Genocidio civil retroactivo

Por Juan Bolívar Díaz

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Mientras el país estuvo entretenido en su extensa campaña electoral, durante el último año se ha ido dejando como muertos civiles a millares de dominicanos de ascendencia haitiana al amparo de una circular de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE).

Se trata de una aplicación retroactiva y, por tanto, inconstitucional, de la nueva interpretación del derecho a la nacionalidad integrada en la Ley de Migración 285 del 2004, según la cual los hijos de extranjeros sin residencia legal en el país no pueden ser declarados como dominicanos.

Entre las víctimas se cuentan hombres y mujeres, aún con uno solo de sus padres de ascendencia haitiana, a quienes hace décadas se les reconoció la nacionalidad, a los cuales ahora las autoridades del registro civil les niegan copias de sus actas de nacimiento, impidiéndoles renovar pasaportes, contraer matrimonio y otros actos civiles.

La circular No. 017.  El 29 de marzo del 2007 el doctor Roberto Rosario Márquez, presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, emitió la circula 017 dirigida a los oficiales del Estado Civil en la que se les instruye “examinar minuciosamente las Actas de Nacimiento al expedir copias o cualquier documento relativo al Estado Civil de las personas”.

El segundo párrafo indica que habían recibido denuncias de que en algunas Oficialías “fueron expedidas en tiempo pasado Acta de Nacimiento de forma irregular con padres extranjeros que no han probado su residencia o estatus legal en la República Dominicana”.

“Cualquier irregularidad que se presente en los Actos del Estado Civil supraindicados, los Oficiales del Estado Civil deben abstenerse de expedir, firmar, copiar y de inmediato deben remitir el expediente a esta Cámara Administrativa, quien procederá de acuerdo a la Ley”, indica el tercer párrafo. El último requiere “fiel y estricto cumplimiento” de la circular, con la advertencia de que “su violación será sancionada con las medidas disciplinarias que el caso amerite”.

Desde entonces, a cualquier persona negra de apellido extranjero, en especial de raíz francesa, se le pide prueba de que sus padres tuvieran residencia legal al momento en que nació. Si no lo prueban se les niega una copia del acta de nacimiento o de matrimonio o se le impide registrar el nacimiento de un descendiente, no importa cuántos años o décadas tengan de haber obtenido el acta original que le otorgó la ciudadanía.

Un genocidio civil.  La circular ha originado lo que el abogado Cristóbal Rodríguez Gómez, quien asiste a varias víctimas de la exclusión, ha bautizado como  “un verdadero genocidio civil”, que está causando daños, a menudo irreparables a miles de personas, impedidas de viajar fuera del país, de contraer matrimonio o de divorciarse, de inscribirse en escuelas y universidades, optar por becas y oportunidades de empleo.

Si el solicitante del acta de nacimiento entrega su cédula en muchos casos se les ha retenido remitiéndolos a la JCE, donde comienza un calvario de viajes y gestiones, hasta ahora sin resultados. Los que quedan sin cédula se convierten en “muertos civiles”, pues entonces ya no pueden realizar múltiples actos de la vida ciudadana, desde votar hasta cambiar un cheque.

La situación será más grave cuando las autoridades dispongan el cambio de la actual cédula de identidad y electoral para lo cual se requerirá el acta de nacimiento, pues se multiplicarán automáticamente los descendientes de extranjeros que serán afectados al quedar sin el mínimo documento de identidad.

Ya el doctor Rodríguez Gómez recurrió ante el tribunal contencioso en busca de amparo para Emildo Bueno Oguís, pero le fue negado el pasado 30 de abril, por lo que apelarán ante la Suprema Corte de Justicia y de ser necesario a organismos internacionales, según adelantó en reciente entrevista por Teleantillas. Hasta ahora los afectados podrían ser decenas de miles, pero llegarán a cientos de miles, esparcidos por todo el país, según los estimados de los grupos que abogan por los derechos de los dominicanos y dominicanas descendientes de haitianos y domínico-haitianos.

Aplicación retroactiva.  La circular de la Cámara Administrativa de la JCE parece tener origen en la Ley 285-04, del 15 de agosto del 2004 que considera “en tránsito” a todo extranjero que no tenga residencia legal en el país, validada por un dictamen de la Suprema Corte de Justicia del 14 de diciembre de 2005, que rechazó el recurso de inconstitucionalidad sobre 11 artículos de esa ley elevado por 15 organizaciones sociales.

En principio se creía que tal restricción sólo afectaría a personas que no hubiesen sido previamente reconocidas como dominicanas, en virtud del artículo 47 de la Constitución de la República, el cual indica que “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso la ley ni poder público alguno podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.

Suman cientos de miles los nacidos en el país de uno  o los dos padres haitianos que en las décadas anteriores fueron declarados como dominicanos y se les entregó actas de nacimiento y otros documentos legales, en aplicación del precepto constitucional del jus soli (artículo 11) que declara dominicano a todo el que naciera en territorio nacional, excepto los hijos de diplomáticos y los extranjeros en tránsito. El reglamento 209 de la Ley de Migración de 1939 que rigió hasta el 2004, definía a los “en tránsito” como “aquellos que entran a la República Dominicana con el propósito principal de proseguir a través del país con destino al exterior, estableciendo un período de 10 días para conservar esa calidad”.

El dictamen de la Suprema Corte de Justicia, considerado un exceso por expertos constitucionalistas como Eduardo Jorge Prats, contradijo el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Octubre del 2005 que rechaza el concepto de extranjeros en tránsito a los residentes en el país aún sin estatus legal. Varios juristas consideran que para aplicarlo tendría que ser modificado el inciso 1 del artículo 11 de la Constitución. La resolución 1920-2003 de la misma Suprema Corte había reconocido que las decisiones de la Corte Interamericana son obligatorias y vinculantes para todos los poderes públicos dominicanos.

La aplicación retroactiva que implica la circular 017 ya fue condenada en el reciente informe de Amnistía Internacional y lo seguirá siendo en los organismos internacionales, donde se proponen apelar los perjudicados, ya que no hay precedentes de despojo masivo de la nacionalidad aún en las crecientes restricciones internacionales a las migraciones.

Casos paradigmáticos.  En los medios de comunicación dominicanos se han presentado múltiples casos de la grave injusticia que implica la aplicación retroactiva de la nueva Ley de Migración. Varios fueron difundidos por Teleantillas. Uno paradigmático es el de Rubén Jean Batiste, nacido en el país hace 38 años, con 15 años como profesional del magisterio y que ha vivido aquí toda su vida.  Es subdirector del departamento de Educación de Jóvenes y Adultos de la Secretaría de Educación. Con cédula y pasaporte y quien ha viajado a diversos partes del mundo. Con hijos reconocidos como dominicanos y a quien recientemente se le ha negado copia de su acta de nacimiento,

Emildo Bueno Oguís tiene 33 años, estudiante universitario no ha podido viajar a Estados Unidos donde se  juntaría con su esposa, pero le niegan copia de su acta de nacimiento para sacar el pasaporte. No ocultó su indignación: “no hay dolor más grande que te declaren inexistente, que siendo persona, hijo de Dios, nacido, criado y documentado dominicano, ahora te digan que no eres nadie”.

Estervina Macías, 42 años, profesional graduada en el país, no ha podido viajar a España para hacer una maestría. Angel Luis Joseph acaba de  perder un contrato de 350 mil dólares con un equipo de béisbol de Estados Unidos. Le negaron copia del acta de nacimiento con la que debió sacar el pasaporte.   María Altagracia Sierra es dominicana y no tiene ascendencia haitiana, pero se casó con alguien que sí la tiene. Sus primeros tres hijos están reconocidos como ciudadanos, pero a la cuarta, la pequeña Paola, de 3 meses, no se la quieren reconocer.

Algunos como el funcionario Rubén Jean toman la situación con optimismo y sin amargura, pero para miles se trata de una discriminación traumática que les está ocasionando perjuicios emocionales, económicos y sociales que consideran irreparables. Independientemente de la condición legal de inmigración de algunos de sus padres o abuelos, aquí nacieron y han vivido durante décadas, no tienen vínculos en ninguna otra parte y no pueden entender tanta irracionalidad en una nación que tiene a más de millón y medio de sus hijos en otros países, en su mayoría inmigrantes ilegales.

 

Hay miles como Sonia Pierre

Por Juan Bolívar Díaz

Sólo nos falta que un día de estos se produzca una decisión revocando la nacionalidad de Sonia Pierre, defensora de los derechos de los que como ella son dominicanos de ascendencia haitiana. Es decir fruto de la inmigración de cientos de miles de ciudadanos que en el último siglo vinieron desde la vecina nación a ganarse la vida, con el sudor de su frente como mandó Dios.

Fue simbólico del furor y el odio de algunos fanáticos el que recientemente fueran desprendidas la fotografía y la biografía de la señora Pierre de la exposición en el parque Independencia sobre mujeres dominicanas distinguidas, de las artistas Nicole Sánchez y Giovanna Bonnelly, quienes ahora deben estar siendo consideradas por esos “fieles” sospechosas de “actitudes antidominicanas” .

Tengo entendido que Sonia nació en Villa Altagracia a principios de los sesenta, hija de dos ciudadanos haitianos, y como entonces no había sido reinterpretada la Constitución, todavía se documentaba a los hijos de extranjeros llegados a este mundo, independientemente del estatus legal de los padres. Así ella fue declarada y documentada como ciudadana dominicana.

Desde entonces ha vivido y se ha desarrollado aquí y, guardando el equilibrio emocional a pesar de las discriminaciones que ha tenido que enfrentar, decidió asumir la realidad de que es simbiótica expresión de la pobreza domínico-haitiana, el fruto de la migración tan vieja como los seres humanos.

Es consecuencia de una extensión de la nacionalidad dominicana, la domínico-haitiana, como existe también la domínico-español, domínico-chino y muchas otras variedades. En Estados Unidos hay cientos de miles que son domínico-americanos o américo-dominicanos. Como hay millones de méxico-americanos, con todas las consecuencias no solo legales sino también culturales y raciales.

Antes que Sonia Pierre ha habido en el mundo una inmensa legión de hijos de la migración que han asumido la defensa de los de su misma condición. Uno de los paradigmáticos fue César Chávez, legendario méxico-norteamericano nacido en Arizona, quien ayer 31 de marzo hubiese cumplido 80 años, de no haber muerto en 1993 minada su salud por las huelgas de hambre y otras formas de lucha que adoptó.

Al comenzar su lucha a mediados del siglo pasado Chávez consideraba que el 40 por ciento de los trabajadores campesinos eran mexicanos indocumentados. El, a quien no se le regateó la ciudadanía americana, asumió su defensa y en ello se jugó la vida. Tras su muerte, el presidente Clinton le confirió la medalla de la libertad.

Por cierto que el año pasado Sonia Pierre recibió el Premio de Defensora de los Derechos Humanos que otorga en Washington una fundación a la memoria de Robert Kennedy, quien tuvo el valor de defender a Chávez en los finales de los años sesenta cuando el líder era objeto de persecuciones e incomprensiones.

Al igual que hace la señora Pierre aquí, hay dominicanos y dominicanas que defienden los derechos de los hijos de nuestros emigrantes cuyo volumen también genera actitudes irracionales en Estados Unidos, Puerto Rico, en las islas del Caribe y en varias naciones europeas.

Ahora sólo falta que un día de estos nos tropecemos con una resolución que prive a Sonia de la nacionalidad dominicana, como ya algunos reclaman. El paso subsiguiente y lógico sería desconocer sus raíces territoriales y deportarla, no sin antes quitar también la nacionalidad a sus cuatro hijos.

Para ser justos y no andar con contemplaciones, tendríamos que hacer lo mismo que cientos de miles de domínico-haitianos a quien en el siglo pasado se les reconoció la nacionalidad dominicana por el jus-soli, es decir por haber nacido en el territorio nacional. Habría que desarraigarlos de familias, propiedades y vidas para echarlos del otro lado de la frontera.

De esa forma habremos “resuelto” gran parte del “problema haitiano” con el aplauso del mundo, y ya entonces no habrá ningún Movimiento de Mujeres Domínico-haitianas que se atreva a salir con alegatos sobre supuestos derechos humanos. Manos a la obra.

 

No, un gobierno tramposo no

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque muchos no lo crean estoy absolutamente convencido de que es por olvido que el gobierno del presidente Leonel Fernández no ha cumplido la sentencia dictada hace casi un año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al caso de las niñas Dilcia Oliven Yean y Violeta Bósico, dominicanas de ascendencia haitiana. El próximo sábado 7 de octubre se cumple el plazo de un año otorgado al país para cumplir la sentencia que requirió del Estado dominicano una reforma del sistema del registro de nacimiento, garantizar la educación a todos los niños y niñas residentes en el país, independientemente de su ascendencia u origen, realizar un acto público de desagravio a las niñas discriminadas, pagar una indemnización de 22 mil dólares y publicar la sentencia.

Para los que no recuerdan el caso, la condena se originó en un proceso llevado primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y derivada por ésta a la Corte Interamericana, por habérsele negado la nacionalidad a las niñas Yean y Bósico, lo que les causó problemas para asistir a la escuela. En ambos casos eran niñas de ascendencia haitiana pero sus madres habían nacido en Yamasá, República Dominicana, habían vivido aquí siempre y en su tiempo no tuvieron problemas para que se les reconociera como dominicanas. Con más razón correspondía en el caso de sus hijas.

En el curso del proceso, que duró seis años, las autoridades dominicanas otorgaron el acta de nacimiento correspondiente a las dos niñas, pero tanto el Movimiento de Mujeres Domínico Haitiana como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Clínica Jurídica de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, California, que impulsaron la instancia, decidieron mantenerla hasta el final, probablemente buscando establecer jurisprudencia.

La razón básica por la que creo que el incumplimiento de la sentencia se debe a un olvido, fruto de los múltiples problemas nacionales que han tenido que afrontar las actuales autoridades, es porque estoy convencido de que el régimen del doctor Leonel Fernández, un jurisconsulto con indiscutible vocación internacionalista, tiene deficiencias y hasta debilidades, pero no puede ser un gobierno tramposo.

Primero no podemos olvidar que fue el presidente Fernández, quien en su anterior gestión gubernamental, el 19 de febrero de 1999, aceptó de pleno derecho la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanas, lo que había quedado pendiente desde el 25 de diciembre de 1977 cuando el Estado dominicano suscribió la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Es decir, que no es posible que el jurista Fernández permita que se desafíe ahora la jurisdicción de una corte a la que él le reconoció calidad para dictaminar en materia contenciosa nacional.

Segundo, porque el 4 de junio pasado, durante una de las sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos celebrada en esta capital, el canciller Carlos Morales Troncoso expresó la decisión del gobierno de cumplir la sentencia. Y lo hizo ante el secretario general José Miguel Insulza y los cancilleres de todos los países miembros del sistema interamericano, del cual la CIDH es instrumento fundamental.

Tercero, porque es casi seguro que esa promesa de acatamiento de la sentencia fue una condición previa para que la abogada dominicana Rhadys Abreu de Polanco fuera electa por esa misma asamblea como jueza titular de la CIDH.

Cuarto, porque salir ahora con un desacato no sólo dejaría mal empeñada la palabra y el crédito del gobierno, sino que pondría en penosa situación a la jueza Abreu de Polanco, quien por demás fue representante del Estado dominicano en el largo proceso del caso.

Y quinto, porque el desacato abriría una nueva campaña de denuncias internacionales contra el Estado dominicano, cosa que para nada necesita este gobierno empeñado en mejorar la situación del país en el concierto mundial, y que quedaría como tramposo al haberse comprometido a acatar la sentencia, y conseguido tener una jueza en la CIDH para luego desconocerla.

No, este gobierno tiene sus debilidades, pero tanto como tramposo no. Por eso seguro que esta semana dará los primeros pasos para acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.-

El dictamen del juez Samuel Arias

Por Juan Bolívar Díaz

             Es muy probable que la mayoría de los que han pedido la cabeza del juez Samuel Arias Arzeno, por dictaminar en reconocimiento de la nacionalidad dominicana de dos niños hijos de haitianos residentes en el país, no se hayan tomado la mínima molestia, de estricta honradez intelectual, de leer la sentencia que es un aporte fundamental al debate de un tema tratado frecuentemente con prejuicio y maniqueísmo.

           Me negué a hablar del tema sin conocer el dictamen, que busqué afanosamente en los diarios, pero apenas encontré mínimas referencias sobre su fundamento. Los comentarios de radio y televisión evidenciaban también que se hablaba “de memoria”, en base a prejuicios y con evidente desconsideración del magistrado.

            La publicación íntegra de esa sentencia debe ser un gran servicio para elevar el debate sobre un asunto tan sensible como es el derecho a la nacionalidad de los nacidos en el país, establecido en la Constitución de la República, que en las últimas dos décadas ha sido objeto de una nueva interpretación.

            Fue a partir de mediados de los ochenta, cuando José Francisco Peña Gómez emergió por primera vez como candidato presidencial, que se incrementó el antihaitianismo en el país, llegándose a niveles verdaderamente vergonzosos. Baste recordar que a él mismo se le cuestionó intensamente la nacionalidad por tener ascendencia haitiana, a pesar de que tenía ya más de 50 años de edad, con todos los documentos de lugar, y que durante tres décadas había recorrido el mundo, una y otra vez, representando el mayor partido nacional.

            Y no se trató tan solo de ataques políticos, pues hubo notables juristas que pretendieron dar categoría de lo definitivamente juzgado a sus prejuicios no exentos de racismo, porque nunca se ha planteado el mismo racero para los hijos de otros extranjeros, con residencia o no en el territorio nacional.

            Hasta aquella infame campaña política para cerrar el paso a la presidencia a uno de los domincianos más ilustres e ilustrados, nadie había discutido los alcances del ordinal 1 del artículo 11 de nuestra Constitución que establece el “jus soli”, o derecho a la nacionalidad a “Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que estén de tránsito en él”.

            El dictamen del juz Arias reivindica en toda su extensión el alcance, por cierto casi universal, del jus soli, considerando que “el principio constitucional debe ser aplicado estrictamente, de esa forma, todo el que nace en República Dominicana es dominicano, ya que no hace diferencia alguna en cuanto a la legalidad o ilegalidad de los padres, nacionales o extranjeros, ya que ese es un derecho, no atribuido a los padres, sino a los nacidos en territorio dominicano”.

            El magistrado rechaza igualar la residencia ilegal con el tránsito por el territorio, fundamentado en el reglamento 209 de la ley de Migración, donde se define a los transeuntes como “aquellos que entran a la República Dominicana con el propósito principal de proseguir al través del país con destino al exterior, estableciendo un período de 10 días para conservar esa calidad”. Y concluye que “no es el caso de los demandantes que se encuentran establecidos permanentemente en nuestro país”.

            Como prueba adicional de que los padres de los dos niños reconocidos como dominicanos no estaban en tránsito, la sentencia cita una certificación de Marisol Alburquerque, oficial del Estado Civil, indicativa de que la señora demandante, Carmelite Bazil, tiene en la actualidad su visado vigente. Su supuesto tránsito lleva por lo menos los 7 años que ya cumplió el mayor de sus dos hijos reconocidos.

            También fundamenta el juez Arias su rechazo al argumento de que los hijos de nacionales de Haití nacidos aquí no pueden ser dominicanos en virtud de que la Constitución de la vecina nación los considera haitianos. Derecho que por cierto también se otorga a los hijos de dominicanos nacidos en el exterior, (ordinal 3 del mismo artículo 11).

            Indica que de los principios del derecho internacional público podemos deducir que “si ciertamente los Estados son libres de determinar y reglamentar la adquisición y la pérdida de su nacionalidad, no es menos cierto que no corresponde al Estado determinar o valorar las condiciones de adquisición o pérdida de una nacionalidad correspondiente a otro Estado”.

            Asímismo, el magistrado Arias consideró preciso recordar “el principio de la nacionalidad efectiva que en la especie queda caracterizada en el vínculo real y efectivo de los menores con el Estado dominicano, en razón de su permanencia y desarrollo de su vida común, incluyendo su educación, en territorio dominicano”.

            El dictamen no será la Biblia. Pero se trata de un documento jurídico, bien fundamentado, que puede ser discutido y contra argumentado, pero no ocultado ni atacado sin siquiera citar sus esencias.

            Se estima que hay decenas de miles de jóvenes y adolescentes descendientes de haitianos que nacieron y han permanecido toda su vida en el país. La mayoría jamás han pisado territorio haitiano. Pero carecen de documentación porque se les ha negado el derecho a su nacionalidad. ¿ Están realmentre en tránsito por el terrritorio nacional? ¿Y hasta cuándo durará ese “tránsito”?.-