La JCE debe esclarecer el nuevo padrón


Por Juan Bolivar Diaz

 

La Junta Central Electoral (JCE) debería hacer un esfuerzo para responder algunas inconsistencias registradas en el crecimiento del padrón electoral a regir en las elecciones generales de mayo próximo, que se consignan en el segundo informe de observación electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana del pasado día 8.

No se encuentran explicaciones a la abrupta caída del crecimiento del total de los empadronados y en especial de los nuevos electores, en relación a los tres cuatrienios anteriores, como tampoco a la categoría de “ciudadanos con biométricos validados” que la JCE cifra en 207 mil 977.

Padrón con último ajuste. Al cierre del padrón electoral el pasado 16 de enero para los comicios de mayo, la JCE reportó un total de 6 millones 765 mil 136 inscritos, ajustados en otro informe del 11 de febrero, cuando suprimió 63 casos de doble inscripción, por lo que queda definitivamente en 6 millones 765 mil 073 electores, con ligera predominancia de las mujeres, el 50.84 por ciento, quedando los hombres en 49.16 por ciento.

Los electores dominicanos están registrados para votar en 15 mil 339 colegios o mesas electorales, ubicadas en 4 mil 158 recintos. Geográficamente hay una gran concentración, el 41.83 por ciento, en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y Santiago. Y alcanza a las dos terceras partes, 67.25 por ciento, cuando se le adicionan los 5.68 por ciento del exterior del país, el 5.52 y el 4.22 por ciento de las provincias San Cristóbal y La Vega. La mayor jurisdicción provincial es Santo Domingo que con 1 millón 397 mil 104 electores, el 20.85 casi duplica el DN, que tiene el 10.84 y a Santiago con el 10.34 por ciento, con 733 mil 486 y 699 mil 424 respectivamente.

Por municipios el mayor es el DN con sus 733 mil 486 electores, seguido de Santo Domingo Este con 592 mil 660 y Santiago que registra 489 mil 670. En orden descendiente siguen los Santo Domingo Norte y Oeste, La Vega, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, Los Alcarrizos y San Pedro de Macorís.

El 5.68 por ciento del padrón correspondiente a 26 países, se concentra en 71 por ciento en Estados Unidos y el 17 por ciento en España, seguidos de las Antillas Menores, Italia, Panamá, Suiza, Venezuela y Holanda, que registran el 11 por ciento, y los restantes 18 países no llegan entre todos al 2 por ciento.

Caídas en crecimientos. Ya lo habíamos advertido el 17 de enero en el artículo “El padrón electoral queda corto”, pero Participación Ciudadana lo contextualizó y formuló interrogantes: el crecimiento se redujo en términos significativos, tanto del total de habilitados para votar, como de los nuevos electores.

El total del padrón del 2016 sólo supera al del 2012, que fue de 6 millones 502 mil 968 electores, en 262 mil 168, es decir, en apenas 4.03 por ciento, cuando el incremento fue del 12.81 para el 2012, de16.02 en el 2008 y de 16.87 por ciento en el 2004, en todos los casos en relación a los cuatrienios anteriores, cuando fue de 717 mil, 796 mil y 738 mil electores adicionados.

Con sólo un 11 por ciento de crecimiento en el último cuatrienio, el padrón del 2016 hubiese tenido un incremento cercano a los anteriores, más de 715 mil, para totalizar sobre los 7 millones 218 mil electores, una diferencia sobre 511 mil.

Lo que más llama la atención es que los nuevos electores que registra la JCE apenas sumen esta vez 351 mil 044, menos de la mitad de los que se registraron en cada uno de los tres cuatrienios anteriores. Esta cifra se complica cuando un informe de la JCE del 28 de abril del 2015 ya registraba 662 mil 313 “nuevos electores”, lo que implica que se incrementaban en promedio de 220 mil por año, proporción congruente con los registros de los 12 años anteriores, lo que debió llevar los nuevos a unos 882 mil en mayo del 2016. El déficit en relación al actual sería entonces de 531mil.

Un renglón fantasma. El balance del padrón se complica todavía más porque en los informes de este año la JCE ha incluido un nuevo renglón, “ciudadanos con biométricos validados”, que suman 207 mil 977, y que no ha sido posible esclarecer. Dos miembros titulares de la JCE no han podido explicarlo y su dirección de comunicaciones de la JCE no ha respondido llamadas.

Se dijo que podrían ser parte del déficit de los nuevos electores, o de los que quisieron renovarla, y les tomaron las huellas y fotografía, pero no han vuelto a retirar las cédulas, en lugares donde no se entregaban de inmediato. Pero están contados en el padrón y la JCE había dicho que quedarían excluidos del mismo quienes no renovaran la cédula antes del cierre del plazo que venció el 16 de enero. Si así era con los que ya tenían cédula, con más razón deberían excluir a los nuevos solicitantes, o dejar a los otros también.

Por demás, se supone que a todo el que se otorgó una cédula, nueva o renovada, se le validaron previamente sus datos biométricos, razón por la que el renglón debería explicarse por sí mismo, sobre todo cuando esos más de 207 mil representan el 60 por ciento de los 351mil que figuran como “nuevos inscritos mayores de edad”. Y no es razonable que 6 de cada 10 jóvenes que solicitaron la cédula por primera vez se hayan desentendido de buscarla.

Se buscan explicaciones. Se ignora si alguno de los partidos ha registrado las abruptas reducciones del crecimiento del padrón electoral en general, y de los nuevos electores en particular, y si han pedido explicaciones a la JCE. El coordinador de Participación Ciudadana dijo que sí lo hicieron, pero hasta el viernes no habían recibido respuesta.

No hay razón demográfica que explique una reducción tan brusca de los nuevos electores. La tasa de crecimiento poblacional dominicana ha disminuido casi a la mitad en las últimas décadas, pero progresivamente, y como quiera aumentaba el padrón entre 13 y 17 por ciento en cada cuatrienio.

Es posible que una parte del déficit sea debido a un subregistro de los fallecimientos, que deberían ser más de los 26 mil 677 que excluyó la JCE del padrón desde el 2012. Los difuntos no podían renovar su cédula.

Otro factor que pudiera haber reducido las renovaciones de la cédula sería la emigración, pero esta no parece haber sido mayor que en los cuatrienios anteriores. Y por cierto que los empadronados fuera del país pasaron de 328 mil 649 a 384 mil 522, es decir con incremento de 55 mil 873, justo el 17 por ciento.

Excluidos y auto-excluidos.
Una parte del déficit del padrón pudiera constituirlo la población de origen haitiano a la que se ha privado de documentación, que no pudieron renovar la vieja cédula ni obtenerla al llegar a la edad reglamentaria en los últimos dos cuatrienio. La exclusión por parte de la JCE comenzó en el 2007.

Esa sería una razón para que el organismo no tenga interés en transparentar todo lo concerniente al padrón electoral, para reducir el escándalo internacional. Hace ya varios meses que se atribuye a un interés electoral la dilación en restituir la documentación a los 55 mil que la propia JCE identificó como beneficiarios de la ley 169-14 que enmienda parcialmente la sentencia que privó de la nacionalidad a decenas de miles de dominico-haitianos. Tanto el embajador norteamericano como el sistema de las Naciones Unidas habrían expresado preocupación al respecto, ante el presidente de la República y al de la JCE.

Parte del déficit sería la recurrente autoexclusión de una parte de la población dominicana indigente, alejada de las actividades ciudadanas y sin interés por obtener o renovar cédula de identidad, pero no puede ser mayor que en los cuatrienios anteriores.

Pero por encima de todo, lo que más urge aclaración de la JCE es la tremenda incongruencia entre su informe de abril del 2015 que cuantificaba los “nuevos electores” en 662 mil 313 y el último de este febrero que dice que los “nuevos inscritos mayores de edad” son 351 mil 044. Mucho ha avanzado el organismo rector de los comicios en la organización del registro electoral para que ahora deje sombras que pudieran generar conflictos y dudas.-

Solo una real reforma política generará competencia electoral

   Por Juan Bolívar Díaz

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El inicio formal de la campaña electoral ha sido marcado por un debate sobre las posibilidades de que la Junta Central Electoral (JCE) adopte medidas para garantizar la igualdad en la competencia por el voto ciudadano para las elecciones generales del 15 de mayo próximo, con un resultado absolutamente insignificante.

Como es tradición en la adolescente democracia dominicana, la cultura del aprovechamiento del Estado en todas sus dimensiones hace muy difícil la real competencia electoral para la cual será imprescindible una profunda reforma del sistema político que los actores dominantes no aceptan y solo saldrá de un sacudimiento social y político.

Desigualdad a la vista. La desigualdad en la competencia electoral está a la vista de todos, sin necesidad de demostración. Los tres partidos hegemónicos de las últimas décadas, dos de ellos en gran parte absorbidos por el tercero, disfrutan del 80 por ciento del financiamiento estatal, este año con 1,288 millones de pesos, mientras los restantes 23 recibirán los 322 millones del 20 por ciento. Los privilegiados obtendrán de los contribuyentes partidas de 429 millones, mientras a la mayoría les tocará apenas una docena de millones de pesos.

Las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que usufructúa todo el poder del Estado, se verán beneficiadas con alrededor del 70 por ciento del financiamiento público, al sumarse mediante alianzas a más de la mitad de la matrícula partidista registrada, incluyendo a uno de los tres, el desmembrado Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Este y el Partido Reformista Social Cristiano, aunque reducidos por escisiones y descrédito, recibirán el 53 por ciento del financiamiento público, gracias al cartel que constituyeron con el PLD para repartírselo en orden al mantenimiento del control del mercado electoral.

En cuanto al partido gobernante, las ventajas son incuantificables por la cultura del abuso de lo público. Decenas de miles de sus dirigentes y militantes de todos los niveles disfrutan de los privilegios del empleo estatal, que a su vez les abre puertas a la utilización de policías, militares, personal auxiliar, a dietas, vehículos con choferes y combustibles, computadores, teléfonos y materiales.

De barrilitos y cofrecitos. Una de las mayores inequidades a la vista son los fondos para asistencia social, llamados barrilitos y cofrecitos, que se autoasignaron los legisladores para promoverse, lo que les suma una fuente adicional de financiamiento estatal que no tienen sus competidores, y que se ha hecho más grosera esta vez por cuanto todos los senadores y el 90 por ciento de los diputados actuales son candidatos a la reelección, sin haber pasado por la prueba de la democracia, burlando los principios constitucionales y legales.

El pasado fin de semana el senador por el DN y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, con profusión de informaciones en las redes sociales, realizaba un “operativo odontológico completamente gratis”. Puede hacer mucho más porque en los últimos diez años ha recibido unos 12 millones de pesos para “asistencia social”. Los senadores tienen ventajas adicionales: se les paga una veintena de empleados en la sede del Congreso y en oficinas provinciales, que ahora trabaja para su reelección, aparte de que disfrutan de exoneraciones de vehículos y generosas cuotas de combustibles.

El cofrecito de los diputados es más modesto, de 50 mil pesos mensuales, y no disponen de empleados, pero tienen acceso a discreción, previa anuencia del presidente de la cámara, a ayudas extraordinarias, que se generalizan para Navidad, Día de las Madres, inicio del año escolar y Semana Santa.

Los alcaldes y directores municipales, que también están siendo repostulados en un 90 por ciento, utilizan los recursos municipales y apelan a las nóminas y nominillas para agenciarse activistas. Se estima que las tres cuartas partes de unos 90 mil empleados municipales ganan salarios por debajo de los 5,117 pesos, que es el miserable mínimo del Gobierno central. En gran parte de los municipios prefieren duplicar los empleados a dos o tres mil pesos mensuales para ampliar la base clientelista.

Los mayores anunciantes. Las candidaturas del PLD se benefician indirectamente de la inversión gubernamental en publicidad, dándose el caso casi único en el mundo, de que el Gobierno es el mayor anunciante en los medios de comunicación formal. El segundo informe de la Observación Electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana, fechado 8 de febrero, revela que en el 2015 el Gobierno pagó más publicidad que cualquier otro de los grandes anunciantes, por un monto estimado de 3,677 millones de pesos, más de 10 millones diarios, con incremento del 37 por ciento respecto al 2014.

El PLD, indica el mismo informe basado en estudios de entidades privadas que monitorizan la publicidad, fue el décimo mayor anunciante. No se cuantifica el gasto publicitario de los organismos autónomos y descentralizados del Estado, la mayoría de los cuales bajo control de dirigentes peledeístas. Ese gasto público no es solo propaganda política indirecta, sino que en gran proporción se distribuye para sustentar e influir sobre los comunicadores, ejecutivos y propietarios de los medios. La semana pasada el presidente del Colegio de Periodistas denunció que muchos programas están al borde de la quiebra por las deudas publicitarias del Estado.

Desde luego que hay publicidad estatal legítima y necesaria, pero solo la intencionalidad política explica que casi todos los ministerios paguen publicidad sobre lo que son sus funciones, o que el Gobierno pague espacios durante dos días para anunciar una alocución navideña del presidente de la nación, como ocurrió en diciembre.

Reforma política integral. Es obvio que la nación necesita una reforma política integral que salvaguarde la democracia, desde los mismos partidos hasta la competencia por el poder, que abarate el costo de la política y ponga límites a los monopolios del poder, pero eso no está a la vista ni en perspectivas pese al reconocimiento general y a los reclamos de instituciones sociales, empresariales y políticas.

El presidente Danilo Medina reconoció esta semana, al conversar con directores de diarios, que el sistema de partidos está en crisis, que ya no puede ni gerenciar sus procesos internos con métodos democráticos, pero se olvidó que en la pasada campaña electoral firmó un pacto para aprobar la Ley de Partidos cuyo primer proyecto fue elaborado en 1987, tras ser aprobado en el Diálogo Nacional que convocó el Gobierno de su partido, cuando él era como primer ministro.

Con todos los organismos del Estado bajo control de un solo partido, incluyendo a los del arbitraje electoral, no asoman perspectivas de una reforma política integral. Tendría que producirse una gran presión social, como la que obligó a cumplir la ley sobre inversión en educación del 4 por ciento del PIB, u otra grave crisis política, como en 1994 o 1965.

Asoma otra campaña electoral de inequidades e iniquidades

Por Juan Bolívar Díaz

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Los primeros acordes de la campaña electoral a cinco meses de las elecciones generales, configuran un proceso de inequidades con el Presidente de la República encabezando caravanas en un festival de reparto y con proclamas de que la oposición no tiene dinero para competir con ellos, por lo que deben recoger y dedicarse a otra cosa.

El derroche de recursos se convierte en iniquidad con el reparto de dinero, vestuario, combustibles, bebidas y comidas en orgías que terminan en peleas a palos entre los que se arrastran detrás de los demostraciones de fuerza que buscan ratificar la imagen de invencibilidad de quienes acaparan y utilizan todos los poderes y estamentos del Estado.

Apabullantes demostraciones. Lo que ocurrió el primer fin de semana de diciembre en la urbe capitalina y en San Cristóbal fue un descomunal derroche de recursos con virtual ocupación de las ciudades y repartos clientelares que justificaban los eufóricos gritos del secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, exhortando a sus pobres opositores a que recojan y se dediquen a otra cosa, porque no tienen nada que buscar en las elecciones de mayo próximo.

Fue la forma en que se proclamaron las candidaturas a la reelección como senadores de Pared Pérez en el Distrito Nacional y de Cristina Lizardo para la provincia de Santo Domingo, al igual que los actuales alcaldes Roberto Salcedo y Juan de los Santos. Lizardo, quien preside el Senado de la República, no se ruborizó al proclamar que “la oposición no tiene dinero ni fórmula para competir”.

La inequidad no solo beneficia al partido, sino también a ella y a Pared, que como senadores reciben 900 mil pesos mensuales para “asistencia social”, los llamados barrilitos que suman 10 millones 800 mil pesos anuales, que en 6 años de este período legislativo, son 64 millones 800 mil pesos cada uno para repartir. La asignación a los diputados es menor, (por eso les llaman cofrecitos), 50 mil pesos mensuales, aunque a discreción pueden optar por cientos de miles de pesos más por año y adicionalmente a asignaciones especiales para repartos en Navidad, Semana Santa, Día de las Madres e inicio del año escolar.

La repostulación total de los 31 senadores y 100 diputados del PLD les garantiza una enorme ventaja por concepto de las asignaciones para asistencia social (“barrilitos y cofrecitos”) que seguirán recibiendo aún en los meses de la campaña electoral formal, mientras sus competidores, si merecen el título, no habrán recibido ni un peso del Estado.

Fiestas, palos y tiros. La fiesta del sábado en la urbe capitalina fue apabullante, con ocupación de calles y barrios, que impidieron las actividades normales. Una boda programada para las 5:00 de la tarde en la iglesia Las Mercedes solo pudo celebrarse a las 8:00 de la noche, con los pocos que pudieron llegar. El PLD montó decenas de plataformas en los diferentes sectores de la gran urbe, con espectáculos de animación y reparto de dinero, ropa, comidas, y bebidas. Una joven mujer mostró ante cámaras de televisión la ropa que vestía y dijo que también le dieron dinero, pero sonriente aclaró que no asistiría al espectáculo.

La proclama del candidato a senador por San Cristóbal Tommy Galán implicó el cierre por tres días de la principal avenida convertida en jolgorio de reparto de comestibles y bebidas, así como sobrecitos con su foto y billetes de 200 pesos.
Hubo pelea a palos y puños que la seguridad dispersó con disparos al aire. Allá también fue Danilo Medina.

Con tan auspicioso respaldo no fue sorprendente que el director regional de educación del distrito 04, San Cristóbal, Darío Campusano, emitiera el 2 de diciembre la circular 316-15, convocando a “todo el personal administrativo, de apoyo y de vigilancia de los centros educativos a una importante reunión con la presencia del senador provincial, licenciado Tommy Galán, donde trataremos varios temas de interés”, el martes 8 en el Campo Club San Cristóbal a las 4:30 de la tarde. Varios cientos asistieron a la junta, según comprobaron reporteros, a quienes se dijo que se trataba de un “aguinaldo navideño”.

Esos derroches fueron reproducción de anteriores en diversas provincias. En Nagua y Azua la ocupación se ejecutó con decenas de yipetas, autobuses y minibuses que transportaron activistas de otras ciudades e invadían hasta los carriles de circulación contraria en las carreteras, obligando a los otros automovilistas a echarse fuera de las vías.

Sin esperanza de controles. La legislación electoral dominicana es señalada como la más atrasada del continente en preceptos para garantizar la equidad democrática en las elecciones. Desde hace 17 años se ha consensuado una Ley de Partidos, pero se evade materializarla.

En la campaña del 2012, los candidatos firmaron un pacto para aprobarla ese mismo año. Tampoco han podido adaptar la legislación electoral a los preceptos de la Constitución promulgada en 2010, aunque en el 2011 la JCE sometió sendos proyectos.

La JCE pretexta la falta de esas legislaciones para no establecer límites, ignorando que el artículo 211 de la Constitución le confiere “la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”. Y el 212 especifica: la JCE “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Recientemente la JCE argumentó que la ley solo le faculta a adoptar medidas moderadoras en el período de la campaña que se inicia con la proclama oficial, razón por la que su miembro Eddy Olivares reclamó que la adelantaran a diciembre, acorde con la ley, sin que se haya decidido.

La Ley Electoral faculta. La Ley Electoral vigente tiene previsiones para la equidad, como lo resaltó esta semana el doctor José Ángel Aquino, miembro titular de la JCE, en una tertulia auspiciada por la Fundación Ebert. Él y Olivares han abogado por acciones moderadoras, pero allí se impone de forma mecánica una mayoría de tres encabezada por su presidente Roberto Rosario, quien pasó del Comité Central del PLD a “juez electoral”.

Aquino citó el artículo 6 de la Ley 275-97, que facultan a la JCE a adoptar “cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral” y fiscalizar que las decisiones de los partidos sean acordes a la ley, reglamentos y estatutos, y “Disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre ejercicio de los derechos de tránsito, libre reunión, igualdad de acceso a los medios de comunicación, tanto estatales como privados”…

Señaló también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral que “luego de establecer una serie de prohibiciones a los partidos políticos y a sus dirigentes en relación con el erario, señala taxativamente que la Junta Central Electoral tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado”.

En total desigualdad

Solo el abuso de los recursos del Estado puede explicar el derroche de los peledeístas, cuyos precandidatos han agotado dos y tres años de campaña. En Santiago inundaron la ciudad de tal forma que organizaciones sociales lograron que un tribunal dispusiera el desmantelamiento de cientos de vallas y afiches. Cada uno con cientos de activistas contratados o empleados de organismos estatales.

La campaña reeleccionista del presidente Medina está llamada a quedarse con la mayor parte del financiamiento estatal, al incluir más de una docena de partidos aliados. Por de pronto, la suma del PLD y el PRD ya implica más del 57 por ciento de unos 1,700 millones de pesos a que ascenderá el subsidio estatal a los partidos en el 2016, el doble del 2015, por ser año de elecciones.

Por otra parte, hay que sumarle las ventajas de personal, vehículos, combustibles y dietas pagadas por los organismos estatales, y las de una inmensa red de periodistas, comentaristas, locutores y hasta “call centers de interactivos”, incorporados a las nóminas públicas. Un reporte de Edwin Ruiz publicado el 8 de diciembre por Diario Libre indica que en los primeros diez meses del año el Gobierno destinó 8,054 millones de pesos para publicidad y propaganda, viáticos, combustibles y gastos de representación. En publicidad y propaganda fueron 2,495.6 millones, 250 millones mensuales, y 8.3 millones por día. Buena proporción de esa publicidad es propaganda reeleccionista indirecta, incrementada notablemente tanto en periódicos como en radio y televisión en los últimos dos meses.

Por demás, tradicionalmente los presidentes en reelección se benefician también de una alta proporción de las contribuciones privadas. Circula en las redes una invitación a un coctel mañana lunes 14 “pro fondos de la campaña presidencial” en la residencia de un empresario y se “sugiere” una contribución individual de 2 millones de pesos, 44 mil dólares, 8 veces el tope en Estados Unidos para ese tipo de actividad presidencial.

 

La JCE está en el deber de garantizar la equidad

Por Juan Bolívar Díaz
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La propuesta del miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE) Eddy Olivares de adelantar la proclama del período electoral tiene fundamento legal y precedentes tan recientes como el 2008, justo cuando ese organismo presentó un reglamento para regular las campañas electorales y tras su rechazo por la generalidad de los partidos.

El objetivo es abrir un espacio para que el organismo arbitral pueda cautelar la equidad en una campaña electoral, hace tiempo iniciada, en base a las facultades que le otorgan la Constitución y varias leyes, pero no sorprende el apresurado rechazo de un sistema político negado a renovar la Ley Electoral y a aprobar una Ley de Partidos.

Pueden emitir la proclama. Eddy Olivares Ortega tiene legítimo derecho a proponer un adelanto de la proclama que da inicio a la campaña electoral, sobre todo si está animado por el principio de equidad en la competencia electoral. Hasta delegados políticos ante el organismo electoral, dirigentes políticos que deberían conocer la ley electoral, lo mismo que articulistas erraron en sus argumentos de rechazo. La ley no instituye una campaña electoral de sólo 90 días.

El artículo 87 de la Ley Electoral 275-97 establece que toda elección será precedida de una proclama de la JCE que “deberá ser publicada a más tardar 90 días antes de la fecha en que deba celebrarse”. Eso implica que como las próximas elecciones son el 15 de mayo, la proclama tiene como límite el 15 de febrero.

Pero en buen castellano la frase “a más tardar” significa que puede hacerse antes, como en efecto ocurrió en tres de las últimas cuatro elecciones nacionales, en 2008, 2006 y 2004, cuando se produjo en enero, dos veces bajo presidencia de Luis Arias y una tercera vez por el doctor Julio César Castaños Guzmán. Este la dejó abierta el 16 de enero del 2008, cuando faltaban cuatro meses para las elecciones presidenciales. En las dos elecciones anteriores el período de campaña fue abierto el 26 y el 20 de enero.

Es significativo que en el 2008 se adelantara a cuatro meses antes de los comicios, porque ocurrió después que los partidos dominantes rechazaron dos proyectos de la JCE para reglamentar las campañas electorales y establecer límites a la propaganda. La apertura de la campaña electoral fue adoptada a unanimidad y contó con los votos de cuatro de los cinco que ahora integran la JCE, los doctores Roberto Rosario, José Ángel Aquino, César Féliz y Eddy Olivares.

Lo que plantea Olivares. El licenciado Olivares fundamentó su planteamiento en que el 20 de octubre pasado por mayoría simple de tres a dos el Pleno de la JCE evadió tomar medidas ante vídeos que mostraban repartos de “facilidades” a militantes del partido de gobierno para la compra de vehículos, fundamentándose en que “la facultad de la JCE de tomar medidas cautelares está limitada al período electoral”.

En esa ocasión la propuesta aprobada indicaba que “independientemente de la profusión de publicidad, propaganda y activismo proselitista de los partidos no se ha iniciado el período electoral ni mucho menos la campaña electoral”. Es decir, que a pesar de reconocer que los partidos estaba en plena campaña, el pleno planteaba que hasta no producirse la proclama de inicio, no se podían adoptar medidas cautelares ni sanciones.

En consecuencia lógica Olivares ha pedido adelantar la proclama, dado que “muchos de los candidatos son escogidos en base al uso de los recursos del Estado y los ayuntamientos, y que la ausencia de fiscalización por parte de nuestro órgano, contribuye con la contaminación del proceso, en perjuicio de su libertad, de su transparencia, su equidad y su integridad”.

Plantea que como el pleno de la JCE reconoció que tiene facultades regulatoria en los periodos de campaña, deberá prohibir todo uso de recursos públicos en la campaña electoral, que los funcionarios se abstengan de utilizar transporte, combustibles y dietas estatales en las actividades proselitistas, que no puedan pagar propaganda, ni promover candidaturas en los actos oficiales, y que los candidatos no puedan participar en inauguraciones oficiales.

También congelar la nómina de los programas sociales de órganos estatales, control y equidad en los medios de comunicación en manos del Estado.

Oposición sin fundamento. El licenciado Olivares fue valiente al formular su propuesta conociendo la resistencia de los partidos que usufructúan el poder a las regulaciones de las campañas. Pero podía haber esperando argumentos en contra más sostenibles. Lo primero que se adujo es que la proclama sólo podía hacerse 90 días antes.

Otros alegan que la JCE no debe precipitar la campaña electoral, ignorando que hace tiempo que los partidos y sus candidatos realizan actividades de promoción, especialmente el presidente Danilo Medina y el licenciado Luis Abinader, quienes encabezan las encuestas.

Otro argumento banal es que proclamar la campaña en diciembre afectaría las celebraciones navideñas, como si se fuera a obligar a los partidos a realizar actividades y propaganda el día de navidad o del año nuevo. Y como si la no apertura implicara limitación.

Otros han argumentado que Olivares procura amarrar los brazos del presidente candidato, lo que implica el reconocimiento de que el mismo tiene unas ventajas que en el país llevan a elevados déficits fiscales en los años de elecciones.

Los mandatos legales. En su primer informe de observación electoral del proceso del 2016, emitido esta semana, el movimiento cívico Participación Ciudadana sostiene que a falta de la nueva Ley del Régimen Electoral y de la Ley de Partidos, la JCE “tiene el deber moral de utilizar las facultades que le confiere el artículo 212 de la Constitución para “garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, así como de “velar porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”.

El mandato constitucional agrega que “En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”. Recuerdan también el artículo 146 que instituye sanción a todo el que derive fondos públicos en beneficio personal o de particulares o asociados.

El movimiento cívico cita también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral vigente que “establecen una serie de límites a los partidos y a los funcionarios en el uso y abuso de fondos y bienes públicos, sobre las contribuciones y financiamientos de candidatos y partidos, así como la obligación de rendir cuentas”.

 Recuerda que las violaciones son sancionadas en el artículo 174 de la misma ley y que la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública establece normativas de transparencias y obligación de rendir cuentas a todas las entidades que, como los partidos políticos, reciben fondos del Estado. –

Trascendente y oportuno dictamen

Por Juan Bolívar Díaz

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Todas las tribunas nacionales deberían ponerse de pies para aplaudir y ponderar el dictamen del juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, que dispuso el retiro de la masiva propaganda política que desde hace más de un año ha saturado y degradado a arrabales las vías públicas de esa ciudad, en virtud de que se ha ignorado el período establecido en la Ley Electoral 275-97 para realizar esa actividad.

La sentencia dispone que el Ayuntamiento y la Junta Electoral de Santiago retiren de forma inmediata toda la propaganda electoral colocada en calles y avenidas hasta que comience la campaña electoral, lo que según la ley ocurrirá cuando la Junta Central Electoral (JCE) la proclame oficialmente con la convocatoria a las próximas elecciones, a más tardar 90 días antes de los comicios. Es lo que establecen los artículos 87 y 88 de la Ley Electoral, lo que ninguna autoridad se había atrevido a hacer cumplir.

La decisión del magistrado Samuel Guzmán Fernández establece un precedente que ojalá sea replicado en muchas otras instancias institucionales para ver si comenzamos a reducir el enorme costo de las campañas electorales, que paga un pueblo con la mitad de su población en niveles de pobreza. Porque si bien la tasa oficial de pobreza, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) es de 42 por ciento, el 52 por ciento de los hogares aún carecen de agua potable corriente, y la mitad de la población sufre de 4 a 12 horas diarias de apagones.

Es un hecho incontrovertible que gran proporción de los aspirantes a senadores, diputados y alcaldes gastan decenas de millones de pesos en precampañas y campañas electorales, que sólo excepcionalmente salen de sus propios bolsillos, que son sustraídos de las contribuciones de la ciudadanía, o provienen de actividades criminales como el narcotráfico.

En las democracias contemporáneas y en casi toda América Latina se han establecido regulaciones para evitar el encarecimiento de las elecciones y que el poder del dinero, especialmente el de origen ilícito, sea lo que determine quiénes son los representantes legislativos y los ejecutivos presidenciales o municipales. Un sistema político primitivo y desenfrenado se ha negado en el país a establecer una efectiva legislación para disminuir la extensión y costos de las campañas electorales. Como muestra están en el Congreso desde hace cuatro años los proyectos de leyes de Partidos y del Régimen Electoral sometidos por la JCE.

La decisión del magistrado Guzmán tiene otro aspecto positivo, por cuanto es fruto de la iniciativa de una entidad de la sociedad civil, la Fundación Masada, cuyo presidente el destacado jurista José Luis Taveras, la ha considerado “un fallo histórico y sin precedentes”, a la que se adhirió otro agrupamiento ciudadano denominado Santiago Somos Todos”. Esa circunstancia es un motivo de aliento para una inmensa cantidad de entidades ciudadanas que por todo el país sueñan con un mejor ordenamiento social, económico y político, las cuales han tropezado con la indiferencia, cuando no la hostilidad, del cada vez más corrompido y desacreditado sistema partidista.

Celebremos este dictamen judicial que, por demás, protege el medio ambiente y satisface a los santiagueros. Mario Fernández, presidente de Santiago Somos Todos, sostuvo que hace meses que en esa urbe “no cabe un afiche más y eso, poco a poco nos enferma, porque tenemos la ciudad agobiada”.

Un ejemplo a ser seguido por la JCE facultada por el Párrafo IV del artículo 212 de la Constitución de la República para “reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

 

¿Cómo resarcir tanto dolor?

Por Juan Bolívar Díaz
31_05_2015 HOY_DOMINGO_310515_ Opinión13 A

Los “Resultados de la Auditoría al Registro Civil en los años 1929-2007″ presentados el martes 26 de mayo por la Junta Central Electoral (JCE), constituyen una confesión de la magnitud de la injusticia, de la iniquidad y crueldad desatada desde el 2007 contra decenas de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera, en alto porcentaje de origen haitiano.

Es seguro que en medio de la crisis del partido de Gobierno ha pasado desapercibido un informe tan revelador de la magnitud y la injusticia del genocidio civil que puso en marcha la propia JCE a partir del 2007 cuando comenzó a negar la expedición de copias de las actas de nacimiento y la emisión de cédulas de identidad a miles de personas por su origen extranjero, por simple resolución administrativa y en flagrante violación de la Ley del Registro Civil, que restringe tal decisión a un dictamen judicial y en casos individuales.

El informe presentado por el presidente de la JCE, Roberto Rosario, se puede resumir en que atendiendo a la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional “inventariamos 116,506 libros, que tienen 1 millones 748,568 folios”… “De todas las especificaciones de actas, encontramos que 53,827 libros, que a su vez recogen 10 millones 321,799 folios, dieron lugar a expedientes de personas a revisar”, por lo que “Al final se pudo comprobar que del total de folios auditados, los hallazgos en el Registro Civil, que identificaban los expedientes, o las actas con posibles irregularidades, en el período establecido (1929-2007), apenas representaron el 0.58%, en tanto que el resto, el 99.42% no evidenció la inconsistencia de estos últimos”.

Con alborozo, el informe consigna que “El hecho de que alrededor de 53 mil expedientes que identifican personas hayan sido autorizados en su expedición y en su transcripción, de conformidad con la ley, demuestra el nivel de profesionalidad con que se manejó el personal de la JCE, libre de prejuicio y comprometido solo con el deber”. Se anuncia que a partir de esta misma semana esperaban completar el procedimiento burocrático para poner las actas a disposición de los afectados.

Para no dejar la menor duda de la barbaridad, el informe precisa que “apenas 132 expedientes de los trabajados darán lugar a un apoderamiento de la justicia”, porque no se correspondían con la ley o que son fruto de falsedad o alteración documental, como efectivamente instituye la Ley 659 del Registro Civil.

Todo lo indicado quiere decir que durante los últimos ocho años se les negó sus documentos a unas 53 mil personas bajo sospecha de que no les correspondía, a causa del fraude de 132. Es decir que la inconsistencia o ilegalidad del 0.58 por ciento privó durante tanto tiempo al 99.42 por ciento de los “sospechosos” de derechos tan fundamentales como a obtener actas de nacimiento, cédula de identidad y electoral, pasaporte para viajar fuera del país, a casarse o divorciarse, inscribirse en una universidad, realizar transacciones inmobiliarias y financieras y muchos otros actos de la vida civil.

Pero no vayan a creer que los afectados son solo esos 53 mil, porque un porcentaje de estos han tenido hijos que no han podido registrar en el lapso de 8 años. Nadie puede precisar cuántos serán, pero con dos per cápita ya estaríamos hablando de 159 mil personas afectadas, con la agravante de que ahora habrá que rescatar a los hijos de las listas de los “deportables” por no haber sido nunca inscritos como dominicanos, o del registro de extranjeros si se acogieron al Plan de Naturalización. A no ser que pretendamos dejar a los padres como dominicanos y a los hijos como extranjeros, lo que ya ha sido denunciado por muchos de los discriminados.

A cualquiera se le ocurriría preguntar por qué la JCE ignoró la Ley 169-14 y no fue transcribiendo las 53 mil actas en la medida en que comprobaba su procedencia, y esperó concluir el último folio, con miles de personas clamando por sus documentos. ¿Cómo ha sido posible tanta desidia y crueldad? ¿Por qué no se siguió el mandato de la Ley 659, lo que implicaba investigar primero y sancionar después a quienes procediera? ¿Cómo y quién resarcirá o indemnizará este inmenso dolor, daño, perjuicio y agravio colectivo?

 

El Gobierno busca salvar su Plan de Regularización

Por Juan Bolívar Díaz
P12

Para salvar del fracaso su Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) el Gobierno se propone otorgar una estatus de “inmigrante regular provisional” a unos 220 mil que habrán iniciado el proceso al término del plazo el 16 de junio próximo, pero que no han podido cumplir los requerimientos económicos por renuencia de sus empleadores.

Atrapado en contradicciones y discursos xenofóbicos, el Gobierno se enfrentará al hecho de que más de la mitad de los inmigrantes indocumentados ni siquiera han podido iniciar su regularización, estimándose en más de 300 mil los que quedarían sujetos a la deportación muchas veces anunciada pero difícil de ejecutar en tan alta proporción.

Llegarían a unos 220 mil. Al iniciarse esta semana la cuenta regresiva del mes para cerrar las inscripciones al PNRE, 207 mil 424 inmigrantes habían acudido a 24 centros de registro para iniciar el proceso, complicado por sus múltiples requerimientos, y son apenas centenares los que han sido acreditados con un carnet, tan pocos que las autoridades han dejado de dar el dato.

El doctor Washington González, viceministro de Interior y Policía encargado del Plan, confía que al 16 de junio sumarán entre 215 y 220 mil personas en gran parte haitianas, lo que representaría 42 por ciento de los 530 mil estimados en la Encuesta Nacional de Inmigrantes concluida en el 2012, de los cuales 458 mil 233, el 87 por ciento, provenían de Haití. A estos habría que agregarle algunas decenas de miles más que llegaron después de la encuesta, y que a partir de octubre del 2011 no califican para ser regularizados, por lo que los “deportables” pudieran andar sobre los 350 mil.

Aunque se establecieron 24 centros de atención, el grueso ha acudido a los del gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, de acuerdo a los datos que ofreció el funcionario por Teleantillas. Complicado, porque en estos centros se establecían cuotas por día y había que acudir de madrugada para conseguir turnos, que en muchas ocasiones tenían que comprar a traficantes. Otra limitación ha sido que al no llevar todos los documentos requeridos, el promedio ha tenido que acudir unas 5-6 veces. La falta de información a una población dispersa, con poco acceso a los medios de comunicación y escasos niveles de instrucción también ha complicado el proceso. Y aunque el Gobierno no cobra nada, los inmigrantes tienen que notarizar hasta las facturas de compras de electrodomésticos, y en muchos casos han tenido que “dar contribuciones”.

Pocos llenan los requisitos. El viceministro González reconoce que muy pocos de los solicitantes han podido completar los requisitos, especialmente las condiciones laborales y socio-económicas, que incluyen certificaciones de empleo, propiedades o contratos de alquiler de muebles o inmuebles y hasta cuentas bancarias. El 95 por ciento presentó por lo menos un documento de identidad, acta de nacimiento cédula o pasaporte, como establece el plan. Pero esa misma proporción no ha podido completar los requerimientos socio-económicos.

El problema principal ha sido la poca colaboración de los empleadores. Lo reconoció el funcionario, quien dijo que apenas en las últimas dos semanas los grandes empleadores agropecuarios y de la construcción habían mostrado interés en ayudar a regularizar sus empleados. Una excepción había sido el grupo Vicini, con dos ingenios en operación, que hasta contrató abogados para ayudar a sus trabajadores haitianos.

Desde que se abrieron las inscripciones en junio del año pasado, se viene advirtiendo que los empleadores agrícolas, de la construcción y hasta domésticos, se han negado a emitir constancia salarial. Pretextan que son trabajadores temporales, sin contratos laborales y por tanto de mucha movilidad.

Otro factor que ha dificultado el proceso es la cantidad de requisitos, por ejemplo cuentas bancarias que muy pocos braceros haitianos, de la construcción o domésticos podía abrir por carecer de documentación o por sus condiciones socio-económicas y hasta por desconocimiento de la lengua nacional.

Estatus provisional salvador. “Hay que buscar una solución” proclamó el viceministro González, consciente del bajo porcentaje de inmigrantes que ha podido presentar todo lo que se le demanda. Numerosos casos, como el de Iván Saint Fleur, presentado en la misma entrevista de Uno+Uno, son indicativos del exceso de requisitos. Testimonió que comenzó el proceso el año pasado con pasaporte y visa, acreditación de su empleador doméstico, testigos de su arraigo en el país, papel de buena conducta, contrato de alquiler de vivienda y otros menores, todo notarizado, y no ha podido ser acreditado después de siete viajes de madrugada a un centro de atención capitalino. Es obvio que la gran mayoría de los inmigrantes haitianos no pueden reunir todas esas condiciones.

Pero después de año y medio trabajando en el plan, habría que considerar un fracaso la mínima cantidad de inmigrantes que han completado el proceso, y no por falta de documentación, como se repite buscando un “chivo expiatorio”. De ahí la solución del carnet provisional, que tendrá una duración de dos años “para que completen requisitos”. Será una manera de prolongar el período original, sin admitirlo formalmente. Habrá que esperar para ver si los empleadores son obligados a colaborar. Es obvio que una gran mayoría prefiere la informalidad de una mano de obra abundante que, por indocumentada, carece de posibilidades de reclamar derechos y condiciones laborales, como horario, pago de horas extra, salarios mínimos, seguridad social y prestaciones.

No será suficiente. Además del estatus provisional a los 220 mil inscritos para que completen los requisitos, el Gobierno tendrá que ponderar qué hacer con unos 350 mil que ni siquiera pudieron comenzar. Seguirán culpando a las autoridades haitianas que no han podido responder todas las demandas de documentos. La embajada haitiana tenía pendiente unas 15 mil, pero entre los otros más de 300 mil puede haber de todo. La encuesta de Inmigrantes dijo que el 92 por ciento tiene algún documento. En los últimos meses estaban pidiéndoles hasta pasaporte, cuando el plan valida también actas de nacimiento y cédulas.

En esa inmensa mayoría predominan los jornaleros agrícolas, chiriperos y trabajadores domésticos que carecen de los miles de pesos que cuestan las notarizaciones de documentos, que no tienen un empleador fijo, y con esposas e hijos más difíciles de demostrar su arraigo en el país.

Haber dejado pasar tanto tiempo para regularizar los inmigrantes, lo que dispuso la ley de migración del 2004 del presidente Hipólito Mejía, fue una grave irresponsabilidad, pero mucho peor pudiera ser el autoengaño y no reconocer la complejidad del problema. Ninguna regulación de inmigrantes en el mundo ha implicado deportar más de la mitad.

 

Un flagrante abuso de la JCE

Por Juan Bolívar Díaz
O2

El último de los abusos de los que acostumbra la Junta Central Electoral (JCE) de Roberto Rosario es el que mantiene contra los derechos de miles de ciudadanos agrupados en el partido Alianza País (AP) que hace más de dos años solicitaron su reconocimiento para participar en la actividad electoral sin haber recibido la respuesta oportuna y diligente que debería ser la pauta de un órgano del Estado con responsabilidades tan trascendentes como la de organizar la elección de las autoridades y representantes populares.

El partido que lidera el doctor Guillermo Moreno ha tenido que declararse en vigilia permanente ante la JCE después de meses reclamando una respuesta a su solicitud del 6 de mayo del 2013, acompañada de constancia de todos los requisitos que establece la ley electoral, incluyendo la apertura de locales y establecimiento de directivas en las 31 provincias y el Distrito Nacional, lo que ha implicado un alto costo humano y financiero.

El 18 de agosto del 2014, al recibir una delegación de AP, el presidente de la JCE anunció que las comprobaciones correspondientes se realizarían a partir de septiembre o principios de octubre pasados. Ante nuevos reclamos, el 20 de noviembre dijo que se haría en febrero. Luego en comunicación al presidente del partido Guillermo Moreno el 23 de febrero del 2015, Rosario la reenvió para marzo. Y ahora responde diciendo que la inspección será a partir de junio.

Como si todos los dominicanos fueran tarados mentales, Roberto Rosario se despacha ahora tratando de ampararse en el artículo 42 de la Ley Electoral 275-97 que limita hasta 8 meses antes de las elecciones el período para solicitar reconocimiento de partidos, pretendiendo que puede esperar hasta entonces para responder una solicitud cursada dos años antes.

Esa pretensión queda muy lejos del más elemental sentido de equidad y constituye una sostenida denegación de derechos, incompatible con la institución estatal llamada a garantizar la equidad en la competencia electoral. Es un abuso incalificable que hayan pasado más de dos años sin que la JCE responda a la solicitud de AP, manteniendo a sus dirigentes y militantes en la incertidumbre, sin personería jurídica, lo que obstruye sus diligencias de financiamiento y otras actividades propias de los partidos y las campañas electorales. El abuso se extiende a otros siete partidos y 2 agrupaciones provinciales y municipales que solicitaron reconocimiento el año pasado, uno de ellos el Movimiento Primero la Gente, que lo hizo el 30 de enero del 2014.

La inequidad es mayor si se tiene en cuenta que mientras esos partidos esperan indefinidamente, la misma JCE proporciona financiamiento del presupuesto nacional a dos docenas de partidos, tres de ellos este año con más de 18 millones de pesos mensuales.

En el caso de Alianza País, el más prolongado, hay temores de que Roberto Rosario esté actuando por retaliación dado que ese partido y su líder sometieron a la justicia un expediente de corrupción contra su jefe político el expresidente Leonel Fernández y su Fundación Global, hace año y medio. Aunque al presidente de la JCE le sobra autoritarismo y prepotencia como lo ha demostrado con numerosas actuaciones, como cuando denegó sus actas de nacimiento y cédulas a miles de ciudadanos por simple disposición administrativa, o cuando un año después de promulgada la ley 169-14 sigue sin cumplir su mandato de entregar la documentación correspondiente.

Como arbitrario fue también el plazo de un mes concedido en diciembre para que 2 millones y medio de ciudadanos cambiaran el carnet de la cédula de identidad, lo que enmendó parcialmente la Superintendencia de Bancos disponiendo que el sistema financiero siguiera aceptando el viejo hasta un plazo razonable.

Tanta arbitrariedad es un indicativo indiscutible de la precariedad institucional, la impunidad y la burla al imperio de la ley y de los derechos constitucionales que aún prevalecen en esta infortunada nación.-

 

Un buen aporte de la Finjus

Por Juan Bolívar Díaz

O2

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) hizo esta semana un gran aporte para poner en evidencia la burla de la mayoría de la Cámara de Diputados que insistió en aprobar un proyecto de ley de partidos que ignora las demandas sociales y los numerosos consensos al respecto durante los últimos 16 años.

Un análisis pormenorizado del texto aprobado muestra que se distorsiona o elimina gran parte de las previsiones para garantizar el ejercicio democrático interno y la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos contenidas en el proyecto presentado al Congreso en el 2011 por la Junta Central Electoral, fruto de una misión técnica contratada con la Organización de Estados Americanos. El proyecto recogía los avances de la democracia latinoamericana de las últimas décadas en reglamentación del partidismo político y los planteamientos consensuados entre agentes políticos y sociales desde 1998. Pero además los técnicos consultaron de nuevo a los partidos e instituciones de la sociedad civil que han militado en reglamentar la actividad partidista.

La Finjus sometió a un riguroso análisis, artículo por artículo, para comparar el proyecto aprobado con la propuesta de la JCE, para concluir en que se trata de una distorsión substancial y una gran burla a las expectativas de la sociedad dominicana, en una reiteración de lo aprobado el 3 de marzo pasado, que hubo de ser retirado días después tras la ola de protestas que despertó.

La reconocida institución de promoción de la institucionalidad nacional concluye en que de convertirse en ley el país “no contará con una norma que permita superar el actual desorden y falta de control en que se desempeñan los partidos políticos”, que el resultado final será “la profundización de la opacidad en que actúan los partidos”, y que se ignoran los suficientes consensos político-sociales sobre la necesidad de controlar la corrupción y el clientelismo para fortalecer la institucionalidad democrática.

El análisis del proyecto aprobado se resume en que reduce los derechos de los afiliados a los partidos, fortaleciendo el autoritarismo, limita la renovación del liderazgo, y elimina la obligación del voto libre y secreto en las elecciones internas, la obligación de elecciones primarias para escoger candidatos y la cuota mínima del 33 por ciento de los cargos de dirección para las mujeres.

“Contrario a la aspiración de la sociedad dominicana, el proyecto aprobado limita gravemente el rol asignado a la JCE por la Constitución para ejercer la función de control de los fondos públicos y privados que reciben los partidos”, indica el estudio. Y agrega que peor aún se amplían las facilidades para que los partidos reciban fondos de personas y entidades privadas, al mantener prácticas como colectas públicas y deducciones de salarios y se rechaza que los partidos tengan que mantener un registro de contribuyentes, informar sobre los orígenes de sus fondos y entregar sus presupuestos a la JCE.

Se elimina también la previsión del proyecto de la JCE que prohibía el uso de recursos públicos para financiar actividades electorales y un artículo que establecía en qué se puede gastar el financiamiento estatal a los partidos, reduciendo la cuota destinada a educación de sus miembros del 25 al 10 por ciento y a nada en los años de elecciones.

La aprobación por la mayoría de los diputados de los tres partidos tradicionales violentó su propio estatuto interno, sin que el proyecto fuera sometido a estudio de comisión, pasando por encima a los comisionados que estudiaban otra pieza. Se trató, definitivamente, de una burla completa a los consensos y expectativas de tantos años para mantener el desenfreno en beneficio de las cúpulas directivas de los partidos.

El proyecto está ahora en manos del Senado pero quedan pocas expectativas de que se retomen los consensos socio-políticos. Será una legislación vacía, frustratoria y reiterativa del autoritarismo y el salvajismo que caracteriza la política en nuestro país.

 

 

Inexplicable abuso e irracionalidad

Por Juan Bolívar Díaz
25_01_2015 HOY_DOMINGO_250115_ Opinión9 A

Nos equivocamos los que creíamos que la Junta Central Electoral prorrogaría el plazo que fijó intempestivamente para dejar sin vigencia el viejo carné de la cédula de identidad y electoral, cuando todavía dos millones y medio de personas no habían procurado el nuevo.

El plazo hasta el 10 de enero fue otorgado en medio de las fiestas navideñas, con solo unos 20 días laborables por delante, cuando faltaban dos millones y medio por renovar el documento, desatando una locura en decenas de miles de personas que creían que después de esa fecha quedarían sin la cédula, víctimas de la desinformación.

Se montó un negociazo en el que cientos de vividores se dedicaron a tomar turnos en las madrugadas para luego venderlos hasta por 500 pesos, en escasos centros de cedulación, que la JCE informa, después de vencido el plazo, que procederá a aumentar. Eran tan insuficientes que a pesar de los madrugonazos y congestión no llegaron a 500 mil (apenas quinta parte de los faltantes) los que pudieron obtener el nuevo plástico.

No había la menor justificación para ese atropello navideño a la ciudadanía, desde luego en su gran mayoría pobres y desinformados. No había ninguna urgencia, el nuevo carné no difiere tecnológicamente del anterior. Y se pudo haber prorrogado hasta dos y tres veces el plazo, acompañándolo de una campaña de incentivos como hace la Dirección General de Impuestos Internos para cobrar el gravamen a las matrículas de vehículos.

El cambio de la cédula comenzó el 20 de abril del año pasado y nada justifica que ocho meses después se decidiera un plazo tan conminatorio, que bien pudo adelantarse tres meses. La JCE ha recordado que será en diciembre cuando cerrará provisionalmente el padrón electoral, no así la expedición de copias de cédulas, lo que solo se suspende en los dos días anteriores a cada votación. Una razón adicional para que hubiese flexibilidad.

Hay otra razón: la JCE nunca ha dicho a los millones de ciudadanos y ciudadanas que en los cuatro años anteriores atendieron el llamado a registrar sus datos biométricos para el nuevo carné, por qué razón han tenido que acudir nuevamente. Y no lo ha hecho porque tendría que explicar el desastre de una tecnología que no funcionó, comprada por decenas de millones de dólares, aunque fue denunciada ampliamente en su oportunidad. Se perdió el dinero de los contribuyentes y el esfuerzo ciudadano.

Y como si todo lo anterior no fuera suficiente hay un agravante: la decisión de dejar sin valor el viejo carné de identidad y electoral viola ley 26-01 que establece la vigencia de la cédula en diez años, venciendo en la fecha de nacimiento de cada persona, como forma de evitar la aglomeración.

Fue una decisión prepotente y abusiva del presidente de la JCE, Roberto Rosario, quien anunció el plazo antes de conseguir que otros dos titulares del organismo la aprobaran. Se mantuvo la decisión pese a que el miembro Eddy Olivares advirtió la violación a la ley, en un voto negativo razonado que entregó por escrito.

La violación a la ley fue tan obvia que la Asociación de Bancos y luego la Superintendencia de Bancos acordaron seguir reconociendo el viejo carné a todo el que tuviera negocios abiertos con las entidades financieras. De esa manera evadían una demanda de cualquier afectado que tuviera una cédula con menos de diez años.

Seguramente gran parte de los que aún no han cambiado la cédula no la necesiten de inmediato, pero quedan estas interrogantes: ¿Por qué ese desprecio por la ley? ¿Por qué tanta prepotencia, arbitrariedad e irracionalidad? ¿Dónde queda el Estado de derecho? Y ¿ninguna autoridad puede reclamar el imperio de la ley?