Pareciera que tocamos fondo

Por Juan Bolívar Díaz

Nadie debe sorprenderse de que haya quienes pongan en duda la denuncia de que dos generales de la Policía Nacional y dos abogados políticos celebraron recientemente dos reuniones en las que se habló de acallar definitivamente al periodista Fausto Rosario Adames, director de uno de los mejores periódicos digitales de la región, destacado investigador periodístico y militante en la lucha contra la corrupción y por el fortalecimiento de las instituciones  democráticas.

 Hasta donde se ha sabido, no hay una grabación probatoria, pero sí un valiente testimonio en mano de las autoridades. A uno de los generales participantes ya se le había atribuido hace tres años el patrocinio de un atentado contra Rosario, en el cual perdió la vida un médico de contextura física similar y que se ejercitaba en la misma ruta que el periodista. Aquel crimen quedó en el misterio sobre todo porque uno de sus ejecutores en vez de ser capturado para despejar lo que ya se había denunciado como un errado asesinato por encargo, murió en uno de los frecuentes “intercambios de disparos con la Policía”.

 Con todo es comprensible que muchos se nieguen a creer que podemos regresar a la etapa en que la disensión  se pagaba con la vida y que se pueden repetir los ominosos asesinatos de Gregorio García Castro, Orlando Martínez o Narciso González, nunca suficientemente sancionados pero cuyos autores han sido perseguidos perennemente  por el repudio nacional.

 La duda es más razonable habida cuenta de que la mayoría creemos que el país tiene un gobierno que no toleraría un crimen de esa naturaleza. Pero por lo menos Fausto Rosario ha recibido una confidencia que compartió con las máximas autoridades de la nación, desde el Presidente Danilo Medina, al Procurador General Francisco Domínguez y el Ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared Pérez. Y todos los que conocen a este periodista lo saben incapaz de fantasear con una acusación de esa naturaleza, que siembra incertidumbres hasta en su propio ámbito familiar,  profesional y social.

 De ninguna forma sobra la alerta, la protección y la prudencia, ya que en la vida nacional se vienen produciendo acontecimientos que parecen demostrar que estamos tocando fondo en la intolerancia frente a la disensión. Por ejemplo la instrumentación de una turba de togados que ha pretendido intimidar al doctor Guillermo Moreno, destacado hombre público, prestigioso jurista, académico y dirigente político, por haber recurrido a la justicia pidiendo que se investigue la fortuna del ex presidente Leonel Fernández y el financiamiento de su fundación particular, tras aportar indicios de graves irregularidades.

 Moreno tuvo que ser rescatado de la turba que casi lo agrede en pleno palacio de justicia el viernes 21, durante un bochornoso espectáculo protagonizado por gente que debería tener respeto si no por sus derechos, al menos por la majestad de la justicia. Eso porque estamos creando nuevos dioses que no pueden ser tocados ni con el pétalo de un legítimo cuestionamiento.

 No deja de ser indicador de la intolerancia a la diversidad que destacadas figuras religiosas estén cuestionando y advirtiendo que tendrá que irse el propuesto embajador de Estados Unidos, por su preferencia sexual particular pero sobre todo por ser un defensor de homosexuales, lesbianas y transexuales, como si eso lo excluyera de cualquier actividad profesional en un mundo tan amplio donde gana cada vez más espacio el respeto a la diversidad y pluralidad. Y como si en toda la historia no hubiese habido esa diversidad sexual en gobernantes, artistas, deportistas, médicos, periodistas, obispos y hasta cardenales.

 En el país opera todo un aparato mediático y equipos pagados para inundar la radio, la televisión y los medios digitales de estigmatizaciones, para insultar, atacar y descalificar con calumnias y mentiras todo género de disensión, para endiosar a sus patrocinadores. Están conduciendo al fondo de la intolerancia y de ahí a la violencia y el crimen no hay mucha distancia. Ojalá que se le ponga límites pronto.

 

El mayor fraude inmobiliario

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque ya ninguna iniquidad nos debería sorprender, confieso que he quedado anonadado con la decisión del gobierno de asociarse en un fideicomiso con parte de los beneficiarios de lo que hace más de trece años fue calificado por una abogada apoderada del Estado como el mayor fraude inmobiliario de la historia nacional.

Puede ser parte del costo de la pasada campaña electoral, ya que el Poder Especial 7-13 con que el Presidente Danilo Medina  autorizó a su consultor jurídico para suscribir un Acuerdo Transaccional con quienes “poseen derechos registrados”  sobre una enorme parcela colindante con la Bahía de las Águilas, Pedernales, deja constancia, en su último párrafo, que el 7 de mayo del 2012, (a 13 días de las elecciones), el Procurador General de la República emitió un acto identificando los abogados apoderados por el Estado para que lo representaran en la litis.

Con fecha 15 de enero pasado el gobierno desistió del recurso judicial que buscaba anular los títulos de terrenos obtenidos irregularmente según comprobó y documentó la doctora Piky Lora Iglesias, quien hasta su temprana y lamentada muerte en 1999 fue apoderada del Estado para perseguir a quienes se asociaron para expropiarse de la parcela 215-A, en el municipio Enriquillo. Trascendió esta semana cuando lo reveló el periódico digital 7 días.com.

El poder autoriza un fideicomiso para la explotación turística del terreno, otorgándole el 45 por ciento de su beneficio a quienes compraron títulos de reforma agraria. Si alguno de los poseedores lo prefiere, podrá emprender camino propio, pagando al Estado el 55 por ciento del monto en que vendan, según el numeral 7 del Poder Especial 7-13, pero sin precisar cómo se establecería el valor actual del terreno que para explotación turística podría cotizarse en miles de millones de pesos. Seguro que algunos preferirán quedarse con parcelas propias.

El expediente completo de la investigación de Piky Lora fue entregado al presidente Leonel Fernández en 1999 por su hija la doctora Laura Acosta Lora. El 5 de diciembre de 1995, el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD) Jaime Rodríguez Guzmán, mediante oficio 10790 solicita al Registrador de Títulos de Barahona el traspaso de la parcela 215-A “para un asentamiento agrícola”. Rápido, ese mismo día y sin ninguna averiguación, el doctor Ramírez Suberví transfiere al IAD la totalidad de la parcela (de 36 mil hectáreas). Dos meses después, el 5 de febrero de 1996, con el oficio 433, el Administrador de Bienes Nacionales, Carlos Eligio Linares, remite el expediente, con su aprobación, al  Registrador de Títulos de Barahona, quien al otro día ya lo inscribe en el folio 387, número 1547 y expide un nuevo título a nombre del IAD, pero esta vez por sólo 943 hectáreas, aparentemente bien seleccionadas.

El director del IAD procede a realizar un “asentamiento campesino” en terrenos inútiles para la producción agrícola o pecuaria. Piky Lora estableció que muchos de los supuestos asentados no sabían que eran propietarios de las parcelas de reforma agraria, y que ni vivían en la región y algunos eran difuntos. Pero ya “habían vendido” las parcelas a un grupo entre los cuales figuraba el senador de Pedernales Antonio Féliz Pérez y otros políticos como Puro Pichardo, así como a numerosas empresas que serían ahora los beneficiarios del fideicomiso.

La maniobra implicó la violación de procedimientos y leyes. Rodríguez Guzmán pidió el traspaso sin la aprobación del directorio del IAD. Tampoco obtuvo autorización legal del Poder Ejecutivo, y la ley de reforma agraria prohibe el traspaso o venta de las parcelas de asentamientos. Pese a todo eso, la complicidad de los funcionarios de cuatro gobiernos de tres partidos ha operado para que el tribunal de tierra no haya deshecho un fraude tan claro y comprobable. Y según dijo  el jueves el ministro de Turismo, Francisco Javier García, pretendiendo justificar la última decisión, podrían pasar 40 o 50 años más antes que el tribunal dictamine. O sea que no hay estado de derecho.

Al Poder Especial de Danilo Medina le faltó algo: una reparación, tal vez en especie, al ingeniero Rodríguez Guzmán por los meses de prisión que sufrió cuando la maniobra fraudulenta fue denunciada por el actual senador Wilton Guerrero, entonces director del IAD, de lo que sabe el actual Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, para aquellos años Fiscal del Distrito Nacional.

 

Aquí no ha pasado nada

Por Juan Bolívar Díaz
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Los niveles de corrupción, manipulación política, complicidad e impunidad que carcomen el alma de la sociedad dominicana han quedado nuevamente al desnudo con las informaciones relativas a los acuerdos que hace casi dos años hicieron las autoridades judiciales con la señora Sobeida Félix Morel, durante las investigaciones sobre la red de narcotráfico que lideraba su marido José David Figueroa Agosto.

Vale recordar que desde el principio las autoridades parecieron más interesadas en dilucidar los aspectos anecdóticos y eróticos de las relaciones de la pareja y de varios jóvenes involucrados, conscientes o no, en el lavado de dinero, bien poco en relación a los volúmenes de narcotráfico que se le atribuye. Varios de ellos pagan condenas que en algunos casos lucen desproporcionadas, mientras no ha sido procesado ni uno solo de los ejecutivos del negocio criminal y sus asociados y beneficiarios, funcionarios, oficiales policiales y militares, políticos, empresarios y legisladores. Aunque se sabe que al menos un alto oficial policial y un empresario pagaron con sus vidas.

 El primer grave escándalo del año estalló a partir del día 5 cuando HOY publicó los documentos que formaron parte del acuerdo de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional con la celebrada Sobeida Félix con dos objetivos: reducirle la condena que le correspondía, y facilitarle la excarcelación cuando cumpliera la mitad de la pena. La primera se cumplió cuando la principal beneficiaria del lavado de dinero ilícito fue sentenciada a la mitad y tercera parte de los años de cárcel que recibieron actores secundarios. Pero –no se asombren- las actuales autoridades se niegan a cumplir el acuerdo, desconociendo la continuidad del Ministerio público y del Estado.

Versiones que han merecido crédito indican que en los archivos de la Procuraduría General no se encontraron los documentos relativos al acuerdo, manejados y manipulados como si se tratara de un negocio particular. Ninguno de los involucrados sale a aclarar nada, pese a los reclamos de la opinión pública.

A no ser que consideremos aclaración las declaraciones de dos de los señalados por Sobeida  Félix como financiados por el alto empresario del narco, que se conforman con decir que no conocieron a Figueroa Agosto, quien para entonces operaba bajo otros nombres. Sin demandar una investigación liberadora y una explicación de las autoridades que negociaron y beneficiaron a narcotraficantes en base a afirmaciones que no indagaron o que descartaron ya que no hubo consecuencias. Tampoco demandan a la belleza Félix que los ha involucrado en delitos que en cualquier parte del mundo civilizado conllevan graves repercusiones.

Son muchas las preguntas que bullen en estos días: ¿se inventó Sobeida Félix acusaciones tan concretas, con tantos testigos con nombres y apellidos para sacar ventaja en el proceso judicial? Se la aceptaron las autoridades sin mayor indagación aunque involucraban a dos generales y un coronel policial y otro del Ejército Nacional y nada menos que al presidente del principal partido de oposición y excandidato presidencial? ¿Se quiso tener de rehén a un importante dirigente político? ¿Fue el único político que recibió dinero de Figueroa, o era el que convenía que ella involucrara? ¿Y qué pasó con funcionarios relacionados con algunos de los asociados de Figueroa, uno de los cuales quedó en evidencia pública?

Hay muchas preguntas más: ¿Por qué tras la publicación de los documentos no se emprende la investigación correspondiente? ¿Qué han dicho los honorables funcionarios encargados de perseguir el narcotráfico, el lavado de dinero y la ética? ¿Será que hay temor en volver a destapar esa caja de serpientes que fue la red de Figueroa Agosto?

No esperen respuestas, que aquí no ha pasado nada. Son simples entretenimientos en este hermoso país donde “to e to y na e na”.

Danilo Medina entre el querer y el poder

Por Juan Bolívar Díaz
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Pocas veces un gobierno había comenzado con una situación económica tan difícil como la que enfrenta el presidente Danilo Medina, quien acabando de aprobar una traumática reforma tributaria se enfrenta de inmediato a una difícil negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implica un choque de tarifa energética.

Sin poder responsabilizar al Gobierno anterior, ni pedir excusa por el desastre heredado, ni reducir significativamente el dispendio,  el nuevo régimen puede quedar atrapado en un círculo vicioso: caída de la actividad económica que neutralice los mayores tributos y más endeudamiento para mantener la ficción del crecimiento.

  Una imposición devastadora.  A toda máquina, sin medir implicaciones que no sean apurar el trago amargo de un solo tirón, la Cámara de Diputados completó la aceleración que se inició con el desplante al Consejo Económico y Social y pasó por el Senado, sin siquiera cumplir el ritual de la segunda lectura del proyecto de reformas tributarias para reducir el oficio a unos cinco minutos.

Voceros y comentaristas alquilados celebraban con insistencia la poca magnitud de los protestantes ante el Congreso Nacional, en el perímetro de la Universidad Autónoma y en comunidades calientes del interior del país, sin calibrar la profundidad del descontento y la frustración de los sectores empresariales, organizaciones sociales y clases medias que no se manifiestan en las calles pero influyen sobremanera en el rumbo político-social del país.

La semana se cerró con un incremento de las manifestaciones y nuevas  convocatorias de protestas para hoy domingo y días sucesivos, con el deplorable asesinato del universitario Willy Florián Ramírez. Se clamaba no sólo contra el paquete tributario, sino que  maestros salieron a reclamar reajuste salarial, los jueces organizados marcharon contra la destitución de dos colegas, estudiantes fueron al Palacio Nacional a exigir mayor financiamiento a la Universidad estatal y en pueblos y barrios se protestaba la falta de agua y electricidad. En Villa Estela, Barahona, la profesora Angela Moquete quedó gravemente baleada por la Policía cuando pedía agua. Luego falleció.

La indignación general por el desproporcionado déficit presupuestario llegó con velas nocturnas portadas por jóvenes de clases medias hasta el perímetro de la Fundación Global del expresidente Leonel Fernández, blanco de todas las críticas y acusaciones, mientras el partido Alianza País que preside el reputado jurista Guillermo Moreno formalizaba una solicitud para que el Procurador General investigue las responsabilidades del líder del partido oficial y de los dos ministros que manejaron la mayoría de las construcciones, los ingenieros Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

Pendiente el choque eléctrico.  Hasta los economistas más optimistas, que ahora son pocos, convienen que aún con un rendimiento óptimo del paquete tributario, con el escaso margen político mostrado por el Gobierno para recortar el dispendio, y dados los mayores compromisos de pago de deudas y de inversión en educación, el déficit presupuestario se proyecta para el próximo año en un nivel sobre el 3 por ciento del producto bruto interno, por lo menos 70 mil millones de pesos.

Para lograr un acuerdo con el FMI, el Gobierno tendría que producir una elevación de la tarifa energética. El persistente déficit fiscal y la renuencia a aumentar el costo de la electricidad fueron los factores determinantes de la interrupción del acuerdo con el organismo  en la segunda mitad del año pasado.

En los documentos públicos del Fondo quedó constancia. Por ejemplo en la carta del entonces jefe de la misión para República Dominicana, Alejandro Santos, del 19 de octubre del 2011, se pedía un esfuerzo adicional “para asegurar esa estabilidad en un momento complicado”. Señaló que la reforma del sector eléctrico “ha sido el tema más complicado”, identificando dos metas “críticas desde el punto de vista macroeconómico: adopción por ley de la tarifa técnica en el sector eléctrico, e introducción por ley de un mecanismo de flexibilización de la tarifa eléctrica”.

Santos recordaba que ya en julio el Gobierno había presentado una nueva carta de intención comprometiéndose a esos ajustes, razón por la que los directores del FMI aprobaron continuar el acuerdo, reiterando que era imprescindible “un ajuste substantivo” antes de volver al directorio. Cuantificó el ajuste en 18 por ciento y propuso un 9 de inmediato y prorratear la otra mitad en seis meses. El Gobierno prefirió dejar morir un acuerdo que le había proporcionado más de mil 500 millones de dólares.

Es obvio que el FMI tomará en cuenta que hay un nuevo Gobierno, pero hasta el ministro Montás reconoce que el choque eléctrico parece inevitable, sobre todo porque a final del año la deuda con los generadores y suplidores eléctricos, de la que también se ha quejado persistentemente el organismo, estará sobre los mil millones de dólares.

Tremendo círculo vicioso.  En todos los análisis de los economistas y empresarios emerge la preocupación sobre la magnitud de las consecuencias del paquete impositivo y se teme que el Gobierno quede atrapado en el mismo círculo vicioso en que cayó su antecesor: insatisfacción, protestas sociales, repartos para amortiguar el descontento y comprar fidelidades y silencios, y endeudamiento para sostener el crecimiento económico, mientras se acentúan las dificultades competitivas, y los déficits fiscales y de balanza de pago prosiguen debilitando la sostenibilidad económica.

En otras palabras, se ha sostenido un crecimiento sacándole dinero a la población, y casi triplicando la deuda pública en ocho años, mientras se elevaba en 70 por ciento la nómina estatal en los últimos cinco años, incluyendo los pensionados. El presupuesto nacional de 121 mil millones de pesos en el 2004, creció 150 por ciento al 2008, para triplicarse a 378 mil millones en el 2010 y pasar de 500 mil millones en este 2012, aunque sólo se presupuestó 430 mil millones de pesos. Con más de 400 mil millones de pesos en déficits acumulados en los últimos cinco años.

Las consecuencias del paquete tributario y el incremento de la tarifa eléctrica permitirían al Gobierno mantener la estabilidad y algún crecimiento económico, pero generaría mayores dificultades para los sectores productivos, para las pequeñas y medianas empresas, con el consiguiente desempleo y conflictos sociales. Para conjurarlos proseguiría el costoso clientelismo político que ha sido muy rentable.

En el medio de este panorama está la frustración de promesas y compromisos de que esta vez no habría simple parche tributario, sino un pacto fiscal integral para romper el círculo vicioso y establecer un nuevo modelo económico como reclamaron todos los eventos y documentos empresariales de los últimos años, lo mismo los celebrados informes de las consultorías a Harvard y Attalí, y la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Por suerte para el Gobierno, la personalidad del presidente Danilo Medina, con algunas acertadas disposiciones de austeridad y mejor manejo administrativo, y la concentración de la indignación hacia el ex presidente Leonel Fernández, han amortiguado el desgaste. Pero cuando comiencen a sentirse los efectos del paquete tributario, repercutirán directamente hacia Medina y su Gobierno.

Para recuperar la perdida credibilidad en las instituciones estatales se requiere mucho más medidas que reduzcan el dispendio, en niveles que el sistema partidista y político no parece en capacidad de entender. No aceptan ni que les pidan cuentas. Todavía muchos creen que Danilo Medina quiere hacer “lo que nunca se ha hecho”, aunque cada vez se teme más que no pueda. Le urge dar algunos palos contundentes a los repartos, barrilitos, cofrecitos, exoneraciones, altos salarios y pensiones, y suprimir  organismos inútiles. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre.

La negociación con el FMI

  Temprano de la semana el ministro de Economía Temístocles Montás reconoció por Teleantillas que el siguiente desafío del Gobierno es lograr un acuerdo con el FMI que le facilite acceso a nuevo financiamiento, como cuestión esencial para mantener la ya precaria sostenibilidad de la economía nacional, consciente de que el organismo reclama elevación de la tarifa eléctrica para reducir margen del déficit fiscal.

Una misión del FMI llegó el lunes para recibir informaciones preliminares sobre la forma en que el Gobierno pretende reducir el déficit fiscal que este año alcanza el nivel descomunal de los 187 mil millones de pesos y conocer del proyecto de presupuesto de  ingresos y gastos del 2013, cuyo borrador sería presentado al presidente Medina la próxima semana, con expectativa de llevarlo al Congreso antes de diciembre.

Una vez que este instrumento sea aprobado por el Congreso, lo que sería tan rápido como el parche tributario, es cuando el Gobierno presentará una carta de intención para formalizar negociaciones con el organismo internacional, lo cual el ministro Montás estimó que ocurriría ya en enero.

Pero en medio del rechazo general al nuevo parche tributario que frustró las expectativas de un pacto fiscal integral, la tasa cambiara pasaba la barrera de los 40 pesos por dólar, incrementando incertidumbres y recordando la urgencia de recursos financieros para mantener la estabilidad. Se contempla colocar entre mil y mi1 500  millones de dólares en bonos soberanos, aunque el reconocido economista José Luis de Ramón dijo esta semana en un coloquio organizado por la Cámara Americana de Comercio que el mantenimiento del tipo de cambio demandaría el próximo año contratar entre dos y tres mil millones de dólares.