Leyes de Partidos y Electoral en un solo y amplio consenso

Por Juan Bolívar Díaz
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Es improcedente que se pretenda priorizar la Ley de partidos, cuando ahora lo urgente es la Ley del Régimen Electoral que debe, entre otros aspectos, pautar la elección de los titulares de la Junta Central Electoral (JCE), ya que el período de los actuales vence el próximo 16 de agosto.

Como ambos proyectos conformarían una reforma del sistema político, deben ser consensuados al unísono y con la más amplia participación de los partidos políticos y las instituciones sociales interesadas, como ocurrió con la mayoría de las reformas político-sociales de las últimas décadas.

Una sola reforma política. Debe llamar la atención que sectores políticos pongan todo su énfasis en un nuevo consenso sobre el largamente manoseado proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, cuando lo prioritario ahora mismo es el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, que debe anteceder la renovación de la Junta Central Electoral, cuyos actuales titulares terminan su período el próximo 16 de agosto.

Como los dos proyectos se complementan, y para evitar redundancias y confusiones deberían ser objeto de un solo y amplio consenso que se extienda al reclamado pacto político por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, que debe implicar también la elección de los nuevos integrantes del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, también a partir del 16 de agosto, y posteriormente el inicio de la renovación de la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional.

Sorprende que se esté tratando de limitar la participación en el consenso sólo a los partidos con representación congresual, dejando fuera los demás y las entidades sociales interesadas en el desarrollo democrático institucional. Se ha informado que la mediación que realiza monseñor Agripino Núñez Collado es a título personal, que no involucra al Consejo Económico y Social, que tiene representación empresarial, sindical y social.

Esta restricción es otra regresión del sistema político que se abrió a la sociedad a partir del Diálogo Nacional convocado por el presidente Leonel Fernández en 1997, que pasó por la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado y por el Consejo Nacional de Reforma del Estado en el gobierno de Hipólito Mejía, y más recientemente por el CES y otras instancias para los pactos por la Educación y Eléctrico, para un conjunto de leyes, y hasta para la Constitución de la República del 2010.

Sólo voluntad política. No es verdad que la amplia participación dificultará la reforma del sistema electoral y partidista, pues consensos ha habido en varias ocasiones desde 1998, lo que ha faltado siempre es la voluntad política de ejecutarla, por parte de los partidos dominantes, especialmente la ley que regularía el partidarismo político.

Existen dos documentos que son puntos de partidas ya sistematizados y que en su momento recogieron consensos políticos y sociales, que son los proyectos de partidos y del régimen electoral sometidos al Congreso Nacional en el 2011 y reintroducidos después dos veces por la JCE.

Esos proyectos fueron elaborados por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, contratada por la JCE, que partió de los consensos alcanzados previamente sobre la Ley de Partidos, que incluyeron nuevas consultas con el sistema político y las entidades sociales interesadas. Con la ventaja adicional de que recogieron las experiencias de reformas políticas de los países latinoamericanos, que en las últimas décadas avanzaron considerablemente en regulaciones, dejando atrás a la República Dominicana.

De esos dos proyectos, el que requiere más consulta es el del Régimen Electoral, que ha sido menos discutido. El de partidos ha sido presentado en unas ocho legislaturas con diversas variantes, y no fue aprobado cuando el Partido Revolucionario Dominicano tuvo mayoría, entre 1998 y 2006, ni el Partido de la Liberación Dominicana en la última década.

La Ley de Partidos. El objetivo de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas es regular la democracia interna para garantizar los derechos de sus miembros y el cumplimiento de su misión como se enuncia en el artículo 216 de la Constitución, el cual especifica que “Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y la transparencia de conformidad con la ley”.

Ese artículo indica que “Sus fines esenciales son: “1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; 3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana”.

La ley deberá disponer mecanismos específicos para que los partidos alcancen sus fines, para el respeto de la democracia interna en la elección de dirigentes y candidatos, para promover el relevo de dirigentes y la participación de las mujeres y los jóvenes, Igual para regular límites y transparencia del financiamiento de los partidos y los candidatos, a fin de reducir el encarecimiento de la política que cuesta a la sociedad y otorga ventajas a los adinerados sin importar el origen de las fortunas que se gastan en la política. Aquí también es fundamental un fuerte régimen de sanciones a los delitos electorales.

Una gran coalición social. Evidenciado hasta la saciedad que los partidos que controlan el poder evaden reformas que disminuyan sus ventajas, las posibilidades del rescate y fortalecimiento de la institucionalidad democrática, dependen fundamentalmente de la capacidad de presión que desarrollen las instituciones de la sociedad civil, tal y como se advierte en los recientes planteamientos del empresariado, y de las entidades más comprometidas con las reformas político-sociales.

La participación de las iglesias, del movimiento sindical y social comunitario es también básica para forzar la voluntad política que requieren las reformas, que comenzando por la institucionalidad democrática y la justicia, se extiendan a los pactos eléctrico y fiscal.
Una gran coalición de todos los sectores sociales, que como en las dos décadas anteriores permitieron avances en el arbitraje electoral y en la fortaleza de la justicia y forzaron el cumplimiento de la ley del 4 por ciento del PIB para la educación, es imprescindible en las actuales circunstancias.

Ya está en marcha la constitución de un “Pacto Nacional por la Justicia y la Seguridad y se promueve una “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática”, esfuerzos que deben converger en una sola y gran coalición, ya que la justicia y la seguridad ciudadana son partes fundamentales de la institucionalidad democrática. Mientras más unidad, más capacidad de presión.-

Ley del Régimen Electoral
El objetivo fundamental de la Ley del Régimen Electoral, que por ser orgánica su aprobación requiere dos tercios de los votos de cada cámara legislativa, es dar vigencia al conjunto de principios del Estado Social y Democrático de Derecho, instituido en el artículo 7 de la Constitución del 2010, y especialmente su artículo 212, que se refiere a las facultades y responsabilidades de la JCE, como órgano regulador de las elecciones nacionales.

El párrafo IV de ese artículo es bien específico al plantear que “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la ejecución del financiamiento. En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Justamente esos fueron los principales reclamos que afectaron el reciente proceso electoral, que motivaron reacciones y objeciones de los partidos de oposición, y figuran en las recomendaciones de los informes de Observación Electoral de la OEA y Participación Ciudadana, y en las demandas para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, la Finjus, Centro Bonó y otra muchas instituciones sociales.

La Ley Electoral deberá especificar las condiciones para garantizar la independencia de los titulares de la JCE, el derecho a elegir senadores y diputados, así como alcaldes y regidores distintos en boletas separadas, y limitar el uso del poder estatal en las campañas, con un régimen de sanciones que disuada los delitos electorales.

El gran desafío del CONEP del discurso a la concertación

Por Juan Bolívar Díaz
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El discurso del miércoles del presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ante la Cámara Americana de Comercio constituye un valiente y preclaro alegato a favor de la institucionalidad democrática y el imperio de la ley, que merece respuesta de todas las instituciones y personas preocupadas por el devenir de la nación.

El líder empresarial Rafael Blanco Canto ha invitado al liderazgo político y social dominicano a pasar del discurso a la concertación para “que construyamos juntos los cuatro pilares que deben sostener una verdadera democracia y una institucionalidad creíble que genere confianza”, y la coyuntura parece propicia.

Por el Estado de Derecho. El discurso de Blanco Canto recoge persistentes preocupaciones que se han generalizado en el país sobre evidentes retrocesos en la institucionalidad democrática nacional que quedaron más al desnudo en todo el proceso electoral que aún no concluye, desde la compra de una reforma constitucional para restablecer una vez más la reelección presidencial inmediata, la repostulación casi total de legisladores y alcaldes con sacrificio de la democracia interna de los partidos, hasta la extrema inequidad y derroche de la campaña electoral, con órganos de arbitraje parcializados.

La pieza se remonta al diagnóstico del informe Attalí del 2010, que ya planteaba como fundamental para una exitosa estrategia nacional de desarrollo, restaurar la confianza en las instituciones del Estado. Seis años después Blanco Canto advierte “un malestar de desconfianza en las instituciones a las que hemos entregado la función de representarnos, producto de la falta de orden y de la inexistencia de un adecuado régimen de consecuencias que ofrezca a la población la seguridad de que vive en un Estado de Derecho”.

Tras señalar una serie de prácticas negativas, sostiene que el Estado no ejerce su autoridad para aplicar las leyes, lo que erosiona el régimen político institucional, y a continuación se refiere a las lecciones dejadas por el proceso electoral, quejándose de que no fueron escuchados más de once pronunciamientos del CONEP, ni los de otros sectores sociales que reclamaron urgentes reformas político-electorales. Blanco Canto aseguró que “este sistema colapsó y el proceso estuvo matizado por el constante cuestionamiento a la imparcialidad de los órganos electorales. Hoy puede afirmarse que la confianza en la institucionalidad electoral está rota”.

Urge pacto político-social. Tan firme se mostró el presidente del CONEP sobre la prioridad del pacto político-social, que ni siquiera se refirió al debate sobre los alcances del pacto fiscal pendiente. Su penúltimo párrafo dice: “estamos convencidos de que sería completamente irresponsable colocar por delante de este, los demás temas de la agenda, pues este, como hemos señalado, es un prerrequisito para garantizar que lo que se pacte en los demás, se cumpla. Es por esto que este debe ser el primero de los pactos”.

Rafael Blanco Canto concluyó su discurso invitando “al liderazgo político y social a que construyamos juntos los cuatro pilares que deben sostener una verdadera democracia y una institucionalidad creíble que genere confianza. Es al liderazgo del país a quien le corresponde esta ardua tarea, nosotros estamos dispuestos a hacer nuestra parte”.

El orden de prelación que plantea el CONEP está determinado también por la circunstancia de que el mes próximo vence el período para el que fueron electos los actuales titulares de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, para evitar que vuelvan a ser integrados por subordinados políticos de la aplastante mayoría gubernamental, que así aspira a reproducirse ad infinitum.

Sacudir la sociedad civil. Está en la memoria de la sociedad civil que los cambios en la composición de la JCE y de la Suprema Corte de Justicia, despolitizados tras el trauma electoral de 1994, la sanción a los fraudes bancarios y el cumplimiento de la ley del 4% para la educación sólo fue posible con la presión de una concertación político-social de la que el empresariado fue parte importante a partir de su Grupo de Acción por la Democracia. Durante años los empresarios José M. Paliza y Elena Viyella convocaron encuentros periódicos de concertación, con resultados positivos. Las circunstancias demandan un sacudimiento de la sociedad civil, afectada en los últimos años por la incorporación a los organismos estatales de muchos de sus cuadros, de arriba y abajo.

La prueba de que no será fácil convencer a los detentadores de todo el poder estatal de que cambien las reglas del juego para el rescate de la institucionalidad democrática es la reacción del secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, al extremo de atribuír el discurso de Blanco Canto a que “no ganó su candidato preferido”. También llamó “sedicioso y conspirador” al titular de la JCE Eddy Olivares, por haberse atrevido a solicitar una auditoría de los equipos electrónicos que no funcionaron en la votación de mayo.

Otro ejemplo de absolutismo esta semana fue la declaración del también miembro del Comité Político del PLD, Euclides Gutiérrez, ironizando con que deben nombrar a 35 periodistas críticos al frente de ese organismo “para que dirijan el país”. Lo quieren controlar todo, y esta semana ya juramentaron en un organismo peledeísta al presidente del Colegio de Abogados que en diciembre llegó al cargo superando al candidato gubernamental e impulsado por la oposición.
El Gobierno necesita más recursos precisamente por el derroche del gasto electoral, y para lograrlo es imprescindible el apoyo de la sociedad, lo que abre espacio a la concertación político-social. Ya no caben más discursos.

No debió sorprender a nadie. El discurso de Blanco Canto no debió sorprender, ya que fue una continuación del pronunciado un año antes, 24 de junio del 2015, y en el mismo escenario, cuando disertó sobre la responsabilidad social empresarial y advirtió los desafíos del proceso electoral del 2016, considerando urgente crear condiciones para mantener la confianza en el sistema político y mitigar el desgaste del liderazgo partidista.
En esa ocasión el presidente del CONEP reclamó la aprobación de una ley de partidos que garantice la institucionalidad democrática y transparencia, pero puso mayor énfasis en “la aprobación de una robusta ley de garantías electorales que regule los gastos de campaña, que garantice niveles de equidad en el acceso a los medios de comunicación y la colocación de publicidad, y que ponga control al uso de los recursos del Estado y las ventajas que ofrecen las posiciones públicas durante las campañas”.

Ya seis semanas antes, el 11 de mayo del 2015, un comunicado del organismo empresarial había rechazado el burlesco texto de ley de partidos que habían aprobado los diputados el 28 de abril, el cual negaba los múltiples consensos políticos sociales sobre el particular que datan de los años noventa. Otro antecedente es la visita del liderazgo del CONEP a la JCE el 15 de septiembre del 2015, donde Blanco Canto también abogó por la ley de partidos y un nuevo régimen electoral que controle el dispendio y abarate el costo de la política. Lo mismo han hecho otros líderes empresariales, como los de la Asociación de Industrias, y Franklin Báez Brugal en un celebrado discurso el 15 de noviembre del 2015, donde proclamó que “la democracia necesita pluralidad, controles y contrapesos”.

Urge recobrar la confianza
El presidente del CONEP sostuvo la responsabilidad de todo el liderazgo nacional, incluyendo al empresarial, en impulsar cambios “que satisfagan las necesidades sociales y corrijan los entuertos de nuestro sistema político con la implementación de medidas que nos permitan iniciar el camino para recobrar la confianza”. Acogió las recomendaciones fundamentales del informe de la misión de observadores de la OEA, que reclama equidad en el financiamiento de los partidos y las campañas electorales, fortalecer la fiscalización, control y sanción de las violaciones a las normativas, y un marco jurídico de regulación para establecer un acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados en beneficio de candidatos y partidos, así como del derecho ciudadano a la información.

Blanco Canto, recogió las demandas de numerosas instituciones nacionales y precisó cuatro pilares fundamentales “para garantizar un sistema democrático sano en RD y para asegurar que la interrelación entre los diferentes actores de la vida nacional, se corresponda con los lineamientos que rigen todo Estado de Derecho”.

El primer pilar es una nueva ley electoral que establezca reglas claras del proceso electoral, mejor organizado, evitando abuso de los recursos del Estado, que acorte períodos de campaña y reduzca su costo, con acceso equitativo a los medios de comunicación, evitando la campaña directa o subliminal desde mucho antes del período electoral. El segundo es la ley de partidos que garantice la democracia al interior de los partidos, con elecciones primarias, castigo del transfuguismo y transparencia de su financiamiento público y privado. El tercero es una ley de responsabilidad fiscal que establezca mayor rigor en el uso del presupuesto público y los topes de gastos, déficits y deuda pública.

Asoma otra campaña electoral de inequidades e iniquidades

Por Juan Bolívar Díaz

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Los primeros acordes de la campaña electoral a cinco meses de las elecciones generales, configuran un proceso de inequidades con el Presidente de la República encabezando caravanas en un festival de reparto y con proclamas de que la oposición no tiene dinero para competir con ellos, por lo que deben recoger y dedicarse a otra cosa.

El derroche de recursos se convierte en iniquidad con el reparto de dinero, vestuario, combustibles, bebidas y comidas en orgías que terminan en peleas a palos entre los que se arrastran detrás de los demostraciones de fuerza que buscan ratificar la imagen de invencibilidad de quienes acaparan y utilizan todos los poderes y estamentos del Estado.

Apabullantes demostraciones. Lo que ocurrió el primer fin de semana de diciembre en la urbe capitalina y en San Cristóbal fue un descomunal derroche de recursos con virtual ocupación de las ciudades y repartos clientelares que justificaban los eufóricos gritos del secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, exhortando a sus pobres opositores a que recojan y se dediquen a otra cosa, porque no tienen nada que buscar en las elecciones de mayo próximo.

Fue la forma en que se proclamaron las candidaturas a la reelección como senadores de Pared Pérez en el Distrito Nacional y de Cristina Lizardo para la provincia de Santo Domingo, al igual que los actuales alcaldes Roberto Salcedo y Juan de los Santos. Lizardo, quien preside el Senado de la República, no se ruborizó al proclamar que “la oposición no tiene dinero ni fórmula para competir”.

La inequidad no solo beneficia al partido, sino también a ella y a Pared, que como senadores reciben 900 mil pesos mensuales para “asistencia social”, los llamados barrilitos que suman 10 millones 800 mil pesos anuales, que en 6 años de este período legislativo, son 64 millones 800 mil pesos cada uno para repartir. La asignación a los diputados es menor, (por eso les llaman cofrecitos), 50 mil pesos mensuales, aunque a discreción pueden optar por cientos de miles de pesos más por año y adicionalmente a asignaciones especiales para repartos en Navidad, Semana Santa, Día de las Madres e inicio del año escolar.

La repostulación total de los 31 senadores y 100 diputados del PLD les garantiza una enorme ventaja por concepto de las asignaciones para asistencia social (“barrilitos y cofrecitos”) que seguirán recibiendo aún en los meses de la campaña electoral formal, mientras sus competidores, si merecen el título, no habrán recibido ni un peso del Estado.

Fiestas, palos y tiros. La fiesta del sábado en la urbe capitalina fue apabullante, con ocupación de calles y barrios, que impidieron las actividades normales. Una boda programada para las 5:00 de la tarde en la iglesia Las Mercedes solo pudo celebrarse a las 8:00 de la noche, con los pocos que pudieron llegar. El PLD montó decenas de plataformas en los diferentes sectores de la gran urbe, con espectáculos de animación y reparto de dinero, ropa, comidas, y bebidas. Una joven mujer mostró ante cámaras de televisión la ropa que vestía y dijo que también le dieron dinero, pero sonriente aclaró que no asistiría al espectáculo.

La proclama del candidato a senador por San Cristóbal Tommy Galán implicó el cierre por tres días de la principal avenida convertida en jolgorio de reparto de comestibles y bebidas, así como sobrecitos con su foto y billetes de 200 pesos.
Hubo pelea a palos y puños que la seguridad dispersó con disparos al aire. Allá también fue Danilo Medina.

Con tan auspicioso respaldo no fue sorprendente que el director regional de educación del distrito 04, San Cristóbal, Darío Campusano, emitiera el 2 de diciembre la circular 316-15, convocando a “todo el personal administrativo, de apoyo y de vigilancia de los centros educativos a una importante reunión con la presencia del senador provincial, licenciado Tommy Galán, donde trataremos varios temas de interés”, el martes 8 en el Campo Club San Cristóbal a las 4:30 de la tarde. Varios cientos asistieron a la junta, según comprobaron reporteros, a quienes se dijo que se trataba de un “aguinaldo navideño”.

Esos derroches fueron reproducción de anteriores en diversas provincias. En Nagua y Azua la ocupación se ejecutó con decenas de yipetas, autobuses y minibuses que transportaron activistas de otras ciudades e invadían hasta los carriles de circulación contraria en las carreteras, obligando a los otros automovilistas a echarse fuera de las vías.

Sin esperanza de controles. La legislación electoral dominicana es señalada como la más atrasada del continente en preceptos para garantizar la equidad democrática en las elecciones. Desde hace 17 años se ha consensuado una Ley de Partidos, pero se evade materializarla.

En la campaña del 2012, los candidatos firmaron un pacto para aprobarla ese mismo año. Tampoco han podido adaptar la legislación electoral a los preceptos de la Constitución promulgada en 2010, aunque en el 2011 la JCE sometió sendos proyectos.

La JCE pretexta la falta de esas legislaciones para no establecer límites, ignorando que el artículo 211 de la Constitución le confiere “la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”. Y el 212 especifica: la JCE “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Recientemente la JCE argumentó que la ley solo le faculta a adoptar medidas moderadoras en el período de la campaña que se inicia con la proclama oficial, razón por la que su miembro Eddy Olivares reclamó que la adelantaran a diciembre, acorde con la ley, sin que se haya decidido.

La Ley Electoral faculta. La Ley Electoral vigente tiene previsiones para la equidad, como lo resaltó esta semana el doctor José Ángel Aquino, miembro titular de la JCE, en una tertulia auspiciada por la Fundación Ebert. Él y Olivares han abogado por acciones moderadoras, pero allí se impone de forma mecánica una mayoría de tres encabezada por su presidente Roberto Rosario, quien pasó del Comité Central del PLD a “juez electoral”.

Aquino citó el artículo 6 de la Ley 275-97, que facultan a la JCE a adoptar “cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral” y fiscalizar que las decisiones de los partidos sean acordes a la ley, reglamentos y estatutos, y “Disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre ejercicio de los derechos de tránsito, libre reunión, igualdad de acceso a los medios de comunicación, tanto estatales como privados”…

Señaló también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral que “luego de establecer una serie de prohibiciones a los partidos políticos y a sus dirigentes en relación con el erario, señala taxativamente que la Junta Central Electoral tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado”.

En total desigualdad

Solo el abuso de los recursos del Estado puede explicar el derroche de los peledeístas, cuyos precandidatos han agotado dos y tres años de campaña. En Santiago inundaron la ciudad de tal forma que organizaciones sociales lograron que un tribunal dispusiera el desmantelamiento de cientos de vallas y afiches. Cada uno con cientos de activistas contratados o empleados de organismos estatales.

La campaña reeleccionista del presidente Medina está llamada a quedarse con la mayor parte del financiamiento estatal, al incluir más de una docena de partidos aliados. Por de pronto, la suma del PLD y el PRD ya implica más del 57 por ciento de unos 1,700 millones de pesos a que ascenderá el subsidio estatal a los partidos en el 2016, el doble del 2015, por ser año de elecciones.

Por otra parte, hay que sumarle las ventajas de personal, vehículos, combustibles y dietas pagadas por los organismos estatales, y las de una inmensa red de periodistas, comentaristas, locutores y hasta “call centers de interactivos”, incorporados a las nóminas públicas. Un reporte de Edwin Ruiz publicado el 8 de diciembre por Diario Libre indica que en los primeros diez meses del año el Gobierno destinó 8,054 millones de pesos para publicidad y propaganda, viáticos, combustibles y gastos de representación. En publicidad y propaganda fueron 2,495.6 millones, 250 millones mensuales, y 8.3 millones por día. Buena proporción de esa publicidad es propaganda reeleccionista indirecta, incrementada notablemente tanto en periódicos como en radio y televisión en los últimos dos meses.

Por demás, tradicionalmente los presidentes en reelección se benefician también de una alta proporción de las contribuciones privadas. Circula en las redes una invitación a un coctel mañana lunes 14 “pro fondos de la campaña presidencial” en la residencia de un empresario y se “sugiere” una contribución individual de 2 millones de pesos, 44 mil dólares, 8 veces el tope en Estados Unidos para ese tipo de actividad presidencial.

 

A un año de las elecciones predomina la incertidumbre

Por Juan Bolívar Díaz
17_05_2015 HOY_DOMINGO_170515_ El País13 A

Al iniciarse la cuenta regresiva del año para las elecciones generales de 2016 el panorama nacional se configura incierto, a la expectativa de cómo saldrá el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de la profunda crisis determinada por la confrontación que protagonizan sus dos principales líderes por la candidatura presidencial.

Aunque la candidatura de Luis Abinader por el nuevo Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha arrancado con buenos augurios, está pendiente que pueda configurar un frente de oposición que arrastre las expectativas de cambio que se anidan en diversos y dispersos segmentos sociales insatisfechos por la gestión peledeísta de la última década.

De nuevo serán generales. Ya hay cinco candidatos presidenciales pero casi todo parece girar sobre la incertidumbre en que está sumido el partido que ha gobernado en cuatro de los últimos cinco períodos. Los candidatos proclamados, además de Abinader, son Miguel Vargas Maldonado y Federico Antún, por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y por el Reformista Social Cristiano, los dos que dominaron tras la liquidación de la tiranía de Trujillo hace más de medio siglo. También han sido postulados Juan Cohén, por el Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana, y Fidel Santana por el Frente Amplio, aunque este último apoyará a Abinader, por ser parte del proyecto de Convergencia de la oposición.

Los comicios programados para el 15 de mayo del 2016 volverán a ser generales, con la elección de 4,213 legisladores y autoridades municipales, lo que no ocurre desde 1994 cuando el último fraude electoral de Balaguer se saldó con una reforma constitucional que prohibió la reelección del presidente y separó su elección de los legisladores y autoridades municipales.

La elección de 32 candidatos a senadores, 190 a diputados, 156 a alcaldes y sus vicealcaldes, 228 directores municipales y más de tres mil regidores y vocales representa un gran desafío para partidos con débiles mecanismos democráticos.

La incertidumbre se extiende también hasta los organizadores y árbitros de los comicios, la Junta Central Electoral y sobre todo el Tribunal Superior Electoral, sumidos en el descrédito, por el control que sobre los mismos se atribuye al PLD y su líder, el expresidente Leonel Fernández, que empeoraría si este termina de candidato presidencial oficialista. Dirigentes opositores, especialmente del PRM, han sostenido que las actuales autoridades electorales no garantizan elecciones libres. Otro ingrediente conflictivo es el empeño del PLD por imponer una Ley de Partidos ignorando el consenso político y social y por evadir la ley orgánica del sistema electoral que reglamentarían partidos y proselitismo.

Los costos de las salidas. Que no se pongan de acuerdo, sea que el poder presidencial y la mayor posibilidad electoral de Danilo se impongan doblegando o sobornando a los legisladores leonelistas, o que estos impidan la reforma constitucional, impactará sobre el escenario preelectoral y los comicios mismos, aunque no haya una división formal, pues todos prefieren la negociación, dificultada por acumulación de enconos hasta personales que hacen difícil recoger toda la sangre y leche derramada.

La mutua desconfianza hace que ninguno crea que el otro dejará de utilizar el poder para aplastarlo, sea que predomine la reelección o vuelva Leonel al poder, por lo que algunos creen que la salida es “ni uno ni otro”, lo que se rechaza por la baja popularidad acumulada por el resto de los precandidatos, aunque uno unitario podría recibir gran parte de las preferencias que se manifiestan por los dos líderes.

La salida que más se señala entre los peledeístas, y se refleja en las declaraciones y escritos de sus parciales que prefieren a Danilo como “camino más seguro”, es el sacrificio del expresidente, otorgándole una alta cuota de candidaturas legislativas y municipales, para garantizarle que no se sienta o pueda ser aplastado por el poder danilista extendido.

Queda la posibilidad de que el Presidente decline la postulación para no exponer su imagen y concluir su Gobierno con alta aprobación y como reserva casi segura para volver en el 2020, ya que cualquiera que gane ahora no podrá reelegirse. Él reclamaría la alta cuota legislativa y municipal para no ser aplastado en caso de que Leonel gane. Así evitaría el alto costo económico, moral e institucional que conllevaría una imposición con poca legitimidad hasta en el PLD, o un “pacto de impunidad” con los leonelistas.

Perspectivas de la Convergencia. En el panorama actual, el otro elemento clave de las perspectivas para los comicios es la suerte que corra el proyecto de “Convergencia por un Mejor País” y las posibilidades de convertirlo en un gran frente opositor, sumando a los 8 grupos políticos que ya la integran, los partidos que encabezan Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Max Puig y Hatuey de Camps y propiciando una alianza estratégica con organizaciones populares y sociales y sectores empresariales saturados del desgaste del largo dominio peledeísta.

Las encuestas y los resultados de la convención del Partido Revolucionario Moderno han indicado que quien más posibilidades tiene de encabezar las candidaturas de la Convergencia es Luis Abinader, aunque los mermados seguidores de Miguel Vargas (también según las encuestas) creen que debe ser él por las viejas siglas perredeístas.

Junto a Hipólito Mejía, que se ha crecido apoyándolo firmemente, Abinader tiene el enorme desafío de concertar con tan disímiles sectores reconociéndoles a todos su importancia, para lo cual será fundamental que controlen las ambiciones de los perremeístas que ya se lanzan en tropel tras las candidaturas legislativas y municipales que tendrían que ser subordinadas a la Convergencia y su anunciado Plan de Nación.

En los procesos anteriores. A un año de las tres elecciones presidenciales anteriores, el panorama configurado en el Tema de Hoy, con el mismo autor, tenía parecidas características:

En mayo de 2003 el Tema de Hoy titulaba “La quiebra de Baninter es una tragedia nacional”. Tenía en jaque al Gobierno y el PRD. La JCE atravesaba por una crisis de legitimidad. El 19 de julio el título resumía: “El presidente Mejía debe abandonar la reelección”. Pero impuso su repostulación en enero del 2004, dividiendo su partido. Leonel corría solo como candidato del PLD y el PRSC se dividía tras elegir a Eduardo Estrella.

El 19 de mayo de 2007, El Tema de Hoy se titulaba “La reelección pone a prueba los avances democráticos”. El 6 de mayo Leonel y el Estado ya habían vencido a Danilo, como este afirmó, sembrando la semilla de la actual confrontación. Se discutía la necesidad de reglamentación electoral. Lo reclamaba el CONEP, la Conferencia Episcopal, Participación Ciudadana y muchas otras voces. Miguel Vargas ya era candidato presidencial del PRD y el reformismo daba bandazos.

El 15 de mayo de 2011 se titulaba “Hipólito sale con buen pie”, encabezando las preferencias con 48.7 por ciento en Gallup-HOY. Ya Leonel había desistido de repostularse pasando por encima a su propia Constitución, y Danilo sería electo candidato el 26 de junio. Seguía el debate sobre la necesidad de reglamentación electoral. El 29 de mayo el presidente de la JCE, Roberto Rosario, anuncia los proyectos de Ley de Partidos y Ley Orgánica Electoral, con asesoría de la OEA. Fueron enviados al Congreso en septiembre y a casi 4 años siguen relegados.

El deterioro del PLD

El tiempo que tome el PLD en salir de su crisis y la forma en que lo logre, incluyendo el costo institucional y económico, incidirán sobre el panorama de cara a los comicios. Va a cumplirse un mes desde que el 19 de abril estalló la confrontación con la decisión de disponer una reforma constitucional para viabilizar la repostulación del presidente Danilo Medina y no se advierte aún cómo podrá ser conjurada. Se afirma que esta semana fracasaron mediaciones externas para reunir a Medina y Leonel Fernández, como antes tampoco surtieron efecto esfuerzos de dirigentes partidarios.

No se ha publicado alguna encuesta que mida los efectos de esta crisis, pero circulan versiones de que algunas mediciones privadas comienzan a registrar declive de las preferencias por el PLD, acentuando el que viene teniendo el expresidente Fernández, y hasta de la alta aprobación que ha impulsado el reeleccionismo danilista.

La prolongación de la crisis reproduce la división y el encono en la dirección media y las bases peledeístas incrementando las posibilidades de que termine en una fragmentación, más aún teniendo en cuenta los apoyos externos, incluso entre los aliados políticos, que tiene Fernández, el gran líder triunfador de casi dos décadas.

El desplome de la imagen de armonía que vendía el peledeísmo y las mutuas descalificaciones se reflejarán en el electorado. Y en la medida en que se fortalezca una alternativa de oposición, afectarán hasta la alta popularidad del mandatario, en parte determinada hasta ahora por el rechazo a su antecesor y la falta de alternativa en la oposición que los gobiernos peledeístas absorbieron o ayudaron a dispersar.

 

 

Un buen aporte de la Finjus

Por Juan Bolívar Díaz

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La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) hizo esta semana un gran aporte para poner en evidencia la burla de la mayoría de la Cámara de Diputados que insistió en aprobar un proyecto de ley de partidos que ignora las demandas sociales y los numerosos consensos al respecto durante los últimos 16 años.

Un análisis pormenorizado del texto aprobado muestra que se distorsiona o elimina gran parte de las previsiones para garantizar el ejercicio democrático interno y la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos contenidas en el proyecto presentado al Congreso en el 2011 por la Junta Central Electoral, fruto de una misión técnica contratada con la Organización de Estados Americanos. El proyecto recogía los avances de la democracia latinoamericana de las últimas décadas en reglamentación del partidismo político y los planteamientos consensuados entre agentes políticos y sociales desde 1998. Pero además los técnicos consultaron de nuevo a los partidos e instituciones de la sociedad civil que han militado en reglamentar la actividad partidista.

La Finjus sometió a un riguroso análisis, artículo por artículo, para comparar el proyecto aprobado con la propuesta de la JCE, para concluir en que se trata de una distorsión substancial y una gran burla a las expectativas de la sociedad dominicana, en una reiteración de lo aprobado el 3 de marzo pasado, que hubo de ser retirado días después tras la ola de protestas que despertó.

La reconocida institución de promoción de la institucionalidad nacional concluye en que de convertirse en ley el país “no contará con una norma que permita superar el actual desorden y falta de control en que se desempeñan los partidos políticos”, que el resultado final será “la profundización de la opacidad en que actúan los partidos”, y que se ignoran los suficientes consensos político-sociales sobre la necesidad de controlar la corrupción y el clientelismo para fortalecer la institucionalidad democrática.

El análisis del proyecto aprobado se resume en que reduce los derechos de los afiliados a los partidos, fortaleciendo el autoritarismo, limita la renovación del liderazgo, y elimina la obligación del voto libre y secreto en las elecciones internas, la obligación de elecciones primarias para escoger candidatos y la cuota mínima del 33 por ciento de los cargos de dirección para las mujeres.

“Contrario a la aspiración de la sociedad dominicana, el proyecto aprobado limita gravemente el rol asignado a la JCE por la Constitución para ejercer la función de control de los fondos públicos y privados que reciben los partidos”, indica el estudio. Y agrega que peor aún se amplían las facilidades para que los partidos reciban fondos de personas y entidades privadas, al mantener prácticas como colectas públicas y deducciones de salarios y se rechaza que los partidos tengan que mantener un registro de contribuyentes, informar sobre los orígenes de sus fondos y entregar sus presupuestos a la JCE.

Se elimina también la previsión del proyecto de la JCE que prohibía el uso de recursos públicos para financiar actividades electorales y un artículo que establecía en qué se puede gastar el financiamiento estatal a los partidos, reduciendo la cuota destinada a educación de sus miembros del 25 al 10 por ciento y a nada en los años de elecciones.

La aprobación por la mayoría de los diputados de los tres partidos tradicionales violentó su propio estatuto interno, sin que el proyecto fuera sometido a estudio de comisión, pasando por encima a los comisionados que estudiaban otra pieza. Se trató, definitivamente, de una burla completa a los consensos y expectativas de tantos años para mantener el desenfreno en beneficio de las cúpulas directivas de los partidos.

El proyecto está ahora en manos del Senado pero quedan pocas expectativas de que se retomen los consensos socio-políticos. Será una legislación vacía, frustratoria y reiterativa del autoritarismo y el salvajismo que caracteriza la política en nuestro país.

 

 

Otro tigueraje político con la Ley de Partidos

Por Juan Bolívar Díaz
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Los diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) retiraron el proyecto de Ley de Partidos que habían aprobado en primera lectura no solo por el rechazo generalizado al tigueraje político, sino también porque su aprobación fue claramente inconstitucional, como le advirtió la Oficina Técnica de Revisión de la cámara baja.

El simple retiro sigue negando la aprobación de una ley objeto de múltiples consensos en los últimos 16 años, incluyendo uno reciente, y ratifica la imposición peledeísta que también evade el proyecto de ley del régimen electoral sometido por la Junta Central Electoral (JCE) tras una amplia consulta y asesoramiento internacional.

Consensos durante 16 años. La aprobación en primera lectura del proyecto de Ley de Partidos Políticos por la mayoría oficialista y sus aliados del Partido Reformista se correspondió con el tigueraje político que auspicia el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, cuya última expresión había sido la reciente sanción del Código Penal, violando los procedimientos internos, la categoría de ley orgánica que requiere dos tercios de los votos, y sin votar las observaciones que le hizo el Poder Ejecutivo.

El proyecto aprobado con el rechazo de la oposición política desconoció un consenso a que habían llegado recientemente con otros partidos bajo la mediación eclesiástica y numerosos acuerdos al respecto logrados desde que se empezó a discutir esa ley en 1998, precisamente bajo hegemonía del PLD, en la Comisión para Reforma y Modernización del Estado en 1998-99, durante su primer período de Gobierno, ratificado en el Gobierno perredeísta por el Consejo Nacional para Reforma del Estado.

El propósito de una ley de partidos consensuada también formó parte del pacto suscrito en 2009 entre el presidente Leonel Fernández y el entonces candidato presidencial del PRD, Miguel Vargas Maldonado, y fue firmado también por el presidente Danilo Medina con la misma mediación de monseñor Agripino Núñez en la Universidad Católica Madre y Maestra. El proyecto, con diversas modificaciones, ha sido presentado al Congreso en una decena de legislaturas después de ser engavetado por el presidente Leonel Fernández en 1999. También los perredeístas evadieron su aprobación durante el período 1998-2006 cuando tuvieron mayoría en ambas cámaras legislativas durante 8 años, como ahora los peledeístas

Nuevo tigueraje político. En septiembre pasado, cuando una comisión multipartidista había alcanzado otro consenso para la ley, el PLD presentó un texto que lo disminuye y desde entonces la presidencia de la cámara trataba de imponerlo, apelando incluso a incentivos económicos, según denuncia de opositores y confidencia de un senador peledeísta opuesto a la maniobra.

El martes 3, iniciando la primera legislatura del año, tras un informe de comisión, incentivada por “el mago” Abel Martínez, y pese al rechazo de la mayoría de los diputados perredeístas y del Partido Revolucionario Moderno, los peledeístas dieron la primera aprobación. Como no disponían de las dos terceras partes de los votos, y contra lo que todo el mundo decía antes, decidieron que no es una ley orgánica y la dieron por aprobada con mayoría simple.

Para la aprobación, la mayoría peledeísta desestimó la advertencia de la Oficina Técnica de Revisión Legislativa de la propia cámara, que en un documento fundamentado había concluido: “Dado que la pieza legislativa propone la regulación del derecho fundamental a la asociación política por medio de los partidos y agrupaciones políticas, además de que la figura de los partidos políticos fue constitucionalizada, este proyecto de ley es de naturaleza orgánica y por tal motivo, el pleno de la Cámara de Diputados deberá aprobar dicha iniciativa con el voto de las dos terceras partes de los presentes, acorde como lo exige el artículo 112 antes citado”.

La Ley de Partidos es orgánica, de acuerdo al artículo constitucional citado, no solo por regular el derecho fundamental a la libre asociación y por ser un mandato expreso del artículo 216 de la Constitución, sino porque también se refiere al régimen electoral y regula el derecho ciudadano a ser postulado a cargos de elección popular, aunque estas dos últimas causales no aparecen en la opinión de la Oficina Técnica.

La necesaria transparencia. Hasta algunos legisladores peledeístas han favorecido el proyecto de Ley de Partidos consensuado, como el senador José Rafael Vargas, quien consideró esta semana que debe suponerse que “nadie pierde garantizando la transparencia”. Se refería a la supresión de artículos o frases del proyecto de ley que se refieren a la licitud del financiamiento, que disponen identificar sus fuentes y sancionan los abusos del patrimonio público, lo cual ha sido el mayor motivo de confrontación.

Instituciones sociales como Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia han participado, desde el “Diálogo Nacional” auspiciado por el PLD en 1997-98, en las discusiones y consensos sobre la Ley de Partidos y encabezan los reclamos de transparencia, equidad y sanciones de los delitos electorales, lo que ratificaron esta semana. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Jóvenes Empresarios, y otras instituciones empresariales y religiosas también han insistido recientemente en una legislación que contenga el derroche de recursos proveniente del patrimonio público y de fuentes ilícitas, incluyendo el narcotráfico.

Es relevante que los peledeístas hayan burlado el consenso nacional en momentos en que la opinión pública está impactada por las denuncias del convicto narcotraficante Quirino Ernesto Paulino de que él y otros de sus colegas financiaron con por lo menos 200 millones de pesos las actividades políticas del expresidente Leonel Fernández entre 2001 y 2004, lo que tras varias semanas no ha sido negado por el presidente del partido morado.

También llama la atención la cínica actitud del vocero peledeísta en la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, responsabilizando a “sectores insanos”, políticos y sociales, por el retiro del proyecto, aduciendo que la sociedad civil es “enemiga del PLD” y llegando al extremo de proclamar que “la democracia, la institucionalidad y el fortalecimiento de los partidos han sufrido una estocada mortal por la actitud asumida ante el proyecto por el Partido Revolucionario Moderno y sus líderes”.

Vale advertir, finalmente, que el proyecto ahora retirado adolece de múltiples carencias de los reclamos para adecentar la actividad política, controlar los períodos de campañas electorales, el monopolio de medios de comunicación, la manipulación de encuestas y la equidad. Niega la cuota mínima femenina en los cargos de los partidos, y su régimen de sanciones es tan benévolo que no desincentiva los delitos electorales. Aún en fraudes y abuso del patrimonio público, algunas multas serían de 20 salarios mínimos oficiales, (actualmente de 5,117 pesos), que apenas pasarían de los 100 mil pesos, luego de que sea cosa definitivamente sancionada por los tribunales en largo proceso, menos de lo que requeriría un abogado de tercera categoría para iniciar una defensa. Las suspensiones del financiamiento público son de 6 meses y las condenas de cárcel, cuando proceda, de 6 meses a dos años.

Ante la ley de partidos: un PLD autosuficiente

Por Juan Bolívar Díaz
PLD

El proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas sometido al CongresoNacional por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desconoce los diversos consensos establecidos en los últimos 16 años con las demás organizaciones políticas y la sociedad civil para el mejoramiento de la institucionalidad democrática.

Resalta la progresiva derechización del partido que fundó el profesor Juan Bosch desde una perspectiva de izquierda revolucionaria, que ahora se aferra a visiones autoritarias, rechaza la sociedad civil y se niega a transparentar el financiamiento de la política.

Una dilatada respuesta

Para muchos fue una sorpresa que después de 16 años de consensos sobre una ley de partidos políticos, cuando ya había resignación a que el congreso bajo control del PLD no la aprobaría, se presentara una propuesta que niega aspectos fundamentales de la legislación. El primer consenso sobre la ley de partidos se logró en 1999 por iniciativa de la Comisión Presidencial para Reforma y Modernización del Estado creada por el primer presidente peledeísta Leonel Fernández. La iniciativa se originó en el Diálogo Nacional que este mandatario auspició durante varias semanas en 1998.

El primer borrador de ley de partidos fue entregado al presidente Fernández en 1999, pero concluyó su período el año siguiente sin enviarlo al Congreso Nacional, En su elaboración participaron entidades del Estado, representantes de los diversos partidos y de entidades variadas de la sociedad civil. A partir del 2000, el nuevo gobierno, entonces del Partido Revolucionario Dominicano, volvió a auspiciar consenso sobre el proyecto, esta vez a través del Consejo Nacional para Reforma del Estado. Cuando se repitió la indiferencia presidencial, diversos legisladores llevaron el proyecto al Congreso, donde sería introducido una decena de veces desde entonces.

Todavía en el 2005 tras retomar el poder un año antes, el PLD volvió a convocar a las fuerzas sociales para concertar sobre reformas democráticas sociales e institucionales. Tras la firma del pacto entre el presidente Fernández y Miguel Vargas en el 2009 para viabilizar la aprobación de la actual Constitución, el mandatario se comprometió a aprobar de inmediato la ley de partidos, lo que sigue sin ocurrir cinco años y medio después.

El último compromiso lo asumió el presidente Danilo Medina el 30 de marzo del 2012, cuando firmó un pacto de campaña electoral con los también candidatos presidenciales Hipólito Mejía, Max Puig y Eduardo Estrella. Fue todo un acontecimiento en la Universidad Católica Madre y Maestra, con su rector Agripino Núñez, el presidente de la JCE Roberto Rosario como testigos. Entre otros aspectos el pacto consignaba la aprobación “este mismo año” de los proyectos de leyes de partido y orgánica del régimen electoral, que el año anterior había presentado la JCE. Ninguna de las dos leyes ha sido aprobada.

Rechazos fundamentados

El proyecto del PLD ha sido calificado de regresivo, con rechazo absoluto y fundamentado por numerosas instituciones y analistas sociales, resaltando en primer lugar la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), y esta semana el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Las dos instituciones sociales fueron partícipes relevantes desde el inicio de las múltiples concertaciones sobre las reformas electorales y se han mantenido coherentes. Igual Milagros Ortiz Bosch, quien fue la vocera de la posición del PRM, pero el partido de donde proviene tampoco aprobó la ley aunque mantuvo mayoría durante dos períodos legislativos, entre 1996 y 2006. Tuvieron tanta fuerza que en el 2002 reunieron dos tercios de los votos congresuales para reformar la Constitución y posibilitar la repostulación del entonces presidente Hipólito Mejía.

Las críticas a la propuesta de los peledeístas se concentran en que reniegan de los aspectos fundamentales de los consensos en que fueron protagonistas, como la institución de las elecciones primarias para escoger candidaturas por el voto universal de los militantes y simpatizantes. Al respecto la única diferencia que persistía era si las primarias debían ser simultáneas y en la cuota de candidaturas a ser atribuidas a dirigentes notables y aliados, que giraba entre 15 y 25 por ciento y la JCE propuso en 20.

Otro de los consensos básicos es que la ley debe forzar un control y transparencia del financiamiento de las campañas electorales, para abaratar el alto costo de la democracia dominicana, garantizando mayor equidad y evitando el uso de los recursos del Estado y del financiamiento de otras fuentes ilícitas, como el narcotráfico, aspectos reducidos en el anteproyecto del PLD, que incluso elimina la previsión de la JCE de prohibir los actos de inauguración de obras públicas durante los últimos seis meses de la campaña electoral.

También se critica que el PLD suprimiera la cuota femenina del 33 por ciento en la dirección de los partidos, manteniéndola en las candidaturas, cuando estas deben nutrirse de una mayor participación de la mujer en las actividades políticas. Igual la reducción, del 25 al 10 por ciento, de la proporción del financiamiento público que los partidos deben destinar a la educación de sus miembros, anulándolo en los años de elecciones, cuando reciben el doble. Y plantean que el subsidio sea decidido cada año por el Congreso, lo que se traduciría en aumentos.

Retroceso y burla

Finjus y PC han llamado al PLD a retomar la consulta y el consenso que planteó en años anteriores. La primera plantea que la propuesta peledeísta incluye cambios que “desnaturalizarían la función de los partidos políticos y de ser aprobados, significarían un importante retroceso en las reformas que se han introducido al nuevo diseño institucional de la política en el país, y lo peor, no toman en consideración las aspiraciones y la conciencia democrática que ha ido ganando terreno en todos los sectores claves de la nación”. Agrega que desvirtúa la naturaleza de una ley de partidos.

El documento de la Finjus deja explícita una veintena de rechazos a las formulaciones del PLD y llama a todos los sectores sociales comprometidos con el fortalecimiento de la democracia a seguir insistiendo en “una ley de partidos que contribuya al ejercicio de la democracia interna y la promoción efectiva de valores como la transparencia y la lealtad constitucional en todo nuestro sistema democrático”.

El también extenso documento de Participación Ciudadana rechaza 24 planteamientos de la propuesta del PLD, partiendo de la defensa del proyecto introducido en el 2011 por la JCE, el cual considera fruto del largo proceso de discusión que involucró “no sólo a los partidos y órganos estatales, sino también a instituciones de la sociedad civil”.

PC expresa su temor de que el partido gobernante aplique su mayoría congresual en “una imposición que no se corresponde con los avances democráticos de las últimas décadas”, lo que “sería una enorme burla a las expectativas de tantos años” e invita a la sociedad dominicana a reivindicar la consulta y el consenso como mecanismos de fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

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PROYECTO

PLD más autosuficiente

La dilación en responder los reclamos de la ley de partidos y la ruptura de consensos en los que participó, claramente manifiesto en su propuesta, revelan a un PLD cada vez más autosuficiente, que cree poder imponerse sobre el conjunto de la sociedad, por el control que mantiene de los órganos del Estado, sin suficiente consideración de que en la última elección presidencial sus electores propios se redujeron en 200 mil.
Su posición cada vez más derechista y autoritaria queda de manifiesto en varios de los planteamientos del proyecto de la JCE que propone eliminar, señalados en el análisis comparativo de PC, como “Respetar el desarrollo, la integridad e independencia de las organizaciones de la sociedad civil”. También cuando suprime “el reconocimiento de los derechos de las minorías”.

Otra expresión de autosuficiencia se encuentra en la supresión de la definición de los partidos, cuando dice que deben influir “expresando la voluntad ciudadana para servir al interés nacional y propiciar el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad”. También al suprimir el párrafo que estipula que los partidos “deben contribuir con la formación de los y las ciudadanas en materia de ética ciudadana, educación cívica y manejo de las funciones públicas”.

La propuesta peledeísta es tan prepotente que parece destinada a producir un largo debate para llegar a las próximas elecciones sin la ley de partidos y sin la nueva ley orgánica electoral, ambas fruto de la contratación por la JCE de una misión técnica de la Organización de Estados Americanos que también consultó a los partidos y organizaciones sociales. De hecho, ya hace tiempo que está en marcha una desbordada campaña interna por las candidaturas para el 2016, que entre los peledeístas ya conlleva una enorme inversión que sólo se explica en desvíos de fondos públicos y tráfico de influencia.

 

Invertir en la institucionalidad democrática

Por Juan Bolívar Díaz
CONEP JUAN BOLVAR

El comunicado publicado esta semana en los diarios por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) demandando del Congreso Nacional la aprobación de la largamente discutida ley de partidos y la adecuación de la legislación electoral al nuevo orden constitucional es alentador por cuanto implica una toma de posición del alto empresariado por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática nacional, que anda de tumbo en tumbo después de un par de décadas de avances significativos.

No es la primera vez que la organización cúpula del empresariado manifiesta preocupación por el rumbo institucional y democrático de la nación, pero a decir verdad son muy prolongados sus silencios, justificando a quienes plantean que carece de una visión amplia del fundamento del desarrollo y el progreso, que tienen una vocación marcada por plegarse al presidencialismo en aras de intereses coyunturales de los grupos dominantes o por temor a que los políticos les evidencian vulnerabilidades.

El CONEP se ha sumado a quienes demandan una legislación que regule los partidos políticos y que haga eficiente el sistema electoral en aras de la estabilidad democrática de la nación. Recuerdan el largo periodo de debate, 15 años, de la ley de partidos y los mandatos de la Constitución promulgada hace año y medio.

Expresa convicción de “la importancia que reviste para el fortalecimiento institucional de nuestro país y de nuestra democracia la aprobación de una adecuada y robusta legislación que norme la vida interna de los partidos políticos y que coadyuve a su fortalecimiento y estabilidad institucional”. Abogan por mecanismos institucionales de supervisión y transparencia indispensables “para asegurar el equilibrio verdaderamente democrático que debe prevalecer en un sistema político representativo como el que garantiza nuestra Constitución”.

La realidad es que la degeneración del partidismo político sustenta un sistema de corrupción, clientelismo y rentismo que consume una alta proporción de los recursos nacionales, a lo que han concurrido importantes intereses empresariales y neo-empresariales que acumulan en sociedad y complicidad con los actores políticos. El resultado es un sistema de vulnerabilidades, donde “to e to y na e na”, lo que mantiene políticas y modelos insostenibles y acaba conspirando contra la inversión privada, el crecimiento económico y la estabilidad de la nación.

Los que tienen más que perder deben ser los que inviertan más energías y recursos en la promoción de la cultura democrática, en el fortalecimiento de las instituciones y en la prevalencia de reglas claras y transparentes que no estén sujetas a los mezquinos intereses de quienes controlan los poderes públicos y prefieren el desorden, que sólo cuando caen en la oposición son partidarios de las normativas.

Precisamente por la precariedad institucional no se le puede pedir al empresariado que haga oposición frontal a los intereses coyunturales de gobierno, pero por lo menos se debe esperar un mayor compromiso con grupos y entidades sociales que promueven la institucionalidad democrática.

Cada vez son más los sectores económicos que entienden que no habrá prosperidad ni estabilidad sin fuertes instituciones democráticas, sin partidos sometidos a normas y principios éticos, a la transparencia y la rendición de cuentas. Son los que han impulsado entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro de Estrategias Económicas Sostenibles o el Movimiento Participación Ciudadana. Pero estas entidades han dependido más del financiamiento de instituciones internacionales que de las nacionales.

El empresariado dominicano debe apostar por la institucionalidad democrática, en la que tendrá que invertir mucho más que hasta ahora. Sobre todo porque en los últimos años las instituciones internacionales han sacado el país de sus objetivos, unos porque creen que hemos progresado mucho, y otros porque se cansaron de invertir sin ver suficientes resultados. Porque el proceso de reformas ha sido muy lento y sufre de reversiones incomprensibles.

 

Otra elección sin Ley de Partidos

Por Juan Bolívar Díaz
Ley de partidos

A menos de dos años ya para la próxima elección general, prevista para el domingo 15 de mayo del 2016, todo parece indicar que el país se abocará a ese desafío sin que se haya aprobado la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que se discute desde hace 16 años y que ha sido objeto de numerosos “consensos”, de acuerdos políticos y de una iniciativa de la Junta Central Electoral.

Hace cinco años que el órgano organizador y regulador de los procesos electorales sometió al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Partidos, que ha sido excesivamente manoseado por comisiones legislativas más interesadas en barajarlo que en dar paso a una normativa que frene el salvajismo en que se ha convertido la política tanto al interior de los partidos como en el ámbito nacional.

Al ser abordado por los periodistas esta semana, el presidente del Senado y secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, admitió la responsabilidad de sus correligionarios en el bloqueo a que ha estado sometido el proyecto. Pero erró al atribuirlo a diferencias en torno a que las elecciones primarias sean organizadas de forma simultánea por la JCE. Si esa fuera la razón del bloqueo, ya habrían encontrado una salida como la expresada por el mismo Pared: que cada partido decida si organiza sus primarias por su cuenta y costo, o la encarga a la JCE.

Cuando en el 2004 se aprobó la Ley 286-04 que establecía las Elecciones Primarias simultáneas a cargo de la JCE, luego declarada inconstitucional, me conté entre quienes la denunciaron, por dos razones básicas: porque no señalaba quién pagaría el costo del proceso, aunque parecía implícito que sería la JCE, lo que se constituía en un financiamiento estatal adicional a los partidos, y porque tomaría semanas computar simultáneamente los resultados de todos los partidos.

Mantengo el criterio, a la luz de la experiencia. Baste recordar que en enero pasado la Comisión Organizadora de la elección de nuevos miembros del Comité Central del PLD se tomó una semana para arrojar el resultado. El domingo 12 de enero votaron para elegir apenas 138 dirigentes, con 970 candidatos registrados y no fue sino hasta el sábado 18 que pudieron dar el cómputo final.

Imagínense cuánto tiempo necesitarían para computar la elección de los candidatos a 4,132 cargos que estarán en disputa en el 2016 en tres niveles, presidencial, legislativo y municipal. Con que por cada cargo aparezcan tres candidatos, habría que computar votos a más de 12,396. Y si se multiplica siquiera por cinco partidos simultáneamente, aquello podría ser la de nunca acabar y terminar en la anarquía por millares de impugnaciones.

Pero es que la Ley de Partidos abarcaría mucho más que la elección primaria. Es una reglamentación de la democracia interna para elegir dirigentes, para limitar campañas y gastos, para transparentar las fuentes de financiamiento, impidiendo el abuso de los recursos estatales, para limitar los aportes individuales y de corporaciones. También para prohibir coacciones, sobornos y dádivas como forma de comprar votos, y para garantizar el cumplimiento de la cuota femenina mínima, y especialmente para sancionar las violaciones a los preceptos democráticos y de equidad.

Porque prefieren el desorden y el abuso de las cúpulas, porque los dirigentes no quieren someterse a la renovación democrática periódica, y porque no quieren renunciar al abuso de los recursos públicos y al financiamiento de fuentes ilegítimas es que no se ha aprobado la Ley de Partidos, tras 16 años de que fue consensuado el primer proyecto, ese y otros también consensuados introducidos una docena de veces al Congreso y le han pasado siete elecciones generales. Y Ya hay precandidatos a presidente, a legisladores y alcaldes gastando un dineral, que no sale de su propio peculio.

Corrupción y clientelismo: doctrina política de Leonel

Por Juan Bolívar Díaz

El doctor Leonel Fernández hace un “strip tease”  para desnudar su doctrina política fundada en el clientelismo y la corrupción, que si bien es milenaria, ha sido condenada y sancionada en la democracia y la sociedad del conocimiento

El expresidente de la República Leonel Fernández incurrió en un impúdico “strip tease” desnudando la concepción del poder que puso en vigencia en sus tres períodos de gobierno, fundada en el reparto del patrimonio público y en las dádivas que degradan la dignidad humana y mantienen la subordinación de las masas.

Sin duda que Fernández no creó esa doctrina, tan antigua como la humanidad, pero proscrita, condenada y sancionada por la democracia en la era de la información y la sociedad del conocimiento, y cuyo rechazo fue fundamento de su Partido de la Liberación Dominicana y su líder el profesor Juan Bosch.

La confesión del líder Leonel. El artículo “El poder y el liderazgo: Entre puestos y sobrecitos”, publicado por el doctor Leonel Fernández el lunes 10 en el Listín Diario, es una confesión, casi una autoincriminación, de la concepción política en que el autor ha fundado su liderazgo nacional, sin que deba restársele méritos a su carisma y condiciones intelectuales.

Tras un rápido repaso a los teóricos del poder y el liderazgo, desde Platón y Aristóteles, pasando por Maquiavelo y Weber hasta llegar al dominicano Leonte Brea, Fernández refiere dos ejemplos específicos, para concluir en que, aparte de ideología y de conciencia, el poder “hace referencia a otros dos factores: al poder de coacción o represión y al poder compensatorio, que es la capacidad para dar o distribuir”.

El primer ejemplo es el poder que confirió al dirigente reformista Modesto Guzmán, al designarlo director del Instituto Postal Dominicano en 1996, “cargo en que vivía como en el paraíso”, pese a ser una pequeña entidad estatal, cuyo presupuesto apenas alcanza para pagar personal. Pero el expresidente pondera que le otorgó un gran poder ante sus compatriotas y hasta en la casa del caudillo Balaguer porque “podía nombrar algunos compatriotas, repartir de vez en cuando, algún dinerito, y satisfacer algunas de sus necesidades más urgentes”. Leonel Fernández sabía que el sueldito de Modesto era bien modesto y no le alcanzaba para repartir, lo que implica sustracción.

El segundo ejemplo fue la distribución de sobrecitos, con dinero, en una de sus jornadas de cajitas navideñas en Dajabón. Cuando su chofer le señaló cómo las multitudes seguían al repartidor “convertido de repente en un gran líder”, el mandatario dispuso que encargaran el reparto a otro para demostrar cómo hacia éste se movería “la eufórica muchedumbre”. Pondera aquellos momentos de grandes experiencias junto al pueblo”. Y agrega que en ambos ejemplos “se pone de relieve una gran enseñanza de las ciencias políticas acerca del liderazgo y la teoría del poder”.

Bonos acumulados de Leonel. La experiencia de Medina debe hacerle consciente que, contrario a lo que algunos creen, Leonel tiene suficientes bonos acumulados para no subestimar sus posibilidades de alzarse con la candidatura presidencial, y dada la crisis de los partidos opositores, volver a repartir puestos y sobrecitos. Aunque no hay dudas que pasa por una coyuntura bien difícil.

Es que el exmandatario montó una inmensa pirámide de bonos para prolongar su liderazgo político, al viejo estilo de los caudillos dominicanos, como su nuevo maestro inspirador, Joaquín Balaguer, modelo de político que supo erigir un pedestal para reinar durante más de cuatro décadas, y hasta postularse a la presidencia ciego y a los 94 años.

El doctor Fernández comenzó a gobernar en 1996 con fidelidad a los postulados originales de su partido y de su líder fundador, pero a mitad de período empezó su Programa de Empleo (PEME) que defendió bajo el postulado de que “prefería pagar a pegar”, las nominillas de su segundo período las justificó en “que si no repartimos se cae el Gobierno” y en el 2011 dijo en Nueva York que, liberado de la tutela del FMI, invertiría 40 mil millones de pesos para garantizar el triunfo del PLD el año siguiente. E invirtió como 80 mil entre enero y mayo, y otros tantos en los tres meses de transición con cargo al 2016.

La concepción del poder de Fernández descansa en un inmenso entramado: más de dos millones de tarjetas, en diversos “programas sociales” la mayoría con montos que sólo sirven para mantener la pobreza, degradando y subordinando a las más ignorantes que agradecen esas migajas. En las clases medias invirtió cientos de miles de empleos sobre remunerados, miles de pensiones privilegiadas y de becas en el exterior. Y se entendió con sectores de poder económico y políticos a los cuales complació. Dio curso a un rentismo que alentó nuevos capitales. A los aliados políticos y figuras intocables de su partido les entregó parcelas de poder para que las administraran como el Inposdom (Modesto lleva 13 años ahí), la Cancillería, el Banco de la Vivienda, Bienes Nacionales, Inespre, Migración, Consejo de Frontera, Lotería Nacional, Desarrollo de la Comunidad, el IDSS, Superintendencia de Seguros, ministerios y otras.

La respuesta de Danilo. La respuesta pública de Danilo se produjo el jueves, cuando dijo que no busca hacerse líder, que no intentará reelegirse y que “lo que estoy buscando es elevar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Y lo único que busco como recompensa es que cuando vuelva y me convierta en un ciudadano ordinario, cuando cruce por las calles, la gente me diga gracias Danilo porque en su gobierno yo elevé mis condiciones de vida”.

El artículo de Fernández provocó el público rechazo del Presidente a la degradación de los repartos, y se dice que la respuesta privada sería alentar precandidatos que compiten por la nominación presidencial del PLD para el 2016, como el secretario general y presidente del Senado Reinaldo Pared, por demás hermano del ministro de las Fuerzas Armadas y asistente clave del actual mandatario, quien esta semana lanzará formalmente su proyecto.

No sólo en esta respuesta, sino en su gestión, el presidente Medina ha tomado distancia de la doctrina del poder y corruptiva de Leonel, lo que explica en parte la alta aprobación que sigue teniendo. Pero no ha intentado desmontar la pirámide clientelista, temeroso de afectar intereses y alentar enemigos internos y entre sus aliados políticos.

La ley de partidos. Es obvio que Medina lleva sobre la cabeza, sin sustituirlos, a funcionarios como el director de Migración, José Ricardo Taveras, a quien le han bajado el protagonismo y de otros que le enmendaron sus planteamientos sobre la desnacionalización, o del embajador en España, César Medina, quien hasta le ha formulado advertencias en sus columnas periodísticas diarias.

Un ejemplo dramático es lo ocurrido con el embajador ante el Vaticano, Víctor Grimaldi, y sus dos graves traspiés diplomáticos, cuando envió y publicó una carta al Papa, denunciando una “conspiración” del embajador de Estados Unidos ante el gobierno dominicano, y luego con otra carta pública rechazando el llamado de atención privado que le había hecho un vicecanciller. La respuesta oficial ha sido una desautorización diciendo que sus “desafortunadas declaraciones” fueron a título personal y no comprometen al gobierno. Pero no fue una “declaración”, sino una carta denuncia enviada al jefe del Estado donde está acreditado, que en cualquier caso debió cursarse al Gobierno dominicano. En términos diplomáticos la denuncia y rebelión de Grimaldi amerita despido ipso facto, pero ese puesto es parte del entramado intocable.

Una advertencia a Danilo

Por los recientes acontecimientos a lo interior de su partido, donde ha perdido poder ante el altar del presidente Danilo Medina, es obvio que Leonel disparó una advertencia al mandatario, diciéndole que los liderazgos están directamente proporcionados a la capacidad de distribuir “puestos y sobrecitos”. El metamensaje es que como Medina no podrá reelegirse, como lo hizo él, su liderazgo puede ser efímero.

Fernández pudo haber incurrido en un error costoso al ignorar el factor coercitivo del poder, que aludió, aunque el mismo no fue suficiente para impedir que Medina alcanzara la candidatura presidencial de su partido, como se intentó desde las posiciones de mayores repartos que encabezaban los “ingenieros constitucionalistas” Félix Bautista y Díaz Rúa.

El artículo se inscribe en una larga serie de errores tácticos a los que ha sido inducido Fernández por el machismo político de sus financiadores, algunos disgustados porque los danilistas les cortaron lucrativas contrataciones, el mayor de los cuales ha sido el inicio demasiado prematuro de una campaña para el retorno en el 2016, apenas el Gobierno cumplió su primer año, lo que ha incentivado luchas internas.

Aunque Leonel lo ha negado, los danilistas le atribuyen responsabilidad en el escándalo internacional y crisis diplomática derivada de la sentencia que desnacionaliza decenas de miles de dominicanos, que ha consumido demasiado durante cinco meses, poniendo al Estado a la defensiva en el mundo globalizado y dejándolo en riesgo de una vergonzosa condena internacional por violación de derechos humanos.

El expresidente no necesitaba esa campaña precipitada, que ha reactivado sus rechazos, ya que tiene ventajas de liderazgo, posición de mando, deudas y lealtades en el PLD y de recursos multimillonarios que sólo una frontal y decidida acción del presidente Medina podría neutralizar, si apoyara contundentemente alguna opción o, menos viable, intentando abrir camino a la reelección.

Hay quienes todavía esperan que el Presidente desligue más claramente su gobierno de un clientelismo y rentismo clientelares que los códigos democráticos condenan y persiguen como malversación de fondos y tráfico de influencia, sobre todo en la sociedad del conocimiento de la que tanto ha teorizado el doctor Fernández. Una forma de comenzar podría ser que el Presidente aproveche su auge y promueva la aprobación del proyecto de ley de partidos con sanciones al abuso del patrimonio público en las actividades políticas.