Meta Seguros: ¿otro caso cerrado?

Por Juan Bolívar Díaz

El doctor Bautista Rojas Gómez, ministro de Salud Pública, es uno de los funcionarios más reputados del actual gobierno y de los hombres  más pulcros de la política dominicana, razón suficiente para que se aclaren completamente las denuncias que sobre su gestión ha realizado la periodista investigadora Nuria Piera en sus dos últimos programas televisivos semanales.

Cualquiera preferiría aferrarse a esa reputación y dejar pasar el escándalo destapado en torno a la empresa Meta Seguros, integrada  por cinco  hermanas y otros relacionados del funcionario, beneficiaria del manejo de múltiples seguros, entre los cuales resalta uno contra accidentes por el cual se viene descontando 50 pesos mensuales a los más de 50 mil empleados del Ministerio.

Pero fue impresionante ver cómo la periodista Piera acusaba por televisión en ocho o diez ocasiones a Bautista Rojas y a su hermana Miguelina Rojas de Paulino, de haber mentido para ocultar el favoritismo familiar y, lo que es peor, algo que pudiera catalogarse de estafa de ser cierta la afirmación del presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Senén Caba, quien asegura que los médicos ignoraban que tenían ese seguro, por lo que incoarán demandas legales para que se les devuelva lo que les han descontado en por lo menos cuatro años y medio.

Tanto el ministro Rojas Gómez  como la presidenta de Meta Seguros reaccionaron a la primera denuncia afirmando que el seguro de vida data del 2001 durante la gestión en la Secretaría de Salud Pública del doctor José Rodríguez Soldevila, quien ha aclarado que lo que instituyó fue un seguro de vida y accidentes para las enfermeras organizadas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enfermería (SINATRAE), como parte de un pliego reivindicativo. El mismo comunicado publicado el 26 de marzo por Meta Seguros confirma la versión de Rodríguez Soldevila, al señalar que esa empresa inició sus operaciones contractuales “como representante del SINATRAE para administrar y distribuir los recursos económicos que les eran asignados por esa cartera como un logro de las enfermeras”. Luego sostiene que “renueva el contrato en las mismas condiciones que el anterior” en agosto del 2004 durante  la gestión del secretario Sabino Báez. Lo que tanto el ministro como la empresa obviaron fue que Bautista Rojas, a la semana de ser designado al frente de esa cartera, el 24 de agosto del 2005 y mediante el oficio 32741 traspasó a Meta Seguros todos los seguros de vida y accidente, contra incendios, odontológicos y para los más de dos mil vehículos del organismo. Para ello tuvo que rescindir el contrato que otorgaba esos contratos a la empresa Correseguros S.A., la que los mantenía con Angloamericana de Seguros.

Se afirma que es a partir del 2005 cuando el seguro de vida de SINATRAE se extiende inconsultamente a todos los empleados del Ministerio de Salud. Ya no se trata de aquella reivindicación del SINATRAE que Meta Seguros administraba.

Hasta ahí el delito podría ser que Bautista Rojas abusó de sus facultades para beneficiar a su familia. Pero si los médicos y el resto de los empleados del Ministerio ignoraban que tenían ese seguro, como no firmaron ninguna póliza ni registraron beneficiarios en caso de muerte, se puede asumir que tampoco pudieron reclamar beneficios.

Como el presidente del Colegio Médico dijo por televisión que el discutido seguro es “una ilegalidad, una inmoralidad y una felonía”, el ministro Rojas Gómez está en la obligación de informar todo lo concerniente al mismo. Es necesario que diga cuál es la aseguradora, ya que Meta Seguros es apenas una corredora de seguros, es decir una intermediaria, y cuáles empleados de su cartera han recibido beneficios y con qué montos. También cuándo se consultó o informó a los empleados sobre ese seguro, por el cual han les habrían descontado cerca de 200 millones de pesos. La honorabilidad obliga al esclarecimiento de la denuncia. No puede quedar como otro caso cerrado. Y si el ministro Rojas Gómez no responde, entonces corresponde al Presidente de la República y al Ministerio Público tomar cartas en el asunto.