Un parche mal pegado en la JCE

Por Juan Bolívar Díaz
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El pacto suscrito esta semana por los presidentes de los dos partidos mayoritarios, Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado, con la bendición del cardenal Nicolás  de Jesús López Rodríguez, constituye un parche mal pegado aunque en lo inmediato conjura la crisis en la Junta Central Electoral (JCE).

Mientras las decisiones sobre la boleta electoral procuran compensar al candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hipólito Mejía, quien, al igual que monseñor Agripino Núñez Collado, se vio forzado a aceptar la permanencia de Franklin Frías en el Centro de Cómputos de la JCE.

El triunfo de Rosario.   Si hubo un triunfador en el acuerdo que conjuró la crisis del Centro de Cómputos de la JCE fue el presidente del organismo, Roberto Rosario, cuya propuesta de  crear una “Gerencia de Informática” prevaleció con ligeras variantes frente al amplio reclamo para sacar al ingeniero  Franklin Frías de la dirección de esa fundamental unidad procesadora  de los resultados electorales.

El presidente de la JCE consolida su posición con la decisión del pleno del organismo de mantener la tradición de colocar en la primera casilla de la boleta electoral al partido que más votos obtuvo en la elección anterior, que esa vez fue el PRD, y al atender parcialmente la oposición de éste a que se incluyera en la misma las fotografías de los candidatos vicepresidenciales como reclamaba el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Empero, la resolución fue salomónica al indicar que las fotos se incluirán en caso de que sea precisa una segunda votación para la elección presidencial de este año.  El partido oficialista reclamaba la inclusión, sin precedente en el país, al privilegiar la promoción de su candidata vicepresidencial, la primera dama Margarita Cedeño, a quien las encuestas señalan como más popular que su candidato presidencial Danilo Medina.

Rosario propuso en octubre una “Gerencia de Informática Electoral” como solución a la crisis surgida el mes anterior con la dimisión del licenciado Miguel Angel García al cargo de gerente general del Centro de Cómputos al que había llegado diez años antes justamente cuando el PLD objetó a Frías, quien había sido designado por una Junta Electoral fruto de la entonces mayoría senatorial perredeísta.

La sociedad civil y monseñor Núñez Collado respaldaron la objeción peledeísta y el presidente Hipólito Mejía y su partido acogieron la objeción, lo que no ocurrió ahora. García dimitió cuando Frías se autoproclamó en una circular como el jefe del departamento con obvio apoyo de Rosario. El polémico funcionario fue luego ratificado por la mayoría del pleno de la JCE.

La clave del Cardenal.  Tanto Hipólito Mejía como monseñor Agripino Núñez Collado quedaron mal parados sin otra opción que aceptar el acuerdo, lo que ambos se apresuraron a hacer públicamente, aunque el primero no ha ocultado su disgusto, y el segundo lo ha rumiado entre sus allegados. La clave la puso el cardenal López Rodríguez, quien sustituyó al rector de la Universidad Católica Madre y Maestra en la mediación cuando este intentaba  ser coherente con la solución de hace una década. Lo dijo públicamente en noviembre, lo que le ganó un reproche público del secretario general del PLD.

Cuando el presidente del PRD pactaba ese acuerdo, con la bendición del arzobispo de Santo Domingo, monseñor Núñez Collado quedaba sin alternativa.

Mejía no estaba sujeto a la obediencia, pero su rechazo generaría un enorme ruido, alentando el conflicto interno de su partido y con el riesgo de aparecer “enfrentado a la Iglesia”, dado el historial del purpurado que nunca ha evadido pleitos con líderes como Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez, Jorge Blanco o Jacobo Majluta.

El error de Mejía fue haber sido víctima de su impulsividad, cuando tres días antes de la firma del acuerdo reiteró que Frías tenía que irse, como lo hizo también su delegado ante la Junta Central Electoral, Salvador Ramos.  Ambos después que los términos del acuerdo habían sido publicados en el periódico digital 7Días.com y comentados en otros medios.

La ocurrencia de la semana mostró a un presidente Fernández en toda su capacidad de arreglos para fortalecer su posición y la de su partido, con el favor del Cardenal y del propio presidente del PRD.

También exhibiendo un poder inflexible, a diferencia de Hipólito Mejía hace diez años, si se asume que ahora como en el anterior conflicto, la presencia de Franklin Frías al frente del Centro de Cómputos de la  JCE no era fundamental, imprescindible o cuestión de principio institucional.

Lo peor para el PRD.   Para el PRD y sus perspectivas, el balance no puede ser más devastador. Echaron un pleito durante cinco meses para al final ser vencidos por su propio presidente, quien parece ratificar la generalizada convicción de que se ha constituido en un Caballo de Troya.

Se atribuye a Reinaldo Pared Pérez haberle dado crédito por la forma en que condujo las “negociaciones del PRD institucional”.

Intimos de Miguel Vargas Maldonado y algunos de los pocos que aún lo siguen, no tienen ningún rubor en proclamar que prefieren la victoria del PLD, incapaces de aceptar los resultados de la elección primaria de lo que en tres semana se cumplirá un año. Varios de los que constituyeron su “estado mayor” en la precampaña juran que está cerrado absolutamente y rehúye contacto con ellos.

Aseguran que ha evadido hasta el expresidente panameño Martín Torrijos, quien a mediados del año pasado medió públicamente para que superaran los resentimientos dejados por la elección del candidato presidencial.

Pero fue resaltante que Vargas Maldonado haya sostenido “varias conversaciones” con el presidente Fernández, como dice el primer párrafo del acuerdo, pero que ignorara por completo al candidato presidencial de su partido, con la agravante de que no le importa lo que piensen los demás.

Al principio se creía que reaccionaría a la consideración de que la derrota del PRD cavaría su tumba política, pero allegados entienden que sería lo mismo con una victoria de Hipólito Mejía. Si como quiera se pierde su capital político, él por lo menos estaría determinado a recuperar el capital económico que invirtió en la frustrada campaña por la candidatura.

Fuera del PRD no se entiende la inoperancia de sus órganos institucionales ni la indiferencia con que el liderazgo perredeísta sigue los acontecimientos.

Mejía evade el enfrentamiento definitivo, por los costos de imagen y la distracción que conllevaría para su campaña. Prevalece la decisión de “dejar a Miguel tranquilo” con la esperanza de que los electores, sobre todo los independientes, entiendan el conflicto.

Pero nadie se atreve a asegurar que el nuevo acuerdo de Vargas Maldonado con el presidente Fernández sea su última jugada, aunque le haga tanto daño político como el “Pacto para las reformas constitucionales” del 2009. Y no faltan quienes advierten que podría haber otras aún peores, antes, durante o después de la votación del 20 de mayo.

Persistirá la desconfianza

El acuerdo de esta semana introdujo dos variantes a la propuesta original de Roberto Rosario, presentada a los partidos el 25 de octubre, antes de que fuera conocida por el pleno de la JCE, que debía estar integrada por el director Frías y dos subdirectores que propondrían el PLD y el PRD.

Ahora se incluyó un cuarto miembro que de inmediato propuso el cardenal López Rodríguez en la persona de su sobrino José Agustín López Nieto.

A la gerencia se le da ahora la categoría de “colegiada”. El segundo punto dice  que sus decisiones “serán acordadas a unanimidad” y en caso que no la hubiese, decidiría el presidente Rosario o como última instancia el pleno de la JCE, lo que también estaba en la propuesta original. Frías tendría ventaja en las ejecuciones por su experiencia en el Centro de Cómputos y su ascendencia sobre los técnicos.

El titular de la JCE vinculado al PRD Eddy Olivares objetó la gerencia cuatripartita, reiterando su firme rechazo a Frías. Sostuvo que “su sola presencia mantendrá ese neurálgico departamento sembrado de dudas y desconfianza”.  Él, como parte de la opinión pública, no entiende por qué el PLD no aceptó el consenso que creyó fundamental hace diez años.

La solución es poco institucional y de escasa legitimidad democrática, pues desconoció la posición de los candidatos presidenciales de oposición, incluyendo al del mismo PRD, que todavía el viernes 3, cuando ya había trascendido el acuerdo, reiteró que “Frías tiene que irse”.

También lo habían reclamado los candidatos Guillermo Moreno, Julián Serulle, Max Puig, Eduardo Estrella e Ismael Cruz, así como Hatuey de Camps y otros dirigentes políticos.

Aunque la generalidad de la opinión pública parece haber aceptado el acuerdo como salida a una crisis que se prolongó excesivamente, no faltan quienes resaltan sus debilidades, especialmente por su carácter de imposición con el sello de aliento mezquinamente interesado a las debilidades institucionales del PRD.

El sociólogo César Pérez ha sido de los más duros al definirlo como “un arreglo afrentoso, fruto de la politiquería, la bellaquería y la pusilanimidad de determinados sectores de los poderes fácticos y formales del país”.

 

La RD vive un proceso de relajación institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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El debate sobre los alcances del Tribunal Constitucional (TC) en vez de afianzar el respeto por la Constitución proclamada hace un año,  parece reflejar un proceso de relajación institucional para crear las condiciones subjetivas que permitan imponer el continuismo presidencial.

Analistas políticos y sociales comienzan a advertir una peligrosa imposición del providencialismo presidencial que no respeta el principio de la separación de poderes y promueve actuaciones que ponen en peligro el Estado de derecho, como la imposición de  gravámenes al margen de la ley.

Proceso involutivo.  Cuando se creía que la nueva Constitución del presidente Leonel Fernández, viabilizada por un pacto con el ahora presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, abriría un período de fortalecimiento institucional se expresan preocupaciones sobre un nuevo avasallamiento del continuismo presidencial.

Las incertidumbres se manejan en los más altos niveles de los sectores económicos y eclesiásticos y en las peñas de los intelectuales y los profesionales, donde se advierte una tendencia a relativizarlo todo en aras del nuevo liderazgo providencial encarnado en el presidente Fernández.

Esta semana hasta la primera dama, doña Margarita Fernández, se lanzó al ruedo de la reelección, proclamando que es el pueblo quien la reclama “y siempre un buen gobernante debe seguir dirigiendo los destinos de una nación”, como si la Constitución  no la prohibiera expresamente, mientras funcionarios y legisladores recolectan firmas, pagadas con dinero, para pedir un referendo que avale el continuismo.

No se ha pasado por alto que fuera el propio gobernante que el mes pasado señalara el camino del referendo como vía para otra repostulación, con el agravante de que lo planteó como sustituto de una reforma constitucional, como si la consulta pudiera sobreponerse a la Carta Magna.

Pero no sólo está en juego el valor de la Constitución, sino también de la palabra del presidente Fernández, quien pactó con Vargas Maldonado para conseguir el apoyo necesario para la aprobación de su proyecto de Constitución. Y en ese pacto el dirigente opositor lo único que ha podido reivindicar es que prohibió la reelección continua, aunque libró al doctor Fernández y al ex presidente Hipólito Mejía (que ahora le disputa la candidatura presidencial del PRD) de la jubilación que le imponía la anterior Constitución al instituir una sola repostulación y “nunca jamás”.

La preocupación la expresan por lo bajo los líderes empresariales, pero la han hecho pública los religiosos, incluyendo a casi todos los obispos católicos, y politólogos y abogados como Rosario Espinal, Andrés L. Mateo, Rafael Toribio, Eduardo Jorge Prats, Servio Tulio Castaños, Santiago Sosa y Francisco Alvarez Valdez. Se resume en el artículo del jurista Carlos Salcedo en el periódico El Día del viernes, en el que advierte que se puede estar abriendo las compuertas del colapso institucional.

Pobre Constitución.  No ha cumplido aún el primer año y la Constitución ya ha sido objeto de  interpretaciones acomodaticias a intereses coyunturales y se han violado varios de los plazos señalados en su Capítulo II “De las Disposiciones Transitorias”.

El primero cuando se eligieron los nuevos titulares de la Junta Central Electoral (JCE) ignorando la séptima disposición transitoria que plantea que los anteriores permanecerían en sus cargo “hasta la conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución y la designación de sus incumbentes”. Para crear los nuevos órganos, el Tribunal Superior Electoral y una diferente JCE, se requieren leyes orgánicas que aún no han sido aprobadas y el primero no ha sido constituido.

Luego se ignoró que la Constitución incluyó (artículo 112) el “presupuesto, planificación e inversión pública” entre las leyes orgánicas que requieren dos tercios de los votos para su aprobación. Y cuando descubrieron que la Carta Magna dio carácter constitucional a la disposición del 4 por ciento del producto interno bruto para la educación contenida en la Ley 66-97, el Congreso peledeísta resolvió con una nueva figura jurídica, la suspensión por un año de ese mandato.

También fueron violadas las disposiciones transitorias primera y quinta de la Constitución de la República que dan un plazo de seis meses para la creación y entrada en funciones del Consejo del Poder Judicial y el Consejo Superior del Ministerio Público.

Y ya se da por hecho que también se violará la segunda disposición que da un plazo de un año para poner en vigencia el Tribunal Constitucional, el cual vence el día 26, para lo que sólo quedan 5 días laborables en los cuales es imposible aprobar la ley orgánica, convocar el Consejo Nacional de la Magistratura  y elegir los jueces. Sólo cuatro si el presidente sale de viaje el festivo día 24.

¿Proceso de acondicionamiento?  Un agudo observador que por nada del mundo aceptaría ser identificado, señalaba esta semana que todas estas interpretaciones acomodaticias de la Constitución no pueden ser gratuitas y que podrían formar parte de un proceso para acondicionar a la sociedad para que pueda aceptar la que permitiría la repostulación del presidente Leonel Fernández a pesar del artículo 124 de su propia Constitución.

Desde luego, todavía son muchos los que no creen que un mandatario con tanto talento y serenidad política y preocupado por su imagen internacional vaya a intentar retorcer la Constitución para buscar un cuarto período de Gobierno y tercero consecutivo.

Aunque otros responden que el virus del continuismo ha carcomido tradicionalmente el cerebro de casi todos los presidentes dominicanos, incluso a otros talentosos y serenos como Joaquín Balaguer.

Las incertidumbres son mayores por cuanto el debate involucra precisamente a los órganos que, como el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, podrían ser llamados a dictaminar si el doctor Fernández se puede repostular, pese a la prohibición constitucional, como formulan los activistas del continuismo, o sobre los alcances del referendo sugerido por el propio mandatario.

El relajamiento institucional ha incluido una tendencia a aumentar las recaudaciones fiscales con mecanismos extrajudiciales, algunos considerados inconstitucionales por las asociaciones empresariales, como la doble tributación dictada esta semana por el Ayuntamiento del Distrito Nacional en materia de propiedad inmobiliaria, ya con gravámenes de carácter nacional. El año pasado el Gobierno impuso una violación de la Ley de Proindustria, con una modificación de facto del régimen impositivo de las importaciones.  La sensación que se va apoderando de la ciudadanía es que aquí no valen la Constitución ni las leyes y menos los pactos políticos aún proclamados por televisión de cara a la nación, porque el pragmatismo y el salvajismo político validan todas las conveniencias partidistas y hasta individuales, bajo el viejo predicamento de que el poder no se cede ni se transfiere, ni siquiera a los compañeros de partido.

El conflictivo Tribunal Constitucional

Pero la más flagrante violación de la Constitución ha sido la aprobación por el Senado de una Ley Orgánica del TC que cercena las atribuciones que a este le otorgan los artículos 184-185 y 277, modificando a última hora el proyecto preparado por una comisión de juristas y enviado por el presidente Fernández. El deseo de complacer tardíamente al presidente de la Suprema Corte de Justicia que en el momento correcto, cuando se discutía la Constitución, se opuso tenazmente a la supremacía del TC, no justifica el costo de una interpretación retorcida de lo que los mismos actores aprobaron hace un año.

Tampoco se justificaría el costo de la interpretación constitucional que permitiría llevar al TC algunos de los jueces que quedan jubilados de la Suprema Corte por haber pasado los 75 años de edad, cuando el artículo 187 indica que para ser miembro del TC se requieren las mismas condiciones. Esto lo ratificaba el proyecto de ley, pero también fue modificado en el Senado.

Cuando las objeciones de casi todos los expertos constitucionalistas, incluyendo a funcionarios del Gobierno, de bloques legislativos y de la opinión pública han evidenciado las dificultades de la Cámara de Diputados para ratificar lo aprobado por el Senado, se produjo una tardía propuesta de transacción del presidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa, que hubiese sido razonable para la reforma constitucional.

El relajamiento institucional hizo otro “striptease” esta semana cuando el presidente quiso mediar, pero sustituyendo el Poder Legislativo. Primero convocó a los actores del debate a su fundación privada para un coloquio que debió hacerse en salones del Congreso que es el apoderado del proyecto. Y aunque allí predominaron las objeciones de los constitucionalistas, el mandatario creó una nueva comisión “para que asesore al Congreso”, en una obvia confusión de roles constitucionales, puesto que es a los legisladores a quienes concierne escoger sus asesores.

 

2010: fuertes desafíos políticos y económicos

Por Juan Bolívar Díaz
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Nuevo año, grandes retos.  El nuevo año vuelve a poner a prueba la institucionalidad democrática, la nueva Constitución y la contención de la crisis económica, el narcotráfico y la corrupción.

El año que comienza pondrá una vez más a prueba la institucionalidad democrática nacional, no sólo con la celebración de una elección legislativa y municipal, sino también por los cambios que implica la proclamación de una nueva Constitución que conlleva la creación de dos nuevos tribunales especiales y una tentativa de reestructuración judicial.

La superación de la crisis económica que ha afectado al país en los últimos 18 meses, la contención del desbordado narcotráfico que carcome el aparato de seguridad del Estado y de la galopante corrupción son señaladas también entre los desafíos fundamentales para el nuevo año.

Elección por 6 años

El 2010 nace marcado por el activismo político que consumirá las energías nacionales durante su primera mitad con una campaña proselitista que esta vez será más intensa, feroz y costosa, dado que por primera vez serán electos legisladores y autoridades municipales por un período que la nueva Constitución ha extendido a 6 años, a fin de unificar en un mismo año todas las elecciones nacionales a partir de 2016.

Una considerable proporción de los actuales senadores, diputados, síndicos y regidores buscarán repostularse por una reeleccción, lo que acentuaría el recurrente abuso de los recursos estatales en las campañas electorales que, en la elección presidencial del 2008, alcanzó niveles de verdadero escándalo político.

Los analistas políticos consideran que los avances logrados en los últimos años en el sistema electoral no estarán en juego, pero sí la transparencia en el elevado gasto de los partidos políticos y sus candidatos, incluyendo el financiamiento derivado de la corrupción e incluso del alarmante incremento del narcotráfico y el lavado de dinero.

El desbordamiento del gasto gubernamental, como también es tradición en las campañas electorales, podría generar déficit fiscal con repercusiones sobre la economía nacional, como ocurrió en la última elección presidencial, cuando el gobierno multiplicó los subsidios a la energía, los combustibles, la harina, el pollo y hasta al empleo en las zonas francas.

Los dos partidos mayoritarios consumirán las primeras semanas del año en la conclusión de la escogencia de sus candidatos, especialmente los que serán nominados por las cúpulas partidarias que, en esta ocasión, es una proporción sin precedentes, pues en el caso del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) alcanza al 50 por ciento. El gobernante  Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tendrá una tarea agobiante para cerrar su pacto con una docena de  partidos que esta vez incluye al Reformista Social Cristiano (PRSC), tercera fuerza política en decadencia pero con grandes expectativas en una alianza que tendrá que ser registrada a más tardar al concluir febrero. Para  una veintena de pequeños agrupamientos la elección de candidatos no representa mayores traumas.

La primera prueba

Enero será suficiente para determinar si el PLD cuenta con la  voluntad requerida para aprobar el proyecto de ley de partidos políticos, en el que la débil oposición perredeísta cifra expectativas de que pueda constituirse en un muro de contención para los abusos de los recursos del Estado en la campaña electoral.

 La dirigencia del PRD ha insistido en que la aprobación del proyecto que regularía las campañas electorales y su financiamiento, instituyendo sanciones, es parte de los acuerdos logrados con una comisión designada por el presidente Leonel Fernández, que fue clave en el apoyo del principal partido de oposición a su proyecto de nueva Constitución. En septiembre se dijo que el proyecto de ley de partidos sería aprobado en octubre, tan pronto los legisladores terminaran de aprobar la Constitución, lo que no ha ocurrido tres meses después.

 Si transcurre el primer mes sin que los oficialistas sancionen el proyecto de ley de partidos, podrá darse por hecho que la misma no regulará la campaña electoral de este año, dejando las manos libres para el abuso de los recursos del Estado, lo que volvería a constituirse en la principal debilidad de los procesos electorales dominicanos.

 El incumplimiento de lo que los perredeístas consideran un compromiso generaría amarguras y agriaría la campaña electoral, impulsando al PRD a reocupar el espacio de oposición que abandonó en mayo del año pasado, cuando el ingeniero Miguel Vargas Maldonado pactó con el presidente Fernández para apoyar su proyecto de Constitución.

La nueva Constitución

La proclamación de la nueva Constitución está programada para el 26 de este enero, sin que se prevea dificultad en su concreción. Esta Constitución conlleva la elección de los integrantes de los nuevos Tribunal de Garantías Constitucionales y Tribunal Nacional Electoral por parte de un Consejo Nacional de la Magistratura, ampliado para garantizar al Poder Ejecutivo al menos la mitad de los votos.  También se prevé que el primer mandatario apadrine una reestructuración de la Suprema Corte de Justicia, aprovechando la circunstancia de sustitución de la tercera parte de sus integrantes por haber cumplido la edad reglamentaria para el retiro. Ahí habrá otra prueba para la capacidad concertadora del liderazgo nacional.

El control de los dos nuevos tribunales y de la Suprema Corte formarían parte de un proyecto de  dominación de largo alcance del presidente Fernández, el  cual se vería fortalecido si su partido logra una significativa victoria electoral en mayo, después de año y medio de crisis económica y pese al desgaste de 6 años consecutivos en el poder en los que la corrupción ha descalabrado el crédito de los gobernantes.

En la agenda gubernamental de comienzos de este año tiene que estar forzosamente la gravedad que ha alcanzado el narcotráfico, sobre todo por  el involucramiento cada vez más alarmante de altos oficiales responsables de los organismos de seguridad del Estado, como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Para muchos analistas la gravedad de la situación obliga a un “ahora o nunca” para comenzar a revocarla. Una mayor efectividad en la contención de la delincuencia en todas sus expresiones, incluyendo relevantemente la corrupción oficial, figura también entre las expectativas citadas por líderes sociales y políticos.

Para el fortalecimiento del Estado de Derechos es fundamental que el gobierno detenga su política de ejecución de presuntos delincuentes a la vez que muestre una firme decisión de aplicar el paquete de recientes reformas legales, como la de Migración, llamada a contener la inmigración haitiana que exacerba el antihaitianismo.

Nuevo modelo económico.  Las expectativas generales no son sólo de una superación de la crisis económica que  acentuó las dificultades de los sectores productivos tradicionales y el consiguiente desempleo, sino especialmente de un nuevo modelo de desarrollo económico y una contención del creciente endeudamiento que obligaría a nuevas cargas tributarias.

El nuevo modelo ha sido invocado en estos días por la asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, que enfatizan  en la necesidad de incentivar las actividades productivas, en  especial la exportadora. Según esta última entidad “Esto implica que las políticas macroeconómicas, fiscal y monetaria se modifiquen y coordinen para que vayan en apoyo directo de estas actividades, pues de esto depende también la creación de empleos de calidad en el sector formal, en vez del empleo informal, desprovisto de protección social, que es el único que ha estado creciendo”. Ambas entidades enfatizan  en superar las precariedades energéticas e instaurar un régimen de austeridad y prioridades riguroso en la inversión pública.

El Foro Ciudadano y el Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo han demandado un presupuesto más enfocado a  superar  la pobreza, reformas para una mejor distribución del ingreso, austeridad en el gasto y mayor inversión en  sectores clave para el desarrollo humano: educación, salud, seguridad social y vivienda.

Al analizar el presupuesto aprobado para este 2010 esos sectores y destacados economistas  enfatizan que sigue la sustracción de recursos que, de acuerdo a leyes especiales, deberían ir a educación y a los cabildos, que es deficitario y con altísimo componente de financiamiento que  alcanza al 31% de los 379 mil millones presupuestados. De éstos, 80 mil 916 millones serán  fuentes internacionales y 35 mil 48 millones nacionales. A una tasa de 36,  el endeudamiento en dólares   proyectado para  2010 equivale a 3 mil 222 millones.  El gobierno podría comenzar a responder los reclamos de nuevo modelo económico si logra aprobar definitivamente el Plan Nacional de Desarrollo que ha venido incubando la Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo puesto sobre el tapete para este año, pero que debió ser objeto de la segunda etapa de la Cumbre de las Fuerzas Vivas entre marzo y mayo pasado. Se duda que la campaña electoral deje espacio para una aprobación consciente y participativa de este plan que, en el mejor de los casos, quedaría relegado a la segunda mitad del año, cuando es casi seguro que venga otra reforma tributaria.