Proceso con graves retrocesos institucionales y democráticos

Por Juan Bolívar Díaz
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La resistencia del partido dominante a aprobar las leyes de partidos y del régimen electoral, que persiguen regulaciones democráticas, desconociendo consensos y compromisos, es una de las mayores falencias del proceso, auspiciando un virtual desmantelamiento del viejo sistema de partidos.

Paquete de 4,106 cargos. La escogencia en la misma jornada este 15 de mayo de los 4,106 cargos electivos del Estado es una regresión de la reforma política aprobada tras la crisis poselectoral de 1994, que incluyó la no reelección también abrogada, después de años de consensos sobre la base de que el presidencialismo arrastra los candidatos legislativos y municipales, y deteriora la independencia de los poderes.

El pretexto para reunificar las elecciones con la Constitución del 2010, fue que con elecciones cada dos años, el país vivía siempre en campaña, lo que no cambió puesto que la promoción de candidaturas se inició tan pronto culminaron los comicios presidenciales del 2012, con un gasto sin precedente que se paga con el dinero público.

Hay testimonios de que candidatos a diputados, los que tienen que buscarse su propio apoyo por la vigencia del voto preferencial, han gastado sumas que llegan a los cincuenta millones de pesos, encareciendo el costo de la política, determinando el predominio de los que reúnen más dinero, sin importar su origen, y dejando fuera de competencia a los más honrados o provenientes de segmentos sociales desposeídos. Al haberse suprimido las elecciones primarias en el PLD a muchos hubo que devolverles lo gastado, en especies como cargos, y contratos de compras y obras. .

La “maldita reelección” . Como casi todos los que han alcanzado estabilizarse en la presidencia de la República en toda su historia, el presidente Danilo Medina sucumbió a la tentación de buscar la “maldita reelección”, que como él recitaba antes de su elección, deteriora la institucionalidad democrática y subordina el interés nacional al continuismo.

Esta vez, como tantas otras, hubo que modificar la Constitución para posibilitar la repostulación, y a diferencia de las anteriores, ahora no se “conquistaron” legisladores a título personal, sino por bloques enteros, desde luego con los recursos del Estado y en un mercado público, denunciado hasta ante un ministerio público que no quiso investigarlo.

Otro agravante fue que esta vez se pactó para archivar graves expedientes de corrupción, como el del senador Félix Bautista, y para garantizar la repostulación de todos los senadores y diputados del partido gobernante, y la prolongación de los dirigentes, dando una patada mortal a la democracia interna, a los estatutos, la ley electoral y los principios constitucionales.

Fue relevante que el bloque de diputados reformistas también apoyara la reforma constitucional que posibilita la repostulación de Medina, para luego terminar enfrentándola al pactar con la mayor fuerza emergente de oposición, el Partido Revolucionario Moderno /PRM) salido del desguañangue del PRD.

Nadie podía esperarlo. Debe ser inédito que un partido que obtuviera el 47 por ciento en unas elecciones, como ocurrió con el Revolucionario Dominicano (PRD) en el 2012, terminara a los cuatro años a la cola del vencedor, en un oscuro pacto que apenas materializa una embajada y la dirección de un ente de cuarto nivel, el IDECOOP, en base a promesas de cargos y sin garantizarle ni una alcaldía importante.

La joya política de este período fue la culminación del desmantelamiento del viejo sistema de partidos con el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) venía compitiendo, para garantizarse un largo predominio. Con el reparto de parcelas estatales, contratos y empleos públicos segmentaron primero el Partido Reformista Social Cristiano sin el que no hubiesen alcanzado el poder en 1996, ni lo hubiesen retenido en el 2012, y conformaron una coalición de una docena de pequeñas agrupaciones políticas.

En los comicios presidenciales del 2012, el PRD consiguió 200 mil votos más que el PLD, 42 a 38 por ciento. Los aliados de los peledeístas le aportaron 13 por ciento, 6 de ellos los reformistas, con un desbordamiento del Estado que incluyó un exceso fiscal de 159 mil millones de pesos, sólo en el gobierno central.

De ahí salió la estrategia de desmantelar al PRD, apoyada en el deterioro de sus organismos como consecuencia del abandono de los procedimientos democráticos, y aprovecharon las debilidades de su presidente Miguel Vargas Maldonado, quien con una minoría se negó a apoyar la candidatura de su partido, sembrando una división que resultaría irreversible. Para ello contó con múltiples favores gubernamentales, incluyendo contratos opacos, y sobre todo el apoyo del Tribunal Superior Electoral integrado por jueces dirigentes del PLD y del mismo grupo de Vargas, que fallaron sistemáticamente para favorecer a la minoría hasta cuando esta impidió a tiros la participación de la mayoría en procesos internos.

Una oposición fragmentada. La manifiesta incapacidad de los opositores para concertar reclamos de equidad y pactar siquiera en niveles locales, con siete candidaturas, redujo las posibilidades de crear una sinergia de “todos contra el monstruo”, aunque el PRM ha logrado en poco más de un año de constituido convertirse en la principal alternativa, beneficiándose en las últimas semanas de la tradicional tendencia a la bipolarización.

Los analistas no advierten posibilidad de que el PRM pueda superar la ventajas que ha registrado la candidatura reeleccionista en las encuestas. De todas formas gastarán todas sus energías en la última semana de campaña, contando con una reacción del electorado al enfrentarse a las urnas, como ocurrió en los últimos dos años en Costa Rica y Panamá, donde ganaron los que aparecían en tercer lugar en las encuestas.

Entre los imponderables están la posibilidad de que la parte del PLD aplastada por el proyecto reeleccionista, encabezada por su anterior líder Leonel Fernández, diversifique sus votos temiendo que una victoria muy amplia del presidente Medina y su grupo, suponga su muerte política definitiva. En muchas provincias y municipios las divisiones internas del PLD podrían generar resultados imprevisibles.-

Más equidad y transparencia

Por Juan Bolívar Díaz
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Si el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) están tan convencidos de que obtendrán hasta más del 60 por ciento de los votos en los comicios del mes próximo, como pregonan, y de frente a siete candidaturas de oposición, no deberían economizarse ni el menor esfuerzo por revestir de mayor equidad y total transparencia todo el proceso para, como dijo esta semana el ministro Administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, evitar dar justificación a las objeciones.

Por igual, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, debería dejar de ver conspiraciones en las legítimas preocupaciones que han expresado instituciones sociales y contados periodistas sobre la procedencia de auditorías técnicas tanto al padrón electoral como a los equipos que sostendrán el novísimo sistema de escaneo automático de los votos. Aunque sea también para no dar justificación a posibles objeciones. Con más razón si las hubiese anunciado antes de que se lo plantearan. Tampoco debería ofenderse con la sugerencia de hacer también un conteo manual de los votos en el 3 por ciento de los colegios para que no queden dudas de que el resultado ha sido igual al electrónico.

El Gobierno ha dado algunos pasos acogiendo varias de las objeciones al abuso de los recursos estatales en la campaña electoral, como instruir para evitar el uso de vehículos oficiales en el proselitismo, y el más significativo de suspender la desproporcionada publicidad política gubernamental, que es una forma indirecta de promover la reelección.

Por cierto que esas iniciativas las tomó después de las denuncias de instituciones sociales, como en el caso de Participación Ciudadana, que documentó un incremento sobre el cien por ciento de la publicidad gubernamental en el primer bimestre del año, incluyendo el 300 por ciento en el gasto publicitario de la propia Presidencia de la República. Ya antes había denunciado que el año pasado el gobierno se constituyó en el mayor anunciante del país, por encima de todo género de actividades comerciales, tras incrementar en 37 por ciento el gasto publicitario en relación al 2014.

Si el Gobierno gastó entre enero y febrero 1,113 millones de pesos en publicidad y propaganda, la JCE no debió esperar que la denunciara uno de esos grupos sociales que Roberto Rosario considera impertinentes y creadores de ruido, sino que le correspondía dictaminar que la publicidad oficial se limitara a la promoción de servicios o campañas educativas, que es lo que debería proceder todo el tiempo y no gastar el dinero público en auto-promoción política.

En cambio la Junta de Roberto, donde casi todas las decisiones se adoptan sin unanimidad, en tres a dos, y se rechazan todas las iniciativas de los dos, que son José Angel Aquino y Eddy Olivares Ortega, tomó la “heroica” decisión de suspender los barrilitos y cofrecitos de los legisladores hasta que pasen las elecciones. Los diputados y senadores actuales, la mayoría con diez años recibiendo hasta un millón de pesos mensuales para “asistencia social”, podrán tomar prestado el monto de estos dos meses para pagarlos cuando se les entregue después de los comicios. ¡Tremenda forma de promover la equidad!

Tampoco se entiende por qué Roberto Rosario no ha explicado a qué se debió que el crecimiento del padrón electoral para estas elecciones se redujera tan drásticamente, al 4 por ciento, cuando en los tres cuatrienios anteriores aumentó 12, 16 y hasta 17 por ciento. Y sobre todo por qué los nuevos electores en el 2016 suman solo 351 mil 44 cuando un informe oficial de la Junta Central Electoral de abril del 2015 ya los cuantificaba en 662 mil 313. Aclarar esas inconsistencias debería ser preferible a quejarse de ruidos y conspiraciones. Y solicitarlo e un acto de absoluta legitimidad y hasta deber ciudadano. Al menos en la democracia.

En cuanto al gobierno todavía debería dar otros pasos en aras de la equidad, como evitar que una gran proporción de los funcionarios se lancen cada tarde en caravanas, entorpeciendo gravemente la circulación en las vías públicas, así como las actividades normales y aumentando el consumo de combustibles.

No deberían aspirar a más del 60 por ciento de los voto y evitar justificar los temores de que el peledeísmo quiere el cien por ciento de los puestos electivos y del poder político.

La institucionalidad democrática estará a prueba en el nuevo año

Por Juan Bolívar Díaz

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El año 2016 llega con grandes incertidumbres sobre el rumbo de la institucionalidad democrática nacional por el desguañangue en que se encuentra el sistema político, corroído por la corrupción, el clientelismo y el reparto de candidaturas, y por los efectos corrosivos que históricamente han acompañado en el país los proyectos reeleccionistas.

El primer desafío será evitar que el gasto público vuelva a disparar el déficit fiscal como aconteció en las dos últimas elecciones presidenciales lo que haría más perentorio un nuevo parche tributario que asoma para frenar el rumbo de la insostenibilidad fiscal, ya que pocos creen que el pragmatismo político permita una reforma integral.

Un panorama nublado. El año que concluye deja espesas nubes sobre la institucionalidad democrática nacional por el desguañangue en que se encuentran los partidos que han sostenido el sistema político, la profunda crisis del sistema judicial, por la progresiva descomposición social y por los efectos corrosivos que históricamente han acompañado los procesos reeleccionistas en la historia del país.

Aunque la percepción más generalizada es que el presidente Danilo Medina logrará la reelección, la crisis interna por la que atraviesa su partido, y los escándalos de los últimos meses arrojan dudas que solo pueden disipar la persistente debilidad y dispersión de la oposición política que presentará por lo menos cuatro candidatos presidenciales para una competencia enormemente desigual.

Se asume que, además del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llegarán a las urnas los que postulan a Luis Abinader, Guillermo Moreno, Minou Tavárez Mirabal y Pelegrín Castillo. Se cree que otros tres candidatos proclamados, Hatuey De Camps, por el Partido Revolucionario Social Demócrata, Juan Cohén, del Partido Nacional Voluntad Ciudadana y Soraya Aquino, del Partido de Unidad Nacional, terminarán firmando alianzas.

Las dos principales opciones, PLD y PRM, comenzarán el año con dificultades para completar sus boletas congresuales y municipales, el primero aún sin dilucidar los traumas de la muy parcial elección primaria que celebró el 13 de diciembre, y de la que dos semanas después no ha podido concluir, afrontando impugnaciones derivadas de la violencia con muertos y heridos y de acusaciones de alteración de padrones y robos de urnas, que afectan municipios como Santiago, La Vega y Santo Domingo Norte. El PRM con complicaciones en el Distrito Nacional y otras jurisdicciones y sin haber podido explicar los alcances de su reciente pacto con el PRSC, mientras el resto de los partidos tiene dificultades hasta para completar el listado de 4 mil 200 candidatos.

La crisis de la justicia. La circunstancia de que al terminar las fiestas navideñas, el mismo 7 de enero, se celebra con un acto solemne el Día del Poder Judicial, pondrá de nuevo sobre el tapete la crisis que sacude a ese poder del Estado. Ese día en el tradicional discurso el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, tendrá que responder los cuestionamientos que sacuden a esas dos instancias, la primera involucrada en una banda de traficantes de sentencia y la segunda descalificada nada menos que por el Procurador General de la República, cuando intentaba explicar su decisión de no recurrir en casación el descargo del dirigente peledeísta Félix Bautista del grave expediente de corrupción que había sostenido.

El último agravamiento lo ha constituido una instancia-demanda del juez Rafael Ciprián, degradado por el organismo superior sin explicación ni justificación, en clara violación de la Constitución y de la Ley de Carrera Judicial. Tras haber declarado que la motivación habría sido que no declaró ganadora la plancha del PLD a la presidencia del Colegio de Abogados, ese magistrado plantó pleito en términos radicales, en dos desafiantes comunicados.

Ciprián escribió, entre muchos otros cargos: “ya basta de humillaciones sin nombre y de chantajes del poder. Lucharé hasta el final para que se respeten la independencia y la dignidad del juez dominicano, para que haya verdadera justicia, para que los jueces dicten sentencias conforme al Derecho y no a la orden superior”… y agregó “Sentaremos un precedente contra la arbitrariedad del poder, el abuso y el autoritarismo”.

Problemas del arbitraje. Entre analistas se da consenso en que si la competencia por el poder se cierra, la institucionalidad democrática afrontará mayores dificultades, especialmente por la histórica imposición del reeleccionismo y la cultura del abuso del Estado. Cincuenta mil tarjetas para subsidios sociales se suman en enero a más de dos millones ya en manos de la población más pobre y políticamente manipulable. En la elección congresual y municipal del 2010, en el barrio capitalino de San Carlos la observación electoral de Participación Ciudadana pudo contactar la existencia de centros informáticos que verificaban cuáles beneficiarios de tarjetas no habían votado, y salían a buscarlos.

Con una legislación electoral tan atrasada que ni siquiera han querido adaptarla a los planteamientos de la Constitución promulgada hace seis años y un arbitraje, Junta Central Electoral (JCE) y Tribunal Superior Electoral, bajo control del partido gobernante, la competitividad se reduce substancialmente.

El primer desafío del año para el arbitraje es que la JCE conozca una instancia de su titular Eddy Olivares y abra en enero el período de campaña electoral, como ha hecho en tres de los últimos cuatro comicios nacionales, sin esperar el límite de 90 días, para lo cual está facultada. Eso le permitiría un mayor margen legal para contener los excesos, aunque hay pocas expectativas al respecto.

Los graves excesos en la elección primaria del PLD que solo escogía candidaturas a regidores y unos cuantos diputados y alcaldes, certificados por su presidente Leonel Fernández en artículo en el Listín Diario del pasado lunes, se proyectan ominosamente sobre la elección nacional, sobre todo si ven riesgos de perder parte substancial del poder.

Costo de una larga fiesta. De lo que no hay dudas es que cuando concluya el proceso electoral el 15 de mayo, o el 26 de junio (último domingo del mes, artículo 209-1 de la Constitución) si es necesaria la segunda vuelta para la mayoría absoluta, a la sociedad se le pasará la factura del alto costo de la política. Es imposible estimar con alguna certeza a cuánto asciende una campaña electoral que empezó antes que se juramentara el gobierno electo en el 2012.

Cientos de precandidatos a todos los niveles de elección se han gastado miles de millones de pesos, la mayoría de ellos inútilmente ya que al final no hubo convenciones democráticas. En gran proporción los ha pagado el Estado, sea por sustracción de fondos, en vehículos, combustibles, teléfono, oficinas, en sueldos y nominillas, y por los barrilitos y cofrecitos de los legisladores, casi todos buscando reelegirse.

Del presupuesto nacional saldrán este año para los partidos unos 1,700 millones de pesos, y nadie podrá calcular cuántos miles más costará el proyecto reeleccionista más grande de la historia nacional, ya que esta vez no solo incluye al presidente, sino a todos los senadores, y a más de dos tercios de los diputados y de los alcaldes en ejercicio.

De que el Gobierno piensa gastar mucho en la campaña hay indicadores visibles en el presupuesto aprobado para el 2016. Como ejemplo, la partida de materiales y suministros de la Presidencia, que este año ejecutó 2 mil 500 millones de pesos, está triplicada a casi 8 mil millones de pesos.

Viene otro parche tributario. Los déficits fiscales crónicos del Gobierno dominicano comenzaron precisamente en la campaña reeleccionista del 2008, con cerca de 60 mil millones de pesos, porque los ingresos solo crecieron 5 por ciento, el gasto se disparó en 30 por ciento. En los años de elecciones 2010 y 12 los déficits alcanzaron récord, el último por 156 mil millones de pesos solo en el Gobierno Central. El FMI lo estimó en 8 por ciento del PIB, aunque aquí se redujo al 6 por ciento.

La última reforma tributaria, pues el Gobierno eludió el compromiso de una fiscal integral, fue precisamente para conjurar ese hoyo. Y pese al incremento de los tributos, ha mantenido persistentes déficits por encima de los 70 mil millones de pesos anuales. Participación Ciudadana documentó en su evaluación de fin de año que para el 2016, al déficit presupuestario proyectado de 75 mil 894 millones de pesos, habrá que adicionarle empréstitos por 97 mil 366 millones para amortización de la deuda pública y el costo financiero de la deuda del Banco Central, para un total de unos 230 mil millones de pesos. Una insostenibilidad que volverá a reclamar parches en la resaca electoral, cualquiera que sea el veredicto de las urnas.

2015: retrocesos institucionales con estabilidad macroeconómica

Por Juan Bolívar Díaz

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El año 2015 quedó marcado por la imposición de un nuevo proyecto presidencial reeleccionista que atropelló al Congreso, subordinó la justicia y determinó un grave retroceso en la democracia e integridad de los partidos, con el país hastiado por la corrupción, la impunidad y la descomposición social.

El Gobierno logra otro año de alto crecimiento económico con estabilidad de precios y baja inflación, ayudado por una impactante caída del costo del petróleo, y por fuerte incremento del turismo y las remesas, pero nueva vez con un alto déficit fiscal y su consiguiente endeudamiento que hace temer insostenibilidad.

Llegó el rayo Quirino. Desde que alboreó el 2015 el objetivo fundamental del grupo político del presidente Medina era abrir las compuertas para la prolongación en el poder, contradiciendo los planteamientos del propio mandatario sobre lo devastadora que ha sido la reelección presidencial en la historia de un país cuyas instituciones nunca han fraguado plenamente.

El obstáculo principal era la ambición de retornar al poder del expresidente Leonel Fernández, con un liderazgo fuerte no sólo en su partido, sino también en el país y en ámbitos internacionales. Había que frenar a cualquier costo al “León” apoyado por más de la mitad de los legisladores. Parecía casi imposible, a no ser que un rayo cayera sobre él y lo partiera políticamente, como se pudo leer en el Tema de Hoy del 11 de enero: JBD, “Alta temperatura en la lucha Danilo/Leonel por el PLD”.

El rayo fue Quirino Ernesto Castillo, recién salido de 10 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, quien al comenzar febrero empezó a pregonar desde Nueva York que había financiado la campaña electoral de Leonel en el 2004 con cientos de millones de pesos y ofreció detalles y nombres de supuestos vinculados, mientras en el país cundió la percepción de que hablaba por cuenta de autoridades estadounidenses. Y desafiando a poderosos civiles y militares, se apersonó sorpresivamente al país el 28 de febrero para reclamar el dinero que decía haberle prestado a Leonel.

Otra vez venció el poder. Pocos dudan que sin el apoyo del poder gubernamental, Quirino no hubiese vuelto al país con esa pelea, y Leonel Fernández subestimó el caso bajo el alegato de no rebajarse a responderle a un convicto de narcotráfico que él había entregado a Estados Unidos, pero los relatos y detalles de Quirino por radio y televisión se impusieron al silencio de los periódicos y causó efectos devastadores sobre la imagen de Fernández, ya afectado por los sometimientos judiciales de sus muy cercanos: Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

En cuestión de semanas, el líder peledeísta, que desde los finales de su Gobierno en el 2012 venía acosado por grupos de la sociedad civil denunciantes de la corrupción, vio declinar su estrella, y aparecieron encuestas que dejaban al PLD en riesgo de perder las próximas elecciones si él volvía a postularse. Una de Penn /Shoen lo dio perdedor en segunda vuelta frente a un Luis Abinader que en abril dejaría atrás al expresidente Hipólito Mejía, con 70 a 29 por ciento en la elección primaria de su partido.

El pragmatismo y el amor al poder pudieron más que el liderazgo de Leonel y el 19 de abril, una semana antes del éxito de Abinader y su PRM, una gran mayoría del Comité Político del PLD, integrado por 35 miembros, tomó la decisión de disponer que sus legisladores modificaran la Constitución de la República para hacer posible la repostulación del presidente Medina.

La resolución puso al borde de la división al partido gobernante cuando la mayoría de sus legisladores en ambas cámaras resistieron públicamente la decisión, y sobre todo cuando el 25 de mayo Leonel dirigió por televisión un dramático discurso de confrontación, llamando a evitar otra dictadura. Cuarenta y ocho horas después había vencido el Estado, como dijo Danilo cuando lo aplastaron para imponer la repostulación de Leonel en el 2008.

Desata crisis institucional. Una vez más en la historia nacional, el afán constitucionalista corrompió a dirigentes políticos y doblegó al Congreso Nacional y al poder judicial, comenzando por el propio PLD, donde la cúpula dirigente se auto prolongó su mandato hasta el 2020 e impuso un pacto para salvar la unidad decretando una repostulación total no sólo del Presidente, sino también de los senadores, diputados y la mayoría de los alcaldes. Los estatutos del partido, la ley electoral y los principios Constitucionales quedaron relegados.

Para reformar la Constitución hubo que “conquistar” los bloques enteros de los diputados de los otros dos partidos que han dominado el sistema político en el último medio siglo, bajo alegados pactos políticos cuyos términos aún se desconocen, y tras seis meses de negociaciones, el Partido Reformista Social Cristiano, que dispuso posibilitar la repostulación de Medina, termina pactando con el PRM para enfrentarla en las urnas.

Lo del PRD fue patético. El partido de mayor vigencia en la historia nacional, con 76 años, que en la última cita electoral alcanzó 47 por ciento de la votación luchando contra todo el Estado, se subordinó a su principal contrincante para un indefinido “gobierno de unidad”, cuyo avance ha sido una embajada en Roma y la dirección del insignificante Instituto de Cooperativas.

El procurador general Francisco Domínguez Brito se negó a escuchar testimonios de un grupo de legisladores que voceaban nombres de funcionarios que convirtieron el Congreso en un mercado, y ya más tarde renunciaría a proseguir con el expediente que sustentaba el procesamiento del senador Félix Bautista, secretario de Organización del PLD, para honrar el pacto de repostulación total que éste había contribuido a armar, por encima de Leonel. La causa reeleccionista doblegaba no sólo a la mayoría de la Cámara Penal de la Suprema Corte, sino también al jefe del Ministerio Público.

Crecimiento con deuda. Como ha sido habitual en las últimas décadas, el país vuelve a tener un año de vigoroso crecimiento de su producto interno bruto, estimado por el Banco Central alrededor del 7 por ciento, muy por encima del regional, con relativa estabilidad de precios y cambiaria, así como reducción del déficit de la balanza de pagos por la impactante caída del precio del petróleo. La estabilidad económica es lo que salva al gobierno este año.

El crecimiento económico descansó en incremento del gasto público en construcciones, auge del turismo y las remesas en un período o que marcó dificultades en el comercio con Haití y un virtual estancamiento de las exportaciones.

Los analistas, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, siguen reconociendo el crecimiento del PIB y estabilidad macroeconómica, aunque un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo diagnostica un incremento de la desigualdad salarial, prevaleciendo la preocupación por los fuertes déficits fiscales y el galopante endeudamiento.

El balance del año de PC establece en 348 mil 761 millones de pesos (unos 7.7 mil millones de dólares) el financiamiento que precisó el Gobierno en los años 2014 y 15 para cubrir sus gastos y estima que para el 2016 necesitará otros 230 mil millones de pesos, que serían más de 5 mil millones de dólares a la tasa de cambio actual para concluir en que con un gasto tan excesivo se conduce el país aceleradamente hacia la insostenibilidad fiscal.

El gobierno atraviesa por su peor turbulencia

Por Juan Bolívar Díaz

DANILO EN BARAHONA

El camino de la reelección del presidente Danilo Medina luce empedrado de escollos, desde las persistentes confrontaciones internas, a las dificultades de concretar los pactos con los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), mientras el Revolucionario Moderno (PRM) aparece a la ofensiva.

Los episodios escandalosos y las protestas sociales y denuncias políticas permean la sociedad y se reflejan en todos los ámbitos, incluyendo los empresariales y religiosos, alarmados por la descomposición generada por la corrupción y la impunidad, sin que asomen soluciones a los grandes problemas nacionales.

Otra desafortunada semana

Esta semana, como en los últimos meses, los infortunios gubernamentales se multiplicaron tras una doble jornada en la que hasta el canciller apareció tratando de cazar los mosquitos después que cobraran un centenar de vidas en una epidemia de dengue por falta de políticas preventivas y deficiente cobertura.

El domingo dos altos oficiales policiales causaron escándalo cuando en actitud intimidatoria penetraron al local del Centro Bonó de los sacerdotes jesuitas para inspeccionar la asistencia a una asamblea de los grupos sociales que han puesto a la defensiva al gobierno reclamando sanción a la corrupción tras la dramática inmolación de un arquitecto que reveló un entramado mafioso de extorsión y corrupción. La respuesta fue la extensión de las protestas a varias ciudades del interior y a Nueva York.

Mientras “Poder Ciudadano” levantaba demandas judiciales contra los titulares del Ministerio de Interior y de la Policía Nacional por desconocer un amparo del Tribunal Contencioso Administrativo a su derecho a la protesta pública, numerosos informes periodísticos daban cuenta de que unos 28 altos oficiales militares estaban bajo investigación y suspensión por tráfico de drogas y armas. Un general, un coronel y otros cuatro oficiales ya fueron cancelados mediante orden 52-2015, pero ninguno enjuiciado.

La prolongada reunión del embajador de Estados Unidos con el Procurador General de la República, el discurso del dirigente empresarial Franklin Báez Brugal denunciando la corrupción y el envilecimiento de la sociedad dominicana, el reclamo del presidente de la Sociedad de Diarios de que el presidente Medina responda los cuestionamientos de la prensa, un informe sobre deficiencias en la construcción de escuelas, otro revelando que el 69 por ciento de los maestros graduados no pasaron un examen de aptitud, y la renuncia al partido oficial del artista Manuel Jiménez completan el rosario de infortunios de la semana.

El grito Franklin Báez Brugal    

El discurso de Franklin Báez Brugal en el almuerzo anual de la Asociación de Industrias no debió sorprender, pues repitió lo que hace tiempo sostiene en foros y en artículos de prensa, la descomposición social y política, la corrupción y la impunidad y la ineficiencia en enfrentar los graves problemas nacionales, como la pobreza y la desigualdad, la crisis de los servicios básicos, y las precariedades competitivas nacionales.

Lo novedoso fue que en el auditorio estaba el presidente Danilo Medina, quien hizo esfuerzo por disimular su disgusto ante las críticas, que no estaban dirigidas personalmente a él, pero le tocaban en su condición de líder político de un partido con 15 de los últimos 19 años en el poder, alto funcionario por muchos años y más de tres años de gobierno.

 Fue también significativa la decena de aplausos con los que la selecta concurrencia avaló las denuncias de la degradación del sistema político, la manipulación de la justicia y planteamientos como el de que “la democracia necesita pluralidad, controles y contrapesos”, o los reclamos para materializar los pactos eléctrico y fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Báez Brugal ponderó el esfuerzo “de grandes dimensiones” del presidente Medina al colocar la educación como la más importante prioridad, reconoció que el país tiene una economía abierta y diversificada con alto crecimiento económico, y proclamó que “en términos materiales hemos progresado mucho”. Pero también que “moralmente nos hemos envilecido”, que “hemos perdido el respeto por la vida ajena y la capacidad de asombro,” abordando entonces la corrupción de los políticos, sin dejar de reconocer que hay empresarios que se enriquecen evadiendo impuestos y narcotraficantes que han hecho fortuna y se pasean en todos los ambientes”.

Qué reclama Estados Unidos

El principal titular del Listín Diario del jueves no pudo ser más expresivo: “Procurador despacha por tres horas con el Embajador de Estados Unidos”, la tercera visita de James Brewster a Francisco Domínguez Brito en un año, pero nunca tan prolongada, dando razón para que en medios de comunicación se preguntara de qué hablaron.

 Al día siguiente Domínguez Brito sostuvo una reunión con el presidente Medina y luego informó que habló con el diplomático sobre proyectos de apoyo y de asuntos ligados al crimen organizado, del que dijo “hay que ser duros”, proclamando que “el sistema no puede darse el lujo de vivir estas situaciones que indudablemente estimulan la impunidad”.

Tal pronunciamiento llevó a algunos a pensar que el Procurador recurrirá en casación ante el pleno de la Suprema Corte el dictamen de no ha lugar a su expediente de corrupción contra el senador y dirigente peledeista Félix Bautista por manejos irregulares de 26 mil millones de pesos, como le han pedido instituciones y juristas después que dijera que no lo hará porque no cree en la máxima instancia judicial.

Como en visitas anteriores el embajador Brewster había dado público apoyo al Procurador en su enfrentamiento con Bautista, muchos relacionaron la del miércoles con esa decisión. También con la información, no desmentida por nadie, de que Estados Unidos le suprimió la visa al senador oficialista, y que habrían hecho lo mismo con otras figuras. Otros temas habrían sido el involucramiento de altos oficiales y políticos en el narcotráfico y la fuga de los dos pilotos franceses condenados por narcotráfico.

Cunde la preocupación

Articulistas y columnistas cercanos al régimen, y desde luego los críticos, recogen las preocupaciones por el derrotero en que va el gobierno y el proyecto reeleccionista del presidente Medina, y algunos llegan al extremo de verlos “bajo asedio” de la oposición y tratan de responsabilizar de ello al leonelismo y a sectores del propio grupo gobernante.

Se asegura que las diferencias entre los dos líderes peledeístas se han acentuado y que “ya se trata de un enfrentamiento personal”. Ha llamado la atención la ausencia del expresidente Leonel Fernández en las proclamaciones de candidatos que viene realizando Danilo Medina, mientras prosigue un fuerte rechazo a la repostulación total, del presidente, los legisladores y la mayoría de los alcaldes del PLD, aunque sin definirse si ocurrirá lo mismo con la vicepresidenta y esposa de Fernández, la doctora Margarita Cedeño.

La renuncia del canta-autor Manuel Jiménez a su militancia de 27 años en el PLD, en dirigida al fallecido fundador del partido, el profesor Juan Bosch, tras considerar que han renegado de los principios fundacionales, entre ellos la democracia interna, es clara expresión de los conflictos internos. Este anuncia su nominación por partidos de la oposición. Otro diputado Luisín Jiménez, anuncia también su separación del PLD, lo que amenazan con hacer otros en diversas jurisdicciones del país. En Santiago la lucha por la candidatura a la alcaldía está al rojo vivo entre leonelistas y danilistas, mientras la gobernadora Aura Toribio se retira diciendo que no tiene dinero para competir con el presidente de la Cámara de Diputados y el administrador de los comedores nacionales.

Negociaciones a la deriva

El presidente Medina tuvo mucha fortuna en conseguir apoyo de los bloques legislativos del PRD y el PRSC para su reforma constitucional que le permite repostularse, pero a casi medio año no ha podido cerrar los pactos que se anunciaron entonces para unificar sus candidaturas con las del PLD. El proceso se ha convertido en un mercado público de reclamos, ofertas y alegatos.

Por las declaraciones del secretario general Reinaldo Pared parece que los puestos no alcanzan para tanto y hace días se proclamó impotente, mientras Federico Antún sigue promoviendo su candidatura presidencial por el PRSC. Con Miguel Vargas, quien sí hizo pública su renuncia a la candidatura, las negociaciones han tenido la fortuna de incluir tres intrascendentes designaciones gubernamentales, una rechazada, incluyendo la de esta semana que envía de embajadora en Italia a Peggy Cabral, viuda de Francisco Peña Gómez.

Pero Vargas participa en actividades políticas del PLD y Medina, aunque sus alcaldes ignoran si finalmente irán en la alianza, porque los peledeistas quieren también los más importantes Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal. En cuanto a los diputados, estos saben que con el voto preferencial tienen pocas posibilidades de ser reelectos aún si feran en boletas comunes, pero muchos creen que hicieron una buena negociación.

Emerge una oposición

Otro infortunio que ha tenido el proyecto reeleccionista es que en los últimos meses ha tenido una oposición más desafiante y eficaz, como no la había conocido en sus primeros años de gobierno, cuando el secuestro de la democracia interna en el PRD, sus luchas internas y división, los anularon y generaban el rechazo de la sociedad.

Ya nadie discute que el PRM ha logrado constituirse en la oposición que no había tenido el gobierno de Medina, polarizando con elaborados documentos sobre el presupuesto nacional, las “visitas sorpresas”, el endeudamiento, lineamientos de su programa de gobierno, y propuesta para un “gobierno eficiente en competitividad”. Esto ha mejorado notablemente la proyección de su candidato presidencial, quien ha tenido el firme respaldo del expresidente Hipólito Mejía, quien asumió con dignidad y concepto democrático su fracaso en la elección primaria que escogió a Luis Abinader, hasta ahora el único de seis aspirantes que la ganó en votación universal de los miembros de su partido.

 Por demás la formalización de las candidaturas presidenciales de Guillermo Moreno y Minou Tavárez Mirabal, con vigorosos discursos contestatarios, también contribuye al nuevo escenario de mayor competitividad electoral.-

Cuentas de un rosario de infortunios
* El suicidio que reveló corrupción y extorsión en la OISOE
* Descargo del senador y dirigente peledeísta Félix Bautista
* Fuga de los dos pilotos franceses condenados por narcotráfico
* Apresamiento de embajador en la ONU acusado de corrupción
* Centenar de muertos por dengue y denuncias sobre hospitales
* Dos muertos de hambre en cárcel de Higuey
*Más de una veintena de militares en tráfico de drogas y armas
* Denuncias de dos obispos sobre reingreso de haitianos deportados
* Denuncia de sobrevaluación en remodelación del hospital D. Contreras
* Piquete al presidente Medina en Nueva York
* Publicación del lujoso transporte “Danilo Home”
* Aumento del precio de los alimentos. Caso del plátano
* Pasan a la banca deuda a generadores por US$ 900 millones
* Semáforos apagados por falta de pago generan caos
* Predicadores denuncian corrupción en fiesta de Las Mercedes
* Respuesta a la Sociedad de Diarios: el presidente no está para hablar
* Libertad a síndico y regidor involucrados en asesinatos
* La denuncia del raso sobre los “salarios cebolla” en la Policía
* Discursos críticos de los empresarios
* Informe FLACSO sobre deficiencias en construcción de escuelas
* Desproporcionada represión a denunciantes de la corrupción

El proyecto de reelección arrasaría al Procurador

Por Juan Bolívar Díaz
01_11_2015 HOY_DOMINGO_011115_ El País12 A

La subordinación al interés partidario y la reelección del presidente Danilo Medina sería la razón por la que el procurador general Francisco Domínguez Brito evade su deber de recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia la sentencia que libera al senador Félix Bautista de las graves acusaciones de corrupción formuladas en su contra.

Se trata de cerrar cuanto antes un expediente que afecta al secretario de Organización del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), salpica a su presidente Leonel Fernández, amenaza al tesorero Víctor Díaz Rúa, incentiva la división interna y pone en jaque a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Bautista el gran armador. A ningún observador sorprendió la decisión, dividida tres a dos, de la Cámara Penal de la SCJ que dictaminó “no ha lugar” para procesar al astuto secretario de Organización del partido oficialista, desechando el más voluminoso expediente de corrupción de la historia de la Procuraduría General de la República que involucra el manejo de más de 26 mil millones de pesos desde la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)

Todo el proceso ha estado marcado por la lucha interna en el PLD, iniciándose cuando era imperativo maniatar al expresidente Leonel Fernández, para viabilizar la repostulación del presidente Medina. Bautista y Díaz Rúa, considerados “alcancías de Leonel”, habían dejado demasiados rastros de corrupción con su impúdica concentración de riqueza, el segundo desde el Ministerio de Obras Públicas. Han sido favorecidos por absoluciones de jueces hasta llegar a la SCJ por apelaciones del Ministerio Público.

Esas acciones judiciales, incentivadas por el clamor público, incidieron en la capitulación de Leonel el 27 de mayo, apenas dos días después de haber plantado guerra frontal al proyecto reeleccionista. A Bautista se le atribuye haber sido clave en la negociación para el acuerdo que conjuró la división del peledeísmo, garantizando que todos los legisladores del PLD aprobarían una reforma de la Constitución para legalizar la reelección a cambio de ser también repostulados. El armador sacó allí su “no ha lugar”, en un proceso instruido y juzgado por jueces compañeros de partido.

Domínguez Brito en ridículo. La decisión del no ha lugar solo podía sorprender a incautos e ignorantes. Lo que ha causado estupor es el alegato del procurador general de que no recurrirá en casación ante el pleno de la SCJ porque “con respecto a este caso no me merece confianza” la corte, y que “no vale la pena porque siempre hay una excusa y un pretexto para no sancionar a los grandes capos de la corrupción”.

Múltiples voces han impugnado la capitulación de Domínguez, uno de los dirigentes peledeístas de mayor crédito público, quien defendió durante meses el expediente con los términos más duros, por lo que fue confrontado personalmente por el acusado Bautista. Participación Ciudadana le dice en una carta que “al margen de la apreciación personal que usted pueda tener sobre nuestro más alto tribunal de justicia, no cabe dudas de que en estos momentos debe usted separar su aprehensión personal de lo que es su obligación como procurador general de la República y por lo tanto como representante de todo el país”.

El alegato es incoherente, puesto que el pleno, que estaría constituido por una docena de jueces al restársele los cinco de su Cámara Penal que ya juzgaron, tiene una mayor proporción de personalidades del derecho, varios de los cuales estarían llamados a seguir el ejemplo de las magistradas Miriam Germán y Esther Casasnovas, cuyos votos disidentes contienen la base para recurrir a la última instancia. Si confió en una cámara, no tiene fundamento la desconfianza en el plenario llamado a enmendar todo equívoco.

Otro costo institucional. La actitud de Domínguez es insostenible, pues si un procurador general no confía en la Suprema Corte en un caso que él mismo calificara como juicio del siglo en materia de corrupción, debe abandonar el cargo. Estaría capitulando en aras del interés partidario de evitar el resurgimiento de la confrontación abierta entre Medina y Fernández por la hegemonía partidaria y despejar el camino de la campaña electoral. Porque el procesamiento salpicaría al exmandatario y más aún si abre espacio para que se haga lo mismo con Díaz Rúa. Para el PLD sería una caja de pandora de repercusiones electorales, un proceso que involucraría a tres de sus cuatro más altos cargos.

El destacado jurista Francisco Alvarez Valdez ha recordado que ya Félix Bautista fue responsable del inicio del descrédito de la Suprema Corte que presidió Jorge Subero Isa, la que evadió la responsabilidad de enjuiciarlo por el escándalo de los pagarés de la Sun Land por US$130 millones colocados en el mercado internacional por el entonces director de la OISOE sin aprobación del Congreso. Aunque en su dictamen del 2008 la SCJ reconoció que era obligatoria la aprobación congresual, desconoció una jurisprudencia propia de 1998 para declarar inadmisible el recurso y evadir el fondo.

Con su posición, Domínguez Brito le economiza al pleno de la SCJ tener que definirse en un caso que por su magnitud se ha constituido en símbolo de la corrupción y la impunidad nacional. Pero para él es casi una inmolación, que conlleva un costo institucional de los que siempre cobra la reelección en la historia dominicana. Ya antes doblegó la voluntad de la mitad de los legisladores del partido gobernante con un pacto antidemocrático, y de dos bloques de diputados de la oposición que arrastraron a sus respectivos partidos a modificar la Constitución en aras del reeleccionismo. Cinco meses después aún discuten las bases sobre las cuales pactaron esa precipitada capitulación, todo un absurdo político y hasta de negociación, si no hay ingredientes impublicables.

Represión de las protestas. Sin que se hubiese disipado el escándalo causado por el destape de la mafia de corrupción que ha operado en la OISOE, con la dramática inmolación suicidio del arquitecto contratista David Rodríguez, la negativa a procesar a Félix Bautista por graves cargos de corrupción en la misma institución, ha disparado la indignación nacional.

La complicidad con la corrupción y la consiguiente impunidad están saturando la sociedad. El vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio, William Malamud, sostuvo el miércoles, en un almuerzo de la entidad, que la corrupción “está socavando la institucionalidad del Estado y creando un malestar en la sociedad”, y parafraseando a Shakespeare en su obra Hamlet proclamó que “hay algo podrido en el Estado dominicano”.

La forma en que el Gobierno ha reprimido a los grupos sociales que demandan la supresión de la OISOE y castigo a la corrupción, agrega preocupación. No se justifica la represión a unos centenares de protestantes. Parecía mejor inversión compartir su preocupación y hasta darse el lujo de suprimir el redundante organismo, símbolo exagerado de la corrupción. Han considerado más seguro reprimir para evitar que se generalicen las protestas como ha ocurrido recientemente en Guatemala, Honduras, Brasil y Chile.

Un escándalo saca a otro escándalo

Parece indiscutible que el país anda en un derrotero alarmante, tanto que un escándalo saca de la opinión pública a otro escándalo. En el último mes fueron las revelaciones de la mafia de extorsión que ha operado en la OISOE. Luego un simple raso sacude el país resaltando la insostenible miseria salarial de la Policía. Y uno de nuestros 12 embajadores ante la ONU es apresado y procesado por corrupción en Nueva York.

Vino entonces el “no ha lugar” para Félix Bautista y el segundo escándalo internacional del mes, con la huida de los dos pilotos franceses condenados a 20 años de cárcel por narcotráfico. Habría que sumar el alarmante conteo del centenar de muertos que este año ha cobrado el dengue, duplicando las cifras del 2014. Ya no escandaliza a nadie que agentes policiales fusilaran el martes a un joven en Santiago delante de varias personas, una de las cuales grabó el asesinato y los gritos de la víctima pidiendo que no lo mataran, subido a la Internet.

El escape de los pilotos franceses ha tenido la agravante de poner en ridículo internacional al país, porque nadie entenderá que condenados a 20 años de cárcel, por el tráfico de 680 kilogramos de cocaína valorados en decenas de millones de dólares puedan seguir en libertad y sin vigilancia. Otra expresión de la corrupción y de la ineficiencia de instituciones judiciales y de la seguridad nacional.

 

Estudio sobre la reelección y constitucionalismo en RD

Por Juan Bolívar Díaz

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En un libro de 544 páginas, puesto a circular esta semana, el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Franklin García Fermín, realiza uno de los más amplios compendios y reflexiones sobre el crónico continuismo que ha castrado el proceso democrático en 171 años de la historia dominicana.

Se remonta a la conquista y colonización para mostrar el legado de imposición, autoritarismo caudillista y presidencialismo continuista que todavía caracterizan la sociedad dominicana con una democracia en ciernes y grandes precariedades institucionales.

Herencia de la España feudal

La obra comienza por la violenta imposición de la conquista y colonia de la España feudal de los siglos 15 y 16 que arraiga el autoritarismo y sumisión, que serían la base para el desarrollo del presidencialismo y el continuismo crónico, acomodando sistemáticamente la Constitución a los intereses de cada gobernante. Para llegar a los antecedentes históricos del Estado Dominicano considera necesario un estudio de los tres siglos de colonización, del 1,500 al 1,800.

“Aquí el hombre europeo ensayó todos los métodos de dominación que mente humana conocía: encomiendas, repartimientos, reducciones, mitas, esclavitud, trata negrera y factorías colombinas”. Luego agrega que “El Estado dominicano está cimentado, desde su nacimiento, sobre una estructura autoritaria y una cultura caudillista que como fenómeno político tiene sus raíces en una estructura de poder colonial española y 22 años de dominación haitiana, así como en una legislación constitucional que ha perpetuado el predominio personal por encima de las instituciones”.

La imposición de un sistema basado en el exterminio de una raza, en la explotación de las riquezas y la esclavitud, no puede dejar como herencia ideológica, menos que conductas autoritarias y caudillezcas, sostiene.

Fracaso de los Trinitarios

El libro conformó la tesis doctoral de García Fermín en la Universidad del País Vasco, aprobada a unanimidad y cum laude en el 2003, con un adéndum de actualización. Conduce por los vericuetos de la conformación del ser dominicano, con unos sectores dominantes sumisos a la corona, que no asumen el ideal independentista, ni se resignan al abandono de la madre patria y originan una España Boba, y que tras dos décadas de la creación del Estado independiente, se decantan por una reanexión.

García Fermín plantea que las relaciones de producción esclavista feudal del hato, determinan que Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, expresión de la liberalidad pequeño burguesa, fueran descartados como jefes de la naciente República, que quedaría bajo control de los hateros atrasados, movidos más por el rechazo a los haitianos que por sentimiento patriótico, que persistirían en buscar un protectorado, fuere francés, inglés o norteamericano, y que finalmente retornarían a los brazos de la madre patria irresponsable.

“Los inspiradores de la gesta liberadora dominicana estaban imbuidos por las ideas más avanzadas del liberalismo que pregonaban los principios igualitarios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789; sin embargo se impuso el autoritarismo sostenido por los sectores más atrasados y conservadores, encabezados por el sector de los hateros”.

Las 39 constituciones

El capítulo 2 compendia las constituciones dominicanas, que ya suman 39, comenzando por resaltar que desde la fundacional los poderes militares y caudillistas, reclaman y obtienen poderes que limitan la democracia y la participación, citando el artículo 210 de la Constitución del 1844, fruto de la “persuasión” de los constituyentes por las tropas del general Pedro Santana.

Ahí nació también el continuismo, indicando que Santana y Buenaventura Báez gobernaron cada uno en cinco ocasiones aunque la reelección no fue instituida hasta 1972, en lo que denomina como “caudillismo constitucional” mantenido hasta el presente.

García Fermín repasa todas las constituciones dominicanas, por lo menos una por cada gobernante que logró mantenerse en el poder siquiera un año. Hubo reformas en marzo de 1874 y de 1875, y en mayo de 1877 y 1878, y 9 meses después, en febrero de 1879, así como en mayo de 1880. En años consecutivos se instituyeron constituciones también en 1907 y 1908. Entre 1874 y 1887 cuenta 18 gobiernos y 8 reformas constitucionales. A 11 días de publicada la Constitución de 1907, Ramón Cáceres convocó la del 1908 que extendió el periodo presidencial a 6 años. No los disfrutó porque lo mataron en el 1911, y volvieron los gobiernos efímeros, siete hasta el 2014.

El legado norteamericano

García Fermín documenta que las luchas de caudillos, el relajo constitucional y la inestabilidad, condujeron a la ocupación norteamericana de 1916-24, que en vez de legar instituciones democráticas, dejaría a Rafael Trujillo como jefe militar del país, para hacerse con el poder en 1930, ayudado por la ambición continuista de Horacio Vásquez, y tiranizar la sociedad durante 31 años.

Durante la dictadura de Trujillo hubo 7 reformas constitucionales, tres en sus últimos tres años, dos de ellas en cinco meses del 1960. Resalta como Trujillo comenzó rechazando la reelección presidencial, para quedarse en dominio del poder durante tres décadas. Así comenzarían también Joaquín Balaguer, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, siendo éste el único de los gobernantes dominicanos que fracasó en el intento reeleccionista. Todas las reelecciones en base a la corrupción y al atropello de los valores democráticos. La transición democrática registró tres constituciones en años seguidos, de 1961 al 63, ésta última considerada la más avanzada de nuestra historia, lo que decretó el derrocamiento del presidente Juan Bosch, y tras la segunda ocupación militar norteamericana y su legado Joaquín Balaguer se registra la Constitución de más extensa vigencia del 1966 al 1994.

El dominio conservador

A lo largo de su extensa obra, García Fermín documenta el predominio del caudillismo, del autoritarismo y del conservadurismo como base del continuismo reeleccionista, lo que explica que entre Santana, Báez, Heureaux, Vásquez, Trujillo, Balaguer y Leonel Fernández hayan gobernado dos tercios de la historia de la República y los dos últimos dos terceras partes de la “etapa democrática” tras el ajusticiamiento de Trujillo.

En cambio los gobernantes que más han encarnado el liberalismo democrático de los trinitarios fundadores, como Ulises Francisco Espaillat y Gregorio Luperón en el siglo 19 y Juan Bosch en el 20, fueron efímeros en el poder.

La obra registra las frustraciones originadas en los gobiernos del PRD que no avanzaron en las reformas constitucionales para afianzar la democracia, y en los del PLD que han montado un dominio de todas las instituciones del Estado en base a la corrupción y la absorción de los partidos.

 

 

Danilo y Miguel abren espacio a la oposición

Por Juan Bolívar Díaz
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Tres discursos en apenas cuatro días delinearon el curso de la prematura campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo año configurando la posibilidad de una bipolarización de nuevas fuerzas contra los tres partidos que han dominado la política dominicana en más de medio siglo.

Sólo las negociaciones para lograr la aprobación de la reforma constitucional para permitir la reelección pueden explicar la celeridad del presidente Danilo Medina en lanzar su candidatura, dadas las ventajas con que ha partido, y la claudicación de Miguel Vargas que entierra al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a 11 meses de los comicios.

Una semana de Abinader. La semana estaba pintada para Luis Abinader al iniciarse con el acto de proclama de su candidatura presidencial el domingo 14, pero seguramente él y los suyos no pensaron que el presidente Danilo Medina y el presidente del PRD lo iban a ayudar a afianzarse como primera opción alternativa para las presidenciales del 2012. Su proclamación era un desafío y lo pasó en sus principales dimensiones: congregó más de 10 mil personas, llenando el auditorio de entusiasmo y demostraciones de unidad, produjo un vibrante discurso de oposición centrado en cuestionar la gestión y el propósito continuista del presidente Medina y delineó los ejes básicos de un gobierno de amplio espectro político y social, llamando a constituir un frente de renovación nacional.

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sacó ventajas de la percepción generalizada de que se negociaron los votos de decenas de diputados y varios senadores para viabilizar la repostulación presidencial, preguntando “de dónde se sacaron señor Presidente, los millones y millones para la reforma constitucional”, aludiendo a las numerosas denuncias de legisladores que llevaron a los del PRM a pedir formalmente una investigación de la Procuraduría General.

Abinader asumió los cuestionamientos directamente a la imagen del presidente Medina, recordando que cuando se oponía al continuismo de Leonel Fernández sostuvo que en el país “para hacer posible la reelección había que tragarse un tiburón podrido y tirar los escrúpulos al zafacón”. Entonces le preguntó directamente “de qué tamaño es el tiburón que usted se tragó” y “en qué zafacón tiró usted los escrúpulos”. Lo del tiburón se convirtió en la frase de la semana en las redes sociales y los programas de radio y televisión, incluidas unas celebradas décimas de Huchi Lora.

La capitulación de Miguel. Lo patético de la semana fue el discurso con que Miguel Vargas renunció el lunes 15 a la candidatura presidencial del PRD, proclamada en septiembre del año pasado. A once meses de los comicios, el candidato declina y anuncia que apoyará la reelección del presidente Medina, en base a una participación, que no definió, en cargos legislativos, municipales y gubernamentales. Y llegó a anunciar un programa de gobierno que el candidato oficialista no ha presentado.

El desencaje de Vargas y de sus acompañantes quedó evidente en la transmisión televisiva, cuando convertían al partido de mayor vigencia de la historia nacional, en comodín de uno de sus adversarios, en una retirada sin dar batalla, tan anticipada a la cita del 15 de mayo del 2016, alegando que el PRM no había querido negociar con ellos.

Vargas no explicó su cambió tras años defendiendo su pacto con Leonel Fernández en el 2009 porque había prohibido la reelección presidencial, y todavía cuando el Comité Político del PLD dispuso reformar la Constitución dijo que él y sus legisladores rechazaban “la pretensión de prolongar el continuismo peledeísta caracterizado por endeudamiento desenfrenado, excesivos impuestos y ausencia de plan nacional”.

La explicación la dio por escrito el 9 de junio el secretario de Asuntos Legales del PRD, Salim Ibarra, cuando se mostró “asombrado de que 40 diputados de su organización hayan sido convencidos para apoyar el actual proceso de reforma constitucional”. Resignado agregó su esperanza de que en ese nuevo escenario Vargas “logrará concretizar un acuerdo electoral que vaya en beneficio de las bases y dirigencia del PRD”. Varios diputados perredeístas dijeron que habían negociado el respaldo a la reelección por garantías de mantener sus puestos, cosa imposible con el voto preferencial.

Súbita salida de Danilo. A las 48 horas, el miércoles, llegó la sorpresa de Danilo, con un discurso triunfalista que repite los argumentos con que todos los presidentes dominicanos reeleccionistas han tratado de justificar su aspiración de continuar al frente del Estado: su excelente obra y la necesidad de culminarla.

Después de tanto tiempo de silencio, la salida de Danilo pareció inoportuna la noche en que concluía el plan de Regularización de Extranjeros, con el país en ascuas y bajo la atención de la prensa y dirigentes de instituciones y organismos internacionales, por lo que se creyó vanamente que se referiría a tan importante asunto de Estado.

A 11 meses de los comicios, no había justificación para romper el silencio tan inoportunamente, a no ser que -como se alega en corrillos- tuviera necesidad de contener el deterioro de su imagen y aprobación, tras la crisis de su partido y el reparto antidemocrático que la saldó, la imposición de la reforma constitucional y el fortalecimiento de la candidatura de Abinader. No logró disipar la ingestión del “tiburón podrido de la reelección”.

El mayor vacío fue no haber aludido al pacto para un gobierno de unidad nacional con que los perredeístas han justificado su apoyo a la reelección y que ha constituido el principal argumento para rebatir la percepción generalizada de que ese apoyo fue comprado en efectivo y con reparto del Estado, tan vergonzoso que sólo los diputados se atrevieron a detallar: nuevas provincias, cargos públicos y garantías de reelección total.

El semblante de Danilo durante su alocución no reflejaba convicción sobre su nueva concepción de que en sus tres años las instituciones se habían fortalecido para soportar la reelección, lo que pudo reforzar comprometiéndose con la aprobación de los proyectos de leyes del Régimen Electoral y de Partidos, llamados a garantizar mayor equidad electoral. El mercadólogo Melvin Peña lo describió: “lucía como una imagen flotante, lejano, como si estuviera hablando por skype”.

Tempranas definiciones. La claudicación de Miguel Vargas era previsible a la luz de las pobres preferencias que registra en las encuestas, que reconocen al PRM y Abinader como primera opción opositora. Incluso fue sobrepasado en las últimas Gallup-HOY y Penn /Schoen por Guillermo Moreno. Pero no se esperaba una definición tan precipitada, dada la tradición de las alianzas en los procesos electorales dominicanos. La ley electoral obliga a registrarlas al menos 75 días antes de las elecciones y generalmente se efectúan en los límites, al igual que las definiciones reeleccionistas de los presidentes. El plazo de inscripción de candidaturas es de 60 días antes de los comicios.

Las inequidades y abusos de las campañas reeleccionistas sobrepasan con mucho las garantías competitivas de la Constitución y las leyes, y han comenzado a registrarse con varias inauguraciones por semana que son convertidas en actos de exaltación del mandatario como figura providencial insustituible, con páginas diarias en los periódicos y encabezando la excesiva publicidad institucional de los organismos estatales.

La opinión pública le otorga inmensa ventaja a Danilo, partiendo de la aprobación que ha registrado en las encuestas, aunque todavía ninguna se ha publicado después que impusiera su proyecto reeleccionista casi dividiendo su propio partido, doblegando el Poder Legislativo y acabando la obra iniciada por su antecesor Leonel Fernández de asimilación de los partidos tradicionales, todo en base al reparto del Estado.

Sin una legislación que límite el abuso del Estado, con el control de los organismos electorales y la concentración de la mayoría de los partidos con derecho a postular candidatos, lo que le da el 90 por ciento del financiamiento estatal, la candidatura del presidente Medina no debería utilizar un centavo adicional del presupuesto nacional. PLD-PRD-PRSC reciben este año unos 55 millones de pesos mensuales del presupuesto nacional, que se duplican en el año electoral.

El desafío es demasiado grande para Abinader y Moreno ya como principales opciones de la oposición y para el resto del liderazgo político y social que sólo unidos podrían apostar a la tendencia regional a relegar la partidocracia tradicional.-

 

“La maldita reelección”: el desafío de tres en uno

Por Juan Bolívar Díaz

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La forma acelerada, atropellada y de reparto del Estado en que se ha manejado la reforma de la Constitución para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina vuelve a mostrar el alto costo que ha tenido en la historia nacional la reelección fundada siempre en la corrosión de las instituciones y la compra de conciencias.

Aunque para muchos la triple alianza parece invencible, por su premura no deja de ser indicativa de debilidad, y podría reproducir aquí la avalancha de rechazo al sistema político que se vive en la región, si un frente de oposición apela a los dos tercios de la población que viene expresando insatisfacción y desconfianza en los partidos políticos.

Costo de la financiación. Aunque la reforma constitucional no contaba con suficiente apoyo ni en el propio partido de gobierno, terminó imponiéndose con repartos antidemocráticos sin precedente primero en sus propias entrañas y luego con el sistema político. Nadie podrá precisar el costo de financiación de la 39 reforma de la Constitución dominicana que comenzó doblegando a la mitad de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que dejaron solo a su líder Leonel Fernández, y siguió con los 42 diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 9 del Reformista Social Cristiano (PRSC) y 2 de los 36 del nuevo Partido Revolucionario Moderno (PRM), estos últimos en vías de expulsión.

La reforma reeleccionista de Medina no tiene precedente en la adolescente democracia dominicana, ya que nunca los tres partidos dominantes durante más de medio siglo, se habían puesto de acuerdo para constituir un frente electoral. Aún a nivel mundial es difícil encontrar una concertación parecida, a no ser en las luchas contra las tiranías, como en Chile para rescatar de Pinochet el sistema político e institucional.

El pacto reeleccionista que implica a los tres partidos comenzó por sus diputados, que lo hicieron público, arrastrando a sus dirigentes, que para no quedarse en el descalabro han tenido que plegarse. Ningún organismo del PRD o el PRSC discutió ni aprobó el acuerdo, y sus líderes, candidatos presidenciales, no lo han explicado.

En el debate en la Cámara de Diputados el vocero del PRM Nelson Arroyo responsabilizó a los ministros de Obras Públicas y Economía y al reformista Marino Collante de haberse ocupado de persuadir a sus colegas, y nadie lo enfrentó. La diputada Minou Tavárez dijo sentirse asqueada del mercado en que convirtieron el Congreso. Los votos de diputados se habrían cotizado hasta a 10 millones de pesos. Algunos líderes y senadores, recibirían otros incentivos, como asignaciones de obras públicas.

Costo para el presidente. Todo el reparto antidemocrático y las protestas que ya está generando hasta en el propio PLD, donde miles de precandidatos que habían invertido fuertes sumas en su promoción, se ven amenazados, podría generar un alto costo, más aún al conllevar el aplastamiento de un liderazgo tan fuerte como el de Leonel Fernández y seguidores.

La palabra de Danilo Medina queda devaluada, tanto que en todo el proceso no ha justificado el haber cambiado sus promesas de que solo gobernaría 4 años, para involucionar a lo que siempre se ha hecho en la historia dominicana, desde Santana, Báez y Lilís, hasta Horacio, Trujillo, Balaguer y Leonel, a quien estigmatizó por ello en el 2008.

Abundan los vídeos y las citas de Medina en la Internet, resaltando el costo económico, institucional y democrático del reeleccionismo, desde su campaña por la nominación presidencial para el 2008 cuando le “venció el Estado”, a la lucha por el poder en el 2012 y al comenzar su gobierno. En “Las Propuestas de los Candidatos” del Grupo de Comunicaciones Corripio al final de la campaña del 2012, Danilo Medina se explayó explicando por qué nunca buscaría reelegirse, tras recordar que estaba prohibido “y es muy difícil que ningún presidente pueda conseguir los votos suficientes para modificar la Constitución”. Fue tajante: “yo quiero cuatro años y nada más”.

Danilo se extendió en explicaciones sobre cómo la reelección es antidemocrática, “porque tenemos instituciones democráticas muy débiles todavía. Tal vez en los próximos 20 años, cuando tengamos un período sucesoral de cuatro o cinco gobiernos, y hayamos avanzado en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, entonces esas instituciones estén en capacidad de soportar la reelección”. Y agregó que “los funcionarios, cuando van a un proceso de reelección, no distinguen la línea que separa los bienes públicos de los bienes partidarios, y terminan dañando la imagen de los presidentes, dañando la imagen de los partidos y dañando la economía”.

Parece que las premoniciones de Medina se están dando en el actual proceso, que ya tiene alto coto en el PLD, y que “la maldita reelección”, como abjuraba Hipólito Mejía antes de caer en la tentación de modificar la Constitución para fracasar en su persecución, amenaza con enterrar lo poco que venía quedando de los dos partidos más antiguos de la historia nacional. Y todavía faltan más de once meses para las elecciones.

Un gran desafío nacional. Aunque hay propensión a creer que ante el pacto de tres en uno no hay mucho por hacer, el mismo representa un enorme desafío para la sociedad dominicana, si acaba de fraguar la planteada “Convergencia por un Mejor País”, que tendría como base principal al PRM y su candidato Luis Abinader, configurado en las encuestas como alternativa.

Si estos se manejan con el acierto que tuvieron en sus elecciones primarias y abren un real y amplio espectro político y social, por lo menos producirían una bipolarización del proceso y trazarían una línea de Pizarro, haciendo insubstancial a todo el que quede fuera de los dos polos, y nutriéndose aún más de la disidencia que producirá el reparto antidemocrático, por ejemplo en un PRD que desde hace meses viene reduciéndose en las encuestas a menos del 5 por ciento de las preferencias.

En el país podría repetirse una coyuntura como la del 1978, de todos contra el poder absoluto, cuando todo el presupuesto nacional, y el control total de las instituciones y empresas estatales, incluyendo junta electoral, militares, policías y jueces no fue suficiente para imponer la reelección. Ahora no hay un líder opositor de las capacidades de Peña Gómez, pero una ola de indignación está relegando los partidos tradicionales en todo el continente. Empezó por Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay y Ecuador, y se ha extendido a Colombia, llegando a Centro América por El Salvador. El año pasado Varela y Solís fueron electos presidentes de Panamá y Costa Rica, aunque las encuestas los situaban en tercer lugar de preferencias, desplazando a partidos tan antiguos como el tico Liberación Nacional. Y en Guatemala y Honduras las masas piden la renuncia de los presidentes, en el primero tras liquidar a la vicepresidenta y los jefes del Banco Central y la seguridad social.

Muchos creen que República Dominicana vive aislada del mundo, pero seguramente no tienen en cuenta que las encuestas registran una fuerte insatisfacción y desconfianza en los partidos políticos. La última Encuesta sobre Cultura Política de la Democracia en RD, 2012, auspiciada por reconocidas instituciones, arrojó una caída del 58 al 49 por ciento de apoyo al sistema político, solo un 37 por ciento con militancia partidista y con los partidos en el último escalón de confianza ciudadanía, 32 por ciento, por debajo hasta de la Policía, entre las 12 más importantes instituciones nacionales.

Aún con la alta aprobación que ha registrado el presidente Medina, el tres en uno conlleva riesgos.-

 

Otra vez venció el Estado, con reparto antidemocrático

Por Juan Bolívar Díaz
31_05_2015 HOY_DOMINGO_310515_ El País16 A

El pacto que salvó la unidad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no tiene precedente en cuanto a reparto del Estado por una cúpula directiva al implicar no solo la repostulación del presidente Danilo Medina, sino también de los legisladores, alcaldes y dirigentes partidistas, dejando atrás principios democráticos y constitucionales.

Aunque desde el principio se vaticinaba que los peledeístas no se dividirían y predominaría el poder presidencial, fue sorprendente la forma en que Leonel Fernández fue humillado y obligado a capitular, al tercer día de haber plantado pelea con un discurso de confrontación, pero los danilistas lograron derribarlo como se habían propuesto.

Un dramático desenlace. Aunque siempre se esperó que el poder presidencial y el “camino más seguro” de la repostulación del presidente Danilo Medina predominarían sobre los afanes del expresidente Leonel Fernández por volver al Gobierno, fue dramático el desenlace de la confrontación, después que el gran líder de las últimas dos décadas plantara pelea frontal con su discurso del lunes 25 de mayo, transmitido por casi toda la televisión y la radio.

Leonel cantó como un gallo, proclamándose guardián de la Constitución, que a su juicio no podía reformarse para posibilitar la repostulación y posible reelección de Medina, sin que la convocatoria fuera aprobada por los dos tercios de las leyes orgánicas y sin un referendo aprobatorio, para huir como gallina antes que transcurrieran tres días, forzado hasta por muchos de sus más cercanos seguidores.

El discurso del lunes auguraba una prolongación de la confrontación, que no es solo por la candidatura presidencial, sino también por el liderazgo definitivo entre los dos peledeístas que han ejercido el poder en ya casi 15 de los últimos 19 años. Se presentó un Leonel furibundo, en actitud de pelea, denunciando a Danilo como un hipócrita que no se atreve a decir lo que piensa.

Tras analizar el proyecto de reforma constitucional ya en manos del Congreso, Leonel lo calificó de “sumamente peligroso para el porvenir de nuestro pueblo” y que sería “nefasto y catastrófico”, llegando a advertir la posibilidad de que abriera las puertas para la reelección indefinida, al extremo de que “Así tendríamos el Trujillo del siglo XXI, que vendría a cercenar nuestras libertades, a mutilar nuestra dignidad y a truncar nuestro porvenir como pueblo”.

El desplome del león. El radical discurso de Leonel marcó su abrupto desplome, pues acabó de convencer a la mayoría peledeísta de que corrían el riesgo de la división y la pérdida de los privilegios de que han disfrutado con un sistema de reparto y corrupción sin precedente.

Figuras del leonelismo fueron clave para la capitulación del líder, algunos con razones muy convincentes para no correr riesgos, como el senador Félix Bautista, símbolo perseguido de la corrupción del PLD, a quien se atribuye la iniciativa de la transacción convenciendo a su jefe político de que no había alternativa.

En la opinión pública no hubo piedad con los planteamientos de quien se pintó sin ambiciones, cuando intentaba un cuarto período de Gobierno zarandeado por graves acusaciones de corrupción, y hasta de financiamiento del narcotráfico, con obvio rechazo de los poderes fácticos más cómodos ahora con Danilo.

Ya su multitud de voceríos y escribidores habían dado el salto al danilismo para preservar sus privilegios, y varios de los principales llegaron a acosarlo. La publicación de una encuesta Penn/Schoen realizada dos semanas antes disparó al máximo las alarmas cuando indicó que Luis Abinader, el candidato del Partido Revolucionario Moderno, ganaría a Leonel en una segunda vuelta en el 2016.

Ya en minoría en los organismos directivos, sobre todo en el poderoso Comité Político, y en el Senado, le quedaba una proporción de los diputados que impedían la reforma constitucional, los que empezaron a ser atraídos por el poder del Estado.

El martes trascendió entre los legisladores que se ofrecían de 7 a 10 millones de pesos y respaldo para repostulaciones y financiamiento de campañas.

Leonel quedó casi solo, refugiado en el extremismo de “Los Vincho”, vencido por el Estado, por el que ahora reparte los sobrecitos, que en el sistema en que fundó su liderazgo, es el que predomina.

Los danilistas se propusieron derribarlo, y lo lograron. Le arrebataron la antorcha al Leonidas y al Moisés del Siglo XXI, que llegó a compararse con Buda y Jesucristo.

Desastre institucional. El pacto implicó la sepultura de los mecanismos democráticos en el principal partido del país, que mantiene una precaria unidad, con agravios y malquerencias entre los dos grupos del reparto, lo que determina mutua desconfianza y peligros.

Los líderes no se juntaron y muy simbólicamente cada grupo lo firmó por separado, uno en el Palacio Nacional y el otro en la costosa Fundación Global.

Falta precisar si incluye la composición de las altas cortes en manos de Leonel, de las que seguirá dependiendo que no le caiga un proceso judicial y que condenen o absuelvan a sus alcancías Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, pendientes de decisiones en la Suprema Corte. Pronto se podrá saber si el pacto es también de impunidad. Que prosiga el aplastamiento de Leonel, en aras del nuevo líder, debe descartarse hasta que pasen las próximas elecciones, porque implicaría al presidente, al secretario de Organización y al Tesorero del PLD. Alguna promesa de garantía de impunidad habrá merecido el papel protagónico del multimillonario Félix Bautista en el acuerdo.

El costo económico, democrático e institucional de la reelección apenas comienza y de inmediato cobrará en los partidos de oposición para obtener la veintena de votos que faltan para aprobar la reforma constitucional. Se da por hecho que los lograrán entre los 9 diputados reformistas, ya sus dos senadores la aprobaron, y entre unos 44 que son la fortaleza de ese extraordinario empresario de la política que es Miguel Vargas. Se adelanta que, para no vaciarse, dejará en libertad de votar a sus partidarios, aunque lo único que él reivindica de su pacto personal con Leonel Fernández para viabilizar la Constitución del 2010, aparte de representación minoritaria en las altas cortes, es haber reivindicado la prohibición de la reelección presidencial consecutiva.

Desafío para la oposición. La colaboración de los legisladores para una reforma constitucional se puede obtener mediante el voto positivo y con la ausencia, y en último caso con la abstención. No se descarta que incluya algunos de los diputados del PRM, como advertencia de que no son inmunes al poder del Estado, los cuales serían expulsados, según se ratificó el viernes.

Mientras se consuma la reforma constitucional, el presidente Medina sigue el patrón del silencio que caracterizó a Balaguer y a Leonel en coyunturas similares, sin explicar propósitos ni objetivos, lo que podría afectar su alto nivel de aprobación tras ratificar lo que siempre se ha hecho desde la presidencia de la República. Cuenta con la adolescencia democrática nacional, aunque hay quienes se aferran a los sacudimientos políticos que se vienen produciendo en la democracia hispanoamericana.

El desafío es para lo que quede de oposición, particularmente para el PRM y su candidato Abinader, que han emergido como principal alternativa y plantean una Convergencia opositora, para el ascendente Guillermo Moreno y el liderazgo de partidos y de grupos sociales alternativos, que confrontan la corporación que monopoliza el poder.

Un impúdico reparto

Los peledeístas pueden, una vez más, celebrar su capacidad para defender su poder, pero esta vez no solo a costa de quien encarnó sus éxitos y prosperidad colectiva, sino también sepultando los principios democráticos y constitucionales básicos, la Ley Electoral y sus propios estatutos, cuando 35 personas deciden y pactan la repostulación no solo del Presidente (se dice que también de la vicepresidenta y esposa de Leonel), sino también de los senadores y diputados, y sus respectivos bufetes directivos, de los alcaldes y directores de los municipios y distritos municipales de todo el país.

Los actuales miembros del Comité Central, que ya se autoprolongaron en el 2012 y que el año próximo debían someterse al escrutinio de sus bases, reciben una nueva prórroga hasta el 2020, ya que se pactó aplazar el Congreso del PLD para finales de ese año.

El sanedrín peledeísta no solo dispuso modificar ahora la Constitución para posibilitar la repostulación de Danilo Medina, sino que se comprometió a “iniciar oportunamente” otra reforma para “blindar la Constitución”.

El pacto sepulta las aspiraciones de miles de peledeístas que ya habían iniciado campañas buscando las 4,200 candidaturas a disputarse el año próximo, muchos de los cuales han derrochado millones de pesos.

Por la unidad partidaria tendrán que resignarse a una promesa o al mantenimiento de cargos gubernamentales, si no quieren terminar como regidores y vocales municipales, que son más de dos tercios de los cargos electivos.