¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?

Por Juan Bolívar Díaz
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La interrogante la formulaba el inolvidable periodista radiofónico Tomás Pujols Sanabia siempre al final de los incisivos comentarios con los que impugnaba el rumbo que llevaba el país en 1964 y los primeros meses del 65, y se recuerda en estos tiempos de una corrupción y descomposición tan descomunal, que nadie podía imaginar aún en los días del “Triunvirato de dos” que sólo era uno.

Aunque los escándalos se suceden con tanta velocidad que han ido mellando el alma nacional y la capacidad de asombro, muchos se sintieron alarmados esta semana con la revelación de que ya no sólo tenemos bandas de policías y militares, de políticos y funcionarios civiles, para la estafa, la extorsión, el sicariato y el narcotráfico, sino que también ya se integran con jueces, incluyendo un miembro del Consejo del Poder Judicial.

Los cargos están inscritos en una instancia de la Procuraduría General dirigida a los miembros del Consejo del Poder Judicial, que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con poder de detonación capaz de reducir el impacto del vencimiento del plazo que tenía el procurador Francisco Domínguez Brito para apelar el “no ha lugar” que beneficia al senador Félix Bautista, secretario de Organización del partido gobernante, acusado de corrupción en el manejo de nada menos que 26 mil millones de pesos.

Tratando de justificar una decisión a todas luces garantista de impunidad pactada en los altos niveles partidarios y del Gobierno, Domínguez Brito ha llegado hasta el cinismo, al plantear la inconcebible afirmación de que “no recurrir la sentencia es una forma de luchar”. Su obligación era llevar hasta las últimas consecuencias un expediente que él ratificó como “uno de los actos de corrupción más grandes de los últimos años”.

Son cínicos también los argumentos de Domínguez Brito de que no apelaba a la última instancia porque no le merece confianza, llegando a decir que “la mayoría de los jueces (de la SCJ) se pronunciaron y asumieron una posición a favor de los imputados”, algo absolutamente falso. Lo hicieron apenas 3 de los 17, mientras dos votaban por el enjuiciamiento de Bautista y compartes. Pero estos cinco, de la Cámara Penal, quedarían inhibidos ante la recurrencia y quedaban doce para decidir, incluyendo a su presidente. Si es alarmante la acusación al pleno de la SCJ, es peor que sus integrantes, incluyendo a su presidente, no la hayan rechazado de inmediato.

La posición del Procurador es burlesca cuando justo al liberar a Bautista de los graves cargos de corrupción bajo argumentos tan fatuos, apela al mismo presidente de la SCJ y los integrantes del Poder Judicial para que tomen cartas contra seis jueces a los que acusa de reunirse en lugares de diversión y casas de individuos “de dudosa reputación”, de dictámenes a favor de narcotraficantes con operaciones de decenas de millones de dólares, de invertir en la promoción de jueces, dejar en libertad un regidor procesado por sicariato, ordenar devolver 20 millones de dólares al narcotraficante procesado Arturo del Tiempo.

Tanto más burlesca porque uno de los seis jueces denunciados, aún no imputados por la Procuraduría, es nada menos que integrante del Consejo del Poder Judicial, por lo que tendría que ser juzgado, sino en primera, en última instancia, por la misma Suprema Corte, en la que dice no confiar.

Tal vez el Procurador esté convencido de que su denuncia calmará al persistente embajador de Estados Unidos que lo visita e insiste en denunciar la corrupción, pero consciente de que no pasará de la renuncia de un juez y la destitución de algún otro pasado de la raya, sin siquiera molestarse en someterlos a juicio, como han hecho recientemente con casi una treintena de oficiales militares y policiales, investigados por amparar operaciones de tráfico de cientos de kilos de cocaína por Barahona, Punta Cana y Samaná. Se les pone en retiro con sueldo y guarda-espaldas y que viva la impunidad total.
¡Ofrézcome Pujols Sanabia!, medio siglo después todavía se escucha tu grito: ¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?.

Aquí no ha pasado nada

Por Juan Bolívar Díaz
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Los niveles de corrupción, manipulación política, complicidad e impunidad que carcomen el alma de la sociedad dominicana han quedado nuevamente al desnudo con las informaciones relativas a los acuerdos que hace casi dos años hicieron las autoridades judiciales con la señora Sobeida Félix Morel, durante las investigaciones sobre la red de narcotráfico que lideraba su marido José David Figueroa Agosto.

Vale recordar que desde el principio las autoridades parecieron más interesadas en dilucidar los aspectos anecdóticos y eróticos de las relaciones de la pareja y de varios jóvenes involucrados, conscientes o no, en el lavado de dinero, bien poco en relación a los volúmenes de narcotráfico que se le atribuye. Varios de ellos pagan condenas que en algunos casos lucen desproporcionadas, mientras no ha sido procesado ni uno solo de los ejecutivos del negocio criminal y sus asociados y beneficiarios, funcionarios, oficiales policiales y militares, políticos, empresarios y legisladores. Aunque se sabe que al menos un alto oficial policial y un empresario pagaron con sus vidas.

 El primer grave escándalo del año estalló a partir del día 5 cuando HOY publicó los documentos que formaron parte del acuerdo de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional con la celebrada Sobeida Félix con dos objetivos: reducirle la condena que le correspondía, y facilitarle la excarcelación cuando cumpliera la mitad de la pena. La primera se cumplió cuando la principal beneficiaria del lavado de dinero ilícito fue sentenciada a la mitad y tercera parte de los años de cárcel que recibieron actores secundarios. Pero –no se asombren- las actuales autoridades se niegan a cumplir el acuerdo, desconociendo la continuidad del Ministerio público y del Estado.

Versiones que han merecido crédito indican que en los archivos de la Procuraduría General no se encontraron los documentos relativos al acuerdo, manejados y manipulados como si se tratara de un negocio particular. Ninguno de los involucrados sale a aclarar nada, pese a los reclamos de la opinión pública.

A no ser que consideremos aclaración las declaraciones de dos de los señalados por Sobeida  Félix como financiados por el alto empresario del narco, que se conforman con decir que no conocieron a Figueroa Agosto, quien para entonces operaba bajo otros nombres. Sin demandar una investigación liberadora y una explicación de las autoridades que negociaron y beneficiaron a narcotraficantes en base a afirmaciones que no indagaron o que descartaron ya que no hubo consecuencias. Tampoco demandan a la belleza Félix que los ha involucrado en delitos que en cualquier parte del mundo civilizado conllevan graves repercusiones.

Son muchas las preguntas que bullen en estos días: ¿se inventó Sobeida Félix acusaciones tan concretas, con tantos testigos con nombres y apellidos para sacar ventaja en el proceso judicial? Se la aceptaron las autoridades sin mayor indagación aunque involucraban a dos generales y un coronel policial y otro del Ejército Nacional y nada menos que al presidente del principal partido de oposición y excandidato presidencial? ¿Se quiso tener de rehén a un importante dirigente político? ¿Fue el único político que recibió dinero de Figueroa, o era el que convenía que ella involucrara? ¿Y qué pasó con funcionarios relacionados con algunos de los asociados de Figueroa, uno de los cuales quedó en evidencia pública?

Hay muchas preguntas más: ¿Por qué tras la publicación de los documentos no se emprende la investigación correspondiente? ¿Qué han dicho los honorables funcionarios encargados de perseguir el narcotráfico, el lavado de dinero y la ética? ¿Será que hay temor en volver a destapar esa caja de serpientes que fue la red de Figueroa Agosto?

No esperen respuestas, que aquí no ha pasado nada. Son simples entretenimientos en este hermoso país donde “to e to y na e na”.