Toca al PLD revocar el “genocidio civil”

Por Juan Bolívar Díaz
juan bolivar

Versiones de que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sería convocado para discutir la grave situación que afronta la nación con un creciente aislamiento internacional a causa de la desnacionalización de miles de ciudadanos alientan el criterio de que corresponde a ese organismo buscar una solución.

En todos los sectores aumenta la convicción de que urge conjurar el grave conflicto que divide hasta las iglesias, para lo cual funcionarios palaciegos elaboraron un anteproyecto de ley en beneficio de los afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional, convalidando las actas de nacimiento que les fueron instrumentadas.

El cerco internacional. Hasta en sectores que favorecieron la sentencia 168-13 del TC se reconoce que urge encontrar una solución que contenga el deterioro internacional de la imagen de la nación y evitar lo peor, que culmine en un dictamen revocatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde podría llegar el caso. El Gobierno se vería obligado a acatar la última instancia en materia de derechos humanos, según los tratados suscritos por el Estado dominicano, de los que el artículo 74.3 de la Constitución de la República dice que “tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.

Debería evitarse a toda costa el daño de una condena de la Corte Interamericana tras un prolongado escándalo, que ya lleva 6 meses, y en vez de mermar sigue en aumento en el ámbito internacional. En tal caso desafiar una sentencia generaría acciones que podrían afectar comercio, turismo, financiamiento, participación del Estado en organismos internacionales y en relaciones con bloques como los Países ACP y la Unión Europea, y en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El hecho objetivo es que el país está en las miras de los organismos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, en el ámbito de la Comunidad Económica del Caribe (Caricom), de naciones como Estados Unidos y España y otra veintena que se expresaron en la sesión de enero del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Se llegó a anticipar que la suspendida visita del vicepresidente norteamericano Joe Biden tenía como primer punto de agenda las desnacionalizaciones, días después de una segunda condena del Departamento de Estado norteamericano.

La más grave violación. Para el próximo día 24 el Estado dominicano está convocado en Washington a una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para discutir el informe preliminar de la misión de ese organismo que visitó el país en diciembre, el cual no dejó resquicio de salvación a la sentencia 168-13.

Cumplido ese trámite el informe sería remitido a la Asamblea Permanente de la Organización de Estados Americanos, en cuyos ámbitos se estima que el genocidio civil de decenas de miles de ciudadanos dominicanos, constituye “la más grave violación de derechos humanos discutida en la historia de la organización creada en 1948.”

Son públicos los pronunciamientos en defensa del derecho a la nacionalidad de decenas de organismos, de influyentes medios de comunicación y personalidades internacionales, incluyendo a entidades con tradición de campañas por derechos humanos, como el Black Caucus del Congreso de Estados Unidos, órganos especializados del Consejo Nacional de Iglesias norteamericanas, y Amnistía Internacional, que esta semana envió una misión de investigación al país, y que se plantea incrementar una campaña de denuncias que inició a fin del año pasado y a la que se atribuyen cientos de mensajes recibidos en el Palacio Nacional.

El arzobispo de Boston, Seán Patrick O´Malley, uno de los ocho asesores escogidos por el Papa Francisco, los Premios Nobel Mario Vargas Llosa y Adolfo Pérez Esquivel, así como una veintena de legisladores de Estados Unidos, figuran entre las personalidades que han demandado revocación de la sentencia.

Entre Danilo y Leonel. El escándalo internacional y las divisiones nacionales provocadas por la sentencia del TC han agobiado al Gobierno, le han consumido mucho tiempo y lo mantienen indeciso sobre el camino a seguir. Se inclinaba por una Ley de Naturalización, que daría oportunidad a los afectados a optar por una ciudadanía limitada, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Sistema de las Naciones Unidas advirtieron que eso dejaría vivo el escándalo en los ámbitos internacionales. La Comisión lo rechazó tajantemente, tanto en su informe como en su conversación con el presidente Medina, indicando que sólo la restitución plena de los derechos afectados impedirá que el caso pase a la Corte Interamericana. Luego se ha hablado de una ley especial que no fue presentada el 27 de febrero como se prometió. Esta semana el presidente dijo que aún se busca consenso.

Los que dentro del Gobierno han favorecido la solución de fondo, encabezados por el ministro Montalvo, han tropezado con la resistencia de los ultranacionalistas que los han llegado a incluir entre sus denunciados “traidores a la patria”. El último esfuerzo parece haber sido abortado cuando al caer febrero los nacionalistas publicaron un borrador de anteproyecto de ley elaborado en el Ministerio de la Presidencia.

Las divisiones y los recelos resaltan aún en los aliados del Gobierno, lo que obliga a una solución que tendría que partir de un acuerdo entre los dos mayores líderes del PLD, Medina y Fernández, ambos conscientes del difícil escenario internacional que afecta al país. Los dos han escuchado sabias recomendaciones internacionales y compartirían la responsabilidad de una condena y aislamiento internacional. Pero sólo de común acuerdo pueden imponer una solución política que pase por el Congreso que dominan y sea acatada por el TC, cuyos jueces no podrían desafiar un acuerdo político que sería aplaudido en los ámbitos internacionales.

Ley de Convalidación

El anteproyecto que se atribuye al Ministerio de la Presidencia fue denunciado cuando todavía se discutía entre sus redactores. Se fundamenta en el artículo 38 de la Constitución que proclama que “la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable” y su respeto “una responsabilidad esencial de los poderes públicos”. También en el artículo 18.2 que reconoció como dominicanos a quienes “gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.

En su artículo 1 “Se dispone la convalidación de todas las actas de nacimiento instrumentadas por Oficiales del Estado Civil, sin el cumplimiento de los requisitos legales, en el período comprendido entre el 20 del mes de junio de 1929 y el 18 de abril del año 2007, a personas de ascendencia extranjera o no”. El artículo 2 establece que para beneficiarse de esa convalidación “será necesario constatar: (a) que la persona titular del acta de nacimiento no tuvo participación directa en la irregularidad de su inscripción en el Registro Civil, y (b) que no se trate de casos de duplicidad o suplantación de identidad”.

El artículo 5 dispone que la JCE demande ante el tribunal competente la nulidad de las actas que se correspondan con situaciones de duplicidad y suplantación de identidad.-

Divisiones al granel.

La desnacionalización de los descendientes de inmigrantes irregulares, en su mayoría haitianos, pero también cocolos, españoles, árabes, chinos y de otras nacionalidades, según el inventario de la Junta Central Electoral de 24 mil 392 afectados por la sentencia, ha dividido profundamente la sociedad dominicana, el Gobierno, los medios de comunicación y hasta las iglesias. Hay afectados en todos los sectores sociales, incluyendo militares y policías, deportistas, artistas, profesionales, dirigentes políticos y funcionarios civiles.

La división se expresa dramáticamente en la Iglesia Católica, donde el cardenal arzobispo de Santo Domingo, Nicolás López Rodríguez, aparece como cabeza de los defensores de la exclusión, pero la Conferencia Dominicana de Religiosos, que agrupa a todas las órdenes religiosas de sacerdotes y monjas, la rechaza. La Conferencia del Episcopado no ha podido fijar posición, pero se sabe que varios obispos no comparten la actitud de López Rodríguez. En la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, Codue, se han expresado posiciones contradictorias.

En el Gobierno y su partido también hay divisiones, aunque pocas se han expresado públicamente. Tanto el presidente de la República, Danilo Medina, como el presidente del PLD Leonel Fernández, han disentido discretamente de la sentencia. Ambos formularon cuestionamientos a su carácter retroactivo. Medina planteó una solución humanitaria al conflicto y Fernández llegó a decir en Estados Unidos que para él Juliana Deguis, cuya instancia de amparo motivó la sentencia del TC, es dominicana. Ningún organismo del partido oficialista se ha manifestado.

Sin embargo, los presidentes de las cámaras legislativas, Reinaldo Pared y Abel Martínez, y el consultor Jurídico del Ejecutivo, César Pina Toribio, han dado pleno apoyo a la desnacionalización. Mientras al secretario de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se le atribuye favorecer la devolución de los derechos conculcados. Ha sorprendido el silencio de gran parte de los dirigentes peledeístas y muy pocos, como la diputada Minou Tavárez Mirabal y el artista-diputado Manuel Jiménez, se han pronunciado firmemente en defensa de los excluidos.

 

El genocidio civil no podrá sostenerse

Por Juan Bolívar Díaz

Los informes disponibles permiten afirmar que el gobierno del presidente Danilo Medina y el liderazgo de su partido, encabezado por el expresidente Leonel Fernández, juegan al paso del tiempo con la esperanza de que baje la marea nacional e internacional que rechaza el genocidio civil decretado por la sentencia del Tribunal Constitucional.

Sin embargo lo ocurrido en el período navideño y las perspectivas internacionales lo que auguran es un mayor daño a la imagen del país, incluyendo la posibilidad de medidas cautelares a corto plazo y luego una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin tregua navideña. En los ámbitos gubernamentales hubo la esperanza de que el período navideño bajaría la marea de rechazo nacional e internacional de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) que avala el genocidio civil que de forma administrativa venía ejecutando la Junta Central Electoral (JCE) desde el 2007. Se llegó a pedir que se pasara ya la página del conflicto para que la sociedad se aboque a otros problemas, pero no hubo tregua navideña y las perspectivas apuntan a un incremento del rechazo.

Ya en vísperas de Navidad el Gobierno se vio precisado a reanudar las conversaciones con Haití, bajo la presión de la Comunidad Económica del Caribe (Caricom) y de Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro, llegó a decir que “somos hermanos incondicionales del pueblo de Haití, y quien se mete con el pueblo de Haití, se metió con el pueblo venezolano”. El cerco caribeño parece haber incluido a Cuba, cuando el presidente Raúl Castro en discurso del primero de enero, quiso “reiterar al hermano pueblo haitiano y a su gobierno, que los cubanos jamás los abandonaremos y que siempre podrán contar con nuestra modesta colaboración”.

El gobierno de Estados Unidos expresó su “profunda preocupación” por las implicaciones humanas de la sentencia, instando al dominicano a proseguir conversaciones internacionales y con la sociedad civil para abordar el problema con prontitud, mientras prometía continuar el diálogo que ya había iniciado.

El cardenal arzobispo de Boston, y miembro del Consejo de ocho asesores designados por el Papa Francisco para que le ayuden a gobernar la Iglesia y reformar la Curia Romana, se inscribió en la oleada navideña de rechazo a la sentencia y reclamó al Gobierno dominicano que preserve los derechos de los afectados. Mientras diarios como The New York Times y Boston Globe, publicaban nuevos reportajes sobre el conflicto.

Alarma creciente. En los ámbitos internacionales es creciente la alarma producida por el genocidio civil que ya afecta a miles de personas. Se da por hecho que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas abordará la situación en una reunión que tiene convocada para finales de enero en Ginebra. Lo mismo haría una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños a sesionar en los mismos días en La Habana.

Cuatro días en Washington fueron suficientes para comprobar el alto nivel de rechazo que tiene la desnacionalización de los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país desde 1929. En los ambientes de la Organización de Estados Americanos se le considera la más grave violación de derechos humanos en la historia de la organización. Se atribuye a su secretario general José Miguel Insulza haber dicho que la solución del conflicto es prioridad número uno para el 2014.

Dirigentes de la sede en Washington del Consejo Nacional de Iglesias (Evangélicas), del Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes, de la Fundación Robert Kennedy, y de American University, así como pastores anglicanos vinculados a la defensa de derechos humanos, nos contactaron interesados en conocer más a fondo la situación. Algunos se muestran dispuestos a participar en acciones contra el país, incluso de repercusiones económicas, lo que se les advirtió que podría ser contraproducente y dañino hasta para el empleo.

Dominicanos que trabajan en organismos internacionales, incluyendo diplomáticos, testimonian el amplio rechazo que recibe la sentencia. Algunos se quejan incluso de haber sido considerados racistas simplemente por ser dominicanos, sin que hayan defendido la exclusión.

De la Comisión a la Corte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que visitó el país a principio de diciembre y rindió un informe preliminar de radical rechazo al genocidio civil, trabajará ahora en la elaboración de su informe final. Tiene previsto sesionar en marzo para recibir reacciones del gobierno dominicano y de cualquier interesado. Luego lo remitiría al Consejo Permanente de la OEA.

No se descarta que en el ínterin pueda solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales para cautelar los derechos de miles de afectados. En su visita al país la Comisión recibió casi 4 mil denuncias, pero desde hace más de dos años es depositaria de instancias elevadas por unos 48 de los primeros afectados por la medida administrativa de la JCE.

De lo que no hay dudas es que si el Estado dominicano no revierte la apatridia en que la sentencia deja a decenas de miles de personas, como recomendó la Comisión Interamericana, la Corte será apoderada del caso y allí no habrá compasión con el despojo retroactivo de la nacionalidad, dada la jurisprudencia que estableció con su sentencia del 2005 en el caso de las niñas Yean y Bosico, nacidas en el país.

Hay quienes cuentan con la lentitud de los trámites de la Comisión y la Corte, pero como este caso afecta a miles de personas podría ser acelerado, lo que ya solicitaron abogados del Centro de Asistencia Jurídica Internacional (Cejil), durante la sesión de la Corte en México en octubre pasado, cuando conoció el caso de un grupo de deportados hacia Haití pendiente de fallo, y ahora afectados por la sentencia 168-13.

El juego de Leonel y Danilo. Tanto el presidente Medina como su antecesor Fernández están plenamente informados del cerco internacional que confronta la nación, y ambos han coincidido en reconocer la improcedencia del despojo retroactivo de la nacionalidad así como de la necesidad de encontrar una salida institucional al conflicto. La Comisión Interamericana no sólo lo puso por escrito, sino que sus titulares hablaron con Medina y “con la mayor franqueza” le dijeron que esa sentencia no será aceptada en ningún organismo internacional, porque vulnera derechos fundamentales universales.

El Gobierno luce atrapado cuando el ministro de Interior y Policía y su consultor jurídico proclaman que el conflicto de la sentencia no está en la agenda de la reanudación del diálogo con Haití programada para el martes 7, y que sólo tratarán de migración, regularización de extranjeros, medio ambiente y comercio, mientras para el canciller de Haití el tema número uno es la desnacionalización de los descendientes de haitianos. Se quiere ignorar la razón por la que Venezuela “auspicia” el diálogo, que ahora tendrá de observadores a Caricom, Unión Europea y otras instituciones.

En contradicción aparece también el expresidente Fernández, a quien el digital Acento le reprodujo una charla en American University, donde llega a proclamar que Juliana Deguis, por quien se pronunció la histórica sentencia, es dominicana, como muchos otros que “culturalmente están integrados a la nación dominicana”. En un artículo, el lunes 30 en el Listín Diario, Fernández vuelve a plantear la necesidad de “una solución, que sin quebrantar los atributos de nuestra soberanía nacional, satisfaga los requerimientos del derecho internacional de los Derechos Humanos”.

Se ilusiona con que eso sea posible con el Plan de Regularización de Inmigrantes, aunque termina pidiendo “soluciones inteligentes, pragmáticas y viables que nos permitan, al mismo tiempo, proteger nuestra soberanía nacional y rescatar nuestro prestigio internacional”, lo que es un reconocimiento del cerco externo.

 Reos de ultranacionalistas

Los líderes del PLD lucen como reos de una minoría ultranacionalista aliada, que en las campaña electorales hace los peores papeles, a la que complacieron con la sentencia y ahora no encuentran forma de convencer de que renuncien al espacio que le regalaron y que le ha permitido aparecer liderando el Gobierno, el partido y la mayor parte de su amplio aparato mediático. Todos se comprometieron sin medir las consecuencias internacionales y ahora quieren pretender que hay una soberanía absoluta, por encima de los tratados que reconoce hasta la Constitución Nacional. Los nacionalistas han formulado advertencias chantajistas al gobierno y a Fernández.

El escenario de solución debería ser el nacional, como ha planteado el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, no la negociación con Haití. Tampoco debe esperarse mayores daños al país. El camino más institucional de solución, sin desconocer la sentencia, es que el Estado pida una opinión consultiva a la Corte, última instancia en la materia, (artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), evitando que le impongan medidas cautelares o un dictamen revocatorio.

Una alternativa sería una ley que interprete artículos constitucionales como el 18.2 que reconoce la nacionalidad dominicana a todos los que la disfrutaban hasta el 2010; el 74.3 que otorga jurisdicción privilegiada a los pactos y convenciones sobre derechos humanos; el 74.4 que proclama el Principio de la favorabilidad en derechos humanos; y el 110 que prohíbe la retroactividad de la ley en perjuicio de las personas, pero la justifica cuando implique beneficios. Lo han planteado expertos constitucionalistas. Danilo Medina y Leonel Fernández tienen capacidad para hacerlo, pero se desconoce si sus distancias les han permitido hablar sobre esta grave crisis.-

 

La Comisión de Derechos Humanos

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque parezca innecesario, conviene comenzar señalando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no es un organismo privado, de las no gubernamentales fruto de la iniciativa ciudadana, nacional o internacional, sino un órgano intergubernamental, de lo que se conoce como Sistema Interamericano.

También conviene advertir que la visita oficial que inicia mañana, no es la primera, sino la sexta que ese organismo realiza al país, la primera en 1961 tras la caída de la tiranía de Trujillo, después en 1963, luego en 1965 tras la guerra civil y la intervención militar norteamericana, cuando se extendió por más de un mes, siendo la más larga en su historia. Volvió en 1991 y por última vez en 1997. La de ahora tiene la particularidad de ser la más nutrida, ya que vienen 6 de sus 7 titulares y un amplio equipo ejecutivo.

Creada por los estados americanos en 1959 antecede incluso a la Convención Americana de los Derechos Humanos aprobada en 1969, aunque entró en vigencia a partir de 1978, año en que fue ratificada por el Estado dominicano. Hoy día la CIDH es un órgano fundamental de la Organización de Estados Americanos, y al igual que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tiene régimen propio de autonomía. Ambas entidades están instituidas por la Convención Americana de Derechos Humanos.

La Comisión es un órgano consultivo de la OEA y tiene como mandato la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente y está integrada por siete miembros independientes, electos a título personal por la Asamblea General de la entidad que agrupa a 34 estados americanos.

Con sede en Washington, algunos la confunden con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, radicada en Costa Rica, ratificada por el gobierno del presidente Leonel Fernández en 1999, en virtud de lo cual sus dictámenes son vinculantes para la nación, al igual que para otros 23 países de la región que han reconocido su jurisdicción, lo que no ha hecho Estados Unidos, pero sí todos los de América Latina. Pero ambos organismos están vinculados en el propósito de proteger los derechos consagrados por la Convención Americana. De hecho la Comisión es como la procuraduría fiscal de la Corte, la que decide los casos que tienen los méritos necesarios para ser conocidos por el máximo órgano judicial de las Américas.

Con todo lo apuntado nadie debe sorprenderse de que la Comisión visite el país en medio de la grave crisis de derechos humanos determinada por la decisión administrativa de la Junta Central Electoral que desde 2007 despoja de la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, agravada por la sentencia del Tribunal Constitucional que la justifica y amplía a decenas de miles de personas.

De hecho hace más de dos años que la CIDH está apoderada de instancias de 48 de las primeras víctimas de la desnacionalización, y ha realizado ya dos audiencias públicas sobre sus casos, teniendo pendiente decidir si los remite a la Corte.

No hay duda que esta visita puede ser crucial para la suerte de los dominicanos de ascendencia haitiana principalmente, condenados a constituir un guetto en la República Dominicana. Y como tal debemos saludarla, con el mismo respeto y consideración que tenemos por los órganos del Estado dominicano. Porque ella es parte del bloque de constitucionalidad nacional.

No hay que olvidar que en la reciente sesión del Consejo Permanente de la OEA que conoció la sentencia del Constitucional dominicano se anunció esta visita como un esfuerzo para abrir senderos que solucionen el conflicto partiendo del principio fundamental de que a nadie se le puede despojar de su nacionalidad, como planteó allí el Secretario general del organismo interamericano, José Miguel Insulza. Bienvenida la comisión.

Se requiere racionalidad frente al genocidio civil

Por Juan Bolívar Díaz

Tras una serie de errores del grupo ultranacionalista, que han acentuado el persistente rechazo de la comunidad internacional y la próxima visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aparecen indicios de que el gobierno contempla alternativas a la sentencia que dejaría sin nacionalidad a miles de personas.

El diálogo con el gobierno haitiano, impulsado por Venezuela, y un mejor manejo del proyectado Plan Nacional de Regularización de Inmigrantes abren espacio de diálogo, mientras se atribuye al expresidente Leonel Fernández preocupación por la presión internacional y el esbozo de alternativas.

La sugerencia de Venezuela. En la opinión pública no se entendió por qué una comisión de alto nivel, presidida por el Ministro de la Presidencia, tuvo que volver a Venezuela tres días después de que fuera a explicar la posición del gobierno dominicano frente a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) que despojaría de la nacionalidad a decenas de miles de dominicanos nacidos en el país descendientes de haitianos.

La explicación se conoció el jueves con el comunicado en el que el gobierno dominicano se avino a dialogar con el de Haití para “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica y el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana”. Eso es ni más ni menos lo que han pedido no sólo el gobierno haitiano, sino relevantemente todos los organismos nacionales e internacionales y las naciones caribeñas.

No se puede olvidar que el grupo de 14 países agrupados en el Caricom ha radicalizado el rechazo internacional a la sentencia, tanto como condicionar el solicitado ingreso de RD a ese bloque, su retiro del Cariforo y hasta su exclusión de las facilidades del programa venezolano Petrocaribe. Aunque aquí muchos restaron importancia a la posición de los caribeños, la realidad es que son un amplio bloque de 14 naciones con peso diplomático en el sistema interamericano y en otros organismos internacionales, con los que tanto Venezuela como Cuba han contado en los últimos años.

Es obvio que Venezuela sugirió al gobierno dominicano que dialogue con Haití, a cambio de lo cual lograba el aplazamiento de una reunión del Caricom que habían convocado esta semana para plantear acciones contra el genocidio civil de los domínico-haitianos.

Fisuras en el gobierno. Desde el principio no ha habido unanimidad en el gobierno sobre la adopción sin reparos de la aplicación de la sentencia del TC, y el tremendo rechazo de la comunidad internacional y la próxima llegada de la CIDH, han acentuado las diferencias. Hasta en el entorno del presidente Medina hay quienes promueven una “solución diplomática” y plantean retomar la posición original del mandatario cuando al reunirse con un grupo de los domínico-haitianos excluidos les pidió excusas por el daño que se les ha hecho, dejó interrogantes sobre la retroactividad de la sentencia y proclamó la necesidad de buscar una “solución humanitaria”.

Incluso hay quienes no entienden por qué el mandatario no ha reivindicado sus planteamientos y ha permitido que entre sus funcionarios y los dirigentes de su partido predominara la posición de la minoría ultranacionalista que pretende un enfrentamiento con toda la comunidad internacional a nombre de una soberanía limitada por los tratados internacionales, por lo menos en materia de derechos humanos.

Los radicalismos en que ha incurrido el grupo ultranacionalista, aliado político del partido gobernante, han acentuado las fisuras en el gobierno y partidarios, donde algunos consideran que se han justificado acusaciones de actitudes fascistas con actos como los gritos de “muerte a los traidores” en manifestaciones ante el altar de la patria y en Santiago, publicación de un “album de traidores a la patria”, quema publicitada de una novela del crítico Mario Vargas Llosa, a quien llegaron al extremo de considerar agente pagado, hostilidad contra su hijo Gonzalo Vargas Llosa, representante en el país del Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes, estigmatización a las organizaciones no gubernamentales y persecución y acoso a periodistas, juristas y hasta a las dos juezas que objetaron la sentencia.

La visita de la CIDH. La visita de la CIDH fue finalmente acordada para la semana del 2 al 5 de diciembre. Se dijo que por lo menos seis de los siete titulares del organismo y su director ejecutivo constituirán la misión que sostendría reuniones con los funcionarios gubernamentales, entidades de la sociedad civil, grupos de afectados por la sentencia y con forjadores de opinión pública. Al final darían una rueda de prensa.

De acuerdo con su firme rechazo de la sentencia y lo dicho por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, la misión buscaría ayudar al gobierno a abrir espacio para una solución acorde con los principios de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, sin esperar un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por su jurisprudencia implicaría una salvaguarda de los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana.

La CIDH adelantó parte de su posición cuando el viernes 8 dijo públicamente que deseaba visitar el país a más tardar a principio de diciembre, antes de que se fuera a comenzar a implementar la sentencia del TC. El organismo tiene facultad para pedir a la corte una medida cautelar a favor de los afectados hasta que la Corte Interamericana conozca el caso. Por lo menos 18 afectados ya recurrieron ante la comisión desde hace dos años.

¿Mediación de Leonel?

Dos de los participantes en la reunión de casi cuatro horas que sostuvo el presidente del PLD y expresidente de la nación Leonel Fernández con sus aliados políticos el lunes 18 confirmaron que allí se discutió ampliamente la sentencia y sus consecuencias y que el líder político manifestó preocupación por el rechazo de la comunidad internacional.

El doctor Fernández habría enfatizado la necesidad de buscar alguna salida que atenúe la presión internacional “sin dejar mal parado al Tribunal Constitucional”. Esbozó la posibilidad de reconocer la nacionalidad a los 13 mil 672 domínico-haitianos que serían afectados de acuerdo al inventario relámpago que hizo la Junta Central Electoral, pero sin que se especificara una fórmula. En círculos políticos y hasta diplomáticos se ha barajado una posible mediación del líder peledeísta, quien hablando en Nueva York poco después de la sentencia, hizo reservas sobre su carácter retroactivo.

Lo primero es que no hubo unanimidad ni voluntad de los participantes para asumir la promoción de la sentencia. José González Espinosa y Rafael Peguero Méndez, del Partido de los Trabajadores Dominicanos y del Partido Popular Cristiano, incluso se manifestaron en contra de la desnacionalización de los domínico-haitianos y se quejaron de “mal manejo” de la situación. El representante de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, esbozó la posición radical de ese grupo en favor del TC, y Miguel Mejía, del Movimiento Izquierda Unida, se quejó de la ineficacia de la diplomacia dominicana para terminar sugiriendo un apoyo del bloque de partidos.

Lo del genocidio civil y la crítica evaluación del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) de Washington, que considera que el país marcha en dirección a un régimen de partido único, consumieron gran parte de las más de tres horas y media que duró el encuentro y centraron las preocupaciones de Fernández. En ningún caso se concretó una respuesta colectiva.

Lo del Consejo de Migración

El comunicado tras la reunión el viernes del Consejo Nacional de Migración también fue expresión de prudencia gubernamental, al no pretender esta vez vincular el Plan de Regularización de Inmigrantes, que se viene discutiendo desde hace dos años, con la desnacionalización de los domínico-haitianos, como han hecho algunos.

De forma escueta se informó el plan que sería proclamado próximamente por decreto presidencial, que conllevaría una primera etapa para programar, presupuestar y organizar su implementación, y luego documentar y regular la entrada y permanencia en el país de los trabajadores inmigrantes, mayoritariamente haitianos.

La idea del plan ha tenido respaldo generalizado de organizaciones sociales, incluso las que trabajan en defensa de los derechos humanos, aunque una primera propuesta de la Dirección General de Migración fue criticada por los costos que conllevaba. Ese organismo puso en práctica su plan a partir de abril del 2012 y en año y medio sólo logró regularizar a 205 obreros. Migración comenzó cobrando 15 mil pesos sólo por emitir el carnet final, y aunque lo ha rebajado a 8 mil, aún ese y los demás costos que con- lleva lo han hecho inviable.

Organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Acnur han alentado el Plan de Regularización, comprometiendo ayuda. Pero se rumoró que no se sintieron satisfechos con que se vinculara un viejo apoyo a la circunstancia derivada de la sentencia del TC. Todas las agencias de las Naciones Unidas vinculadas han cuestionado las implicaciones de la desnacionalización masiva. Y se sabe que el PNUD propuso tres alternativas al gobierno, favoreciendo el reconocimiento de los derechos fundamentales, como el de la nacionalidad y evadiendo la apatridia, las cuales estarían siendo consideradas por el gobierno.

 

Danilo debe frenar el genocidio civil

Por Juan Bolívar Díaz
Fallo TC

El camino más expedito para conjurar la el genocidio civil avalado por el Tribunal Constitucional (TC) antes que el país sufra nuevas condenas internacionales es una ley que reivindique la Constitución vigente, y reconozca la nacionalidad dominicana a todos los que la recibieron antes del 26 de enero del 2010.

Por de pronto la sentencia 168-13 del TC ya perdió la opinión pública nacional e internacional con un contundente rechazo al “tránsito de décadas” y al efecto retroactivo que viola un precepto fundamental de carácter universal, sobre todo en materia de un derecho básico como el de la nacionalidad.

244 mil serían afectados. La sentencia que desconoce a los dominicanos de ascendencia haitiana contiene en sí misma elementos que la condenan al zafacón de la historia, como el dislate de declarar en tránsito a decenas de miles de descendientes de inmigrantes de hasta 84 años y ordenar un rastreo desde 1929, lo que incluirá a los miles asesinados por la guardia trujillista en 1937, cosa que esta semana recordó BBC Mundo en un extenso reporte, y de disponer el despojo retroactivo de su nacionalidad, en violación de la Constitución de la República en su artículo 110, sino también de un principio básico del derecho internacional. El reglamento de Migración 279 de 1939 limitaba el tránsito a 10 días.

Asumiendo el antihaitianismo de grupos ultranacionalistas, a 11 de los 13 jueces del TC se les fue la mano en otros aspectos, por los cuales su dictamen ha tenido el rechazo casi absoluto de los expertos en derecho constitucional e internacional y de las ciencias sociales. Se cogieron para sí una instancia que reconocían facultad de otro tribunal, juzgaron sin escucharla a la señora Juliana Deguis Pierre que lo que les pedía era amparo y extendieron la condena a 244 mil personas que integrarían un apartheid.

La misma sentencia exagera las víctimas de la limpieza racial que dispone, cuando en su numeral 1.13 interpreta los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes publicada en abril por la Oficina Nacional de Estadística, que estima en 458 mil los nacidos en Haití y en 244,151 sus descendientes nacidos en República Dominicana. Sin el menor rigor, igualan las dos categorías, para elevar su total a 668,145, y sostener que la recurrente señora Deguis es solo una del total “por lo que el problema que ahora nos ocupa no solo le atañe a ella, sino también a otra cantidad de inmigrantes haitianos y sus descendientes los cuales constituyen el 6.87 por ciento de la población que habita el territorio nacional”.

Según el censo, los nacidos aquí son el 2.04 por ciento de la población nacional, y solo esos pueden equipararse a Juliana Deguis, porque como ella reclaman la nacionalidad.

La Constitución del 2010. Para negar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados fue que en la Constitución del 2010 se modificó lo relativo a quiénes son dominicanos, artículo 18.

En las anteriores, donde imperaba el jus soli, solo se excluía a los hijos de diplomáticos y extranjeros en tránsito. Se excluye ahora también a los hijos de quienes “residan ilegalmente en territorio dominicano”.

Como ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el tránsito debe ser por un período razonable, no por décadas, y como el artículo 110 de la Constitución declara que “la ley solo dispone y se aplica para el porvenir”, la Sentencia del TC ha sido considerada inconstitucional por casi todos los expertos constitucionalistas.

Hasta el expresidente Leonel Fernández rechazó la retroactividad esta semana en declaraciones a periodistas en Nueva York.

Según publicó el digital 7días.com, el líder peledeísta dijo que si la sentencia es de aplicación retroactiva creará un problema con personas “que han tenido la impresión de ser dominicanos y en algún momento hasta tuvieron la documentación dominicana”.
Agregó que “lo que tiene que verse… es si tiene efecto retroactivo o solamente rige para el futuro. Si se interpreta simple y llanamente como para regir en el futuro, no hay discusión…”.

Un apartheid imposible. En la globalización actual no será posible que florezca un apartheid que de entrada pudiera afectar a 244 mil personas y en el futuro a toda su descendencia. Ellos no se irán y resistirán el despojo de la nacionalidad, prefiriendo “hasta la muerte” como dijo la joven petromacorisana Altagracia Yan en una rueda de prensa esta semana.

Resulta imposible imaginar a decenas de miles de personas sin poder acceder a una identidad, a un empleo, ni a la seguridad social, sin derecho a casarse ni divorciarse, ni inscribirse en una escuela o universidad.

Las autoridades tendrían que pasar años notificando anulaciones de actas. Será impracticable también el inventario hasta 1929 buscando descendientes de inmigrantes indocumentados.

El dictamen del TC divide la sociedad dominicana, porque una proporción muy considerable, legitima el despojo, confundiendo los derechos adquiridos de los nacidos en el país con la creciente inmigración de haitianos, promovida por intereses empresariales y del mismo Estado que se garantizan un excedente de mano de obra, lo que abarata el costo del trabajo.

Cuando la Junta Central Electoral (JCE) contrató en el 2005 para automatizar todo el registro civil, se pudo comprobar que el 22 por ciento de los folios estaban deteriorados y otro porcentaje desaparecido.

Hasta 1993 se obtenía la cédula de identidad sin acta de nacimiento y el 25 por ciento de los que han dado sus datos biométricos carecían del acta, sostiene una fuente del organismo.

El presidente Medina. Se creyó que el TC tenía la llave para poner fin al genocidio civil iniciado en el 2007 por la JCE pero su dictamen avalándolo y multiplicándolo, obligará a la búsqueda de una “solución pragmática”, como la propuesta a principio de año por el doctor José Angel Aquino, titular del organismo estatal, quien llegó a presentar un proyecto de ley para reconocer la nacionalidad a unos 22 mil afectados por la resolución de la JCE a partir de 1982. Tres de los cinco miembros de la JCE lo rechazaron.

En las actuales circunstancias el presidente Danilo Medina sería el más indicado para tomar la iniciativa legislativa, tanto para evitar el apartheid como para economizar descrédito internacional, que en el exterior no podrá ser desvinculado de su gobierno. Más aún cuando su director de Migración, José Ricardo Taveras, ha llegado al extremo de alentar públicamente manifestaciones antihaitianas.

El mandatario podría motivar su proyecto aún en razones humanitarias, como borrón y cuenta nueva, reivindicando el artículo 18, numeral 2 de la Constitución que dice que “son dominicanos y dominicanas quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”. Haría justicia y ganaría reconocimiento, ya que esos ciudadanos no se adjudicaron un derecho, sino que les fue reconocido por el Estado cuando los inscribieron como dominicanos. Y tendría mayor legitimidad para hacer centrar la acción del Estado en limitar la inmigración actual en vez de andar mirando hacia atrás.

 

Urge la suspensión del genocidio civil

Por Juan Bolívar Díaz

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a conocer esta semana en Washington las denuncias contra el Estado dominicano por negarse  a expedir copias de sus actas de nacimiento a miles de nacionales de ascendencia haitiana, lo que condenó el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Lo que se ha denominado como genocidio civil contra miles de personas tiene un agravante en la reciente decisión de la Junta Central Electoral, que traspasó a la Dirección de Migración 19 mil 15 expedientes de personas que ha considerado de forma retroactiva que no tenían derecho a la nacionalidad dominicana.

Otra vez en Washington

Una vez más la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionó en su sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, el martes 12 de marzo, para conocer una solicitud de amparo incoada por 48 de los miles de ciudadanos dominicanos a quienes desde el 2007 la Junta Central Electoral reusa expedirles copias de sus actas de nacimiento porque sus padres no tenían residencia legal cuando los declararon hace hasta más de medio siglo.

Agobiado por las críticas y condenas internacionales el Estado, en la persona del embajador dominicano ante la OEA, doctor Roberto Saladín, pidió a la CIDH que no convoque más audiencias sobre esta temática considerando que “ha sido suficientemente debatido en más de cinco oportunidades”. La última audiencia había sido el 24 de octubre del 2011. Los impetrantes constituyen una alianza de unas 35 organizaciones y grupos defensores de derechos humanos, de entidades religiosas y de personas afectadas, incluyendo instituciones de Estados Unidos y Europa.

La intervención del embajador Saladín fue contestada por Rosa María Ortiz, una paraguaya relatora de la CIDH que visitó el país en febrero, así como por el señor Felipe González, quienes expresaron que “la desnacionalización de dominicanos de ascendencia haitiana ha empeorado” y denunciaron hostigamiento a los grupos que reclaman sus derechos. Justo la noche antes de lo audiencia el padre Mario Serrano, del Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes, y un grupo que hacía vigilia frente a la JCE reclamando sus actas de nacimiento, fueron detenidos una hora por la Policía,

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Las audiencias de la CIDH pretenden conciliar conflictos por ejercicio de derechos humanos. El organismo formula recomendaciones y en ocasiones llega a solicitar a los estados miembros del Sistema Interamericano la adopción de medidas cautelares hasta que un expediente sea conocido en todos los órganos judiciales nacionales, para poder traducirlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que opera como la última instancia de los países que, como República Dominicana, han reconocido esa jurisdicción.

No habrá escapatoria

Al país le esperan múltiples condenas de organismos de derechos humanos, incluso de la Corte Interamericana cuando finalmente le llegue el expediente, por la decisión de la JCE del 2007 que prohíbe emitir copias de actas de nacimiento a ciudadanos dominicanos cuyos padres no tenían residencia legal cuando los registraron. Hace poco tiempo, de manera confidencial, un funcionario del sistema interamericano alentó a persistir en recomendar a las autoridades que rectifiquen esa práctica.

Con amplio conocimiento de causa, se refirió al hecho de que la Constitución proclamada en enero del 2010, modificó el jus solis justo para crear un nuevo marco jurídico en el que la nacionalidad pasa a ser un derecho de origen sanguíneo, no de suelo, pero especificó que “en ninguna instancia de derecho internacional se aceptará que pueda aplicarse retroactivamente”. Entre los 19 mil casos registrados hay personas con más de medio siglo de nacidas en el país, y declaradas como dominicanas, que viven aquí. La mayoría son pobres que nunca han salido del país, jóvenes, porque son los que más necesitan copias de sus actas de nacimiento para fines escolares, obtener cédula o pasaporte, casarse o divorciarse. Estos, a su vez están impedidos de declarar a los hijos que les están naciendo. Los mayores que tienen cédulas de identidad y viven en la pobreza, no son afectados porque casi nunca necesitan acta de nacimiento.

El funcionario internacional recordó que ya en octubre del 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el Estado inscribiera como ciudadanas a las niñas Yean y Bósico, tras considerar que les correspondía. Dio por indudable que con más razón dictaminará a favor de quienes ya habían sido inscritos como dominicanos al amparo de los mismos preceptos constitucionales y legales que favorecían a las dos menores descendientes de haitianas pero declaradas dominicanas. 

Otra condena de la ONU

Es relevante que hasta hace poco los reclamos internacionales eran para que el  Estado dominicano reconociera a los descendientes de haitianos nacidos en el país, ahora es para que no despoje de la nacionalidad a quienes ya había reconocido. Los sistemas jurídicos son lentos y pasarán varios años antes de que un expediente de esta naturaleza llegue a la Corte Interamericana. Pero una condena no sólo será una nueva humillación internacional, sino que podría conllevar reparaciones y dar paso a demandas previstas en el sistema constitucional y legal.

Pero mientras tanto habrá que prepararse para seguir recibiendo sanciones de organismos internacionales como la contenida en un documento del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial que exhortó a restituir sus documentos de identidad a los descendientes de haitianos a quienes “les han sido confiscados, anulados o destruidos”.

El documento se refiere a audiencias celebradas por el organismo en febrero pasado con participación del director de Migración, de un embajador ante la ONU y dos legisladores dominicanos, quienes defendieron o explicaron el asunto como decisión migratoria soberana y no de nacionalidad. Pero el Comité responde que “el alcance de soberanía nacional en materia de nacionalidad tiene sus límites en el respeto a a los derechos humanos, específicamente en el principio de no discriminación”.

Diplomáticos dominicanos se han visto en verdaderos apuros al tener que defender ante colegas una causa tan absurda como la aplicación retroactiva de una normativa en materia tan sensible como el derecho a una nacionalidad que condena a los afectados a vivir segregados civil y jurídicamente en el medio donde han nacido y se han reproducido y del que no podrían escapar por carecer de recursos para emigrar e iniciar una nueva identidad. Entre los afectados dominicanos ya ha habido intentos de suicidios y jóvenes que han perdido oportunidades de trabajo y becas de estudios.

La JCE saca el bulto

El empecinamiento del ahora presidente de la JCE, Roberto Rosario, desde que presidía la desaparecida Cámara Administrativa de la institución que adoptó la resolución 12-07 restringiendo la expedición de copias de sus actas a los ciudadanos de ascendencia haitiana, ha metido el país en un callejón sin salida en los ámbitos del derecho internacional.

Consciente de la insostenibilidad de sus argumentos pretenden confundir alegando cuestiones migratorias en un conflicto de nacionalidad. Por eso en octubre del 2011, en vísperas de la anterior audiencia temática de la CIDH se puso a la directora del Registro Civil a emitir una circular autorizando a entregar copias de sus actas a los ciudadanos bajo investigación “hasta tanto el pleno de la  JCE determine si las mismas son válidas… y proceda a suspenderlas provisionalmente, a demandar su nulidad ante un tribunal o a reconocer su regularidad”. Esa circular, que después de la audiencia fue ignorada,  implicaba una rectificación, al reconocer el imperio del artículo 31 de la Ley 659 Sobre Actos del Estado Civil. De hecho varios jueces ya han dictado resoluciones disponiendo entregas de las actas, pero la JCE las ha apelado e ignorado.

El 21 de febrero pasado, por decisión de tres a dos votos, el pleno de la JCE quiso sacar el bulto al problema remitiendo a la dirección de Migración 19 mil 15 expedientes de “personas con situaciones especiales” para que sean depuradas al amparo del artículo 9 de la Ley de Migración. En un voto disidente razonado”, el miembro titular Eddy Olivares Ortega calificó de inconstitucional e ilegal esa resolución en virtud de que ese artículo se refiere a materia migratoria y no a registros del estado civil y porque el organismo no puede delegar sus facultades constitucionales.

Olivares ratificó la posición que desde la emisión de la circular 12-07 ha sostenido junto a la doctora Aura Celeste Fernández. Ex titular de la JCE,  de que se ese organismo carece de facultad para anular actas de nacimiento debidamente registradas. Volvió a citar el artículo 45 del Código Civil y el 31 de la Ley 659 que establecen que “Cualquier persona podrá pedir copia de las actas sentadas en los registros del Estado Civil. Estas copias libradas conforme a los registros legalizados por el juez de paz de la jurisdicción o por el que haga sus veces se tendrán por fehacientes mientras no sea declarada la falsedad de dichas actas”.  Citó también jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que las actas debidamente asentadas  por los oficiales del estado civil “constituyen documentos con enunciaciones de carácter irrefragable hasta inscripción en falsedad”.

Más allá de cualquier alegato, es relevante la persistencia en crear un cementerio de muertos civiles en el país con miles de almas en pena y la indiferencia generalizada ante un atropello a un derecho fundamental de miles de personas.-

 

El 2012 registra declive institucional y económico

Por Juan Bolívar Díaz
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El pragmatismo político salvaje se apoderó del país en este 2012 que concluye, debilitando la institucionalidad democrática, desintegrando los partidos y desguañangando la economía, dejando serias incógnitas sobre la sostenibilidad económica y el equilibrio social.

Heredero de grandes desequilibrios el presidente Danilo Medina lucha por restablecer la confianza en las instituciones, mientras nuevos actores sociales ocupan el vacío de liderazgo político opositor, generando un activismo que reivindica el protagonismo de la ciudadanía.

Un exitoso pragmatismo.  Un año de elecciones cobró alto costo en el debilitamiento de la institucionalidad democrática y con el desguañangue de la economía nacional, cuando el presidente Leonel Fernández superó su promesa de que invertiría 40 mil millones de pesos para que su partido se mantuviera gobernando, con una doble campaña, incluso después de los comicios del 20 de mayo, para abonar su regreso en el 2016.

La campaña electoral concluyó en los peores niveles de abuso del poder del Estado marcando una competencia desigual. El clientelismo,  la compra de voluntades y votos y el involucramiento de todo el gobierno superaron los  precedentes como lo certificaron seis informes de la observación electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y quedó patente en los medios de comunicación.

Hasta la diplomática misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó afirmando que “el Estado se convirtió finalmente en un actor electoral”, recomendando poner atención “al uso de recursos públicos y a la presencia de las más altas autoridades del gobierno y del partido gobernante en las campañas, cualquiera esta sea, a fin de asegurar la equidad en la contienda electoral”. Un extenso informe recomienda también que se “reglamente el acceso equitativo a los medios de comunicación en todos sus aspectos”, así como “el establecimiento de límites al gasto electoral, con miras a promover mecanismos de equidad en la contienda”.

Debilidades institucionales.  Las denuncias de corrupción, sin la menor investigación de unos órganos judiciales sin independencia ocuparon todo el año, proviniendo no sólo de los partidos y candidatos de oposición, sino también de medios de comunicación. Se documentó que el financiamiento político del poderoso senador Félix Bautista se extendió fuera del país hasta Haití y Perú con millones de dólares. Mientras el Foro Económico Mundial y Amnistía Internacional ratificaban al país como líder de la malversación, del favoritismo de los funcionarios públicos y en la falta de transparencia.

Un elemento que evidenció la extrema debilidad institucional dominicana fue la presencia del Procurador General de la República y del canciller en una rueda de prensa donde se acusó al jefe de seguridad del principal candidato opositor de conspirar contra el gobierno de Haití, en base a una grabación fruto del espionaje telefónico en violación de la Constitución y la ley. La denuncia fue desestimada por el ministerio público.

El Congreso Nacional actuó todo el año como sello gomígrafo del Gobierno, sin  cumplir su responsabilidad de fiscalización pero realizando tareas de asistencialismo social clientelista. Pese a que habría elección presidencial, no tuvieron interés en aprobar el proyecto de ley orgánica electoral elaborado por una misión de la OEA ni el de ley de partidos, consensuado durante más de una década. Tampoco el proyecto de  ley de regulación salarial, vetada por el presidente Fernández en su última jornada de gobierno, ni el de la urgente reforma de la Policía. Mientras, pasaba el onceavo año sin que dieran vigencia a la ley del Defensor Público.

Varios senadores oficialistas, encabezados por Charles Mariotti y Julio César Valentín, se hicieron conscientes de la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y sometieron un paquete de siete proyectos de fiscalización y control, de racionalización del gasto público, de Cámara de Cuentas  y de integridad en la función pública, entre otros, sin haber obtenido mayor atención congresual.

Ningún órgano de control ni autoridad llamó la atención cuando el Presidente de la República y sus principales funcionarios económicos se volaron varios preceptos constitucionales y una docena de leyes normativas al incurrir en un déficit fiscal que multiplicó por nueve el autorizado en la ley del presupuesto del 2012.

Otros elementos críticos.  El debilitamiento institucional quedó al desnudo en el sexto informe del monitoreo de PC a los mandatos de la ley de libre acceso a la información pública donde diez organismos que en el 2001 registraron puntuación sobre 90 por ciento, cayeron entre 20 y 44 puntos. Entre ellos los ministerios de Salud, Educación y administración pública, el despacho de la Primera Dama y hasta la Suprema Corte de Justicia.

La crisis institucional quedó más evidente que nunca en los principales partidos de oposición, el Reformista Social Cristiano fragmentado y absorbido por los gobernantes, y el Revolucionario Dominicano, cuya candidatura presidencial fue debilitada desde su propia presidencia, cayendo en una virtual división, con secuestro de su casa nacional y de los organismos partidarios que no han podido ser reunidos.

 La fragmentación del partidismo tuvo dos expresiones, la adscripción de 18 partidos a las candidaturas de los dos mayoritarios y la incapacidad mostrada por cinco contestatarios que frustraron expectativas de una opción alternativa, terminando entre todos con el 2 por ciento del sufragio.

 Los cuestionamientos al estado de derecho y denuncias de corrupción se expresaron hasta por parte de embajadores, como los de Estados Unidos y Gran Bretaña, además de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos. Los reclamos de amparo por la exclusión de miles de descendientes de haitianos que ya habían sido reconocidos como dominicanos fueron acogidas por tribunales nacionales y llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Más de 300 muertos a manos de la Policía, en gran proporción ejecuciones sumarias, una de las cuales fue documentada en vídeo, y denuncias de torturas y de  redadas masivas que terminan  en extorsión, así como de espionaje y saqueo, dejaron mal parado el estado de derecho. En contraste la inseguridad ciudadana siguió en picada con una delincuencia y un narcotráfico cada vez más atrevidos y criminales.

   Desguañangue económico.  El costo de este año electoral devino en un escándalo mayúsculo cuando el gobierno de Danilo Medina cuantificó en 8 por ciento del PIB el déficit fiscal que heredó de su antecesor, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevaría a 8.5 por ciento, unos 204 mil millones de pesos. Sería el quinto año consecutivo de déficits fiscales pero esta vez cuadruplicando el promedio de 50 mil millones de pesos.

A pesar del desbordamiento del gasto público, cubierto con un endeudamiento que ya alcanza el 44 por ciento del PIB, la economía nacional siguió reduciendo su crecimiento, este año alrededor del 4 por ciento, con menor actividad privada, e impactando la posición externa del país, según el FMI, que sitúa el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en un 7 por ciento del PIB. Se proyecta a 4,286 millones de dólares, con un desbalance comercial de casi 9 mil millones de dólares. Según la evaluadora JP Morgan, la deuda del sector público no financiero creció en 2,200 millones de dólares, sumando casi 19 mil millones de dólares. La total pasó de 25 mil millones de dólares.

El agravante de reducción de la inversión extranjera y la pérdida de 800 millones de dólares en las reservas internacionales, “por debajo de las normas de referencia”, explican la devaluación de los últimos meses, a pesar del gran éxito de una inflación de apenas 3 por ciento.

Los niveles de los déficits y el peso del endeudamiento cuestionan la sostenibilidad económica del país y de su modelo de desarrollo, desafiando al Gobierno instaurado en agosto, que ha impuesto una reforma tributaria, cuyos beneficios y costosas repercusiones no se podrán apreciar hasta los primeros meses del próximo año.

 

Los desafíos del 2012

Por Juan Bolívar Díaz
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El año que comienza comporta grandes desafíos para la sociedad dominicana, el primero de los cuales será mejorar la calidad de la democracia con un proceso electoral que culmine en una elección presidencial que deje al país en condiciones de emprender la pregonada estrategia nacional de desarrollo integral y sostenible.

Las fuerzas sociales organizadas deberían comenzar por abandonar el pesimismo y acopiar todas sus energías para presionar al sistema partidista por las reformas políticas pendientes así como para evitar que la campaña electoral conlleve el temido desguañangue de la economía nacional.

Fuertes incertidumbres.  El 2012 ha arrancado con fuertes incertidumbres para la sociedad dominicana, tanto en el orden económico, como en lo político y social, con el agravante de que se respira un pesimismo que inmoviliza y resigna a muchos que se sienten apabullados por un sistema político que cada vez impone más sus propias reglas en detrimento de la institucionalidad democrática.

En los balances de fin de año tanto de economistas como analistas políticos y sociales, lo que predominó fue un acendrado pesimismo sobre las perspectivas económicas de la nación en un escenario internacional cada vez más desfavorable, y el convencimiento general de que es muy difícil impedir el abuso de los recursos del Estado en la intensa campaña electoral que ya agota medio año.

El temor al desguañangue de la economía ha estado presente en los análisis de los economistas y en las expectativas de los dirigentes empresariales, lo que ha sido abonado por el virtual abandono del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional y el incremento del déficit fiscal en el último cuatrimestre del año recién concluido, que los opositores cuantifican hasta en 61 mil millones de pesos.

El anuncio presidencial de que dispondrá de 40 mil millones de pesos como inversión para garantizar el triunfo de su partido en los comicios del 20 de mayo parece haber operado como un anestésico, pues aunque más allá de sus partidarios nadie lo aprueba, parece cundir el sentimiento de que es un costo inevitable para la débil institucionalidad democrática nacional.

En su artículo del miércoles 4 en HOY, el acreditado economista Bernardo Vega dio por hecho que el 2012 será “un año bipolar”, con desguañangue esquizofrénico en su primera mitad y depresión en la segunda. Hace semanas que otros reputados economistas como Carlos Despradel, Carlos Asilis, Fernando Álvarez Bogaert, Apolinar Veloz y Nelson Suárez vienen expresando temores de que el desbordamiento del gasto gubernamental en la campaña electoral desestabilice la economía nacional.

El difícil tercer período.  También es generalizada la convicción de que la competencia electoral será salvaje en la medida en que las encuestas de más credibilidad sigan señalando las dificultades para un tercer período consecutivo de Gobierno del partido en el poder, dada la cultura política dominicana de que “el poder no se cede”, históricamente predominante sobre los principios democráticos.

Son pocos los partidos latinoamericanos que han logrado ganar tres elecciones consecutivas bajo formalidades democráticas, por la enorme deuda social acumulada y el desgaste de los políticos en el gobierno, especialmente cuando acumulan altos índices de corrupción. Lo logró el Partido de los Trabajadores Brasileños bajo el liderazgo de Lula da Silva, quien concluyó su segundo período con aprobación del 80 por ciento, y el presidente Chávez en Venezuela. El récord lo acumuló el Partido Revolucionario Institucional que gobernó a México durante 72 años, en lo que Mario Vargas Llosa acuñó como “dictadura perfecta”.

El desgaste del gobierno del presidente Leonel Fernández ha reducido su aprobación a la tercera parte del electorado, de acuerdo a encuestas nacionales e internacionales, lo que explica en parte la resurrección política del expresidente Hipólito Mejía, quien  fuera derrotado en su intento reeleccionista de hace 8 años.

El abuso de los recursos del Estado que muchos temen se fundamenta en las experiencias históricas dominicanas, especialmente la del 2008, cuando en busca de su reelección el presidente Fernández emprendió un festival de gastos, repartos y  subsidios que generó un déficit fiscal superior a 50 mil millones de pesos en los primeros cinco meses del año, hasta la votación.

Aunque esta vez no hay reelección de por medio, el mandatario ya ha dado muestras de que tomará como personal la campaña electoral, con el agravante de que esta vez se realizan dos campañas en una, la de mayo próximo y la que el mandatario realiza para quedar en buena posición con miras a un retorno en el 2016.

Una coalición social.  En los ámbitos del liderazgo social dominicano hay quienes postulan la necesidad de restablecer la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que contribuyó a mantener el proceso democrático cuando el infortunado intento de reelección del presidente Hipólito Mejía en el 2004. Esa concertación integró a más de un centenar de organizaciones de los más diversos sectores sociales, desde las empresariales, sindicales y religiosas hasta las comunitarias, además de las vinculadas a las reformas político-sociales.

Hasta en sectores conservadores gana terreno la idea de orquestar una gran presión social sobre el sistema partidista para contener los desbordamientos de la campaña electoral, especialmente la desestabilización económica con un marco internacional de desaceleración, cuando no recesión.

Nadie cree que el sistema se apreste a aprobar las reformas electorales pendientes, a no ser que la cuestión sea agenda fundamental de la sociedad civil organizada. Al menos para la Ley Orgánica del Régimen electoral se requiere un consenso partidista, ya que implica dos tercios de los votos de los legisladores. Ese  concierto debería comenzar por un acuerdo en torno a la dirección del sistema de cómputos electorales, en lo que está empeñado monseñor Agripino Núñez.

El concierto político social también tendría incidencia en contener el clientelismo y el transfuguismo desenfrenados, como el que ya se configura en la campaña electoral, para culminar en una elección que deje un marco adecuado a un nuevo gobierno que debería emprender reformas fundamentales para garantizar la sostenibilidad económica y social de la nación, como se contempla en el proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Para muchos parece utópico, pero esa concertación sería fundamental para dar un impulso al restablecimiento del imperio de la ley, con mayor transparencia de la gestión pública, para reducir la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Lo proclamó recientemente un alto empresario: los cambios que requiere el país no pueden dejarse sólo en manos de los políticos o seguiremos maldiciendo la oscuridad con escasez de energía.

Reformas pendientes

Con el nuevo año la campaña electoral adquiere nuevo vigor, sin que el sistema partidista ni el poder legislativo se manifiesten en disposición de abordar la urgente actualización de la legislación electoral a fin de adecuarla al marco constitucional instituido hace casi dos años, mucho menos a aprobar una ley de partidos políticos que lleva más de 12 años en la carpeta de los consensos políticos y sociales.

Ni siquiera los que están en la oposición, a quienes más convendría en lo inmediato la regulación electoral, parecen suficientemente preocupados porque la nación se aboque a una reforma política llamada a mejorar la calidad de la aún adolescente democracia dominicana, señalada entre las menos reglamentadas del continente.

El último proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas fue presentado al Congreso en junio pasado por la Junta Central Electoral (JCE), la que en diciembre sometió también el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, en ambos casos, tras múltiples consultas, y el último elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, que se cuenta entre las instituciones que en la última década han venido demandando una mayor regulación política.

Aunque con más tiempo en el debate y en manos de los legisladores, el proyecto de ley de partidos no tiene la urgencia de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, ya que éste es indispensable para legitimar y regular la acción de la JCE y de las juntas electorales municipales, tras la separación de las funciones administrativas y normativas de las contenciosas en el sistema electoral, instituida en la Constitución del 2010.

El proyecto elaborado por la OEA contiene las circunscripciones imprescindibles para la elección de los siete diputados en representación de los residentes en el exterior, instituidos en el artículo 81 de la nueva Constitución, además de una amplia regulación de la campaña electoral y su financiamiento, así como para la  transparencia del sistema de partidos que ha venido reclamando la sociedad dominicana.

 

No hagamos como el avestruz…

Por Juan Bolívar Díaz
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Cada vez con más frecuencia los dominicanos y dominicanas pasamos la vergüenza de leer o escuchar denuncias y evaluaciones reveladoras de nuestras miserias  institucionales, altos niveles de corrupción, malversación y falta de transparencia, y precariedad de los servicios fundamentales determinada por la ausencia de prioridad en las inversiones públicas.

Ya el informe de competitividad internacional del Foro Económico Mundial nos ha calificado como  campeones universales en malversación de los fondos públicos y en desconfianza en la policía, y competimos por los últimos peldaños en calidad de la educación, embarazos de adolescentes, muertos a manos de la policía, en favoritismo de los funcionarios públicos y en otros renglones.

Lo peor es que nos hemos acostumbrado a las denuncias y ya nada parece conturbarnos ni conmovernos. Nada nos espanta ni quita el sueño. Hemos perdido nuestra capacidad de asombro y entendemos que genéticamente estamos incapacitados para cumplir la Constitución y las leyes y cualquier norma que nos demos. La reacción es de indignación y descalificación de quienes nos desaprueban, creyendo que resolvemos el problema apelando a la soberanía nacional y a un nacionalismo hipócrita y dicotómico que la globalización universal sepultó.

Fuimos tan lejos en el salvajismo institucional que pasamos cuatro años negando las actas de nacimiento a miles de ciudadanos porque son descendientes de haitianos. Aquí no valieron ni las sentencias judiciales en contra y no rectificamos hasta que en la OEA, en el Departamento de Estado norteamericano, en el Congreso de los Estados Unidos y en la Universidad George Washington nos dijeron casi al unísono  que eso es inaceptable, que así como hay méxico-norteamericanos, dominico-americanos y dominico-españoles, puede también haber dominico-haitianos.

Esta semana el embajador de Gran Bretaña, al hablar en un evento oficial ante las máximas autoridades judiciales, incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la República, y en el recinto sede de estas instituciones, denunció la corrupción, que se expresa en el tráfico de influencias y la extorsión, como dañino para la imagen de la nación y la inversión extranjera.

Debe estar demasiado motivado el embajador Steven Fisher para denunciar en ese escenario que por “inconvenientes asociados a la corrupción una importante empresa británica se fue hace poco del país”, y que otra ha sido objeto de una “tentativa de soborno muy grande”.

No se trató de una declaración improvisada. El embajador Fisher pronunciaba una conferencia en un evento que se supone parte de los esfuerzos que se realizan ante las Iniciativas Participativas Anticorrupción que promueven organismos internacionales, por las que este 2011 que declina fue denominado como “Año de la Transparencia y la Institucionalidad”.

Pero el mismo día, miércoles 23 de noviembre, el embajador de Estados Unidos, Raúl Izaguirre,  pronunciaba otra conferencia ante la Cámara de Comercio Dominico Americana, en la que retaba a esta sociedad a superar graves deficiencias como las de educación y electricidad, el clientelismo político y la precariedad energética.

En la misma jornada la prensa recogía los resultados de una auditoría que muestra la malversación de 700 millones de pesos en el Instituto Agrario Dominicano, y daba cuenta del piquete realizado por canjeadores de cheques al Consejo Estatal del Azúcar, cuyo director anterior -ahora en otro cargo gubernamental- les dejó con cheques sin fondos por 15 millones de pesos, que tres meses después no han podido recuperar.

Ya se ha producido la clásica indignación contra el embajador británico,  cuando lo procedente que el titular del Departamento de Lucha contra la Corrupción, allí presente, le pidiera una cita para iniciar una investigación. ¿Cuántos creen que lo hará y que terminará en sanciones? Algunos son tan descarados que se atreven a sugerir que Fisher se inventó esa denuncia para “dañar el buen nombre de la nación”. Y en vez de indignarse contra el pecado y los pecadores, lo hacen contra el conferenciante invitado.

Novedoso proyecto de reforma electoral

Por Juan Bolívar Díaz
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El proyecto de reformas a la Ley Electoral,  elaborado por la OEA, contiene importantes regulaciones a la extensión y el gasto en las campañas electorales con topes e identificación de donantes, y actualiza las sanciones.

El proyecto de reformas a la Ley Electoral elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) contiene numerosas novedades regulatorias de la extensión y el gasto de las campañas electorales y faculta a la Junta Central Electoral (JCE) a cautelar el abuso de los recursos estatales.

El documento está ahora en manos del Pleno de los gerentes electorales que deberían hacerlo propio y tramitarlo a los partidos y al Congreso Nacional con la urgencia que demanda la adecuación de la legislación al nuevo orden constitucional antes de que se inicie formalmente la adelantada campaña electoral.

Una urgente adecuación.  La JCE pidió asistencia técnica a la OEA para elaborar un proyecto de reformas integrales a la vigente Ley Electoral que quedó obsoleta con la Constitución de la República promulgada en enero del 2010, para lo cual a mediados del año vino al país una misión técnica que realizó consultas con los funcionarios electorales y los partidos políticos.

El documento fue entregado en Washington el 26 de septiembre al presidente de la JCE, Roberto Rosario, y al miembro titular del organismo Eddy Olivares, por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Pese a la urgencia de la legislación fue más de mes y medio después que esta semana fue entregado al Pleno de la Junta que deberá hacerlo propio y tramitarlo a los partidos y al Congreso Nacional, donde hace meses duerme el proyecto de Ley de Partidos Políticos.

Este proyecto es un desafío a los legisladores por las novedosas regulaciones que  implica, y dada la escasa voluntad que ha mostrado el sistema político dominicano para establecer límites a las campañas electorales y los abusos de recursos estatales, así como por la actualización de las sanciones a los violadores de las normas.

La urgencia está determinada en primer lugar, por la necesidad de adecuar la Ley Orgánica de la JCE al nuevo orden constitucional que separó en dos organismos autónomos las funciones administrativas y normativas de las contenciosas del sistema electoral. La nueva JCE tiene ahora un solo órgano ejecutivo, el Pleno de sus miembros titulares, por lo que se requiere eliminar de la Ley Electoral la división de cámaras Administrativa y Contenciosa.

El proyecto es integrado por 248 artículos, 68 más que los 180 de la ley actual, incluyendo 4 nuevos que definen los principios generales. El 6 remite las funciones contenciosas al nuevo Tribunal Superior Electoral aún pendiente de ser constituido.

Una reforma integral.  El artículo primero del proyecto indica el objetivo de regular el ejercicio ciudadano de elegir y ser elegido, el procedimiento y desarrollo del proceso electoral y el funcionamiento y competencias de la JCE “como máximo ente responsable de la organización de los comicios”.  Aquí se debería incluir también la gestión del registro civil, la que certeramente es detallada en el texto. El proyecto de la OEA tiene una importante omisión, al no especificar el tiempo que durará la campaña electoral, limitándose a plantear en su artículo 119 que “se entenderá abierto desde el día en que se emita la proclama por parte de la JCE, y concluirá a las 12:00 de la noche del jueves inmediatamente anterior al día de las elecciones”.

La ley vigente establece que la Junta Central Electoral debe proclamar el inicio de la campaña electoral al menos 90 días antes de la votación, aunque los partidos y candidatos la inician hasta más de un año antes.

Se incluyen amplias previsiones para normar al artículo 81 de la nueva Constitución que instituye la elección de siete diputados en representación de la comunidad dominicana en el exterior. Condiciona la postulación a haber residido en la circunscripción correspondiente por lo menos los cinco años anteriores.

Establece tres circunscripciones en el exterior. La primera, que comprende Canadá y Estados Unidos (excluyendo Miami), elegirá 3 diputados (as). La segunda circunscripción corresponde a Miami, Curazao, Panamá, Puerto Rico, San Marteen y Caracas y elegirán 2 diputados(as). La tercera se encuentra en Europa (Madrid, Barcelona, y Amsterdam) y tendrá 2 diputados (as).

Se propone ampliar los límites para la inscripción de candidaturas y registro de alianzas, fusiones o coaliciones. El primero que es de 60 días antes de los comicios, pasaría a 75, y el segundo, que es de 75 días, se llevaría a 90.

Reformas transcendentes.  La limitación de la campaña electoral al período oficial, la prohibición de usar recursos y actos estatales para hacer propaganda política,  la presentación de un presupuesto de gastos al comenzar la campaña, incluido un tope a ser establecido por la JCE, la definición de normas éticas en la competencia electoral, y la actualización del régimen de sanciones son de los aspectos más relevantes del proyecto de la OEA.

El artículo 132 plantea:  No puede difundirse propaganda ni realizarse acto alguno de campaña electoral fuera del período definido por la presente ley, con excepción de lo dispuesto por la Ley de Partidos Políticos con relación a las Precampañas. Exceptúa la divulgación de las actividades de los partidos. Prohíbe la publicidad anónima, indicando que deberá indicar el responsable.

Según los artículos 166-167, los partidos o sus candidatos deberán depositar ante la JCE, en un plazo no menor a 60 días antes de los comicios, un presupuesto general de ingresos y gastos en el proceso electoral, que incluirá la nómina de contribuyentes, fuentes y relación de ingresos. Indica que la JCE, en consulta con los partidos, “definirá el tope de gastos” que no podrá superar el presupuesto más alto presentado por los partidos, y en el mismo se incluirá “todo tipo de aportes, ya sea en calidad de  donación, cesión o préstamo que no implique la erogación de recursos económicos”. Prohíbe la contribución de las personas jurídicas.

La celebración de actos públicos de los organismos estatales “no podrá servir de escenario para la promoción de cualquiera de los candidatos”, incluyendo propaganda o cualquier actividad. Tampoco utilizar en las campañas recursos materiales, equipos o personal pagado por el Estado. Las inauguraciones quedarían prohibidas en los últimos 15 días de campaña. Durante toda la campaña la publicidad estatal no podrá promover directa ni indirectamente la motivación del sufragio a favor de candidatos. Las encuestas no podrán publicarse dentro de los cinco días anteriores a la votación y hasta 3 horas después de la misma.

  Cuestión de ética y equidad

El proyecto de la OEA contiene múltiples regulaciones destinadas a mejorar la competencia electoral, a garantizar la equidad democrática y a defender los principios éticos que deben normar las actividades de partidos y candidatos. Su artículo 123 establece que la campaña electoral “deberá enmarcarse dentro de las más altas normas de ética”  y a continuación explicita cuatro fundamentales.

Se otorga a la JCE la facultad de promover debates de programas y propuestas y de adoptar  medidas cautelares para hacer cumplir la normativa, incluso para “hacer cesar el uso indebido de los recursos y medios públicos y aquellos que puedan  ser considerados ilícitos” y actualiza el régimen de sanciones de una lista específica de “delitos electorales” ahora medidas en base a salarios mínimos que pueden llegar a 200. Y los “delitos electorales” conllevarían hasta dos años de reclusión, además de multas.

El documento elaborado por especialistas de la OEA tiende a una actualización integral de la legislación electoral dominicana, a tono con las tendencias en la materia en diversos países latinoamericanos. Hace tiempo que los analistas internacionales colocan a la República Dominicana entre los países con mayor atraso en las regulaciones de las campañas electorales, del financiamiento y el gasto de los partidos y candidatos.

La lentitud con que el presidente de la JCE ha manejado el proyecto de la OEA, dejando pasar ya casi dos meses, puede ser indicativo de las dificultades de que el mismo pueda aprobarse siquiera antes de que se inicie formalmente la campaña electoral, lo que dependerá de la voluntad que muestren los partidos por normativas que promueven la transparencia, la equidad y la democracia electoral.

Ninguno de los partidos mayoritarios ha mostrado disposición a las reformas que plantea el documento elaborado por la OEA. No respaldaron el proyecto presentado en el 2007, con más anticipación a la siguiente elección, para reglamentar la campaña electoral, que fue una valiente iniciativa de la entonces Cámara Administrativa, cuando era presidida por el doctor Rosario e incluía a otros dos de los cinco actuales titulares de la JCE.

Sin embargo, esta vez el proyecto tiene una ventaja, y es la urgencia institucional de adecuar la JCE al nuevo orden constitucional para ratificar plenamente su legitimidad antes de que se ejecute el proceso electoral en marcha.