aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) violando el precepto de dos tercios de los votos, el presidente Fernández inició la semana observando también la del Tribunal Constitucional (TC), al objeto de burlar el mecanismo de consenso que impuso la Constitución de la República que él mismo hizo aprobar y proclamó hace un año.

En el CNM el objeto era asegurarse el control personal de las decisiones del organismo, que en su composición actual comparte con su Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el TC, como se supone que haría con el Tribunal Superior Electoral,  se trata de imponer a toda costa los jueces que le convengan a sus intereses personales, ya ni siquiera partidarios.

Con los presidentes de ambas cámaras legislativas, el procurador general y el aliado reformista que él mismo escogió para el CNM, el doctor Fernández tiene asegurada una clara mayoría, pero actúa como si desconfiara de la lealtad de alguno y buscara un poder personal decisorio en la integración de esos suprapoderes estatales y en la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia.

En el caso del TC es público el interés de llevar a la presidencia del mismo al juez Luciano Pichardo, quien debe salir jubilado de la  Suprema Corte, por haber rebasado los 75 años de edad. Muchos se preguntan si éste jurisconsulto es el único que reúne condiciones para presidir el organismo, tanto que justifique hacerlo nacer con un certificado de ilegitimidad.

Alarma justificada.  Lo que termina por detonar una gran incertidumbre en el liderazgo de las organizaciones más activas de la sociedad civil, el empresariado y las iglesias, es que los nuevos tribunales podrían ser decisivos para el proyecto continuista que parece atrapar hasta la inteligencia del mandatario, llevándolo a una reflexión confesada sobre algo que vulnera el orden constitucional.

No son para nada inocentes las alarmas expresadas por dirigentes empresariales y sociales, como tampoco las de los obispos dominicanos, solos o en su conglomerado de la Conferencia Episcopal, quienes vienen enfatizando la necesidad de respetar las leyes y la Constitución de la República.

Lo que dijo el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manuel Diez, como la Fundación Institucionalidad y Justicia, la Asociación de Jóvenes Empresarios, Participación Ciudadana y otras entidades que integran una Coalición por una Justicia Transparente e Independiente, al igual que abogados constitucionalistas, es que la degradación de las leyes orgánicas, aprobándolas por simple mayoría porque no se dispuso de las dos terceras partes, es un golpe de Estado constitucional.

La desproporcionada reacción gubernamental, que distorsionó la esencia de las objeciones con acusaciones de tremendismo, ignorancia e intentos de intimidar a los poderes públicos, agravó los temores, lo que explica que en apenas horas todas las organizaciones empresariales reafirmaran que la inobservancia del artículo 112 de la Constitución “constituye una amenaza al orden institucional del país”.

La Coalición por la Justicia Independiente se manifestó en defensa del líder del empresariado, a quien se dirigió “el boche del Gobierno”.

Otra respuesta de la sociedad civil la constituyó una carta enviada el viernes al presidente Fernández, en la que 127 ciudadanos, en su mayoría dirigentes de instituciones sociales, empresarios y profesionales, le advierten que no hay espacio legítimo para una repostulación  y que “la ruptura del orden constitucional representaría un grave retroceso para la imagen de la nación en el ámbito del derecho internacional y de graves repercusiones a la luz de la Carta Democrática Interamericana”.

La reunión del Palacio.  En un esfuerzo por enderezar el rumbo, el Presidente de la nación convocó la noche del miércoles una reunión en el Palacio Nacional, en la que durante más de tres horas se debatió el conflicto derivado de la aprobación de las leyes orgánicas. Se invitó a una decena de juristas y a directores de periódicos “como observadores”.

Los informes confidenciales aseguran que aún allí, aparte de los funcionarios, hubo consenso de que para aprobar esas leyes se requiere dos terceras partes de los votos, aún si fueren observadas, y en la necesidad de deshacer el entuerto.

El doctor Juan Manuel Pellerano, maestro del constitucionalismo dominicano, habría sido patente cuando dijo que sólo hay que leer el artículo 112 de la Constitución. El director de Finjus, doctor Servio Tulio Castaños; el doctor Adriano Miguel Tejada y otros fueron terminantes. Y hasta el aliado Vincho Castillo dijo que ese no es un problema jurídico sino político.

Se barajaron dos salidas al embrollo: que el presidente de la Cámara de Diputados pida al Poder Ejecutivo la devolución de la Ley del CNM para volver a conocerla, lo que pareció difícil, pues implica una confesión de culpa, o que el Presidente la promulgue y de inmediato someta un proyecto de modificación para que sea legitimada aprobándola como lo decidan los dos tercios.

El dilema de Leonel.  Una cadena de relativización de la Constitución y varias leyes que se ha venido registrando en los últimos meses alcanza su punto más crítico cuando este domingo 27 el Presidente recibe en un acto masivo dos millones y medio de firmas pidiéndole que procure seguir rigiendo los destinos de la nación para que no se hunda el país, una expresión reiterada en la historia de la nación.

El acto y el activismo de altos funcionarios y decenas de senadores y diputados, incluyendo a uno de sus presidentes han concentrado la atención nacional.

En la opinión pública prevalece la esperanza de que la inteligencia y serenidad de Fernández le induzcan a rechazar un proyecto que pondría en tela de juicio la institucionalidad nacional, dadas las sabidas dificultades y escasa legitimidad para una nueva  modificación de la Constitución.

Pero hay una buena proporción de militantes y simpatizantes de su partido que creen que “sólo Leonel” les garantiza mantenerse en el poder.

Si el Presidente ha pasado de la reflexión que anunció el día 7 de marzo a una  decisión, no encontraría un mejor escenario que el acto multitudinario para explicarla, tanto si acepta como si “se sacrifica”. Él debe saber que tiene en vilo a su propio partido y a la sociedad dominicana.

Pero entre los analistas las apuestas se inclinan por considerar que no anunciará decisión este domingo, y que esperará lo más posible para ver cómo se mueve el escenario, tanto nacional como internacional. Tiene el límite del 10 de abril para cuando se acordó la reunión del Comité Central del PLD para elegir los precandidatos. Pero con dos millones y medio de firmas en su maletín, bien puede encontrar algún pretexto para otro aplazamiento.

A todo esto, se trata del proyecto personal del doctor Fernández, sin la participación en el acto de hoy de ningún organismo de su partido.

Apenas un par de senadores y dirigentes del PLD se han atrevido a contradecirlo, y aliados como Max Puig, quien esta semana rechazó claramente la repostulación a nombre de su Alianza por la Democracia, y el diputado  Pelegrín Castillo.

El PRD: la otra cara

Como si el continuismo del caudillismo y el providencialismo no generaran suficientes incertidumbres, ahí está la oposición representada en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) empeñada en el otro extremo de la cultura política dominicana, el de la anarquía y el arrebato para imponerse por encima del dictamen democrático.

La destitución del presidente de la Comisión Nacional Organizadora de la elección primaria que arrojó la candidatura presidencial de Hipólito Mejía para sustituirlo por uno de los perdedores y la amenaza de Miguel Vargas de auto proclamarse ganador, llevaron la garata a su punto más álgido, del que se salta a la división o se regresa al sentido común y el realismo político.

Una vez más el PRD desaprovecha la oportunidad de recuperar su antigua primacía y legitimarse como alternativa ante un gobierno en declive y un partido oficial anulado por un neocaudillismo.

Aunque debe acreditársele que ha mantenido la unidad en su representación en la Cámara de Diputados y sacó tiempo para elevar una instancia de inconstitucionalidad sobre la ley del Consejo Nacional de la Magistratura.

Al caer la semana había emergido una comisión mediadora integrada por el expresidente de Panamá Martín Torrijos, en su condición de presidente de la Internacional Socialista para América Latina, por el reputado abogado especialista en solución de conflictos Nelson Espinal Báez, y por el empresario Tony Rivera, que reúne la privilegiada condición de hermano de padre de  Vargas Maldonado y cuñado político de Hipólito Mejía, pues su hermana Janet es la esposa del hijo mayor del candidato.

 

No queda otro camino

Por Juan Bolívar Díaz

En los ámbitos de la sociedad civil dominicana va creciendo el sentimiento de que ya hay que pasar de los comunicados a la acción si se quiere que el liderazgo político nacional escuche el clamor que demanda atención a los problemas prioritarios, a la institucionalidad democrática y a los consensos y pactos de las últimas dos décadas.

Cada día son más los que piensan que sólo la movilización activa de las organizaciones sociales logrará hacer mella en la sordera y ceguera que caracteriza la acción gubernamental frente a una sociedad que ha militado  en la concertación y acudido a los múltiples llamados de los políticos desde los años noventa.

Si se quiere que se entienda que hay que cumplir la Constitución, la ley, los consensos, los estudios, programas de gobierno y discursos que declaran la educación como prioridad nacional, ya no queda otro camino que el de la protesta o demanda pública, dejando clara la determinación de hacer valer los derechos de la ciudadanía. Se trata de exigir acciones específicas, diagnosticadas, consensuadas y convertidas en leyes, para enfrentar problemas tan acuciantes como la creciente inseguridad ciudadana, el eterno desastre energético y la inmigración desenfrenada a voluntad de los traficantes de  personas y de los intereses económicos y políticos más mezquinos.

Es por esas razones que diversos sectores de la sociedad civil han integrado una coalición para luchar por el tantas veces pactado 4% mínimo del producto interno bruto para educación y están desarrollando un programa de lucha callejera. Ahí están el Foro Ciudadano, el Comité para Defensa de los Derechos Barriales, la Federación de Asociaciones Industriales, los industriales de Herrera, Ciudad Alternativa, Participación Ciudadana, el Centro Juan Montalvo, Educa  y otras instituciones, incluyendo las expresiones de las inquietudes juveniles como La Lucha.

Es lamentable que no se haya sumado la Asociación Dominicana de Profesores, aunque esta semana publicó un extenso comunicado fundamentando la prioridad de la educación. Es fundamental la participación de los maestros y de las asociaciones de padres y amigos de la escuela, como de todas las entidades vinculadas a la educación.

Cada día más ciudadanos y ciudadanas deben sumarse a las vigilias que durante el mes de noviembre desarrolla esta coalición, los lunes frente al Ministerio de Hacienda, martes; miércoles y jueves, frente al Congreso Nacional, y los viernes en torno al Palacio Nacional.

Se trata de demandas pacíficas, pidiendo educación para salir de la pobreza. Y aunque las autoridades han desarrollado intimidación e impuesto restricciones, las vigilias se han mantenido, por lo que sólo la cobardía puede explicar que no se hagan progresivamente  masivas.

Es que el último consenso que ratificó la prioridad de la inversión para la educación ocurrió a principios del 2009 en la última cumbre convocada por el Gobierno, que estableció un calendario de aumento para  llegar al 4 por ciento, según el cual en el 2011 debería destinarse el 3.42 por ciento del PIB. Pero el Gobierno apenas ha presupuestado el 1.9 por ciento, menos de la mitad de lo que indica la ley.

No hay excusa válida. El presidente Leonel Fernández agotará su décimo primer año de Gobierno, discurseando sobre la educación para el desarrollo, la sociedad de la información, la era del conocimiento y otras teorías, y se enorgullece de haber mantenido tasas de crecimiento de alrededor del 7 por ciento anual.

Si ese crecimiento duplica el promedio de América Latina, si el país ha sido el de mayor crecimiento en la región durante medio siglo, si el resto de esas naciones promedia el 5.5 por ciento del PIB a educación,  nada justifica nuestra miseria.

Ciertamente ya no bastan discursos ni lamentos. Hay que pasar a la acción para lavar la vergüenza de que ocupemos el escalón 137, de 139 países del mundo, en calidad de la educación primaria.

Sólo se puede entender porque en cuanto a dispendio del Gobierno somos los subcampeones del mundo, en la posición 138 de la evaluación del Foro Económico Mundial.

 Tal vez lo explique todo el anuncio de que para este año el monto del salario navideño del Estado crecerá en 25 por ciento, cuando no hubo revaluación salarial.

Es que como dice el pueblo “no hay prigilio”. ¡Ofrézcome !!!

 

El cerco es gubernamental, no mediático

Por Juan Bolívar Díaz

En la última sesión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el lunes 6 de octubre, se expresaron preocupaciones por el mal momento por el que atraviesa el gobierno, llegándose a considerar que es víctima de un cerco mediático y de grupos de la sociedad civil.

 Según fuentes bien informadas, uno de los distinguidos miembros del organismo,  jurista de verbo encendido, historiador y polemista, llegó a poner nombres y apellidos a  responsables del supuesto cerco. Hay que suponer que sólo con el objetivo de alertar a sus compañeros para que actúen con mayor transparencia y eviten nuevos escándalos que den municiones a los eternos francotiradores.

 Como según la versión recibida, la denuncia nos involucra, tuvimos que reflexionar sobre el asunto. Y debemos reconocer que es cierto que algunos periodistas pecamos de excesos en los cuestionamientos a los funcionarios y de idealismo en la concepción de la política y del gobierno, aunque no tanto como el profesor Juan Bosch, quien abandonó el mayor partido de la historia nacional, que él lideraba y encarnaba, porque estaba lleno de ambiciosos, para con sus más impolutos seguidores fundar el de la Liberación Dominicana.

En realidad en todas partes del mundo los periodistas que persisten en las denuncias de la corrupción y en añorar un mundo de mayor justicia, y menores exclusiones son la minoría. La mayoría se acomoda o incorporan al sistema atraídos por sus altas retribuciones.

Pero aún por encima de los beneficios que deja el poder, no solo a los oficiantes del periodismo, sino también a los dueños del negocio, muy pocos medios quieren aparecer como comparsas del poder, y auspician la crítica, la denuncia, y las propuestas alternativas. Hasta los incondicionales se auto reputan como independientes.

El problema de muchos peledeístas es que ellos siempre se creen víctimas de persecución y ven toda disensión o cuestionamiento como parte de una conspiración. Reformistas y perredeístas son capaces de admitir que sus partidos están llenos de imperfecciones, de oportunistas y hasta de  corruptos, pero los morados no, para ellos sólo sus contradictores encarnan la corrupción, el boato, la malversación  y el aprovechamiento de los recursos del pueblo que con tanta persistencia denunció Bosch.

Es lamentable que tantos dirigentes y funcionarios empeñados en servir queden opacados por el desparpajo y la vida escandalosa de otra apreciable proporción. Los comunicadores deberíamos reconocer que tenemos que ocuparnos más de los primeros, pero sin dejar de denunciar a los segundos.

Por demás, no hay tal cerco mediático al gobierno. Y si algún cerco podemos encontrar es el del gobierno a la sociedad dominicana, por su falta de transparencia y por los escándalos de corrupción y reparto que se denuncian cada semana.  En la última el nuevo director de la Autoridad Portuaria Dominicana, ingeniero Ramón Rivas,  acaba de justificar la cancelación de unos 700 partidarios de su antecesor, sosteniendo que el 86 por ciento de los recursos de la entidad se iban en sueldos, muchos innecesarios.

El cerco lo pone el gobierno cuando  se niega  a acatar el gran consenso nacional que reclama priorizar la educación, la formal de las escuelas y la que debería impulsar en campañas de educación cívica, siquiera para que aprendamos a disponer de la basura y a respetar las más elementales reglas del tránsito, incluyendo la de no cerrar calles y avenidas para recoger a los hijos de los colegios.

El último gran cerco gubernamental ha sido el incalificable abuso de haber roto la ciudad al mismo tiempo en las principales vías, como la Kennedy, 27 de Febrero, Núñez de Cáceres, Máximo Gómez, Ortega y Gasset y otras, en aras de construir  a velocidad sin precedente en el mundo líneas de Metro y elevados. Y no han dejado espacio ni siquiera para que transiten los peatones.

El resultado es un incremento del taponamiento y la pérdida de tiempo, de combustibles, de accidentes  y desgaste vehicular, estimulando la irritación, la  violencia y el fatalismo.

 

La vigilia de la Sociedad Civil

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque con la ausencia de las grandes organizaciones empresariales y de las universidades, ochenta entidades de los más diversos sectores se han declarado en vigilia ante la inminencia de la reorganización del Poder Judicial y la puesta en vigencia de nuevos órganos institucionales.

Tras el proceso electoral piden la reactivación de las organizaciones sociales en reclamo de los cambios que urgen al país, incluidas  reformas políticas, control de la gestión pública, con mayor calidad del gasto, transparencia, freno al deterioro moral y lucha contra la  corrupción.

Piden movilización.  En un comunicado, ochenta entidades de los más diversos ámbitos sociales proclaman que “las organizaciones sociales necesitan reactivarse, predicar con el ejemplo, no reproducir los males que afectan a los partidos políticos, articularse mejor y emprender acciones conjuntas para lograr los cambios que con urgencia requiere nuestra sociedad”.

Plantean que en ese esfuerzo deben participar también los políticos y funcionarios públicos con verdadera preocupación por resolver los problemas nacionales, todos aquellos que hayan demostrado en la práctica un real compromiso con la institucionalidad democrática y el ejercicio ético de la función pública.

Tras una reflexión colectiva llegaron a la conclusión de que el reciente proceso electoral “ha puesto de manifiesto el notable deterioro partidario, expresado en prácticas antidemocráticas de los partidos en la elección de sus candidatos, enorme inequidad en la competencia proselitista, impunidad ante las violaciones de la Ley Electoral y los bochornosos actos de violencia, clientelismo, transfuguismo, falta de transparencia en el origen y destino de los excesivos fondos utilizados en la campaña, entre otros delitos y transgresiones”.

Los dirigentes sociales confiesan su decepción por el gran número de denuncias de fraudes e irregularidades, no sólo entre los diversos partidos, sino también en el seno de los mismos, aumentando la pérdida de confianza de la ciudadanía. “No es casual que en los principales centros urbanos, donde reside la población menos vulnerable al clientelismo, más de la mitad de los electores no acudiera a las urnas”, plantean.  Preocupados por la profundización del deterioro institucional y la falta de principios éticos en el ejercicio de la política y la administración del Estado, “se comprometen a intensificar la vigilancia sobre los poderes públicos a fin de promover que la política y la conducción del Estado se ejerzan con responsabilidad”.

Reestructuración institucional.   Las ochenta organizaciones exhortan a la ciudadanía y a la prensa nacional  a mantenerse muy vigilantes de los cambios institucionales que se derivan de la nueva Constitución, priorizando la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, como organismo responsable de la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia a ser reestructurada, y de los nuevos órganos judiciales, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.

Aunque el comunicado no lo dice, en muchos dirigentes sociales subyacen temores de que el control absoluto del Congreso Nacional y del Consejo Nacional de la Magistratura por parte del bloque gobernante genere una subordinación del Poder Judicial al interés político partidista, por lo que plantean que sus integrantes “deben seleccionarse en estricto cumplimiento de los criterios y requisitos establecidos en la Constitución, de manera que haya garantía de que actuarán con independencia e imparcialidad”.

Reclaman particular atención a la instauración del Tribunal Constitucional, “cuyas decisiones son definitivas e irrevocables” y porque “es la entidad que tendrá la responsabilidad de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales”.

El comunicado llama la atención sobre la elección del Defensor del Pueblo, que suponen que tendrá lugar tras dársele rango constitucional, después de ocho años de haberse aprobado la ley que lo instituye. Esperan que cuente con independencia y los recursos necesarios para cumplir su objetivo.

Se refieren también a la próxima reestructuración de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas, de la que dicen que “debe mejorar substancialmente su desempeño como órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado”.

Los grandes ausentes.   La agenda denominada  “Más Movilización Ciudadana para Mejorar la Institucionalidad Democrática” fue objeto de la reflexión y planteamientos de decenas de entidades de todos los ámbitos sociales, incluidos  la Federación de Asociaciones Industriales y  la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, pero se echa de menos al Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, la Cámara Americana de Comercio y las asociaciones de industriales de Santiago.

También es notable la ausencia de las universidades, con la excepción del Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Tampoco aparecen las iglesias evangélicas que, al igual que las entidades cúpulas del empresariado, formaron parte de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad y del Foro Ciudadano, que en los finales de los noventa y hasta hace pocos años jugaron un papel relevante en la promoción de la institucionalidad democrática.

Mucho se ha especulado en los últimos dos o tres años sobre las razones que tuvo el alto empresariado para reducir su participación en las concertaciones sociales. Algunos la atribuyen a cansancio, otros a temores al poder político, otros a frustraciones de dirigentes y a predominio de los más conservadores.

Entre los sustentadores de la agenda hay múltiples entidades católicas, como la Confederación Dominicana de Religiosos, que congrega las órdenes religiosas, la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santo Domingo, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, y el Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo.

También las Hermanas Carmelitas de la Enseñanza, las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo, la Pastoral de Turismo de la Diócesis de San Pedro de Macorís y Radio Santa María y Radio Marién.

Del Frente sindical sólo firma el comunicado el Consejo de la Unidad Sindical.

El grueso son entidades como Participación Ciudadana, Fundación Justicia y Transparencia, Alianza Dominicana contra la Corrupción y el Comité pro Defensa de los Derechos Barriales.

También  Ciudad Alternativa, Colectiva Mujer y Salud, el Centro de Planificación y Acción Ecuménica y La Lucha.

Aparecen también decenas de organizaciones de productores agrícolas, barriales y entidades de base, incluidas juntas de vecinos.

Reformas políticas y transparencia

Las organizaciones de la sociedad civil proclaman la urgencia de “adoptar medidas para mejorar el sistema electoral, poner freno al derroche de recursos en actividades partidarias y adecentar el ejercicio de la política”. Plantean la necesidad de aprobar la ley de partidos que se debate desde hace una década, relegada por las ventajas derivadas de la falta de regulación y de la defectuosa aplicación de las disposiciones vigentes. También la ley de participación social para promover un mayor control sobre la gestión pública.

No pasan por alto los barrilitos y cofrecitos y las exoneraciones de vehículos en beneficio de los senadores y diputados, sosteniendo que “mientras los legisladores continúen apropiándose de recursos de manera ilegítima, el Congreso carecerá de autoridad para cumplir su rol de fiscalización del uso de los recursos del Presupuesto Nacional por parte de las demás instancias del Estado. Tampoco tendrá autoridad moral para aprobar nuevas cargas tributarias a la población o gravar bienes y servicios actualmente exentos”.   Tras pedir una mayor vigilancia ciudadana sobre el desempeño de los legisladores como de las autoridades municipales, exigen políticas y acciones destinadas a garantizar calidad y transparencia del gasto público y a convertir el presupuesto nacional en herramienta de desarrollo, con equidad y atención a las prioridades. También reclaman movilización para que no se difiera más el cumplimiento de la ley que hace 13 años establece un mínimo del 4 por ciento del producto bruto interno para la educación.

Así mismo llaman a combatir la corrupción y la impunidad, proclamando que “es urgente frenar el deterioro moral e institucional de las estructuras políticas y de los organismos del Estado”, ya que ambas estructuras exhiben una retroalimentación perversa, porque “la falta de democracia, las trampas, la corrupción y la ausencia de ética en los partidos, son conductas que la dirigencia de éstos llevan a las instituciones públicas y con los recursos materiales e institucionales del poder político impulsan el clientelismo, el favoritismo y las prácticas corruptas, como forma de fortalecer las estructuras partidarias”.