El difícil trance del Pacto Fiscal

Por Juan Bolívar Díaz

El equipo económico del Gobierno se vio precisado a suspender el inicio del proceso de consultas para el prometido Pacto Fiscal presionado por la precariedad financiera, con el país medio apagado y a la espera de consultas con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que vendría esta semana.

Mientras tanto los sectores empresarial, sindical y social avanzaron acordando nueve “Principios Orientadores” con énfasis en la integralidad y equidad, calidad del gasto para el desarrollo humano y productivo, promoción de la competitividad y en la transparencia y la reducción del despilfarro y la malversación.

Disyuntiva del Gobierno.  La suspensión del encuentro con que el presidente Danilo Medina se proponía iniciar las consultas para su Pacto Fiscal en el marco del Consejo Económico Social (CES) constituyó una verdadera sorpresa. Cogió desprevenido hasta al presidente del organismo, Monseñor Agripino Núñez Collado, a quien no se le pudo comunicar directamente antes de hacerla pública la noche del martes 28, a menos de dos días de la reunión acordada la semana anterior.

El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, fundamentó el aplazamiento “en que se le permita al Gobierno concluir la evaluación de los diferentes escenarios que estamos analizando sobre la situación fiscal, pero con especial atención a lo que tiene que ver con la reducción del gasto público a lo que este Gobierno le está poniendo la mayor de las atenciones”.

Otro motivo aducido fue que es importante consultar con el FMI, dada la decisión del presidente Danilo Medina de negociar un nuevo acuerdo con este organismo, para lo cual el Gobierno estaría esperando una misión que vendría al país esta semana.

En realidad el Gobierno estaba en la disyuntiva de iniciar un proceso de concertación que se anticipa difícil por las condiciones que adelantan tanto el FMI como los diversos sectores sociales, o primero concentrar su atención en terminar de evaluar la situación fiscal heredada para atender urgencias como amortiguar la deuda de mil millones de dólares con los generadores eléctricos que ya estaban reduciendo la oferta con el consiguiente incremento de los apagones.

La prioridad fue la reunión del presidente Medina el miércoles con  los generadores eléctricos y la decisión de colocar bonos por 500 millones de dólares en el mercado financiero nacional para pagar la mitad de la deuda. No se ha explicado por qué esos bonos, aprobados a la carrera por el Congreso Nacional mes y medio antes, no habían sido ofertados.

Los impuestos dividen.  Esta semana durante el almuerzo con el Grupo de Comunicaciones Corripio, los tres sectores que integran el CES dejaron clara su estrategia de negociación del Pacto Fiscal: primero tenemos que establecer la reducción del gasto y de la malversación, después que nos digan la  calidad, en qué se va a gastar, y solo entonces podremos discutir dónde elevar las contribuciones.

El sacerdote jesuita y sociólogo Mario Serrano y el economista Roque Féliz, del Centro Bonó y del “Sector Social” tienen claro que los impuestos dividen el bloque de la sociedad civil, porque no son los mismos los intereses que ellos defienden, a los de los empresarios y sindicalistas, lo que reconocieron Cirse Almánzar, de la Asociación de Industrias, y Rafael Abreu del sector laboral.

Así como es de difícil que el Gobierno reduzca significativamente el gasto, lo es que los sectores sociales acepten nuevas cargas impositivas. Los trabajadores evadirán la ampliación de la base del Itebis, porque afectaría hasta el más pobre consumidor, y los empresarios el desmonte de muchas de las exenciones impositivas, porque reduce la competitividad. El último intento concertador del gobierno de Leonel Fernández terminó dejando de lado a los sindicalistas y el sector social para pactar un parche fiscal con el alto empresariado, incluso pasándole por encima a sus organizaciones.

La práctica de comprometerse a reducir el gasto o lanzar programas de austeridad que no se cumplen es de lo que incentiva la resistencia de los sectores sociales a que se eleve la carga impositiva. Es paradigmática la burlada ley 497-06, con que Leonel Fernández pactó una de sus cinco reformas tributarias. En el 2002 Hipólito Mejía firmó con el Consejo Nacional de la Empresa Privada un “Pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico”, que congelaba la nómina pública y después de eso la misma casi se ha duplicado hasta alcanzar la astronómica cifra de 653 mil. Sólo entre enero y mayo pasados se habría incrementado en 23 mil, al compás de la última campaña electoral. También se recuerdan los  compromisos de la última cumbre con la sociedad civil (enero-febrero 2009)  pactados e ignorados por el presidente Fernández.

No con las manos vacías. La presidenta de la Asociación de Industrias, Ligia Bonetti de Valiente,  dejó claro esta semana que no se sentarán en la mesa del diálogo con las manos vacías. Ponderó el interés del nuevo Gobierno por consensuar un pacto fiscal, y reiteró las demandas de integralidad del mismo, de mejorar la calidad del gasto en orden a aumentar la producción, la productividad y la competitividad para mejores empleos y el desarrollo socioeconómico nacional.

Los sectores representados en el CES no han perdido el tiempo desde que antes de la juramentación el equipo del nuevo Presidente les comunicó la convocatoria para el Pacto Fiscal. Ya han celebrado varias reuniones. Y en una ampliada, celebrada el miércoles lograron acordar un pliego de “Principios orientadores del Pacto Fiscal”, que se anexa resumido.

Muchos dirigentes empresariales, sociales y sindicales, han jurado que esta vez los políticos no los van a engañar, y que el Gobierno tendrá que reducir su gasto y la malversación de los recursos públicos si quiere pactar.  Han celebrado el programa de austeridad y el código de ética del presidente Medina, pero esperan múltiples medidas  específicas para reducir el gasto, la malversación y la corrupción.

El pliego elaborado por el CES incluye nueve principios básicos: integralidad, gestión fiscal orientada al desarrollo humano y productivo sostenible, participación y contraloría social, racionalidad y calidad de la gestión del gasto público y corresponsabilidad fiscal. También equidad, eficiencia, sostenibilidad fiscal y competitividad, crecimiento y desarrollo económico sostenible.

El primer planteamiento, de integralidad, especifica que el Pacto Fiscal debe abarcar la totalidad de los gastos e ingresos del Estado, incluyendo los organismos descentralizados y autónomos, con todas las tasas, tarifas y contribuciones, y también los dividendos de las empresas públicas, rendimientos por concesiones públicas y otros ingresos provenientes de fuentes especiales. Igualmente que el presupuesto público debe incluir la programación del uso de los recursos manejados por las entidades autónomas.

Ha ganado terreno la convicción de que el Estado es uno solo y que sus entidades autónomas y descentralizadas, incluyendo los poderes legislativos y judicial, y el municipal no pueden escapar de la austeridad, de las prioridades de gasto y del control de la malversación, porque en algunos es aún mayor que en el gobierno central.

En definitiva, tanto el FMI como los sectores sociales se la están poniendo difícil al nuevo Gobierno. Es una de las herencias que le dejó la política de derroche y endeudamiento de Leonel Fernández.-

El presupuesto para el 2013

La verdadera disyuntiva del Gobierno está en si podrá presentar al Congreso Nacional, dentro del plazo constitucional, el proyecto de presupuesto para el 2013, sin siquiera un previo preacuerdo con el FMI y sin contar con el Pacto Fiscal que le abriría puertas a un incremento de los ingresos fiscales. La letra g del numeral 2 del artículo 128 de la Constitución indica que el proyecto de presupuesto debe llegar al Congreso a más tardar el 1 de Octubre. Ni soñar que en cuatro semanas de septiembre se pueda pactar la reforma fiscal integral y consensuada reclamada y prometida.

Otro desafío es cumplir el artículo 242 de la Constitución que dispone enviar al Congreso el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y sus correspondientes actualizaciones durante la segunda legislatura del año en que se inicia el período de gobierno, previa consulta al Consejo de Ministros, indicando que “los resultados e impactos de su ejecución se realizarán en un marco de sostenibilidad fiscal”. Para esto tiene hasta mediado de enero cuando concluye la legislatura, ahora de 150 días.

 El Gobierno tendría que ejecutar una fuerte reducción del gasto con un proyecto de presupuesto conservador, sujeto a un posterior incremento de ingresos a consignar en otro “presupuesto complementario” o  pedir dispensa pública del plazo constitucional en espera del consenso social. La situación se agrava por el compromiso, reiterado en el discurso inaugural de Medina, de dedicar desde el 2013 el 4 por ciento del  PBI a la educación preuniversitaria, lo que implica duplicar la asignación de este año. Y ahí está el déficit de más de 100 mil millones de pesos con que terminará el 2012.

Se tiene entendido que el FMI viene con firmes reclamos de reducción del déficit fiscal, uno de cuyos ingredientes fundamentales es el ajuste de la tarifa energética, lo que el Gobierno quiere incluir en el Pacto Fiscal para morigerar su costo político. En síntesis, presupuesto, acuerdo con el FMI y Pacto Fiscal constituyen un laberinto que el Gobierno tiene que romper por algún lado. El más claro sería el pacto, pero es también el más difícil, a no ser que el Gobierno presente un heroico programa de reducción y racionalización del gasto que facilite el consenso.

 

Haití: gran desafío a los dominicanos

Por Juan Bolívar Díaz

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La brillante y reconocida solidaridad de la sociedad dominicana con el pueblo haitiano tras el trágico terremoto de enero tiene que extenderse a la búsqueda de los enormes recursos que demanda la reconstrucción del devastado país como objetivo estratégico nacional pero dentro del marco de las Naciones Unidas.

La coyuntura es también propicia para dejar atrás los históricos desencuentros y propiciar los largamente aplazados acuerdos sobre asuntos migratorios, intercambio comercial, de seguridad fronteriza y en tantos otros ámbitos en los que la indisoluble hermandad insular obliga a los dos pueblos.

Objetivo estratégico

Tal como lo ha planteado el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, la reconstrucción de Haití es un objetivo estratégico nacional, razón por la cual el país tiene que contribuir a lograrla, buscando la más amplia participación internacional, sin la cual será imposible su financiamiento.

El gobierno dominicano ha mantenido la iniciativa tras una exitosa gestión de solidaridad desde el momento que se conoció la tragedia del 12 de enero, de la que ha sido parte casi toda la sociedad dominicana en sus más diversos estamentos. No podía ser de otro modo, dado que las dos naciones están atadas por la geografía, sin que ni siquiera los fenómenos telúricos pudieran separarlas, ya que las dos grandes fallas geológicas de la isla se extienden de oeste a este y ninguna de norte a sur.

Hubiese sido indigno de un pueblo noble, que los dominicanos no fueran los primeros que llegaran con todo lo que tenían a mano para dar su solidaridad frente a un drama escatológico que ha conllevado la pérdida de más de 200 mil vidas y que pasó tabla rasa a las infraestructuras del vecino dejando dos millones de personas sin vivienda, en lo que un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo considera el más destructivo de los fenómenos naturales de la era moderna, cuantificando el costo de la reconstrucción en 14 mil millones de dólares. El verdadero desafío a la solidaridad comienza ahora que la tragedia de Haití pierde preponderancia en el escenario internacional.

Nadie puede estar más interesado que los dominicanos en que no se abandone  al vecino a su suerte, porque sólo este país está indisolublemente atado a la tragedia y porque en la medida en que no se deje espacio a la esperanza los haitianos saldrán a buscarla expulsados como los pilotos de una nave en picada y su primera tabla de salvación no es el espacio extraterrestre ni el mar, sino el territorio vecino. Lo que ha invertido en la solidaridad inicial es ínfimo en relación a lo que podría tocar a la República Dominicana si no se produce un concierto de asistencia internacional proporcional a la devastación.

Urgente cooperación

Las circunstancias obligan más que nunca a transitar el camino de la plena cooperación para “construir un presente y preparar un futuro que sea ventajoso a los dos pueblos”, como expresaba la carta de los intelectuales haitianos. Ese objetivo hace tiempo que ha sido planteado por innumerables instituciones y personalidades dominicanas, de todos los sectores políticos, sociales, empresariales y religiosos, incluyendo relevantemente al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Conferencia del Episcopado Dominicano en sendos documentos al respecto.

Probablemente la propuesta más integral para la cooperación bilateral es la contenida en el documento titulado “El Reto Haitiano en República Dominicana”, presentado el 4 de julio del 2008 por el CONEP, el cual reivindica la Comisión Bilateral y detalla diez aspectos básicos para la cooperación entre los dos países. “Con la esperanza de que simples desacuerdos y posiciones encontradas en el presente dejen de avivar los fuegos de la animosidad y de la exclusión. Las diferencias están llamadas a sustentar por fin el respeto mutuo y la colaboración de todos aquellos que viven y que ayudan a institucionalizar cada día más nuestro régimen democrático”.

Los diez aspectos señalados en el documento del empresariado son los referentes a la nacionalidad dominicana, el racismo en el país, la Ley General de Migración 285-04 (cuyo reglamento no se acaba de aprobar seis años después), la documentación civil,  repatriaciones y deportaciones, frontera, comercio, mercado y derechos laborales, medio ambiente y cultura.

No faltan quienes consideran que la coyuntura no es propicia para debatir  temas conflictivos, pero existe el temor de que la trágica situación que viven millones de haitianos dispare su migración hacia su salida más fácil, lo que obligaría a la adopción de disposiciones que podrían disipar el ambiente de reencuentro decretado por el terrible sismo. Podría ser preferible afrontar bilateralmente la contingencia, en el amplio espíritu de colaboración ahora existente.

Sin duda la debilidad actual del Estado haitiano, cuya gobernabilidad tendrá que abordarse dentro de pocos meses, hace más difícil la negociación bilateral. Hasta entre  dominicanos muy racionales se expresan dudas sobre la capacidad institucional del vecino, pero no habrá ninguna solución en Haití,  ni siquiera una restauración parcial, que no tenga como protagonista fundamental al pueblo haitiano, con todas sus debilidades y fortalezas.

Los protagonistas

El drama haitiano es mayor en cuanto el sismo se llevó también una considerable proporción de sus más capacitados recursos humanos, dejando casi inviable una nación que ya se consideraba fallida por su precariedad institucional, pobreza extrema y disolución, al extremo de que medio centenar de partidos y grupos se aprestaban a concurrir a los comicios parlamentarios que estaban programados para febrero y que ahora están en un limbo, al igual que los presidenciales que deberían celebrarse en noviembre próximo.

Tal como advirtió el presidente de Francia al visitar esta semana a Puerto Príncipe es al pueblo haitiano al que corresponder ser artífice de su recuperación. Lo dijo también el canciller de Brasil, como lo han manifestado cientistas sociales. Pero además ni los Estados Unidos ni ningún otro país, por más poderoso que sea, se va a echar sobre sus exclusivos hombros la responsabilidad de dar viabilidad a la nación haitiana.

En la perspectiva coyuntural internacional no se prevé ningún escenario mejor que  las Naciones Unidas para asumir la responsabilidad de la reconstrucción de Haití, por lo que es un acierto que al efecto se haya fijado para el 31 de marzo en su sede central de Nueva York  una reunión cumbre internacional. En ella deben concentrarse todos los esfuerzos dejando de lado cualquier intento de excesivo protagonismo, como sería la insistencia en celebrar otra cumbre mayor en Santo Domingo en junio próximo. Debe ser suficiente el encuentro preparatorio programado aquí para el 17 y 18 de marzo.

La Comisión Bilateral

Por el momento es un gran acierto la constitución de misiones técnicas de los gobiernos de Haití y República Dominicana para el diseño de un “Plan de Acción para Refundar Puerto Príncipe”, como anunciaron el día 13 el presidente Leonel Fernández y el primer ministro haitiano Jean Max Bellerive en una primera reunión efectuada en Santo Domingo.

La coyuntura parece más que propicia para dejar reactivada y hacer operativa la Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana creada en 1996, pero dejada en inanición después de unos pocos acuerdos no implementados. El 22 de mayo próximo se cumplen tres años de que el presidente Fernández emitiera su decreto 263-07 donde disponía una serie de previsiones para reactivarla.

Justamente al ocurrir la tragedia del 12 de enero se esperaba una fecha para una inminente visita del presidente René Preval, en tanto funcionarios de ambos gobiernos habían coincidido en la necesidad de reactivar la Comisión Bilateral. La iniciativa correspondió al gobierno dominicano, concretada en la visita que hizo a Puerto Príncipe el ministro Temístocles Montás el 18 de diciembre último.

Es posible que esa iniciativa fuera la respuesta silenciosa que diera el presidente Fernández a la carta de principios de noviembre en la que 30 reconocidos intelectuales haitianos le expresaron preocupación por la seguridad de sus compatriotas residentes en el país. Le sugerían “reactivar, con el Ejecutivo haitiano, los mecanismos binacionales de cooperación para plantear, en la serenidad, todos los problemas y contenciosos no discutidos”, incluyendo “la obligación de nuestro país (Haití) de controlar su flujo migratorio hacia la República Dominicana con la finalidad de no superar un límite máximo manejable por las autoridades dominicanas”.