Una casta de privilegiados

Por Juan Bolívar Díaz
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El escándalo generado por la pensión de 651 mil pesos mensuales otorgada al superintendente nacional de bancos Haivanjoe Ng  Cortiñas y el firme rechazo social que lo obligó a dejarla sin efecto, contienen múltiples lecciones y lecturas que debemos ponderar, ya que no se trata de un asunto individual, ni limitado a las pensiones, sino que se origina en salarios desproporcionados  que vienen constituyendo toda una casta de privilegiados en los organismos del Estado.

Hay que celebrar que la opinión pública y legisladores del mismo partido del beneficiario hayan rechazado firmemente la desproporción. Incluso es posible que las más altas instancias del gobierno hayan intervenido para persuadir a Cortiñas a apagar un fuego que cuestionaba los propósitos de austeridad y equidad sostenidos por el presidente Danilo Medina, ya que el superintendente habría estado en el Palacio Nacional horas antes de renunciar a la pensión.

Si Cortiñas logró una pensión de 651 mil pesos, más irritante porque sólo tiene 53 años y asumía la Contraloría General de la República, es porque tenía un salario desproporcionado, nominalmente de 899 mil pesos, sin los beneficios adicionales de gastos de representación, bonificaciones, vehículos, combustibles, choferes, vigilantes y otras cargas. Ese sueldo equivale a lo que reciben 175 empleados públicos de salario mínimo de 5 mil 117 pesos y la lujosa pensión representa lo que se paga a 127 pensionados del Estado. Hay que anotar que el 87 por ciento de los 152 mil 862 pensionados del Estado recibe el mínimo de 5 mil 117 pesos mensuales. Y que miles de maestros, cañeros, etc. esperan la asignación.

La prueba de que no es un asunto individual es que otros 16  funcionarios de la misma Superintendencia también fueron pensionados en agosto pasado con sumas por encima de los 100 mil pesos, incluyendo a dos con 437 mil y 413 mil pesos.

Los privilegios salariales se han extendido por las entidades autónomas y descentralizadas del Estado, dejando chiquitos los sueldos de 75 mil, 200 mil y 300 mil pesos que ganan los ministros del gobierno. Comenzó hace años en el Banco Central y se extendió a los bancos de Reservas y de la Vivienda, a la corporación y las distribuidoras de electricidad, a las superintendencias de bancos, de seguros, de valores, al Indotel, al Congreso, y desde luego a los miembros de sus respectivos consejos directivos que es donde se ha guisado tan espléndidamente.

Ya son centenares los privilegiados que ganan salarios sobre los 500 mil pesos en organismos del Estado, pagados con los ingresos, tasas y contribuciones (que lo mismo da) de la ciudadanía. Y muchos disponen de generosos paquetes “compensatorios”, incluyendo tarjetas de crédito para gastar a discreción.

No es que pretendamos que todos estén tan miserablemente pagados como los 80 mil maestros, los 55 mil militares, los 33 mil policías, ni como los médicos, laboratoristas y enfermeras, pero sin distancias tan abismales e irritantes que incentiven a los de abajo a buscárselas hasta con violencia.

Si se quiere percibir las inequidades convertidas en iniquidades hay que ver los “Criterios para la determinación de los salarios de los cargos de alto nivel en RD” del consultor chileno Enrique París, contratado por el Ministerio de Administración Pública.

Según ese estudio, de julio pasado, el promedio de los presidentes de América Latina recibe 8 mil 273 dólares, unos 322 mil 650 pesos, la mitad de la pensión de Haivanjoe Cortiñas. Y 15 de 19 mandatarios ganan sumas que representan menos de 28  salarios mínimos de sus países. Todos los que aquí ganan sobre 500 mil mensuales reciben al menos lo equivalente a 50 sueldos mínimos privados y a 100 estatales.

El escándalo de Haivanjoe nos remite de nuevo al Proyecto de Ley de Regulación de los Salarios Estatales. Pero sin dejar fuera a la casta de privilegiados. No tengo muchas esperanzas de que ocurra y temo que estas reflexiones sólo sirvan para ganarme animadversión entre múltiples eficientes servidores públicos que están en la casta de los privilegiados o aspiran a estarlo, incluso algunos amigos. Ojalá que algún día los pueda justificar, cuando reduzcamos la ignominia en que sobrevive el 80 por ciento de los asalariados nacionales que reciben menos de 20 mil pesos mensuales.

 

Danilo en el discurso y el PLD en los decretos

Por Juan Bolívar Díaz

El discurso inaugural del presidente Danilo Medina constituye un esfuerzo  por poner sello propio a su gestión gubernamental, con importantes rectificaciones a la política de su antecesor y logró satisfacer a una ciudadanía que se aferra a las expectativas de cambios.

Pero los decretos que designan a los principales funcionarios expresan los compromisos que lo atan a su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados, cuya matrícula dirigencial ha sido ratificada en los principales cargos gubernamentales aunque con intercambios de funciones.

Convocará pactos sociales.  El nuevo mandatario ratificó su planteamiento de un triple pacto con la sociedad, por la educación, la electricidad y fiscal, definiendo ampliamente el primero como “nuevo nombre de la libertad” y ratificando su compromiso de cumplir la ley que dispone el 4 por ciento del producto bruto para la educación preuniversitaria. Fue más parco en definir el pacto eléctrico pero lo declaró de “Alta y Estratégica Prioridad para el Desarrollo Económico Nacional”.

Lo que definitivamente aplazó fue la identificación de las líneas maestras de su propuesta de Pacto Fiscal y, tal vez para no mencionar la soga delante del ahorcado, evadió toda referencia al grave déficit fiscal en que recibe el Gobierno y que lo obligará a buscar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Medina subordinó el Pacto Fiscal a una próxima convocatoria a todos los sectores “para que juntos acordemos soluciones definitivas a los problemas que vienen deteriorando la calidad de vida y limitando nuestro potencial de desarrollo e inclusión social”. Planteó entonces “una reforma fiscal integral, que asegure elevar la calidad del gasto y, a la vez, garantice la disponibilidad de recursos para impulsar las tareas del desarrollo”.

En ese punto el nuevo presidente advirtió que no haría la convocatoria “sin antes dar ejemplos ante toda la sociedad”, lo que parece anunciar una batida al despilfarro y la malversación de recursos que caracterizó la pasada gestión y que llevó el país a los últimos escalones en las evaluaciones internacionales sobre transparencia y corrupción. “Garantizaremos la transparencia, elevaremos la calidad del gasto público y avanzaremos  firmemente hacia una gestión pública austera, cada vez más profesional y efectiva”, proclamó.

Logró impacto emocional. Un somero análisis cualitativo del discurso presidencial evidencia la presencia de múltiples elementos emocionales que sintonizaron con las expectativas nacionales  de cambios de paradigmas sociales, de transparencia, de seguridad pública e imperio de la ley, de sinceridad y sencillez, y en todo eso logró impactar el orador, alcanzando altos niveles de aprobación expresados en el liderazgo social y en las reacciones populares.

Más allá de toda consideración política, e incluso de las divisiones y lesiones dejadas por una elección con rasgos de imposición del poder, en diversos sectores se manifestó simpatía con los planteamientos. La gente parece aferrarse a la esperanza de que son posibles cambios, aún dentro de una misma comunidad dirigencial.

Obviamente hay muchos precavidos que conocen la distancia que hay entre el discurso y la acción política. Se recuerda el magnífico discurso con que el presidente Leonel Fernández retornó al poder hace 8 años, proclamando la sociedad del conocimiento y la hora de la escuela para luego empecinarse en relegar la inversión a que lo obligaba la ley y hasta su nueva Constitución. El discurso del 16 de agosto del 2008 está lleno de planteamientos éticos y de combate a la corrupción y el despilfarro y hasta prometió suprimir cargos innecesarios y reducir el gasto corriente en “por lo menos 20 por ciento”, pero la gestión gubernamental decidió lo contrario y  construir un metro y otras prioridades sacadas de una caja de sorpresas.

Un análisis cuantitativo del discurso hecho por el profesor de la materia Manuel Quiterio Cedeño indica que de 8,013 palabras del discurso, sin contar las protocolares, el 20.3 por ciento (1,627)  fueron de contenido motivacional. Le siguió el tema educación con 10.2 por ciento (814 palabras), salud con el 8 por ciento (648 palabras), casi lo mismo para la temática de la transparencia-ética-corrupción con 634 palabras, 6.4 por ciento para las pequeñas y medianas empresas, 5.9 por ciento a mujer y género, mientras la seguridad pública y la energía alcanzaron cada una el 5.2 por ciento de las palabras.

Emerge el realismo político.  Así como fue claro el entusiasmo por el discurso, se manifestaron decepciones en las redes sociales y en los comentarios en los medios electrónicos por las designaciones del gabinete y los demás altos cargos, dos tercios de los cuales correspondieron al máximo liderazgo del PLD y los partidos aliados, una parte ratificados en sus mismas funciones y otros intercambiados.

Medina podía tener un mayor deseo de renovación, pero no puede ignorar los compromisos adquiridos con quienes le llevaron al poder, y con los que “se fajaron” en la campaña electoral, hasta apelando a prácticas de dudosa legitimidad para mantenerse en el poder. Tampoco podría abrirse temprano un frente interno dejando en la vagancia a gente acostumbrada al disfrute del poder, teniendo desde ya al nuevo caudillo Leonel Fernández a la expectativa de retornar al poder en la próxima elección.

Hubo algunas claras dicotomías entre el discurso y los decretos. Por ejemplo, el énfasis puesto en la igualdad de género, pero en los tres decretos emitidos hasta la noche del viernes, de un total de 67 funcionarios civiles designados, sólo 9 (el 13 por ciento) eran mujeres, seis repitientes. Los 19 oficiales militares y el jefe de la Policía escogidos para altos cargos eran todos hombres.

Otro ejemplo es que se anunció una “reforma integral de la Policía Nacional” bajo el liderazgo del Ministerio de Interior y Policía” y se ratifican los titulares de ambas entidades que no se han distinguido en la promoción de esa demanda general. Se anuncia una reestructuración de las relaciones exteriores y se ratifica al ministro que  ha encabezado el Ministerio en los últimos 8 años.

Aún el sector externo y el equipo técnico que dirigió la campaña y elaboró el programa de gobierno de Medina está poco representado en los altos cargos, aunque resaltan el coordinador Gustavo Montalvo y el joven empresario José Ramón Peralta, designados en los estratégicos ministerios de la Presidencia y Administrativo de la Presidencia. También Rubén Bichara, administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas y el joven José del Castillo Saviñón al frente del Ministerio de Industria y Comercio.

Sería precipitado sacar conclusiones sobre el rumbo del nuevo gobierno y lo más indicado y justo parece ser dar oportunidad a que Medina pueda empezar a traducir su magnífico discurso en acciones de gobierno. Tal vez comience con el ejemplo que prometió dar antes de convocar a los diversos sectores para buscar el pacto fiscal. Y eso no podrá dilatar dadas las precariedades financieras heredadas y la necesidad de preparar el presupuesto para el 2013 y pedir la asistencia del FMI.

 Un discurso esperanzador

Desde sus primeros acordes, el discurso de casi hora y media con que Danilo Medina inició su período de gobierno fue un intento bien concebido para forjarse su propia ruta y poner sello propio con una gestión más plural y participativa, situándose “en el camino de la justicia, del amor, de la humildad, de la compasión y del equilibrio”, mientras imploraba a Dios para que “nunca me deje llevar por la soberbia, el odio, la frialdad, la insensibilidad, la vanidad, la arrogancia y la prepotencia”.

Medina dejó claro que realizará “un fuerte reordenamiento de las prioridades y la calidad del gasto público” para privilegiar la educación y la salud, orientándose a un nuevo modelo de desarrollo “colocando a las personas en el centro de todas las políticas”, al extremo de no haber mencionado una sola obra física, centrando su atención en convocar a la sociedad para una acción colectiva contra la pobreza y las exclusiones sociales.

Reivindicó la herencia del fundador del PLD, el profesor Juan Bosch, de quien se confesó discípulo y a quien proclamó como “paradigma de liderazgo ético y moral, luchador incansable por liberar a nuestra patria del atraso, la miseria y la desigualdad social”, haciendo a muchos recordar los valores que marcaron el peledeísmo antes de su ascenso al poder.

Medina fue reiterativo en responder los reclamos nacionales contra la corrupción al plantear “un país ético y transparente basado en la meritocracia y en el combate implacable y vigoroso a todas las formas de impunidad”, al definirse “implacable con los deshonestos, los oportunistas y los soberbios” y al reafirmarse como “intolerante con actos de deshonestidad o de despilfarro”, fortaleciendo la prevención, corrección y sanción. Luego se manifestó “decidido a ponerle fin a la impunidad”, luchando contra la criminalidad y la corrupción. Anunció que obligará a los funcionarios a suscribir un “Código de Pautas Éticas” y casi al final proclamó  “no voy a negociar con los deshonestos”.

 

Los graves desafíos de Danilo medina

Por Juan Bolívar Díaz

El nuevo mandatario tendrá que imprimir su propio sello desde el discurso inaugural con planteamientos contundentes de austeridad y reducción del dispendio y la malversación para abrir perspectivas al establecimiento de pactos sociales por una reforma fiscal integral, calidad de la educación y la superación de la crisis energética.

Danilo: ser o no ser.  El primer desafío del economista Danilo Medina será mostrar suficiente audacia discursiva para dejar claro que no será un prisionero del liderazgo del presidente Leonel Fernández, cuyo comportamiento en la transición no ha dejado la menor duda que busca perpetuarse por encima de cualquier consideración partidaria o nacional.

Con la habilidad, astucia y paciencia que le condujeron a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y luego a la presidencia de la nación, Medina tiene el desafío de comenzar su Gobierno con sello y características propias buscando superar el desgaste y el cansancio de ocho años de gestión gubernamental y 12 de los últimos 16 años por parte del doctor Fernández, que redujeron la votación de su partido este año al 38 por ciento, habiendo dependido de aliados y un sector externo que aportaron un 13 por ciento que le otorgó el poder.

El primer problema a resolver es la conformación del equipo gubernamental con una renovación reclamada y esperada por la sociedad, dejando fuera a los funcionarios más cuestionados y desprestigiados del pasado, satisfaciendo su vigoroso sector externo y a peledeístas relegados, pero sin alienarse el apoyo de la nomenclatura partidista y sus aliados. No podrá ir tan lejos como desea la sociedad, pero tampoco quedar preso de quienes usufructuaron el poder político y generaron rechazo en los años recientes.

Fernández sale de la presidencia de la nación pero seguirá en la presidencia del PLD y con una fundación y múltiples asociados y beneficiarios  multimillonarios y contando con la fidelidad de sus legisladores y de los integrantes de las altas cortes y otros organismos estatales. Su programa de inauguración de obras, muchas sin terminar ni equipar, la abierta promoción de sus partidarios y su propio discurso reclamando agradecimiento, indican que padece el síndrome de abstinencia del mando con severas dificultades para pasar la descompresión del poder.

Una pesada herencia.  Ya el primero de agosto, al reiterar que cumplirá el programa que ofertó, Danilo Medina advirtió que “tal vez no pueda hacerlo con la celeridad que aspiraba, porque las condiciones van marcando el paso de las acciones del Gobierno”. Fue un reconocimiento de los límites que le impone un déficit fiscal que el economista Fernando Alvarez Bogaert cifró en 80,500 millones de pesos al 31 de julio y que se proyecta para 122 mil millones de pesos en todo el año.

El nuevo Gobierno tendrá serias dificultades para arrancar con las arcas vacías y  pocas posibilidades de financiamiento inmediato, lo que obligará a paralizar pagos e inversiones, que a su vez incrementarían una recesión en cierne. Altos empresarios aseguran que las ventas de productos de consumo han disminuido hasta un 25 por ciento en las últimas semanas. Muchos proyectos esperan las señales del nuevo Gobierno.

Danilo Medina tiene la desventaja de que no podrá cargarle el dado al Gobierno anterior, como es costumbre, y menos por un déficit fiscal que en parte fue generado para que él pudiera ganar la presidencia. Pero tampoco puede ocultar la situación, ya que si no advierte las limitaciones en poco tiempo se le atribuirán a su gestión. Por ejemplo, él no tendrá recursos para culminar y equipar decenas de obras que Fernández ha inaugurado en los últimos meses sin estar concluidas. A la vuelta de la esquina le podrían reclamar a él que no estén en servicio.

El discurso de juramentación tiene que ser contundente en trazar un rumbo de reformas que le den nuevo aliento al Gobierno y le atraigan respaldo y legitimidad popular, con un estilo político diferente, porque Medina no dispondrá de mucho tiempo antes que la herencia de déficits fiscal, comercial  y de cuenta corriente en la balanza de pagos se le empiece a pegar a su Gobierno.

En solo seis semanas tendría que armar su presupuesto para el 2013, cuando 40 centavos de cada peso irán al pago de deudas.

Los pactos anunciados.  El Presidente electo ha adelantado que planteará al menos tres pactos con la sociedad, fundamentales para emprender una nueva y novedosa gestión: fiscal, por la educación y por la energía. El primero será el que demandará mayor esfuerzo inmediato, y lo reclamará para cumplir los otros dos, el compromiso de destinar el 4 por ciento del producto bruto interno a la educación y superar el eterno déficit energético. Debería  agregar otros cuatro pactos: por la seguridad, para la competitividad, para reducir la pobreza y combatir la corrupción.

Esta vez parece ineludible una auténtica reforma fiscal, que implica una reducción del galopante gasto corriente, una política de austeridad, verdadero combate a la corrupción, la malversación y el dispendio, racionalización y reorientación de la inversión y de las políticas sociales en orden a una reducción de la pobreza. No bastarán  promesas como las que llenaron el discurso inaugural de Fernández el 16 de agosto del 2004, que hasta incluyó “reducir el gasto del Estado en no menos del 20 por ciento”.

El equipo económico tendrá que abocarse de inmediato a concertar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para conseguir financiamiento y mantener la confianza de los inversionistas, pero  para ello la primera condición pública y reiterada de ese organismo es una reducción considerable del déficit fiscal, eliminación de exenciones impositivas y elevación de la tarifa energética, elementos que podrían erosionar temprano la confianza en el Gobierno.

Para hacer viable esa carga sin perder en pocos meses el glamour, el nuevo Gobierno tendría que atender el clamor nacional contra el dispendio y la malversación, buscar novedosas compensaciones y atender los requerimientos de un nuevo modelo de desarrollo que potencie e incentive el ahorro, la inversión, la productividad y la competitividad, que desincentive las importaciones y promueva mayor equidad redistributiva del ingreso. Casi una revolución social.

Será duro sin pan ni circo.  El Gobierno de Medina necesitará prestigiarse ante lo mejor de la conciencia nacional y tendrá que ser ayudado, empezando por sus propios partidarios, que deben reconocer que no será posible prolongar el quinquenio de déficits y endeudamiento en el contexto nacional e internacional actual, sin que explote una bomba desestabilizadora. Ni habrá con qué mantener el ritmo de inversión sin un reordenamiento de las finanzas.

Existe el agravante de que el Gobierno no podrá proporcionar ni pan ni circo, los dos ingredientes que desde la antigüedad se citan como entretenimiento de las masas. No hay posibilidad inmediata de multiplicar el pan y menos cuando se están encareciendo los alimentos. Tampoco podrá montarse un circo, porque el blanco tendría que ser el líder del PLD y su claque beneficiaria de la corrupción y el dispendio, algo imposible por la fuerza que conservarán Fernández y sus fanáticos enviciados del poder.

El no tener un partido de oposición unificado para convertirlo en interlocutor y partícipe de los pactos, contrario a lo que algunos creen, podría ser un factor negativo que deje espacio a la reproducción de protestas sociales hasta con rasgos de anarquía. A Medina parece convenirle un reencuentro con el “PRD mayoritario” y no seguir incentivando al “PRD Institucional”, como lo ha hecho Fernández, cuya estrategia de retorno al poder partiría de que Danilo ni podrá reelegirse ni superar  su rendimiento, por lo que es fundamental dividir más profundamente  la alternativa de oposición.

Un circo de rentabilidad.  El gran circo que se puede esperar no será el de hacer pagar la corrupción siquiera a dos o tres grandes, ya que los peledeístas tienen un sentido demasiado fuerte de unidad –contrario a los perredeístas- y muy pocos estarían dispuestos a romper el consenso grupal. Tampoco podrá -ya lo ha descartado Medina- hacer una reducción masiva del desbordado empleo gubernamental.

La gran avenida para el encuentro con la sociedad está en una valiente eliminación de organismos infuncionales, como la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, la Comisión para Reforma de la Empresa Pública y el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y la reformulación de otros como el Instituto Nacional de Estabilización de Precios y la fusión de órganos múltiples como los del tránsito.

También tendría rentabilidad la supresión de cientos de viceministros y de generales, que sendos proyectos de leyes en vías de aprobación buscan limitar a seis y a 40 respectivamente, reduciendo a tres vicecónsules por consulado, y ministros y ministros consejeros en las embajadas, lo que se llevaría otros centenares.

Así mismo, la imposición de límites salariales, de beneficios complementarios  y de pensiones en todo el Estado, incluyendo los organismos autónomos y descentralizados donde más se han desbordado, una política de reducción de gastos improductivos con auténtica austeridad y la supresión de nominillas, barrilitos y cofrecitos, permitirían a Danilo Medina comenzar de inmediato a cumplir su compromiso de “corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho”.

Medidas para reducir el gasto público

Suprimir la CORDE, la CREEP y el IDSS

 Refundir los ministerios de la Mujer y de la Juventud

 Unificar los organismos de similar función, como los de tránsito

Aplicar la ley de regulación salarial a todo el Estado, que suprime pagos múltiples, tarjetas de crédito y limita gastos de representación

Imponer la Ley 379, que limita las pensiones a 8 salarios mínimos

 Limitar a 13 salarios anuales a todos los organismos del Estado y las bonificaciones de las entidades rentables a tres salarios

Suprimir los pagos adicionales por cumpleaños, para útiles escolares, seguros    internacionales, celulares, matrimonios y nacimiento de hijos

 Reducir al mínimo el presupuesto del Despacho de la Primera Dama y que ella trabaje con los ministerios y organismos de servicios

Limitar a tres los viceministros por cada ministerio.

Limitar a tres los vicecónsules por consulado

 Limitar a tres los ministros y ministros consejeros por embajada

 Limitar a tres los subdirectores de todos los organismos

Reducir a 20 los generales de las FF.AA. y a 10 en la PN

Refundir en uno solo todos los organismos de asistencia social

Prohibir las nominillas y toda donación en los organismos estatales

Suprimir los barrilitos y cofrecitos de los legisladores

Limitar el financiamiento de vehículos

 Prohibir la compra de jepetas y vehículos de lujo y alto consumo

 Limitar la cantidad de policías y militares asignados a funcionarios  y

 prohibirlos a empresarios, políticos y periodistas

 Prohibir por dos años mínimo la remodelación de oficinas

 Limitar la publicidad a lo fundamental y necesario

 Reducir y limitar la publicación de memorias y revistas de lujo

Eliminar los intermediarios en compras de bienes y servicios

 Publicar salarios y otros ingresos de todos los funcionarios

Medidas para combatir la corrupción

Hacer cumplir la Ley de Compras y Contrataciones

Publicar cada mes las erogaciones presupuestarias

Invertir la prueba del delito de enriquecimiento ilícito

Dar plena vigencia a la Ley de Libre Acceso a la Información

Aprobar una efectiva Ley de Declaración Jurada de Bienes

Sancionar todo reparto o malversación de recursos

 Investigar toda denuncia de malversación y corrupción e informar sus resultados

 Crear una unidad de recepción de denuncias anónimas de corrupción y que las investigue

 Mejorar los salarios del Ministerio Público y la Policía Nacional

Profunda reestructuración y reforma de la Policía Nacional

Los logros y fracasos de Leonel Fernández

Los ocho años consecutivos de Gobierno de Leonel Fernández marcan una etapa de estabilidad y crecimiento económico, con un legado importante de construcciones, aunque financiadas con enorme endeudamiento, dejando déficits fiscal y de balanza comercial que cuestionan la sostenibilidad del modelo de desarrollo.

Las graves deficiencias en educación, energía y competitividad, junto al clientelismo, la corrupción, falta de transparencia y precariedades institucionales arrojan un balance decepcionante de la gestión de un líder que enarboló el discurso de la era de la información y la sociedad del conocimiento.

Los mayores logros.  La estabilidad macroeconómica con crecimiento promedio anual del 8 por ciento del producto bruto interno y un significativo legado de construcciones han sido los mayores logros del Gobierno de ocho años que culmina la próxima semana.

Es generalizado el criterio de que el doctor Leonel Fernández se inscribió en la historia de los grandes constructores junto a Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer, aunque con la diferencia de que lo hizo en base a un financiamiento que triplicó la deuda pública, de 7,900 a más de 24 mil millones de dólares y con déficits fiscales que en los últimos cinco años, incluyendo el actual, superan los 300 mil millones de pesos.

El sostenido crecimiento económico, con control de la inflación y la tasa cambiaria durante estos ocho años nadie se lo podrá discutir al presidente Fernández, como tampoco una extensa red de comunicación terrestre, que va desde dos líneas de Metro hasta múltiples elevados, pasos a desnivel, carreteras y puentes, así como edificaciones gubernamentales, de escuelas y hospitales.

También hay que acreditarle la aprobación de múltiples reformas institucionales, muchas de las cuales se cumplen  precariamente, y una nueva Constitución con rasgos contradictorios de modernidad y retrocesos, pero que le ha permitido, con la colaboración de opositores, acumular un enorme poder político que mantendría tras salir del Gobierno, gracias a su capacidad para atraerse adherentes en base al reparto de cargos y parcelas de poder en nuevos y viejos organismos estatales.

Importantes avances en la implementación del Sistema de Seguridad Social y la ampliación de las relaciones exteriores, con mayor presencia en los organismos internacionales, figuran también entre méritos que se reconocen a la gestión que finaliza, aunque con un costo excesivo y nada transparente  en más de 60 extensos viajes presidenciales por una treintena de naciones.

Corrupción y competitividad.  Tras ocho años de Gobierno, el presidente Leonel Fernández deja al país como campeón mundial en malversación de los fondos públicos y corrupción, así como en declive en su capacidad competitiva, con escándalos de todos los calibres, entre los cuales resalta el contrato de 130 millones de dólares con la Sun Land, considerado el mayor de la historia nacional.

La corrupción y la falta de transparencia la  han certificado sistemáticamente organismos como Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, cuyo Indice de Competitividad 2011-12 coloca a la República en la posición 110 entre 142 naciones evaluadas, con descenso de 17 escalones desde el 93 que registró en  2007.

Con la última posición en “despilfarro en el gasto gubernamental” entre 142 países evaluados por el Foro, la 141 en “favoritismo de los funcionarios del Gobierno”, y la 140 en “desvíos de los fondos públicos”, se puede asumir que Dominicana es campeona mundial en corrupción. La “calidad del sistema educativo” está en el escalón 136, “educación matemática y científica” en el 139 y la “calidad de la educación primaria” desciende hasta el 140.

El reparto de los recursos públicos se hizo norma de Gobierno para mantener los militantes propios y atraerse a decenas de partidos y grupos  con la entrega de parcelas estatales, lo que a la vez debilitaba la institucionalidad del sistema de partidos y de muy diversas instituciones sociales.

Se desbordaron los altos salarios públicos, los barrilitos, cofrecitos, nominillas y repartos de todo género y el Presidente otorgó cientos de pensiones privilegiadas de 40 y 50 mil pesos a personas que no se las ganaron e incluso que no las necesitaban.

El Gobierno de Leonel Fernández acumuló la alarmante cantidad de 340 viceministros y subsecretarios, más de 300 generales militares y policiales y hasta diciembre pasado tenía una nómina de 1,163 personas designadas en cargos diplomáticos y consulares, muchas de las cuales no han sido acreditadas por los gobiernos donde fueron destinadas.

Graves interrogantes.  Tras ocho años consecutivos de crecimiento económico, el presidente Fernández deja al 41% de la población en niveles de pobreza, 10% en la indigencia, según fue certificado la semana pasada, y con un millón 840 mil tarjetas para acceder a programas de asistencia social y subsidios, el mayor de los cuales es de 700 pesos mensuales, (una libra de arroz por día), que no estimulan a nadie a salir de la pobreza, pero mantienen clientelas y subordinación.

El legado del doctor Fernández de un déficit fiscal que este año superará los 100 mil millones de pesos, y los déficits de la cuenta corriente de la balanza de pagos, sobre 4 mil millones de dólares anuales, y de la balanza comercial que promedia 8,600 millones de dólares anuales en el último cuatrienio, representan serios interrogantes a la sostenibilidad económica del país, especialmente cuando se extiende la crisis económica internacional.

De ahí los reclamos de los sectores productivos que se quejan de una política económica que ha sacrificado la productividad nacional, con energía insuficiente y cara y escasa educación, con serias dificultades de competitividad hasta con Centroamérica y que privilegia las importaciones, acentuando el desnivel con casi todos los países del intercambio nacional.

La convicción del sector empresarial y de los analistas de la economía es que el modelo de desarrollo nacional, que no genera empleos de calidad, con 57 por ciento de informales, está agotado y  pone bajo interrogantes la sostenibilidad del país en la medida en que se agota la capacidad de endeudamiento.

Es relevante que el doctor Fernández será el primer presidente dominicano que entrega el poder a un sucesor del mismo partido, pero hasta en sus últimos días se ha empeñado en gastar más de lo percibido, en su empeño por inaugurar obras aunque no estén concluidas, dejando un desorden financiero que dificultará el arranque del nuevo Gobierno y lo obligarán a exponer su popularidad con una dramática reforma que esta vez no podrá ser solo tributaria, sino fiscal e integral.

Grandes cuestionamientos

La baja inversión en educación, apenas por encima del 2 por ciento del PIB, contrariando la Constitución, la ley, el sentir nacional y hasta sus propios planteamientos, es el mayor cuestionamiento de una gestión que se benefició de 6 reformas tributarias que junto al endeudamiento le permitieron triplicar el presupuesto nacional, que pasó de 139 mil millones de pesos en 2004 a los 511 mil millones destinados para el 2012. El mandatario que habla de la sociedad del conocimiento prefirió seguir la tradición de autoerigirse un pedestal del visible cemento y el asfalto, reproduciendo a los dos caudillos que dominaron el escenario nacional del siglo pasado.

La calidad del gasto, sin respetar prioridades, con enormes dispendios, escasa transparencia  y generalizada corrupción, es de los baldones que se le enrostran al presidente Fernández, beneficiario él mismo con su Fundación Global de prácticas de tráfico de influencia condenadas en todas las democracias.

Una desmesurada elevación del gasto corriente ha determinado que la inversión pública dependa hasta en un 90 por ciento del financiamiento. La nómina pública creció un 63 por ciento, al pasar de 400 mil a 653 mil personas.

Desde el discurso de juramentación en  2004 se prometió resolver la grave crisis energética con la instalación de megaplantas de carbón y la conversión de  otras a gas natural para abaratar el servicio, así como con la renegociación de los contratos onerosos con generadores, recapitalizar las distribuidoras y conjurar el robo y las pérdidas de energía para reducir el subsidio gubernamental que hace 8 años promediaba 25 millones de dólares anuales y que, al contrario, se ha multiplicador 40 veces, ya que en el último cuatrienio ronda los mil millones de dólares por año.

Igualmente escasa ha sido la inversión en mejorar la capacidad de la Policía Nacional para combatir la creciente criminalidad y el narcotráfico que generaron grandes escándalos y cada vez más involucraron a los propios agentes del orden y a militares.

Con rasos ganando 5 mil pesos, sargentos de 8 mil, tenientes de 10 mil y coroneles de 20 mil pesos, nadie debe sorprenderse de la ineficiencia policial y el consiguiente incremento de la inseguridad pública.

 

Tope salarial de $400 mil supera el promedio de AL

Por Juan Bolívar Díaz

La reunión el viernes del presidente  de la Comisión de Transición de  Danilo Medina, Gustavo Montalvo, con la comisión senatorial que estudia el proyecto de ley de salarios públicos alienta su aprobación antes que se instale el nuevo gobierno

Trascendió esta semana que algunos senadores alientan la aprobación del proyecto de Ley General de Salarios para el Sector Público, para lo cual esperan la convocatoria de una legislatura extraordinaria antes del cambio de gobierno para que se aplique plenamente a los nuevos funcionarios.

Mientras cobra fuerza en el Congreso la fijación del salario del presidente de la República en unos 400 mil pesos (10 mil 230 dólares), ligeramente por encima del promedio en América Latina, el cual sería el máximo a ser percibido por los funcionarios del Estado dominicano.

Se fortalece el proyecto.  Alentado por las medidas de austeridad adoptadas en Italia y España en la primera mitad del mes, y tras una vista pública donde sólo una institución formuló reparos, tomó fuerza esta semana el proyecto de Ley sobre Regulación Salarial en el Sector Público, aunque el presidente de la comisión que lo estudia dijo que reciben “presiones asfixiantes” de organismos estatales que reclaman quedar fuera de la regulación.

Alarmados por los niveles del déficit fiscal, economistas de todas las tendencias, dirigentes empresariales y políticos siguieron reconociendo que el nuevo gobierno tendrá que abrir una etapa de austeridad y reordenamiento fiscal. El empresario Ignacio Méndez, del sector externo del presidente electo, adelantó que “se están revisando las prioridades y el volumen de los gastos”

Aunque se ha dicho que decenas de organismos públicos han formulado objeciones al proyecto, sólo representantes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) las presentaron en la vista pública celebrada el martes 17 por la comisión senatorial que lo estudia. Una delegación del Banco Central dijo que éste no tiene objeciones, ya que el proyecto de ley lo exceptúa, lo mismo a todas las entidades estatales de naturaleza financiera. La DGII reclamó la misma exclusión en virtud de su importancia como organismo recaudador que ya tiene un sistema salarial especial de incentivos técnicos, pero los defensores del proyecto aducen que el mismo prevé un régimen de incentivos “por resultados” y una escala salarial “sobre la base de la complejidad y riesgo del ejercicio de las funciones”.

Contrario a lo que se esperaba, en la vista pública no hubo muchas intervenciones y al parecer los objetores prefirieron mantenerse tras bastidores. Se señala la Cámara de Cuentas y la Suprema Corte. El proyecto recibió apoyo de representantes del movimiento Participación Ciudadana, entidad que lo ha respaldado  con varios estudios y en las consultas previas a su elaboración. También lo apoyaron asociaciones de empleados públicos y la Central Unitaria de Trabajadores, ésta última reclama un salario mínimo de 10 mil pesos para el sector público, el doble del vigente.

Para el nuevo gobierno.  Entre los senadores cobró fuerza un núcleo que promueve el proyecto y que proclama la necesidad de aprobarlo antes que se instale el nuevo gobierno para que tenga aplicación plena sin que nadie pueda alegar irretroactividad, ya que se establecería un salario tope, el del presidente de la República, y los de los presidentes de las cámaras legislativas y la Suprema Corte de Justicia en sus respectivas jurisdicciones. También porque limitaría los gastos de representación al 15 por ciento del salario, el pago de combustibles al 10 por ciento, y suprimiría las tarjetas de crédito, excepto a los titulares de los poderes del Estado y al vicepresidente de la nación.

El influyente senador Charles Mariotti, muy cercano al presidente electo Danilo Medina, dijo públicamente el jueves que la ley debe regir para los nuevos funcionarios a ser designados a partir del 16 de agosto y que esa iniciativa “es clave para una reestructuración más racional y equilibrada del Estado”.  El senador Adriano Sánchez Roa insistió en que más de 60 instituciones reclaman ser excluidas de la ley, y dijo que si les hacen caso, la iniciativa carecería de valor.

Como la legislatura ordinaria concluye el próximo jueves, varios legisladores cuentan con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo convoque una extraordinaria para conocer varios proyectos pendientes, lo que permitiría aprobar la ley salarial antes que se instale el nuevo gobierno. La expectativa aumentó con una reunión el viernes de Gustavo Montalvo con el presidente del Senado y secretario general del partido de gobierno, Reynaldo Pared Pérez, y la Comisión senatorial que estudia el proyecto, en la cual se habrían consensuado algunas enmiendas, que serían discutidas este lunes con el Ministro de Administración Pública. Aunque fuera aprobado  por el Senado antes del jueves, no habría tiempo para que ocurra lo mismo en la Cámara de Diputados, donde tendría que volver el proyecto por los cambios que se le introducirán.

El tope de 400 mil pesos.  El proyecto de ley salarial no establece montos específicos pero en su artículo 11 faculta al Ministerio de Administración Pública “para que someta anualmente a la Dirección General de Presupuesto las escalas salariales correspondientes a los distintos cargos que conforman la administración pública”.

Pedro Germosén recogió en su crónica del jueves en HOY que en el Senado se contempla un salario tope de 400 mil pesos mensuales para el presidente de la República, al parecer derivado de una consultoría del ministerio, lo que a la tasa actual de 39.10 pesos por dólar equivaldría a 10 mil 230 dólares. El salario del presidente dominicano sería superior en 1,957 dólares al promedio de lo que reciben los mandatarios de América Latina que es de 8 mil 273 mensuales, y en 2 mil 130 dólares el promedio de 8,100 dólares de los de Centroamérica.

De acuerdo con un informe de este mismo mes de julio del consultor Enrique París, del Ministerio de la Administración Pública, los presidentes de 15 de los 20 países latinoamericanos tienen sueldos inferiores a los 10 mil dólares mensuales y los otros 5 hasta 18 mil 657 dólares que recibe el de Guatemala, uno de los más pobres del continente. El menor es el de Bolivia con 1,900 dólares, seguido por Haití con 2,000 y Nicaragua con 3,200 dólares. El dominicano en cuarto lugar con 3,354 dólares, ahora equivalentes a 131,000 pesos.

Entre los cinco mandatarios latinoamericanos  mejor pagados se encuentran los de los países más grandes y ricos, Argentina, México, Brasil y Chile, que oscilan entre 10 mil 793 y 16 mil 165 dólares mensuales.

Con un salario equivalente a 10 mil 230 dólares, el presidente dominicano se situaría entre  los 9 mil 968 que gana el de Colombia, y los 10 mil 793 de la presidenta de Argentina. Entre los criterios para definir el sueldo presidencial el consultor París señala que “el indicador cuantitativo de desarrollo económico y bienestar es el PIB per-cápita ajustado por paridad de poder de compra”, indicando que República Dominicana “se ubica en el promedio de América Latina”. Sugiere que el dominicano “se ubica entre El Salvador y Costa Rica”, en el primero el sueldo presidencial es de  7 mil 746 dólares y en el segundo 12 mil 425.

En la generalidad de los países latinoamericanos los sueldos del presidente fijan tope al resto de la administración pública, aunque en varios hay excepciones como la de los bancos centrales. El informe de París indica que en América Latina se observa una tendencia “a acortar las distancias entre las remuneraciones de los niveles jerárquicos del Poder Ejecutivo”.

El desorden salarial del Estado dominicano quedó documentado en el análisis titulado “Urge la aprobación de la Ley de Salarios” que publicamos en HOY el 17 de junio en base a un estudio de Participación Ciudadana.

  Buscan ayudar a Danilo.

De lo que tratan algunos legisladores es de facilitarle a Danilo Medina la adopción de algunas racionalidades y una política de austeridad que en todos los sectores se considera imprescindible para plantear mayores tributos, concebidos dentro de una “reforma fiscal integral”.

Medina ha adelantado que no hará reducción masiva del número de empleados del Estado, razón por la cual tendría que ejemplificar reduciendo gastos de representación, y abusos con tarjetas de crédito, transparentando el gasto público e imponiendo racionalidad en los salarios de los altos cargos.

Es obvio que el Presidente podría establecer todas esas medidas mediante un decreto previo a la designación de sus altos funcionarios, lo cual no sólo es legítimo, sino que ninguno se atreverá a impugnar. Medina designará una alta proporción de nuevos altos funcionarios, pero también ratificará a muchos de los actuales.

La ley ayudaría sobre todo al partir del principio de una escala salarial por jerarquía, ya que el sueldo actual del presidente de la República, estimado en 130 mil pesos, considerado un eufemismo, tendría que ser sincerado en proporción considerable, lo que Medina no querrá hacer por su propia iniciativa para no aparecer como si se estuviera elevando el salario en momentos en que se reclama austeridad.

El tope presidencial haría caer algunas decenas de salarios desproporcionados, que pasan de 500 mil y llegan hasta 900 mil pesos mensuales, como los de varios superintendentes, directores y administradores, especialmente de organismos autónomos y descentralizados.

Últimas medidas de Leonel afectarían inicio de Danilo

 Por Juan Bolívar Díaz

Causa preocupación que el Presidente Leonel Fernández presentara un presupuesto complementario que llevará el déficit fiscal del año por encima de 100 mil millones de pesos. El proyecto contempla un endeudamiento por más  de dos mil millones de dólares.   Se critica que el mandatario  decidiera inversiones  que han de hacerse en los próximos años  cuando está   a punto de  instaurarse una nueva administración en medio de una crisis fiscal que atará las manos del Presidente electo, Danilo Medina.

La presentación de un presupuesto complementario por 71 mil millones de pesos  contemplando un endeudamiento por más de dos mil cien millones de dólares y que llevaría el déficit fiscal del año por encima de 100 mil millones de pesos, causó sorpresa y preocupaciones en diversos sectores del país.

También causó impacto el nuevo viaje a Europa por diez días del presidente Leonel Fernández y el inicio de una campaña por su retorno al poder a mes y medio de concluir su mandato de 8 años consecutivos, lo que crea incertidumbres hasta en su propio partido y en el entorno del presidente electo Danilo Medina.

Asombroso incremento.  El país no salía del asombro por el proyecto de ley para aumentar en 51 mil millones de pesos el presupuesto del 2012, publicado el 20 de junio en base a un endeudamiento superior a los 2 mil 100 millones de dólares, cuando una semana después el presidente Leonel Fernández envió un adendum  al Congreso Nacional elevándolo a 71 mil 461 millones sobre lo aprobado en octubre pasado, que fue de 430 mil 814 millones de pesos. El incremento equivaldría al 16.59 por ciento.

No sorprendió que se destinaran otros 500 millones de dólares en bonos para subsidiar al sector energético, ya que se sabía que los 260 millones que le habían asignado eran una ilusión, pero causaron alarma los empréstitos por 1,600 millones de dólares y 10 millones 898 mil euros para 15 nuevas mega obras, cuya ejecución, en su mayoría, tomaría varios años del Gobierno a iniciarse dentro de mes y medio.

El miércoles 27 el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) expresaba viva preocupación por el déficit fiscal acumulado en los primeros cinco meses del año, estimándolo sobre 56 mil millones de pesos y deploraba que, con el incremento del presupuesto en 51 mil millones de pesos, alcanzaría este año la descomunal cifra de 96 mil millones de pesos, 4 por ciento del producto bruto interno. Nadie preveía que al día siguiente se le adicionarían más de 19 mil millones de pesos.

Antes del adendum, economistas como Apolinar Veloz, Fernando Alvarez Bogaert y Bernardo Fuentes llegaban a proyectar el déficit fiscal hasta en 100 mil millones de pesos, sobre el 4 por ciento del producto bruto interno, más de cuatro veces el 0.9 por ciento que se había proyectado para este año.

Con  el adendum, el déficit podría acabar en el 5 por ciento del PIB. Mientras las recaudaciones ordinarias del Gobierno durante el primer cuatrimestre del año se quedaron 8 por ciento por debajo de lo presupuestado.

La descompresión del poder.  Algunos observadores no han podido desligar la pretensión de iniciar nuevas mega obras del proyecto de retorno al poder que se atribuye al presidente Fernández, cuya promoción saltó a los medios de comunicación esta semana, cuando en la avenida 27 de Febrero aparecieron vallas que despiden al presidente Fernández “hasta pronto”, mientras vehículos sin placa proclaman Leonel 2016-20.

Otra sorpresa fue el anuncio de un nuevo viaje del Presidente Fernández a  naciones europeas, donde  ha estado numerosas veces en los últimos 8 años de gobierno. La pregunta generalizada es qué buscará el presidente en Europa ya dejando  el poder y cómo justificar esos gastos en medio de tantos aprietos presupuestarios.

Hay quienes advierten que el mandatario dominicano ha quedado presa de cierta megalomanía que le hace  creerse indispensable para la suerte del país.

Aparte de las dictaduras de viejo cuño, tipo Trujillo, Duvalier, Somoza  o Stroosner, casi nadie ha podido gobernar los tres períodos que ha agotado Leonel Fernández  pero la generalidad de los dominicanos  cree que buscará un cuarto a partir del 2016.

Fernández estaría agotando hasta el último aliento en su política de mega construcciones, sin importarle la herencia que dejará a un presidente salido de su propio partido, al ser consciente de que las limitaciones nacionales e internacionales le atarán de pies y manos al menos hasta el final del año en curso.

Después de haber gobernado 12 años, con un gran liderazgo en el PLD y el control de la mayoría de los órganos decisivos del Estado, el doctor Fernández tiene el desafío de pasar la prueba de la descompresión del poder, evadiendo la tentación de pretender seguir tomando decisiones o ponérselas difícil a su sucesor. El tuvo una experiencia exitosa cuando salió del poder en el 2000, pero entonces le sucedió un mandatario de otro partido, Hipólito Mejía-PRD, y el PLD era minoría en el Congreso Nacional y no controlaba la Junta Central Electoral ni los órganos judiciales.

Como la constante histórica dominicana ha sido que quienes alcanzan la presidencia se convierten en caudillos insustituibles dentro de sus partidos y buscan eternizarse en el poder, no hay experiencias en la sucesión de presidentes de un mismo partido.

Debió ocurrir en 1982 cuando el PRD no permitió la repostulación del presidente Antonio Guzmán y fue electo el presidente Salvador Jorge Blanco para sucederlo. El saliente no pasó la prueba de la descompresión del poder y concluyó con su dramático suicidio seis semanas antes de entregar el mando.

Muy difícil para Danilo.  Tal como se evidenció en los largos meses de campaña electoral, para alcanzar el triunfo el presidente Fernández volvió a desguañangar la economía nacional, como lo certificó esta semana el economista Bernardo Vega en su artículo de HOY. Danilo fue el beneficiario político y ahora tendrá el desafío de enderezarla, pero ya no se justificaría que se lo pongan más difícil.

Los 500 millones de dólares en bonos contemplados en el presupuesto complementario para el sector eléctrico, conllevan la decisión gubernamental de no elevar la tarifa, pero como es de los elementos más reclamados por el Fondo Monetario Internacional para reducir los recurrentes déficits fiscales que pasaron de 200 mil millones de pesos entre el 2008 y el 2011, harán más difícil la negociación de otro acuerdo con el organismo. Medina se vería obligado a comenzar cargando con lo que ahora se evade y que determinó la suspensión del último acuerdo con el FMI.

Hay amplio consenso de que el nuevo Presidente recibirá una situación económica y fiscal gravemente comprometida, como también de que tendrá que implementar cambios fundamentales. Hasta en el PLD se reconoce que el doctor Fernández tendrá que reconocer el “tiempo de Danilo”.

Los seis proyectos para controlar la corrupción que han enarbolado en los últimos días los senadores peledeístas Charles Mariotti y Julio César Valentín y declaraciones de su colega Tommy Galán no dejan dudas de que hay consciencia sobre la necesidad de cambios. La caída de la votación del PLD los recomienda, pero sobre todo la crítica situación fiscal.

El que tenga dudas solo tiene que leer el discurso del presidente del CONEP el miércoles, en el que se formularon graves advertencias como que el país está “en un proceso de desajuste de las finanzas públicas” y que “no es posible seguir acumulando déficits fiscales financiados con deuda externa”. Tras reclamar cambios en el modelo de desarrollo, la política de gasto e inversiones, en la educación para la competitividad y otros, el señor Manuel Díez Cabral planteó un “pacto fiscal” advirtiendo que quería ser enfático en que “el sector empresarial no respaldará otro parche tributario”.

Resistencia hasta en el PLD

El desorbitado proyecto de incremento del déficit fiscal ya acumulado en la campaña electoral ha disparado la alarma hasta en sectores del propio Gobierno, incluyendo a funcionarios del equipo económico y tuvo expresión pública en la comisión bicameral que estudiaba el proyecto original de 51 mil millones de pesos. Su presidente, el senador peledeísta Dionis Sánchez, expresó el criterio de los comisionados de que debe eliminarse del proyecto los 1,600 millones de dólares  destinados a 15 mega-obras, indicando que esas inversiones debería decidirla el nuevo Gobierno. A última hora del viernes el legislador dijo que  el Gobierno había aceptado retirar este financiamiento, sin especificar quién habría tomado la decisión ni a cuánto reducirán el presupuesto complementario, y mucho menos las fuentes para financiarlo.

En diversos sectores se expresó sorpresa de que el Presidente saliente, después de ocho años de Gobierno, quiera decidir las inversiones que han de hacerse en los próximos años, apenas mes y medio antes de que se instaure una nueva administración. Más aún cuando dejará una crisis fiscal que atará las manos al presidente electo Danilo Medina en lo que restará del año y le haría más difícil lograr consenso para una reforma fiscal a fin de sustentar el presupuesto del 2013, lo que, para cumplir la Ley de Presupuesto, deberá decidir en sus primeras seis semanas de gestión.

Entre las obras que el presidente Fernández quiere iniciar al término de 8 años de Gobierno se encuentra la carretera Norte-Sur, que se viene debatiendo hace tres décadas, la presa Monte Grande, la rehabilitación de la presa de Sabana Yegua, el proyecto hidroeléctrico Artibonito, un proyecto para el desarrollo agrícola de Azua y otros dos para tratamiento de aguas en la provincia de Santiago, cuyo financiamiento habría que concertarlo con la banca internacional algo que parece imposible en lo que resta de gestión gubernamental.

 

Danilo se ganó su oportunidad

Por Juan Bolívar Díaz
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Más allá de las reservas por la apabullante presencia del Estado en su campaña electoral, Danilo Medina Sánchez acumuló suficientes méritos para alcanzar la Presidencia de la República, con un vigoroso discurso propositivo y promesas de cambios para compensar el desgaste de ocho años de su partido en el poder.

Con la experiencia de seis años como virtual primer ministro en los gobiernos de Leonel Fernández, hubo de emplearse a fondo con inteligencia emocional, tenacidad  y paciencia para ganar la candidatura superando un intento continuista sin que se fracturara la unidad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

No lo deben subestimar.  Danilo Medina Sánchez fue el gran subestimado de la campaña electoral, por parte de sus opositores que pretendieron ignorarlo centrando sus dardos en el líder del PLD Leonel Fernández, como de los integrantes del grupo hegemónico gubernamental que se empeñaron en demostrar que ellos eran la garantía del triunfo.

Es posible que sin el apabullante respaldo gubernamental la candidatura peledeísta no hubiese salido adelante, pero Medina puso ingredientes sin los cuales el peso muerto del desgaste y las insatisfacciones generadas por ocho años seguidos de gobierno hubiesen provocado otro resultado.

Fruto de la ardua lucha que tuvo que librar para alcanzar la candidatura, el  peledeísta pudo reunir un grupo de los mejores cuadros de su partido y orquestar un “sector externo” que incorporó a destacados profesionales, empresarios y técnicos sin compromisos partidarios que lo ayudaron a neutralizar la animadversión ganada por las principales figuras del gobierno y a sustentar sus promesas de cambios.

Al igual que en la campaña interna por la candidatura, en la lucha por la presidencia, el economista sureño tuvo que desplegar la mayor paciencia para subordinar todo asomo de sentimiento, pasando por alto prepotencias y subestimaciones para no perder el objetivo fundamental de ganar la elección. A diferencia de su principal competidor, no cometió el menor exceso verbal, aunque tuviera que hacer concesiones que a veces parecían excesivas.

La lucha por obtener la candidatura del PLD permitió a Danilo poner a prueba la paciencia, tenacidad e inteligencia emocional necesarias para convertirse en presidente  de una nación. Con esas virtudes y la ayuda de la sociedad en general, se impuso al inconstitucional proyecto continuista del presidente Fernández, y luego sorteó las emergentes precandidaturas  del vicepresidente Rafael Alburquerque y de la primera dama Margarita Cedeño. Al escoger a esta para la vicepresidencia, cuando se temía  contraproducente, garantizó la unidad de su partido y el apoyo del presidente Fernández y de los ingenieros financistas de la política.

 La urgencia de cambios.  Con tantos poderes amarrados como terminará su gestión el presidente Fernández, gracias a su extraordinaria capacidad para repartir favores, es obvio que su sucesor corre el riesgo de quedar atrapado bajo su sombra, como advirtió la revista especializada The Economist. Sobre todo siendo del mismo partido en el que el mandatario saliente conservará el liderazgo.

Pero eso mismo puede ser una razón para que el nuevo ejecutivo busque poner su sello personal desde el primer decreto, que habitualmente es el que designa el gabinete. Es probable que no pueda romper las amarras, pero pondrá su propio sello, como ha ocurrido tantas veces en la historia y muy recientemente en Colombia y Brasil, donde los presidentes Juan Manuel Santos y Dilma Rousseff incluso han despedido por corrupción a funcionarios leales a sus antecesores.

En la distancia que guardó en los últimos seis años, y por sus contactos cercanos con amplios sectores, Danilo Medina ha podido calibrar el nivel de insatisfacción con la gestión de su partido, y prometió más en privado que en público, por razones obvias, que haría cambios significativos, de personas y prioridades, en el gasto, la transparencia y el rechazo a la corrupción. En esa dirección firmó compromisos con la Coalición por la Educación Digna, con la Asociación de Industrias y con Participación Ciudadana y Transparencia Internacional.

La decadencia que registra la votación del PLD en las últimas  dos elecciones presidenciales que cayó del 49 al 37.7 por ciento, será un buen argumento para fundamentar la necesidad de cambios en el gobierno de Medina, aunque el presidente Fernández se adelantó a reclamar méritos atribuyendo a su gestión el nuevo triunfo de su partido. Una de las interrogantes imposible de responder es cuántos de los votos registrados por el partido morado provinieron del sector externo armado por Danilo, que al final se llegó a cuantificar en más de dos mil grupos, aunque obviamente una parte de ellos hubiese votado por otro candidato oficialista.

Sin demasiado expectativas.  Las esperanzas de cambios con el nuevo gobierno quedaron de manifiesto en las homilías del Jueves de Corpus Christi, del cardenal Nicolás López Rodríguez y del arzobispo de Santiago, monseñor Ramón de la Rosa. El primero imploró para que Medina encuentre la vía de ejecución de su discurso, señalando la prioridad de atender la inseguridad, el empleo, la equidad y la educación.

El arzobispo santiagués fue más explícito al señalar que el nuevo Presidente no deberá tener miedo a la hora de enfrentar  males fundamentales como la delincuencia y la corrupción, mientras exhortaba a protegerlo de los que sólo buscan bienestar propio, recordando que será Presidente de todos los dominicanos.

Al presidente electo hay que dejarlo que arme su gobierno, lo que en sí mismo será una tarea ardua y delicada, ya que Leonel Fernández acostumbró a mantener los principales dirigentes del PLD al frente de algún segmento del Estado y a muchos no será fácil convencerlos de que den oportunidad a otros sin que formen un bloque de oposición interna al nuevo régimen.

Por donde quiera que se le analice no es recomendable que se forjen grandes expectativas de cambios. Medina recibirá las arcas del Estado con un grave déficit presupuestario fruto del gasto desenfrenado de los primeros cinco meses del año y su equipo económico tendrá que empezar por la desagradable y difícil tarea de montar una auténtica reforma fiscal, no simplemente tributaria como en la última década, que reclaman todos los sectores y que esta semana la presidenta de la Asociación de Industrias rechazó que pueda emprenderla el gobierno saliente.

El escenario internacional desfavorable y los déficits fiscales y de balanza de pagos del país, sin perspectivas de tanto financiamiento como en los últimos siete años, obligan a multiplicar los panes y los peces sin poder despedir burócratas, como ya advirtió el Presidente electo. Y tiene el agravante de que no podrá echar la culpa de sus dificultades al gobierno anterior, como es tradición.

En favor de Danilo Medina hay que apuntar los tres discursos positivos que ha pronunciado después de su elección, el 21 de mayo en la casa nacional de su partido y ante la tumba del fundador Juan Bosch, y esta semana al recibir el certificado de presidente electo. Humilde y abierto a la concertación y a la rectificación.-

    El tiempo de Danilo

Cuando fue proclamada su candidatura presidencial en Santiago, Danilo Medina proclamó que había llegado su tiempo, y ha insistido en que se preparó durante muchos años para asumir la responsabilidad de dirigir la nación con su propia impronta y con aspiraciones de no pasar desapercibido.

Aunque se le atribuyen limitaciones carismáticas, al presidente electo se le reconoce como un gran estratega y trabajador de la política. Fue de los que colocó los primeros ladrillos para las negociaciones que permitieron al PLD heredar el poder político de Joaquín Balaguer. Jefe de las campañas electorales que llevaron a Fernández al gobierno en 1996 y 2004, se constituyó en el armador político del régimen.

Durante el período 1996-2000 y del 2004 al 2006, fue un virtual primer ministro del Gobierno y desde esa posición hizo los amarres partidarios y externos suficientes para estar en capacidad de alcanzar la candidatura y ganar la presidencia. No midió con certeza el liderazgo caudillista del presidente Fernández cuando tropezó con él al pretender la candidatura presidencial para el 2008, pero asimiló el golpe, y con paciencia siguió trabajando y esperando el tiempo necesario para reflotar, desestimando las opiniones de quienes le urgían a un papel más protagónico..

Medina pagó tributo ante el nuevo caudillo de la tradicional política dominicana, pero quienes lo han tratado con intensidad sostienen que tiene la voluntad y la decisión de labrarse su propio camino. Se afirma que él es de los convencidos de que el ascenso a la presidencia abre muchas puertas en una sociedad tan presidencialista.

“Danilo Medina tiene plena conciencia del poder que retendrá Leonel Fernández después del 16 de agosto, pero no será un Presidente de la sombra”, sostiene uno de sus allegados. En su contra operará el hecho de que ahora no hay reelección consecutiva ni perspectivas de cambiar la constitución, ni tampoco elecciones de medio período que le permitan repartir para ganar control del Congreso Nacional, lo que será más limitativo teniendo al doctor Fernández con todos sus poderes como obvio aspirante a retornar en el 2016.

 

El Estado irrumpió y volvió a imponerse

Por Juan Bolívar Díaz
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El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) logró imponerse en las elecciones presidenciales constituyendo una maquinaria que aplastó todo lo que encontró en su camino, gracias al voto de 13 aliados sostenidos por diversos organismos estatales y al abuso de todo género de recursos públicos.

El resultado electoral muestra una sociedad profundamente escindida en tres partes casi similares, con el partido que más votos recibió en la oposición, lo que debería obligar a una concertación político-social para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad social y económica.

El PLD logró imponerse.  El conteo de los votos no dejó dudas la noche del 20 de mayo. El PLD y sus 13 aliados llevaron a Danilo Medina y Margarita Cedeño de Fernández a la presidencia y vicepresidencia de la República con el 51.21 por ciento del sufragio, superando por cuatro puntos a la alianza de 6 que encabezó el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la cual registró el 46.95 por ciento. La diferencia fue de 193 mil 153 votos.

Las encuestas a salida de las urnas fracasaron, incluso la que auspició el Consejo Nacional de la Empresa Privada que según se confió favoreció a Hipólito Mejía 49 a 48 por ciento con segunda vuelta, pero el conteo rápido de Participación Ciudadana, ya a las 9 de la noche, marcaba un resultado casi igual al que al día siguiente sería oficial, 50.95 a 46.94 por ciento, lo que volvió a ratificar la importancia del trabajo de los observadores nacionales.

En el centro de cómputos del PRD nunca se registró diferencia significativa, lo que no justificó que Hipólito Mejía tardara 50 horas para admitir la realidad, aunque explicable por los niveles de inequidad y hasta iniquidad que habían caracterizado la enconada lucha electoral, incluyendo la jornada misma de votación, caracterizada por una masiva compra de cédulas y votos, persecución de dirigentes políticos y ex militares que apoyaban al perredeísta, así como por una prepotente actuación que selló un arbitraje que no logró disimular su parcialidad.

Lo arrojado por las urnas fue coherente con lo que adelantaban las encuestas más acreditadas del mercado y con la descomunal ofensiva final del peledeísmo que casi monopolizó los medios de comunicación, acorraló disidentes e impuso una percepción de invencible, y por un desempeño racional y eficaz de su candidato presidencial, Danilo Medina, cuya capacidad propositiva superó desde el principio a la de su contrincante. Mientras Hipólito Mejía quedaba a la defensiva, sin realizar un rebase final que le permitiera recuperar los tres puntos que lo separaban de la meta, de la cual se había alejado por desaciertos expositivos.

Una división tripartita.  El resultado electoral arrojó una división tripartita de la ciudadanía en capacidad de decidir en proporciones casi similares. De los 6 millones 502 mil 968 electores, el 30.24 por ciento no hizo valer su voto, el 35.72 por ciento lo otorgó a la coalición victoriosa y el 34.03 por ciento a la oposición, con el 32.75 concentrado en el PRD y sus cinco aliados.

El territorio quedó escindido en dos, con la coalición oficialista ganando en 16 provincias y el Distrito Nacional, y la opositora en 15. Pero por partidos el PRD superó al PLD en 28 de las 31 provincias y en la totalidad de los votantes por 200 mil votos con puntuación de 42.13 a 37.73 por ciento. Sin aliados, el PLD sólo lidera en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Juan (la del candidato) y La Romana

Aunque la eficiente maquinaria peledeísta resultó más imponente que nunca, el balance de las urnas indicó la decadencia o el desgaste del partido. Le convendría considerar qué cantidad de sus votos aportó el vigoroso sector externo que se orquestó en torno a Medina, cuyos dirigentes antes de las elecciones  llegaron a cuantificarla sobre el millón, aunque esta cifra parece exagerada.

El Partido Reformista Social Cristiano sorprendió al obtener el 5.87 por ciento de los votos, 1 por ciento más que en el 2008 cuando postuló a Amable Aristy Castro, aunque ésta vez no presentó candidatura propia, y pese a que el patriarca higüeyano apoyó a Hipólito Mejía. Por ahí se hacen cálculos sobre cuántos de los seguidores de este pudieron ser “incentivados” a abandonarlo.

También ha llamado la atención la baja votación obtenida por las candidaturas alternativas de Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Julián Serulle y Max Puig que, víctimas de la bipolarización y la inequidad, sólo totalizaron el 1.83 por ciento de los votos. Entre ellos sobresalió el primero con el 1.37 por ciento, mientras los otros tres quedaban en 0.21, 0.14 y 0.21, muy por debajo de “partidos siglas” que ni siquiera hicieron propaganda, y por ahí también se tejen especulaciones sobre el clientelismo estatal, el poder económico y la compra de votos en pequeñas comunidades.

Concierto para reformas.  Lacerante para los sectores que han luchado por adelantar el país, la institucionalidad y la más elemental equidad democrática quedaron heridas en el proceso, con claros indicadores de que el usufructo de los recursos estatales, la acumulación impúdica y el clientelismo han creado un sistema partidista y electoral profundamente viciado, que impide la emergencia de alternativas.

Numerosos analistas políticos, instituciones como Participación Ciudadana,  y dirigentes como el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia Servio Tulio Castaños, están advirtiendo los peligrosos niveles que está alcanzando el deterioro institucional y reclamando un nuevo concierto para reformas políticas y sociales y el  respeto de la ley y los preceptos constitucionales. El columnista Homero Figueroa lo diagnosticó así en Diario Libre  del viernes: El esqueleto moral de la Nación está partido por todas partes. Los límites que impone la decencia se sobrepasaron. El todo vale se impuso. La peor de nuestras dolencias es la compra de conciencias. La utilización, hasta el agotamiento de los recursos públicos en supuestas acciones sociales, es el colmo de la irresponsabilidad. El país necesita un yeso moral para saldar esas fracturas”.

Con un insostenible déficit fiscal y sin poder reproducir el endeudamiento de los últimos años, el gobierno de Danilo Medina afrontará una difícil situación, con un partido en progresivo debilitamiento de legitimidad popular y una gran oposición al frente. Tiene enormes desafíos que no podrá solventar exitosamente sin un amplio concierto político para reformas económico-sociales y fiscales que garanticen la gobernabilidad.

Una reforma política profunda, que rectifique el deterioro de la institucionalidad democrática, incluyendo poner fin a arbitrajes electorales parcializados, será imprescindible para alcanzar un nivel de armonía nacional que supere los peligros de la división tripartita. Sin que el sistema político se auto imponga algunos límites será un riesgo grave pretender imponer mayores cargas tributarias a una sociedad harta del clientelismo de la corrupción y de la malversación

De nuevo venció el Estado

Sería mezquino ignorar el excelente desempeño que logró Medina en la campaña, imponiendo su discurso hasta por encima de la ceguera de propios compañeros de partido, neutralizando el fardo del desgaste y el desacierto gubernamental, y proyectándose como rectificador. Desde la ardua lucha para obtener la candidatura de su partido logró constituir un cualificado “sector externo” que lo ayudó de forma significativa a proyectar su promesa de renovación.

Sin embargo, en la memoria colectiva resonó la expresión con que Medina reaccionó cuando el proyecto reeleccionista de Leonel Fernández le impidió alcanzar la candidatura del PLD para el 2008: “me venció el Estado”. La irrupción del poder del Estado a lo largo de la campaña electoral constituyó una ventaja incuantificable pero obviamente apabullante, documentada por los medios de comunicación que lograron escapar al control gubernamental así como por los informes de observación electoral del movimiento Participación Ciudadana”.

El nivel de interferencia en la campaña del Presidente de la República, criticado por los observadores de la OEA y hasta en los ámbitos diplomáticos, superó los límites de lo aceptable en cualquier democracia siquiera de mediana intensidad. Fernández superó su promesa de septiembre de invertir 40 mil millones de pesos para garantizar la victoria de su partido. El morado que tiñó el suroeste y casi toda la franja fronteriza concentradora de la pobreza nacional podría ser un indicador de los efectos de los repartos de alimentos y electrodomésticos financiados con los fondos públicos.

Por otro lado es imposible medir los efectos del minucioso seguimiento que la maquinaria peledeísta dio a los beneficiarios de los programas sociales, identificados y visitados para intimidarlos. Tampoco escapa al análisis el hecho de que fueron decisivos  los 611 mil votos (13.4 por ciento) que aportaron los aliados del PLD, partidos que se han nutrido de los cargos, empleos y recursos de los organismos estatales que les entregaron, en pago a su lealtad política, para utilizarlos a su conveniencia.

 

Sueños de un domingo de mayo

Por Juan Bolívar Díaz

Que tengamos elección presidencial este domingo 20 de mayo es un gran acontecimiento porque, aunque para muchos no diga nada, finalmente estamos abandonando la fecha fija del 16 de mayo que conmemoraba el día en que nuestro tirano mayor, Rafael Leónidas Trujillo Molina, ascendió al poder en 1930.

En este domingo de mayo que se vaticina lluvioso, yo acumulo sueños que quiero compartir a riesgo de aparecer como impertinente para algunos, o utópico y soñador para otros. Pero como escribió don Pedro Calderón de la Barca hace 377 años “La vida es un Sueño y los sueños, sueños son”, aquí les dejo algunos de cara al futuro:

1.- Que no tengamos que encerrarnos en jornadas de oración para que la elección sea pacífica, cuenten debidamente los votos, se respete la voluntad popular y el nuevo Presidente no tenga que pregonar que es “de todos los dominicanos y dominicanas”.

2.- Que no haya que acuartelar a un ejército de 55 mil soldados, por si acaso la Policía no es suficiente para mantener el orden y el imperio de la ley.

3.- Que nadie tenga que ir a los supermercados a abastecerse por temor a que las elecciones deriven en una guerra civil.

4.- Que los árbitros electorales no sean jueces y parte y nadie tema que sus decisiones puedan estar marcadas por la obediencia a quien los designó.

5.-Que el Presidente de la República honre la majestad del cargo y como en toda democracia no abuse del mismo ni de los recursos de todos para inclinar la balanza caravaneando por todo el país, e iniciando obras no presupuestadas cuando ya sale del poder a costa de enormes déficits fiscales que luego hay que pagar.

6.- Que los altos funcionarios de la nación que quieran hacer campaña electoral tomen licencia o renuncien a sus cargos para evitar la confusión entre los recursos públicos y los partidistas.

7.- Que no se abuse de la pobreza ni se denigre a los más desposeídos tratando de comprar sus votos con subsidios, repartos de alimentos, materiales de construcción y electrodomésticos, a costa del Estado.

8.-  Que a nadie se le ocurra establecer un tráfico de cédulas para ganar votos o impedir que los gane otro, como se está haciendo desde hace varios días en los habitáculos de la pobreza. Mucho menos que líderes políticos exhorten a la población a obtener una copia de su cédula para que la vendan  “y así devaluar ese mercado”.

9.-  Que no haya que dar a los legisladores cientos de millones de pesos para que celebren por adelantado el Día de las Madres buscando o comprando votos.

10.- Que no necesitemos  miles de ciudadanos responsables se constituyan en una red nacional para vigilar el cumplimiento de las normas democráticas, y mucho menos que vengan del extranjero, ni que los embajadores tengan que hablar con el Presidente de la nación sobre transparencia, institucionalidad y equidad.

11.- Que no haya tan apabullante invasión de propaganda ni que los medios de comunicación sean maquinarias de imposición sobre la conciencia ciudadana y que los periodistas no se constituyan en jueces implacables para condenar o presionar a los que disientan del discurso oficial.

Tengo muchos otros sueños, que algún día se realizarán, pero no caben en esta cama en el amanecer de este 20 de mayo. Como dijo el recién fallecido cantor José A. Labordeta: “También será posible que esa hermosa mañana/ ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver/ pero habrá que empujarla para que pueda ser”.

 

 

 

La JCE debería excusarse

Por Juan Bolívar Díaz
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Tal como se advirtió desde el primer momento en la nómina de los 3 mil 805 ciudadanos y ciudadanas registrados para observar las elecciones del 20 de mayo no había delincuentes, ni narcotraficantes ni asaltantes, pero mucho menos constituían una asociación de malhechores como se sostuvo en una rueda de prensa efectuada el 1 de mayo en la Junta Central Electoral (JCE) donde se agravió no sólo a esas personas y al movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), sino también a decenas de organizaciones sociales, religiosas y comunitarias de todo el país en las que militan.

Pasaron ocho días para que se lograra que la Comisión de Observación Electoral de la JCE recibiera a dirigentes de PC para analizar las pruebas o siquiera evidencias que sustentaran sus infamantes declaraciones. El balance confirma que el objetivo era difamar y descalificar a PC presentando a sus voluntarios como una red de delincuentes.

El informe rendido por los comisionados de PC indica que los observadores objetados por la JCE no fueron los 188 arrojados por una muestra del 15 por ciento de los 3,805, como se informó el 1  de mayo, sino que ascendieron a 236 del total,  lo que ya evidencia una grave inconsistencia. Pero lo fundamental es que apenas se pudo documentar un caso en que medió una sentencia.

De entrada hubo que reivindicar a 116, casi la mitad, cuyo “delito” es errores en el número de sus cédulas. Otros 91 fueron considerados “vinculados”  a partidos políticos. Absurdamente en 25 de estos casos no pudieron identificar el partido.

Los restantes 66 fueron relacionados con 13 partidos diferentes, 32 de ellos a los que integran el frente electoral que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana, y 28 al encabezado por el Partido Revolucionario Dominicano. Muchos de estos fueron candidatos a regidores, suplentes y  vocales de pequeños municipios y distritos municipales por partidos emergentes. Ni uno solo dirigente conocido de algún partido.

En la nómina de observadores aparecieron tres identificados como militares, lo que no puede sorprender ya que en la reciente auditoría del padrón electoral, realizada por técnicos de la OEA se advirtió que hay retrasos en los ingresos y egresos de militares y en dar de baja a los que fallecen. Justo el miércoles 9 de mayo, cinco meses después de cerrado el padrón electoral, la JCE comunicó su resolución 24/2012, la cual habilita para ejercer el voto a 760 ciudadanos, dados de baja como militares y policías.

Los restantes 27 fueron objetados por tener  “antecedentes judiciales”, aunque en realidad sólo se presentó evidencia en uno solo, un ciudadano que recibió una sentencia judicial y fue indultado, lo que se supone le restituye sus derechos.

De los otros 26 no se presentó evidencia de que tengan procesos judiciales pendientes. Nueve estaban fichados por la policía y tres habían sido arrestados, sin cargos específicos. De dos se dijo que estaban presos, pero sin documentación de la Dirección Nacional de Prisiones. Y uno de ellos había sido sometido a la justicia por consumo de droga, según el llamado Sistema de Investigación Criminal, pero sin  constancia de que fuera procesado.

En resumen: que la Comisión de la JCE no pudo justificar sus infamantes  acusaciones contra personas que aparecen en el padrón electoral por lo que tienen derecho a elegir y ser elegibles, y quienes lo que merecen es reconocimiento por ejercer sus derechos ciudadanos a observar unas elecciones.

Si en este país se respetara siquiera mínimamente los derechos constitucionales, la JCE no hubiese cometido el desaguisado de calumniar a tantos ciudadanos y de  intentar descalificar a Participación Ciudadana. Demostrada la falta de fundamento, lo menos que se debería esperar es una excusa pública, tan difundida como la calumnia.

Yo, Juan Bolívar Díaz Santana, el número 17 en el listado de observadores de PC, uno de los relacionados con el narcotráfico en aquella infame declaración de prensa, quedaré esperando una  excusa o reparación moral.  Sigo creyendo que fue una errática inadvertencia, pero los errores también se deben reparar, al menos entre seres humanos racionales y honrados.