Han preferido el desorden para explotar inmigrantes

Por Juan Bolívar Díaz

Informe especial. La regularización de haitianos en RD. Por enésima vez el Gobierno inició esta semana un proyecto para regular la inmigración dispuesta hace décadas por leyes, decretos y acuerdos pero jamás ejecutada por la prevalencia de intereses empresariales y hasta de organismos estatales que han preferido el desorden para disponer a su antojo de una mano de obra incondicional.

El propósito expresado en la reunión del Consejo Nacional de Migración, presidido por el presidente Danilo Medina, comienza mal motivado fundamentalmente en el interés de despojar de la nacionalidad a 244 mil descendientes de extranjeros nacidos en el país, en vez de centrarse en 524 mil inmigrantes indocumentados.

Polémica motivación. Con algarabía, reunido en el Palacio Nacional, bajo la conducción del presidente Danilo Medina, el Consejo Nacional de Migración instituido en la Ley General de Migración 285-04, pareció cobrar vida por vez primera casi una década después y replantea un Plan Nacional de Regularización que en año y medio apenas ha formalizado a 210 inmigrantes.

El Gobierno tendría una oportunidad de revivir su consigna electoral de “hacer lo que nunca se ha hecho”, que en este caso sería aplicar una sentencia inconstitucional e inhumana que despojaría de la nacionalidad por lo menos a los 244 mil 151 descendientes de extranjeros, 209 mil 912 (86 por ciento) de ascendencia haitiana, que residen en el país, según estimó este año la Oficina Nacional de Estadística.

Hay quienes temen que el nuevo intento de regulación sea tan fallido como los anteriores al centrarse en la persecución de los descendientes de extranjeros nacidos y reconocidos como dominicanos durante ocho décadas en vez de poner su atención en los 524 mil 632 inmigrantes, de los cuales 458 mil 233 (87 por ciento), serían haitianos, según la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes de abril pasado.

Aunque parezca irónico el plan de regularización podría ser reenfocado cuando el asedio internacional por la barbaridad del genocidio civil, que este martes se traslada al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, obligue al Gobierno a rectificar o que lo disponga la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según lo que se informó al final de la reunión del Consejo de Migración, integrado por una docena de ministros y altos funcionarios, el Presidente mantiene una puerta abierta a la “solución humana” del problema, por lo que busca “una respuesta coherente y humanitaria”. Con esto puede relacionarse el encargo a la Junta Central Electoral para que en plazo de diez días informe del “impacto de la sentencia sobre los extranjeros inscritos en el sistema registral”. Debería informar también sobre la viabilidad de identificarlos entre millones de actas retroactivamente hasta 1929, y de ubicarlos para anularles registro y cédulas con 25 por ciento de los libros desaparecidos.

Plan de regularización. La reunión del martes decidió elaborar, en plazo de 60 días, el Plan de Regularización de Extranjeros, aunque en julio del año pasado la Dirección General de Migración sometió un proyecto a consideración del entonces presidente Leonel Fernández, tras haber comenzado por decisión administrativa, a registrar trabajadores inmigrantes en abril del 2012.

El proyecto de Migración, elaborado en virtud de la Ley de Migración del 2004, contiene 89 artículos, con una extensa y redundante presentación de 26 páginas. Parece que ahora tendrá que ser modificado, a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional que pone en primer plano la situación de los desnacionalizados.

En la primera página de su introducción el proyecto de Plan Nacional de Regularización indica que “concierne exclusivamente a extranjeros con estatus migratorio irregular que se encuentren en la República Dominicana, y su finalidad es la de crear un espacio de oportunidad de regularización a aquellos extranjeros que se acojan a sus condiciones, requisitos y procedimientos”.

La Ley de Migración fue objeto de un largo proceso de discusión durante una década, hasta su promulgación por el presidente Hipólito Mejía en vísperas de su salida del Gobierno en agosto del 2004. Pese a los reclamos, su Reglamento 631-11 vino a ser promulgado más de siete años después por el presidente Leonel Fernández el 19 de octubre del 2011.

Sólo 210 regularizados. Con prisa, en base al reglamento de la ley, Migración dio un plazo público a las empresas agropecuarias y de la construcción para que a partir de abril del 2012 se abstuvieran de emplear inmigrantes indocumentados y se acogieran a un plan de regularización. Pero desde el principio los términos fueron considerados impracticables por las organizaciones empresariales, especialmente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi).

Año y medio después, apenas 210 trabajadores agrícolas han recibido el carnet de regularización, según informe de la Dirección de Prensa de Migración publicado el 24 de octubre por el Diario Libre. Fuentes de la JAD indican que casi todos los regularizados son de una sola empresa, la bananera Plantaciones del Norte, de capital extranjero, que puede invertir una suma considerable para acogerse al reclamo y cumplir requisitos de los países de destino de sus exportaciones. Otros 500 estarían en proceso, estos de otra empresa también extranjera, que gestiona el Ingenio Barahona.

La JAD ha estimado que las condiciones económicas para la regularización son tan onerosas que no las pueden pagar los jornaleros haitianos y apenas una parte de las 258 empresas agroindustriales y 200 pecuarias, siendo imposible para unos 10 mil pequeños y medianos productores del sector que emplean entre 10 y 20 jornaleros haitianos, una alta proporción del total. Lo mismo ha sostenido la Acoprovi sobre sus miembros.

Un buen negocio. A mediados del 2012, como quedó impreso en nuestro análisis “Habrá que aterrizar el Reglamento de Migración”, se estimó que la regularización de cada jornalero haitiano costaría entre 20 y 30 mil pesos, es decir entre 500 y 750 dólares de entonces. Migración estableció una tarifa de 15 mil pesos, que luego reduciría a 12 hasta dejarlo ahora en 8,500 pesos, pagaderos en efectivo a ese organismo, sólo por emitir el carnet final. A los indocumentados en el país se les obligaba a volver a Haití para iniciar el proceso. Entre 5 y 15 mil pesos adicionales se irían en legalizar acta de nacimiento, obtener certificado médico, pasaporte y visa, traducción y legalización de documentos. El pasaporte haitiano costaba 80 dólares y la visa dominicana en teoría 90 dólares, pero los consulados en Haití cobraban hasta 200.

Un agravante total para las empresas es que el Plan de Regularización les obligaba a pagar una fianza por cada trabajador temporal contratado, que sería ejecutada si al final del contrato no entregaban el jornalero a Migración para su repatriación. Eso sólo sería posible si las empresas establecieran un campo de concentración vigilado en cada finca o construcción. Ya era demasiado con que pagaran el costo de carnetizar un inmigrante que en cualquier momento podría desaparecer.

Eso puede ser un buen negocio para la Dirección de Migración y los consulados dominicanos en Haití, pero absolutamente impracticable. Convertía el interés de regularizar en una maraña de requisitos y recaudaciones que por cierto no entrarían a la Tesorería Nacional, sino que quedaban como “recursos propios” del organismo, que de regulador pasaba a recaudador.

Preferirían el desorden. Son muchos los intentos de regularizar la inmigración haitiana a lo largo de un siglo. Desde los implementados por la tiranía de Trujillo, hasta la actual etapa democrática. Pero siempre parece prevalecer el “dejar hacer, dejar pasar” que ha creado tantas fortunas de funcionarios civiles y militares, de políticos y traficantes.

Fue el Consejo Estatal del Azúcar el que durante décadas contrató miles de haitianos para el corte y tiro de la caña, especialmente en los doce años de Balaguer, parte de los cuales se irían quedando en el país. Los gobiernos de Antonio Guzmán y Jorge Blanco siguieron los contratos. Por cierto que correspondió al doctor Milton Ray Guevara, secretario sin cartera de Guzmán y ahora presidente del Tribunal Constitucional, negociar con Duvalier una renovación del negocio de los braceros haitianos.

Mientras denunciaba la “invasión haitiana” el gobierno de Joaquín Balaguer reclutaba en Haití obreros para abrir las zanjas para la ampliación del acueducto de Santo Domingo en los años noventa, y el de Fernández para el metro y hasta para la remodelación del edificio de la Cancillería. Una vez se escuchó al ingeniero Diandino Peña decir que si querían terminar la ampliación de la Cancillería antes de una cumbre regional, tenía que utilizar haitianos. Lo mismo dijo luego sobre la conclusión del metro de Santo Domingo.

Las industrias privadas de la caña y el azúcar y de la construcción también se han nutrido históricamente de una mano de obra incondicional, incapacitada para reclamar y más barata que la nacional. Los dominicanos que se han ido hasta en yola para Puerto Rico dominan allí el mercado laboral de la construcción, que aquí han venido dejando en manos de los haitianos.

La convicción general es que tanto en el sector estatal como en el privado han preferido mantener el desorden migratorio, antes que pagar las consecuencias de la regularización. Ahora confunden pretendiendo que la inmigración ilegal se controlará despojando de la nacionalidad a los nacidos en el país hasta hace 80 años. Para agravar antes de solucionar el desorden.

Intentos de regularizar la inmigración

14 de abril de 1939
Ley de Migración No. 95.
12 de mayo de 1939
Reglamento 279 de la Ley de Migración.
22 de diciembre de 1966
En vigor el Acuerdo sobre Contratación de Obreros Temporales Haitianos entre RD y Haití.
28 de marzo de 1987
Decreto 152-87 Sobre Apertura de la Frontera Domínico-Haitiana.
15 de Octubre de 1990
Decreto 417-90 que dispone la “Regularización Migratoria de Jornaleros de Nacionalidad Haitiana.
13 de Junio de 1991
Decreto 233-91 dispone la repatriación de todos los trabajadores extranjeros menores de 16 años y mayores de 60 que trabajan en la caña de azúcar.
19 de Junio de 1998
En vigor el Memorandum de Entendimiento para Asuntos Migratorios. Gobiernos de RD y Haití.
23 de Febrero del 2000
Declaración Sobre Condiciones de Contratación de Trabajadores. Gobiernos de RD y Haití.
15 de Agosto del 2004
Ley General de Migración 285-04.
19 de Octubre del 2011
Reglamento 631-11 de la Ley General de Migración.

 

Habrá que aterrizar el Reglamento de Migración

Por Juan Bolívar Díaz
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El demandado Reglamento de la Ley General de Migración 285-04, que tomó siete años para su aprobación, contiene normas tan difíciles de implementar que están obligando a una flexibilización de facto al entrar en vigencia ocho meses después de su promulgación el 19 de octubre pasado.

Los costos que se está imponiendo a la contratación de los trabajadores inmigrantes (entiéndase haitianos), que se estiman entre 20 y 30 mil pesos por persona, son tan elevados que no podrán ser cubiertos por ellos ni por la mayoría de sus contratantes, lo que podría frustrar el objetivo fundamental de la regularización.

Regular, no penalizar.   El Reglamento 631-11 tomó más de siete años para su elaboración, desde la promulgación de la Ley General de Migración 285-04 en agosto del 2004 al terminar el gobierno de Hipólito Mejía,  y fue promulgado por el presidente Leonel Fernández el 19 de octubre del 2011, en medio de un clamor generalizado sobre la necesidad de regular la inmigración haitiana incentivada por el tráfico de personas e intereses empresariales.

La Dirección General de Migración (DGM) había establecido un plazo para ponerlo en vigencia, el cual venció el 1 de junio último, pero entonces tropezó con la realidad de que es prácticamente inaplicable, procediendo a negociar con las principales asociaciones de productores agropecuarios y de la industria de la construcción, que son los mayores contratantes de mano de obra haitiana.

Se han negociado nuevos plazos por lo menos con la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas para que intenten regularizar los trabajadores que emplean esos sectores, una alta proporción de los inmigrantes indocumentados. Los dirigentes empresariales no se han opuesto a las regulaciones, pero reclaman principalmente que no se les penalice. Quieren ver el Estado “como facilitador, no como verdugo”.

Por su parte el director de Migración, José Ricardo Taveras, hubo de reconocer esta semana ante el Grupo de Comunicaciones Corripio, que el reglamento no podrá ser aplicado a rajatablas, sino por etapas, con flexibilidad, aunque reclamando que los contratantes inicien gestiones para regularizar sus trabajadores inmigrantes, y hasta ha prometido reducir algunos de los costos, pero por lo menos los dirigentes de la JAD creen que la reducción deberá ser radical para que la mayoría de los contratantes, miles de pequeños y medianos productores, puedan acogerse a la regularización.

Un costo muy elevado.  El presidente ejecutivo de la JAD, Osmar Benítez, sostiene que apenas parte de unas 258 empresas agroindustriales y 200 pecuarias podrían pagar los elevados costos que conlleva la regularización de los jornaleros, lo que resultaría imposible para más de 10 mil pequeños y medianos productores agrícolas que emplean entre 10 y 25 jornaleros, sólo por temporadas de siembra o cosecha. Lo mismo sostienen dirigentes de las asociaciones de constructores.

La JAD ha estimado que el costo por regular cada trabajador haitiano oscilaría entre 20 y 30 mil pesos, suma que recaería sobre los contratantes, agravando los costos ya elevados de los productores agropecuarios y por lo tanto sus dificultades competitivas aún en el mercado nacional. Con el agravante de que luego de regularizar un trabajador, el contratante no tiene mecanismo para obligarlo a permanecer a su servicio, a no ser que conviertan las fincas o las construcciones en campos de concentración. Las deserciones conllevarían otro costo, pues si no los pueden repatriar, la DGM ejecutaría la fianza de garantía que debe pagar por cada contratado.

La mayor tarifa es la que ha establecido la propia DGM por emitir el carnet de identificación migratoria, hasta ahora de 15 mil pesos pagaderos en efectivo, que Taveras promete reducir a 14 mil. El pasaporte de los haitianos sale a 80 dólares, y la visa dominicana teóricamente a 90 dólares, aunque los consulados cobran hasta 200. Pero con un mínimo de 170 dólares en pasaporte y visa, equivalente a 6 mil 630 pesos, ya el costo supera los 20 mil pesos. Cuando le suman los costos de obtener actas de nacimiento, cédula de identidad, certificados médicos y de buena conducta con su  traducción y legalización, más la póliza de garantía, el costo individual sobrepasa los 30 mil pesos, y sin incluir los sobornos en la frontera, el contrato de trabajo y su registro en el Ministerio de Trabajo.

Una extrema dependencia.   Al parecer los responsables del Reglamento de Migración, imbuidos de un espíritu nacionalista, desconocieron la extrema dependencia nacional de la mano de obra haitiana, que comenzó con la industria azucarera a comienzos del siglo pasado, pero que se extendió en las últimas cuatro décadas a casi toda la producción agropecuaria, ya sea de exportación como el banano y el cacao, o de consumo nacional como el arroz, café y hortícolas, así como a la próspera industria de la construcción, pública y privada, en que se ha basado la modernización y el crecimiento económico dominicano.

Aunque el código laboral establece que la proporción de empleados tiene que ser de un mínimo de 80 por ciento dominicanos y máximo 20 por ciento de extranjeros, en la agroindustria, la pecuaria y la construcción alcanza proporciones inversas, con hasta 80 por ciento de haitianos, según lo reconoció el año pasado el ministro de Agricultura.

Los dominicanos comenzaron aborreciendo el trabajo de la caña, luego de toda la agricultura, más tarde de la construcción, y recientemente hasta de las ventas ambulantes. Contradictoriamente los dominicanos que emigran en yolas a Puerto Rico, arriesgando sus vidas, allí laboran en la agricultura y la construcción, lo que sustenta el criterio de que los bajos salarios y las difíciles condiciones laborales en el país son determinantes.

Los campesinos han preferido emigrar a las barriadas urbanas y optar por trabajos como el motoconcho, incentivados por fenómenos como el “Nueva York Chiquito” y el cemento sembrado en las grandes concentraciones urbanas. La realidad es que les resulta más fácil y menos costoso obtener financiamiento para un motor o un cacharro de cuatro ruedas que para la producción agropecuaria.

Mientras el país se hacía cada año más dependiente de la mano de obra haitiana, se desarrolló un hipócrita discurso nacionalista, sin los mínimos esfuerzos para controlar ni regular la inmigración, hasta el punto que tomó dos décadas actualizar la Ley de Migración y su reglamento, para ahora descubrir que por lo menos este último no tiene posibilidades de aplicación efectiva, dando pretexto a los empleadores para mantener niveles de explotación de una mano de obra excedente e incapacitada para el menor reclamo.

Procedimiento ineficiente. La reglamentación parte de una concepción de inmigración a naciones desarrolladas, remitiendo a contratar trabajadores en sus países de origen, tratando de ignorar que ya hay cientos de miles internados aquí y que trabajan fundamentalmente en la agropecuaria y la industria de la construcción, sectores económicos que dependen de la mano de obra haitiana, en el agro entre un 60 y 80 por ciento, y en la construcción sobre el 60 por ciento.

La sección XI, artículos 69-79 establece el “Procedimiento para ser admitido como persona No Residente en la Sub-categoría de trabajador temporero individual o en contingente”, el cual remite a Haití a los que ya trabajan aquí para que puedan proveerse de actas de nacimiento, cédula de identidad, pasaporte, visa para ingresar al país, certificados médicos y de buena conducta debidamente traducidos al castellano, apostillados y legalizados por un consulado dominicano.

Se estima que no llega al 10 por ciento la proporción de los inmigrantes haitianos provistos de pasaporte y visado dominicano, y es también muy alto el porcentaje de los que no tienen cédula ni acta de nacimiento, lo que implica no sólo que tienen que volver a Haití para iniciar su regularización, sino agotar allí un largo y costoso proceso de papeleo superior a sus posibilidades.

Hay quienes consideran que el procedimiento hubiese sido más viable si asumiera la realidad y estableciera mecanismos de regularización desde aquí en colaboración con las autoridades consulares haitianas. O si se procediera a registrar y regularizar, con carnet de identidad nacional, a los que los contratantes documenten como empleados. Eso implicaría reconocer que una alta proporción de los inmigrantes haitianos carecen de documentos oficiales de identidad. Contribuiría al objetivo fundamental que no se supone sea penalizar, sino regular para controlar y reducir los flujos de inmigrantes y hasta para iniciar un proceso de repatriación racional de los excedentes, al mismo tiempo que se garantiza una mano de obra en alta proporción ya imprescindible.

Haití: gran desafío a los dominicanos

Por Juan Bolívar Díaz

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La brillante y reconocida solidaridad de la sociedad dominicana con el pueblo haitiano tras el trágico terremoto de enero tiene que extenderse a la búsqueda de los enormes recursos que demanda la reconstrucción del devastado país como objetivo estratégico nacional pero dentro del marco de las Naciones Unidas.

La coyuntura es también propicia para dejar atrás los históricos desencuentros y propiciar los largamente aplazados acuerdos sobre asuntos migratorios, intercambio comercial, de seguridad fronteriza y en tantos otros ámbitos en los que la indisoluble hermandad insular obliga a los dos pueblos.

Objetivo estratégico

Tal como lo ha planteado el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, la reconstrucción de Haití es un objetivo estratégico nacional, razón por la cual el país tiene que contribuir a lograrla, buscando la más amplia participación internacional, sin la cual será imposible su financiamiento.

El gobierno dominicano ha mantenido la iniciativa tras una exitosa gestión de solidaridad desde el momento que se conoció la tragedia del 12 de enero, de la que ha sido parte casi toda la sociedad dominicana en sus más diversos estamentos. No podía ser de otro modo, dado que las dos naciones están atadas por la geografía, sin que ni siquiera los fenómenos telúricos pudieran separarlas, ya que las dos grandes fallas geológicas de la isla se extienden de oeste a este y ninguna de norte a sur.

Hubiese sido indigno de un pueblo noble, que los dominicanos no fueran los primeros que llegaran con todo lo que tenían a mano para dar su solidaridad frente a un drama escatológico que ha conllevado la pérdida de más de 200 mil vidas y que pasó tabla rasa a las infraestructuras del vecino dejando dos millones de personas sin vivienda, en lo que un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo considera el más destructivo de los fenómenos naturales de la era moderna, cuantificando el costo de la reconstrucción en 14 mil millones de dólares. El verdadero desafío a la solidaridad comienza ahora que la tragedia de Haití pierde preponderancia en el escenario internacional.

Nadie puede estar más interesado que los dominicanos en que no se abandone  al vecino a su suerte, porque sólo este país está indisolublemente atado a la tragedia y porque en la medida en que no se deje espacio a la esperanza los haitianos saldrán a buscarla expulsados como los pilotos de una nave en picada y su primera tabla de salvación no es el espacio extraterrestre ni el mar, sino el territorio vecino. Lo que ha invertido en la solidaridad inicial es ínfimo en relación a lo que podría tocar a la República Dominicana si no se produce un concierto de asistencia internacional proporcional a la devastación.

Urgente cooperación

Las circunstancias obligan más que nunca a transitar el camino de la plena cooperación para “construir un presente y preparar un futuro que sea ventajoso a los dos pueblos”, como expresaba la carta de los intelectuales haitianos. Ese objetivo hace tiempo que ha sido planteado por innumerables instituciones y personalidades dominicanas, de todos los sectores políticos, sociales, empresariales y religiosos, incluyendo relevantemente al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Conferencia del Episcopado Dominicano en sendos documentos al respecto.

Probablemente la propuesta más integral para la cooperación bilateral es la contenida en el documento titulado “El Reto Haitiano en República Dominicana”, presentado el 4 de julio del 2008 por el CONEP, el cual reivindica la Comisión Bilateral y detalla diez aspectos básicos para la cooperación entre los dos países. “Con la esperanza de que simples desacuerdos y posiciones encontradas en el presente dejen de avivar los fuegos de la animosidad y de la exclusión. Las diferencias están llamadas a sustentar por fin el respeto mutuo y la colaboración de todos aquellos que viven y que ayudan a institucionalizar cada día más nuestro régimen democrático”.

Los diez aspectos señalados en el documento del empresariado son los referentes a la nacionalidad dominicana, el racismo en el país, la Ley General de Migración 285-04 (cuyo reglamento no se acaba de aprobar seis años después), la documentación civil,  repatriaciones y deportaciones, frontera, comercio, mercado y derechos laborales, medio ambiente y cultura.

No faltan quienes consideran que la coyuntura no es propicia para debatir  temas conflictivos, pero existe el temor de que la trágica situación que viven millones de haitianos dispare su migración hacia su salida más fácil, lo que obligaría a la adopción de disposiciones que podrían disipar el ambiente de reencuentro decretado por el terrible sismo. Podría ser preferible afrontar bilateralmente la contingencia, en el amplio espíritu de colaboración ahora existente.

Sin duda la debilidad actual del Estado haitiano, cuya gobernabilidad tendrá que abordarse dentro de pocos meses, hace más difícil la negociación bilateral. Hasta entre  dominicanos muy racionales se expresan dudas sobre la capacidad institucional del vecino, pero no habrá ninguna solución en Haití,  ni siquiera una restauración parcial, que no tenga como protagonista fundamental al pueblo haitiano, con todas sus debilidades y fortalezas.

Los protagonistas

El drama haitiano es mayor en cuanto el sismo se llevó también una considerable proporción de sus más capacitados recursos humanos, dejando casi inviable una nación que ya se consideraba fallida por su precariedad institucional, pobreza extrema y disolución, al extremo de que medio centenar de partidos y grupos se aprestaban a concurrir a los comicios parlamentarios que estaban programados para febrero y que ahora están en un limbo, al igual que los presidenciales que deberían celebrarse en noviembre próximo.

Tal como advirtió el presidente de Francia al visitar esta semana a Puerto Príncipe es al pueblo haitiano al que corresponder ser artífice de su recuperación. Lo dijo también el canciller de Brasil, como lo han manifestado cientistas sociales. Pero además ni los Estados Unidos ni ningún otro país, por más poderoso que sea, se va a echar sobre sus exclusivos hombros la responsabilidad de dar viabilidad a la nación haitiana.

En la perspectiva coyuntural internacional no se prevé ningún escenario mejor que  las Naciones Unidas para asumir la responsabilidad de la reconstrucción de Haití, por lo que es un acierto que al efecto se haya fijado para el 31 de marzo en su sede central de Nueva York  una reunión cumbre internacional. En ella deben concentrarse todos los esfuerzos dejando de lado cualquier intento de excesivo protagonismo, como sería la insistencia en celebrar otra cumbre mayor en Santo Domingo en junio próximo. Debe ser suficiente el encuentro preparatorio programado aquí para el 17 y 18 de marzo.

La Comisión Bilateral

Por el momento es un gran acierto la constitución de misiones técnicas de los gobiernos de Haití y República Dominicana para el diseño de un “Plan de Acción para Refundar Puerto Príncipe”, como anunciaron el día 13 el presidente Leonel Fernández y el primer ministro haitiano Jean Max Bellerive en una primera reunión efectuada en Santo Domingo.

La coyuntura parece más que propicia para dejar reactivada y hacer operativa la Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana creada en 1996, pero dejada en inanición después de unos pocos acuerdos no implementados. El 22 de mayo próximo se cumplen tres años de que el presidente Fernández emitiera su decreto 263-07 donde disponía una serie de previsiones para reactivarla.

Justamente al ocurrir la tragedia del 12 de enero se esperaba una fecha para una inminente visita del presidente René Preval, en tanto funcionarios de ambos gobiernos habían coincidido en la necesidad de reactivar la Comisión Bilateral. La iniciativa correspondió al gobierno dominicano, concretada en la visita que hizo a Puerto Príncipe el ministro Temístocles Montás el 18 de diciembre último.

Es posible que esa iniciativa fuera la respuesta silenciosa que diera el presidente Fernández a la carta de principios de noviembre en la que 30 reconocidos intelectuales haitianos le expresaron preocupación por la seguridad de sus compatriotas residentes en el país. Le sugerían “reactivar, con el Ejecutivo haitiano, los mecanismos binacionales de cooperación para plantear, en la serenidad, todos los problemas y contenciosos no discutidos”, incluyendo “la obligación de nuestro país (Haití) de controlar su flujo migratorio hacia la República Dominicana con la finalidad de no superar un límite máximo manejable por las autoridades dominicanas”.