Los danilistas se lanzan contra todos en una inexplicada locura política

A1Al aprobar el proyecto de ley de partidos con padrón abierto el Senado danilista escoge la confrontación con casi todo el sistema político y las entidades sociales, con riesgo de profundizar la división del PLD y dificultar la gobernabilidad nacional

Por Juan Bolívar Díaz

            Aunque era una guerra anunciada, no dejó de impactar que el Senado aprobara en primera lectura el proyecto de Ley de Partidos con obligación de voto universal para escoger las candidaturas a cargos electivos, rechazando la oposición de casi todo el sistema partidista y de las instituciones sociales interesadas en la institucionalidad democrática.

La mayoría senatorial del presidente Danilo Medina expone al país a quedarse una vez más sin las normativas electorales y hace temer mecanismos de corrosión y corrupción política para que pase en la Cámara de Diputados y aún así a un extenso y peligroso proceso de impugnaciones constitucionales ya anunciado.

El gobierno contra todos

            La decisión de los dos tercios de los senadores de imponer a todos los partidos el padrón universal abierto para la elección de candidaturas adoptada en primera lectura el miércoles, abre una guerra de quienes controlan el gobierno contra casi todo el sistema político y social, que de ser ratificada en segunda vuelta la próxima semana, dividiría hasta al propio partido gobernante, seis de cuyos senadores y los dos de oposición, se oponen firmemente a un método ya declarado inconstitucional en el 2005.

Han ignorado la oposición del sector del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que encabeza el actual presidente de la organización y presidente de la República en tres períodos, Leonel Fernández, del bloque de los 11 partidos de oposición y del Foro Permanente de Partidos Políticos donde participan casi todos los aliados electorales del peledeísmo. El único en respaldarlo ha sido el aliado Partido Revolucionario Dominicano.

Han despreciado también las opiniones de la mayoría de los politólogos y juristas y de las instituciones sociales más interesadas en el fortalecimiento institucional, como la Fundación Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana,  la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Asociación de  Industriales de Herrera y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que dos días antes, en reunión con el presidente de la Cámara de Diputados  había pedido concertación política para dejar que cada partido escoja el sistema de elección de candidatos que prefiera, como establecen sus estatutos.

Hasta el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, ha advertido de las inconveniencias de esa imposición, por razones constitucionales y organizativas, y  tras la aprobación senatorial pidió que la fórmula que se apruebe “sea de paz y consenso”.

Sólo interés presidencial

            El camino de confrontación escogido es más grave por cuanto los observadores lo atribuyen al único interés del presidente de la República, tanto que muchos temen que sólo por esa razón terminará pasando en segunda lectura en el Senado y en la Cámara de Diputados y luego hasta en el Tribunal Constitucional. Se le asocia al proyecto  de abrir espacios, a otra reforma constitucional para la reelección, como advirtió el obispo Víctor Masalles, o para un delfín que impida el temido retorno al poder de Leonel Fernández.

Como Danilo Medina no responde cuestionamientos de la prensa ni políticos o sociales, se ignora cuál es su posición definitiva, pero se entiende que “tira la piedra y esconde la mano”, y podría estar interesado en dar un golpe de efecto con su control senatorial en momentos en que las encuestas lo han presentado a la deriva y con el ex presidente Fernández recuperando terreno perdido.

Más necesario aún cuando la OEA acaba de publicar una opinión consultiva de la Comisión Europea donde se niega  que los límites a los períodos gubernamentales violen derechos humanos y desaprueba las reformas constitucionales para permanecer en el poder. También cuando la Embajada de Estados Unidos ha reactualizado un artículo del 2016 donde se aboga por limitar los mandatos presidenciales para preservar la institucionalidad democrática.

Medina parece arriesgarlo todo, pues la persistencia en imponer el padrón abierto podría desatar resistencias más allá del asunto en juego y hacerlo perder el tiempo cuando entra en la segunda mitad del periodo, con inmensos límites fiscales que le impiden responder a los grandes desafíos sociales.

Fuerte reto a la oposición

Se da por hecho que la mayoría senatorial ratificará en segunda lectura su proyecto de Ley de Partidos, y que el desafío tendrá lugar en la Cámara de Diputados, donde la oposición deberá emplearse a fondo para evitar que una parte de sus miembros sean “conquistados” por el poder gubernamental.

Los dos tercios de los 190 diputados, necesarios para aprobar leyes orgánicas como lo es la de partidos, serían 127. Al danilismo se le atribuyen 76 de los 106 del PLD,  más 14 del PRD y 5 de otros aliados y 1 reformista para totalizar 96, lo que implica casi un empate con los 94 diputados restantes de partidos opuestos al padrón abierto, 50 de los cuales están en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), incluidos varios del PRD que emigraron.

Para aprobar su proyecto, al PLD-Danilo le faltarían  unos 31 votos, casi los mismos 30 que se le atribuyen a Leonel Fernández. Otros cálculos los reducen a 27, la tercera parte de los que “conquistaron” para la reforma constitucional del 2015, razón por la cual muchos creen que volverían a lograrlo, lo que constituye un desafío definitivo al leonelismo y a los partidos de oposición, especialmente al PRM y al Partido Reformista con sus 11 votos.

Los propagandistas del danilismo cuentan con un grupo de los diputados seguidores de Hipólito Mejía, porque este favorecía las primarias abiertas, aunque ha dicho que acata la decisión mayoritaria de su partido. Si no lo hacen declararían un cisma corrosivo en el mayor partido opositor.  El dinero, los contratos y otros favores del Estado pudieran “conquistar” la treintena de votos, pero a un costo moral alto, generador de más crispación que la que dejó la reforma constitucional del 2015, y mayor ingobernabilidad, ya que ahora no habría acuerdo interno en el PLD.

El problema constitucional

Las perspectivas apuntan a que la ley de partidos seguirá dando tumbos en el Congreso, 20 años después que se redactara el primer proyecto y a 15 años que llegara al poder legislativo. Porque si el gobierno logra imponer el padrón abierto, la oposición ya adelanta que apelaría al Tribunal Constitucional, buscando revalidar la declaratoria de inconstitucionalidad que liquidó ley del 2004 que estableció las primarias abiertas y simultáneas bajo responsabilidad de la Junta Central Electoral. Por más rápido que la  despachen, una instancia de esa categoría llevaría meses y elevaría la confrontación política con recelos de que el poder presidencial siga doblegando la institucionalidad democrática.

Las  reacciones a la primera aprobación senatorial han sido premonitorias, por el retiro de los 6 senadores que siguen a Leonel y los dos del PRM, mientras el pre-candidato de este partido a la candidatura presidencial Luis Abinader la catalogó como “una insensatez que provocaría niveles de crispación e inestabilidad innecesarios”. El  vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaños, dijo por Teleantillas que si se impone el padrón abierto, sería una locura política que convertiría los partidos en corporaciones.

El tráfico de dinero en las campañas se incrementaría y generaría la disolución de los partidos por las luchas internas entre precandidatos que tendrían una cantera de votos a “conquistar” en más de la mitad de quienes no votarían para elegir candidatos. En las elecciones presidenciales la abstención histórica es del 29 por ciento, pero en las congresuales y municipales apenas el 50 por ciento. La riqueza de cualquier origen y el clientelismo estatal serían definitivos en las escogencias de candidatos, y la JCE tendría que montar al menos tres elecciones en medio año y cuatro si hay doble vuelta en la presidencial..

Las reformas en el limbo

Hay quienes creen que la ofensiva senatorial danilista es un elemento de distracción y que en última instancia se conformarían con que el proyecto quede empantanado, ya que la oposición tampoco reúne los dos tercios necesarios para aprobar esta ley orgánica. De esa forma evadirían la regulación de los partidos y sus elecciones primarias, lo que les permitiría seguir sirviéndose con la cuchara grande en todo el proceso electoral,

Se asume que la confrontación que bloquearía la ley de partidos impediría también las más importante y trascendente Ley del Régimen Electoral, especialmente en lo concerniente a las sanciones de los abusos del Estado en las campañas electorales que tanto han ayudado a los triunfos peledeístas, especialmente en las dos elecciones de Danilo Medina, a partir del 2012, cuando dispararon el déficit fiscal del gobierno central a los 150 mil millones de pesos.

Tanto el bloque de partidos de oposición, como las entidades de la sociedad civil han demandado que las dos leyes se aprobaran juntas,, o que se privilegiara la más importante, del Régimen Electoral, pero los peledeístas las han mantenido separadas, privilegiando la de partidos. Y de hecho, ya se está acabando el tiempo para que la ley  regule las campañas por las candidaturas del 2020, que ya están en marcha.-

La JCE está en el deber de garantizar la equidad

Por Juan Bolívar Díaz
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La propuesta del miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE) Eddy Olivares de adelantar la proclama del período electoral tiene fundamento legal y precedentes tan recientes como el 2008, justo cuando ese organismo presentó un reglamento para regular las campañas electorales y tras su rechazo por la generalidad de los partidos.

El objetivo es abrir un espacio para que el organismo arbitral pueda cautelar la equidad en una campaña electoral, hace tiempo iniciada, en base a las facultades que le otorgan la Constitución y varias leyes, pero no sorprende el apresurado rechazo de un sistema político negado a renovar la Ley Electoral y a aprobar una Ley de Partidos.

Pueden emitir la proclama. Eddy Olivares Ortega tiene legítimo derecho a proponer un adelanto de la proclama que da inicio a la campaña electoral, sobre todo si está animado por el principio de equidad en la competencia electoral. Hasta delegados políticos ante el organismo electoral, dirigentes políticos que deberían conocer la ley electoral, lo mismo que articulistas erraron en sus argumentos de rechazo. La ley no instituye una campaña electoral de sólo 90 días.

El artículo 87 de la Ley Electoral 275-97 establece que toda elección será precedida de una proclama de la JCE que “deberá ser publicada a más tardar 90 días antes de la fecha en que deba celebrarse”. Eso implica que como las próximas elecciones son el 15 de mayo, la proclama tiene como límite el 15 de febrero.

Pero en buen castellano la frase “a más tardar” significa que puede hacerse antes, como en efecto ocurrió en tres de las últimas cuatro elecciones nacionales, en 2008, 2006 y 2004, cuando se produjo en enero, dos veces bajo presidencia de Luis Arias y una tercera vez por el doctor Julio César Castaños Guzmán. Este la dejó abierta el 16 de enero del 2008, cuando faltaban cuatro meses para las elecciones presidenciales. En las dos elecciones anteriores el período de campaña fue abierto el 26 y el 20 de enero.

Es significativo que en el 2008 se adelantara a cuatro meses antes de los comicios, porque ocurrió después que los partidos dominantes rechazaron dos proyectos de la JCE para reglamentar las campañas electorales y establecer límites a la propaganda. La apertura de la campaña electoral fue adoptada a unanimidad y contó con los votos de cuatro de los cinco que ahora integran la JCE, los doctores Roberto Rosario, José Ángel Aquino, César Féliz y Eddy Olivares.

Lo que plantea Olivares. El licenciado Olivares fundamentó su planteamiento en que el 20 de octubre pasado por mayoría simple de tres a dos el Pleno de la JCE evadió tomar medidas ante vídeos que mostraban repartos de “facilidades” a militantes del partido de gobierno para la compra de vehículos, fundamentándose en que “la facultad de la JCE de tomar medidas cautelares está limitada al período electoral”.

En esa ocasión la propuesta aprobada indicaba que “independientemente de la profusión de publicidad, propaganda y activismo proselitista de los partidos no se ha iniciado el período electoral ni mucho menos la campaña electoral”. Es decir, que a pesar de reconocer que los partidos estaba en plena campaña, el pleno planteaba que hasta no producirse la proclama de inicio, no se podían adoptar medidas cautelares ni sanciones.

En consecuencia lógica Olivares ha pedido adelantar la proclama, dado que “muchos de los candidatos son escogidos en base al uso de los recursos del Estado y los ayuntamientos, y que la ausencia de fiscalización por parte de nuestro órgano, contribuye con la contaminación del proceso, en perjuicio de su libertad, de su transparencia, su equidad y su integridad”.

Plantea que como el pleno de la JCE reconoció que tiene facultades regulatoria en los periodos de campaña, deberá prohibir todo uso de recursos públicos en la campaña electoral, que los funcionarios se abstengan de utilizar transporte, combustibles y dietas estatales en las actividades proselitistas, que no puedan pagar propaganda, ni promover candidaturas en los actos oficiales, y que los candidatos no puedan participar en inauguraciones oficiales.

También congelar la nómina de los programas sociales de órganos estatales, control y equidad en los medios de comunicación en manos del Estado.

Oposición sin fundamento. El licenciado Olivares fue valiente al formular su propuesta conociendo la resistencia de los partidos que usufructúan el poder a las regulaciones de las campañas. Pero podía haber esperando argumentos en contra más sostenibles. Lo primero que se adujo es que la proclama sólo podía hacerse 90 días antes.

Otros alegan que la JCE no debe precipitar la campaña electoral, ignorando que hace tiempo que los partidos y sus candidatos realizan actividades de promoción, especialmente el presidente Danilo Medina y el licenciado Luis Abinader, quienes encabezan las encuestas.

Otro argumento banal es que proclamar la campaña en diciembre afectaría las celebraciones navideñas, como si se fuera a obligar a los partidos a realizar actividades y propaganda el día de navidad o del año nuevo. Y como si la no apertura implicara limitación.

Otros han argumentado que Olivares procura amarrar los brazos del presidente candidato, lo que implica el reconocimiento de que el mismo tiene unas ventajas que en el país llevan a elevados déficits fiscales en los años de elecciones.

Los mandatos legales. En su primer informe de observación electoral del proceso del 2016, emitido esta semana, el movimiento cívico Participación Ciudadana sostiene que a falta de la nueva Ley del Régimen Electoral y de la Ley de Partidos, la JCE “tiene el deber moral de utilizar las facultades que le confiere el artículo 212 de la Constitución para “garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, así como de “velar porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”.

El mandato constitucional agrega que “En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”. Recuerdan también el artículo 146 que instituye sanción a todo el que derive fondos públicos en beneficio personal o de particulares o asociados.

El movimiento cívico cita también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral vigente que “establecen una serie de límites a los partidos y a los funcionarios en el uso y abuso de fondos y bienes públicos, sobre las contribuciones y financiamientos de candidatos y partidos, así como la obligación de rendir cuentas”.

 Recuerda que las violaciones son sancionadas en el artículo 174 de la misma ley y que la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública establece normativas de transparencias y obligación de rendir cuentas a todas las entidades que, como los partidos políticos, reciben fondos del Estado. –

Es urgente mejorar el régimen electoral

Por Juan Bolívar Díaz
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Ahora que ha anunciado la elaboración de dos proyectos de ley sobre el sistema de partidos y el régimen electoral, la Junta Central Electoral (JCE) debe aprovechar el mandato que le otorga la nueva Constitución para auspiciar reformas que fortalezcan la democracia dominicana.

El desafío es para todo el sistema partidista y la sociedad civil, que deben honrar los consensos de 12 años sobre un nuevo régimen de partidos y una reglamentación de las campañas electorales, del financiamiento y los procedimientos democráticos, con las consiguientes penalidades.

Del orden constitucional

Por lo que anunció al finalizar mayo, la JCE tiene el propósito de aprovechar las nuevas facultades que le otorga la Constitución del 2010 para proponer una reforma electoral de amplio espectro y un proyecto de ley de partidos políticos que garantice la democracia interna y los derechos ciudadanos.

 Al respecto, el organismo se ha buscado la asesoría de especialistas de la Organización de Estados Americanos (OEA) para presentar a consideración del liderazgo político y social un proyecto de modificación de la Ley Electoral vigente, cuyo primer borrador era conocido esta semana por la JCE con la meta de iniciar su discusión pública el mes próximo.

El presidente de la JCE, doctor Roberto Rosario, ha precisado que se requiere una coordinación entre la ley de partidos y la ley electoral, aprovechando el mandato de los artículos  211 y 212 de la Constitución promulgada el año pasado, que es hasta redundante en las responsabilidades de ese organismo.

El artículo 211 indica que la JCE y las Juntas Electorales “tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, y el enunciado básico del 212 le otorga “facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia”.

Para no dejar dudas, los constitucionalistas fueron más específicos, al introducir un Párrafo IV donde se proclama que “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

El artículo 216 demanda una legislación que, como él mismo indica, sustente el funcionamiento de los partidos “en el respeto a la democracia interna y a la transparencia”, así como “garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia”.

Ley de Partidos Políticos

Desde finales de la década de los 90 se hacen esfuerzos por una ley que rija los partidos políticos. Ya en 1999, representantes partidistas y de organizaciones sociales llegaron a un primer proyecto consensuado para una Ley de Partidos y Agrupaciones  Políticas, en el marco de la Comisión Presidencial para Reforma y Modernización del Estado creada por el presidente Leonel Fernández, quien, sin embargo, engavetó la propuesta.

La comisión, transformada en Consejo Nacional de Reforma del Estado por el presidente Hipólito Mejía, retomó el proyecto y volvió a consensuarlo con dirigentes políticos y sociales. Fue introducido al Congreso unas tres veces por varios legisladores, pero la mayoría del Partido Revolucionario Dominicano también lo engavetó.

El de Partidos Políticos debe ser el proyecto de ley que más  veces ha sido introducido al Congreso Nacional, alrededor de ocho, la primera en el 2003 y las dos últimas en el 2009, cuando en agosto llegó a ser aprobado por la Cámara de Diputados, pero no fue sancionado por el Senado, esta vez controlado por el Partido de la Liberación Dominicana.

La aprobación de la Ley de Partidos quedó incorporada como compromiso derivado del pacto por la reforma constitucional firmado en mayo de 2009 entre el presidente Leonel Fernández y el excandidato presidencial del PRD Miguel Vargas Maldonado. El vicepresidente Rafael Alburquerque quedó encargado de una comisión peledeísta que lo estudiaría para darle curso, lo que no ha ocurrido dos años después.

La última versión, introducida a la Cámara de Diputados  en la segunda legislatura de 2009 por el legislador Ángel Acosta quedaría desfasada con un proyecto integral de reforma de la Ley Electoral como el que ha anunciado el doctor Rosario.

Propuestas democratizadoras

Son múltiples las propuestas que se han formulado en las últimas dos décadas en orden a la democratización y transparencia del sistema político y electoral dominicano, entre las cuales resaltan:

– Garantizar la elección democrática de los dirigentes de los partidos políticos.

– Obligatoriedad de elecciones primarias para la escogencia de todos los candidatos.

– Ampliación del derecho ciudadano a elegir los diputados separados de los senadores y los alcaldes de los regidores.

– Mayores facilidades para la presentación de candidaturas independientes.

– Límites rígidos a los períodos de campañas para escoger candidatos y para la elección nacional, así como para el financiamiento, la propaganda  y la inversión.

– Prohibición terminante del uso de recursos estatales en las campañas electorales, así como de propaganda gubernamental y actos de inauguración de obras públicas durante el período de las campañas.

– Fortalecer las facultades de las Juntas Electorales Municipales para el recuento de votos cuando proceda.

– Garantizar la representación de las minorías políticas, ya instituida en la Constitución, pero desconocida por la ley reglamentaria.

– Obligar a los partidos a hacer transparente su financiamiento y gastos y que sean auditados por la Cámara de Cuentas como todos los organismos que reciben fondos públicos.

– Efectivas sanciones administrativas y penales para las violaciones a la Ley Electoral y sus correspondientes reglamentaciones.

– Eliminar las restricciones a la publicación de conteos rápidos y encuestas a la salida de los centros de votación.

Una reforma integral

Lo que anunció el 29 de mayo el doctor Rosario es una reforma integral a la Ley Electoral 275-97, que vaya más allá de la simple adecuación del sistema  electoral, dividido por la nueva Constitución en dos organismos autónomos, el organizacional y reglamentario representado ahora por la JCE, y el contencioso por el Tribunal Superior Electoral. A la adecuación se refiere un proyecto de ley que cursa en el Senado y que debería ser aplazado hasta esperar el que la JCE tiene en proceso de elaboración.

Según Roberto Rosario, en la Ley Electoral se incluiría normas sobre el financiamiento de la actividad política, creando un sistema de revisión de cuentas,  el funcionamiento integral del sistema electoral, uso de los medios de comunicación en los procesos electorales y a mecanismos de investigación como las encuestas.

El proyecto de la JCE estará basado en un estudio comparativo de la legislación electoral latinoamericana realizado por los expertos de la secretaría de asuntos políticos de la OEA. A partir de julio esperan las propuestas de los partidos, que en general no han mostrado firme voluntad de actualizar la legislación electoral. Se planea reuniones de los técnicos con los líderes políticos y sociales para incentivarlos a formular propuestas.

La última reforma substancial  a la ley electoral fue aprobada en 1997, la cual incluyó el financiamiento del presupuesto nacional a los partidos políticos, las circunscripciones electorales y el voto preferencial por los diputados, y estableció la cuota del 25 por ciento de las postulaciones para las mujeres, elevado al 33 por ciento en el 2000.

En el 2007, la JCE presentó un Proyecto de Reglamento de Campaña Electoral, Actos de Propaganda y Uso de los Medios de Comunicación, elaborado por su Cámara Contenciosa, de la que eran parte la mayoría de los actuales miembros de la JCE, los doctores Roberto Rosario, José Ángel Aquino y Francisco Féliz. La propuesta tampoco contó con el apoyo de los partidos mayoritarios.

 

¿Violará el Senado la Constitución?

Por Juan Bolívar Díaz

Por más vuelta que se le dé no se encuentra explicación a la precipitación con que el Senado se dispone a elegir los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) en lo que parece una flagrante violación de  una de las disposiciones transitorias de la flamante Constitución de la República proclamada el pasado 26 de enero.

En su sesión del 25 de agosto esa cámara instituyó una comisión especial con el encargo de iniciar el proceso para elegir los nuevos integrantes de la JCE con un plazo de 60 días a partir del 16 de agosto, atendiendo una reciente modificación del reglamento que rige los trabajos de esa cámara legislativa.

Si bien es admirable el celo con que se quiere cumplir el reglamento senatorial, resulta más que extraño, incomprensible y hasta sorprendente, que no ocurra lo mismo con la Constitución de la República.

Se creyó que se trataba de un simple olvido de la séptima disposición transitoria contenida en el Capítulo II de la Carta Magna, el cual señala que “Los actuales integrantes de la Junta Central Electoral permanecerán en sus funciones hasta la conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución y la designación de sus incumbentes”.

Si se quiere mayor  precisión ahí está la octava disposición transitoria, la cual especifica que “Las disposiciones relativas a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral establecidas en esta Constitución entrarán en vigencia a partir de la nueva integración que se produzca en el período que se inicia el 16 de agosto de 2010. Excepcionalmente los integrantes de estos órganos ejercerán su mandato hasta el 16 de agosto del 2016”.

El movimiento Participación Ciudadana advirtió esta semana del aparentemente olvidado mandato constitucional, sosteniendo que no se pueden elegir los titulares de la JCE antes de que se apruebe la nueva ley que la regirá, en virtud de la reciente reforma constitucional. Y pedía que se aprovechara para consensuar una reforma político-electoral, que incluyera la Ley de Partidos Políticos que ha sido objeto de múltiples acuerdos políticos-sociales en los últimos 12 años.

Ni siquiera la oposición política que ha mostrado interés por la Ley de Partidos ha reaccionado a la petición del grupo cívico. Y no han faltado quienes se atreven a poner el reglamento del Senado por encima del mandato constitucional. Otros entienden que sólo es nuevo el Tribunal Superior Electoral.

Sin embargo, las disposiciones transitorias citadas hablan de “los nuevos órganos creados” y de “los integrantes de estos órganos”. La vieja estructura de la JCE que integraban dos cámaras, una Administrativa y otra Contenciosa, cuyos integrantes constituían un Pleno de Jueces ha quedado separada en dos instituciones autónomas. El hecho de que una de ellas herede el nombre, no le quita su nueva estructuración.

La separación crea dos instituciones diferentes, cada una de las  cuales tendrá que ser dotada de su propia ley orgánica. La actual Ley Electoral no le sirve a ninguna de las dos. Para el Tribunal ya se conocen dos proyectos de leyes, uno enviado por el Poder Ejecutivo y el otro presentado por el presidente del Senado. Pero para la nueva JCE todavía no se ha conocido el imprescindible proyecto de ley.

Con toda razón Participación Ciudadana indica que “para las labores administrativas de la JCE no se puede mantener la condición de ser abogado” justificada cuando incluía funciones de tribunal.  Ahora sería aconsejable una integración pluridisciplinaria, incluso con predominio de administradores, cientistas sociales e informáticos.

Son demasiado y pesadas razones para que se aprueben las leyes orgánicas de los dos nuevos organismos antes de elegir sus integrantes. En cambio no se advierte ni una sola razón para la precipitación en la elección.

Por demás sería un terrible precedente que el Senado comience a ignorar la Constitución que se proclamó con bombos y platillos hace apenas siete meses.

 

La Ley de Partidos:otra burla política

Por Juan Bolívar Díaz

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El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha dado larga al compromiso que hizo con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de aprobar el Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, con el obvio objetivo de que no pueda regir la campaña electoral para los comicios de mayo próximo.

A casi doce años de discusiones y consensos el sistema político sigue renuente a la aprobación de un código que establecería límites a la extensión y el financiamiento de las campañas, que promovería transparencia y sancionaría los abusos de los recursos del Estado.

Ya no hay tiempo

En los próximos ocho días la Junta Central Electoral tiene que publicar la proclama que da inicio a la campaña electoral para los comicios legislativos y municipales de mayo próximo y una vez más sin que se hayan dado los pasos legales para establecer límites al financiamiento y la propaganda electoral y sancionar el abuso de los recursos del Estado que se han venido reclamando hace más de una década.

Aunque las discusiones sobre la Ley de Partidos políticos datan de 1999 cuando la entonces Comisión para la Reforma y Modernización del Estado elaboró el primer proyecto, todavía el sistema partidista se muestra renuente a una reglamentación más estricta de las actividades de elección de candidatos y campañas electorales.

A partir del año 2000 la comisión, rebautizada como Consejo Nacional de Reforma del Estado, retomó el consenso con delegados de todos los partidos reconocidos y de numerosas instituciones sociales, reformulando un proyecto que llegó al Congreso por primera vez en el 2003 y desde entonces, con más o menos variantes, ha sido reintroducido unas siete veces, las últimas dos a principios del 2009 y en agosto pasado.

El proyecto de ley, reintroducido por el diputado Angel Acosta,  fue objeto de ingentes negociaciones en una amplia comisión  hasta ser aprobado por la Cámara de Diputados a principios de agosto del 2009, pocos días antes que concluyera la legislatura. Perimió al no ser conocido por el Senado, siendo reintroducido en la Cámara Baja poco después de iniciada la segunda legislatura del año pasado. Desde entonces los mismos legisladores que lo sancionaron en agosto le han dado largas. Por más prisa que ahora se den para aprobarlo en las dos cámaras a partir de la nueva legislatura que comienza el 27 de febrero, se tomaría el mes de marzo y ya la JCE no tendría tiempo para consensuar reglamentos para su aplicación.

Otro pacto violado

La aprobación de la Ley de Partidos fue incorporada al acuerdo pactado en mayo del 2009 por el presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado mediante negociaciones realizadas entre comisionados de los dos partidos mayoritarios. El vicepresidente de la República Rafael Alburquerque, quien encabezó los negociadores del PLD, ha reconocido dos veces el compromiso.

A mediados de agosto la dirección del PRD llegó a anunciar que no cumplirían el acuerdo para viabilizar el proyecto de Constitución hasta que no fuera aprobado el proyecto de Ley de Partidos. Pero poco después Vargas Maldonado dio marcha atrás bajo la promesa del PLD de que tan pronto salieran de la Constitución, darían paso a la ley en octubre.

Pasaron cinco meses para que el Comité Político del partido de Gobierno se abocara a discutir el proyecto y en su última reunión esta semana lo dejó pendiente para otra sesión, mientras su secretario general Reinaldo Pared Pérez proclamaba que “de ninguna manera festinaremos un proyecto tan trascendental”, tratando de ignorar los años que lleva en debate y los numerosos consensos de que ha sido objeto, incluyendo el de la comisión de la Cámara de Diputados que lo aprobó el año pasado.

Es evidente que los peledeístas están burlando el pacto con el PRD, por lo menos dando larga para que de ser aprobada la ley no pueda ser aplicada en la campaña electoral próxima. Su posición se fortaleció esta semana cuando 21 partidos minoritarios pidieron que se aplace la aprobación de la ley para después de los comicios, o que por lo menos se introduzca un transitorio para que no se aplique este año el artículo que dejaría sin reconocimiento legal a los que no obtengan al menos el 2 por ciento de los votos en los comicios de mayo o consigan algún legislador. El Partido Reformista Social Cristiano, por separado, también pidió aplazar la legislación.

El interés del PRD

El PRD, que no hizo esfuerzo alguno por convertir en ley el proyecto en los 8 años en que tuvo la mayoría en el Congreso Nacional (1998-2006) lo declaró prioridad tras la experiencia de la campaña electoral del 2008 cuando el PLD utilizó todos los recursos del Estado para mantenerse en el poder.

Desde un año antes de esos comicios fue la Cámara Administrativa de la JCE la que puso interés en una reglamentación para acortar la campaña electoral y establecer límites a la propaganda, así como para hacer transparente el ingreso y los gastos de los partidos y candidatos. En el mismo tribunal electoral se dio larga al proyecto de reglamento hasta hacer imposible su aplicación. Muchas de las objeciones aducían que esa reglamentación tenía que hacerse mediante  ley.

El proyecto de ley de partidos ha sido favorecido por múltiples organizaciones sociales, algunas de las cuales, como Participación Ciudadana, plantearon que fuera objeto de la Cumbre celebrada a principios del 2009, pero el PRD no participó en esa ronda de negociaciones, desaprovechando la oportunidad de socializar el compromiso.

A punto de iniciarse la campaña electoral, los perredeístas lucen casi solos en el empeño por aprobar la ley de partidos, convencidos de que sus contrincantes volverán a abusar de los recursos del Estado. A ello atribuyen que el PLD no haya cumplido el compromiso de viabilizar la legislación. Los dos partidos mayoritarios se han alternado el interés por la legislación cuando están en la oposición.

Tímidos avances

El proyecto no es una panacea para perfeccionar el sistema político y afianzar la institucionalidad democrática, pero conlleva algunos avances, especialmente al establecer sanciones a las marrullerías electorales, incluyendo la posibilidad de suspender el financiamiento estatal a los partidos que abusen de los recursos del Estado o incurran en otras violaciones establecidas en su artículo 22.

El régimen de sanciones persigue llenar un vacío de la ley electoral estableciendo penalidades como la prisión correccional hasta de un año, multas que pueden ascender a 200 salarios mínimos e inhabilitación temporal para ser candidatos a quienes incurran en violaciones de la ley.

Establece límites el financiamiento de las personas individuales y obligaría a los partidos a transparentar sus ingresos y gastos, facultando a la JCE para realizar auditorías para determinar el uso de los recursos que reciben los partidos del Presupuesto Nacional, así como para establecer reglamentos de las campañas electorales.  Tiene también una serie de previsiones para evitar la monopolización de los medios de comunicación en las campañas electorales, así como para garantizar el acceso de todos los partidos y candidatos a los medios de comunicación, especialmente a los que son propiedad del Estado.  Contiene todo un capítulo destinado a garantizar la democracia interna de los partidos y a regular la selección de los dirigentes y de los candidatos a los cargos electivos.