Ni están todos los que son ni son todos los que están

Por Juan Bolívar Díaz

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FUENTE: Elaborado en base a los detalles de la instacia incriminatoria de la Procuraduría General de la República

Le falta mucho al expediente de la Procuraduría sobre el escándalo de Odebrecht para que pueda contener la impunidad,  con un tufo político cargado hacia la oposición mientras evade el financiamiento electoral y el lodazal reconocidos por Temístocles y Reinaldo Pared

El expediente con que la Procuraduría General de la República imputa a 14 personas es un intento por repartir responsabilidades y contener la indignación por el escándalo Odebrecht cargando el dado a la oposición política que aprobó sólo dos de los 17 contratos, apenas el 5% de la inversión, aunque reconoce que hubo sobornos en todos los casos.

En la mayoría de las imputaciones se presume enriquecimiento ilícito de poca monta derivado de las declaraciones juradas de bienes, pero sin aportar testimonios ni pruebas de que recibieron sobornos, resaltando la documentación incriminatoria de Angel Rondón y Víctor Díaz Rúa, y sin el menor esfuerzo por dilucidar el financiamiento de campañas electorales.

Muy pocas sorpresas

El expediente, que  pudo haber sido hecho en enero cuando ya la mayoría de los imputados eran se;alados en los ámbitos gubernamentales, donde argumentaban que sería caótico procesar a todos los sobornados por Odebrecht, no presenta la prometida lista con nombres y montos. Las mayores sorpresas fueron las inclusiones del ministro Temístocles Montás y del experto en energía Bernardo Castellanos. Todos los demás estaban destinados al sacrificio, antes de que se conociera ningún documento de las investigaciones en Brasil. Mencionaban también al secretario general del PRM, Jesús Vásquez, pero parece suficiente que incluyeran a su presidente Andrés Bautista y al secretario general del DN Alfredo Pacheco, y a otros cuatro vinculados. Como también se voceó, dejaron sin imputar a una hija de Rondón y al yerno de Díaz Rúa, aunque ambos aparecen con cargos específicos en el extenso documento de 336 páginas.

Más allá de Angel Rondón, a quien Odebrecht identificó desde enero como distribuidor de los 92 millones de dólares de sobornos en el país, y de Víctor Díaz Rúa, quien firmó la mayoría de los contratos, sólo Temístocles Montás es identificado como receptor de dinero de Odebrecht para financiamiento político, y facilitador de aprobaciones congresuales, lo que contradice su imagen de peledeista ortodoxos, frugal y de poca acumulación de bienes.

Montás reconoce que recibió contribuciones de Rondón, para campañas electorales del PLD, pero no como contrapartida, pues no negocio, ni firmó ni aprobó proyectos ni su financiamiento, señalando a los que sí lo hicieron. De sus declaraciones juradas de bienes se le resalta un incremento de 4.9 a 39.9 millones de pesos, entre el 2004  y 2016. La PGR sólo  le  atribuye el salario inicial de 75 mil pesos, ignorando que desde 2010 subió a 300 mil, y que recibía otros  262 mil mensuales como miembro del Consejo del INDOTEL.

Angel  Rondón y Díaz Rúa

Las imputaciones más documentadas son las de Angel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Al primero se le documenta como el gran sobornador, que recibió 81.2 millones de dólares de cinco firmas de Odebrecht, a sus empresas Loshan y Conamsa entre el 2007-15, con la movilización bancaria de 844.2 millones de pesos y 80.6 millones de dólares, entre  2007-17. Ya en enero aceptó haber recibido 92 millones de dólares, pero aduce  que como pago de comisiones por representación de la constructora. Le atribuyen 40 empresas. A su hija Angelina Rondón, la señalan como accionista de sus empresas y receptora de 326 millones de pesos y 14.7 millones de dólares entre 2007-14. Pero ella no es imputada, como tampoco el primo Kelly M. Rondón, implicado como  gerente administrativo de Conamsa.

El expediente es abundante sobre Díaz Rúa, firmante de la mayoría de los contratos con Odebrecht, por 2 mil 370.8 millones de dólares, como director de INAPA y Ministro de Obras Públicas, en el gobierno de Leonel Fernández. De sus declaraciones de bienes le resaltan un incremento de 63.5 millones de pesos en el 2004, a 153 en el 2006 y a 414 millones de pesos en el 2008. El exrepresentante de la empresa brasileña en el país, Marcos Vasconcelos, le imputa sobornos  de 6.6 y 3.2 millones de dólares, y de haber cobrado comisiones de 1.25% de valores contratados, en asociación con su abogado Conrado Pittaluga, imputado  por la PGR.  También le atribuyen haber logrado la aprobación irregular, de urgencia, de contratos y adendas de los mismos. Su  yerno, Leonardo Guzmán Font, aparece como asesor financiero de Pittaluga y comisario de cuentas y receptor de pagos por 400 mil dólares, pero no es imputado.

Sin sobornos específicos

            A la mayoría de los imputados no se les señalan sobornos específicos, pero sí les presumen enriquecimiento ilícito partiendo de sus declaraciones juradas de bienes, algunas incompletas y violatorias de la ley. Entre los más comprometidos aparecen Radhamés Segura, administrador de la CDEE (2004-09) en el gobierno de Fernández, y el director de Inapa en el  de Hipólito Mejía, y luego legislador  Roberto Rodríguez, firmante y ejecutor de la mayor parte del primer contrato con Odebrecht, el del Acueducto del Noroeste. Le documentan dos depósitos de 50 millones de pesos cada uno en una cuenta bancaria en días sucesivos de abril del 2006 y de haber elevado su patrimonio de 17 millones de pesos en 2006, a 65 millones en 2016.

A Segura se le responsabiliza de haber elevado en 187 millones de dólares el costo de la hidroeléctrica de Pinalito, que contratada por 131 millones, terminaría en 361 millones de dólares, tras múltiples adendas. También de irregularidades en la contratación de la hidroeléctrica Palomino en el 2005, por 225 millones de dólares que concluiría en 592.8 millones de dólares. Con incremento patrimonial de 28.2 a 73 millones de pesos del 2004-08.

A Andrés Bautista, presidente del Senado 2001-06 le presume enriquecimiento ilícito por haber adquirido inmuebles por 43.6 millones de pesos entre el 1995 y 2008. Lo relacionan sin aportar pruebas con la aprobación de la presa de Pinalito en el gobierno de Mejía y los financiamientos de Palomino en el de Fernández. Le señalan participación accionaria en 12 empresas, sin especificar montos.

Al senador Tommy galán le atribuyen enriquecimiento ilícito, con incremento patrimonial de 10.8 millones a 49.9 millones de pesos entre 2006-16 y no haber declarado acciones en 5 empresas, en tres con menos del 5%.Al senador Julio César Valentín incremento de patrimonio de 10.8 millones a 49.9 (2006/16) Le documentan en la DGII 8 vehículos de lujo, aunque sólo incluye uno en su declaración jurada. Al diputado  Alfredo Pacheco, quien presidió la cámara por dos a;os le registran un incremento patrimonial de 5.1 a 30 millones de pesos entre 2006-16 y le imputan no haber declarados dos solares valorados en 43 millones de pesos.

La hediondez política

El tufo político del expediente de la PGR queda de manifiesto cuando se advierte que la mitad de los imputados son del antiguo PRD, 6 del ahora PRM, cuando ese partido gobernó del 2000-04, período en que se firmaron y aprobaron sólo 2 de los 17 proyectos, por un monto de 293.4 millones de dólares, apenas el 5% del total. En cuadro anexo, como otros dos elaborado en base al expediente de la PGR, Pinalito aparece con valor de 361.2 millones de dólares, aunque lo aprobado por los perredeistas fue 131.7. Tocó al gobierno de Fernández ejecutarla por completo.

Los imputados del gobierno de Mejía  eran 8, incluyendo al director de la empresa estatal de generación hidroeléctrica Rafael Suero Miliano, excluido después de aparecer en la  orden judicial de arresto del 26 de mayo. El experto energético Bernardo Castellanos, un persistente crítico de las plantas de Medina, aparece acusado de recibir soborno sin especificación, por su aval técnico a la presa de Pinalito, innecesario, porque esta tenía avales técnicos de estudios financiados por Japón y Estados Unidos.

La hediondez política aumenta al comprobarse en el mismo expediente que las transferencias de la Odebrecht a Rondón comenzaron en el 2007 con 1.2 millones de dólares, 3.4 en el 2008  y 4.4 en 2009. Los peledeistas controlan el gobierno desde el 2004 y por completo el Congreso desde el 2006, pero sólo tienen 5 imputados, gracias a lo que dijo su secretario general y presidente del Senado, Reinaldo Pared de que “crucé por el lodazal y no me enlodé”. Pero en el lodazal fue que cogieron velocidad las transferencias de Odebrecht para sobornos, que en el 2011 subieron a 10.2 millones de dólares, a  11.4 en el 12, a 15.8 en el 13, y hasta 31.8 millones de dólares en el 2014, para apagarse en 1.1 en el 2015, cuando ya la justicia brasileña había desnudado el escándalo.

Se puede advertir que las transferencias alcanzaron casi tres años del gobierno del presidente Medina, y el período de contratación de sus plantas de carbón por 2 mil 40 millones de dólares. Aunque el expediente indica que todas las obras “fueron adjudicadas u otorgadas mediante sobornos”, luego la propia PGR ha precisado que en las plantas de carbón fue sólo en la aprobación. Tal vez crean que volvieron a ser los opositores o los leonelistas.

Camino a la impunidad

            Si en algo es acertado el expediente de la PGR es en haber documentado la corrupción de Odebrecht en sus transferencias a Rondón, pero tal como se advirtió, la justicia de Brasil no tenía la distribución detallada de los sobornos, lo que deberían aportar los ejecutivos de la constructora en el país, de acuerdo al pacto de impunidad que se les concedió y que les permite seguir operando aquí. Pero la PGR parece haber olvidado ese compromiso.

La mayoría de los 14 imputados podrían quedar libres si no se aportan indicios o pruebas mayores que el incremento de patrimonios que no llegan a un millón de dólares, en años, y que podrían ser justificados con ingresos no ponderados, como ya ha indicado Temístocles Montás, o de actividades como las agropecuarias de Andrés Bautista. Tal vez podrían ser condenados por falsedad en las declaraciones juradas, las que miles de funcionarios no han hecho.

La desconfianza en las instituciones determina que la opinión prevaleciente rechace la temeraria opinión del Procurador Jean Alain Rodríguez, de que los sobornados “están todos los que son y son todos los que están”. Pero el espectáculo ha sido montado con el objetivo de reducir la indignación nacional.-

¡Por la salud de la patria!

Por Juan Bolívar Díaz
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Me cuento entre los que irán a Santiago este domingo para acompañar a los cibaeños en el nuevo capítulo de la lucha contra la corrupción y la impunidad que cada día se fortalece con la incorporación de los más variados segmentos de la población dominicana.

Después de tantos años escuchando que predicábamos en el desierto los que enarbolábamos la necesidad de una reacción colectiva frente a los niveles de descomposición social generados por la corrupción e impunidad, que se reproducen en delincuencia, arriba, por abajo y en todas las direcciones, tenemos que celebrar el sacudimiento que se produce actualmente en la conciencia social de los dominicanos.

Es muy alentador comprobar que las nuevas generaciones, especialmente de las clases medias más conscientes y menos dependientes de la ignorancia, las migajas del reparto y del temor, se están levantando para exigir un reordenamiento de este terruño, que es el único lugar donde no seremos nunca extranjeros, y porque las puertas de la emigración se están cerrando progresivamente.

Hay que repetirlo una vez más: ya no podremos enviar al exterior los dos millones de dominicanos que emigraron en el último medio siglo; ya Estados Unidos no volverá a otorgar residencia a un millón 305 mil dominicanos, como ocurrió entre el 1970 y el 2015, y la inseguridad no podrá ser contenida si no comenzamos una gran batida contra el robo del patrimonio colectivo, que al exhibirse impunemente se convierte en un patrón cultural de vida y un incentivo para que cualquiera salga a “buscarse lo suyo” sin respetar la menor normativa.

El ritmo ascendente en que se mantiene la demanda de poner fin a la impunidad es indiscutible y ya lo perciben hasta los mayores beneficiarios de la corrupción que por lo mismo hacen mayores esfuerzos por estigmatizar la movilización social, atribuyéndola a intereses empresariales y otorgándole un carácter sedicioso. Intentan intimidar con la amenaza de soltar paleros, pero saben que ese intento de remedio podría alimentar exponencialmente la llama verde que recorre el país.

Por otro lado, hay quienes apuestan al cansancio, a que el movimiento se frustre, incluso meten cuñas tratando de alentar posiciones irreflexivas que puedan espantar a los sectores menos acostumbrados a las luchas político-sociales. Sobre esto tienen que mantenerse alerta los líderes y voceros de la movilización. Su multiplicidad, variedad y espontaneidad, es su fuerza y al mismo tiempo su peligro.

La presión social por la sanción de los últimos escándalos de corrupción -OISOE, Tucanos, Odebrecht, CORDE, CEA- no puede cesar y todavía espera la incorporación de muchos ciudadanos y ciudadanas. La ausencia de respuestas gubernamentales y judiciales se basa en que el tiempo los beneficia. Pero eso mismo determina que hasta los más conservadores estén llegando a la convicción de que sólo elevando la presión se logrará alguna sanción. Y sobre todo que se generarán las reformas políticas e institucionales para poner límite a la malversación y a la putrefacción de la política.

Odebrecht tiene que marcar un punto de inflexión. La República Dominicana fue -proporcionalmente- el mayor escenario del escándalo de corrupción internacional más sonado de la historia, incluyendo a Brasil. Y sin este, que fue el exportador de los sobornos, el país registró 56 por ciento sobre el promedio de los otros diez países involucrados.

Ya lo escribió el miércoles en El Nacional el profesor del periodismo santiagués Carlos Manuel Estrella: “El Movimiento Verde hará historia en Santiago este 26 (hoy) en acción ciudadana por el fin de la impunidad. ¡Caminemos por la salud de la patria! Aunque llueva, como está pronosticado. La lluvia no paró ni redujo el movimiento de la marcha verde el 5 de marzo en Puerto Plata.

La movilización ciudadana empieza a arrojar beneficios

Por Juan Bolívar Díaz
22_01_2017 HOY_DOMINGO_220117_ El País13 A

Antes de materializarse, la marcha contra la corrupción y la impunidad convocada para hoy domingo por decenas de organizaciones y comunicadores sociales ha comenzado a arrojar frutos, compeliendo a las autoridades judiciales a reclamar indemnización por los sobornos de 92 millones de dólares que la constructora Odebrecht reconoció en el país.

La convocatoria ya catalizó el debate nacional en las últimas dos semanas, generalizando la indignación y los reclamos de sanciones, que esta semana incluyeron a las asociaciones empresariales, a intelectuales y religiosos, creciendo la convicción de que solo la presión sostenida de la ciudadanía logrará sanciones que limiten la alta corrupción.

Indignación generalizada. La marcha convocada contra la corrupción y la impunidad ha catalizado el debate y la movilización ciudadana, incentivando la indignación nacional frente al escándalo generado por la confesión de los ejecutivos de la Odebrecht ante la justicia estadounidense de que habían pagado sobornos en 12 países por 788 milllones de dólares, 92 de ellos aquí.

La protesta, que comenzó entre comentaristas radiofónicos y de televisión, se expandió progresivamente en las redes sociales y el flujo de informaciones sobre las enérgicas acciones emprendidas en los otros países latinoamericanos generalizó el escándalo en los medios de comunicación, aún en los más conservadores frente a la corrupción gubernamental y política.

La constitución de un amplio comité organizador de la movilización contribuyó a detonar pronunciamientos como los de las asociaciones empresariales y la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM), que agrupa a más de 30 organizaciones sociales que incluye a muchas de empresarios, religiosos y de acción ciudadana.

Hasta el obispo de Baní, monseñor Víctor Masalles, exhortó a apoyar la marcha sosteniendo que “la corrupción es un flagelo silente que corre por las venas del país”.
Los comunicados publicados el jueves por la IDEM y el de las asociaciones empresariales agrupadas en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, marcaron firmes reclamos de sanciones, planteando que el escándalo es una oportunidad para que las autoridades nacionales comiencen a poner límites a la corrupción y la impunidad.

Como una bola de nieve. La indignación que generó el escándalo, detonado el 21 de diciembre, provocó que el abogado y comentarista radiofónico independiente Ricardo Nieves planteara la necesidad de una gran protesta ciudadana para demandar sanciones.
Fue respaldado por su colega Domingo Páez, reconocido militante del partido de Gobierno, y luego por el viejo militante político Fafa Taveras y el intelectual Andrés L. Mateo.

La idea fue acogida de inmediato por dirigentes de organizaciones sociales como Poder Ciudadano, y Foro Ciudadano, esta última un consorcio de más de 150 asociaciones sociales de sectores medios y de base. Tras varias reuniones, el 2 de enero se fijó la convocatoria para este domingo 22.

Aunque la legión de cientos de comentaristas y articulistas defensores del Gobierno quisieron estigmatizar la iniciativa, atribuyéndola al principal partido de oposición, la realidad es que se trata de un movimiento de raíces y esencias sociales, que supera la pasividad y complicidad partidista frente a la corrupción generalizada y posiciones conservadoras que descartan la movilización popular más allá del interés electoral.

Los más diversos partidos de oposición han respaldado la iniciativa, acogiéndose a la petición de los organizadores de no capitalizar la marcha con símbolos partidarios.
El comité organizador quedó constituido, además de las entidades señaladas, por entidades de origen religioso como el Centro Juan XXIII y el Centro Bonó, cívicas como Ciudad Alternativa, Participación Ciudadana y Somos Pueblo; estudiantiles como el Feflas, Felabel y Juventud Caribe. También el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, el Frente Amplio de Lucha Popular y otras. El Consejo de la Unidad Evangélica, que agrupa cientos de iglesias protestantes, también ha participado de la organización.

El frente gubernamental. El espeso silencio del partido de Gobierno, que cuando era opositor organizó masivas marchas contra la corrupción, y del presidente Danilo Medina, cuya única iniciativa ha sido la creación de una comisión solo para investigar el contrato de las plantas de carbón, con la objetada inclusión de vinculados a la Odebrecht, así como los esfuerzos por poner sello partidario a la convocatoria, contribuyeron a generalizar la indignación y al apoyo manifiesto de amplios sectores de la comunicación social.

El Gobierno envió listados de funcionarios a los programa televisivos y radiofónicos para que fueran entrevistados, mientras su inmensa legión de comentaristas asalariados llegaron a extremos de considerar la marcha como un intento subversivo, sin que faltaran quienes llamaran a preservar la paz e insinuaran conflictos mayores.

Fue notable, sin embargo, que la Policía Nacional ofreció seguridades a los organizadores que cumplieron con los preceptos de comunicar su protesta y coordinar la ruta y el establecimiento de una tarima para el espectáculo artístico con que culminará en el parque Independencia, partiendo de la confluencia de la 27 de febrero con Máximo Gómez.
Las objeciones no prosperaron por los esfuerzos de los organizadores de mantener la manifestación como una acción cívica, sin pancartas partidarias, convocando a todo el núcleo familiar y advirtiendo que ni siquiera habrá discursos. La iniciativa prendió y se expandió principalmente en las clases medias y los cultores de las redes sociales, y desde múltiples ciudades del interior se anuncia concurrencia.

 La movilización ciudadana. En el plenario de la IDEM se planteó que solo una gran presión de la ciudadanía, en todos sus estratos y organizaciones, logrará contener la generalización de la corrupción que se registra en el sistema político y el Gobierno, y que ya no bastan comunicados que repiten las mismas demandas. El solo anuncio de la marcha movilizó a las autoridades.
No es cuestión de leyes ni normas, pues en las últimas dos décadas se aprobó todo un código llamado a prevenir la malversación, a controlar y pautar la administración presupuestaria, la función pública, a actualizar los organismos de control como laCámara de Cuentas y la Contraloría, la declaración jurada de bienes, los concursos y licitaciones y hasta para sancionar el robo de energía cuya tercera parte se sigue perdiendo.
La realidad es que predomina el encubrimiento y la impunidad y que un escándalo de corrupción sucede a otro.
Los graves expedientes de corrupción que involucraron a altos funcionarios y dirigentes políticos, como Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, quedaron en acuerdos políticos.
No se ha dado curso a múltiples expedientes de la Cámara de Cuentas ni al que sometió Guillermo Moreno contra la Fundación Global, ni se han establecido responsabilidades en escándalos como los sobornos y sobrevaluaciones de los aviones Súper Tucano, y de múltiples obras públicas, el escándalo de la Dican, el dramático suicidio-denuncia de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.

Putrefacción política e impunidad en los sobornos de Odebrecht

Por Juan Bolívar Díaz
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Por proporción poblacional, territorial y tamaño de la economía, la República Dominicana, junto con Panamá, lidera ampliamente el nivel de los sobornos internacionales por 788 millones de dólares, 92 millones en el país, admitidos por la constructora brasileña Odebrecht en el mayor escándalo internacional de corrupción documentada.

Aunque la Procuraduría inició investigaciones esta semana, las implicaciones políticas de gobernantes hace temer que corran la misma suerte de los expedientes de corrupción instrumentados contra los funcionarios y dirigentes del partido oficial Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, o de los casos Sun Land y aviones Tucanos.

RD y Panamá son lideres. Ratificando evaluaciones como las del Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional que sitúan a la República Dominicana en los más altos niveles de corrupción, en los sobornos en 12 países por 788 millones de dólares reconocidos por la constructora brasileña Odebrecht, lídera el escándalo, junto con Panamá, atendiendo a la proporción poblacional y tamaño territorial y de la economía.

Según el acuerdo de Odebrecht con las autoridades judiciales norteamericanas, esa empresa pagó en sobornos en el país 92 millones de dólares del total de 788 millones en once naciones latinoamericanas y Angola, entre el 2002 y 2014 para cerrar más de un centenar de contratos de obras. El mayor monto fue en Brasil por 349 millones de dólares, y luego en Venezuela por 98 millones, dejando al país en tercer lugar, seguido por Panamá con 59 millones de dólares.

Brasil, la mayor economía latinoamericana, con población veinte veces superior y un territorio 176 veces mayor que RD, sólo cuadruplicó su monto. Venezuela 7 por ciento más, aunque triplica en población y es 20 veces mayor en territorio. Fuera de Brasil los sobornos sumaron 439 millones de dólares, el 21 por ciento en Dominicana. Perú está sacudido por el escándalo aunque sólo recibió 29 millones de dólares, con triple población y 27 veces el territorio dominicano. Panamá es el líder del escándalo, con 59 millones de dólares, pero menos de la mitad poblacional, aunque 60% más de territorio.

El maletín de Angel Rondón. Aunque arrancó con tres semanas de retraso, compelido por la consternación nacional, el procurador general dominicano Jean Alain Rodríguez inició el martes las investigaciones, interrogando al gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, tras lo cual aseguró que éste identificó al representante comercial de la firma, Ángel Rondón Rijo, como el receptor de los 92 millones de dólares para sobornos, lo que negó el abogado del brasileño, quien recibió un plazo de tres días para entregar toda la información.

Desde el principio era vox populi la implicación de Rondón, denominado como “el hombre del maletín”, con amplio récord de vinculación a escándalos de corrupción, de todos los cuales ha salido libre, incluyendo las quiebras del Banco Domínico-Hispano, y de Baninter, del tráfico del Plan Renove, y su nombre aparece en los “Panamá Papers”. Sus vínculos con políticos y gobernantes se iniciaron en el gobierno de Jorge Blanco y pasaron por los sucesivos gobiernos de Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Ha conseguido contratos de diversas especies con organismos estatales.

Rondón admitió haber recibido “más o menos esa suma”, pero adujo que por comisiones de contratos. El Procurador le dio plazo de tres días para presentar comprobantes de los pagos y las cuentas bancarias, cuyo récord deberá indicar cómo se distribuyó tan alta suma, equivalente a más de 4 mil 300 millones de pesos. No se especificó si le pidieron constancia de haber pagado impuestos por esos ingresos personales, que deberían superar los mil millones de pesos. Lo que parece una buena coartada, choca con la confesión de sobornos de la Odebrecht ante la justicia norteamericana y su compromiso de pagar por eso una multa de 2,500 millones de dólares.

Una tecla muy peligrosa. Pese a la reciente gestión del procurador Rodríguez, prevalece la desconfianza, por los precedentes de grandes casos de corrupción quedados en la impunidad, aún después de sólidos expedientes del ministerio público, como los de los dirigentes del PLD Félix Bautista (por 26 mil millones de pesos) y Víctor Díaz Rúa, o el escándalo de los pagarés por 130 millones de dólares, que el expresidente de la Suprema Corte Jorge Subero admitió que se le dio una salida política y el de los aviones Tucanos.

El caso de Odebrecht es tan complejo que podría alcanzar altos niveles de los últimos gobiernos, cuyos presidentes sostuvieron relaciones directas con estamentos políticos y empresariales envueltos en la gran corrupción brasileña. Danilo Medina viajó a Brasil, como candidato en el 2011 y como presidente electo en julio del 2012. Se reunió con altos funcionarios de la Odebrecht y luego recibió al presidente Lula da Silva, bajo investigación por presunta responsabilidad en los escándalos.

Joao Santana, procesado por la corrupción de Petrobras y Odebrecht, fue asesor de las dos campañas electorales de Medina, y salió de aquí el 22 de febrero pasado reclamado por la justicia para ser apresado y procesado junto a su esposa Mónica Maura, bajo graves cargos. Las investigaciones de los periódicos brasileños revelan que recibió millones de dólares para campañas políticas que dirigió en varios países.

Esta semana el consorcio de investigación IDL Reporteros, que dirige el reputado periodista peruano Gustavo Gorriti, publicó un entramado de “Lava Jato en la República Dominicana”, mediante el cual la Odebrecht, entre 2013 y 14, realizó 16 transferencias de fondos por 3 millones 896 mil 450 dólares a la empresa Cine y Art 2013, registrada en Santo Domingo por el brasileño Marcelo Mascarenhas Kertész, vinculado al publicista Joao Santana, y con sede en el mismo local de la empresa de éste en Santo Domingo, la Polis Caribe, que ya antes había sido vinculada a otros financiamientos políticos millonarios.

La comisión Catalina. Las dimensiones del escándalo Odebrecht, con anuncios de reparaciones por los sobornos de 59 millones de dólares en Panamá, y por los 11 millones de dólares en Colombia y un adelanto de 8.9 millones de dólares en Perú, y la convocatoria de una protesta nacional pusieron presión, que en parte explicarían el decreto presidencial 6-17 que nombró a diez personalidades para investigar lo concerniente a la licitación y adjudicación del contrato a la Odebrecht para las plantas eléctricas de Punta Catalina, cuestionadas desde su ejecución en el 2013,por un comité de licitación integrado por el administrador de la CDEEE, Rubén Bichara y tres subalternos. De los otros tres integrantes, el entonces asesor económico de la presidencia Isidoro Santana y el experto energético Ramón Flores, no la avalaron.

Como presidente de la comisión apareció Monseñor Agripino Núñez Collado, miembro del consejo directivo de la constructora Estrella, socia nacional de Odebrecht en las obras físicas de las mismas plantas. Su renuncia a la empresa, no a la comisión, anunciada el viernes, no disipa el dislate ético. La comisión presidencial fue cuestionada también por haber incluido al ingeniero César Sánchez, ex administrador de la CDEEE y actual consultor de la misma, quien negoció y firmó el contrato con la Odebrecht para la presa de Pinalito en el 2004. Tampoco lució acertado incluir a Jaime Aristy, un reputado economista, pero consultor del Gobierno y a un pastor evangélico poco conocido.

Uno de los comisionados reconoció que la tarea no es cuestión de días, ni de semanas, que requiere especialistas y mucho trabajo, y que si se buscaba credibilidad, debió encargarse a una empresa de auditores internacionales.-

El Gobierno buscaría desviar la atención del escándalo Joao Santana-Odebrecht

Por Juan Bolívar Díaz
06_03_2016 HOY_DOMINGO_060316_ El País13 A

La agresión policial a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la acusación del ministro de Interior y Policía al candidato presidencial Luis Abinader de que patrocina intranquilidad carecen de sustento y buscarían desviar la atención nacional del escándalo de corrupción que envuelve a Joao Santana, el principal asesor de campaña del presidente Danilo Medina.

Lo que ha tenido características de montaje ocurrió mientras el partido de Abinader demandaba esclarecer los vínculos de Santana con el Estado dominicano y en Brasil se dictaba prisión preventiva contra el mercadólogo mientras la persecución de la corrupción incluía el allanamiento de la vivienda y la detención del expresidente Lula da Silva.

El montaje en la UASD. Desde las 6:30 de la mañana del miércoles 2 empezó a tenderse un cerco policial sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que según el profesor de filosofía y miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Juan Tomás Olivero, quien reside en la vecindad, implicó más de una veintena de vehículos policiales y más de 200 agentes, que no impidieron el ingreso de profesores, empleados y estudiantes.

Para las 10:00 de la mañana estaba anunciada una caravana vehicular hacia el Palacio Nacional para entregar un documento al presidente Medina reclamando recursos para paliar el grave déficit financiero de la institución. Lo había acordado el Consejo Universitario y el rector Iván Grullón llegó para presidir la manifestación. Estaba en el Aula Magna hablando ante una asamblea de la asociación de empleados cuando estallaron allí tres bombas lacrimógenas, una en la primera planta y dos lanzadas desde los balcones.

Serían las 11:00 cuando el Rector y los empleados salieron y se unieron al profesorado y estudiantado que ya esperaban para iniciar la caravana hacia la Casa de Gobierno. El presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores, Santiago Guillermo, relató que junto a los decanos de Economía y de Ciencias Jurídicas se adelantó a conversar con el coronel que comandaba las tropas policiales en una salida hacia la José Contreras, pero este los detuvo a distancia y sin mediar incidentes ordenó disparar una lluvia de perdigones y bombas lacrimógenas que dejarían unos siete heridos y disturbios en la zona.

No hubo desórdenes ni confrontación previa con las fuerzas policiales.

El rector Grullón diría el viernes en un comunicado que “se disponían a iniciar la caravana en un ambiente de alegría y franca camaradería”.

El ministro y el Jefe de PN. El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, y el jefe de la PN, Nelson Peguero Paredes, asistían a las 10:00 a una misa en la Catedral por el 80 aniversario de la institución del orden, cuando recibieron una llamada telefónica y se ausentaron apresurados. A las 10:20 el vocero policial dijo a los asombrados reporteros que darían una rueda de prensa, la cual ocurrió antes de las 11:00, previa a la violencia en la UASD.

Como en la época de Balaguer, Fadul arrastró al jefe de la PN a un montaje político, responsabilizando al candidato presidencial opositor Luis Abinader y a sus asociados el diputado Juan Hubieres y Fidel Santana de patrocinar “de manera directa” actos de violencia “contra la Policía, la propiedad y contra la sociedad y la ciudadanía”.

Abundó en que “tratan de crear en el país un clima de intranquilidad que va a afectar directamente a la familia dominicana, sobre todo el orden, la tranquilidad y la protección de la ciudadanía”.

Adelantándose a lo que estaba por ocurrir, Fadul dijo tener informaciones fidedignas de los organismos de seguridad de que “ese hecho, que quiere producirse hoy, y que está siendo programado en la Universidad Autónoma, que quieren salir a las calles a producir este tipo de actos”. Con prudencia, el jefe policial se limitó a decir que la institución garantizaba el respeto al orden público.

Fadul no aportó el menor indicio que vinculara a Abinader con lo que ocurriría en la UASD, y estaba cargando contra una caravana que él mismo había autorizado, por petición del Rector Grullón, quien llegó al cargo siendo dirigente del PLD. Su asistente personal Carlos Tamayo es del comité Central del mismo, y el secretario general de la UASD, Héctor Luis Martínez, integra la Alianza Cultural que apoya la reelección presidencial.

Una denuncia en la Fiscalía. La misma mañana del miércoles, una batería de 7 abogados del PRM depositaba una denuncia ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional para que se investigue a Joao Santana sobre posible lavado de activos y sobornos y sobre sus vínculos con el Estado dominicano y el origen de los pagos por su asesoría política al presidente Medina.

Pidieron que la Fiscalía procure información con la Dirección de Contrataciones Públicas, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia y la Dirección de Análisis Estratégico de la misma para establecer si Santana y su empresa Polis Caribe SRL mantienen algún vínculo contractual con el Estado dominicano, y en caso de ser así el concepto por el cual se le ha pagado, y si guardaron las previsiones legales de contratación.

La denuncia se refiere a los informes de las autoridades judiciales brasileñas que vinculan a Santana y sus empresas con transferencias de la constructora Odebrecht, beneficiaria en el país de más de una docena de contratos de obras por varios miles de millones de dólares, incluyendo las plantas de carbón que se construyen en Punta Catalina, Baní. Citan 9 transferencias por 4.5 millones de dólares de Odebrecht a nombre de Santana y su esposa, que “fueron depositados en cuentas de la República Dominicana”.

La instancia del PRM señala que las relaciones de Santana no serían solo con el PLD, sino también con el Gobierno dominicano, “dado que el mismo cuenta con un registro de Proveedor del Estado No. 29659 de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas”.

Ya antes habían denunciado que la Polis Caribe recibió el 16 de diciembre de 2014 un pago de RD$16 millones 720,754.97 con cargo a la cuenta gubernamental 22101 por el concepto de “saldo de pago de servicios de realización y producción de comerciales publicitarios para el Gobierno de República Dominicana”.

RD en la prensa de Brasil. La asesoría de Santana a las campañas electorales del presidente Medina siguió esta semana en los medios de comunicación de Brasil. Los periódicos Folha de Sao Paulo, O Globo, con ediciones en varios estados, y Estadao han enviado reporteros a investigar sobre las plantas de carbón que el Gobierno dominicano asignó a la Odebrecht en Punta Catalina, Baní.

La periodista Claudia Trevisan, enviada a Santo Domingo por el periódico Estadao, en un reportaje titulado “Odebrecht y Santana, Todos a ver El Caribe” relata las relaciones de Medina con el expresidente Lula y la presidenta Rouseff desde su primera visita a Brasil en el 2011 (en campaña electoral) y otra en julio del 2012, antes de iniciar su Gobierno, para vincularlas a contratos con la Odebrecht.

La situación se complicó el jueves cuando una jueza le dictó prisión preventiva a Santana y su esposa “por sospechas de que recibieron dinero de compañías salpicadas por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras”, según la agencia española EFE, que consigna que ambos fueron “responsables de las campañas electorales de los presidentes de Brasil, Dilma Rouseff, y la República Dominicana, Danilo Medina”.