Casi $11 mil millones para un sistema político corrompido

Por Juan Bolívar Díaz
P8

La inequidad del sistema electoral dominicano quedó de manifiesto esta semana con el reparto muy desigual de otros $1,600 millones de pesos de los contribuyentes dominicanos para unos partidos que han desertado de los mecanismos democráticos y persisten en subordinar la Constitución y las leyes a su conveniencia coyuntural.

Presidentes de las altas cortes cazando fantasmas y evadiendo afrontar el colapso de las instituciones judiciales, que aplazan la aplicación de un mandato constitucional, otro reparto impúdico, ahora en la Liga Municipal, una nueva quemazón del país en transparencia y corrupción preocupan a una sociedad que reclama prioridades.

$10,941 millones en 18 años.

Con la entrega de $1,610,086,923 anunciada esta semana por la Junta Central Electoral (JCE), asciende a $10,941,913,714 el financiamiento que han recibido de los contribuyentes, en forma desproporcionada, básicamente los tres partidos políticos que han dominado el escenario de los últimos 18 años. El miembro de la JCE José Ángel Aquino lo había cuantificado en $9,331,826,791 desde que la ley Electoral 275-97 lo instituyera.

En reciente seminario INTEC-Participación Ciudadana, Aquino proclamó el fracaso de esa inversión pública porque “no se logró una mayor equidad en la competencia electoral, ni se evitó la influencia excesiva de grupos económicos ni del crimen organizado”. Que benefició “a un número limitado de partidos y candidatos contrariando un principio fundamental público, que es lograr un proceso electoral más equitativo y justo”.

Entre las reformas que se han venido demandando a la Ley Electoral está la de conciliar el financiamiento a los partidos con los mandatos de los artículos 211-212 de la Constitución del 2010 que responsabilizan a la JCE de garantizar “libertad, transparencia, equidad y objetividad”, indicando que “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad”, además señalan una transparencia y rendición de cuentas que nunca han mostrado la generalidad de los partidos.

Tremenda desigualdad.

Los tres “partidos mayoritarios” que dominan el Congreso han evadido adecuar la Ley Electoral, entre otras razones para mantener el monopolio del financiamiento público que ellos instituyeron, atribuyéndose de entrada el 80% para los que obtengan más del 5% de los votos, ésta proporción en partes iguales lo que privilegia al PRSC que en el 2012 sólo obtuvo 5.87% y que recibirá lo mismo que el PLD a quien se le computó el 37.73% y que el PRD, el cual consiguió el 42.13% de los votos.

Pero la inequidad es tremenda cuando se ve el detalle del reparto, en el que los tres tradicionales recibirán $1,288,969,538, dejando apenas $322,917,384 a los restantes 23 partidos más los 8 movimientos provinciales y municipales reconocidos. Los tres recibirán cada uno $429,356,512, aunque dos de ellos, el PRSC y el PRD han devenido en minoritarios, ya que todas las encuestas sitúan sus preferencias en menos del 5%, mientras el PRM, resultado de la división de uno de ellos, y que aparece como segunda fuerza electoral, apenas recibirá $12,563,600. Alianza País, que en algunas encuestas es tercero en preferencias, sólo obtendrá $8,372,805. Un diseño perfecto para mantener un monopolio.

Burlan Constitución y leyes.

Después de la proclama de repostulación total, los partidos dominantes siguen avasallando el ordenamiento constitucional y legal, atendiendo al reparto del Estado y la conveniencia política. Esta semana el PLD logró que el Tribunal Superior Administrativo suspendiera la ejecución del mandato del artículo 81 de la Constitución que dispone la distribución de los 178 diputados en proporción a la población provincial. La JCE sólo reubicó 8 diputados el 5 de julio pasado, igual para todos los partidos, pero afectaba al reparto oficialista de las candidaturas.

Lo grave es que el TSA tomara casi cuatro meses para dictar una medida cautelar cuya ponderación era cuestión de días, y que se plegó al advertir que no tendrá tiempo para conocer el fondo antes de las elecciones.
El otro atropello fue a la Ley 176-07 sobre los Municipios y el DN que dispone la elección por cuatro años del secretario general de la Liga Municipal Dominicana. La disputa entre aliados del PLD por ese pastel estatal que no cumple ninguna función alcanzó tales dimensiones que se resolvió limitando a un año la reelección del reformista Johnny Jones, dejando a los demás con la ilusión de que se sacarán el premio en un año.

Entre tanto, titulares del Tribunal Superior Electoral daban otro paso inconcebible, tras su reciente sentencia que reconoce a Fello Suberví como candidato a alcalde sin haberse cumplido el mandato del artículo 68 de la Ley Electoral que pone esa responsabilidad en una asamblea electora que aún no se ha producido.

Llegaron al extremo de adelantar que podrían imponer al PRM un pago por cada día que pase sin reconocer esa decisión, para lo cual tendría que producirse una nueva instancia del interesado. No se concebía que los jueces adelantaran juicio. Eso los descalifica. Y todavía una de sus integrantes, la doctora Mabel Feliz, alega que hay una campaña para desacreditarlos como si no se conociera la militancia política de cuatro de sus cinco miembros.

Desguañangue institucional. Esta semana cinco destacados juristas, incluyendo al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, diagnosticaron con abundantes indicadores el colapso del sistema judicial y proclamaron la urgente necesidad de despolitizar las cortes, cuyos gestores se dedican a cazar fantasmas y quieren reducir al enjuiciamiento de dos jueces, la denuncia de una amplia red que traficaba sentencias en los altos niveles del Poder Judicial hasta para casos graves de narcotráfico y sicariato para asesinatos.

Una jueza declaró complejo el caso del regidor de Pedro Brand que junto a un sargento policial y un exmayor integraba una banda de sicarios a los que se procesa por tres asesinatos. Fue el caso que llevó a la justicia a la jueza Awilda Reyes, tras recibir y devolver un soborno de 350 mil pesos. Resuena el grito de “viva la patria” que soltó el regidor Ericson de los Santos en el tribunal. Un acusado que ha tenido pública solidaridad de dirigentes políticos, legisladores y alcaldes.

La presidenta de la Cámara de Cuentas, Liselotte Marte, volvía a denunciar que más de 1,200 funcionarios siguen sin cumplir impunemente la ley sobre declaración jurada de bienes. Mientras los presidentes de la JCE y del Tribunal Constitucional denunciaban supuestas tramas contra la patria y la memoria de su fundador.

Con el país recibiendo una nueva quemazón en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, con calificación de 30 sobre 100, en la posición 103 de 167 naciones evaluadas, dirigentes de una veintena de organizaciones sociales fueron a la Cámara de Diputados a presentar una agenda de prioridades para este año, incluyendo los proyectos de código penal, del régimen electoral y de ley de partidos y muchos otros de los que la partidocracia corrompida está divorciada.-

La JCE está en el deber de garantizar la equidad

Por Juan Bolívar Díaz
P19

La propuesta del miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE) Eddy Olivares de adelantar la proclama del período electoral tiene fundamento legal y precedentes tan recientes como el 2008, justo cuando ese organismo presentó un reglamento para regular las campañas electorales y tras su rechazo por la generalidad de los partidos.

El objetivo es abrir un espacio para que el organismo arbitral pueda cautelar la equidad en una campaña electoral, hace tiempo iniciada, en base a las facultades que le otorgan la Constitución y varias leyes, pero no sorprende el apresurado rechazo de un sistema político negado a renovar la Ley Electoral y a aprobar una Ley de Partidos.

Pueden emitir la proclama. Eddy Olivares Ortega tiene legítimo derecho a proponer un adelanto de la proclama que da inicio a la campaña electoral, sobre todo si está animado por el principio de equidad en la competencia electoral. Hasta delegados políticos ante el organismo electoral, dirigentes políticos que deberían conocer la ley electoral, lo mismo que articulistas erraron en sus argumentos de rechazo. La ley no instituye una campaña electoral de sólo 90 días.

El artículo 87 de la Ley Electoral 275-97 establece que toda elección será precedida de una proclama de la JCE que “deberá ser publicada a más tardar 90 días antes de la fecha en que deba celebrarse”. Eso implica que como las próximas elecciones son el 15 de mayo, la proclama tiene como límite el 15 de febrero.

Pero en buen castellano la frase “a más tardar” significa que puede hacerse antes, como en efecto ocurrió en tres de las últimas cuatro elecciones nacionales, en 2008, 2006 y 2004, cuando se produjo en enero, dos veces bajo presidencia de Luis Arias y una tercera vez por el doctor Julio César Castaños Guzmán. Este la dejó abierta el 16 de enero del 2008, cuando faltaban cuatro meses para las elecciones presidenciales. En las dos elecciones anteriores el período de campaña fue abierto el 26 y el 20 de enero.

Es significativo que en el 2008 se adelantara a cuatro meses antes de los comicios, porque ocurrió después que los partidos dominantes rechazaron dos proyectos de la JCE para reglamentar las campañas electorales y establecer límites a la propaganda. La apertura de la campaña electoral fue adoptada a unanimidad y contó con los votos de cuatro de los cinco que ahora integran la JCE, los doctores Roberto Rosario, José Ángel Aquino, César Féliz y Eddy Olivares.

Lo que plantea Olivares. El licenciado Olivares fundamentó su planteamiento en que el 20 de octubre pasado por mayoría simple de tres a dos el Pleno de la JCE evadió tomar medidas ante vídeos que mostraban repartos de “facilidades” a militantes del partido de gobierno para la compra de vehículos, fundamentándose en que “la facultad de la JCE de tomar medidas cautelares está limitada al período electoral”.

En esa ocasión la propuesta aprobada indicaba que “independientemente de la profusión de publicidad, propaganda y activismo proselitista de los partidos no se ha iniciado el período electoral ni mucho menos la campaña electoral”. Es decir, que a pesar de reconocer que los partidos estaba en plena campaña, el pleno planteaba que hasta no producirse la proclama de inicio, no se podían adoptar medidas cautelares ni sanciones.

En consecuencia lógica Olivares ha pedido adelantar la proclama, dado que “muchos de los candidatos son escogidos en base al uso de los recursos del Estado y los ayuntamientos, y que la ausencia de fiscalización por parte de nuestro órgano, contribuye con la contaminación del proceso, en perjuicio de su libertad, de su transparencia, su equidad y su integridad”.

Plantea que como el pleno de la JCE reconoció que tiene facultades regulatoria en los periodos de campaña, deberá prohibir todo uso de recursos públicos en la campaña electoral, que los funcionarios se abstengan de utilizar transporte, combustibles y dietas estatales en las actividades proselitistas, que no puedan pagar propaganda, ni promover candidaturas en los actos oficiales, y que los candidatos no puedan participar en inauguraciones oficiales.

También congelar la nómina de los programas sociales de órganos estatales, control y equidad en los medios de comunicación en manos del Estado.

Oposición sin fundamento. El licenciado Olivares fue valiente al formular su propuesta conociendo la resistencia de los partidos que usufructúan el poder a las regulaciones de las campañas. Pero podía haber esperando argumentos en contra más sostenibles. Lo primero que se adujo es que la proclama sólo podía hacerse 90 días antes.

Otros alegan que la JCE no debe precipitar la campaña electoral, ignorando que hace tiempo que los partidos y sus candidatos realizan actividades de promoción, especialmente el presidente Danilo Medina y el licenciado Luis Abinader, quienes encabezan las encuestas.

Otro argumento banal es que proclamar la campaña en diciembre afectaría las celebraciones navideñas, como si se fuera a obligar a los partidos a realizar actividades y propaganda el día de navidad o del año nuevo. Y como si la no apertura implicara limitación.

Otros han argumentado que Olivares procura amarrar los brazos del presidente candidato, lo que implica el reconocimiento de que el mismo tiene unas ventajas que en el país llevan a elevados déficits fiscales en los años de elecciones.

Los mandatos legales. En su primer informe de observación electoral del proceso del 2016, emitido esta semana, el movimiento cívico Participación Ciudadana sostiene que a falta de la nueva Ley del Régimen Electoral y de la Ley de Partidos, la JCE “tiene el deber moral de utilizar las facultades que le confiere el artículo 212 de la Constitución para “garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, así como de “velar porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”.

El mandato constitucional agrega que “En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”. Recuerdan también el artículo 146 que instituye sanción a todo el que derive fondos públicos en beneficio personal o de particulares o asociados.

El movimiento cívico cita también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral vigente que “establecen una serie de límites a los partidos y a los funcionarios en el uso y abuso de fondos y bienes públicos, sobre las contribuciones y financiamientos de candidatos y partidos, así como la obligación de rendir cuentas”.

 Recuerda que las violaciones son sancionadas en el artículo 174 de la misma ley y que la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública establece normativas de transparencias y obligación de rendir cuentas a todas las entidades que, como los partidos políticos, reciben fondos del Estado. –

2010: fuertes desafíos políticos y económicos

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/480/460x390/0/4069072F-0DC5-41A5-9168-1B526CF12419.jpeg

Nuevo año, grandes retos.  El nuevo año vuelve a poner a prueba la institucionalidad democrática, la nueva Constitución y la contención de la crisis económica, el narcotráfico y la corrupción.

El año que comienza pondrá una vez más a prueba la institucionalidad democrática nacional, no sólo con la celebración de una elección legislativa y municipal, sino también por los cambios que implica la proclamación de una nueva Constitución que conlleva la creación de dos nuevos tribunales especiales y una tentativa de reestructuración judicial.

La superación de la crisis económica que ha afectado al país en los últimos 18 meses, la contención del desbordado narcotráfico que carcome el aparato de seguridad del Estado y de la galopante corrupción son señaladas también entre los desafíos fundamentales para el nuevo año.

Elección por 6 años

El 2010 nace marcado por el activismo político que consumirá las energías nacionales durante su primera mitad con una campaña proselitista que esta vez será más intensa, feroz y costosa, dado que por primera vez serán electos legisladores y autoridades municipales por un período que la nueva Constitución ha extendido a 6 años, a fin de unificar en un mismo año todas las elecciones nacionales a partir de 2016.

Una considerable proporción de los actuales senadores, diputados, síndicos y regidores buscarán repostularse por una reeleccción, lo que acentuaría el recurrente abuso de los recursos estatales en las campañas electorales que, en la elección presidencial del 2008, alcanzó niveles de verdadero escándalo político.

Los analistas políticos consideran que los avances logrados en los últimos años en el sistema electoral no estarán en juego, pero sí la transparencia en el elevado gasto de los partidos políticos y sus candidatos, incluyendo el financiamiento derivado de la corrupción e incluso del alarmante incremento del narcotráfico y el lavado de dinero.

El desbordamiento del gasto gubernamental, como también es tradición en las campañas electorales, podría generar déficit fiscal con repercusiones sobre la economía nacional, como ocurrió en la última elección presidencial, cuando el gobierno multiplicó los subsidios a la energía, los combustibles, la harina, el pollo y hasta al empleo en las zonas francas.

Los dos partidos mayoritarios consumirán las primeras semanas del año en la conclusión de la escogencia de sus candidatos, especialmente los que serán nominados por las cúpulas partidarias que, en esta ocasión, es una proporción sin precedentes, pues en el caso del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) alcanza al 50 por ciento. El gobernante  Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tendrá una tarea agobiante para cerrar su pacto con una docena de  partidos que esta vez incluye al Reformista Social Cristiano (PRSC), tercera fuerza política en decadencia pero con grandes expectativas en una alianza que tendrá que ser registrada a más tardar al concluir febrero. Para  una veintena de pequeños agrupamientos la elección de candidatos no representa mayores traumas.

La primera prueba

Enero será suficiente para determinar si el PLD cuenta con la  voluntad requerida para aprobar el proyecto de ley de partidos políticos, en el que la débil oposición perredeísta cifra expectativas de que pueda constituirse en un muro de contención para los abusos de los recursos del Estado en la campaña electoral.

 La dirigencia del PRD ha insistido en que la aprobación del proyecto que regularía las campañas electorales y su financiamiento, instituyendo sanciones, es parte de los acuerdos logrados con una comisión designada por el presidente Leonel Fernández, que fue clave en el apoyo del principal partido de oposición a su proyecto de nueva Constitución. En septiembre se dijo que el proyecto de ley de partidos sería aprobado en octubre, tan pronto los legisladores terminaran de aprobar la Constitución, lo que no ha ocurrido tres meses después.

 Si transcurre el primer mes sin que los oficialistas sancionen el proyecto de ley de partidos, podrá darse por hecho que la misma no regulará la campaña electoral de este año, dejando las manos libres para el abuso de los recursos del Estado, lo que volvería a constituirse en la principal debilidad de los procesos electorales dominicanos.

 El incumplimiento de lo que los perredeístas consideran un compromiso generaría amarguras y agriaría la campaña electoral, impulsando al PRD a reocupar el espacio de oposición que abandonó en mayo del año pasado, cuando el ingeniero Miguel Vargas Maldonado pactó con el presidente Fernández para apoyar su proyecto de Constitución.

La nueva Constitución

La proclamación de la nueva Constitución está programada para el 26 de este enero, sin que se prevea dificultad en su concreción. Esta Constitución conlleva la elección de los integrantes de los nuevos Tribunal de Garantías Constitucionales y Tribunal Nacional Electoral por parte de un Consejo Nacional de la Magistratura, ampliado para garantizar al Poder Ejecutivo al menos la mitad de los votos.  También se prevé que el primer mandatario apadrine una reestructuración de la Suprema Corte de Justicia, aprovechando la circunstancia de sustitución de la tercera parte de sus integrantes por haber cumplido la edad reglamentaria para el retiro. Ahí habrá otra prueba para la capacidad concertadora del liderazgo nacional.

El control de los dos nuevos tribunales y de la Suprema Corte formarían parte de un proyecto de  dominación de largo alcance del presidente Fernández, el  cual se vería fortalecido si su partido logra una significativa victoria electoral en mayo, después de año y medio de crisis económica y pese al desgaste de 6 años consecutivos en el poder en los que la corrupción ha descalabrado el crédito de los gobernantes.

En la agenda gubernamental de comienzos de este año tiene que estar forzosamente la gravedad que ha alcanzado el narcotráfico, sobre todo por  el involucramiento cada vez más alarmante de altos oficiales responsables de los organismos de seguridad del Estado, como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Para muchos analistas la gravedad de la situación obliga a un “ahora o nunca” para comenzar a revocarla. Una mayor efectividad en la contención de la delincuencia en todas sus expresiones, incluyendo relevantemente la corrupción oficial, figura también entre las expectativas citadas por líderes sociales y políticos.

Para el fortalecimiento del Estado de Derechos es fundamental que el gobierno detenga su política de ejecución de presuntos delincuentes a la vez que muestre una firme decisión de aplicar el paquete de recientes reformas legales, como la de Migración, llamada a contener la inmigración haitiana que exacerba el antihaitianismo.

Nuevo modelo económico.  Las expectativas generales no son sólo de una superación de la crisis económica que  acentuó las dificultades de los sectores productivos tradicionales y el consiguiente desempleo, sino especialmente de un nuevo modelo de desarrollo económico y una contención del creciente endeudamiento que obligaría a nuevas cargas tributarias.

El nuevo modelo ha sido invocado en estos días por la asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, que enfatizan  en la necesidad de incentivar las actividades productivas, en  especial la exportadora. Según esta última entidad “Esto implica que las políticas macroeconómicas, fiscal y monetaria se modifiquen y coordinen para que vayan en apoyo directo de estas actividades, pues de esto depende también la creación de empleos de calidad en el sector formal, en vez del empleo informal, desprovisto de protección social, que es el único que ha estado creciendo”. Ambas entidades enfatizan  en superar las precariedades energéticas e instaurar un régimen de austeridad y prioridades riguroso en la inversión pública.

El Foro Ciudadano y el Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo han demandado un presupuesto más enfocado a  superar  la pobreza, reformas para una mejor distribución del ingreso, austeridad en el gasto y mayor inversión en  sectores clave para el desarrollo humano: educación, salud, seguridad social y vivienda.

Al analizar el presupuesto aprobado para este 2010 esos sectores y destacados economistas  enfatizan que sigue la sustracción de recursos que, de acuerdo a leyes especiales, deberían ir a educación y a los cabildos, que es deficitario y con altísimo componente de financiamiento que  alcanza al 31% de los 379 mil millones presupuestados. De éstos, 80 mil 916 millones serán  fuentes internacionales y 35 mil 48 millones nacionales. A una tasa de 36,  el endeudamiento en dólares   proyectado para  2010 equivale a 3 mil 222 millones.  El gobierno podría comenzar a responder los reclamos de nuevo modelo económico si logra aprobar definitivamente el Plan Nacional de Desarrollo que ha venido incubando la Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo puesto sobre el tapete para este año, pero que debió ser objeto de la segunda etapa de la Cumbre de las Fuerzas Vivas entre marzo y mayo pasado. Se duda que la campaña electoral deje espacio para una aprobación consciente y participativa de este plan que, en el mejor de los casos, quedaría relegado a la segunda mitad del año, cuando es casi seguro que venga otra reforma tributaria.