Nadie sabe cuál sería el costo del calvario de Punta Catalina

22_09_2018 HOY_SABADO_220918_ El País11 A

El costo económico y político de las emblemáticas plantas de carbón de Punta Catalina del presidente Medina se incrementa con el abono de otros US$336 millones a la constructora Odebrecht, y ya podría alcanzar los 3 mil millones, superando los peores vaticinios

Por Juan Bolívar Díaz

El anuncio unilateral de que el gobierno abonará US$336 millones a la constructora
Odebrecht para concluir las infortunadas plantas de carbón de Punta Catalina, apunta a reconocer sino la totalidad al menos gran parte del sobre costo de 708 millones reclamado, en la mayor inversión nacional, saturada de opacidades y conflictos desde su origen.

Las proyecciones de los mayores críticos llevan su costo sobre los US$3 mil millones, un
volumen escandaloso convertido en el gran calvario del presidente Danilo Medina, empeñado en concluirla antes de un año y medio de retraso para paliar una nueva crisis energética, y alejarla del próximo proceso electoral.

Generosidad con Odebrecht

El anuncio unilateral, de “un fondo de contingencia” para entregar US$336 millones
adicionales a Odebrecht para que concluya las plantas de carbón de Punta Catalina, es otro acto de extrema generosidad del gobierno con la constructora que empieza a reconocer el sobrecosto reclamado de US$708 millones, con una tentativa rebaja que se adelantó el 2 de septiembre del 2017 en el análisis “Las plantas Catalina ser convierten en calvario del presidente Medina”.

Desde antes de oficializarse el adicional, se decía que sería de entre 300 y US$500
millones, pero se habría acordado pedir 708 para dejar un margen de reducción que permita al gobierno “amortiguar el golpe de cara a la opinión pública”. Amparándose en la Ley de Compras y Contrataciones, que permite un incremento hasta el 25% de los contrato, en este caso de US$1,945millones, podrían transarse por US$486.2 millones, antes o después del fallo sobre el recurso ante una corte de arbitraje internacional en Nueva York.

Aunque se estableció un precio definitivo, en el contrato se incluyó un artículo 9.1
indicando que “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 del presente Contrato de EPC, el precio del Contrato de EPC podrá ser ajustado en virtud o como resultado de una Variación emitida de conformidad con los términos y condiciones que se indican más adelante en este Artículo 9”. Y en efecto, luego indica que cualquier aumento de precio tendrá que ser sometido a aprobación de la Vicepresidencia de la CDEEE, derivando al gobierno la responsabilidad del costo de implementar “medidas de protección, contención y remediación derivadas del posible impacto ambiental” En esa dirección van los reclamos de Odebrecht que se refieren a “condiciones oceanográficas imprevistas”, aumento de altura del muelle, modificación del puente de acceso y de planos. Los expertos dan por hecho de que saldría gananciosa del arbitraje, sino en su totalidad, en gran parte, y en última instancia negociaría rebaja.

Sobre US$3 mil millones

Desde el principio, los mayores críticos del contrato vaticinan que las plantas terminarán
costando cerca de US$3 mil millones, entre ellos los expertos energéticos Eulogio Santaella, Antonio Almonte, los economistas José Rijo, Juan Lladó y Pedro Silverio y el Comité de Lucha contra el Cambio Climático. Pero ya algunos creen que sobrepasará ese monto. Las cifras oficiales siguen sin la menor transparencia, y aunque la CDEEE sostiene que a las plantas le faltan sólo un 5% para concluirse y que está casi para iniciar pruebas, los 336 millones adicionales, representan el 17% de lo contratado.

A una solicitud de información de la diputada del PRM Faride Raful, en diciembre del
2016, la CDEEE dijo que habían pagado US$1,316 millones y que tenía 179.9 millones en hitos ya facturados, y otros 724.2 por facturar, lo que totalizaría US$2,220 millones. A lo pagado hasta 2016, Rijo le suma 670 millones en el 2017 (600 de bonos soberanos) y 334 millones en el 2018, provenientes de bonos globales, bonos internos y del fondo general, lo que totalizaría US$2,320 millones, que con los 336 llegarían a US$2,656 millones y si pagan los 708 millones reclamados, ya sumarían US$3,028 millones, sin el costo de los terrenos y obras físicas conexas, de los intereses del período de construcción, seguros y enorme gasto publicitario.

El costo cercano o superior a los US$3 mil millones es de cualquier forma dramático para
Eulogio Santaella, quien documenta que la asociada de Odebrecht como subcontratista en Punta Catalina, firmó dos contratos para plantas de carbón en Brasil a mitad del precio de aquí.

Una en Porto di Itaqui, de 360 mws. por US$494 millones, y otra en porto do Pecem, de 720 mws. por US$910 millones. El experto recuerda que la licitación que anuló Medina en el 2010 implicaba la inversión privada de US$3,000 millones para generar 1,500 mws. En México, la empresa española Iberdrola construye dos plantas en los estados de Nuevo León y Sinaloa con inversión propia de 800 millones para generar 1,737 mws. En base a gas natural. El único compromiso del Estado es comprarle la energía al precio del mercado.

Odebrecht no cumple nada

Contrasta la generosidad del gobierno con Odebrecht, a la que sólo multó por la
confesión de sobornos y no ha hecho ningún esfuerzo por auditar para ver si en el país siguió su confesado patrón de sobrevaluaciones del 22 por ciento. La revisión del contrato indica que la constructora no ha cumplido nada de lo fundamental, ni en los costos ni en la fecha de entrega, que era en septiembre del 2017 y que ya pasa del año en retraso, con proyección de llegar a los 18 meses. Al formular su reclamo de costo adicional, prometió qjue entregaría la primera planta en febrero del 2019 y la segunda en mayo. A ese tiempo se encamina si las pruebas de la primera comienzan en diciembre próximo.

La empresa brasileña falló también en conseguir los financiamientos. El Eximbank se
negó a invertir en carbón, el Banco dce Desarrollo de Brasil no pudo aportar lo prometido por el escándalo que pratagonizó la misma Odebrecht y que terminó afectando también elunos US$ 650 millones de financiamiento comprometido por un pool de bancos europeos, los cuales llegaron a desembolsar cerca de la mitad, de los que 80 millones se destinaron a pago de seguros. Eso obligó al Estado a elevar su endeudamiento para no paralizar la mega obra.

Mientras la empresa va al arbitraje internacional reclamando un incremento del 36%
sobre lo contratado, el gobierno no le aplica las cláusulas de penalidades por retraso, que a un máximo del 10 por ciento implicaría US$194 millones. La comisión especial que creó el
presidente Medina para indagar sobre la contratación no sólo concluyó en que no deben pagar un solo peso más, lo que en palabras el gobierno dice sustentar, sino que también dejó constancia de que cada mes de retraso en la conclusión de la obra implica 25 millones de d´+olares de pérdida, por 18 meses totalizarían US$450 millones.

Salir pronto del calvario

Para el gobierno y los intereses políticos del presidente Medina, lo prioritario es salir lo
más rápido posible del laberíntico calvario de las plantas de Punta Catalina. De ahí el adelanto de los US$336 millones, sabiendo que el contrato dejó margen legal para el sobrecosto. Se trata de conseguir que el inicio de la generación aporte su cuota al mejoramiento del servicio energético antes de que entre de lleno el año 2019 en que se definirán muchos asuntos de cara a las elecciones del 2020, más aún con la actual crisis de apagones aunque más financieros que de oferta.

Es que las Plantas Catalinas fueron convertidas en la obra emblemática del actual
gobierno, y ya tiene una carga muy grande de costo político, pues las encuestas y la percepción generalizada indican que hubo favoritismo y corrupción en su contratación, y el presidente Medina se involucró en el proceso desde sus viajes a Brasil, hasta sus conversaciones con los ex presidentes brasileño Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Más temprano que tarde, los costos totales y reales de la construcción tendrán que ser
aireados y reconocidos, así como la carga de deuda e intereses que dejan y que pudieron ser evitados dejando que continuara la licitación que Medina encontró en marcha al asumir el gobierno en el 2012, que por demás preveía que las plantas, de carbón y gas natural, estarían en servicio en el 2016. Ya las Catalina son un peso muerto para Danilo Medina, y lo serán peor cuando todo quede en la transparencia, hasta ahora evadida.

El oscuro calvario de las plantas de carbón

* Danilo Medina inicia su gestión suspendiendo anulando una licitación ya con empresas precalificadas que invertirían en plantas por mil kws. Sin costo financiero para el Estado
* Una nueva licitación desestima las plantas de gas natural, más eficientes por las de carbón que están en proceso de desmantelamiento
* El comité de licitación dominado por la CDEEE y los dos integrantes externos rechazan otorgarla a Odebrecht al quedar con un solo concursante, querían otro siquiera “virtual”
* En la licitación la empresa constructora garantiza el financiamiento y a precio fijo, pero en el contrato
queda bajo responsabilidad del Estado y con posibilidad de escalamiento
* Fracasa el financiamiento por el Eximbank USA, Bndes, Brasil y queda a medias el de un pool de bancos europeos
* Se hacen cálculos sobre rendimiento bruto de 720 mws, pero el neto sería 674
* La fecha original de entrega 7 de agosto y de octubre del 2017, concluiría en el 2019
* La mayor inversión estatal se hace en terreno privado, sin completar estudios de suelo y costa
* Tras el escándalo Odebrecht, la Procuraduría dice que hubo sobornos en todas sus contrataciones, luego rectifica que en las plantas sólo para la aprobación y acusa un único senador
* DM designa una comisión para investigar la licitación y denuncias de sobrevaluación, pero presidida por un directivo de la empresa Estrella, asociada de Odebrecht
* La Procuraduría firma un acuerdo de impunidad con Odebrecht, sin hacer auditoría
* El sector privado no responde la oferta de inversión en las plantas en reunión y en discurso de DM
* Odebrecht reclama US$708 millones adicionales al contrato de 1,945 millones, con exenciones impositivas. Le adelantan US$336 millones
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El presidente DM está en mala racha, de escándalos, gestión política y fiscal

21_07_2018 HOY_SABADO_210718_ El País11 A

Danilo Medina luce cada vez más empantanado en el escándalo Odebrecht, los apremios fiscales suturados a golpe de endeudamiento, falso combate a la inseguridad, mayor mortalidad infantil, crisis de la seguridad social y sin poder dar salida a la Ley de Partidos 

 

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

Acercándose a la mitad de su período, el gobierno del presidente Danilo Medina atraviesa una de sus peores rachas, cada vez más enredado en el escándalo de corrupción de Odebrecht, con apuros fiscales, llevando la deuda pública al borde de la insostenibilidad para financiar sus infortunadas plantas de carbón, mientras el peso se reduce a dos centavos de un dólar escaso.

Con el gobernante Partido de la Liberación Dominicana sin poder superar su peor crisis, la posición del mandatario sigue obstruyendo la aprobación de la Ley de Partidos, mientras entra en crisis la seguridad social y se reporta un escandaloso incremento en el año de la mortalidad infantil, que avala los cuestionamientos a la gestión de la salud pública.

El pantano de Odebrecht

            Todo parece indicar que el escándalo Odebrecht, que ha marchitado la primera mitad de su último período gubernamental, seguirá persiguiendo al presidente Danilo Medina sin respuesta a los indicadores que lo salpican y en medio del descrédito por la pobre investigación de su Ministerio Público.

El gobierno quedó atrapado con las revelaciones de cuatro diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con documentos de la Contraloría General de la República (CGR) que demuestran contrataciones públicas con los asesores de las campañas electorales que ejecutivos de la Odebrecht confesaron haber financiado, entre ellas las del presidente Medina. El secretario administrativo de la Presidencia y su director de Comunicaciones trataron de disminuir el nivel del escándalo, admitiendo que a Joao Santana y Mónica Moura se le pagaron 430 millones de pesos por asesorías y marketing político.

Los registros de 11 contratos, entregados por la CGR a requerimiento de los diputados demuestran que lo contratado con las empresas Polis Cribe y Cine&Art 2013, de Joao Santana y Mónica Moura, sobrepasaron los 1,300 millones de pesos, que comenzaron el primer día del gobierno de Medina en agosto del 2012, y se extendían hasta diciembre del 2016. Los libramientos 7231, 7236 y 7587 de la Contraloría autorizaron pagos hasta enero del 2017, estos tres por 24 millones 451 mil pesos, 11 meses después la pareja dejó la asesoría a Medina en febrero del 2016, para ser condenados en Brasil por su implicación en el escándalo Odebrecht.

Nada que transparentar

Tanto en la respuesta de funcionarios palaciegos como en la reacción de la mayoría peledeísta que controla la Cámara de Diputados, resalta su negativa a dilucidar el contenido de los papeles certificados por la CGR y a aceptar el requerimiento de los cuatro legisladores de crear una comisión que investigue contratos “para asesoría en marketing, comunicación y planificación de campaña” un asunto que salpica al propio presidente Medina, al tratarse de los asesores políticos de sus dos campañas electorales. La admisión de pagos por 430.5 millones de pesos, debería obligar a una minuciosa rendición de cuentas, al implicar posible violación de la ley de Compras y Contrataciones y uso político de fondos públicos.

Al menos podrían haber detallado cómo y por qué sólo pagaron esa suma, cuando contrataron fueron por más de 1,300 millones de pesos, incluyendo 4 en años sucesivos a razón  a razón de 100 mil dólares mensuales. Más aún porque una relación de erogaciones del Ministerio de Educación indica que allí también pagaron a la empresa Cine&Arte 2013, una de las dos involucradas,16 millones 800 mil pesos en noviembre del 2014. Los documentos de la CGR deberían ser respondidos también con documentos y no con afirmaciones descalificativas.

Con su negativa a investigar la Cámara de Diputados, desaprovechó la oportunidad para demostrar que los documentos eran falsos como afirmó su presidente Rubén Maldonado, y renunció al deber de fiscalización de los gastos públicos que le ordena la Constitución, ratificando la pobreza institucional y la precariedad de la democracia dominicana.

La espina de las plantas

            Los papeles de la Contraloría pusieron en apuros al gobierno, cuando trata de completar el financiamiento de las cuestionadas plantas eléctricas de carbón de Punta Catalina para concluirlas al margen del reclamo de otros 708 millones de dólares que le ha formulado Odebrecht. A eso se atribuye, en parte, la colocación de bonos por 1,300 millones de dólares de la semana pasada, que a la vez alivia la escasez de divisas racionadas para administrar la devaluación del peso que ya llega a 50 por dólar, la que esta semana generó una exigencia pública de la Asociación de Industriales de Herrera al Banco Central para que los empresarios puedan cumplir sus compromisos internacionales.

Tras los nuevos bonos, HOY dio cuenta el sábado 14 que el gobierno de Medina ha emitido más de 12 mil millones de dólares desde el 2013, mientras el exgobernador del Banco Central daba cuenta de que la deuda pública estatal consolidada alcanza 43 mil 400 millones de dólares, 52 por ciento del producto nacional, reiterando sus advertencias de que va camino a la insostenibilidad. El economista Apolinar Veloz, hasta hace poco funcionario del Fondo Monetario Internacional, la cuantificó en 46 mil millones en una entrevista el jueves en Uno+Uno de Teleantillas, al sumarle deudas no registradas con suplidores y constructores.

Las perspectivas apuntan a la continuación del endeudamiento, en su mayoría para cubrir gastos corrientes, ya que el Ministerio de Hacienda advirtió que el presupuesto para el 2019, en proceso de elaboración, contendrá menos recursos para proyectos prioritarios, cuando la inversión de capital apenas alcanza el 15 por ciento del presupuesto. En los lineamientos presupuestarios para el próximo año recién presentados al presidente Medina por el ministro Donald Guerrero, sigue ausente el pacto fiscal postulado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que el gobierno ha evadido, según dio cuenta el Diario Libre al comenzar la semana.

Traspiés eléctrico en China

            El gobierno tuvo otro revés esta misma semana cuando se reprodujo aquí una información publicada en un portal internacional de que el presidente del Consejo de Administración de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, José Rafael Santana, firmó un acuerdo para la instalación de una planta eléctrica de 1,200 megavatios, que incluiría facilidades del puerto de Manzanillo, en Montecristi, con la empresa china Huayang Investment Holdings. El mismo día el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo,  y el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, negaron calidad a Santana para firmar tal acuerdo.

Cuando se esperaba que el funcionario sería destituido, al día siguiente Bichara precisó que lo que se firmó fue un “memorándum de entendimiento no vinculante”, como unos 26 suscritos en los últimos meses con otras empresas interesadas en el negocio eléctrico en el país. Ese tipo de “acuerdos de intención” son de carácter confidencial y por tanto no publicable. Pero este se firmó en una ceremonia en el “Salón del Pueblo” de la capital de China, Beijing, con la concurrencia de varios funcionarios dominicanos y chinos.

Desde luego nadie informó quién cubrió los gastos para esa “carta de intención”, mientras se especulaba sobre la precipitación con que el gobierno procura beneficios económicos, por lo menos de inversión, de su reciente reconocimiento diplomático de la República Popular China.

Una reacción de Danilo

El presidente Medina, negado sistemáticamente a responder cuestionamientos o preguntas, tuvo una reacción de enojo esta semana cuando recriminó a los que criticaron los vicios de construcción develados por los aguaceros en dos grandes hospitales capitalinos, en especial el Moscoso Puello, en cuya remodelación se gastaron más de 400 millones de pesos.

El sector salud está revuelto desde hace meses, con declaraciones de colapso por parte de los gremios como el Colegio Médico Dominicano, con el agravante de que el sistema de seguridad social ha sido sumido en una crisis, con sus organismos inoperantes, al punto que tras un coro de quejas y demandas, contra las aseguradoras de de Riesgos de Salud, esta semana el Ministro de Salud Pública reaccionó proponiendo una mesa de diálogo para buscar soluciones.

Mientras tanto, las muertes de recién nacidos se elevaron en el primer semestre de este año en un alarmante 29.4 por ciento, al totalizar 1,659, con 377 más que las 1,282 ocurridas en el mismo período del año pasado, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud correspondiente a la semana 26. Las muertes maternas del mismo período se redujeron de 88 a 93.

Tampoco en la política

En el rumbo político tampoco ha tenido suerte el presidente Medina, aunque en las últimas semanas han aparecido en las redes cinco spots de promoción de su reelección, con la misma línea gráfica, y el viernes se publicaron fotografías de afiches reeleccionistas con la foto del mandatario, todos de igual impresión, durante una inauguración oficial.

Hace dos semanas se aprovechó un congreso en el país de la Federación Interamericana de Abogados para atribuirle a un supuesto “Comité de Derecho Electoral” haber dictaminado “a unanimidad” que el transitorio de la Constitución que prohíbe otra repostulación de Medina, viola sus derechos, lo que fue rápidamente desautorizado por el presidente de la entidad con sede en Washington, quien dijo que ni siquiera tienen tal comité.

La última propuesta del danilismo para viabilizar la controversial Ley de Partidos, que pedía consagrar tanto el padrón abierto como el cerrado para elegir candidatos, habría sido respondida por el Partido Revolucionario Moderno con que cada partido quede en libertad de escoger el método de elección, pero parece que eso tampoco satisface al danilismo que quiere una ley que le economice los riesgos de convocar un congreso  para modificar los estatutos del PLD que establecen el padrón interno. Mientras tanto, el próximo miércoles concluirá otra legislatura sin aprobarse la Ley de Partidos.-

 

Este Estado es una mojiganga

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Por Juan Bolívar Díaz

            El intento de reducir a 430 millones de pesos los más de mil 300 millones que el gobierno del presidente Danilo Medina otorgó en contratos a los asesores políticos y brazos ejecutivos de Odebrecht en el financiamiento de campañas electorales en diversos países, no puede reducir la gravedad de la denuncia, fundamentada en documentos oficiales entregados por la Contraloría General de la República a requerimiento de 4 diputados del Partido Revolucionario Moderno.

La revelación de la diputada Faride Raful y los diputados Frank Paulino, Robinson Díaz y Agustín Burgos, constituye otra escandalosa muestra de la mojiganga en que ha sido convertido el Estado dominicano por una corporación que se apropia impunemente del patrimonio público y se niega a la menor rendición de cuentas. De ahí el desplante con que fue recibida la propuesta de una comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar los alcances de esas contrataciones, fundada en los artículos 93 y 246 de la Constitución de la República, el último de los cuales dispone que “el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional”.

En una carta dirigida a la Cámara de Diputados, el Secretario Administrativo de la Presidencia y el titular de la Dirección de Comunicaciones sostienen que los pagos a las empresas de Joao Santana y Mónica Moura sólo ascendieron a 430.5 millones de pesos, en vez de los casi mil cuatrocientos millones denunciados por los diputados. Y niegan que se les siguiera pagando después que ambos delincuentes internacionales tuvieran que abandonar la campaña reeleccionista del presidente Medina para caer presos y ser procesados en Brasil por corrupción pasiva y lavado de activos.

La extensa carta de los funcionarios José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena, cargada de consideraciones políticas,  queda corta en el abordaje de los documentos hechos públicos por los diputados. No se refieren a once contratos entregados por la Contraloría, que ellos suscribieron con las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013, de los esposos Santana-Moura, para “asesoría en marketing, comunicación y planificación de campañas”, que fue precisamente lo que estos hicieron para las campañas electorales del presidente Medina en el 2012 y 2016, hasta su apresamiento el 22 de febrero de ese año, a tres meses de las elecciones.

Las copias de los registros de esas contrataciones, entregadas a requerimiento de los cuatro diputados, tienen el logo, los sellos y las firmas del Contralor Rafael A. Germosén Andújar, además de las de Elvida Margarita Hidalgo, directora de Certificación de Contratos, o alternativamente de Juana Vélez, Consultora Jurídica del organismo. La Secretaría Administrativa aparece como responsable de 8 de los contratos, 4 por un millón 200 mil dólares cada uno, el último de los cuales tiene vigencia del 3 de diciembre del 2015, al 3 de diciembre del 2016, rebasando el período electoral. Entre los otros 4 hay 2 por 480 millones de pesos cada uno, que ellos solos suman 960 millones, más del doble de lo que admiten haber pagado los funcionarios, y los dos restantes suman 58 millones de pesos. Sólo la Secretaría habría firmado contratos por mil 255 millones de pesos, casi el triple de lo admitido como pagado.

Por su parte la DICOM aparece como responsable de 3 contratos que totalizan 91.6 millones de pesos, lo que genera un gran total de mil 346 millones de pesos contratados, según los registros de la Contraloría. Es bien extraño que la carta ignore los contratos y desperdicie la oportunidad de ganar credibilidad, por ejemplo documentando si fueron modificados o rescindidos, o si el registro es falso, o si se trata de una falsificación, que sería delito penal.

Aunque sólo pagaran fueran 430 millones de pesos, se trata de contrataciones grado a grado, que ignoran las regulaciones de la Ley de Compras y Contrataciones, sin concursos licitaciones o sorteos, a extranjeros, en una materia donde hay mucha competitividad nacional. Y que por “coincidencia” los beneficiarios fueran los asesores de las campañas electorales del presidente de la nación. Y que el primer contrato arrancara el día mismo de su juramentación. Y que el último alcanzara hasta 7 meses después de su segunda elección. Por demás queda aclarar si hubo pagos adicionales por otros organismos estatales, como por ejemplo el de 16 millones 800 mil pesos a Cine&Art 2013, que aparece en una relación de pagos del Ministerio de Educación en noviembre del 2014.

En cualquier democracia de mediana intensidad, el Congreso tendría que investigar y rendir cuenta, pero no en esta mojiganga de Estado como la que sufrimos.-

 

Un genio llamado Tommy

A2Por Juan Bolívar Díaz

            A decir verdad merece toda la admiración de la fanaticada la genialidad del senador por San Cristóbal, Tommy Galán, quien sin presidir el Senado, ni ser siquiera vocero de su bloque legislativo, tampoco secretario general del glorioso Partido de la Liberación Dominicana (PLD), logró durante por lo menos diez años que se aprobaran casi todos los contratos del Estado con Odebrecht, causantes de un inmenso escándalo, que esta sociedad corrompida hasta la médula no tiene manera de enmendar, reparar o sancionar.

Fueron contrataciones por más de cinco mil millones de dólares, que implicaron una treintena de adendas para elevar hasta tres veces los costos originales contratados, en una fina labor, sin dejar huellas. El solito sobornado por Odebrecht, como un verdadero mago del ritmo, lograba que los 24 y 31 senadores, de 32, que tuvo su partido en los períodos 2006-10 y 2010-16, aprobaran sin mayores trámites, muchas veces declarándolos de urgencias, cuantos contratos  y renegociaciones firmaran los altos funcionarios del gobierno y enviaran al Congreso los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.

Desde luego, hubo una excepción en su currículum, las plantas de Punta Catalina, obra emblemática del presidente Danilo Medina, para la cual no fue necesaria su convincente eficacia, aunque involucraba poco más de dos mil millones de dólares. Como era muy extenso el contrato de 3 mil páginas, más de 700 sin traducir del inglés, fue exonerado de lectura y aprobado, aunque el poder presidencial a un tal Rubén Jiménez Bichara, para firmar tal contrato, fue emitido el 16 de mayo del 2014, un mes después de ser suscrito el 14 de abril.

Con apellido de Galán, Tommy Alberto se comportaba sin mayores ostentaciones, a diferencia de otros legisladores y dirigentes de su partido, pero detrás de esa carita engalanada de yo no fui, se ocultaba un verdadero genio de la manipulación política, generador de un lodazal que obligó al Rey de la selva a vivir de salto en salto para no enlodarse, como hubo de confesar cuando comenzó el drama hace un año.

Su trabajo fue tan fenomenal que rebasó los límites senatoriales para abarcar a la Cámara de Diputados, donde él había estado en el periodo 2002-06, y allí tuvo que emplearse a fondo, porque eran cinco veces más que los senadores, para que aprobaran todos los contratos y adendas, aunque en esa cámara había cierta proporción de opositores, entre ellos algunos tan extraños como los Tolentino, Arnauld  y Paliza, o tan díscolas como las Minou y Guadalupe. A los diputados no hubo que sobornarlos , o fueron más geniales aún que Galán y no han sido localizados ni por los nuevos Sherlock Holmes.

Para atrapar a Tommy tuvieron  que caerle atrás “más de 50 personas dedicadas por más de un año” del tremendo Alain con todo y la lámpara de Aladino, en una minuciosa labor contabilizada en “más de 130 mil horas, que examinaron más de 800 mil transacciones y operaciones financieras, que resultaron en más de mil páginas de documentos traducidos desde diversos idiomas”, como parte de una investigación que “contiene mil 711 pruebas” contra él y otros seis acusados.

Pero por su genialidad, Tommy tiene que tener bien ocultos gran parte de los 83.2 millones de dólares que Odebrecht le mandó para sobornos a su Angel repartidor entre el 2007 y el 2015, cuando el senador era el único sobornado en el Congreso Nacional, para contratar y aprobar contratos por más de 4 mil millones de dólares. Porque  Alain sólo logra documentarle un inmueble de 4 milloncitos de pesos, una parcela de 6 mil metros cuadrados en Jarabacoa, que debió costarle 2 millones de pesos,  y acciones sin cuantificar en la empresa Galán, Grullón y Montás.

Fue genial este Tommy, pues engañó a dos presidentes de la República y embaucó a todos sus compañeros senadores y a todo el liderazgo del PLD, tanto que todavía ni siquiera le han reprobado ni suspendido como miembro de su Comité Central. Hay que erigirle un monumento por sus geniales capacidades para bañarse y guardar las ropas, lo que aparentemente no supo hacer su compañero el tesorero del partido, tampoco descalificado por la exitosa y gloriosa institución política.-

La fallida investigación de la PGR abona el camino a la impunidad

09_06_2018 HOY_SABADO_090618_ El País12 B

Tras más de 130 mil horas de trabajo de 50 especialistas, los imputados por la escandalosa  corrupción de Odebrecht se reducen a la mitad, sin determinar el destino de los sobornos ni la sobrevaluación de sus obras ni su financiamiento político 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La conclusiones de un año y medio de investigación sobre las implicaciones en el país del escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht son profundamente decepcionantes, reduciendo a la mitad el número de imputados y sin avance en determinar los montos de las sobrevaluaciones ni los destinatarios del financiamiento político.

A todas luces la Procuraduría General de la República evadió investigar las responsabilidades del gobierno del que depende, sin imputar ahora ni uno solo de sus funcionarios, ni los responsables legislativos, y revocando las acusaciones que formuló hace un año a tres miembros del Comité Político del partido gobernante.

Vergonzoso e indignante

            El presidente del partido opositor Alianza País, Guillermo Moreno, no necesitó muchas horas para estimar que “la acusación presentada por el procurador en el caso Odebrecht produce vergüenza e indignación ante este nuevo  capítulo de impunidad”, porque han parido un ratón después de un año y medio de investigación, con más de 130 mil horas de trabajo de 50 especialistas, que abarcó a más de 400 personas y compañías, y la revisión de más de 800 mil transacciones y operaciones financieras.

Tan arduo trabajo, según explicó al país el procurador Jean Alain Rodríguez, no logró ni por asomo identificar los destinatarios de los 92 millones de dólares de sobornos confesados por Odebrecht, ni tampoco la magnitud de las sobrevaluaciones de las 17 obras contratadas por tres gobiernos, ni mucho menos los beneficiarios del financiamiento electoral testimoniado por altos ejecutivos de la constructora brasileña.

Resalta que los 14 imputados hace un año por los sobornos se redujeran a 6 y que sólo pudieran añadir un séptimo, el secretario general del principal partido de oposición, y expresidente del Senado Jesús Vásquez, intercambiado por  el expresidente de la Cámara de Diputados  Alfredo Pacheco, del mismo partido, liberado ahora de responsabilidad.

Más relevante es que entre los liberados estén tres miembros del Comité Politico del partido gobernante, el exministro Temístocles Montás, el exadministrador de la CDEEE Radhamés Segura, y el expresidente del Senado Julio César Valentín, Además el aliado gubernamental y exdiputado Ruddy Gonzalez.  Los otros liberados fueron César Sánchez, exadministrador de la CDEEE Máximo de Oleo y Bernardo Castellanos, exfuncionarios de la hidroeléctrica estatal. Parece quedar demostrado que, como proclamó entonces la jueza Miriam Germán, sus imputaciones estaban pobremente fundamentadas.

¿Dónde están los cuartos?

            La pregunta fue formulada en esta página el 8 de julio del 2017. La PGR partió de la documentación de 101 transferencias de fondos de cinco empresas de Odebrecht a dos del imputado Angel Rondón, “el hombre del maletín de reparto”, montante a US$83.2 millones, que ingresaron al país entre el 2007 y enero del 2015, el 25% en el período 2007-11, y el 75% entre 2012-15. El 33% bajo el gobierno de Leonel Fernández, hasta agosto del 2012, y el 67% en el del presidente Danilo Medina, de agosto del 12 a enero del 2015.

Ahora que quedan libres Montás, Segura, Valentín y González, del gobierno de Medina, y que la PGR insiste en que no hubo sobornos en la contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina, cobra más fuerza la pregunta: dónde fueron a parar esas transferencias, si no hay imputados de este período, a quién y para qué se sobornaba?

Las transferencias, lo mejor documentado en toda la investigación de la PGR, fueron en ascenso progresivo: de US$11.4 millones en el 2012, pasaron a 15.8 millones en el 2013 y a 33.8 millones en el 2014, con una sóla, de 1.1 millón en enero del 2015, cuando la acción judicial en Brasil paralizó las operaciones. Entre el 13 y el 14, ya en el gobierno de Medina fue la mayor contratación con Odebrecht, las plantas de carbón por US$2,040 millones, y la Circunvalación de La Romana por US$298.8 millones.

El fuerte tufo político

El tufo político fue evidente en las imputaciones de mayo del 2017, cuando acusaron y apresaron igual número de funcionarios y legisladores del período 2000-04, que en los gobiernos de Fernández y Medina, 6 de cada uno, aunque en el primero sólo se contrataron dos obras por US$293 millones, una de las cuales no llegó a iniciar, por sólo  el 5% de los US$5 mil 957 millones, 987,457 de las obras contratadas con Odebrecht.

Quedan imputados dos expresidentes del Senado, que ejercieron hasta agosto del 2006, desde el Partido Revolucionario Dominicano, y que ahora son nada menos que presidente y secretario general del principal opositor el Revolucionario Moderno (PRM). También Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto de Aguas Potables hasta el 2004, los tres antes que comenzaran las transferencias documentadas. De los años de las transferencias, cuando se aprobó el 95% de lo contratado, sólo hay un senador imputado, Tommy Galán, quien no presidió el organismo, el ministro de Fernández, Víctor Díaz Rúa y su abogado Conrado Pittaluga. Por partidos, tres son del PRM y sólo dos del PLD, más Rondón, que habría sido de todos, y el abogado de Díaz Rúa.

Con los resultados presentados por el procurador se justifica la indignación del jurista Guillermo Moreno. Más aún si después de un año de las imputaciones a 14 personas, el funcionario confiesa que no habían reunido evidencias documentales para acusar y meter presos, en un aparatoso circo político, a más de la mitad.

Financiamiento electoral

            Si hay algo en el escándalo que la PGR ha rehuido son las denuncias sobre el financiamiento de campañas electorales, porque todos los caminos conducen al presidente Danilo Medina, quien hizo tres viajes a Brasil, en contacto con los expresidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff y los funcionarios de Petrobras y Odebrecht, en 2005 como ministro de le presidencia, 2011 como candidato presidencial y 2012 como presidente Electo. En el segundo consiguió la asesoría de Joao Santana y Mónica Moura, identificados en múltiples interrogatorios, hasta del presidente de Odebrecht, como sus brazos políticos para el auspicio de campañas electorales en Brasil, República Dominicana y otros 5 países.

Debe asumirse que a la PGR tanto Odebrecht como las autoridades judiciales de Brasil le entregaron los interrogatorios de las delaciones premiadas de Marcelo Odebrecht, y de los directores de su departamento de “Operaciones Estructuradas” o propinas, Fernando Miggliacio, Hilberto Mascarenhas da Silva y Luis Eduardo La Rocha. Da Silva testimonió que entre 2006-14 invirtieron US$ 3,390 millones en campañas electorales. Todos señalan reiteradas veces cómo operaban con Joao Santana y Mónica, y cómo trasladaron sus operaciones a Santo Domingo, por lugar seguro, cuando la justicia brasileña apretó sus investigaciones. Santana y Moura tuvieron despacho en el Palacio Nacional de Medina hasta que fueron requeridos y apresados al llegar a Brasil, para ser luego condenados. Los procuradores de países como Perú y Colombia incluso obtuvieron interrogar directamente a esos ejecutivos y por eso han investigado y procesado a expresidentes y en ejercicio.

Pero Jean Alain Rodríguez no tiene independencia para llegar tan lejos, y ni siquiera explica cómo liberó a Temístocles Montás, quien admitió en espacio pagado de junio 2017, que recibió financiamiento de Angel Rondón para las campañas electorales del PLD en 2008, 2012 y 2016. Tampoco se ha referido a la instancia formal de investigación de cuatro entidades sociales dominicanas que recogieron la detección en Perú de una triangulación de empresas de Odebrecht que en el 2013 hicieron 16 transferencias por US4 millones 396,796 a la empresa Cine&Art 2013, constituida en Santo Domingo por dos hijos de Joao y Mónica, aunque se le proporcionó el número de la cuenta y el banco donde operaba.

Nada de sobrevaluaciones

            También es indignante que a más de 18 meses del estallido del escándalo de Odebrecht, en diciembre del 2016, se llegue al plazo de las imputaciones sin haber realizado las auditorías reclamadas desde el principio para establecer los montos de las sobrevaluaciones, que según confesión de los ejecutivos de la constructora brasileña “tenían como patrón el 22%, para financiar los sobornos y campañas electorales.

Un consorcio internacional de periodistas que han investigado el escándalo de Odebrecht  estimó en US$1,217 millones las sobrevaluaciones en las obras contratadas en República Dominicana. El 22% de los US$5 mil 957.7 millones de las 17 obras en el país, arroja US$1,119 millones. En todas las contrataciones hubo adendas para escalar costos, en la hidroeléctrica Pinalito de 176%, en la Palomino 163% y en la circunvalación La Romana 132%. En las plantas de carbón se aducen sobreprecios hasta del 100 por ciento, y todavía Odebrecht reclama otros US$708 millones, sobre los 2,040 originalmente acordados.

El procurador dice simplemente que la Cámara de Cuentas no ha hecho las auditorías de costos, lo que debió exigir, incluso con intimación judicial, pero tampoco procuró determinar los responsables de todos los escalamientos de precios sobre el 25% de lo contratado, penalizados por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Un conteo de 8 de las 17 obras de Odebrecht contratadas por US$1,240 millones, establece que terminaron en 1,838 millones, con escalamiento de US634 millones, para un 51%.-

Ni están todos los que son ni son todos los que están

Por Juan Bolívar Díaz

A1

FUENTE: Elaborado en base a los detalles de la instacia incriminatoria de la Procuraduría General de la República

Le falta mucho al expediente de la Procuraduría sobre el escándalo de Odebrecht para que pueda contener la impunidad,  con un tufo político cargado hacia la oposición mientras evade el financiamiento electoral y el lodazal reconocidos por Temístocles y Reinaldo Pared

El expediente con que la Procuraduría General de la República imputa a 14 personas es un intento por repartir responsabilidades y contener la indignación por el escándalo Odebrecht cargando el dado a la oposición política que aprobó sólo dos de los 17 contratos, apenas el 5% de la inversión, aunque reconoce que hubo sobornos en todos los casos.

En la mayoría de las imputaciones se presume enriquecimiento ilícito de poca monta derivado de las declaraciones juradas de bienes, pero sin aportar testimonios ni pruebas de que recibieron sobornos, resaltando la documentación incriminatoria de Angel Rondón y Víctor Díaz Rúa, y sin el menor esfuerzo por dilucidar el financiamiento de campañas electorales.

Muy pocas sorpresas

El expediente, que  pudo haber sido hecho en enero cuando ya la mayoría de los imputados eran se;alados en los ámbitos gubernamentales, donde argumentaban que sería caótico procesar a todos los sobornados por Odebrecht, no presenta la prometida lista con nombres y montos. Las mayores sorpresas fueron las inclusiones del ministro Temístocles Montás y del experto en energía Bernardo Castellanos. Todos los demás estaban destinados al sacrificio, antes de que se conociera ningún documento de las investigaciones en Brasil. Mencionaban también al secretario general del PRM, Jesús Vásquez, pero parece suficiente que incluyeran a su presidente Andrés Bautista y al secretario general del DN Alfredo Pacheco, y a otros cuatro vinculados. Como también se voceó, dejaron sin imputar a una hija de Rondón y al yerno de Díaz Rúa, aunque ambos aparecen con cargos específicos en el extenso documento de 336 páginas.

Más allá de Angel Rondón, a quien Odebrecht identificó desde enero como distribuidor de los 92 millones de dólares de sobornos en el país, y de Víctor Díaz Rúa, quien firmó la mayoría de los contratos, sólo Temístocles Montás es identificado como receptor de dinero de Odebrecht para financiamiento político, y facilitador de aprobaciones congresuales, lo que contradice su imagen de peledeista ortodoxos, frugal y de poca acumulación de bienes.

Montás reconoce que recibió contribuciones de Rondón, para campañas electorales del PLD, pero no como contrapartida, pues no negocio, ni firmó ni aprobó proyectos ni su financiamiento, señalando a los que sí lo hicieron. De sus declaraciones juradas de bienes se le resalta un incremento de 4.9 a 39.9 millones de pesos, entre el 2004  y 2016. La PGR sólo  le  atribuye el salario inicial de 75 mil pesos, ignorando que desde 2010 subió a 300 mil, y que recibía otros  262 mil mensuales como miembro del Consejo del INDOTEL.

Angel  Rondón y Díaz Rúa

Las imputaciones más documentadas son las de Angel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Al primero se le documenta como el gran sobornador, que recibió 81.2 millones de dólares de cinco firmas de Odebrecht, a sus empresas Loshan y Conamsa entre el 2007-15, con la movilización bancaria de 844.2 millones de pesos y 80.6 millones de dólares, entre  2007-17. Ya en enero aceptó haber recibido 92 millones de dólares, pero aduce  que como pago de comisiones por representación de la constructora. Le atribuyen 40 empresas. A su hija Angelina Rondón, la señalan como accionista de sus empresas y receptora de 326 millones de pesos y 14.7 millones de dólares entre 2007-14. Pero ella no es imputada, como tampoco el primo Kelly M. Rondón, implicado como  gerente administrativo de Conamsa.

El expediente es abundante sobre Díaz Rúa, firmante de la mayoría de los contratos con Odebrecht, por 2 mil 370.8 millones de dólares, como director de INAPA y Ministro de Obras Públicas, en el gobierno de Leonel Fernández. De sus declaraciones de bienes le resaltan un incremento de 63.5 millones de pesos en el 2004, a 153 en el 2006 y a 414 millones de pesos en el 2008. El exrepresentante de la empresa brasileña en el país, Marcos Vasconcelos, le imputa sobornos  de 6.6 y 3.2 millones de dólares, y de haber cobrado comisiones de 1.25% de valores contratados, en asociación con su abogado Conrado Pittaluga, imputado  por la PGR.  También le atribuyen haber logrado la aprobación irregular, de urgencia, de contratos y adendas de los mismos. Su  yerno, Leonardo Guzmán Font, aparece como asesor financiero de Pittaluga y comisario de cuentas y receptor de pagos por 400 mil dólares, pero no es imputado.

Sin sobornos específicos

            A la mayoría de los imputados no se les señalan sobornos específicos, pero sí les presumen enriquecimiento ilícito partiendo de sus declaraciones juradas de bienes, algunas incompletas y violatorias de la ley. Entre los más comprometidos aparecen Radhamés Segura, administrador de la CDEE (2004-09) en el gobierno de Fernández, y el director de Inapa en el  de Hipólito Mejía, y luego legislador  Roberto Rodríguez, firmante y ejecutor de la mayor parte del primer contrato con Odebrecht, el del Acueducto del Noroeste. Le documentan dos depósitos de 50 millones de pesos cada uno en una cuenta bancaria en días sucesivos de abril del 2006 y de haber elevado su patrimonio de 17 millones de pesos en 2006, a 65 millones en 2016.

A Segura se le responsabiliza de haber elevado en 187 millones de dólares el costo de la hidroeléctrica de Pinalito, que contratada por 131 millones, terminaría en 361 millones de dólares, tras múltiples adendas. También de irregularidades en la contratación de la hidroeléctrica Palomino en el 2005, por 225 millones de dólares que concluiría en 592.8 millones de dólares. Con incremento patrimonial de 28.2 a 73 millones de pesos del 2004-08.

A Andrés Bautista, presidente del Senado 2001-06 le presume enriquecimiento ilícito por haber adquirido inmuebles por 43.6 millones de pesos entre el 1995 y 2008. Lo relacionan sin aportar pruebas con la aprobación de la presa de Pinalito en el gobierno de Mejía y los financiamientos de Palomino en el de Fernández. Le señalan participación accionaria en 12 empresas, sin especificar montos.

Al senador Tommy galán le atribuyen enriquecimiento ilícito, con incremento patrimonial de 10.8 millones a 49.9 millones de pesos entre 2006-16 y no haber declarado acciones en 5 empresas, en tres con menos del 5%.Al senador Julio César Valentín incremento de patrimonio de 10.8 millones a 49.9 (2006/16) Le documentan en la DGII 8 vehículos de lujo, aunque sólo incluye uno en su declaración jurada. Al diputado  Alfredo Pacheco, quien presidió la cámara por dos a;os le registran un incremento patrimonial de 5.1 a 30 millones de pesos entre 2006-16 y le imputan no haber declarados dos solares valorados en 43 millones de pesos.

La hediondez política

El tufo político del expediente de la PGR queda de manifiesto cuando se advierte que la mitad de los imputados son del antiguo PRD, 6 del ahora PRM, cuando ese partido gobernó del 2000-04, período en que se firmaron y aprobaron sólo 2 de los 17 proyectos, por un monto de 293.4 millones de dólares, apenas el 5% del total. En cuadro anexo, como otros dos elaborado en base al expediente de la PGR, Pinalito aparece con valor de 361.2 millones de dólares, aunque lo aprobado por los perredeistas fue 131.7. Tocó al gobierno de Fernández ejecutarla por completo.

Los imputados del gobierno de Mejía  eran 8, incluyendo al director de la empresa estatal de generación hidroeléctrica Rafael Suero Miliano, excluido después de aparecer en la  orden judicial de arresto del 26 de mayo. El experto energético Bernardo Castellanos, un persistente crítico de las plantas de Medina, aparece acusado de recibir soborno sin especificación, por su aval técnico a la presa de Pinalito, innecesario, porque esta tenía avales técnicos de estudios financiados por Japón y Estados Unidos.

La hediondez política aumenta al comprobarse en el mismo expediente que las transferencias de la Odebrecht a Rondón comenzaron en el 2007 con 1.2 millones de dólares, 3.4 en el 2008  y 4.4 en 2009. Los peledeistas controlan el gobierno desde el 2004 y por completo el Congreso desde el 2006, pero sólo tienen 5 imputados, gracias a lo que dijo su secretario general y presidente del Senado, Reinaldo Pared de que “crucé por el lodazal y no me enlodé”. Pero en el lodazal fue que cogieron velocidad las transferencias de Odebrecht para sobornos, que en el 2011 subieron a 10.2 millones de dólares, a  11.4 en el 12, a 15.8 en el 13, y hasta 31.8 millones de dólares en el 2014, para apagarse en 1.1 en el 2015, cuando ya la justicia brasileña había desnudado el escándalo.

Se puede advertir que las transferencias alcanzaron casi tres años del gobierno del presidente Medina, y el período de contratación de sus plantas de carbón por 2 mil 40 millones de dólares. Aunque el expediente indica que todas las obras “fueron adjudicadas u otorgadas mediante sobornos”, luego la propia PGR ha precisado que en las plantas de carbón fue sólo en la aprobación. Tal vez crean que volvieron a ser los opositores o los leonelistas.

Camino a la impunidad

            Si en algo es acertado el expediente de la PGR es en haber documentado la corrupción de Odebrecht en sus transferencias a Rondón, pero tal como se advirtió, la justicia de Brasil no tenía la distribución detallada de los sobornos, lo que deberían aportar los ejecutivos de la constructora en el país, de acuerdo al pacto de impunidad que se les concedió y que les permite seguir operando aquí. Pero la PGR parece haber olvidado ese compromiso.

La mayoría de los 14 imputados podrían quedar libres si no se aportan indicios o pruebas mayores que el incremento de patrimonios que no llegan a un millón de dólares, en años, y que podrían ser justificados con ingresos no ponderados, como ya ha indicado Temístocles Montás, o de actividades como las agropecuarias de Andrés Bautista. Tal vez podrían ser condenados por falsedad en las declaraciones juradas, las que miles de funcionarios no han hecho.

La desconfianza en las instituciones determina que la opinión prevaleciente rechace la temeraria opinión del Procurador Jean Alain Rodríguez, de que los sobornados “están todos los que son y son todos los que están”. Pero el espectáculo ha sido montado con el objetivo de reducir la indignación nacional.-

¡Por la salud de la patria!

Por Juan Bolívar Díaz
A1

Me cuento entre los que irán a Santiago este domingo para acompañar a los cibaeños en el nuevo capítulo de la lucha contra la corrupción y la impunidad que cada día se fortalece con la incorporación de los más variados segmentos de la población dominicana.

Después de tantos años escuchando que predicábamos en el desierto los que enarbolábamos la necesidad de una reacción colectiva frente a los niveles de descomposición social generados por la corrupción e impunidad, que se reproducen en delincuencia, arriba, por abajo y en todas las direcciones, tenemos que celebrar el sacudimiento que se produce actualmente en la conciencia social de los dominicanos.

Es muy alentador comprobar que las nuevas generaciones, especialmente de las clases medias más conscientes y menos dependientes de la ignorancia, las migajas del reparto y del temor, se están levantando para exigir un reordenamiento de este terruño, que es el único lugar donde no seremos nunca extranjeros, y porque las puertas de la emigración se están cerrando progresivamente.

Hay que repetirlo una vez más: ya no podremos enviar al exterior los dos millones de dominicanos que emigraron en el último medio siglo; ya Estados Unidos no volverá a otorgar residencia a un millón 305 mil dominicanos, como ocurrió entre el 1970 y el 2015, y la inseguridad no podrá ser contenida si no comenzamos una gran batida contra el robo del patrimonio colectivo, que al exhibirse impunemente se convierte en un patrón cultural de vida y un incentivo para que cualquiera salga a “buscarse lo suyo” sin respetar la menor normativa.

El ritmo ascendente en que se mantiene la demanda de poner fin a la impunidad es indiscutible y ya lo perciben hasta los mayores beneficiarios de la corrupción que por lo mismo hacen mayores esfuerzos por estigmatizar la movilización social, atribuyéndola a intereses empresariales y otorgándole un carácter sedicioso. Intentan intimidar con la amenaza de soltar paleros, pero saben que ese intento de remedio podría alimentar exponencialmente la llama verde que recorre el país.

Por otro lado, hay quienes apuestan al cansancio, a que el movimiento se frustre, incluso meten cuñas tratando de alentar posiciones irreflexivas que puedan espantar a los sectores menos acostumbrados a las luchas político-sociales. Sobre esto tienen que mantenerse alerta los líderes y voceros de la movilización. Su multiplicidad, variedad y espontaneidad, es su fuerza y al mismo tiempo su peligro.

La presión social por la sanción de los últimos escándalos de corrupción -OISOE, Tucanos, Odebrecht, CORDE, CEA- no puede cesar y todavía espera la incorporación de muchos ciudadanos y ciudadanas. La ausencia de respuestas gubernamentales y judiciales se basa en que el tiempo los beneficia. Pero eso mismo determina que hasta los más conservadores estén llegando a la convicción de que sólo elevando la presión se logrará alguna sanción. Y sobre todo que se generarán las reformas políticas e institucionales para poner límite a la malversación y a la putrefacción de la política.

Odebrecht tiene que marcar un punto de inflexión. La República Dominicana fue -proporcionalmente- el mayor escenario del escándalo de corrupción internacional más sonado de la historia, incluyendo a Brasil. Y sin este, que fue el exportador de los sobornos, el país registró 56 por ciento sobre el promedio de los otros diez países involucrados.

Ya lo escribió el miércoles en El Nacional el profesor del periodismo santiagués Carlos Manuel Estrella: “El Movimiento Verde hará historia en Santiago este 26 (hoy) en acción ciudadana por el fin de la impunidad. ¡Caminemos por la salud de la patria! Aunque llueva, como está pronosticado. La lluvia no paró ni redujo el movimiento de la marcha verde el 5 de marzo en Puerto Plata.

La movilización ciudadana empieza a arrojar beneficios

Por Juan Bolívar Díaz
22_01_2017 HOY_DOMINGO_220117_ El País13 A

Antes de materializarse, la marcha contra la corrupción y la impunidad convocada para hoy domingo por decenas de organizaciones y comunicadores sociales ha comenzado a arrojar frutos, compeliendo a las autoridades judiciales a reclamar indemnización por los sobornos de 92 millones de dólares que la constructora Odebrecht reconoció en el país.

La convocatoria ya catalizó el debate nacional en las últimas dos semanas, generalizando la indignación y los reclamos de sanciones, que esta semana incluyeron a las asociaciones empresariales, a intelectuales y religiosos, creciendo la convicción de que solo la presión sostenida de la ciudadanía logrará sanciones que limiten la alta corrupción.

Indignación generalizada. La marcha convocada contra la corrupción y la impunidad ha catalizado el debate y la movilización ciudadana, incentivando la indignación nacional frente al escándalo generado por la confesión de los ejecutivos de la Odebrecht ante la justicia estadounidense de que habían pagado sobornos en 12 países por 788 milllones de dólares, 92 de ellos aquí.

La protesta, que comenzó entre comentaristas radiofónicos y de televisión, se expandió progresivamente en las redes sociales y el flujo de informaciones sobre las enérgicas acciones emprendidas en los otros países latinoamericanos generalizó el escándalo en los medios de comunicación, aún en los más conservadores frente a la corrupción gubernamental y política.

La constitución de un amplio comité organizador de la movilización contribuyó a detonar pronunciamientos como los de las asociaciones empresariales y la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM), que agrupa a más de 30 organizaciones sociales que incluye a muchas de empresarios, religiosos y de acción ciudadana.

Hasta el obispo de Baní, monseñor Víctor Masalles, exhortó a apoyar la marcha sosteniendo que “la corrupción es un flagelo silente que corre por las venas del país”.
Los comunicados publicados el jueves por la IDEM y el de las asociaciones empresariales agrupadas en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, marcaron firmes reclamos de sanciones, planteando que el escándalo es una oportunidad para que las autoridades nacionales comiencen a poner límites a la corrupción y la impunidad.

Como una bola de nieve. La indignación que generó el escándalo, detonado el 21 de diciembre, provocó que el abogado y comentarista radiofónico independiente Ricardo Nieves planteara la necesidad de una gran protesta ciudadana para demandar sanciones.
Fue respaldado por su colega Domingo Páez, reconocido militante del partido de Gobierno, y luego por el viejo militante político Fafa Taveras y el intelectual Andrés L. Mateo.

La idea fue acogida de inmediato por dirigentes de organizaciones sociales como Poder Ciudadano, y Foro Ciudadano, esta última un consorcio de más de 150 asociaciones sociales de sectores medios y de base. Tras varias reuniones, el 2 de enero se fijó la convocatoria para este domingo 22.

Aunque la legión de cientos de comentaristas y articulistas defensores del Gobierno quisieron estigmatizar la iniciativa, atribuyéndola al principal partido de oposición, la realidad es que se trata de un movimiento de raíces y esencias sociales, que supera la pasividad y complicidad partidista frente a la corrupción generalizada y posiciones conservadoras que descartan la movilización popular más allá del interés electoral.

Los más diversos partidos de oposición han respaldado la iniciativa, acogiéndose a la petición de los organizadores de no capitalizar la marcha con símbolos partidarios.
El comité organizador quedó constituido, además de las entidades señaladas, por entidades de origen religioso como el Centro Juan XXIII y el Centro Bonó, cívicas como Ciudad Alternativa, Participación Ciudadana y Somos Pueblo; estudiantiles como el Feflas, Felabel y Juventud Caribe. También el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, el Frente Amplio de Lucha Popular y otras. El Consejo de la Unidad Evangélica, que agrupa cientos de iglesias protestantes, también ha participado de la organización.

El frente gubernamental. El espeso silencio del partido de Gobierno, que cuando era opositor organizó masivas marchas contra la corrupción, y del presidente Danilo Medina, cuya única iniciativa ha sido la creación de una comisión solo para investigar el contrato de las plantas de carbón, con la objetada inclusión de vinculados a la Odebrecht, así como los esfuerzos por poner sello partidario a la convocatoria, contribuyeron a generalizar la indignación y al apoyo manifiesto de amplios sectores de la comunicación social.

El Gobierno envió listados de funcionarios a los programa televisivos y radiofónicos para que fueran entrevistados, mientras su inmensa legión de comentaristas asalariados llegaron a extremos de considerar la marcha como un intento subversivo, sin que faltaran quienes llamaran a preservar la paz e insinuaran conflictos mayores.

Fue notable, sin embargo, que la Policía Nacional ofreció seguridades a los organizadores que cumplieron con los preceptos de comunicar su protesta y coordinar la ruta y el establecimiento de una tarima para el espectáculo artístico con que culminará en el parque Independencia, partiendo de la confluencia de la 27 de febrero con Máximo Gómez.
Las objeciones no prosperaron por los esfuerzos de los organizadores de mantener la manifestación como una acción cívica, sin pancartas partidarias, convocando a todo el núcleo familiar y advirtiendo que ni siquiera habrá discursos. La iniciativa prendió y se expandió principalmente en las clases medias y los cultores de las redes sociales, y desde múltiples ciudades del interior se anuncia concurrencia.

 La movilización ciudadana. En el plenario de la IDEM se planteó que solo una gran presión de la ciudadanía, en todos sus estratos y organizaciones, logrará contener la generalización de la corrupción que se registra en el sistema político y el Gobierno, y que ya no bastan comunicados que repiten las mismas demandas. El solo anuncio de la marcha movilizó a las autoridades.
No es cuestión de leyes ni normas, pues en las últimas dos décadas se aprobó todo un código llamado a prevenir la malversación, a controlar y pautar la administración presupuestaria, la función pública, a actualizar los organismos de control como laCámara de Cuentas y la Contraloría, la declaración jurada de bienes, los concursos y licitaciones y hasta para sancionar el robo de energía cuya tercera parte se sigue perdiendo.
La realidad es que predomina el encubrimiento y la impunidad y que un escándalo de corrupción sucede a otro.
Los graves expedientes de corrupción que involucraron a altos funcionarios y dirigentes políticos, como Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, quedaron en acuerdos políticos.
No se ha dado curso a múltiples expedientes de la Cámara de Cuentas ni al que sometió Guillermo Moreno contra la Fundación Global, ni se han establecido responsabilidades en escándalos como los sobornos y sobrevaluaciones de los aviones Súper Tucano, y de múltiples obras públicas, el escándalo de la Dican, el dramático suicidio-denuncia de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.

Putrefacción política e impunidad en los sobornos de Odebrecht

Por Juan Bolívar Díaz
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Por proporción poblacional, territorial y tamaño de la economía, la República Dominicana, junto con Panamá, lidera ampliamente el nivel de los sobornos internacionales por 788 millones de dólares, 92 millones en el país, admitidos por la constructora brasileña Odebrecht en el mayor escándalo internacional de corrupción documentada.

Aunque la Procuraduría inició investigaciones esta semana, las implicaciones políticas de gobernantes hace temer que corran la misma suerte de los expedientes de corrupción instrumentados contra los funcionarios y dirigentes del partido oficial Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, o de los casos Sun Land y aviones Tucanos.

RD y Panamá son lideres. Ratificando evaluaciones como las del Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional que sitúan a la República Dominicana en los más altos niveles de corrupción, en los sobornos en 12 países por 788 millones de dólares reconocidos por la constructora brasileña Odebrecht, lídera el escándalo, junto con Panamá, atendiendo a la proporción poblacional y tamaño territorial y de la economía.

Según el acuerdo de Odebrecht con las autoridades judiciales norteamericanas, esa empresa pagó en sobornos en el país 92 millones de dólares del total de 788 millones en once naciones latinoamericanas y Angola, entre el 2002 y 2014 para cerrar más de un centenar de contratos de obras. El mayor monto fue en Brasil por 349 millones de dólares, y luego en Venezuela por 98 millones, dejando al país en tercer lugar, seguido por Panamá con 59 millones de dólares.

Brasil, la mayor economía latinoamericana, con población veinte veces superior y un territorio 176 veces mayor que RD, sólo cuadruplicó su monto. Venezuela 7 por ciento más, aunque triplica en población y es 20 veces mayor en territorio. Fuera de Brasil los sobornos sumaron 439 millones de dólares, el 21 por ciento en Dominicana. Perú está sacudido por el escándalo aunque sólo recibió 29 millones de dólares, con triple población y 27 veces el territorio dominicano. Panamá es el líder del escándalo, con 59 millones de dólares, pero menos de la mitad poblacional, aunque 60% más de territorio.

El maletín de Angel Rondón. Aunque arrancó con tres semanas de retraso, compelido por la consternación nacional, el procurador general dominicano Jean Alain Rodríguez inició el martes las investigaciones, interrogando al gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, tras lo cual aseguró que éste identificó al representante comercial de la firma, Ángel Rondón Rijo, como el receptor de los 92 millones de dólares para sobornos, lo que negó el abogado del brasileño, quien recibió un plazo de tres días para entregar toda la información.

Desde el principio era vox populi la implicación de Rondón, denominado como “el hombre del maletín”, con amplio récord de vinculación a escándalos de corrupción, de todos los cuales ha salido libre, incluyendo las quiebras del Banco Domínico-Hispano, y de Baninter, del tráfico del Plan Renove, y su nombre aparece en los “Panamá Papers”. Sus vínculos con políticos y gobernantes se iniciaron en el gobierno de Jorge Blanco y pasaron por los sucesivos gobiernos de Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Ha conseguido contratos de diversas especies con organismos estatales.

Rondón admitió haber recibido “más o menos esa suma”, pero adujo que por comisiones de contratos. El Procurador le dio plazo de tres días para presentar comprobantes de los pagos y las cuentas bancarias, cuyo récord deberá indicar cómo se distribuyó tan alta suma, equivalente a más de 4 mil 300 millones de pesos. No se especificó si le pidieron constancia de haber pagado impuestos por esos ingresos personales, que deberían superar los mil millones de pesos. Lo que parece una buena coartada, choca con la confesión de sobornos de la Odebrecht ante la justicia norteamericana y su compromiso de pagar por eso una multa de 2,500 millones de dólares.

Una tecla muy peligrosa. Pese a la reciente gestión del procurador Rodríguez, prevalece la desconfianza, por los precedentes de grandes casos de corrupción quedados en la impunidad, aún después de sólidos expedientes del ministerio público, como los de los dirigentes del PLD Félix Bautista (por 26 mil millones de pesos) y Víctor Díaz Rúa, o el escándalo de los pagarés por 130 millones de dólares, que el expresidente de la Suprema Corte Jorge Subero admitió que se le dio una salida política y el de los aviones Tucanos.

El caso de Odebrecht es tan complejo que podría alcanzar altos niveles de los últimos gobiernos, cuyos presidentes sostuvieron relaciones directas con estamentos políticos y empresariales envueltos en la gran corrupción brasileña. Danilo Medina viajó a Brasil, como candidato en el 2011 y como presidente electo en julio del 2012. Se reunió con altos funcionarios de la Odebrecht y luego recibió al presidente Lula da Silva, bajo investigación por presunta responsabilidad en los escándalos.

Joao Santana, procesado por la corrupción de Petrobras y Odebrecht, fue asesor de las dos campañas electorales de Medina, y salió de aquí el 22 de febrero pasado reclamado por la justicia para ser apresado y procesado junto a su esposa Mónica Maura, bajo graves cargos. Las investigaciones de los periódicos brasileños revelan que recibió millones de dólares para campañas políticas que dirigió en varios países.

Esta semana el consorcio de investigación IDL Reporteros, que dirige el reputado periodista peruano Gustavo Gorriti, publicó un entramado de “Lava Jato en la República Dominicana”, mediante el cual la Odebrecht, entre 2013 y 14, realizó 16 transferencias de fondos por 3 millones 896 mil 450 dólares a la empresa Cine y Art 2013, registrada en Santo Domingo por el brasileño Marcelo Mascarenhas Kertész, vinculado al publicista Joao Santana, y con sede en el mismo local de la empresa de éste en Santo Domingo, la Polis Caribe, que ya antes había sido vinculada a otros financiamientos políticos millonarios.

La comisión Catalina. Las dimensiones del escándalo Odebrecht, con anuncios de reparaciones por los sobornos de 59 millones de dólares en Panamá, y por los 11 millones de dólares en Colombia y un adelanto de 8.9 millones de dólares en Perú, y la convocatoria de una protesta nacional pusieron presión, que en parte explicarían el decreto presidencial 6-17 que nombró a diez personalidades para investigar lo concerniente a la licitación y adjudicación del contrato a la Odebrecht para las plantas eléctricas de Punta Catalina, cuestionadas desde su ejecución en el 2013,por un comité de licitación integrado por el administrador de la CDEEE, Rubén Bichara y tres subalternos. De los otros tres integrantes, el entonces asesor económico de la presidencia Isidoro Santana y el experto energético Ramón Flores, no la avalaron.

Como presidente de la comisión apareció Monseñor Agripino Núñez Collado, miembro del consejo directivo de la constructora Estrella, socia nacional de Odebrecht en las obras físicas de las mismas plantas. Su renuncia a la empresa, no a la comisión, anunciada el viernes, no disipa el dislate ético. La comisión presidencial fue cuestionada también por haber incluido al ingeniero César Sánchez, ex administrador de la CDEEE y actual consultor de la misma, quien negoció y firmó el contrato con la Odebrecht para la presa de Pinalito en el 2004. Tampoco lució acertado incluir a Jaime Aristy, un reputado economista, pero consultor del Gobierno y a un pastor evangélico poco conocido.

Uno de los comisionados reconoció que la tarea no es cuestión de días, ni de semanas, que requiere especialistas y mucho trabajo, y que si se buscaba credibilidad, debió encargarse a una empresa de auditores internacionales.-

El Gobierno buscaría desviar la atención del escándalo Joao Santana-Odebrecht

Por Juan Bolívar Díaz
06_03_2016 HOY_DOMINGO_060316_ El País13 A

La agresión policial a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la acusación del ministro de Interior y Policía al candidato presidencial Luis Abinader de que patrocina intranquilidad carecen de sustento y buscarían desviar la atención nacional del escándalo de corrupción que envuelve a Joao Santana, el principal asesor de campaña del presidente Danilo Medina.

Lo que ha tenido características de montaje ocurrió mientras el partido de Abinader demandaba esclarecer los vínculos de Santana con el Estado dominicano y en Brasil se dictaba prisión preventiva contra el mercadólogo mientras la persecución de la corrupción incluía el allanamiento de la vivienda y la detención del expresidente Lula da Silva.

El montaje en la UASD. Desde las 6:30 de la mañana del miércoles 2 empezó a tenderse un cerco policial sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que según el profesor de filosofía y miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Juan Tomás Olivero, quien reside en la vecindad, implicó más de una veintena de vehículos policiales y más de 200 agentes, que no impidieron el ingreso de profesores, empleados y estudiantes.

Para las 10:00 de la mañana estaba anunciada una caravana vehicular hacia el Palacio Nacional para entregar un documento al presidente Medina reclamando recursos para paliar el grave déficit financiero de la institución. Lo había acordado el Consejo Universitario y el rector Iván Grullón llegó para presidir la manifestación. Estaba en el Aula Magna hablando ante una asamblea de la asociación de empleados cuando estallaron allí tres bombas lacrimógenas, una en la primera planta y dos lanzadas desde los balcones.

Serían las 11:00 cuando el Rector y los empleados salieron y se unieron al profesorado y estudiantado que ya esperaban para iniciar la caravana hacia la Casa de Gobierno. El presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores, Santiago Guillermo, relató que junto a los decanos de Economía y de Ciencias Jurídicas se adelantó a conversar con el coronel que comandaba las tropas policiales en una salida hacia la José Contreras, pero este los detuvo a distancia y sin mediar incidentes ordenó disparar una lluvia de perdigones y bombas lacrimógenas que dejarían unos siete heridos y disturbios en la zona.

No hubo desórdenes ni confrontación previa con las fuerzas policiales.

El rector Grullón diría el viernes en un comunicado que “se disponían a iniciar la caravana en un ambiente de alegría y franca camaradería”.

El ministro y el Jefe de PN. El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, y el jefe de la PN, Nelson Peguero Paredes, asistían a las 10:00 a una misa en la Catedral por el 80 aniversario de la institución del orden, cuando recibieron una llamada telefónica y se ausentaron apresurados. A las 10:20 el vocero policial dijo a los asombrados reporteros que darían una rueda de prensa, la cual ocurrió antes de las 11:00, previa a la violencia en la UASD.

Como en la época de Balaguer, Fadul arrastró al jefe de la PN a un montaje político, responsabilizando al candidato presidencial opositor Luis Abinader y a sus asociados el diputado Juan Hubieres y Fidel Santana de patrocinar “de manera directa” actos de violencia “contra la Policía, la propiedad y contra la sociedad y la ciudadanía”.

Abundó en que “tratan de crear en el país un clima de intranquilidad que va a afectar directamente a la familia dominicana, sobre todo el orden, la tranquilidad y la protección de la ciudadanía”.

Adelantándose a lo que estaba por ocurrir, Fadul dijo tener informaciones fidedignas de los organismos de seguridad de que “ese hecho, que quiere producirse hoy, y que está siendo programado en la Universidad Autónoma, que quieren salir a las calles a producir este tipo de actos”. Con prudencia, el jefe policial se limitó a decir que la institución garantizaba el respeto al orden público.

Fadul no aportó el menor indicio que vinculara a Abinader con lo que ocurriría en la UASD, y estaba cargando contra una caravana que él mismo había autorizado, por petición del Rector Grullón, quien llegó al cargo siendo dirigente del PLD. Su asistente personal Carlos Tamayo es del comité Central del mismo, y el secretario general de la UASD, Héctor Luis Martínez, integra la Alianza Cultural que apoya la reelección presidencial.

Una denuncia en la Fiscalía. La misma mañana del miércoles, una batería de 7 abogados del PRM depositaba una denuncia ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional para que se investigue a Joao Santana sobre posible lavado de activos y sobornos y sobre sus vínculos con el Estado dominicano y el origen de los pagos por su asesoría política al presidente Medina.

Pidieron que la Fiscalía procure información con la Dirección de Contrataciones Públicas, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia y la Dirección de Análisis Estratégico de la misma para establecer si Santana y su empresa Polis Caribe SRL mantienen algún vínculo contractual con el Estado dominicano, y en caso de ser así el concepto por el cual se le ha pagado, y si guardaron las previsiones legales de contratación.

La denuncia se refiere a los informes de las autoridades judiciales brasileñas que vinculan a Santana y sus empresas con transferencias de la constructora Odebrecht, beneficiaria en el país de más de una docena de contratos de obras por varios miles de millones de dólares, incluyendo las plantas de carbón que se construyen en Punta Catalina, Baní. Citan 9 transferencias por 4.5 millones de dólares de Odebrecht a nombre de Santana y su esposa, que “fueron depositados en cuentas de la República Dominicana”.

La instancia del PRM señala que las relaciones de Santana no serían solo con el PLD, sino también con el Gobierno dominicano, “dado que el mismo cuenta con un registro de Proveedor del Estado No. 29659 de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas”.

Ya antes habían denunciado que la Polis Caribe recibió el 16 de diciembre de 2014 un pago de RD$16 millones 720,754.97 con cargo a la cuenta gubernamental 22101 por el concepto de “saldo de pago de servicios de realización y producción de comerciales publicitarios para el Gobierno de República Dominicana”.

RD en la prensa de Brasil. La asesoría de Santana a las campañas electorales del presidente Medina siguió esta semana en los medios de comunicación de Brasil. Los periódicos Folha de Sao Paulo, O Globo, con ediciones en varios estados, y Estadao han enviado reporteros a investigar sobre las plantas de carbón que el Gobierno dominicano asignó a la Odebrecht en Punta Catalina, Baní.

La periodista Claudia Trevisan, enviada a Santo Domingo por el periódico Estadao, en un reportaje titulado “Odebrecht y Santana, Todos a ver El Caribe” relata las relaciones de Medina con el expresidente Lula y la presidenta Rouseff desde su primera visita a Brasil en el 2011 (en campaña electoral) y otra en julio del 2012, antes de iniciar su Gobierno, para vincularlas a contratos con la Odebrecht.

La situación se complicó el jueves cuando una jueza le dictó prisión preventiva a Santana y su esposa “por sospechas de que recibieron dinero de compañías salpicadas por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras”, según la agencia española EFE, que consigna que ambos fueron “responsables de las campañas electorales de los presidentes de Brasil, Dilma Rouseff, y la República Dominicana, Danilo Medina”.