Diagnóstico y recomendaciones

Por Juan Bolívar Díaz
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El Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones del pasado domingo constituye un valioso diagnóstico de la adolescencia del sistema electoral y de la fragilidad que aún exhibe la democracia dominicana, pese a décadas de luchas por su mejoría.

A la vez contiene las recomendaciones fundamentales de los pasos que debemos dar para que algún día nuestros comicios lleguen a ser democráticos y no una burla de los principios elementales de equidad, transparencia, ordenamiento jurídico, proscribiendo todo el atropello, el abuso del poder del Estado y las imposiciones anti democráticas que caracterizaron todo el proceso electoral.

Y no es que la misión de la OEA descubriera un nuevo mundo, seguro tomó en cuenta los cinco informes sobre la campaña electoral presentados por Participación Ciudadana que documentaron los enormes vicios que acusan los procesos comiciales en el país, desde el reparto y tráfico de candidaturas hasta el abuso del poder, el financiamiento turbio, la compra de voluntades y de votos y los atrasos de las normativas legales.

Esas recomendaciones han sido sostenidas firmemente por otras instituciones nacionales y algunos medios y comunicadores, a menudo sometidos a las burlas y estigmatizaciones de los que probablemente aducirán que forman parte del paquete de intromisiones en los asuntos internos dominicanos.

Sobre las votaciones del domingo, el informe de la OEA, como el de la Unión Interamericana de Organismos Electorales y PC, fue bien concreto: “desorden e incertidumbre generados por la instalación de las máquinas de apoyo al proceso”, por lo que el conteo manual “terminó siendo indispensable”, que todo cambio tecnológico “debe tomar en cuenta consideraciones políticas y sociales a fin de construir consensos indispensables para aumentar la confianza”. Que recibieron denuncias de compras de votos, pudieron observar proselitismo en los colegios y “altos niveles de inequidad” en el acceso de los partidos a los medios de comunicación.

Vamos a resumir las recomendaciones que contiene el informe, con la esperanza de que esta vez la sociedad dominicana se empodere de ellas, que las enarbole como fundamentales para la convivencia democrática y la legitimidad de los gobernantes:

– Reitera la importancia de una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral que defina con mayor claridad lo concerniente al conteo de los votos, como elemento fundamental que no debe depender de reglamentaciones y que los cambios tecnológicos sean paulatinos para que sean asimilados por las autoridades, los partidos y toda la sociedad. También que se separen de nuevo las elecciones.

-“Que se avance urgentemente en el diseño de una ley que promueva mayor equidad en la distribución del financiamiento público directo. Asimismo, se deberían establecer límites a los fondos provenientes del sector privado”.

-Fortalecer la capacidad de fiscalización, control y sanción para las violaciones a las normativas en coordinación entre las instituciones involucradas en el manejo de recursos, encabezados por la Cámara de Cuentas, JCE, Banco Central…

-Un marco jurídico de regulación para el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados, que garantice el derecho a la información de partidos y candidatos y de la ciudadanía a estar bien informada.

Todas esas y otras importantes regulaciones se han consensuado repetidas veces en las últimas dos décadas, sin que el liderazgo político haya mostrado voluntad. Y no renunciarán al ventajismo hasta que la sociedad, incluyendo a los empresarios y obispos, den mayores muestras de cultura democrática.

La JCE debería excusarse

Por Juan Bolívar Díaz
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Tal como se advirtió desde el primer momento en la nómina de los 3 mil 805 ciudadanos y ciudadanas registrados para observar las elecciones del 20 de mayo no había delincuentes, ni narcotraficantes ni asaltantes, pero mucho menos constituían una asociación de malhechores como se sostuvo en una rueda de prensa efectuada el 1 de mayo en la Junta Central Electoral (JCE) donde se agravió no sólo a esas personas y al movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), sino también a decenas de organizaciones sociales, religiosas y comunitarias de todo el país en las que militan.

Pasaron ocho días para que se lograra que la Comisión de Observación Electoral de la JCE recibiera a dirigentes de PC para analizar las pruebas o siquiera evidencias que sustentaran sus infamantes declaraciones. El balance confirma que el objetivo era difamar y descalificar a PC presentando a sus voluntarios como una red de delincuentes.

El informe rendido por los comisionados de PC indica que los observadores objetados por la JCE no fueron los 188 arrojados por una muestra del 15 por ciento de los 3,805, como se informó el 1  de mayo, sino que ascendieron a 236 del total,  lo que ya evidencia una grave inconsistencia. Pero lo fundamental es que apenas se pudo documentar un caso en que medió una sentencia.

De entrada hubo que reivindicar a 116, casi la mitad, cuyo “delito” es errores en el número de sus cédulas. Otros 91 fueron considerados “vinculados”  a partidos políticos. Absurdamente en 25 de estos casos no pudieron identificar el partido.

Los restantes 66 fueron relacionados con 13 partidos diferentes, 32 de ellos a los que integran el frente electoral que encabeza el Partido de la Liberación Dominicana, y 28 al encabezado por el Partido Revolucionario Dominicano. Muchos de estos fueron candidatos a regidores, suplentes y  vocales de pequeños municipios y distritos municipales por partidos emergentes. Ni uno solo dirigente conocido de algún partido.

En la nómina de observadores aparecieron tres identificados como militares, lo que no puede sorprender ya que en la reciente auditoría del padrón electoral, realizada por técnicos de la OEA se advirtió que hay retrasos en los ingresos y egresos de militares y en dar de baja a los que fallecen. Justo el miércoles 9 de mayo, cinco meses después de cerrado el padrón electoral, la JCE comunicó su resolución 24/2012, la cual habilita para ejercer el voto a 760 ciudadanos, dados de baja como militares y policías.

Los restantes 27 fueron objetados por tener  “antecedentes judiciales”, aunque en realidad sólo se presentó evidencia en uno solo, un ciudadano que recibió una sentencia judicial y fue indultado, lo que se supone le restituye sus derechos.

De los otros 26 no se presentó evidencia de que tengan procesos judiciales pendientes. Nueve estaban fichados por la policía y tres habían sido arrestados, sin cargos específicos. De dos se dijo que estaban presos, pero sin documentación de la Dirección Nacional de Prisiones. Y uno de ellos había sido sometido a la justicia por consumo de droga, según el llamado Sistema de Investigación Criminal, pero sin  constancia de que fuera procesado.

En resumen: que la Comisión de la JCE no pudo justificar sus infamantes  acusaciones contra personas que aparecen en el padrón electoral por lo que tienen derecho a elegir y ser elegibles, y quienes lo que merecen es reconocimiento por ejercer sus derechos ciudadanos a observar unas elecciones.

Si en este país se respetara siquiera mínimamente los derechos constitucionales, la JCE no hubiese cometido el desaguisado de calumniar a tantos ciudadanos y de  intentar descalificar a Participación Ciudadana. Demostrada la falta de fundamento, lo menos que se debería esperar es una excusa pública, tan difundida como la calumnia.

Yo, Juan Bolívar Díaz Santana, el número 17 en el listado de observadores de PC, uno de los relacionados con el narcotráfico en aquella infame declaración de prensa, quedaré esperando una  excusa o reparación moral.  Sigo creyendo que fue una errática inadvertencia, pero los errores también se deben reparar, al menos entre seres humanos racionales y honrados.

Estoy necesitando un descansito

Por Juan Bolívar Díaz

Tal vez porque los años ya hacen mella hasta en el alma o porque esta es la campaña electoral más larga de cuantas he vivido como periodista, o porque nunca había sentido tanta presión para acallarme o descalificarme, estoy necesitando un descanso que espero tomar tan pronto transcurra la elección presidencial, pero mientras tanto tengo que tomarme siquiera un descansito este fin de semana.

 Estas campañas electorales tan extensas, virulentas, primitivas y salvajes terminan dividiendo profundamente la sociedad dominicana, a las familias, a los vecinos y los compañeros y compañeras de trabajo y actividades sociales, dejando ronchas, decepciones y agravios que se erigen en muros divisorios que impiden la convivencia y la intercolaboración.

Al cansancio del escándalo, del derroche y la inequidad se une la decepción porque una vez más hemos llegado a una elección sin haber establecido las normativas que ya son comunes en cualquier democracia, hasta en las de mediana intensidad, para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades, para evitar que la acumulación de dinero de cualquier origen, y que el abuso de los recursos del Estado sean decisivos en la elección de las máximas autoridades.

 Agradezco las muestras de solidaridad recibidas desde que trascendió que me objetaban como observador de Participación Ciudadana por antecedentes penales relacionados con la ley sobre tráfico y consumo de drogas. Desde el primer momento lo tomé de relajo, convencido de que era un error. No señalaban mi nombre, pero aludían a los numerados 17 y 748 del primer listado impreso de observadores presentado por PC a la Junta Central Electoral (JCE) y yo ocupaba el primero de esos números. No me han dado ninguna explicación, pero alguien dijo que en la numeración de Excel subí al número 18, y que el aludido es otro ciudadano de igual apellido.

 Creció mi convicción de que era un error y que no pretendían vincularme con drogas, aunque pudieron haberme encontrado entre la “decena de observadores registrados en el Sistema de Investigación Criminal” (SIC), según indica el comunicado publicado por la JCE.

 Y había razón para incluirme en ese fichaje que maneja un departamento de la Procuraduría General de la República y que se nutre de simples sometimientos judiciales, no importa que carezcan del mínimo mérito ante un juez. Ya mi propia esposa pasó un tiempo, sin saberlo, en ese fichaje porque alguien demandó a la institución financiera de la que era directora. Esa demanda no prosperó ni hubo juicio, pero allí siguió hasta que circunstancialmente se enteró años después y tuvo que gestionar para que la sacaran. Yo sí tengo un antecedente, pues en un viciado juicio al vapor en 1996 fui condenado por el teniente Juan María Severino a 6 meses de cárcel y al pago de 2 millones de pesos, por haber denunciado el fraude electoral de 1994 en mi libro Trauma Electoral.

Aquel adefesio judicial fue anulado por la Suprema Corte de Justicia tras dos años de recursos judiciales. El primero en denunciar y apelar aquel atropello político fue el entones Procurador Fiscal del DN, doctor Julio César Castaños Espaillat, que luego sería presidente de la JCE. Y por eso se ganó una demanda por “abuso de poder”, dejada luego sin efecto, pero duró en el SIC hasta el 2006.

He oído que podrían ser miles los ciudadanos fichados en ese instrumento, sin fundamento, sin que lo sepan y en violación a sus derechos. Pero lo peor es que una institución como la JCE pueda violar los derechos de múltiples ciudadanos y vetarlos para observar las elecciones porque aparezcan en ese fichaje o porque alguna vez fueron sometidos a la justicia.

 Como bien documentó el sociólogo Faustino Collado en carta a la JCE, se trata de una grosera violación a los artículos 21, 22, 23, 24 y 39 de la Constitución, y al principio de la presunción de inocencia hasta condena de un tribunal. Eso sí que no es un simple error y debe ser rechazado.-

 

El crédito de Participación Ciudadana

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque desde su fundación en 1993 el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) siempre ha tropezado con la hipersensibilidad de quienes gobiernan, especialmente en los procesos electorales, nunca la hostilidad había alcanzado los actuales niveles y en ningún caso las autoridades electorales habían tratado de obstaculizar su labor.

Con los reformistas las tensiones fueron duras y ellos tenían razones suficientes porque PC nació como consecuencia del fraude electoral de 1990, por cierto, contra el  Partido de la Liberación Dominicana, y con el declarado propósito de luchar por la transparencia electoral y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

La hostilidad reformista se acentuó en 1994 cuando PC documentó y denunció el nuevo fraude electoral, esa vez contra el Partido Revolucionario Dominicano. Los peledeístas, que habían aplaudido el nacimiento del movimiento, comenzaron a distanciarse del mismo en la medida en que empezaron a unir su suerte al reformismo para con ello alcanzar el poder en 1996. No fue PC que cambió de curso y siguió luchando por los principios democráticos. Se le quiso arrinconar bajo la premisa de que era un movimiento destinado a convertirse en partido y luego a apoyar al PRD.

Por el conteo rápido de PC fue que las autoridades electorales conocieron los resultados en la primera y segunda vuelta de 1996, ratificados al día siguiente por el cómputo oficial. Nadie objetó la elección de Leonel Fernández aunque la policía de Pérez y Pérez recogió decenas de miles de cédulas en los barrios populares días antes de los comicios.

La noche del 16 de mayo del 2000 las autoridades electorales y los observadores internacionales supieron que Hipólito Mejía se había quedado  (49.85%) en la frontera del 50 por ciento. El conteo de PC no le agregó el 0.15 por ciento que le faltó. Y la misma precisión y honestidad se repetiría la noche del 2004 cuando Mejía intentó la reelección y los peledeístas habían vuelto a ver a los pecianos como serios y amigos.

Mucha agua ha corrido de nuevo por todo el país. PC creyó que por los avances logrados, incluyendo el nuevo padrón que había promovido, auditado y defendido, ya la transparencia electoral no era prioridad, y proclamó que centraría su accionar en la lucha contra la corrupción. Eso en vez de mejorar sus relaciones con el sistema partidista, las ha agravado, especialmente, y como es lógico, con los que gobiernan.

PC había tenido diferendos con las autoridades electorales, incluyendo a las designadas por los perredeístas, pero ni Morel Cerda ni Luis Arias la hostilizaron ni trataron de obstruir sus labores. Ambos viven y el segundo es embajador del gobierno del PLD desde que salió del cargo. Actuó con honestidad y defendió a PC de algunas ofensivas y hasta procuró su asistencia en la JCE en varias oportunidades. El difunto César Estrella Sahdalá fue más amigo de PC después que salió de la presidencia de la JCE. Afortunadamente también vive  Juan Sully Bonnelly, otro presidente del organismo electoral que tuvo excelente relación con PC.

Las relaciones del movimiento con Roberto Rosario se quebraron desde que su partido lo puso al frente de la Cámara Administrativa de la JCE, básicamente  por diferencias en torno al millonario contrato con la empresa Somos para nueva tecnología.

Esta vez la junta de Rosario se propuso obstruir a PC y hasta salió a buscar financiamiento internacional y convocó grupos nacionales para auspiciar sus propios observadores. Fracasado el propósito ha dilatado la tradicional acreditación y después de aprobado el reglamento pone nuevas condiciones para hacerla difícil. Primero autorizó la observación en los centros de votación y en las juntas electorales y la JCE, pero se saltó la de los colegios, que era el punto 1 de la solicitud, al tiempo que advertía, sin que se lo pidieran, que no avalaba el conteo rápido para el cual es fundamental el acceso al cómputo de los colegios. Luego pidió el listado de los observadores segregados por municipios, cuando así mismo se le había entregado. Y que acudieran los 3,800 en “un día” que señalarían a llenar un formulario de datos que PC ya había recabado y puso a disposición de la JCE.

El objetivo es claro: seguir dilatando y obstruyendo la observación, provocar la pérdida de una proporción de los observadores que seguramente no podrán acudir “ese día” a llenar un nuevo formulario con los mismos datos que ya se tienen. Todo está transparente.

PC: dos décadas de coherencia

Por Juan Bolívar Díaz
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Hoy domingo 5 de febrero tendrá efecto la XVIII Asamblea Nacional del movimiento cívico Participación Ciudadana, que aunque fue formalmente constituido en 1993, comenzó a dar sus primeras batallas un año antes, hará pronto dos décadas, y desde entonces ha escrito hermosas páginas de coherencia.

Por vigésima octava ocasión la militancia más activa elegirá un Consejo Nacional de 12 miembros, el cual a su vez escogerá luego un coordinador nacional. Cada año han aparecido suficientes personas con coraje para continuar este ejercicio de ciudadanía. La permanencia en el Consejo está limitada a dos años consecutivos y la del coordinador a uno para evitar que, siguiendo la inveterada cultura nacional, alguien la quiera utilizar como escalón personal. Y el éxito ha estado a la vista de todos: decenas de ciudadanas y ciudadanos han sido parte del Consejo Nacional que ha tenido  16 coordinadores y sólo dos han repetido con intervalo de tiempo cuando no apareció un voluntario con posibilidad de asumir una tarea que demanda dedicación, a veces de tiempo completo, sin recibir la menor retribución, ni siquiera por uso de su vehículo y combustibles. Por el contrario, siguen pagando su cuota mensual.

Cuando PC salió a la luz pública abundaron los vaticinios de que pronto sería un nuevo partido, o apéndice de uno de los existentes, o que sus promotores se lanzarían de candidatos o a la búsqueda del liderazgo político. Los fundadores juraron que no era la intención, y dos décadas después parece que han cumplido sobradamente. Sigue siendo una institución independiente y ninguno de sus dirigentes se ha postulado a nada. Sólo cinco o seis pasaron legítimamente a ser funcionarios públicos, todos en los tres gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, ninguno en los cuatro años que gobernó el Partido Revolucionario Dominicano.

De varias decenas que han integrado los equipos técnico-administrativos sólo cuatro han pasado a funciones públicas, contratados por la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral bajo la presidencia del doctor Roberto Rosario, uno de los cuales es titular del organismo, el abogado y politólogo José Ángel Aquino.

En los principios de PC está la coordinación y colaboración con los poderes públicos y con los partidos políticos, porque son instituciones fundamentales del sistema democrático. Y la ha alcanzado en innumerables eventos y pactos, en la formación de cerca de dos mil nuevos líderes, en la observación de sus procesos eleccionarios internos. Los pactos han abarcado a la JCE, el Consejo Nacional de Reforma del Estado, la Suprema Corte, el Ministerio Público, las cámaras legislativas y numerosos ministerios y entidades estatales.

Pero Participación Ciudadana fue fundada para promover la democracia de ciudadanía, para luchar por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, por la transformación del primitivo sistema electoral, para luchar contra el fraude electoral y la corrupción en todas sus expresiones. Y ha sido tan coherente que ganó un gran reconocimiento nacional e internacional, incluido el de la generalidad de los partidos, cuando no están en el poder.

En estos días desde el PLD se trata de descalificar los planteamientos por la transparencia electoral de PC, que no son diferentes, por ejemplo, a los del período 2000-04 cuando gobernaba el PRD y la entidad promovía una Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que tanto contribuyó a evitar excesos. O cuando hacía vigilias hasta nocturnas ante el Congreso rechazando una contra-reforma continuista, o cuando pedía al presidente Mejía que tomara una licencia para evitar involucrar al Estado en su campaña reeleccionista. Sobran los ejemplos a citar, pero el espacio se acaba. Participación Ciudadana ha sido tremendamente coherente.