La presión social desafía al Gobierno de Medina

Por Juan Bolívar Díaz

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La marcha contra la impunidad, que superó todas las expectativas constituyéndose en la mayor manifestación cívica de la historia nacional y que parece haber marcado un punto de inflexión frente a la corrupción, junto al reiterado compromiso internacional de develar toda la trama de corrupción de Odebrecht, podría obligar a las autoridades a responder.
La presión que tiene el Gobierno es mayor por la convicción general de que la constructora brasileña financió campañas electorales, por lo que buscarían un par de chivos expiatorios que pudieran contener la indignación nacional, agravada por el silencio del presidente Danilo Medina y de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Irrupción de la clase media. Si fue sorprendente la magnitud de la marcha contra la corrupción y la impunidad de decenas de miles de personas, fue más impactante su composición social, con una clara irrupción de las clases medias, incluyendo segmentos altos, empresarios y hasta monjas que desafiaron la desinformación pagada del Gobierno. Fue una demostración de civismo, por convicción e indignación, exigiendo límites a la putrefacción política, y alcanzó impacto internacional. Nadie acudió bajo promesas de empleo o para mantenerlo, ni por los repartos de dinero, vestuarios, comidas y bebidas, como en las actividades partidistas.

La participación en la marcha del domingo 22 multiplicó seis o siete veces los que acudieron a una convocatoria similar en el 2011 por la aplicación de la ley que dispone invertir en educación el 4 por ciento del PIB, a juicio de los organizadores, varios de los cuales han sido protagonistas en ambas y con capacidad para reproducir demandas.

Tras el éxito, el muy plural comité organizador anunció que proseguirá “reclamando por todas las vías pacíficas posibles la identificación y sometimiento judicial de los sobornados de Odebrecht y la conformación de una comisión independiente acompañada por Naciones Unidas” para investigar las contrataciones con esa empresa “hasta que se recuperen los miles de millones robados al pueblo dominicano”. De inmediato generaron demostraciones en los estadios de beisbol de Santiago y Santo Domingo, iniciaron captación de firmas y planifican un concierto en la festividad de la independencia nacional.

También la presión externa. Hay consenso en que la presión externa será un factor determinante para que haya sanción en el reino de la corrupción con impunidad que es el país, como indican las evaluaciones. Esta misma semana el índice de corrupción de Transparencia Internacional (TI) mostró un nuevo retroceso de RD, que cayó de la posición 103 a la 120 entre 176 naciones, en relación al año anterior, con una quemazón de 31 puntos sobre 100.

Los peores escándalos de corrupción han quedado en la impunidad, aún en el caso del secretario de organización del PLD, Félix Bautista, a quien el ministerio público de su mismo gobierno le documentó un expediente que envuelve 26 mil millones de pesos, que hoy equivalen a más de 550 millones de dólares, casi seis veces el monto de los sobornos de Odebrecht, independientemente de la sobrevaluación de las contrataciones.

Entrevistado por Uno+Uno de Teleantillas, el presidente de TI, José Ugaz, resaltó el compromiso de la autoridades brasileñas de develar las personas y organizaciones políticas comprometidas en la trama Odebrecht y la decisión de esa entidad de acompañar la investigación hasta el fondo, a la vez que elogió la marcha dominicana y proclamó que la presión social es fundamental para alcanzare sanciones. Ugaz es un reputado penalista peruano que fue fiscal adhoc de las investigaciones del escándalo de sobornos del presidente Fujimori-Montesinos que llevó a la cárcel con condenas judiciales a estos dos y a más de 200 funcionarios de los tres poderes del Estado, empresarios y dirigentes sociales.

El silencio gubernamental. El avance de las investigaciones en los otros países involucrados en el escándalo, presiona también en RD, que proporcionalmente lidera el escándalo con sobornos por 92 millones de dólares. En Panamá ya hay 17 imputados, en Perú, Colombia, Argentina varios funcionarios presos, y con suspensiones de contratos y otras sanciones a la Odebrecht. Guatemala, donde los sobornos confesados sólo suman 18 millones de dólares, suspendieron los pagos en obras por 399 millones de dólares.

Los presidentes de Perú, Colombia y Ecuador, se han puesto a la cabeza de las exigencias de sanciones. Pedro Pablo Kuczynski dirigió un discurso a los peruanos proponiendo mayores sanciones a la corrupción en un país que en un año pronunció más de 2 mil sanciones por corrupción, incluyendo altos funcionarios, pidió la acción conjunta de los tres poderes del Estado. El ecuatoriano Rafael Correa, dijo a Uno+Uno el jueves, que su gobierno está a la cabeza de las investigaciones, junto al poder judicial, y recordó que en el 2008 suspendió contratos a la Odebrecht y la obligó a pagar el costo de poner en servicio una planta de generación hidroeléctrica que construyó con graves deficiencias de arranque.

Aquí el presidente Danilo Medina, al igual que el PLD y la Comisión de Ética Gubernamental, ha ignorado el escándalo internacional y la indignación nacional, dejándolo en manos de un procurador general sin experiencia investigativa, y conformando una comisión para investigar solo la contratación de las plantas de Punta Catalina, la que sigue bajo objeciones por incluir a vinculados, como su presidente Agripino Núñez, que era directivo de la empresa co-constructora de las mismas, a un consultor del gobierno y a César Sánchez, que cuando fue administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales negoció y firmó el segundo de los 17 contratos nacionales con la Odebrecht, y actualmente es asesor de la misma con sueldo de 350 mil pesos mensuales.

Buscarían chivo expiatorio. La situación dominicana en el escándalo es compleja, sobre todo por la particularidad de que Joao Santana salió de la asesoría del presidente Medina en sus dos exitosas campañas electorales para la prisión en Brasil, imputado como brazo político de Odebrecht en financiamiento de campañas electorales en varios países.

El jurista Namphy Rodríguez escribió esta semana que se impone el relevo de Odebrecht en la construcción de las plantas de Punta Catalina, señalando que en las actuales circunstancias es inconcebible que el Gobierno ponga en manos de esa empresa los 600 millones de dólares que captará por bonos estatales. El mandatario ha estado preocupado y, según fuentes bien informadas, habría buscado transferir la terminación de las plantas, que pidió a la constructora Estrella, asociada para la obra física, que la asumiera, pero ésta habría declinado por falta de experticio en su tecnología. En medio del escándalo es difícil contratar otra firma que asuma la tarea y nadie la quiere paralizar.

Por otro lado, cobran fuerza las versiones de que se buscaría algún chivo expiatorio que calme la indignación nacional. Un empresario bien informado identificó a los grandes constructores de Leonel Fernández, especificando a Víctor Díaz Rúa, el ministro de Obras Públicas que negoció varios contratos con Odebrecht. Cuando se le objetó que luciría parte de la confrontación partidaria Medina-Fernández, aludió a una compensación: tramitar el expediente de la OISOE que implica al danilista Miguel Pimentel Kareh. Esta semana el dirigente del PLD Fernando Fernández, excercano colaborador político del presidente Medina, advirtió que se buscan chivos expiatorios y proclamó que sería un error que empeoraría la situación y que todos los responsables deben responder ante la justicia.

El presidente Medina parece atravesar por su mayor turbulencia en sus dos períodos de gobierno, y esta semana tiene otro desafío, cuando la comisión senatorial que estudia sus observaciones y propuestas sobre las excepciones a la penalización del aborto rinda su informe y tengan que decidir. Necesitan dos tercios para rechazar la propuesta presidencial como hace un año, pero ahora sería un grave tropiezo político.-

La movilización ciudadana empieza a arrojar beneficios

Por Juan Bolívar Díaz
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Antes de materializarse, la marcha contra la corrupción y la impunidad convocada para hoy domingo por decenas de organizaciones y comunicadores sociales ha comenzado a arrojar frutos, compeliendo a las autoridades judiciales a reclamar indemnización por los sobornos de 92 millones de dólares que la constructora Odebrecht reconoció en el país.

La convocatoria ya catalizó el debate nacional en las últimas dos semanas, generalizando la indignación y los reclamos de sanciones, que esta semana incluyeron a las asociaciones empresariales, a intelectuales y religiosos, creciendo la convicción de que solo la presión sostenida de la ciudadanía logrará sanciones que limiten la alta corrupción.

Indignación generalizada. La marcha convocada contra la corrupción y la impunidad ha catalizado el debate y la movilización ciudadana, incentivando la indignación nacional frente al escándalo generado por la confesión de los ejecutivos de la Odebrecht ante la justicia estadounidense de que habían pagado sobornos en 12 países por 788 milllones de dólares, 92 de ellos aquí.

La protesta, que comenzó entre comentaristas radiofónicos y de televisión, se expandió progresivamente en las redes sociales y el flujo de informaciones sobre las enérgicas acciones emprendidas en los otros países latinoamericanos generalizó el escándalo en los medios de comunicación, aún en los más conservadores frente a la corrupción gubernamental y política.

La constitución de un amplio comité organizador de la movilización contribuyó a detonar pronunciamientos como los de las asociaciones empresariales y la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática (IDEM), que agrupa a más de 30 organizaciones sociales que incluye a muchas de empresarios, religiosos y de acción ciudadana.

Hasta el obispo de Baní, monseñor Víctor Masalles, exhortó a apoyar la marcha sosteniendo que “la corrupción es un flagelo silente que corre por las venas del país”.
Los comunicados publicados el jueves por la IDEM y el de las asociaciones empresariales agrupadas en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, marcaron firmes reclamos de sanciones, planteando que el escándalo es una oportunidad para que las autoridades nacionales comiencen a poner límites a la corrupción y la impunidad.

Como una bola de nieve. La indignación que generó el escándalo, detonado el 21 de diciembre, provocó que el abogado y comentarista radiofónico independiente Ricardo Nieves planteara la necesidad de una gran protesta ciudadana para demandar sanciones.
Fue respaldado por su colega Domingo Páez, reconocido militante del partido de Gobierno, y luego por el viejo militante político Fafa Taveras y el intelectual Andrés L. Mateo.

La idea fue acogida de inmediato por dirigentes de organizaciones sociales como Poder Ciudadano, y Foro Ciudadano, esta última un consorcio de más de 150 asociaciones sociales de sectores medios y de base. Tras varias reuniones, el 2 de enero se fijó la convocatoria para este domingo 22.

Aunque la legión de cientos de comentaristas y articulistas defensores del Gobierno quisieron estigmatizar la iniciativa, atribuyéndola al principal partido de oposición, la realidad es que se trata de un movimiento de raíces y esencias sociales, que supera la pasividad y complicidad partidista frente a la corrupción generalizada y posiciones conservadoras que descartan la movilización popular más allá del interés electoral.

Los más diversos partidos de oposición han respaldado la iniciativa, acogiéndose a la petición de los organizadores de no capitalizar la marcha con símbolos partidarios.
El comité organizador quedó constituido, además de las entidades señaladas, por entidades de origen religioso como el Centro Juan XXIII y el Centro Bonó, cívicas como Ciudad Alternativa, Participación Ciudadana y Somos Pueblo; estudiantiles como el Feflas, Felabel y Juventud Caribe. También el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, el Frente Amplio de Lucha Popular y otras. El Consejo de la Unidad Evangélica, que agrupa cientos de iglesias protestantes, también ha participado de la organización.

El frente gubernamental. El espeso silencio del partido de Gobierno, que cuando era opositor organizó masivas marchas contra la corrupción, y del presidente Danilo Medina, cuya única iniciativa ha sido la creación de una comisión solo para investigar el contrato de las plantas de carbón, con la objetada inclusión de vinculados a la Odebrecht, así como los esfuerzos por poner sello partidario a la convocatoria, contribuyeron a generalizar la indignación y al apoyo manifiesto de amplios sectores de la comunicación social.

El Gobierno envió listados de funcionarios a los programa televisivos y radiofónicos para que fueran entrevistados, mientras su inmensa legión de comentaristas asalariados llegaron a extremos de considerar la marcha como un intento subversivo, sin que faltaran quienes llamaran a preservar la paz e insinuaran conflictos mayores.

Fue notable, sin embargo, que la Policía Nacional ofreció seguridades a los organizadores que cumplieron con los preceptos de comunicar su protesta y coordinar la ruta y el establecimiento de una tarima para el espectáculo artístico con que culminará en el parque Independencia, partiendo de la confluencia de la 27 de febrero con Máximo Gómez.
Las objeciones no prosperaron por los esfuerzos de los organizadores de mantener la manifestación como una acción cívica, sin pancartas partidarias, convocando a todo el núcleo familiar y advirtiendo que ni siquiera habrá discursos. La iniciativa prendió y se expandió principalmente en las clases medias y los cultores de las redes sociales, y desde múltiples ciudades del interior se anuncia concurrencia.

 La movilización ciudadana. En el plenario de la IDEM se planteó que solo una gran presión de la ciudadanía, en todos sus estratos y organizaciones, logrará contener la generalización de la corrupción que se registra en el sistema político y el Gobierno, y que ya no bastan comunicados que repiten las mismas demandas. El solo anuncio de la marcha movilizó a las autoridades.
No es cuestión de leyes ni normas, pues en las últimas dos décadas se aprobó todo un código llamado a prevenir la malversación, a controlar y pautar la administración presupuestaria, la función pública, a actualizar los organismos de control como laCámara de Cuentas y la Contraloría, la declaración jurada de bienes, los concursos y licitaciones y hasta para sancionar el robo de energía cuya tercera parte se sigue perdiendo.
La realidad es que predomina el encubrimiento y la impunidad y que un escándalo de corrupción sucede a otro.
Los graves expedientes de corrupción que involucraron a altos funcionarios y dirigentes políticos, como Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, quedaron en acuerdos políticos.
No se ha dado curso a múltiples expedientes de la Cámara de Cuentas ni al que sometió Guillermo Moreno contra la Fundación Global, ni se han establecido responsabilidades en escándalos como los sobornos y sobrevaluaciones de los aviones Súper Tucano, y de múltiples obras públicas, el escándalo de la Dican, el dramático suicidio-denuncia de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.