La presión social desafía al Gobierno de Medina

Por Juan Bolívar Díaz

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La marcha contra la impunidad, que superó todas las expectativas constituyéndose en la mayor manifestación cívica de la historia nacional y que parece haber marcado un punto de inflexión frente a la corrupción, junto al reiterado compromiso internacional de develar toda la trama de corrupción de Odebrecht, podría obligar a las autoridades a responder.
La presión que tiene el Gobierno es mayor por la convicción general de que la constructora brasileña financió campañas electorales, por lo que buscarían un par de chivos expiatorios que pudieran contener la indignación nacional, agravada por el silencio del presidente Danilo Medina y de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Irrupción de la clase media. Si fue sorprendente la magnitud de la marcha contra la corrupción y la impunidad de decenas de miles de personas, fue más impactante su composición social, con una clara irrupción de las clases medias, incluyendo segmentos altos, empresarios y hasta monjas que desafiaron la desinformación pagada del Gobierno. Fue una demostración de civismo, por convicción e indignación, exigiendo límites a la putrefacción política, y alcanzó impacto internacional. Nadie acudió bajo promesas de empleo o para mantenerlo, ni por los repartos de dinero, vestuarios, comidas y bebidas, como en las actividades partidistas.

La participación en la marcha del domingo 22 multiplicó seis o siete veces los que acudieron a una convocatoria similar en el 2011 por la aplicación de la ley que dispone invertir en educación el 4 por ciento del PIB, a juicio de los organizadores, varios de los cuales han sido protagonistas en ambas y con capacidad para reproducir demandas.

Tras el éxito, el muy plural comité organizador anunció que proseguirá “reclamando por todas las vías pacíficas posibles la identificación y sometimiento judicial de los sobornados de Odebrecht y la conformación de una comisión independiente acompañada por Naciones Unidas” para investigar las contrataciones con esa empresa “hasta que se recuperen los miles de millones robados al pueblo dominicano”. De inmediato generaron demostraciones en los estadios de beisbol de Santiago y Santo Domingo, iniciaron captación de firmas y planifican un concierto en la festividad de la independencia nacional.

También la presión externa. Hay consenso en que la presión externa será un factor determinante para que haya sanción en el reino de la corrupción con impunidad que es el país, como indican las evaluaciones. Esta misma semana el índice de corrupción de Transparencia Internacional (TI) mostró un nuevo retroceso de RD, que cayó de la posición 103 a la 120 entre 176 naciones, en relación al año anterior, con una quemazón de 31 puntos sobre 100.

Los peores escándalos de corrupción han quedado en la impunidad, aún en el caso del secretario de organización del PLD, Félix Bautista, a quien el ministerio público de su mismo gobierno le documentó un expediente que envuelve 26 mil millones de pesos, que hoy equivalen a más de 550 millones de dólares, casi seis veces el monto de los sobornos de Odebrecht, independientemente de la sobrevaluación de las contrataciones.

Entrevistado por Uno+Uno de Teleantillas, el presidente de TI, José Ugaz, resaltó el compromiso de la autoridades brasileñas de develar las personas y organizaciones políticas comprometidas en la trama Odebrecht y la decisión de esa entidad de acompañar la investigación hasta el fondo, a la vez que elogió la marcha dominicana y proclamó que la presión social es fundamental para alcanzare sanciones. Ugaz es un reputado penalista peruano que fue fiscal adhoc de las investigaciones del escándalo de sobornos del presidente Fujimori-Montesinos que llevó a la cárcel con condenas judiciales a estos dos y a más de 200 funcionarios de los tres poderes del Estado, empresarios y dirigentes sociales.

El silencio gubernamental. El avance de las investigaciones en los otros países involucrados en el escándalo, presiona también en RD, que proporcionalmente lidera el escándalo con sobornos por 92 millones de dólares. En Panamá ya hay 17 imputados, en Perú, Colombia, Argentina varios funcionarios presos, y con suspensiones de contratos y otras sanciones a la Odebrecht. Guatemala, donde los sobornos confesados sólo suman 18 millones de dólares, suspendieron los pagos en obras por 399 millones de dólares.

Los presidentes de Perú, Colombia y Ecuador, se han puesto a la cabeza de las exigencias de sanciones. Pedro Pablo Kuczynski dirigió un discurso a los peruanos proponiendo mayores sanciones a la corrupción en un país que en un año pronunció más de 2 mil sanciones por corrupción, incluyendo altos funcionarios, pidió la acción conjunta de los tres poderes del Estado. El ecuatoriano Rafael Correa, dijo a Uno+Uno el jueves, que su gobierno está a la cabeza de las investigaciones, junto al poder judicial, y recordó que en el 2008 suspendió contratos a la Odebrecht y la obligó a pagar el costo de poner en servicio una planta de generación hidroeléctrica que construyó con graves deficiencias de arranque.

Aquí el presidente Danilo Medina, al igual que el PLD y la Comisión de Ética Gubernamental, ha ignorado el escándalo internacional y la indignación nacional, dejándolo en manos de un procurador general sin experiencia investigativa, y conformando una comisión para investigar solo la contratación de las plantas de Punta Catalina, la que sigue bajo objeciones por incluir a vinculados, como su presidente Agripino Núñez, que era directivo de la empresa co-constructora de las mismas, a un consultor del gobierno y a César Sánchez, que cuando fue administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales negoció y firmó el segundo de los 17 contratos nacionales con la Odebrecht, y actualmente es asesor de la misma con sueldo de 350 mil pesos mensuales.

Buscarían chivo expiatorio. La situación dominicana en el escándalo es compleja, sobre todo por la particularidad de que Joao Santana salió de la asesoría del presidente Medina en sus dos exitosas campañas electorales para la prisión en Brasil, imputado como brazo político de Odebrecht en financiamiento de campañas electorales en varios países.

El jurista Namphy Rodríguez escribió esta semana que se impone el relevo de Odebrecht en la construcción de las plantas de Punta Catalina, señalando que en las actuales circunstancias es inconcebible que el Gobierno ponga en manos de esa empresa los 600 millones de dólares que captará por bonos estatales. El mandatario ha estado preocupado y, según fuentes bien informadas, habría buscado transferir la terminación de las plantas, que pidió a la constructora Estrella, asociada para la obra física, que la asumiera, pero ésta habría declinado por falta de experticio en su tecnología. En medio del escándalo es difícil contratar otra firma que asuma la tarea y nadie la quiere paralizar.

Por otro lado, cobran fuerza las versiones de que se buscaría algún chivo expiatorio que calme la indignación nacional. Un empresario bien informado identificó a los grandes constructores de Leonel Fernández, especificando a Víctor Díaz Rúa, el ministro de Obras Públicas que negoció varios contratos con Odebrecht. Cuando se le objetó que luciría parte de la confrontación partidaria Medina-Fernández, aludió a una compensación: tramitar el expediente de la OISOE que implica al danilista Miguel Pimentel Kareh. Esta semana el dirigente del PLD Fernando Fernández, excercano colaborador político del presidente Medina, advirtió que se buscan chivos expiatorios y proclamó que sería un error que empeoraría la situación y que todos los responsables deben responder ante la justicia.

El presidente Medina parece atravesar por su mayor turbulencia en sus dos períodos de gobierno, y esta semana tiene otro desafío, cuando la comisión senatorial que estudia sus observaciones y propuestas sobre las excepciones a la penalización del aborto rinda su informe y tengan que decidir. Necesitan dos tercios para rechazar la propuesta presidencial como hace un año, pero ahora sería un grave tropiezo político.-

En la oposición, el PLD buscaba la sociedad civil

Por Juan Bolívar Díaz

Las dos veces que el PLD alcanzó el poder se buscó el amparo de la sociedad civil que ahora rechaza y desprecia, con la que modificó, también dos veces, la composición de la Junta Central Electoral y creó comisiones de seguimiento a sus labores.                                                

            La oposición del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a que la sociedad civil participe en los consensos para las leyes de partido y electoral y la elección de los árbitros electorales, contradice su actuación cuando no controlaba el poder, al que accedió con amparo social, llegando a modificar la conformación de la Junta Central Electoral (JCE).

            El liderazgo social ha sido coherente, participando desde los años 90 en múltiples consultas, reclamando reformas políticas para fortalecer la institucionalidad democrática y específicamente  independencia de los árbitros electorales y de las cortes judiciales, sin haber pretendido controlarlas.

Doble rechazo del PLD

            Esta semana el PLD ratificó su rechazo a la participación de cualquier estamento de la sociedad civil en la búsqueda de consenso para las pendientes leyes de partido y del régimen electoral y para la conformación de los órganos electorales, en contradicción con lo que fue su accionar cuando no controlaba el poder del Estado.

            Dionis Sánchez, el presidente de la Comisión Especial del Senado que inició el procedimiento para la elección de los integrantes de la JCE, dejó claro su rechazo a la intervención de las organizaciones sociales que han pedido un pacto político-social para el mejoramiento de la institucionalidad democrática.

            En la reunión el martes de la comisión de mediación para discutir una vez más las leyes de partido y electoral, que como tantas veces desde los años noventa encabeza monseñor Agripino Núñez Collado, los delegados del PLD también rechazaron la participación allí de representantes sociales, como han solicitado instituciones como Participación Ciudadana (PC) y la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática.

            En todos los escenarios, el presidente del Senado y secretario general peledeista, Reinaldo Pared, y sus voceros en las cámaras legislativas, han rechazado cualquier participación social, invocando que es a ellos a quienes la Constitución faculta para legislar y conformar la JCE y la Cámara de Cuentas.

            Las organizaciones sociales no pretenden sustituir a los legisladores, pero reclaman el derecho a promover consensos sobre el perfil que deben reunir los árbitros, especialmente “que no sean representantes de los partidos”, como se estableció en el Pacto por la Democracia que el PLD propuso en 1994, junto a organizaciones sociales, antes de llegar al poder. Entonces apoyó la observación electoral y el conteo rápido de PC.

Proponen foro tripartito

            El rechazo del PLD a la participación de la sociedad civil ha sido tan tenaz que a ningún líder social se le ha ocurrido ahora reclamar derecho a señalar candidaturas como en 1997 cuando ese partido y el presidente Leonel Fernández lo acogieron y auspiciaron para elegir la Suprema Corte de Justicia en 1997, cuando el PLD era minoría en el Congreso, o para elegir la JCE que encabezó el doctor César Estrella Sahdalá en 1994.

            El martes  el Partido Revolucionario Moderno (PRM) representado por su presidente y su secretario general, Andrés Bautista y Jesús Vásquez, solicitó la conformación de un foro tripartito, con delegados de los partidos en el gobierno, de la oposición y de la sociedad civil. Sólo lograron la conformación de dos bloques de 8 miembros, gobierno y oposición. El PLD estuvo representado por Reinaldo Pared y el exvicepresidente de la nación Rafael Alburquerque.

            Andrés Bautista adelantó que van a insistir en la participación de la sociedad civil, en un diálogo tripartito “como se hizo en los años noventa”, comenzando mañana lunes con una rueda de prensa. Aseguró que establecerán un mecanismo rotativo para que todos los partidos de oposición que concurrieron a las últimas elecciones, y actúan en coordinación desde entonces, puedan participar en la búsqueda de un consenso político-social.

            El PRM ha coincidido con la sociedad civil en que se deben elegir personalidades con independencia de los partidos para integrar tanto la JCE como la Cámara de Cuentas y posteriormente los titulares de las altas cortes, comenzando por los del Tribunal Superior Electoral cuyo período venció el 16 de agosto pasado. Y ha sostenido, junto al PRSC y el resto de la oposición, que no aceptará cuota partidaria en esos organismos.

 Leonel acorraló la JCE

            En septiembre de1998, cuando el Senado controlado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) eligió una JCE sin consenso con los demás partidos, tanto el PLD como el Partido Reformista procuraron la mediación de Agripino Núñez, de empresarios y directores de medios de comunicación, con respaldo de PC, la Finjus y otras entidades sociales para revocar la entonces también “soberana decisión” de los facultados por la Constitución para elegir.

            La crisis política, que ya había comenzado cuando el gobierno del PLD se impuso, hasta con vuelos rasantes de helicópteros militares, en la elección del secretario general de la Liga Municipal, donde los perredeístas eran mayoría, llegó al grado de que los reformistas y Vincho Castillo elevaron una petición de embargo a las cuentas de la JCE.

            Aunque esa instancia carecía de valor jurídico ya que la Ley Electoral definía a la JCE como “una entidad de derecho público, dotada de personalidad jurídica, con patrimonio propio inembargable”, el presidente Leonel Fernández dispuso la retención de los fondos presupuestarios del organismo, hasta que un tribunal dictaminara sobre la instancia.

            La confrontación duró hasta mayo de 1999. La sociedad civil apoyó el reclamo de consenso del PLD y el PRSC, aunque ninguno de los cinco jueces elegidos, encabezados por Manuel Ramón Morel Cerda, eran dirigentes del PRD, y la crisis se saldó con la mediación social, ampliando a siete los integrantes de la JCE para incorporar a Roberto Rodríguez Estrella y Julio César Castaños Guzmán, propuestos por el PLD y el PRSC. Los otros cuatro eran Ana Teresa Pérez, Luis Ramón Cordero, Luis Arias y Salvador Ramos.

Comisión de Seguimiento

            Con el PRD controlando los poderes Ejecutivo y Legislativo, y más aún cuando el presidente Hipólito Mejía (2000-04) impuso una reforma constitucional para poder buscar la reelección, la mediación de la sociedad civil fue una constante en la JCE. Para los comicios del 2000, Participación Ciudadana, con apoyo de otras entidades, demandó una auditoría al nuevo padrón electoral que conformó el tribunal. El PLD y los demás de la oposición apoyaron, y la organización cívica, con respaldo técnico del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, realizó la auditoría en medio de tensiones, pero el padrón resultó inobjetable.

            Con el PRD en el poder,  a instancias del PLD y el PRSC se creó una Comisión de Seguimiento a las labores de la JCE, integrada, además de Agripino Núñez, por los dirigentes empresariales Elena Viyella de Paliza, entonces presidenta del CONEP, Celso Marranzini y Rafael Perelló, así como los profesionales Radhamés Mejía, José J. Puello y Marisol Vicens y el reverendo Reinaldo Franco Aquino.

            Con todos esos mediadores y el empuje del PLD-PRSC, se propició una reforma electoral, con la Ley 02-03 aprobada por el Congreso con mayoría perredeísta, y promulgada en enero del 2003, dividiendo las funciones de la JCE en dos cámaras, administrativa y contenciosa, y se elevó a 9 los integrantes del pleno. Morel Cerda, un abogado honorable de toda la vida, se cansó de las objeciones y renunció, por lo que se eligió a tres nuevos titulares: Ramón Hernández, José Luis Tavares, y Roberto Rosario. Este sería el primer titular de la JCE llegado desde el organismo ejecutivo de un partido, pues era miembro del Comité Central del PLD.

Extremos en la JCE

            A pesar de las ampliaciones de la JCE, la desconfianza por el proyecto reeleccionista de Hipólito Mejía llegó a extremos, cuando la Comisión de Seguimiento impuso directores de Informática y del Registro Civil de la JCE, bajo amenaza de retirarse. Y para colmo en vísperas de las elecciones, adicionaron a la misma al embajador de Estados Unidos, Hans Hertel, y al de la Unión Europea Miguel Amado.

            Todos ellos fueron llevados precipitadamente a la JCE la noche de la elección, el 16 de mayo del 2004, bajo la falsa información difundida por los voceros del PLD de que el coronel Pepe Goico, de la seguridad del presidente Mejía, había comenzado a robarse las urnas electorales en Los Alcarrizos y que no dejaban salir  las de arroyo Hondo. Por el PLD eran miembros de la Comisión de Seguimiento Reinaldo Pared, Franklin Almeida y Radhamés Jiménez.  Todo el país vio por televisión el enérgico discurso de Monseñor Agripino Núñez, demandando un respeto a la voluntad popular que nunca estuvo en juego. A las 11 de la noche Hipólito Mejía admitió el triunfo de Leonel Fernández y se convirtió en el único presidente dominicano derrotado, hasta ahora, en un intento reeleccionista. Luis Arias,  quien presidió esa JCE y luego sería designado embajador por el presidente Leonel Fernández, fue un aliado eficiente  de PC en la observación electoral.

            El PLD agradeció la observación electoral de Participación Ciudadana y decenas de organizaciones aliadas, que por segunda vez habían registrado su ascenso al poder, en su conteo electoral rápido por muestreo, antes que la JCE llegara al tercio del escrutinio.-

 

 

 

Sueños de noches de verano

Por Juan Bolívar Díaz
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Todos tenemos derecho a sustentar utopías, que como dijera Galeano, es la forma de impulsar los cambios, proponiéndonos metas que, aunque se alejen cada vez que creemos alcanzarlas, nos mantengan en movimiento, siempre detrás de los sueños.

Y en estas calurosas noches de agosto, próximo al inicio de un nuevo período de gobierno, tenemos más derecho que nunca a soñar, aunque sea con lo que nunca se ha hecho en la historia del país.

Lo primero que podemos soñar es que el presidente Danilo Medina no haga muchas promesas más, sino que anuncie cambios importantes, no bailoteando funcionarios de un lado a otro, ni aumentando la nómina de asesorías compensatorias, sino cambiando el curso del Gobierno.

Esta vez los cambios son más necesarios que nunca, ya que se juramentan casi los mismos que hace cuatro años, no sólo el Presidente y la vicepresidenta de la República, sino también el 90 por ciento de los senadores, tres cuartas partes de los diputados y más de la mitad de los alcaldes y regidores.

Podemos soñar con ver la reedición del hombre humilde y conciliador que trabajó arduamente durante años para alcanzar la presidencia de la nación y materializar los sueños liberacionistas del fundador de su partido, el profesor Juan Bosch. Debería asumir que 16 años después de gobernar su partido, esos sueños están muy lejos de materializarse.

Sabemos que es muy difícil liberar a las mayorías de la ignorancia, de la pobreza y la exclusión, pero hay que hacer los máximos esfuerzos por reducirlas a mediano y largo plazos. Lo que sí se puede alcanzar en corto tiempo es detener los muy elevados niveles de descomposición social, de corrupción, malversación, clientelismo político y manipulación que corroen las instituciones estatales y democráticas.

El discurso de juramentación del licenciado Medina debe asumir las preocupaciones que se expresan por la sostenibilidad económica del país, cuya economía se ha sustentado en un desproporcionado endeudamiento, a consecuencia de déficits incontrolables, cuya prolongación implica graves riesgos.

Asumimos también que el Estado requiere mayores recursos para sustituir el crédito, pero que la sociedad no está presta a pagarlos, sin cambios trascendentes en la forma y prioridades del gasto, sin contención de la evasión y la corrupción, sin establecer límites al clientelismo político.

Aunque basados en la historia nacional, son muchos los que creen que Danilo Medina intentará prolongarse de nuevo en el poder, utilizando “sus” diputados y senadores para otra reforma constitucional, tenemos derecho a soñar que no volverá a faltar a su palabra y que esta vez no habrá quien lo convenza de seguir ingiriendo tiburón podrido.

El discurso del martes y las acciones que Medina emprenda de inmediato serán indicio y pauta del curso que seguirá lo que debe ser su último período gubernamental, atendiendo a su Constitución que instituye dos períodos y nunca más. Tiene la oportunidad de acoger la propuesta de un pacto político-social para rescatar la institucionalidad democrática y por el Estado de derechos económicos y sociales que proclama la Constitución.

Una alianza con los sectores más activos de la sociedad, le permitirá concluir el pacto eléctrico y emprender el pacto fiscal, imprescindibles para garantizar la sostenibilidad económica y completar una obra de gobierno que puede ser trascendente. Sobre todo si cumple su promesa de hacer lo que nunca se ha hecho: poner el interés nacional por encima del continuismo y la dominación política. Y no padecería el síndrome de la “soledad del poder”, siempre caldo de cultivo del continuismo.

La incredulidad y la desconfianza son tan grandes que seguro muchos se reirán de estos sueños de verano.

En 16 años de Gobierno el PLD ha resuelto poco

Por Juan Bolívar Díaz
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Al cumplir 16 años de Gobierno, con un interregno de 4, la gestión del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha tenido como mayor mérito la estabilidad y el crecimiento económico, basado en enorme endeudamiento, mal redistribuido y con gran corrupción, pero arroja un apreciable legado en infraestructuras viales, hospitalarias y escolares.

Sin embargo, no ha tenido éxito en reducir significativamente la pobreza, mejorar la calidad de la educación, de la salud o del transporte y seguridad vial, con fracaso en los servicios de electricidad, agua potable y seguridad ciudadana, mientras concentra el poder y debilita la institucionalidad democrática.

Grandes logros del PLD. El PLD ha gobernado el país en cuatro quintas partes de las dos décadas desde el final del Gobierno de Joaquín Balaguer en 1996, excepto el cuatrienio 2000-04, y su mayor éxito, reconocido por todos, ha sido la estabilidad económica, con crecimiento promedio de 6 por ciento del PIB, superior al regional.
Fue austero y mejoró la administración y la institucionalidad democrática en su primer período cuando no tenía mayoría congresual ni controlaba la justicia, pero involucionó esos logros desde el 2004.

Al cumplir 16 años de Gobierno el próximo 16 de agosto, incluyendo los últimos 12, a los peledeístas se les acredita un gran mejoramiento de la red de carreteras, elevados y túneles viales, con visible mejoramiento urbanístico, y muy especialmente la construcción y mejoramiento de unas 25 mil aulas, mérito de la lucha social y del presidente Danilo Medina, ya que su antecesor, Leonel Fernández, se negó sistemáticamente a cumplir la Ley de Educación de 1997 que dispone el 4 por ciento del PIB para el sector.

Hay avances en la inversión estatal en viviendas, con proyectos modelos como el de los 1,800 apartamentos de La Nueva Barquita y 560 de Boca de Cachón, en Jimaní, y en múltiples pequeños proyectos en toda la geografía nacional, pero muy lejos de cubrir el creciente déficit estimado entre 25 y 30 mil por año, cuando el Censo del 2010-12 lo estimó en un millón de viviendas, 45 por ciento por construir y la mayoría para mejorar. En el último cuatrienio se incentiva la construcción privada, como el proyecto de Ciudad Juan Bosch a punto de concluir las primeras mil, de 25 mil viviendas proyectadas, que se suman a cientos de torres de apartamentos en Santo Domingo y Santiago para sectores de altos ingresos, como efecto del crecimiento económico.

Mérito económico relativizado. El mérito del crecimiento y la estabilidad económica es relativo, pues ha descansado en enormes déficits fiscales que el experto José Rijo ha computado: 427 mil millones de pesos entre 2004 y 2012, y 372 mil en el período 2013-16, incluyendo 112 mil que proyecta para este año. Eso implica un total de 799 mil millones de pesos, en 12 años, 17 mil 755 millones de dólares, a una tasa de 45 pesos.

Los déficits de la gestión peledeísta han determinado un endeudamiento estatal consolidado que ya pasa de los 36 mil millones de dólares, 24 mil del Gobierno central, y que ha despertado la alerta del empresariado, sus centros analísticos como el CREES, y reiteradas advertencias de insostenibilidad por parte del Fondo Monetario Internacional, que en marzo la estimó en 48.5 por ciento del PIB, proyectándola al 49.5 para fin de este año.

El desmesurado incremento del gasto corriente, con la duplicación de la nómina pública en los últimos 12 años, la escasa austeridad y altos niveles de dispendio y corrupción, han sido relacionados con los déficits. José Rijo documenta que el gasto en 2016, que los subsidios pasaron de 52 mil a 156 mil millones de pesos, y los intereses de la deuda de 17 mil a 103 mil millones de pesos, todo en el mismo período.

Se acusa escasa inversión en promover la producción, la productividad y la competitividad, con estancamiento de las exportaciones y pérdidas en el intercambio con Estados Unidos y los países centroamericanos. El turismo y las remesas mantienen en pie la economía nacional.

Los servicios fundamentales. Se acredita al último Gobierno del PLD receptividad ante la demanda nacional de mayor inversión en educación, en principio demasiado concentrada en la construcción de aulas, pero solventando su grave déficit, y extendiendo la tanda educativa con alimentación a los estudiantes. Tomará su tiempo transformar la formación de los maestros y los currículos que empujan la calidad de una educación que se deterioró durante décadas.

La salud pública es otro grave déficit de los gobiernos peledeístas y ahí tampoco ha faltado inversión, igual en infraestructura física, con la exageración de haber emprendido al mismo tiempo la remodelación de unos 56 hospitales, sin suficientes recursos, por lo que la mayoría sigue en proceso, con precariedad de servicios y pérdidas de inversión después de hasta 6 y 7 años de iniciadas.

Las tasas de muertes maternas e infantiles, epidemias como el dengue, los alarmantes niveles de embarazos de adolescentes, y la baja proporción de inversión en salubridad dejan el país en los últimos escalones en las mediciones continentales.

El agua potable sigue sin llegar en tubería a la mitad de las viviendas, y una parte de los afortunados, no la reciben permanentemente. Mientras se ha permitido el deterioro de las cuencas de los ríos para subsidiar la industria pública y privada de la construcción.

La seguridad ciudadana sigue en picada, con dificultades para reformar a fondo los organismos de seguridad y las políticas preventivas de la delincuencia, y aunque la tasa de homicidios ha disminuido en los últimos años, la criminalidad general aumenta y la población demanda una mayor inversión y eficiencia para contenerla.

Grave des-institucionalización. Entre los peores resultados de la gestión peledeísta está el debilitamiento progresivo de la institucionalidad democrática, utilizando su control del Congreso, y con dos reformas constitucionales han afianzado un control total e instrumentalización de todos los organismos de la justicia, la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral.

La justicia, que en su primer período registró gran mejoría, ha sido partidarizada e inhabilitada para perseguir la corrupción, y el nuevo Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral utilizados para desarticulizar el sistema partidario, junto con el abuso de los recursos del poder, violentando o ignorando la propia Constitución y múltiples leyes, como las de control presupuestario, la de función pública, la de recapitalización del Banco Central, la de salarios públicos y las de transparencia. Y con repartos del Estado ha comprado lealtad o silencio en sectores empresariales, sindicales, sociales y comunicativos.

La posición que ocupa el país en las evaluaciones internacionales, como las de Transparencia Internacional y el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, justifican los recientes llamados del liderazgo empresarial y social para luchar por el rescate de la institucionalidad democrática.

Leyes de Partidos y Electoral en un solo y amplio consenso

Por Juan Bolívar Díaz
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Es improcedente que se pretenda priorizar la Ley de partidos, cuando ahora lo urgente es la Ley del Régimen Electoral que debe, entre otros aspectos, pautar la elección de los titulares de la Junta Central Electoral (JCE), ya que el período de los actuales vence el próximo 16 de agosto.

Como ambos proyectos conformarían una reforma del sistema político, deben ser consensuados al unísono y con la más amplia participación de los partidos políticos y las instituciones sociales interesadas, como ocurrió con la mayoría de las reformas político-sociales de las últimas décadas.

Una sola reforma política. Debe llamar la atención que sectores políticos pongan todo su énfasis en un nuevo consenso sobre el largamente manoseado proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, cuando lo prioritario ahora mismo es el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, que debe anteceder la renovación de la Junta Central Electoral, cuyos actuales titulares terminan su período el próximo 16 de agosto.

Como los dos proyectos se complementan, y para evitar redundancias y confusiones deberían ser objeto de un solo y amplio consenso que se extienda al reclamado pacto político por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que debe implicar también la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, también a partir del 16 de agosto, y posteriormente el inicio de la renovación de la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional.

Sorprende que se esté tratando de limitar la participación en el consenso sólo a los partidos con representación congresual, dejando fuera los demás y las entidades sociales interesadas en el desarrollo democrático institucional. Se ha informado que la mediación que realiza monseñor Agripino Núñez Collado es a título personal, que no involucra al Consejo Económico y Social, que tiene representación empresarial, sindical y social.

Esta restricción es otra regresión del sistema político que se abrió a la sociedad a partir del Diálogo Nacional convocado por el presidente Leonel Fernández en 1997, que pasó por la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado y por el Consejo Nacional de Reforma del Estado en el gobierno de Hipólito Mejía, y más recientemente por el CES y otras instancias para los pactos por la Educación y Eléctrico, para un conjunto de leyes, y hasta para la Constitución de la República del 2010.

Sólo voluntad política. No es verdad que la amplia participación dificultará la reforma del sistema electoral y partidista, pues consensos ha habido en varias ocasiones desde 1998, lo que ha faltado siempre es la voluntad política de ejecutarla, por parte de los partidos dominantes, especialmente la ley que regularía el partidarismo político.

Existen dos documentos que son puntos de partidas ya sistematizados y que en su momento recogieron consensos políticos y sociales, que son los proyectos de partidos y del régimen electoral sometidos al Congreso Nacional en el 2011 y reintroducidos después dos veces por la JCE.

Esos proyectos fueron elaborados por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, contratada por la JCE, que partió de los consensos alcanzados previamente sobre la Ley de Partidos, que incluyeron nuevas consultas con el sistema político y las entidades sociales interesadas. Con la ventaja adicional de que recogieron las experiencias de reformas políticas de los países latinoamericanos, que en las últimas décadas avanzaron considerablemente en regulaciones, dejando atrás a la República Dominicana.

De esos dos proyectos, el que requiere más consulta es el del Régimen Electoral, que ha sido menos discutido. El de partidos ha sido presentado en unas ocho legislaturas con diversas variantes, y no fue aprobado cuando el Partido Revolucionario Dominicano tuvo mayoría, entre 1998 y 2006, ni el Partido de la Liberación Dominicana en la última década.

La Ley de Partidos. El objetivo de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas es regular la democracia interna para garantizar los derechos de sus miembros y el cumplimiento de su misión como se enuncia en el artículo 216 de la Constitución, el cual especifica que “Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y la transparencia de conformidad con la ley”.

Ese artículo indica que “Sus fines esenciales son: “1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; 3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”.

La ley deberá disponer mecanismos específicos para que los partidos alcancen sus fines, para el respeto de la democracia interna en la elección de dirigentes y candidatos, para promover el relevo de dirigentes y la participación de las mujeres y los jóvenes, Igual para regular límites y transparencia del financiamiento de los partidos y los candidatos, a fin de reducir el encarecimiento de la política que cuesta a la sociedad y otorga ventajas a los adinerados sin importar el origen de las fortunas que se gastan en la política. Aquí también es fundamental un fuerte régimen de sanciones a los delitos electorales.

Una gran coalición social. Evidenciado hasta la saciedad que los partidos que controlan el poder evaden reformas que disminuyan sus ventajas, las posibilidades del rescate y fortalecimiento de la institucionalidad democrática, dependen fundamentalmente de la capacidad de presión que desarrollen las instituciones de la sociedad civil, tal y como se advierte en los recientes planteamientos del empresariado, y de las entidades más comprometidas con las reformas político-sociales.

La participación de las iglesias, del movimiento sindical y social comunitario es también básica para forzar la voluntad política que requieren las reformas, que comenzando por la institucionalidad democrática y la justicia, se extiendan a los pactos eléctrico y fiscal.
Una gran coalición de todos los sectores sociales, que como en las dos décadas anteriores permitieron avances en el arbitraje electoral y en la fortaleza de la justicia y forzaron el cumplimiento de la ley del 4 por ciento del PIB para la educación, es imprescindible en las actuales circunstancias.

Ya está en marcha la constitución de un “Pacto Nacional por la Justicia y la Seguridad y se promueve una “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática”, esfuerzos que deben converger en una sola y gran coalición, ya que la justicia y la seguridad ciudadana son partes fundamentales de la institucionalidad democrática. Mientras más unidad, más capacidad de presión.-

Ley del Régimen Electoral
El objetivo fundamental de la Ley del Régimen Electoral, que por ser orgánica su aprobación requiere dos tercios de los votos de cada cámara legislativa, es dar vigencia al conjunto de principios del Estado Social y Democrático de Derecho, instituido en el artículo 7 de la Constitución del 2010, y especialmente su artículo 212, que se refiere a las facultades y responsabilidades de la JCE, como órgano regulador de las elecciones nacionales.

El párrafo IV de ese artículo es bien específico al plantear que “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la ejecución del financiamiento. En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Justamente esos fueron los principales reclamos que afectaron el reciente proceso electoral, que motivaron reacciones y objeciones de los partidos de oposición, y figuran en las recomendaciones de los informes de Observación Electoral de la OEA y Participación Ciudadana, y en las demandas para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, la Finjus, Centro Bonó y otra muchas instituciones sociales.

La Ley Electoral deberá especificar las condiciones para garantizar la independencia de los titulares de la JCE, el derecho a elegir senadores y diputados, así como alcaldes y regidores distintos en boletas separadas, y limitar el uso del poder estatal en las campañas, con un régimen de sanciones que disuada los delitos electorales.

Un Pacto Político Social para un real Pacto Fiscal

Por Juan Bolívar Díaz
Dibujo

La experiencia del 2012 cuando este Gobierno impuso una simple reforma tributaria, en vez del Pacto Fiscal a que se comprometió en principio, debería ser suficiente para que los sectores empresariales, sociales y políticos comprendieran la necesidad de una firme compactación que equilibre el poder absoluto y rescate la institucionalidad democrática.

El liderazgo del empresariado organizado, economistas e importantes sectores sociales han planteado con mucha claridad los alcances del Pacto Fiscal que se impone, pero hay dudas de que comprendan que solo pueden salir adelante con un gran concierto que implique las energías que en años pasados impulsaron importantes avances institucionales.
Correctivos ineludibles

El Gobierno, el empresariado, las élites sociales, los economistas y el liderazgo social saben que, como han advertido organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la economía nacional va por el camino de la insostenibilidad, que se aproxima al límite de los déficits fiscales cubiertos con enorme endeudamiento y que hay que corregir el rumbo en búsqueda de un crecimiento más sano y un equilibro social que garantice productividad, fortalecimiento institucional y seguridad general.

Todos saben también que una vez más el interés electoral disparó el déficit fiscal, proyectándose que superará los 75 mil millones de pesos presupuestados para el año, tanto que el empresarial Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles lo estima al doble, unos 150 mil millones de pesos, que obligaría a buscar financiamiento adicional de por lo menos 1,500 millones de dólares.

El apremio llevó al ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a pedir concentración en el pregonado Pacto Fiscal, y a la directora de Proindustria, Alexandra Izquierdo, a sugerir una reforma tributaria “transitoria”, consciente de que para que sea fiscal integral se requerirá mucho tiempo de transacciones.

Con un ingreso fiscal que quedará en unos 15 mil millones de pesos menos de lo presupuestado, el Gobierno está urgido de una reforma que le permita elaborar un presupuesto realista para el 2017, afrontando problemas de financiamiento para proyectos fundamentales como las plantas de carbón, en las que desde hace cuatro años cifra sus expectativas de afrontar la crisis energética, y de recursos para emprender programas integrales que mitiguen la abrumadora inseguridad ciudadana.

Reclamado Pacto Fiscal. Como ahora hace cuatro años, al inicio de este Gobierno se expresaba un consenso sobre la necesidad del Pacto Fiscal, pero ante las primeras dificultades y también apremiado por un enorme déficit, el Gobierno optó por el camino tradicional, con la complicidad del liderazgo empresarial, marginando a los sectores sociales representados en el Consejo Económico y Social e ignorando a la oposición política que acababa de obtener 49 por ciento de los votos.

Las principales organizaciones empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, Asociación de Industriales de Herrera, la de Jóvenes Empresarios y múltiples sectoriales y regionales, han reformulado sus reclamos del Pacto Fiscal en términos contundentes, rechazando la prisa e incluso condicionándolo a la previa aprobación del Pacto Eléctrico que se discute hace dos años.

El CONEP lo fundamenta en racionalizar el gasto público, la Ley de Responsabilidad Fiscal, y reorientación del sistema tributario para la promoción de la producción y la exportación.

Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, dijo a HOY esta semana que realizan esfuerzos por unificar posiciones del sector empresarial, como hicieron para el Pacto Eléctrico, pero al mismo tiempo expresó temor de que los empresarios “busquen su acomodo de manera particular”, por lo que llamó al consenso para evitar que el Gobierno imponga otra reforma o simple parche tributario.

La fortaleza Institucional. Bien concretos y abarcadores han sido los dirigentes de la Asociación de Industrias, al reclamar límite a los déficits fiscales y desactivación de la “bomba del endeudamiento”, reconociendo la necesidad de reducir la evasión fiscal. Su presidente, Campos de Moya, ha señalado iniciativas para el desarrollo institucional y la competitividad, incluyendo la transparencia y cumplimiento de compromisos constitucionales fundamentales para la institucionalidad democrática de la nación, recordando que en agosto hay que renovar la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas.

Al respecto, el 9 de junio Campos de Moya precisó cinco iniciativas: leyes de Partidos y Electoral que iguale el terreno para todos; una Ley Tributaria y Fiscal que rompa las distorsiones que ponen a unos a pagar más y a otros menos, que incluya el control del gasto público y definición del tamaño del Estado; Ley de Pleno Empleo que ayude a regularizar a los informales y garantice seguridad social y pensiones para todos; la despolitización de los órganos estatales, incluyendo la judicatura y la Policía; y prioridades en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Economistas como Alfonso Abreu, Germania Montás, Nelson Suárez y Ernesto Selman, coincidieron esta semana en HOY en defender el Pacto Fiscal, que eleve equitativamente las contribuciones, pero con control del gasto, eliminación de los déficits y limitación del endeudamiento, que ya ronda 24 mil millones de dólares en el Gobierno central, más unos 11 mil millones de dólares del Banco Central, 8 veces la del año 2000.

Concierto político-social. Ningún Gobierno cede parte de su poder a menos que se vea obligado, y menos cuando lo acaba de multiplicar como ocurrió en las elecciones de mayo pasado. El partido gobernante ha demostrado gran capacidad para imponerse hasta por encima de su propio ordenamiento constitucional y legal, o evadiendo las legislaciones fundamentales para la institucionalidad democrática.

Eso incluye múltiples planteamientos constitucionales y casi una veintena de leyes aprobadas en el período 2000-12 para el control financiero y la transparencia de la gestión pública.

Solo una fuerte concertación social, como la que se orquestó para hacer cumplir la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la educación, para sancionar los fraudes bancarios, y en los noventa para mejorar el sistema electoral y la justicia, podría lograr una reforma fiscal que contenga el despilfarro, la malversación y la corrupción pública y que ponga límites al uso clientelar del presupuesto, con el cumplimiento de las normativas.

Los senadores acaban de apropiarse el 10 por ciento del presupuesto del Congreso para aumentar la cobertura de su propio y privilegiado plan de pensiones.

La oposición política está también desafiada a reclamar el valor del 38 por ciento de la votación que obtuvo contra todo el Estado en mayo pasado, condicionando el reconocimiento de la legitimidad del Gobierno a que se abstenga al Estado social y democrático de derecho, con las urgentes reformas políticas, institucionales y fiscales, y que proscriba el partidarismo en los organismos estatales.

El Partido Revolucionario Moderno debe reactualizar su planteamiento de la campaña electoral de revisión de unas 7 mil cuentas estatales para ahorrar hasta 70 mil millones de pesos anuales.

Notable retroceso democrático y colapso de la automatización

Por Juan Bolívar Díaz
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Las elecciones generales del pasado domingo culminaron un proceso de retroceso de la institucionalidad democrática, con la reelección no sólo del presidente Danilo Medina, sino de gran parte de los legisladores y alcaldes municipales, en base al poder del Estado y un desenfrenado derroche de dinero y ayudados por una oposición ineficaz y dispersa.

El colapso de una costosa automatización impuesta contra toda racionalidad por el autoritarismo unipersonal de un arbitraje partidarizado, anarquizó el escrutinio inconcluso al cumplirse la semana el escrutinio y constituyó un salto hacia atrás, reconocido por los organismos de observación electoral nacionales e internacionales.

Reelección casi total. No fue sólo el presidente Danilo Medina quien logró la reelección en los comicios del 15 de mayo, sino 28 de los 32 senadores y gran parte de los diputados oficialistas y del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) fruto de acuerdos de las cúpulas partidarias, que en gran proporción constituyeron negación de la democracia interna.

Resalta la victoria de Medina, con un histórico 62% del sufragio, aunque superado por el 69% de los votos de la provincia San Juan, que reeligieron al senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Félix Bautista, un símbolo de la corrupción a quien el Ministerio Público del mismo gobierno le imputó un manejo fraudulento de 26 mil millones de pesos, que tras el pacto reeleccionista resignó. Muestra de que el dinero repartido, los cargos y el poder castran la democracia nacional.

Asimismo, alcanzaron mayor proporción que el mandatario los candidatos a la reelección como senadores de Independencia, también con 69%, Santo Domingo 67, Hermanas Mirabal 66, y Bahoruco con 63 %. Esas provincias tienen en común que son de las más pobres del país, donde pesa más el 23% de los electores que están en las nóminas de empleados y subsidiados directos del Estado.

Quedó de relieve el peso del dinero en elecciones sin límites al gasto ni a su origen, desde la precampaña cuando candidatos a legisladores y alcaldes derrocharon decenas de millones de pesos, hasta la jornada de votación con significativa compra de votos. Resalta que las mayores victorias de la oposición la lograron candidatos de grandes fortunas, como los senadores electos José Hazim en San Pedro, Pedro Alegría en Ocoa y Santiago Zorrilla, en El Seibo, o de apoyo empresarial como David Collado para la alcaldía capitalina, y en menor medida José Ignacio Paliza, ganador de la senaduría de Puerto Plata.

El gran poder de Danilo. Ese 62% de los votos de Danilo Medina, que le anticiparon las encuestas, tiene un componente de méritos personales que no se le debe regatear, pero también del abuso del poder estatal en múltiples dimensiones que ha caracterizado históricamente el continuismo dominicano, documentado ampliamente por cinco informes de la observación de Participación Ciudadana (PC), elevado déficit fiscal, gasto de 11 millones de pesos diarios en publicidad gubernamental, 71% de la publicidad política con 923 millones de pesos en dos meses, y tres cuartas partes de los altos funcionarios al frente de su campaña.

A eso hay que agregar ingredientes tan importantes como una amplia red nacional de comunicadores pagados en la nómina pública y con publicidad estatal, el control de la organización y el tribunal electoral que fueron, junto al poder económico del Estado, factores fundamentales para el desguañangue del mayor y más antiguo partido del país, el PRD, que acaba de recibir su certificado de insignificancia al obtener 5% de los votos, cuatro años después que su candidato presidencial alcanzara 47%.

Ilusos fueron los siete candidatos de oposición que pretendieron enfrentar sin la menor concertación el inmenso poder del Estado y el acumulado por el peledeismo gobernante, sobre todo seis de ellos que apenas invirtieron el 2% de la publicidad en televisión, radio y prensa, para terminar con el 3% del sufragio. Mejor parado quedó el PRM, el reciclaje de la mayoría del perredeísmo, que en año y medio polarizó con el PLD con una candidatura presidencial que logró 35% del voto.

El conteo fue manual. En la Junta Electoral del DN se alcanzó a recibir electrónicamente el 50% del escrutinio, como lo reconoció su presidente Santiago Sosa. Muchos colegios llevaron el escrutinio hasta el amanecer y no se sabe cuántos entregaron las urnas a las juntas municipales, en muchas todavía ayer sábado seguían contando los votos. La noche del martes sólo en las pequeñas provincias Independencia y Dajabón habían concluido.

En juntas municipales los programas de conteo han fallado con múltiples incongruencias en resultados de las boletas congresuales y municipales, que dispararon la alarma de cientos de candidatos de la oposición. Ejemplos: En la boleta C del cuarto boletín de La Vega el PRM acumulaba 16,150 votos, pero se redujeron a 15 mil 933 en el boletín siguiente. Al País acumulaba 2,250 votos en la boleta B de Santo Domingo Este para el cuarto boletín con 474 colegios computados, pero disminuyeron a 1,992 en el octavo con 912 colegios. El Boletín provisional 51 de Santo Domingo Este consigna 50,918 votos válidos, pero la distribución por partido totaliza abajo 53,063, y 104.21%.

PC el lunes y la misión de la OEA el martes hicieron público el descalabro electrónico y coincidieron en que el conteo manual salvó el escrutinio. El jueves se conocería el informe de la Unión Interamericana de Organismos electorales, que hasta hace poco presidió Roberto Rosario, el cual, tras describir los múltiples problemas desde el inicio, en su punto 11 resume el colapso: “Algunas mesas operaban sin apoyo tecnológico, en otros se habilitaron las máquinas para la identificación de los ciudadanos y en algunos otros se pudo instalar los tres equipos. Esto se mantuvo a lo largo de toda la jornada electoral, y obviamente se trasladó al escrutinio”. Cierto que faltó personal auxiliar, aunque tres titulares de la JCE desconocen si fueron 3 mil, pero también el informe de PC dice que en el 21% de los colegios donde sí había técnicos, no pudieron con los equipos.

La abstención y nulidad. Con el 92.89% del cómputo presidencial (boletín 9) se proyecta una concurrencia a las urnas de 4 millones 734 mil 145, que equivale a una abstención del 30%, casi igual al 2012 y en ese nivel los votos nulos sumaban 99 mil 137, proyectándose a 106 mil 728, más del triple que los 30 mil de hace 4 años, lo que implica otro retroceso. La nulidad es más fuerte en la boleta congresual, tomando el caso del Distrito Nacional que ya acumulaba 19 mil 66, que a nivel nacional alcanzaría a 178 mil 653, un elevado 3.8%, sujeto a revisión.

Cuando logren concluir el escrutinio de estas elecciones, el balance será de un afianzamiento del monopolio del poder por el PLD, que habrá perdido tres de las 31 senadurías que tenía, pero ahora con más de 100 diputados y alcaldes, absorbiendo gran parte de los que los que habían quedado en el PRD, reducido casi a la nada. Alianza País tendría un alcalde y un diputado nacional, lo mismo que el PQDC. El PRM y aliados terminarían con tres senadores y unos 60 diputados. De los candidatos presidenciales, después de Medina y Abinader, sólo Guillermo Moreno rebasa el 1%, también constante histórica.

Los cuatro muertos y varios heridos en la jornada electoral, en Santo Domingo, Yamasá y Monción, y un quinto el martes en Bonao, constituyen también un penoso retroceso de este proceso electoral que cobró otras tres vidas en la campaña interna.-

El colapso tecnológico
Aunque se advirtió a tiempo que el salto a la automatización electoral necesitaba pruebas previas suficientes, auditoría a fondo de los equipos y mayor preparación del personal, y algún conteo manual por muestreo para inducir confianza, no se podía esperar el colapso que sufrió, documentado por la observación electoral de Participación Ciudadana (PC), en una muestra científica de 1023 colegios, y luego por las misiones de la OEA y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales.

Desde las primeras horas, con un retraso de por lo menos dos horas promedio en el inicio de la votación, se dio la voz de alerta. Al mediodía la red de PC reveló que el 29% de los colegios no recibieron el equipo de identificación de los electores y el 27% tampoco los del escaner y la transmisión, y en el 60% hubo anomalías con los equipos, como de conectividad, electricidad o se dañaron. Aunque el presidente de la JCE anunció a las 7.00 de la noche el inicio de la transmisión directa del resultado de los colegios, a las 10 sólo habían podido hacerlo el 19 por ciento, y a las 12, cuando fue descontinuado, el 27 por ciento. Esos datos no llegaron directamente esa noche ni a los partidos ni a los medios, como también anunció Roberto Rosario.

El colapso tecnológico se generalizó. Un cuadro en la pantalla electrónica y televisiva de la JCE llegó a atribuir los senadores, diputados y regidores con apenas unos cuantos colegios contados, bajo el título de “cargos ganados al momento”. A la medianoche, se resignaron a que todo el escrutinio continuara manual y se ofreció el primer boletín de resultados consolidados, pero hasta el medio día del lunes fue que pudieron comenzar a colocarlos en la página de internet de la JCE.

Proceso con graves retrocesos institucionales y democráticos

Por Juan Bolívar Díaz
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La resistencia del partido dominante a aprobar las leyes de partidos y del régimen electoral, que persiguen regulaciones democráticas, desconociendo consensos y compromisos, es una de las mayores falencias del proceso, auspiciando un virtual desmantelamiento del viejo sistema de partidos.

Paquete de 4,106 cargos. La escogencia en la misma jornada este 15 de mayo de los 4,106 cargos electivos del Estado es una regresión de la reforma política aprobada tras la crisis poselectoral de 1994, que incluyó la no reelección también abrogada, después de años de consensos sobre la base de que el presidencialismo arrastra los candidatos legislativos y municipales, y deteriora la independencia de los poderes.

El pretexto para reunificar las elecciones con la Constitución del 2010, fue que con elecciones cada dos años, el país vivía siempre en campaña, lo que no cambió puesto que la promoción de candidaturas se inició tan pronto culminaron los comicios presidenciales del 2012, con un gasto sin precedente que se paga con el dinero público.

Hay testimonios de que candidatos a diputados, los que tienen que buscarse su propio apoyo por la vigencia del voto preferencial, han gastado sumas que llegan a los cincuenta millones de pesos, encareciendo el costo de la política, determinando el predominio de los que reúnen más dinero, sin importar su origen, y dejando fuera de competencia a los más honrados o provenientes de segmentos sociales desposeídos. Al haberse suprimido las elecciones primarias en el PLD a muchos hubo que devolverles lo gastado, en especies como cargos, y contratos de compras y obras. .

La “maldita reelección” . Como casi todos los que han alcanzado estabilizarse en la presidencia de la República en toda su historia, el presidente Danilo Medina sucumbió a la tentación de buscar la “maldita reelección”, que como él recitaba antes de su elección, deteriora la institucionalidad democrática y subordina el interés nacional al continuismo.

Esta vez, como tantas otras, hubo que modificar la Constitución para posibilitar la repostulación, y a diferencia de las anteriores, ahora no se “conquistaron” legisladores a título personal, sino por bloques enteros, desde luego con los recursos del Estado y en un mercado público, denunciado hasta ante un ministerio público que no quiso investigarlo.

Otro agravante fue que esta vez se pactó para archivar graves expedientes de corrupción, como el del senador Félix Bautista, y para garantizar la repostulación de todos los senadores y diputados del partido gobernante, y la prolongación de los dirigentes, dando una patada mortal a la democracia interna, a los estatutos, la ley electoral y los principios constitucionales.

Fue relevante que el bloque de diputados reformistas también apoyara la reforma constitucional que posibilita la repostulación de Medina, para luego terminar enfrentándola al pactar con la mayor fuerza emergente de oposición, el Partido Revolucionario Moderno /PRM) salido del desguañangue del PRD.

Nadie podía esperarlo. Debe ser inédito que un partido que obtuviera el 47 por ciento en unas elecciones, como ocurrió con el Revolucionario Dominicano (PRD) en el 2012, terminara a los cuatro años a la cola del vencedor, en un oscuro pacto que apenas materializa una embajada y la dirección de un ente de cuarto nivel, el IDECOOP, en base a promesas de cargos y sin garantizarle ni una alcaldía importante.

La joya política de este período fue la culminación del desmantelamiento del viejo sistema de partidos con el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) venía compitiendo, para garantizarse un largo predominio. Con el reparto de parcelas estatales, contratos y empleos públicos segmentaron primero el Partido Reformista Social Cristiano sin el que no hubiesen alcanzado el poder en 1996, ni lo hubiesen retenido en el 2012, y conformaron una coalición de una docena de pequeñas agrupaciones políticas.

En los comicios presidenciales del 2012, el PRD consiguió 200 mil votos más que el PLD, 42 a 38 por ciento. Los aliados de los peledeístas le aportaron 13 por ciento, 6 de ellos los reformistas, con un desbordamiento del Estado que incluyó un exceso fiscal de 159 mil millones de pesos, sólo en el gobierno central.

De ahí salió la estrategia de desmantelar al PRD, apoyada en el deterioro de sus organismos como consecuencia del abandono de los procedimientos democráticos, y aprovecharon las debilidades de su presidente Miguel Vargas Maldonado, quien con una minoría se negó a apoyar la candidatura de su partido, sembrando una división que resultaría irreversible. Para ello contó con múltiples favores gubernamentales, incluyendo contratos opacos, y sobre todo el apoyo del Tribunal Superior Electoral integrado por jueces dirigentes del PLD y del mismo grupo de Vargas, que fallaron sistemáticamente para favorecer a la minoría hasta cuando esta impidió a tiros la participación de la mayoría en procesos internos.

Una oposición fragmentada. La manifiesta incapacidad de los opositores para concertar reclamos de equidad y pactar siquiera en niveles locales, con siete candidaturas, redujo las posibilidades de crear una sinergia de “todos contra el monstruo”, aunque el PRM ha logrado en poco más de un año de constituido convertirse en la principal alternativa, beneficiándose en las últimas semanas de la tradicional tendencia a la bipolarización.

Los analistas no advierten posibilidad de que el PRM pueda superar la ventajas que ha registrado la candidatura reeleccionista en las encuestas. De todas formas gastarán todas sus energías en la última semana de campaña, contando con una reacción del electorado al enfrentarse a las urnas, como ocurrió en los últimos dos años en Costa Rica y Panamá, donde ganaron los que aparecían en tercer lugar en las encuestas.

Entre los imponderables están la posibilidad de que la parte del PLD aplastada por el proyecto reeleccionista, encabezada por su anterior líder Leonel Fernández, diversifique sus votos temiendo que una victoria muy amplia del presidente Medina y su grupo, suponga su muerte política definitiva. En muchas provincias y municipios las divisiones internas del PLD podrían generar resultados imprevisibles.-

Hemos ayudado a Danilo

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Llegó como una tromba cuando ya se agotaban las preguntas tras una exposición sobre las perspectivas para las elecciones de mayo 15, y con furor y en el más elevado tono de voz impugnó a la parroquia por haber invitado a un político parcializado, sin méritos para dirigirse a la comunidad católica de Villa Duarte.

Confieso que me impresionó el enojo con que hablaba aquel joven que se identificó como profesor. El párroco y los laicos que habían organizado la charla lo dejaron desahogarse, hasta que empezaron a hacerle señas de que terminara y tras agotar su rosario de descalificaciones se marchó con el mismo furor con que había llegado hasta el podio.

Los organizadores se extendieron en reconocimientos al periodista y charlista, apenados por el incidente y le obsequiaron la Agenda Latinoamericana, que desde hace 25 años editan los teólogos liberacionistas y defensores de derechos humanos José María Vigil y Pedro Casaldáliga, el obispo emérito de Sao Félix de Araguaia en Matto Groso, Brasil.

Me reconfortó el regalo, más todo cuando al salir del templo leí el mensaje de los editores: “85 personas tienen una riqueza equivalente al patrimonio de la mitad pobre de la humanidad. Y el 1% más rico de la población, en este año 2016, va a superar su propio récord patrimonial traspasando la barrera psicológica del 50% de la riqueza del mundo (y continúa creciendo). ¿A qué porcentaje de la tarta habrá de reducirnos la riqueza extrema para que despertemos y decidamos poner fin a esta situación indigna de la humanidad?

No me correspondía otra cosa que lamentar el enojo del profesor peledeísta y restarle importancia, señalando que nunca espero unanimidad, que la pluralidad y la diversidad son esencia de la libertad y de la democracia, y que todos deberíamos soportar criterios divergentes, sobre todo si se expresan sin faltarle el respeto y la consideración a los demás.
Aparte de la descalificación, el inquisidor se refirió a los grandes logros del gobierno del presidente Danilo Medina, especialmente a la inversión en educación, ya habíamos reconocido. Hice conciencia de cuánto habíamos contribuido los periodistas y activistas sociales, opositores, críticos y exigentes al mayor logro del cuarto gobierno del PLD.

Durante años reclamamos el cumplimiento de la ley general de educación promulgada en 1997 que destina el 4 por ciento del PIB a la educación. Pasaron tres gobiernos del PLD y uno del PRD, sin que se alcanzara la meta. Cargamos los paraguas amarillos por parques y calles, los abrimos en nuestros programas televisivos, escribimos cientos de artículos y en el 2012 hicimos que los candidatos presidenciales firmaran un compromiso de cumplir la ley.

Reconocemos que el presidente Medina está honrando ese compromiso, aunque la inversión se ha concentrado demasiado en edificaciones, y poco en otros elementos esenciales para la calidad de la educación. Y sentimos satisfacción de haber contribuido al mayor galardón que exhibe su gobierno.

Y no es la única contribución, los críticos rechazamos aquel decreto de Medina que reconocía los títulos usurpados de Bahía de las Águilas, y logramos que el mandatario lo rectificara. En su informe del pasado 27 de febrero lo celebró como gran logro. La pasada semana inauguraron la carretera Ocoa-Piedra Blanca, que une las regiones norte y sur del país, que los críticos promovimos cuando los fieles defendían una vía directa entre Santiago y San Juan, por el medio de la cordillera Central, que rompería tres parques nacionales, con altísimo costo ecológico y económico, y que tomaría años para inaugurar.

Algo similar ocurrió cuando el presidente Medina buscaba un paliativo al problema, de graves repercusiones internacionales, creado por la sentencia que dejó sin nacionalidad a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana. Contra una enorme confabulación que incluyó a gran parte de su partido y acólitos mediáticos, los críticos y defensores de derechos humanos ayudamos al presidente a desligarse de esa ignominia con la ley 169-14.

Es una pena que el presidente no se dejara ayudar en otras cosas, como por ejemplo en las reformas políticas, en el cumplimiento de las leyes, en el combate real a la corrupción y la inseguridad o en no haber comprado el Congreso para buscar la reelección.

Es realmente preocupante el terreno que ha ganado la intolerancia y los afanes concentradores en los ámbitos del partido gobernante. Tanto que se irritan y quieren acallar las cada vez menos voces disidentes.

Abusos fiscales en campañas y desguañangue institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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Cuatro expertos, participantes en un foro organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), coincidieron en que en las dos últimas elecciones, bajo gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, se ha desbordado el gasto fiscal, con un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

Datos ofrecidos por el experto en asuntos fiscales José Rijo y por la Comisión Económica del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indican un incremento del déficit fiscal en la actual coyuntura electoral, aunque en menor medida que en la anterior, cuando el desbordamiento prosiguió aún en el período de transición al nuevo Gobierno.

Del mito a la realidad. En la exposición fundamental de un foro organizado por el área de Negocios del INTEC el martes 12 sobre el gasto público en períodos electorales, el economista Pavel Isa Contreras sostuvo que es un mito el planteamiento de que siempre en los años de elecciones el gasto del Gobierno, corriente o de capital, se desborda generando desbalances fiscales, pero que sí fue una realidad en el 2008 y 2012.

Al analizar el gasto público en los últimos 25 años, con seis elecciones presidenciales, Pavel Isa concluyó que “el gasto público y el déficit fiscal se desbordan solo en las últimas dos”, con la particularidad de que en el 2008 el exceso fue fundamentalmente del gasto corriente, y en el 2012 del gasto de capital. En el primer caso el presidente Leonel Fernández buscaba la reelección, y en el segundo la continuidad de su partido en el poder con Danilo Medina de candidato presidencial.

En el 2012, cuando se alcanzó un déficit fiscal histórico en virtud de que el Gobierno central gastó más de 155 mil millones de pesos sobre lo presupuestado, una proporción significativa ocurrió aún después de las elecciones, lo que pareció obedecer al interés del presidente Fernández de concluir y avanzar obras buscando rentabilidad política para abonar una vuelta al poder en el 2016, frustrada por el predominio del proyecto reeleccionista del presidente Medina.

Isa contreras documentó que en los años electorales el gasto gubernamental crece significativamente entre enero y abril y decae de mayo a noviembre, mientras en años no electorales el gasto es menor en los primeros meses y mayor en la segunda mitad.

Desguañangue institucional. Los cuatro expositores coincidieron en que en los dos últimos procesos electorales no solo hubo muy alto déficit fiscal, sino también un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

De diversa forma lo expusieron Pavel Isa, José Rijo, experto en asuntos fiscales, el también economista Ernesto Selman, director del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y el sociólogo Carlos Pimentel, del área de Transparencia del movimiento Participación Ciudadana.

El consenso fue absoluto en que los organismos de control no funcionan, generando impunidad, con un Congreso que no cumple su función de fiscalización, deficiencias de la Cámara de Cuentas, politización de órganos judiciales, ignorancia del paquete de leyes de control presupuestario, transparencia y rendición de cuentas, “con prevalencia de una cultura política que obstruye el funcionamiento de las instituciones democráticas”, según Pimentel.

Selman señaló la responsabilidad de las élites empresariales y sociales, empeñadas en la búsqueda de beneficios particulares, denunció las políticas populistas y clientelares, sostuvo que entre 2007 y 2008, durante el último proceso reeleccionista, concedieron la mayor cantidad de exoneraciones impositivas vigentes, y concluyó demandando un pacto ético.

Mientras Pimentel denunció la existencia de un “Estado capturado” por la coalición de intereses económicos y políticos, con gobiernos que ignoran todo un conjunto de normativas presupuestales, de transparencia y controles en los que la sociedad dominicana se empeñó durante las últimas dos décadas.

También en el actual proceso. José Rijo convino en que la mayor crisis es institucional, con el secuestro del Congreso, la justicia y los mecanismos de control por parte del Poder Ejecutivo, sosteniendo que en la actual coyuntura electoral se está produciendo otro desbordamiento del gasto en aras del proyecto continuista, resaltando que en el primer trimestre hay un déficit fiscal de 29.5 mil millones de pesos, muy superior al de 4 millones registrado en el mismo período del año pasado.

Al comparar el comportamiento del gasto en el primer trimestre del 2016 con el mismo período del 2015, el experto en asuntos fiscales sostuvo que se está disparando tanto el gasto corriente como el de capital Y ejemplificó: en obras para edificación no residencial el gasto creció de 4,351 millones a 7,392 millones de pesos. En infraestructura terrestre y obras anexas pasó de 1,943 millones a 7,290 millones de pesos.

En nominillas y personal transitorio, el Ministerio de Obras Públicas pasó de un gasto de 196 a 329 millones de pesos, la Presidencia de la República de 139 a 221 millones de pesos, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 60 a 188 millones de pesos.

Rijo ofreció abundantes datos para resaltar el crecimiento en el primer trimestre de este año del gasto gubernamental en publicidad y propaganda, en pasajes, viáticos y gastos de representación, renglones que vincula a la campaña electoral.

Otro foro de denuncias. Otro foro académico, celebrado el jueves con auspicios de la Fundación Ebert sobre “Las altas cortes y la crisis del sistema de justicia”, concluyó también denunciando la quiebra institucional de la nación.

Aquí los expositores centrales fueron el destacado jurista y dirigente social Francisco Alvarez Valdez y el vicepresidente ejecutivo de la influyente Fundación Institucionalidad y Justicia, también reconocido jurista Servio Tulio Castaños Guzmán.

Alvarez Valdez trazó el proceso de ascenso del sector justicia a partir de la reforma constitucional derivada de la crisis política de 1994, hasta el retroceso con la politización y subordinación de los órganos judiciales, especialmente tras la Constitución del 2010 y la captura del Consejo Nacional de la Magistratura por el Poder Ejecutivo.

Castaños Guzmán convino en que todo el sistema de justicia está en crisis, resaltando los bajos niveles de aceptación que le marcan las encuestas.

Se remitió al último índice de competitividad del Foro Económico Mundial que coloca la independencia del Poder Judicial dominicano en la posición 124 entre 140 naciones evaluadas.

Resaltó el descrédito de la Policía Nacional, con alta proporción de miembros involucrados en crímenes.