Quien puede lo más, puede lo menos

Por Juan Bolívar Díaz

La suerte corrida por el proyecto de ley de regulación salarial del sector público viene a demostrar lo difícil que va a resultar reordenar el Estado dominicano y corregir las profundas desigualdades e irritantes privilegios que se han venido instrumentando en beneficio de una élite de altos funcionarios públicos, especialmente en los organismos autónomos y descentralizados.

En uno de sus últimos actos de gobierno, el día final de su mandato, el presidente Leonel Fernández acogió los alegatos de inconstitucionalidad que se han levantado desde organismos estatales contra un proyecto elaborado por el Ministerio de Administración y sometido al Congreso Nacional por el mismo titular del Poder Ejecutivo.

No estaba obligado el doctor Fernández a esa iniciativa. Debió dejar la decisión de promulgar u observar la ley al nuevo presidente Danilo Medina, cuyo equipo económico y legisladores allegados pusieron particular interés en la aprobación de la regulación salarial, partiendo de la necesidad de ganar legitimidad para reclamar a la población mayores contribuciones.

Es obvio que todavía los legisladores pueden ignorar las observaciones presidenciales a la ley que ya había sido aprobada por ambas cámaras, aunque se duda que demuestran tal firmeza, ya que dentro de ellos mismos hay fuertes corrientes que rechazan las regulaciones, no las del salario formal que en su caso hasta podría elevarse dentro de una política de equidad, sino en los complementos como gastos de representación, alimentación y vivienda, combustibles, pagos por asistir  a sesiones y comisiones, por Navidad y el Día de las Madres.

 Hay muchos salarios formales en el Estado que superan hasta seis y siete veces los 131 mil pesos que hasta ahora se paga al Presidente de la República, o que duplican y hasta triplican los 292 mil pesos que gana el presidente de España o los 257 mil de sus ministros. Pero algunos cuando se les agregan los pagos adicionales, incluso por asistir a reuniones de consejos en virtud del mismo cargo, llegan a superar el salario actual del presidente de los Estados Unidos, que es de 33 mil dólares, equivalentes a un millón 287 mil pesos mensuales.

Eso en un país donde el 70 por ciento de los asalariados perciben menos de 15 mil pesos mensuales, y de estos la mayoría menos de diez mil. Donde el sueldo mínimo del Estado apenas supera los cinco mil pesos mensuales. Los 450 mil pesos mensuales que propone la ley de regulación como tope máximo son casi 90 sueldos mínimos públicos y cerca de 50 veces el sueldo mínimo más alto del sector privado.

Así como hubo juristas que alegaron inconstitucionalidad en el proyecto de regulación, otros lo justificaron ampliamente. Hay en el debate cuestiones difíciles de entender como esa de que múltiples funcionarios tienen que ser mejor pagados que el jefe de la administración pública. Tampoco  se puede entender la devoción por el cumplimiento de las normas constitucionales que súbita y selectivamente se apodera de algunos. En España, Italia y Francia nuevos presidentes han dispuesto en las últimas semanas  reducciones salariales, de sueldos navideños, de financiamiento y uso de vehículos. Pero en la República Dominicana se cree imposible.

Hay una máxima popular que proclama que “quien puede lo más puede lo menos”. Y como el presidente Medina es quien está designando los altos funcionarios, incluyendo los titulares de la mayoría de los organismos autónomos y descentralizados, bien podría también fijarles el salario y limitarle los beneficios adicionales. El que no esté dispuesto a trabajar para el Estado por salarios por debajo de 450 mil pesos, que se los busque en el sector privado, donde esos niveles de emolumentos son bien escasos.  Si la justificación de los salarios sin límites es la responsabilidad y capacidad, hay que hacer justicia inmediata, por ejemplo, a los médicos de alta especialización que en el Estado ganan 30 o 40 mil pesos. Y si es porque es el precio de la honestidad, estamos perdidos con decenas de miles de policías y militares que ganan entre 5 y 20 mil pesos.

 

 

Luces y sombras del gobierno de Leonel Fernández

Por Juan Bolívar Díaz

Los ocho años consecutivos de Gobierno de Leonel Fernández marcan una etapa de estabilidad y crecimiento económico, con un legado importante de construcciones, aunque financiadas con enorme endeudamiento, dejando déficits fiscal y de balanza comercial que cuestionan la sostenibilidad del modelo de desarrollo.

Las graves deficiencias en educación, energía y competitividad, junto al clientelismo, la corrupción, falta de transparencia y precariedades institucionales arrojan un balance decepcionante de la gestión de un líder que enarboló el discurso de la era de la información y la sociedad del conocimiento.

Las luces.  La estabilidad macroeconómica con crecimiento promedio anual del 8 por ciento del producto bruto interno y un significativo legado de construcciones han sido los mayores logros del Gobierno de ocho años que culmina la próxima semana.

Es generalizado el criterio de que el doctor Leonel Fernández se inscribió en la historia de los grandes constructores junto a Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer, aunque con la diferencia de que lo hizo en base a un financiamiento que triplicó la deuda pública, de 7,900 a más de 24 mil millones de dólares y con déficits fiscales que en los últimos cinco años, incluyendo el actual, superan los 300 mil millones de pesos.

El sostenido crecimiento económico, con control de la inflación y la tasa cambiaria durante estos ocho años nadie se lo podrá discutir al presidente Fernández, como tampoco una extensa red de comunicación terrestre, que va desde dos líneas de Metro hasta múltiples elevados, pasos a desnivel, carreteras y puentes, así como edificaciones gubernamentales, de escuelas y hospitales.

También hay que acreditarle la aprobación de múltiples reformas institucionales, muchas de las cuales se cumplen  precariamente, y una nueva Constitución con rasgos contradictorios de modernidad y retrocesos, pero que le ha permitido, con la colaboración de opositores, acumular un enorme poder político que mantendría tras salir del Gobierno, gracias a su capacidad para atraerse adherentes en base al reparto de cargos y parcelas de poder en nuevos y viejos organismos estatales.

Importantes avances en la implementación del Sistema de Seguridad Social y la ampliación de las relaciones exteriores, con mayor presencia en los organismos internacionales, figuran también entre méritos que se reconocen a la gestión que finaliza, aunque con un costo excesivo y nada transparente  en más de 60 extensos viajes presidenciales por una treintena de naciones.

Las sombras.  Tras ocho años de Gobierno, el presidente Leonel Fernández deja al país como campeón mundial en malversación de los fondos públicos y corrupción, así como en declive en su capacidad competitiva, con escándalos de todos los calibres, entre los cuales resalta el contrato de 130 millones de dólares con la Sun Land, considerado el mayor de la historia nacional.

La corrupción y la falta de transparencia la  han certificado sistemáticamente organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, cuyo Indice de Competitividad 2011-12 coloca a la República en la posición 110 entre 142 naciones evaluadas, con descenso de 17 escalones desde el 93 que registró en  2007.

Con la última posición en “despilfarro en el gasto gubernamental” entre 142 países evaluados por el Foro, la 141 en “favoritismo de los funcionarios del Gobierno”, y la 140 en “desvíos de los fondos públicos”, se puede asumir que Dominicana es campeona mundial en corrupción. La “calidad del sistema educativo” está en el escalón 136, “educación matemática y científica” en el 139 y la “calidad de la educación primaria” desciende hasta el 140.

El reparto de los recursos públicos se hizo norma de Gobierno para mantener los militantes propios y atraerse a decenas de partidos y grupos  con la entrega de parcelas estatales, lo que a la vez debilitaba la institucionalidad del sistema de partidos y de muy diversas instituciones sociales.

Se desbordaron los altos salarios públicos, los barrilitos, cofrecitos, nominillas y repartos de todo género y el Presidente otorgó cientos de pensiones privilegiadas de 40 y 50 mil pesos a personas que no se las ganaron e incluso que no las necesitaban.

El Gobierno de Leonel Fernández acumuló la alarmante cantidad de 340 viceministros y subsecretarios, más de 300 generales militares y policiales y hasta diciembre pasado tenía una nómina de 1,163 personas designadas en cargos diplomáticos y consulares, muchas de las cuales no han sido acreditadas por los gobiernos donde fueron destinadas.

Graves interrogantes.  Tras ocho años consecutivos de crecimiento económico, el presidente Fernández deja al 41% de la población en niveles de pobreza, 10% en la indigencia, según fue certificado la semana pasada, y con un millón 840 mil tarjetas para acceder a programas de asistencia social y subsidios, el mayor de los cuales es de 700 pesos mensuales, (una libra de arroz por día), que no estimulan a nadie a salir de la pobreza, pero mantienen clientelas y subordinación.

El legado del doctor Fernández de un déficit fiscal que este año superará los 100 mil millones de pesos, y los déficits de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sobre 4 mil millones de dólares anuales, y de la balanza comercial que promedia 8,600 millones de dólares anuales en el último cuatrienio, representan serios interrogantes a la sostenibilidad económica del país, especialmente cuando se extiende la crisis económica internacional.

De ahí los reclamos de los sectores productivos que se quejan de una política económica que ha sacrificado la productividad nacional, con energía insuficiente y cara y escasa educación, con serias dificultades de competitividad hasta con Centroamérica y que privilegia las importaciones, acentuando el desnivel con casi todos los países del intercambio nacional.

La convicción del sector empresarial y de los analistas de la economía es que el modelo de desarrollo nacional, que no genera empleos de calidad, con 57 por ciento de informales, está agotado y  pone bajo interrogantes la sostenibilidad del país en la medida en que se agota la capacidad de endeudamiento.

Es relevante que el doctor Fernández será el primer presidente dominicano que entrega el poder a un sucesor del mismo partido, pero hasta en sus últimos días se ha empeñado en gastar más de lo percibido, en su empeño por inaugurar obras aunque no estén concluidas, dejando un desorden financiero que dificultará el arranque del nuevo Gobierno y lo obligarán a exponer su popularidad con una dramática reforma que esta vez no podrá ser solo tributaria, sino fiscal e integral.

Grandes cuestionamientos. La baja inversión en educación, apenas por encima del 2 por ciento del PIB, contrariando la Constitución, la ley, el sentir nacional y hasta sus propios planteamientos, es el mayor cuestionamiento de una gestión que se benefició de 6 reformas tributarias que junto al endeudamiento le permitieron triplicar el presupuesto nacional, que pasó de 139 mil millones de pesos en 2004 a los 511 mil millones destinados para el 2012. El mandatario que habla de la sociedad del conocimiento prefirió seguir la tradición de autoerigirse un pedestal del visible cemento y el asfalto, reproduciendo a los dos caudillos que dominaron el escenario nacional del siglo pasado.

La calidad del gasto, sin respetar prioridades, con enormes dispendios, escasa transparencia  y generalizada corrupción, es de los baldones que se le enrostran al presidente Fernández, beneficiario él mismo con su Fundación Global de prácticas de tráfico de influencia condenadas en todas las democracias.

Una desmesurada elevación del gasto corriente ha determinado que la inversión pública dependa hasta en un 90 por ciento del financiamiento. La nómina pública creció un 63 por ciento, al pasar de 400 mil a 653 mil personas.

Desde el discurso de juramentación en  2004 se prometió resolver la grave crisis energética con la instalación de megaplantas de carbón y la conversión de  otras a gas natural para abaratar el servicio, así como con la renegociación de los contratos onerosos con generadores, recapitalizar las distribuidoras y conjurar el robo y las pérdidas de energía para reducir el subsidio gubernamental que hace 8 años promediaba 25 millones de dólares anuales y que, al contrario, se ha multiplicado 40 veces, ya que en el último cuatrienio ronda los mil millones de dólares por año.

Igualmente escasa ha sido la inversión en mejorar la capacidad de la Policía Nacional para combatir la creciente criminalidad y el narcotráfico que generaron grandes escándalos y cada vez más involucraron a los propios agentes del orden y a militares.

Con rasos ganando 5 mil pesos, sargentos de 8 mil, tenientes de 10 mil y coroneles de 20 mil pesos, nadie debe sorprenderse de la ineficiencia policial y el consiguiente incremento de la inseguridad pública.

 

Tope salarial de $400 mil supera el promedio de AL

Por Juan Bolívar Díaz

La reunión el viernes del presidente  de la Comisión de Transición de  Danilo Medina, Gustavo Montalvo, con la comisión senatorial que estudia el proyecto de ley de salarios públicos alienta su aprobación antes que se instale el nuevo gobierno

Trascendió esta semana que algunos senadores alientan la aprobación del proyecto de Ley General de Salarios para el Sector Público, para lo cual esperan la convocatoria de una legislatura extraordinaria antes del cambio de gobierno para que se aplique plenamente a los nuevos funcionarios.

Mientras cobra fuerza en el Congreso la fijación del salario del presidente de la República en unos 400 mil pesos (10 mil 230 dólares), ligeramente por encima del promedio en América Latina, el cual sería el máximo a ser percibido por los funcionarios del Estado dominicano.

Se fortalece el proyecto.  Alentado por las medidas de austeridad adoptadas en Italia y España en la primera mitad del mes, y tras una vista pública donde sólo una institución formuló reparos, tomó fuerza esta semana el proyecto de Ley sobre Regulación Salarial en el Sector Público, aunque el presidente de la comisión que lo estudia dijo que reciben “presiones asfixiantes” de organismos estatales que reclaman quedar fuera de la regulación.

Alarmados por los niveles del déficit fiscal, economistas de todas las tendencias, dirigentes empresariales y políticos siguieron reconociendo que el nuevo gobierno tendrá que abrir una etapa de austeridad y reordenamiento fiscal. El empresario Ignacio Méndez, del sector externo del presidente electo, adelantó que “se están revisando las prioridades y el volumen de los gastos”

Aunque se ha dicho que decenas de organismos públicos han formulado objeciones al proyecto, sólo representantes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) las presentaron en la vista pública celebrada el martes 17 por la comisión senatorial que lo estudia. Una delegación del Banco Central dijo que éste no tiene objeciones, ya que el proyecto de ley lo exceptúa, lo mismo a todas las entidades estatales de naturaleza financiera. La DGII reclamó la misma exclusión en virtud de su importancia como organismo recaudador que ya tiene un sistema salarial especial de incentivos técnicos, pero los defensores del proyecto aducen que el mismo prevé un régimen de incentivos “por resultados” y una escala salarial “sobre la base de la complejidad y riesgo del ejercicio de las funciones”.

Contrario a lo que se esperaba, en la vista pública no hubo muchas intervenciones y al parecer los objetores prefirieron mantenerse tras bastidores. Se señala la Cámara de Cuentas y la Suprema Corte. El proyecto recibió apoyo de representantes del movimiento Participación Ciudadana, entidad que lo ha respaldado  con varios estudios y en las consultas previas a su elaboración. También lo apoyaron asociaciones de empleados públicos y la Central Unitaria de Trabajadores, ésta última reclama un salario mínimo de 10 mil pesos para el sector público, el doble del vigente.

Para el nuevo gobierno.  Entre los senadores cobró fuerza un núcleo que promueve el proyecto y que proclama la necesidad de aprobarlo antes que se instale el nuevo gobierno para que tenga aplicación plena sin que nadie pueda alegar irretroactividad, ya que se establecería un salario tope, el del presidente de la República, y los de los presidentes de las cámaras legislativas y la Suprema Corte de Justicia en sus respectivas jurisdicciones. También porque limitaría los gastos de representación al 15 por ciento del salario, el pago de combustibles al 10 por ciento, y suprimiría las tarjetas de crédito, excepto a los titulares de los poderes del Estado y al vicepresidente de la nación.

El influyente senador Charles Mariotti, muy cercano al presidente electo Danilo Medina, dijo públicamente el jueves que la ley debe regir para los nuevos funcionarios a ser designados a partir del 16 de agosto y que esa iniciativa “es clave para una reestructuración más racional y equilibrada del Estado”.  El senador Adriano Sánchez Roa insistió en que más de 60 instituciones reclaman ser excluidas de la ley, y dijo que si les hacen caso, la iniciativa carecería de valor.

Como la legislatura ordinaria concluye el próximo jueves, varios legisladores cuentan con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo convoque una extraordinaria para conocer varios proyectos pendientes, lo que permitiría aprobar la ley salarial antes que se instale el nuevo gobierno. La expectativa aumentó con una reunión el viernes de Gustavo Montalvo con el presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno, Reynaldo Pared Pérez, y la Comisión senatorial que estudia el proyecto, en la cual se habrían consensuado algunas enmiendas, que serían discutidas este lunes con el Ministro de Administración Pública. Aunque fuera aprobado  por el Senado antes del jueves, no habría tiempo para que ocurra lo mismo en la Cámara de Diputados, donde tendría que volver el proyecto por los cambios que se le introducirán.

El tope de 400 mil pesos.  El proyecto de ley salarial no establece montos específicos pero en su artículo 11 faculta al Ministerio de Administración Pública “para que someta anualmente a la Dirección General de Presupuesto las escalas salariales correspondientes a los distintos cargos que conforman la administración pública”.

Pedro Germosén recogió en su crónica del jueves en HOY que en el Senado se contempla un salario tope de 400 mil pesos mensuales para el presidente de la República, al parecer derivado de una consultoría del ministerio, lo que a la tasa actual de 39.10 pesos por dólar equivaldría a 10 mil 230 dólares. El salario del presidente dominicano sería superior en 1,957 dólares al promedio de lo que reciben los mandatarios de América Latina que es de 8 mil 273 mensuales, y en 2 mil 130 dólares el promedio de 8,100 dólares de los de Centroamérica.

De acuerdo con un informe de este mismo mes de julio del consultor Enrique París, del Ministerio de la Administración Pública, los presidentes de 15 de los 20 países latinoamericanos tienen sueldos inferiores a los 10 mil dólares mensuales y los otros 5 hasta 18 mil 657 dólares que recibe el de Guatemala, uno de los más pobres del continente. El menor es el de Bolivia con 1,900 dólares, seguido por Haití con 2,000 y Nicaragua con 3,200 dólares. El dominicano en cuarto lugar con 3,354 dólares, ahora equivalentes a 131,000 pesos.

Entre los cinco mandatarios latinoamericanos  mejor pagados se encuentran los de los países más grandes y ricos, Argentina, México, Brasil y Chile, que oscilan entre 10 mil 793 y 16 mil 165 dólares mensuales.

Con un salario equivalente a 10 mil 230 dólares, el presidente dominicano se situaría entre  los 9 mil 968 que gana el de Colombia, y los 10 mil 793 de la presidenta de Argentina. Entre los criterios para definir el sueldo presidencial el consultor París señala que “el indicador cuantitativo de desarrollo económico y bienestar es el PIB per-cápita ajustado por paridad de poder de compra”, indicando que República Dominicana “se ubica en el promedio de América Latina”. Sugiere que el dominicano “se ubica entre El Salvador y Costa Rica”, en el primero el sueldo presidencial es de  7 mil 746 dólares y en el segundo 12 mil 425.

En la generalidad de los países latinoamericanos los sueldos del presidente fijan tope al resto de la administración pública, aunque en varios hay excepciones como la de los bancos centrales. El informe de París indica que en América Latina se observa una tendencia “a acortar las distancias entre las remuneraciones de los niveles jerárquicos del Poder Ejecutivo”.

El desorden salarial del Estado dominicano quedó documentado en el análisis titulado “Urge la aprobación de la Ley de Salarios” que publicamos en HOY el 17 de junio en base a un estudio de Participación Ciudadana.

  Buscan ayudar a Danilo.

De lo que tratan algunos legisladores es de facilitarle a Danilo Medina la adopción de algunas racionalidades y una política de austeridad que en todos los sectores se considera imprescindible para plantear mayores tributos, concebidos dentro de una “reforma fiscal integral”.

Medina ha adelantado que no hará reducción masiva del número de empleados del Estado, razón por la cual tendría que ejemplificar reduciendo gastos de representación, y abusos con tarjetas de crédito, transparentando el gasto público e imponiendo racionalidad en los salarios de los altos cargos.

Es obvio que el Presidente podría establecer todas esas medidas mediante un decreto previo a la designación de sus altos funcionarios, lo cual no sólo es legítimo, sino que ninguno se atreverá a impugnar. Medina designará una alta proporción de nuevos altos funcionarios, pero también ratificará a muchos de los actuales.

La ley ayudaría sobre todo al partir del principio de una escala salarial por jerarquía, ya que el sueldo actual del presidente de la República, estimado en 130 mil pesos, considerado un eufemismo, tendría que ser sincerado en proporción considerable, lo que Medina no querrá hacer por su propia iniciativa para no aparecer como si se estuviera elevando el salario en momentos en que se reclama austeridad.

El tope presidencial haría caer algunas decenas de salarios desproporcionados, que pasan de 500 mil y llegan hasta 900 mil pesos mensuales, como los de varios superintendentes, directores y administradores, especialmente de organismos autónomos y descentralizados.