Los partidos: renovarse o morir

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Por Juan Bolívar Díaz

He sostenido por convicción un rechazo sistemático al discurso de descalificación  absoluta de los partidos, generalmente enarbolado por ciudadanos profundamente decepcionados y hasta indignados por la degeneración que ha sufrido el sistema político nacional, y por los altos niveles de corrupción e impunidad que nos colocan entre los peores del universo, como han certificado persistentemente el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y las evaluaciones de Transparencia Internacional.

Sobran las razones para rechazar a los que han dominado el escenario político nacional durante las últimas décadas, sin haber logrado fortalecer la institucionalidad democrática, ni resolver siquiera problemas que como el energético y del agua potable fueron reivindicaciones universales hasta mediados del siglo pasado. Todavía destinamos a salud pública menos de la mitad del promedio latinoamericano, y apenas hemos comenzado a invertir en educación gracias a que durante dos décadas la ciudadanía se empoderó y lo exigió hasta vencer.

Pero el discurso anti-partido no es correcto por varias razones, preponderantemente porque no todas las organizaciones políticas tienen igual responsabilidad en la descomposición institucional y la corrupción, pero también porque la degeneración no es patrimonio exclusivo del partidarismo, y se extiende por casi todo el cuerpo social dominicano. Cuando la sociedad se sacuda y grite basta ya, esos partidos tendrán que renovarse o morir, más probablemente lo segundo, que es lo que viene ocurriendo por todo el continente. Pero en última instancia tendrán que emerger otros, porque no hay democracia sin partidos políticos.

La renuencia en aprobar una Ley de Partidos que fortalezca esas instituciones es la mejor demostración de la miserable postración en que se encuentra el liderazgo político nacional. Ya es demasiado tiempo, son más de dos décadas de reclamos y 16 años dando tumbos en el Congreso, una responsabilidad que corresponde en mayor grado a quienes durante ese período han controlado la gestión legislativa, especialmente en los últimos 12 años cuando el control ha sido absoluto por los actuales gobernantes.

La realidad es que la mayoría de nuestros partidos se declaran incapacitados para gestionar su democracia interna, para elegir sus dirigentes y algunos llevan más de una década sin poder hacerlo. Tampoco pueden rendir cuentas del subsidio que se le otorga de los insuficientes ingresos nacionales. Y en el debate de la Ley de Partidos han proclamado sin ruborizarse que están incapacitados para elegir sus candidatos a los puestos electivos. Apelan a que sea la Junta Central Electoral que les organice los procesos electivos, que les monte la logística y el cómputo y financie todo con el dinero de los contribuyentes.

Se ha escuchado a dirigentes políticos proclamar impúdicamente que sus partidos no están capacitados ni para celebrar sus asambleas, y que deberían también quedar bajo control de la Junta Central Electoral, porque sus dirigentes no pueden garantizar equidad, transparencia ni honestidad en el proceso y la computación de resultados.

Ese sí que es un discurso anti-partido. Porque si el sistema partidista no puede regirse así mismo, será imposible que pueda gestionar las mayores complejidades del Estado y de la sociedad en su conjunto. Si se confiesa que son incapaces de actuar con honestidad en las competencias internas, entre compañeros de partidos, está implícito que serán despiadados, abusivos y corruptos frente a los más diversos sectores de la sociedad. Ellos mismos están gritando que hay que sustituirlos.

Durante los últimos años hemos asistido al empeño de imponer a la JCE el cómputo de los votos a decenas de miles de precandidatos en una sola jornada, bajo el argumento de que los partidos no pueden garantizarlo a 8 o 12 mil aspirantes. Como si el organismo electoral no tendría que apelar a decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas para que hagan la gestión de los colegios. En otras palabras, que la ciudadanía puede sustituir los partidos.

Lo peor de todo es que están tan obsesionados, tratando de preservar inequidades e iniquidades, que no caen en cuenta que se están descalificando ellos mismos. Ojalá que pronto la ciudadanía lo haga entender.-

La oposición no puede prescindir de una reforma electoral integral

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El documento “Propuestas desde la Oposición para el establecimiento de un sistema electoral realmente democrático”, entregado en enero a la Comisión Bicameral contempla las esencias de la Ley de Partidos y de la más importante Ley del Régimen Electoral  

 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            A menos que quieran volver en el 2020 a enfrentarse al abuso del Estado en la campaña electoral, los once partidos opositores en concertación tienen que dedicar sus mayores esfuerzos a enarbolar como fundamentales sus “Propuestas desde la Oposición para el Establecimiento de un Sistema Electoral Realmente Democrático”, presentadas el 26 de enero pasado.

Después de más de dos años de concertación, tras las demostradas inequidades y abusos del Estado en el último proceso electoral, los opositores no han logrado vencer las resistencias del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a unas reformas electorales que democraticen los procesos eleccionarios, lo que los obliga a mayores presiones.

Se acaba otra legislatura

            La encarnizada lucha del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández por el absoluto control del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha determinado el nuevo estancamiento del proyecto de Ley de Partidos con 16 años dando tumbos en el Congreso. Esta semana se vence el plazo de un mes que se dio a la comisión especial de la Cámara de Diputados para dictaminar sobre el proyecto, y el próximo 26 concluirá otra legislatura de vanos debates.

El diferendo intra peledeísta sigue siendo el tipo de padrón a utilizarse en la elección de las candidaturas, que el actual mandatario quiere que sea el de todos los ciudadanos (abierto), mientras su antecesor reivindica el estatuto orgánico del PLD, que la limita a los miembros del partido (cerrado), como ocurrió en el 2015, con los aspirantes a los cargos municipales, y una fracción de los diputados, pues  la mayoría de estos como los senadores, fueron repostulados como parte de los acuerdos políticos para unificarlos en torno a la reforma constitucional que posibilitó a Medina optar por la reelección.

Aunque voceros de los sectores peledeístas enfrentados siguen diciendo que habrá acuerdos, la comisión especial ya ni logra quorum, porque ambos saben que no reúnen los dos tercios de los votos necesarios para una aprobación que, de ser contraria a los intereses de los danilistas, chocaría contra el muro del Senado, donde estos aprobaron el proyecto con primarias abiertas. Como la presidencia de los diputados está en el leonelista Rubén Maldonado, la otra facción podría esperar el inicio de la próxima legislatura, el 16 de agosto, cuando pasará a manos del danilista Radhamés Camacho, por el reparto del poder acordado. Aunque esta semana circuló la versión de que Camacho sería designado en agosto como ministro de Educación, en lugar de Andrés Navarro, quien pasaría a trabajar por la candidatura presidencial, y que volvería al mando de los diputados Lucía Medina, la experimentada hermana del presidente.

Responsabilidad del PRM

            El principal parido de la oposición, el Revolucionario Moderno (PRM), con 50 de los 190 diputados, tuvo la posibilidad de inclinar la balanza a la posición del presidente Danilo Medina, cuando llegó la última propuesta de éste, de que la Ley de Partidos establezca que las primarias puedan ser abiertas o cerradas. El vocero de los diputados perremeístas, Alfredo Pacheco, no ocultó su inclinación a aceptar esa fórmula transaccional “en interés de sacar adelante la ley”, y hay quienes dicen que hasta Luis Abinader la contempló, pero tropezó con el compromiso contraído con los otros diez partidos de oposición, con los que vienen concertando acciones.

            Cuando revisaron sus “Propuestas desde la Oposición”, se encontraron con que allí se consigna que cada partido podrá decidir el método de elección de sus candidatos “de acuerdo con lo establecido por sus propios estatutos”, y que las primarias deberán realizarse “con el padrón de cada partido”. Un comunicado conjunto lo acababa de ratificar y el rechazo de los demás partidos de la oposición pareció liquidar el último intento por las primarias abiertas, vetadas por los leonelistas, amparados en la declaración de inconstitucionalidad del 2005.

Los perremeístas no podían poner en riesgo la concertación con el resto de la oposición para aparecer transando con el poder presidencial y contribuir a que éste se impusiera sobre la facción de Leonel Fernández, a menos que fuera en el marco de un firme compromiso con el conjunto de reformas electorales demandadas por toda la oposición y la sociedad civil, que no ha  aparecido en ninguno de los sectores peledeístas que aspiran a llegar a otras elecciones, ya a año y medio las municipales, sin democratizar el sistema electoral, como lo dispone la Constitución del 2010. Después de esta hubo tres elecciones, ese año congresuales y municipales, en el 2012 presidenciales, y generales en el 2016. Los abusos del Estado en esta última pasaron de la inequidad a la iniquidad, obligando a los opositores a la concertación.

El éxito de los peledeístas  

Aunque la lucha de facciones ha debilitado al PLD, con sus organismos inoperantes y casi al punto de la división, sus facciones han tenido el éxito de mantener el debate político en torno al padrón, abierto o cerrado, cuando en el proyecto de Ley de Partidos hay otros aspectos más trascendentes, como el respeto a la equidad competitiva, la transparencia del financiamiento privado y rendición de cuentas y mejor distribución del estatal.

Pero el mayor de los éxitos peledeístas está en haber subordinado la reforma del régimen electoral, más trascendente que la Ley de Partidos, para que “los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”, como dispone el artículo 212 de la Constitución. Las facciones enfrentadas confían en que el final el amor por el poder salve su unidad, y seguir disfrutando de la falta de regulaciones efectivas de la competencia electoral.

Esta semana los nuevos presidente y secretaria general del PRM; José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, dejaron claro por televisión, como lo había hecho días antes Luis Abinader, que mantendrán la posición unitaria de los once partidos de oposición sin doblarse ante la posición de ninguna de las facciones peledeístas, y que seguirán luchando por la ley de Partidos, pero sobre todo por la reforma del Régimen Electoral, que es más trascendente.

Retoman sus propuestas

            En el bloque de los once partidos parece predominar la decisión de retomar sus propuestas electorales del 26 de enero, consignadas en un folleto que entregaron no sólo al Congreso, sino también a las principales entidades de la sociedad civil, a los organismos electorales y a instituciones y diplomáticos internacionales.

Como se puede apreciar en síntesis en el recuadro anexo, formularon 25 propuestas, la mayoría con detalles específicos que recogen los planteamientos y expectativas que datan de los años noventa, para la actualización y democratización del régimen electoral dominicano, considerado el más atrasado de América Latina, y que han sido objeto de numerosos consensos no sólo entre los partidos, sino también con las instituciones sociales.

Gran parte de esas propuestas están contempladas en los proyectos sometidos al Congreso por la Junta Central Electoral, fruto de asesoría internacional y de consenso partidista, pero son desconocidas, como la transparencia del financiamiento privado,  y hasta objeto de contra reforma, por ejemplo, en el proyecto aprobado por el Senado se instituye que empresas extranjeras puedan financiar a los partidos, reducir la proporción del financiamiento público destinado a educación y formación política, y elevar la cuota de candidaturas que decidirían las cúpulas partidarias.

Entre las propuestas de los 11 partidos resaltan las sanciones para el abuso de los recursos del Estado, para el transfuguismo y el clientelismo, considerados delitos electorales, topes reales de gastos por candidaturas, regulación del tiempo y el gasto en las campañas, separar la elección de senadores y diputados, más equidad en la distribución del financiamiento y de las curules de diputados, el debate de los candidatos presidenciales y el escrutinio público de las votaciones.

Necesitan mayor presión

En los ámbitos opositores se admite que no han podido desarrollar la presión necesaria para forzar al PLD a negociar una reforma electoral integral, aunque propuestas no han faltado, como la formulada al respecto dos veces por el precandidato perremeísta Luis Abinader, dirigida específicamente al presidente Danilo Medina y su partido, que las han ignorado.

En el silencio del presidente Medina frente a los reclamos de las reformas electorales por los partidos, de la mayoría de las instituciones sociales, incluyendo las empresariales y las iglesias, sobrevive el interés por mantener el absoluto dominio de las instituciones públicas y gran parte de la sociedad, logrado por el PLD en elecciones altamente viciadas por el peso del Estado y la concentración del financiamiento.

El continuismo sigue planeando sobre la nación, y aunque atraviesa serias dificultades por la prohibición constitucional de otra reelección, el mandatario no ha dado ningún paso a la concertación político social. Su único interés ha sido imponer las primarias abiertas, buscando el total control de su partido y de las candidaturas del 2020. El desafío es total a la eficiencia de la oposición y de la sociedad dominicana que reclama un ordenamiento más democrático, que abarate el costo de la política y abra posibilidades de reducir la corrupción.

En la concertación opositora participan los partidos Revolucionario Moderno,   Reformista Social Cristiano, Alianza País, Dominicanos por el Cambio, Humanista Dominicano, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Revolucionario Social Demócrata, Opción Democrática y Partido Socialista Cristiano.-

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Propuestas de Reformas Electorales de 11 partidos opositores

I.- Para la Ley del Régimen Electoral

1.- Establecer el “Cociente Hare”, para distribuir los escaños de diputados

2.- Separar la elección de senadores y diputados

3.- Descentralización y depuración de las Juntas Municipales Electorales

4.- Incorporar un sistema de voto electrónico con respaldo físico

5.- Establecer la obligatoriedad del voto ciudadano

6.- Regulación más equitativa del financiamiento público a los partidos

7.- Sancionar el financiamiento ilícito, del Estado y/o extranjero de las campañas

8.- Fijar topes de gastos para cada nivel de candidaturas

9.- Instituir un sistema de transporte gratis para la jornada electoral

10.- Hacer obligatorio al menos un debate entre candidatos presidenciales

11.- Regular las encuestas y sondeos electorales

12.- Establecer períodos de pre-campañas y campañas electorales, con sanciones

13.- Que los pactos de alianzas se anticipen al período de las precampañas

14.- Establecer un régimen de sanciones para cada tipo de delito electoral

15.- Incluir la degradación o “muerte” civil a condenados por delitos electorales

16.- Tipificar como delitos electorales el transfuguismo y el clientelismo

17.- Más equidad en distribuir los diputados nacionales y al Parlacén

18.- Garantizar el acceso del público al escrutinio electoral

II.- Para la Ley de Partidos Políticos

1.- Limitar la propaganda a los períodos de campaña, con equidad y sanciones

2.- Garantizar representación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas

3.- Establecer un máximo de 20% para reserva de candidaturas

4.- Controlar y transparentar el financiamiento público y privado a los partidos

5.- Un régimen efectivo de rendición de cuenta del financiamiento público

6.- Cada partido escoge el método de elección de candidatos acorde con sus estatutos; Las elecciones primarias con el padrón de cada partido

7.- Eliminar la concesión de poderes absolutos a una persona

 

El PRM necesita coherencia y disciplina para vencer el inmenso poder del PLD

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El principal partido opositor pareció superar el desafío de 7 diputados y del expresidente Hipólito Mejía a su Dirección Ejecutiva, pero sin poder aprovechar el descontento nacional frente a la garata y la imposición política que lidera el PLD   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) pareció haber superado esta semana el desafío de siete diputados y sobre todo del expresidente Hipólito Mejía a su Dirección Ejecutiva por el sostenido rechazo a la imposición del padrón electoral abierto en la elección de las candidaturas, contenido en el proyecto de Ley de Partidos del Senado.

Sin embargo, se advierte que los perremeístas caen en la tentación de reproducir las luchas intestinas que destruyeron el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de donde procede la mayoría ellos, desperdiciando el descontento nacional que anhela una coherente y disciplinada adscripción a los principios y prácticas democráticas.

Casi se arma la de Troya

El PRM comenzó la semana con una crisis cuando uno de sus dos principales líderes, el expresidente Hipólito Mejía, emitió un declaración escrita expresando su “decisión de apoyar la modalidad de primarias abiertas” con el padrón nacional de electores, desafiando la posición contraria de su Dirección Ejecutiva y coincidiendo con el interés del grupo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que hegemoniza el poder, encabezado por el presidente Danilo Medina, y que busca imponerlo por encima de casi todos los partidos y de las expresiones de la sociedad civil.

El pronunciamiento de Mejía, el domingo 6, ocurrió cuando se había convocado para el día siguiente al órgano ejecutivo y a 7 diputados que el jueves 3 coincidieron con sus colegas danilistas en boicotear la sesión donde la Cámara de Diputados conocería el proyecto de Ley de Partidos aprobado el mes pasado por el Senado. Se hablaba de sancionar a los que desatendieron los reclamos del vocero de la bancada perredmeísta, Alfredo Pacheco.

Después de una reunión del presidente y el secretario general, Andrés Bautista y Jesús Vásquez, de sus relevos electos, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, y  del precandidato presdencial Luis Abinader con el también precandidato Hipólito Mejía, se anunció que éste, aunque prefería el padrón abierto, “como un demócrata acogería la línea del partido”. Tras varias horas de reunión con los diputados, los siete  bajo cuestionamiento se comprometieron también a acatar la decisión de la Dirección Ejecutiva, tras asegurar que no estaban en desacuerdo con el fondo,  sino con la forma en que se condujo la frustrada sesión y que preferían que el proyecto fuera a comisión de estudio.

Inconsistencia de Hipólito

            Hasta ahora la dirección del PRM salió bien del trance, Mientras Hipólito Mejía quedaba como coherente defensor de las primarias abiertas, pero incoherente e indisciplinado dirigente partidario, ya que apenas 10 días antes, el 23 de abril, su vocero de prensa Andrés Matos había emitido un comunicado tras la difusión de una entrevista de enero donde defendía las primarias abiertas: “Luego el propio presidente (Mejía) ha reiterado que aunque está de acuerdo con las primarias abiertas, respeta y apoya la decisión del PRM, su partido, que aprobó que sean primarias cerradas”, indicaba. La misma posición había externado en otras entrevistas de televisión y al periódico El Día el 23 de octubre.

Hipólito hizo un largo recuento de su apoyo a las primarias abiertas, señalando que en su gobierno promulgó la ley 286-04, donde se establecieron, pero no recordó que la Suprema Corte la declaró inconstitucional en el 2005. Relató gestiones ante el presidente Medina en el 2013 junto a otros dirigentes del PRD, asumiendo que el PRM, constituido después, tenía que seguir la misma línea. Y sostuvo que la aprobación del padrón cerrado  se produjo “Sorpresivamente, en una reunión de la Dirección, convocada sin agenda ´previa”. Aunque fue hace 13 meses, en abril del 2017, él nunca la había objetado.

Por televisión, la doctora Milagros Ortiz Bosch, reconoció cambios de preferencias a causa del dominio de los mecanismos electorales que estableció el PLD, pero rechazó que el PRM lo aprobara de improviso. Entregó los informes de comisiones encargadas por la Dirección Ejecutiva para estudiar los proyectos de leyes de Partidos y del Régimen Electoral. La primera, de siete miembros, dos vinculados a Mejía  incluyendo a Salvador Ramos que la presidió, consignó en el punto 17, página 12, que “La elección de los candidatos será mediante el voto universal, personal, directo y secreto de la militancia de cada partido, con el Padrón de Militante de cada partido”.

Unapérdida de tiempo

            Después de las reuniones del lunes, Hipólito Mejía no ha desmentido lo que se le atribuyó, de haber acatado la línea partidaria. Como él decía en su declaración que la decisión sobre el padrón no fue llevada a la Comisión Política del Comité Nacional para su ratificación, lo que él nunca solicitó, la salida pudo haber sido esa. Pero podría ser una simple pérdida de tiempo, ya que los seguidores de Abinader, firme opositor al padrón abierto, aparecen como mayoría en ese partido, según las encuestas y por el resultado de la reciente elección de dirigentes.

Una desautorización de la Dirección Ejecutiva, constituida por 50 miembros, hubiese constituido una catástrofe para el PRM que justamente encabeza un bloque de 11partidos que han mantenido una oposición cerrada al proyecto de los danilistas, y remitía directamente y sin amortiguamiento a las confrontaciones que destrozaron el antiguo PRD.

Otra expresión de la recurrencia de los antiguos perredeístas a la garata es la petición del secretario general Jesús Vásquez de que anulen la reciente votación para elegir los dirigentes, basado en irregularidades organizativas, como no haber entregado el padrón a todos los candidatos con anticipación o que hubo que diferir la votación en una diez por ciento de las localidades por retrasos logísticos.

Hasta ahora nadie ha denunciado exclusiones, dislocaciones o manipulación del padrón, y Vázquez, un veterano organizador, debió admitir que los fallos no fueron por manipulación ni engaño, sino fruto de prisa y deficiencias, El tenía suficientes méritos para haber sido escogido para repetir en el cargo, pero por “prudencia unitaria”, que debió entender, los dos mayores líderes del partido sumaron fuerzas por Carolina Mejía para secretaria general y a José Ignacio Paliza para presidente.

Muy difícil de entender

            La detonación del conflicto por el padrón en el principal partido de oposición es difícil de entender cuando los organismos locales están eligiendo los delegados para culminar a principio de junio el proceso convencional que ha producido una  significativa renovación en la dirección partidaria nacional y local del PRM, algo que no ocurre hace muchos años en el sistema partidista.

Es comprensible que los seguidores de Danilo Medina, enfrentados a Leonel Fernández por el control del PLD, traten de imponen el padrón abierto para beneficiarse de  que el 23 por ciento de los electores reciben cada mes un ingreso del Estado. Pero es muy difícil de entender que todavía haya opositores que no se den cuenta que si los danilistas logran los dos tercios de los votos de los diputados, “conquistando” los 30 que les faltan para imponerle a todos  el padrón abierto, su paso inmediato sería la reforma de la Constitución, para lo cual se requiere la misma proporción.

Mucho peor es que con todas las desventajas que confrontan, los dirigentes del PRM no puedan interpretar el sentimiento nacional que reclama unidad, coherencia y firmeza para limitar el desmesurado control que el PLD ha impuesto sobre el Estado y la sociedad, hasta el extremo de plantear que lo de la ley de partidos es un asunto exclusivo  de Danilo Medina y Leonel Fernández. Las encuestas indican una mayoritaria desconfianza de a ciudadanía en el sistema partidista, y sin revertirla significativamente no hay posibilidad de cambio alguno. Sin eso ni todos los partidos juntos desplazan al PLD.

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La única opción de los diputados  

En cuanto al proyecto de Ley de Partidos aprobado por los senadores, el miércoles la Cámara de Diputados agotó la única opción que tenía sin previo acuerdo político: enviarlo a la comisión que ya venía estudiando las dos piezas de reformas electorales, pues  ninguna de las dos posiciones sobre el padrón puede conseguir las dos terceras partes de los votos ni para modificar el proyecto de los senadores, ni para rechazarlo o aprobar otro.

Quedó evidente que la ausencia del bloque danilista la semana anterior fue una maniobra política, tal vez para medir cuántos diputados del PLD y el PRM estaban dispuestos a seguirlos. Con ellos fuera, los demás podrían completar el quórum, lo que hubiese ocurrido con todos los del PRM. Pero en tal caso entraban de inmediato los gobiernistas para evitar que dos tercios de esos decidieran. Para evitarlo, el jefe de esa bancada se mantuvo dentro del salón, aunque escondiera la cabeza cuando pasaban lista.

El balance de la maniobra fue que no le desertó ni uno a Leonel, y que los 7 del PRM se arrepintieron. Con todo hay quienes siguen apostando a que “el presidente se impondrá como quiera y a cualquier costo”, Mientras todo indica que pasará semanas para el siguiente capítulo del drama político, ya que la presidencia de los diputados está en manos del experimentado y firme leonelista Rubén Maldonado, hasta el 16 de agosto.

Leyes de Partidos y Electoral en un solo y amplio consenso

Por Juan Bolívar Díaz
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Es improcedente que se pretenda priorizar la Ley de partidos, cuando ahora lo urgente es la Ley del Régimen Electoral que debe, entre otros aspectos, pautar la elección de los titulares de la Junta Central Electoral (JCE), ya que el período de los actuales vence el próximo 16 de agosto.

Como ambos proyectos conformarían una reforma del sistema político, deben ser consensuados al unísono y con la más amplia participación de los partidos políticos y las instituciones sociales interesadas, como ocurrió con la mayoría de las reformas político-sociales de las últimas décadas.

Una sola reforma política. Debe llamar la atención que sectores políticos pongan todo su énfasis en un nuevo consenso sobre el largamente manoseado proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, cuando lo prioritario ahora mismo es el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, que debe anteceder la renovación de la Junta Central Electoral, cuyos actuales titulares terminan su período el próximo 16 de agosto.

Como los dos proyectos se complementan, y para evitar redundancias y confusiones deberían ser objeto de un solo y amplio consenso que se extienda al reclamado pacto político por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que debe implicar también la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, también a partir del 16 de agosto, y posteriormente el inicio de la renovación de la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional.

Sorprende que se esté tratando de limitar la participación en el consenso sólo a los partidos con representación congresual, dejando fuera los demás y las entidades sociales interesadas en el desarrollo democrático institucional. Se ha informado que la mediación que realiza monseñor Agripino Núñez Collado es a título personal, que no involucra al Consejo Económico y Social, que tiene representación empresarial, sindical y social.

Esta restricción es otra regresión del sistema político que se abrió a la sociedad a partir del Diálogo Nacional convocado por el presidente Leonel Fernández en 1997, que pasó por la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado y por el Consejo Nacional de Reforma del Estado en el gobierno de Hipólito Mejía, y más recientemente por el CES y otras instancias para los pactos por la Educación y Eléctrico, para un conjunto de leyes, y hasta para la Constitución de la República del 2010.

Sólo voluntad política. No es verdad que la amplia participación dificultará la reforma del sistema electoral y partidista, pues consensos ha habido en varias ocasiones desde 1998, lo que ha faltado siempre es la voluntad política de ejecutarla, por parte de los partidos dominantes, especialmente la ley que regularía el partidarismo político.

Existen dos documentos que son puntos de partidas ya sistematizados y que en su momento recogieron consensos políticos y sociales, que son los proyectos de partidos y del régimen electoral sometidos al Congreso Nacional en el 2011 y reintroducidos después dos veces por la JCE.

Esos proyectos fueron elaborados por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, contratada por la JCE, que partió de los consensos alcanzados previamente sobre la Ley de Partidos, que incluyeron nuevas consultas con el sistema político y las entidades sociales interesadas. Con la ventaja adicional de que recogieron las experiencias de reformas políticas de los países latinoamericanos, que en las últimas décadas avanzaron considerablemente en regulaciones, dejando atrás a la República Dominicana.

De esos dos proyectos, el que requiere más consulta es el del Régimen Electoral, que ha sido menos discutido. El de partidos ha sido presentado en unas ocho legislaturas con diversas variantes, y no fue aprobado cuando el Partido Revolucionario Dominicano tuvo mayoría, entre 1998 y 2006, ni el Partido de la Liberación Dominicana en la última década.

La Ley de Partidos. El objetivo de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas es regular la democracia interna para garantizar los derechos de sus miembros y el cumplimiento de su misión como se enuncia en el artículo 216 de la Constitución, el cual especifica que “Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y la transparencia de conformidad con la ley”.

Ese artículo indica que “Sus fines esenciales son: “1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; 3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”.

La ley deberá disponer mecanismos específicos para que los partidos alcancen sus fines, para el respeto de la democracia interna en la elección de dirigentes y candidatos, para promover el relevo de dirigentes y la participación de las mujeres y los jóvenes, Igual para regular límites y transparencia del financiamiento de los partidos y los candidatos, a fin de reducir el encarecimiento de la política que cuesta a la sociedad y otorga ventajas a los adinerados sin importar el origen de las fortunas que se gastan en la política. Aquí también es fundamental un fuerte régimen de sanciones a los delitos electorales.

Una gran coalición social. Evidenciado hasta la saciedad que los partidos que controlan el poder evaden reformas que disminuyan sus ventajas, las posibilidades del rescate y fortalecimiento de la institucionalidad democrática, dependen fundamentalmente de la capacidad de presión que desarrollen las instituciones de la sociedad civil, tal y como se advierte en los recientes planteamientos del empresariado, y de las entidades más comprometidas con las reformas político-sociales.

La participación de las iglesias, del movimiento sindical y social comunitario es también básica para forzar la voluntad política que requieren las reformas, que comenzando por la institucionalidad democrática y la justicia, se extiendan a los pactos eléctrico y fiscal.
Una gran coalición de todos los sectores sociales, que como en las dos décadas anteriores permitieron avances en el arbitraje electoral y en la fortaleza de la justicia y forzaron el cumplimiento de la ley del 4 por ciento del PIB para la educación, es imprescindible en las actuales circunstancias.

Ya está en marcha la constitución de un “Pacto Nacional por la Justicia y la Seguridad y se promueve una “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática”, esfuerzos que deben converger en una sola y gran coalición, ya que la justicia y la seguridad ciudadana son partes fundamentales de la institucionalidad democrática. Mientras más unidad, más capacidad de presión.-

Ley del Régimen Electoral
El objetivo fundamental de la Ley del Régimen Electoral, que por ser orgánica su aprobación requiere dos tercios de los votos de cada cámara legislativa, es dar vigencia al conjunto de principios del Estado Social y Democrático de Derecho, instituido en el artículo 7 de la Constitución del 2010, y especialmente su artículo 212, que se refiere a las facultades y responsabilidades de la JCE, como órgano regulador de las elecciones nacionales.

El párrafo IV de ese artículo es bien específico al plantear que “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la ejecución del financiamiento. En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Justamente esos fueron los principales reclamos que afectaron el reciente proceso electoral, que motivaron reacciones y objeciones de los partidos de oposición, y figuran en las recomendaciones de los informes de Observación Electoral de la OEA y Participación Ciudadana, y en las demandas para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, la Finjus, Centro Bonó y otra muchas instituciones sociales.

La Ley Electoral deberá especificar las condiciones para garantizar la independencia de los titulares de la JCE, el derecho a elegir senadores y diputados, así como alcaldes y regidores distintos en boletas separadas, y limitar el uso del poder estatal en las campañas, con un régimen de sanciones que disuada los delitos electorales.

Un Pacto Político Social para un real Pacto Fiscal

Por Juan Bolívar Díaz
Dibujo

La experiencia del 2012 cuando este Gobierno impuso una simple reforma tributaria, en vez del Pacto Fiscal a que se comprometió en principio, debería ser suficiente para que los sectores empresariales, sociales y políticos comprendieran la necesidad de una firme compactación que equilibre el poder absoluto y rescate la institucionalidad democrática.

El liderazgo del empresariado organizado, economistas e importantes sectores sociales han planteado con mucha claridad los alcances del Pacto Fiscal que se impone, pero hay dudas de que comprendan que solo pueden salir adelante con un gran concierto que implique las energías que en años pasados impulsaron importantes avances institucionales.
Correctivos ineludibles

El Gobierno, el empresariado, las élites sociales, los economistas y el liderazgo social saben que, como han advertido organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la economía nacional va por el camino de la insostenibilidad, que se aproxima al límite de los déficits fiscales cubiertos con enorme endeudamiento y que hay que corregir el rumbo en búsqueda de un crecimiento más sano y un equilibro social que garantice productividad, fortalecimiento institucional y seguridad general.

Todos saben también que una vez más el interés electoral disparó el déficit fiscal, proyectándose que superará los 75 mil millones de pesos presupuestados para el año, tanto que el empresarial Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles lo estima al doble, unos 150 mil millones de pesos, que obligaría a buscar financiamiento adicional de por lo menos 1,500 millones de dólares.

El apremio llevó al ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a pedir concentración en el pregonado Pacto Fiscal, y a la directora de Proindustria, Alexandra Izquierdo, a sugerir una reforma tributaria “transitoria”, consciente de que para que sea fiscal integral se requerirá mucho tiempo de transacciones.

Con un ingreso fiscal que quedará en unos 15 mil millones de pesos menos de lo presupuestado, el Gobierno está urgido de una reforma que le permita elaborar un presupuesto realista para el 2017, afrontando problemas de financiamiento para proyectos fundamentales como las plantas de carbón, en las que desde hace cuatro años cifra sus expectativas de afrontar la crisis energética, y de recursos para emprender programas integrales que mitiguen la abrumadora inseguridad ciudadana.

Reclamado Pacto Fiscal. Como ahora hace cuatro años, al inicio de este Gobierno se expresaba un consenso sobre la necesidad del Pacto Fiscal, pero ante las primeras dificultades y también apremiado por un enorme déficit, el Gobierno optó por el camino tradicional, con la complicidad del liderazgo empresarial, marginando a los sectores sociales representados en el Consejo Económico y Social e ignorando a la oposición política que acababa de obtener 49 por ciento de los votos.

Las principales organizaciones empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, Asociación de Industriales de Herrera, la de Jóvenes Empresarios y múltiples sectoriales y regionales, han reformulado sus reclamos del Pacto Fiscal en términos contundentes, rechazando la prisa e incluso condicionándolo a la previa aprobación del Pacto Eléctrico que se discute hace dos años.

El CONEP lo fundamenta en racionalizar el gasto público, la Ley de Responsabilidad Fiscal, y reorientación del sistema tributario para la promoción de la producción y la exportación.

Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, dijo a HOY esta semana que realizan esfuerzos por unificar posiciones del sector empresarial, como hicieron para el Pacto Eléctrico, pero al mismo tiempo expresó temor de que los empresarios “busquen su acomodo de manera particular”, por lo que llamó al consenso para evitar que el Gobierno imponga otra reforma o simple parche tributario.

La fortaleza Institucional. Bien concretos y abarcadores han sido los dirigentes de la Asociación de Industrias, al reclamar límite a los déficits fiscales y desactivación de la “bomba del endeudamiento”, reconociendo la necesidad de reducir la evasión fiscal. Su presidente, Campos de Moya, ha señalado iniciativas para el desarrollo institucional y la competitividad, incluyendo la transparencia y cumplimiento de compromisos constitucionales fundamentales para la institucionalidad democrática de la nación, recordando que en agosto hay que renovar la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas.

Al respecto, el 9 de junio Campos de Moya precisó cinco iniciativas: leyes de Partidos y Electoral que iguale el terreno para todos; una Ley Tributaria y Fiscal que rompa las distorsiones que ponen a unos a pagar más y a otros menos, que incluya el control del gasto público y definición del tamaño del Estado; Ley de Pleno Empleo que ayude a regularizar a los informales y garantice seguridad social y pensiones para todos; la despolitización de los órganos estatales, incluyendo la judicatura y la Policía; y prioridades en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Economistas como Alfonso Abreu, Germania Montás, Nelson Suárez y Ernesto Selman, coincidieron esta semana en HOY en defender el Pacto Fiscal, que eleve equitativamente las contribuciones, pero con control del gasto, eliminación de los déficits y limitación del endeudamiento, que ya ronda 24 mil millones de dólares en el Gobierno central, más unos 11 mil millones de dólares del Banco Central, 8 veces la del año 2000.

Concierto político-social. Ningún Gobierno cede parte de su poder a menos que se vea obligado, y menos cuando lo acaba de multiplicar como ocurrió en las elecciones de mayo pasado. El partido gobernante ha demostrado gran capacidad para imponerse hasta por encima de su propio ordenamiento constitucional y legal, o evadiendo las legislaciones fundamentales para la institucionalidad democrática.

Eso incluye múltiples planteamientos constitucionales y casi una veintena de leyes aprobadas en el período 2000-12 para el control financiero y la transparencia de la gestión pública.

Solo una fuerte concertación social, como la que se orquestó para hacer cumplir la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la educación, para sancionar los fraudes bancarios, y en los noventa para mejorar el sistema electoral y la justicia, podría lograr una reforma fiscal que contenga el despilfarro, la malversación y la corrupción pública y que ponga límites al uso clientelar del presupuesto, con el cumplimiento de las normativas.

Los senadores acaban de apropiarse el 10 por ciento del presupuesto del Congreso para aumentar la cobertura de su propio y privilegiado plan de pensiones.

La oposición política está también desafiada a reclamar el valor del 38 por ciento de la votación que obtuvo contra todo el Estado en mayo pasado, condicionando el reconocimiento de la legitimidad del Gobierno a que se abstenga al Estado social y democrático de derecho, con las urgentes reformas políticas, institucionales y fiscales, y que proscriba el partidarismo en los organismos estatales.

El Partido Revolucionario Moderno debe reactualizar su planteamiento de la campaña electoral de revisión de unas 7 mil cuentas estatales para ahorrar hasta 70 mil millones de pesos anuales.

Notable retroceso democrático y colapso de la automatización

Por Juan Bolívar Díaz
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Las elecciones generales del pasado domingo culminaron un proceso de retroceso de la institucionalidad democrática, con la reelección no sólo del presidente Danilo Medina, sino de gran parte de los legisladores y alcaldes municipales, en base al poder del Estado y un desenfrenado derroche de dinero y ayudados por una oposición ineficaz y dispersa.

El colapso de una costosa automatización impuesta contra toda racionalidad por el autoritarismo unipersonal de un arbitraje partidarizado, anarquizó el escrutinio inconcluso al cumplirse la semana el escrutinio y constituyó un salto hacia atrás, reconocido por los organismos de observación electoral nacionales e internacionales.

Reelección casi total. No fue sólo el presidente Danilo Medina quien logró la reelección en los comicios del 15 de mayo, sino 28 de los 32 senadores y gran parte de los diputados oficialistas y del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) fruto de acuerdos de las cúpulas partidarias, que en gran proporción constituyeron negación de la democracia interna.

Resalta la victoria de Medina, con un histórico 62% del sufragio, aunque superado por el 69% de los votos de la provincia San Juan, que reeligieron al senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Félix Bautista, un símbolo de la corrupción a quien el Ministerio Público del mismo gobierno le imputó un manejo fraudulento de 26 mil millones de pesos, que tras el pacto reeleccionista resignó. Muestra de que el dinero repartido, los cargos y el poder castran la democracia nacional.

Asimismo, alcanzaron mayor proporción que el mandatario los candidatos a la reelección como senadores de Independencia, también con 69%, Santo Domingo 67, Hermanas Mirabal 66, y Bahoruco con 63 %. Esas provincias tienen en común que son de las más pobres del país, donde pesa más el 23% de los electores que están en las nóminas de empleados y subsidiados directos del Estado.

Quedó de relieve el peso del dinero en elecciones sin límites al gasto ni a su origen, desde la precampaña cuando candidatos a legisladores y alcaldes derrocharon decenas de millones de pesos, hasta la jornada de votación con significativa compra de votos. Resalta que las mayores victorias de la oposición la lograron candidatos de grandes fortunas, como los senadores electos José Hazim en San Pedro, Pedro Alegría en Ocoa y Santiago Zorrilla, en El Seibo, o de apoyo empresarial como David Collado para la alcaldía capitalina, y en menor medida José Ignacio Paliza, ganador de la senaduría de Puerto Plata.

El gran poder de Danilo. Ese 62% de los votos de Danilo Medina, que le anticiparon las encuestas, tiene un componente de méritos personales que no se le debe regatear, pero también del abuso del poder estatal en múltiples dimensiones que ha caracterizado históricamente el continuismo dominicano, documentado ampliamente por cinco informes de la observación de Participación Ciudadana (PC), elevado déficit fiscal, gasto de 11 millones de pesos diarios en publicidad gubernamental, 71% de la publicidad política con 923 millones de pesos en dos meses, y tres cuartas partes de los altos funcionarios al frente de su campaña.

A eso hay que agregar ingredientes tan importantes como una amplia red nacional de comunicadores pagados en la nómina pública y con publicidad estatal, el control de la organización y el tribunal electoral que fueron, junto al poder económico del Estado, factores fundamentales para el desguañangue del mayor y más antiguo partido del país, el PRD, que acaba de recibir su certificado de insignificancia al obtener 5% de los votos, cuatro años después que su candidato presidencial alcanzara 47%.

Ilusos fueron los siete candidatos de oposición que pretendieron enfrentar sin la menor concertación el inmenso poder del Estado y el acumulado por el peledeismo gobernante, sobre todo seis de ellos que apenas invirtieron el 2% de la publicidad en televisión, radio y prensa, para terminar con el 3% del sufragio. Mejor parado quedó el PRM, el reciclaje de la mayoría del perredeísmo, que en año y medio polarizó con el PLD con una candidatura presidencial que logró 35% del voto.

El conteo fue manual. En la Junta Electoral del DN se alcanzó a recibir electrónicamente el 50% del escrutinio, como lo reconoció su presidente Santiago Sosa. Muchos colegios llevaron el escrutinio hasta el amanecer y no se sabe cuántos entregaron las urnas a las juntas municipales, en muchas todavía ayer sábado seguían contando los votos. La noche del martes sólo en las pequeñas provincias Independencia y Dajabón habían concluido.

En juntas municipales los programas de conteo han fallado con múltiples incongruencias en resultados de las boletas congresuales y municipales, que dispararon la alarma de cientos de candidatos de la oposición. Ejemplos: En la boleta C del cuarto boletín de La Vega el PRM acumulaba 16,150 votos, pero se redujeron a 15 mil 933 en el boletín siguiente. Al País acumulaba 2,250 votos en la boleta B de Santo Domingo Este para el cuarto boletín con 474 colegios computados, pero disminuyeron a 1,992 en el octavo con 912 colegios. El Boletín provisional 51 de Santo Domingo Este consigna 50,918 votos válidos, pero la distribución por partido totaliza abajo 53,063, y 104.21%.

PC el lunes y la misión de la OEA el martes hicieron público el descalabro electrónico y coincidieron en que el conteo manual salvó el escrutinio. El jueves se conocería el informe de la Unión Interamericana de Organismos electorales, que hasta hace poco presidió Roberto Rosario, el cual, tras describir los múltiples problemas desde el inicio, en su punto 11 resume el colapso: “Algunas mesas operaban sin apoyo tecnológico, en otros se habilitaron las máquinas para la identificación de los ciudadanos y en algunos otros se pudo instalar los tres equipos. Esto se mantuvo a lo largo de toda la jornada electoral, y obviamente se trasladó al escrutinio”. Cierto que faltó personal auxiliar, aunque tres titulares de la JCE desconocen si fueron 3 mil, pero también el informe de PC dice que en el 21% de los colegios donde sí había técnicos, no pudieron con los equipos.

La abstención y nulidad. Con el 92.89% del cómputo presidencial (boletín 9) se proyecta una concurrencia a las urnas de 4 millones 734 mil 145, que equivale a una abstención del 30%, casi igual al 2012 y en ese nivel los votos nulos sumaban 99 mil 137, proyectándose a 106 mil 728, más del triple que los 30 mil de hace 4 años, lo que implica otro retroceso. La nulidad es más fuerte en la boleta congresual, tomando el caso del Distrito Nacional que ya acumulaba 19 mil 66, que a nivel nacional alcanzaría a 178 mil 653, un elevado 3.8%, sujeto a revisión.

Cuando logren concluir el escrutinio de estas elecciones, el balance será de un afianzamiento del monopolio del poder por el PLD, que habrá perdido tres de las 31 senadurías que tenía, pero ahora con más de 100 diputados y alcaldes, absorbiendo gran parte de los que los que habían quedado en el PRD, reducido casi a la nada. Alianza País tendría un alcalde y un diputado nacional, lo mismo que el PQDC. El PRM y aliados terminarían con tres senadores y unos 60 diputados. De los candidatos presidenciales, después de Medina y Abinader, sólo Guillermo Moreno rebasa el 1%, también constante histórica.

Los cuatro muertos y varios heridos en la jornada electoral, en Santo Domingo, Yamasá y Monción, y un quinto el martes en Bonao, constituyen también un penoso retroceso de este proceso electoral que cobró otras tres vidas en la campaña interna.-

El colapso tecnológico
Aunque se advirtió a tiempo que el salto a la automatización electoral necesitaba pruebas previas suficientes, auditoría a fondo de los equipos y mayor preparación del personal, y algún conteo manual por muestreo para inducir confianza, no se podía esperar el colapso que sufrió, documentado por la observación electoral de Participación Ciudadana (PC), en una muestra científica de 1023 colegios, y luego por las misiones de la OEA y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales.

Desde las primeras horas, con un retraso de por lo menos dos horas promedio en el inicio de la votación, se dio la voz de alerta. Al mediodía la red de PC reveló que el 29% de los colegios no recibieron el equipo de identificación de los electores y el 27% tampoco los del escaner y la transmisión, y en el 60% hubo anomalías con los equipos, como de conectividad, electricidad o se dañaron. Aunque el presidente de la JCE anunció a las 7.00 de la noche el inicio de la transmisión directa del resultado de los colegios, a las 10 sólo habían podido hacerlo el 19 por ciento, y a las 12, cuando fue descontinuado, el 27 por ciento. Esos datos no llegaron directamente esa noche ni a los partidos ni a los medios, como también anunció Roberto Rosario.

El colapso tecnológico se generalizó. Un cuadro en la pantalla electrónica y televisiva de la JCE llegó a atribuir los senadores, diputados y regidores con apenas unos cuantos colegios contados, bajo el título de “cargos ganados al momento”. A la medianoche, se resignaron a que todo el escrutinio continuara manual y se ofreció el primer boletín de resultados consolidados, pero hasta el medio día del lunes fue que pudieron comenzar a colocarlos en la página de internet de la JCE.

Proceso con graves retrocesos institucionales y democráticos

Por Juan Bolívar Díaz
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La resistencia del partido dominante a aprobar las leyes de partidos y del régimen electoral, que persiguen regulaciones democráticas, desconociendo consensos y compromisos, es una de las mayores falencias del proceso, auspiciando un virtual desmantelamiento del viejo sistema de partidos.

Paquete de 4,106 cargos. La escogencia en la misma jornada este 15 de mayo de los 4,106 cargos electivos del Estado es una regresión de la reforma política aprobada tras la crisis poselectoral de 1994, que incluyó la no reelección también abrogada, después de años de consensos sobre la base de que el presidencialismo arrastra los candidatos legislativos y municipales, y deteriora la independencia de los poderes.

El pretexto para reunificar las elecciones con la Constitución del 2010, fue que con elecciones cada dos años, el país vivía siempre en campaña, lo que no cambió puesto que la promoción de candidaturas se inició tan pronto culminaron los comicios presidenciales del 2012, con un gasto sin precedente que se paga con el dinero público.

Hay testimonios de que candidatos a diputados, los que tienen que buscarse su propio apoyo por la vigencia del voto preferencial, han gastado sumas que llegan a los cincuenta millones de pesos, encareciendo el costo de la política, determinando el predominio de los que reúnen más dinero, sin importar su origen, y dejando fuera de competencia a los más honrados o provenientes de segmentos sociales desposeídos. Al haberse suprimido las elecciones primarias en el PLD a muchos hubo que devolverles lo gastado, en especies como cargos, y contratos de compras y obras. .

La “maldita reelección” . Como casi todos los que han alcanzado estabilizarse en la presidencia de la República en toda su historia, el presidente Danilo Medina sucumbió a la tentación de buscar la “maldita reelección”, que como él recitaba antes de su elección, deteriora la institucionalidad democrática y subordina el interés nacional al continuismo.

Esta vez, como tantas otras, hubo que modificar la Constitución para posibilitar la repostulación, y a diferencia de las anteriores, ahora no se “conquistaron” legisladores a título personal, sino por bloques enteros, desde luego con los recursos del Estado y en un mercado público, denunciado hasta ante un ministerio público que no quiso investigarlo.

Otro agravante fue que esta vez se pactó para archivar graves expedientes de corrupción, como el del senador Félix Bautista, y para garantizar la repostulación de todos los senadores y diputados del partido gobernante, y la prolongación de los dirigentes, dando una patada mortal a la democracia interna, a los estatutos, la ley electoral y los principios constitucionales.

Fue relevante que el bloque de diputados reformistas también apoyara la reforma constitucional que posibilita la repostulación de Medina, para luego terminar enfrentándola al pactar con la mayor fuerza emergente de oposición, el Partido Revolucionario Moderno /PRM) salido del desguañangue del PRD.

Nadie podía esperarlo. Debe ser inédito que un partido que obtuviera el 47 por ciento en unas elecciones, como ocurrió con el Revolucionario Dominicano (PRD) en el 2012, terminara a los cuatro años a la cola del vencedor, en un oscuro pacto que apenas materializa una embajada y la dirección de un ente de cuarto nivel, el IDECOOP, en base a promesas de cargos y sin garantizarle ni una alcaldía importante.

La joya política de este período fue la culminación del desmantelamiento del viejo sistema de partidos con el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) venía compitiendo, para garantizarse un largo predominio. Con el reparto de parcelas estatales, contratos y empleos públicos segmentaron primero el Partido Reformista Social Cristiano sin el que no hubiesen alcanzado el poder en 1996, ni lo hubiesen retenido en el 2012, y conformaron una coalición de una docena de pequeñas agrupaciones políticas.

En los comicios presidenciales del 2012, el PRD consiguió 200 mil votos más que el PLD, 42 a 38 por ciento. Los aliados de los peledeístas le aportaron 13 por ciento, 6 de ellos los reformistas, con un desbordamiento del Estado que incluyó un exceso fiscal de 159 mil millones de pesos, sólo en el gobierno central.

De ahí salió la estrategia de desmantelar al PRD, apoyada en el deterioro de sus organismos como consecuencia del abandono de los procedimientos democráticos, y aprovecharon las debilidades de su presidente Miguel Vargas Maldonado, quien con una minoría se negó a apoyar la candidatura de su partido, sembrando una división que resultaría irreversible. Para ello contó con múltiples favores gubernamentales, incluyendo contratos opacos, y sobre todo el apoyo del Tribunal Superior Electoral integrado por jueces dirigentes del PLD y del mismo grupo de Vargas, que fallaron sistemáticamente para favorecer a la minoría hasta cuando esta impidió a tiros la participación de la mayoría en procesos internos.

Una oposición fragmentada. La manifiesta incapacidad de los opositores para concertar reclamos de equidad y pactar siquiera en niveles locales, con siete candidaturas, redujo las posibilidades de crear una sinergia de “todos contra el monstruo”, aunque el PRM ha logrado en poco más de un año de constituido convertirse en la principal alternativa, beneficiándose en las últimas semanas de la tradicional tendencia a la bipolarización.

Los analistas no advierten posibilidad de que el PRM pueda superar la ventajas que ha registrado la candidatura reeleccionista en las encuestas. De todas formas gastarán todas sus energías en la última semana de campaña, contando con una reacción del electorado al enfrentarse a las urnas, como ocurrió en los últimos dos años en Costa Rica y Panamá, donde ganaron los que aparecían en tercer lugar en las encuestas.

Entre los imponderables están la posibilidad de que la parte del PLD aplastada por el proyecto reeleccionista, encabezada por su anterior líder Leonel Fernández, diversifique sus votos temiendo que una victoria muy amplia del presidente Medina y su grupo, suponga su muerte política definitiva. En muchas provincias y municipios las divisiones internas del PLD podrían generar resultados imprevisibles.-

Abusos fiscales en campañas y desguañangue institucional

Por Juan Bolívar Díaz
17_04_2016 HOY_DOMINGO_170416_ El País13 A

Cuatro expertos, participantes en un foro organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), coincidieron en que en las dos últimas elecciones, bajo gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, se ha desbordado el gasto fiscal, con un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

Datos ofrecidos por el experto en asuntos fiscales José Rijo y por la Comisión Económica del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indican un incremento del déficit fiscal en la actual coyuntura electoral, aunque en menor medida que en la anterior, cuando el desbordamiento prosiguió aún en el período de transición al nuevo Gobierno.

Del mito a la realidad. En la exposición fundamental de un foro organizado por el área de Negocios del INTEC el martes 12 sobre el gasto público en períodos electorales, el economista Pavel Isa Contreras sostuvo que es un mito el planteamiento de que siempre en los años de elecciones el gasto del Gobierno, corriente o de capital, se desborda generando desbalances fiscales, pero que sí fue una realidad en el 2008 y 2012.

Al analizar el gasto público en los últimos 25 años, con seis elecciones presidenciales, Pavel Isa concluyó que “el gasto público y el déficit fiscal se desbordan solo en las últimas dos”, con la particularidad de que en el 2008 el exceso fue fundamentalmente del gasto corriente, y en el 2012 del gasto de capital. En el primer caso el presidente Leonel Fernández buscaba la reelección, y en el segundo la continuidad de su partido en el poder con Danilo Medina de candidato presidencial.

En el 2012, cuando se alcanzó un déficit fiscal histórico en virtud de que el Gobierno central gastó más de 155 mil millones de pesos sobre lo presupuestado, una proporción significativa ocurrió aún después de las elecciones, lo que pareció obedecer al interés del presidente Fernández de concluir y avanzar obras buscando rentabilidad política para abonar una vuelta al poder en el 2016, frustrada por el predominio del proyecto reeleccionista del presidente Medina.

Isa contreras documentó que en los años electorales el gasto gubernamental crece significativamente entre enero y abril y decae de mayo a noviembre, mientras en años no electorales el gasto es menor en los primeros meses y mayor en la segunda mitad.

Desguañangue institucional. Los cuatro expositores coincidieron en que en los dos últimos procesos electorales no solo hubo muy alto déficit fiscal, sino también un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

De diversa forma lo expusieron Pavel Isa, José Rijo, experto en asuntos fiscales, el también economista Ernesto Selman, director del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y el sociólogo Carlos Pimentel, del área de Transparencia del movimiento Participación Ciudadana.

El consenso fue absoluto en que los organismos de control no funcionan, generando impunidad, con un Congreso que no cumple su función de fiscalización, deficiencias de la Cámara de Cuentas, politización de órganos judiciales, ignorancia del paquete de leyes de control presupuestario, transparencia y rendición de cuentas, “con prevalencia de una cultura política que obstruye el funcionamiento de las instituciones democráticas”, según Pimentel.

Selman señaló la responsabilidad de las élites empresariales y sociales, empeñadas en la búsqueda de beneficios particulares, denunció las políticas populistas y clientelares, sostuvo que entre 2007 y 2008, durante el último proceso reeleccionista, concedieron la mayor cantidad de exoneraciones impositivas vigentes, y concluyó demandando un pacto ético.

Mientras Pimentel denunció la existencia de un “Estado capturado” por la coalición de intereses económicos y políticos, con gobiernos que ignoran todo un conjunto de normativas presupuestales, de transparencia y controles en los que la sociedad dominicana se empeñó durante las últimas dos décadas.

También en el actual proceso. José Rijo convino en que la mayor crisis es institucional, con el secuestro del Congreso, la justicia y los mecanismos de control por parte del Poder Ejecutivo, sosteniendo que en la actual coyuntura electoral se está produciendo otro desbordamiento del gasto en aras del proyecto continuista, resaltando que en el primer trimestre hay un déficit fiscal de 29.5 mil millones de pesos, muy superior al de 4 millones registrado en el mismo período del año pasado.

Al comparar el comportamiento del gasto en el primer trimestre del 2016 con el mismo período del 2015, el experto en asuntos fiscales sostuvo que se está disparando tanto el gasto corriente como el de capital Y ejemplificó: en obras para edificación no residencial el gasto creció de 4,351 millones a 7,392 millones de pesos. En infraestructura terrestre y obras anexas pasó de 1,943 millones a 7,290 millones de pesos.

En nominillas y personal transitorio, el Ministerio de Obras Públicas pasó de un gasto de 196 a 329 millones de pesos, la Presidencia de la República de 139 a 221 millones de pesos, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 60 a 188 millones de pesos.

Rijo ofreció abundantes datos para resaltar el crecimiento en el primer trimestre de este año del gasto gubernamental en publicidad y propaganda, en pasajes, viáticos y gastos de representación, renglones que vincula a la campaña electoral.

Otro foro de denuncias. Otro foro académico, celebrado el jueves con auspicios de la Fundación Ebert sobre “Las altas cortes y la crisis del sistema de justicia”, concluyó también denunciando la quiebra institucional de la nación.

Aquí los expositores centrales fueron el destacado jurista y dirigente social Francisco Alvarez Valdez y el vicepresidente ejecutivo de la influyente Fundación Institucionalidad y Justicia, también reconocido jurista Servio Tulio Castaños Guzmán.

Alvarez Valdez trazó el proceso de ascenso del sector justicia a partir de la reforma constitucional derivada de la crisis política de 1994, hasta el retroceso con la politización y subordinación de los órganos judiciales, especialmente tras la Constitución del 2010 y la captura del Consejo Nacional de la Magistratura por el Poder Ejecutivo.

Castaños Guzmán convino en que todo el sistema de justicia está en crisis, resaltando los bajos niveles de aceptación que le marcan las encuestas.

Se remitió al último índice de competitividad del Foro Económico Mundial que coloca la independencia del Poder Judicial dominicano en la posición 124 entre 140 naciones evaluadas.

Resaltó el descrédito de la Policía Nacional, con alta proporción de miembros involucrados en crímenes.

El PRM es quien presenta más propuestas de gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presidencial Luis Abinader encabezan con mucho las propuestas de gobierno de cara a las elecciones generales del próximo mes y contrario a lo que se denuncia, no han rematado las debilidades y escándalos del Gobierno, lo que no puede equipararse a campaña sucia.

Esa opción política perdió demasiado tiempo y energías en el reparto de candidaturas, luchando con limitados recursos contra el desafuero de las ambiciones individuales y el poder del partido-Estado en cada circunscripción electoral, y al lanzar su ofensiva final, tropieza con la capacidad contenciosa del Gobierno.

Se les acaba el tiempo. A cinco semanas de las elecciones, a la oposición a la reelección del presidente Danilo Medina (DM) se le está acabando el tiempo, tras el fracaso de todos los intentos de acercamiento para alcanzar algún grado de concertación para enfrentar unidos lo que todos reconocen como una descomunal maquinaria de poder de un partido sin límites en el abuso de todos los poderes del Estado.

Son siete los candidatos alternativos a la continuidad de DM en el poder: Luis Abinader, Guillermo Moreno, Minou Tavárez, Hatuey de Camps, Pelegrín Castillo, Elías Wessin Chávez, y Soraya Aquino. Pero sólo los tres primeros han aparecido en alguna de las encuestas nacionales con más del 1 por ciento de las preferencias, Abinader ha predominado absolutamente en promedio sobre el 30 por ciento.

Tres de los candidatos, Hatuey (bregando por la salud), Wessin y Soraya, ni siquiera han tenido fuerte presencia en los medios de comunicación y en los escenarios de las entidades sociales, en lo que han tenido ventaja los otros cuatro, que se han lanzado especialmente por las redes sociales, la radio y la televisión.

Pero aún en la oposición Abinader ha sido el único que ha conseguido recursos para colocar el 17 por ciento de la publicidad en los medios masivos, como documentó un monitoreo del mes pasado de Participación Ciudadana, en el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acaparaba el 82 por ciento. Estos dos dejaban a los seis restantes con menos del 1 por ciento de la publicidad. Así no hay quien compita en ninguna democracia.

Fracasa el último intento. A pesar de la extrema desigualdad la oposición no ha podido concertar ni para enfrentar los abusos del poder, como el del jueves 7 cuando el candidato del PLD entregaba más de cinco mil títulos de propiedad a parceleros de la reforma agraria con décadas esperándolos en Azua. Tuvo que suspenderlo por la mitad, cuando una multitud lo caotizó denunciando discriminación política. En Santiago concentraron el martes 5 a miles de niños y adolescentes para presentar su plan de “República Digital”, sin precisar si Medina hablaba como presidente o como candidato y si era un acto del gobierno o del partido.

El último esfuerzo, impulsado por allegados a las candidaturas alternativas de Minou Tavárez y Guillermo Moreno logró algún avance en la Semana Santa, cuando se verificaron dos reuniones y llegaron a integrarse representantes del más alto nivel de los siete candidatos de oposición. Redactaron y circularon dos documentos, uno demandando equidad en la campaña electoral y el otro comprometiéndose a defender cada voto.

Ya no se trataba de unir candidaturas, con los plazos de inscripción cerrados, sino de concertar para reclamar límites al desbordamiento del Estado en la campaña. Fechado el 30 de marzo, uno de los proyectos titulado “Ante el abuso del poder, la oposición unida reclama elecciones democráticas, libres y equitativas”, contiene 7 consideraciones, 4 emplazamientos al gobierno y a la Junta Central Electoral, reclamando medidas concretas, y 3 compromisos para evitar compra de votos e integrar al pueblo a la lucha democrática.

El otro era un proyecto de “Pacto para defender el voto”, con 3 consideraciones y 17 compromisos concretos, entre ellos velar cada voto en los colegios electorales donde tal vez sólo el PRM alcance a tener delegados en todos. Dicen que la Alianza por la Democracia, que postula a Minou, fue de los más decididos, y que al final desistieron los delegados de Moreno, Hatuey y Pelegrín.

Candidatos sin recursos. No hay dudas que los partidos alternativos han logrado postular buenos candidatos y candidatas al Congreso y los municipios, incluyendo jóvenes incontaminados de la política, activistas sociales y comunitarios. Pero tienen en común el no contar con recursos para competir en un sistema político que ha encarecido el costo de la democracia, en beneficio de los que pueden reunir dinero, legítimo y sobre todo ilegítimo. Los alternativos han resaltado en los cuatro debates de Uno+Uno con candidatos a las alcaldías de Santo Domingo Este y Norte, y de San Cristóbal, y a diputados nacionales.

Andrés L. Mateo se ríe cuando le preguntan cuál es su presupuesto de campaña para diputado y cuándo pondrá vallas. Testimonia que una de sus contrincantes en la competitiva circunscripción 1 del DN confiesa haber gastado 50 millones de pesos sólo para asegurarse la candidatura. En la capital ya es difícil conseguir una valla en las confluencias fundamentales, pues los gobiernistas las tienen monopolizadas, dicen activistas de David Collado, el candidato a alcalde por el PRM que sí tiene recursos.

Hay quienes se quejan de Abinader porque en un año no ha llegado al 40 por ciento de las preferencias, ignorando que partió de un partido desintegrado con apoyo gubernamental, que ha dispuesto de pocos recursos y que compite contra un candidato que dispone de todo el poder y de los órganos de control. Si estas elecciones hubiesen sido sólo presidenciales, estaría en mejor posición, ya que perdió más de la mitad de su tiempo y energías en los últimos meses arbitrando ambiciones desaforadas y tratando de evitar que el dinero, los contratos y los privilegios del Estado le compraran cuadros de su partido.

Las propuestas del PRM. Aunque muchos se quejan de la escasez de propuestas en la campaña electoral, el PRM ha liderado absolutamente en ese renglón, con un equipo de profesionales y técnicos del mayor nivel en economía, políticas sociales, agropecuaria, educación y relaciones internacionales.

Desde agosto presentaron y distribuyeron una propuesta de programa de gobierno que han enriquecido progresivamente, incluyendo propuestas sectoriales para las mujeres y los jóvenes, los que están en su página de internet. Allí se encuentran propuestas específicas para mejorar la calidad del gasto público, para el desarrollo agropecuario, seguridad ciudadana, relaciones exteriores, para un “gobierno eficiente”, un plan de creación de empleos. También respuestas a las doce necesidades más sentidas de la sociedad.

Los partidos y grupos integrados a la Convergencia que apoyan la candidatura de Luis Abinader firmaron un compromiso ético que incluye combatir el clientelismo y el dispendio público, comprometiéndose a eliminar barrilitos, cofrecitos y repartos en las entidades públicas. Y para esta semana anuncian la firma de un compromiso de reformas con dos ejes fundamentales, de políticas e institucionales y económico-sociales.

El Partido Revolucionario Social Demócrata, que postula a Hatuey de Camps, ha distribuido un “Programa Mínimo de Gobierno”. Aunque el presidente Medina ha anunciado varios programas sociales y económicos, todavía el PLD no ha renovado su programa de gobierno y en su página de internet aparece el presentado hace 4 años.

La oposición no puede contra el PLD-Estado

Por Juan Bolívar Díaz

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El desbordamiento de la publicidad política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Gobierno y su financiamiento de una red nacional de medios y comunicadores, es una de las explicaciones de las altas preferencias electorales que le arrojan las encuestas, en contraste con graves insatisfacciones en ellas mismas expresadas.

Todas las encuestas han dado a Danilo Medina en camino a reelegirse en primera vuelta, pero él y su grupo partidario quieren ratificar el control total de los tres poderes del Estado. Por eso no se conforman con menos del 60 por ciento del voto, para liquidar definitivamente a Leonel Fernández y prolongar el nuevo liderazgo mesiánico.

Felices con la Gallup-HOY. Esta vez cuatro ministros del Gobierno no salieron en rueda de prensa para impugnar los resultados de la encuesta Gallup-HOY, y pedir explicaciones, como hicieron con la anterior, publicada en la primera semana de febrero.

El 51.8 a 35.7 por ciento, diferencia de 16 puntos, de Danilo Medina-Luis Abinader que marcó aquella no era suficiente. Querían a su candidato sobre el 60 por ciento, y lo consiguieron con tres décimos adicionales, frente a un opositor que retrocedía 5 puntos.

La única explicación visible es que esta encuesta se hizo en la misma semana en que Medina pronunció su triunfal discurso reeleccionista que pretendió ser de rendición de las cuentas gubernamentales del año pasado. Y disfrutó del enorme privilegio de monopolizar todas las frecuencias de radio y televisión a nivel nacional y medios digitales de la Internet.

El nivel de propaganda que mantienen el PLD y su Gobierno, con tantas otras ventajas adicionales, ya no se explica solo en querer ratificar todo el control del Estado, sino en hacerlo de forma apabullante, para reducir más la oposición y aplastar definitivamente al expresidente Leonel Fernández, a quien le están diciendo que no lo necesitan en la campaña, y lograr así un predominio de largo plazo del presidente Medina.

Ya estrategas del danilismo dicen abiertamente que no correrán el riesgo de que un “Leonel vengativo”, pueda volver al poder, y que el único que garantizaría que no ocurra es Medina, y que ya saben modificar la Constitución sin costo político.

Monopolio de la publicidad. Que Abinader cayera en cinco puntos y Guillermo Moreno bajara del 4.3 al 3.5, y que Minou Tavárez apenas marque el 1.3 por ciento, con otros cinco candidatos sin registro, no debería sorprender a la luz del monitoreo a la publicidad política de febrero en prensa, radio y televisión, que acaba de publicar el movimiento Participación Ciudadana (PC), según el cual el PLD gastó el 79.3 por ciento del total, y con sus aliados el 81.5 por ciento, seguido del Partido Revolucionario Moderno y aliados con el 17.8 por ciento. Si es extrema la diferencia

entre los dos primeros, es terriblemente antidemocrático que los otros siete partidos con candidaturas presidenciales, apenas dispusieran del 0.7 por ciento de la publicidad. Con esas cifras no se puede hablar de competencia electoral.

Es relevante que del total de la publicidad de febrero en los medios masivos, ascendente a 453 millones 339 mil pesos, el PLD invirtiera 369 millones, equivalente al 86 por ciento de los 429 millones 356 mil pesos que recibirá del Presupuesto General del Estado para todo el año. Con razón se oponen a una legislación que transparente el origen del dinero que gastan los partidos, como ocurre en casi todo el mundo democrático.

Explica las inconsistencias. Esa inmensa maquinaria publicitaria y propagandística, capaz de convertir al exalcalde de Nueva York Rudolph Guilliani en un impostor y delincuente, porque lo contrató Abinader como asesor en seguridad ciudadana, y que reduce a “una pendejaita” la prisión en Brasil del asesor de la campaña electoral del presidente Medina, Joao Santana, y que oculta las revelaciones sobre soborno de millones de dólares en la compra de los aviones Tucano, podría ser una de las explicaciones de las inconsistencias que siguen arrojando las encuestas.

Por ejemplo, la misma Gallup-HOY que otorga un 60 por ciento de preferencias electorales a la reelección, establece que el 61 por ciento de los propios encuestados cree que su situación económica es mala o muy mala, con solo 16 por ciento que la percibe buena o muy buena.

Hay todavía mayores inconsistencias: el 81 por ciento cree que la nación precisa de un cambio político en los próximos años, para el 35 por ciento de ellos muy grande o revolucionario. El 85 por ciento cree que la corrupción es un problema nacional grave o muy grave, y el 75 por ciento señala la delincuencia e inseguridad ciudadana como principal problema nacional, seguido del costo de la vida, escasez de fuentes de trabajo, apagones y corrupción.

Si el poder de la propagada es reconocido universalmente, nadie debería sorprenderse del nivel de aprobación de un presidente con ese nivel de inversión publicitaria y que enuncia logros y manipula cifras durante hora y media monopolizando todo el sistema nacional de radio y televisión.

Es contra todo el Estado. Tal como proclamó Danilo Medina cuando lo derrotó Leonel Fernández en las primarias para la candidatura presidencial del 2008, es todo el Estado que está venciendo.

Todavía en la campaña del 2012 que lo llevó al poder, al proclamar “sus convicciones democráticas”, Medina sostuvo que la institucionalidad nacional necesitaría 20 años para soportar un proceso reeleccionista, “porque los funcionarios, cuando van a un proceso de reelección, no distinguen la línea que separa los bienes públicos de los bienes partidarios”.

La abultada nómina pública y las nominillas suman más de 700 mil personas, y más de 2 millones 200 mil tienen tarjetas para acceder a subsidios que solo mitigan la pobreza, constituyéndose en una inmensa base clientelar. Cada senador, además de los barrilitos, suspendidos por dos meses, tiene veinte empleados a su servicio, una inmensa ventaja frente a sus retadores de la oposición.

Pero además, las candidaturas del PLD cuentan con el beneficio de los órganos judiciales: El Tribunal Superior Electoral llegó al extremo de tratar de imponerle un candidato a la alcaldía capitalina al principal partido opositor, y la Procuraduría General inició acciones judiciales contra su candidato a senador por San Cristóbal el mismo día en que fue inscrito, desenterrando una investigación del 2013 sobre acusaciones de manejo irregular de fondos en la Federación de Fútbol.

Es contra todo el Estado que lucha lo que el PLD dejó de oposición, después de tragarse golosamente a gran parte del Partido Reformista Social Cristiano y del Partido Revolucionario Dominicano. Y se los tragó con los recursos públicos, los mismos con los que ha comprado todo lo que ha podido mercantilizar de la sociedad dominicana.