Patriotas que salen caros

Por Juan Bolívar Díaz
14_06_2015 HOY_DOMINGO_140615_ Opinión9 A

Un informe entregado esta semana por las nuevas autoridades del Ministerio de Energía y Minas ha puesto nuevamente sobre el tapete el enorme reparto del Estado en que se ha fundado el dominio político en los últimos años y en particular los caros que han resultado los mayores exponentes del patriotismo nacionalista.

En apenas un año de iniciadas sus operaciones bajo la administración del recién renunciante Pelegrín Castillo, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, ese ministerio ya registraba un enorme desorden financiero, con gastos desmedidos, atrasos salariales y de cuentas por pagar. El personal fijo y bajo contrato que ya ascendía a 368 costaba 26 millones 39 mil pesos mensuales, que de inmediato el nuevo ministro Antonio Isa Conde ha reducido a 21 millones, lo que implica un ahorro de 60 millones de pesos anuales.

La dimensión de los salarios queda de manifiesto en que el promedio era de 70,759 pesos mensuales, en un país donde el 85 por ciento de los asalariados formales recibe menos de 20 mil pesos mensuales, y donde 40 por ciento de los empleados estatales apenas alcanzan los 5,117 pesos por mes.

Pero el ministerio de Pelegrín Castillo tenía 29 asesores con promedio de 161 mil pesos y otros tres promediaban 556,166 pesos mensuales. En los primeros 4 meses de este año ya el ministerio había consumido el 56 por ciento de su presupuesto para todo el año, lo que proyectaba un déficit al cierre del año de 145 millones de pesos, 69 por ciento sobre su asignación.

En vez de responder sobre lo informado, el exministro Castillo se refirió a los ingresos del Fondo 1974 que la Ley de Combustibles destina al fomento de energías renovables, ripostando que nunca recibió los 1,200 millones de pesos correspondientes al mismo, porque quedaban en el Ministerio de Industria y Comercio para pagar una nominilla de 4 mil compañeritos de partido.

La respuesta de Pelegrín es indicativa de que persiste el pago de las nominillas políticas por numerosas instituciones del Estado denunciado y documentado en el 2008 no solo como un abuso contra el patrimonio público, sino también un ventajista y rentable reparto con fines políticos partidistas.

Ese reparto ha sido persistente en los organismos encargados a los aliados políticos del partido gobernante, como el Ministerio de Minas, el de Relaciones Exteriores hasta hace un año, el quebrado Banco Nacional de la Vivienda, la Lotería Nacional, la Dirección de Bienes Nacionales, anteriormente en el Instituto de Recursos Hidráulicos y otros donde se han denunciado escándalos y donde las auditorías de la Cámara de Cuentas han revelado irregularidades.

Pero los nacionalistas particularmente han salido caros, si tomamos en cuenta cómo otro adalid, José Ricardo Taveras, administró varios años la Dirección General de; Migración, donde tan solo entre 2012 y 2013 gastó discrecionalmente 925 millones de pesos, provenientes de tasas que aumentaba a su conveniencia, sin pasar por la Cuenta Unica del Tesoro. Y entre 2011 y 13 destinó 36.6 millones de pesos a comidas y bebidas para el personal de la dirección ejecutiva que disfrutaba de altos salarios, dietas, gastos de representación, viáticos, combustibles y gratificaciones.

Sería injusto ignorar que el Gobierno del presidente Danilo Medina ha hecho esfuerzos por reducir la malversación y el derroche del gasto público, pero en general ha respetado el inmenso reparto del Estado en que se fundó el liderazgo de su antecesor. Es particularmente relevante que haya evadido el cumplimiento de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público que el 8 de agosto cumplirá dos años de que Medina la promulgara, tras años de consultorías nacionales e internacionales y de consensos y discusiones legislativas.

Habremos de seguir soñando que un día algún gobierno ponga fin al derroche que ha situado la nación entre los diez líderes en malversación en las evaluaciones de 144 países incluidos en el Indice de Competitividad del Foro Económico Mundial. Alguna vez será.

Un llamado a la ponderación

 Por Juan Bolívar Díaz
11_01_2015 HOY_DOMINGO_110115_ Opinión9 A

No hubo secuestro de personal consular y militares dominicanos destacados en Anse-A Pitre, Haití, como tampoco es cierto que se hayan hecho asentamientos de inmigrantes haitianos en bateyes del desmantelado ingenio Montellano en Puerto Plata, como se ha denunciado reiterativamente en la primera semana de este año, alimentando el clima nacional de confrontación y exclusión que grupos radicales promueven cada vez con mayor entusiasmo.

Sí fue cierto que un grupo de haitianos disgustados por disposiciones de preservación del espacio marítimo dominicano, donde pescaban, en las proximidades de Pedernales, apedrearon el local del consulado, lo que obligó al personal a permanecer en su interior hasta que las autoridades locales les garantizaron su seguridad. Así lo informó al gobierno el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, general Carlos Manuel Aguirre Reyes. También lo reconoció el director de Migración, José Ricardo Taveras, un funcionario nada sospechoso de cordialidad con los haitianos. A pesar de ello múltiples comentaristas y medios informativos nacionales han seguido denunciando el supuesto secuestro, y algunos llegaron a reclamar acciones militares.

Sin duda hubo un incidente desagradable y peligroso, una actitud agresiva ante la cual la Cancillería nacional procedió con altura y ponderación, tramitando la correspondiente protesta y pidiendo las necesarias garantías, en un lenguaje diplomático evadiendo echar combustible sobre las pasiones bilaterales.

Lo del supuesto asentamiento de inmigrantes haitianos por parte de una entidad canadiense es absolutamente falso, como ha documentado el regidor reformista Juan Arismendy Medina, quien preside la Fundación Samaritana, responsable de haber construido unas 1,500 modestas viviendas escuelas y consultorios médicos en diez comunidades de extrema pobreza en ese municipio del que fuera síndico 1986-90.

El munícipe testimonió por Teleantillas, que todo comenzó en 1988 cuando un potentado empresario canadiense, que vino de turista, chocó con la extrema pobreza y se acercó a la Asamblea de Iglesia Cristiana de la que el señor Medina era animador. Otros contribuyentes canadienses se sumarían posteriormente a una obra de carácter humanitario. Fue aprobada por autoridades nacionales e incentivada por personas sensibles como el recordado Freddy Beras Goico. Reportajes en periódicos nacionales como el Listín Diario, y el canadiense Toronto Star dieron cuenta de la humanitaria renovación de bateyes y parajes abandonados tras el cierre del Ingenio Montellano. Algunas de las entregas de viviendas han sido reproducidas en Teleantillas y en periódicos digitales y en Youtube.

Como en todas las zonas cañeras del país, la decadencia de la industria azucarera dejó en la miseria y el mayor abandono a ciudadanos dominicanos, haitianos y dominico-haitianos. De las tres categorías han sido beneficiarios de las viviendas con costo promedio de 4 mil dólares.

Reportajes televisivos han mostrado que se trata de personas residentes en esos lugares por décadas, muchos de ellos mostrando sus cédulas de identidad, tarjetas del programa oficial Solidaridad y de Senasa.

No hay dudas que también se dieron viviendas a inmigrantes haitianos, pero de los que han trabajado y vivido allí por décadas y sus descendientes, al igual que ha ocurrido en los mínimos proyectos que en el pasado desarrolló en algunos bateyes el Consejo Estatal del Azúcar, y muy recientemente el Consorcio Vicini, que ha invertido muchos millones de pesos para mejorar el rostro de los residentes en sus bateyes.

Por suerte las máximas autoridades nacionales han actuado con responsabilidad y no se han dejado arrastrar por los promotores de la confrontación. El vocero del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, habló con admirable inteligencia y serenidad llamando a la ponderación, especialmente a los responsables de la información y la orientación. Toman en cuenta la delicada situación política e institucional por la que atraviesa Haití, cuyo agravamiento en nada beneficiaría al país, al control migratorio, ni a los cada vez mayores intereses económicos de empresarios dominicanos, exportadores y constructores.-

Habrá que aterrizar el Reglamento de Migración

Por Juan Bolívar Díaz
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El demandado Reglamento de la Ley General de Migración 285-04, que tomó siete años para su aprobación, contiene normas tan difíciles de implementar que están obligando a una flexibilización de facto al entrar en vigencia ocho meses después de su promulgación el 19 de octubre pasado.

Los costos que se está imponiendo a la contratación de los trabajadores inmigrantes (entiéndase haitianos), que se estiman entre 20 y 30 mil pesos por persona, son tan elevados que no podrán ser cubiertos por ellos ni por la mayoría de sus contratantes, lo que podría frustrar el objetivo fundamental de la regularización.

Regular, no penalizar.   El Reglamento 631-11 tomó más de siete años para su elaboración, desde la promulgación de la Ley General de Migración 285-04 en agosto del 2004 al terminar el gobierno de Hipólito Mejía,  y fue promulgado por el presidente Leonel Fernández el 19 de octubre del 2011, en medio de un clamor generalizado sobre la necesidad de regular la inmigración haitiana incentivada por el tráfico de personas e intereses empresariales.

La Dirección General de Migración (DGM) había establecido un plazo para ponerlo en vigencia, el cual venció el 1 de junio último, pero entonces tropezó con la realidad de que es prácticamente inaplicable, procediendo a negociar con las principales asociaciones de productores agropecuarios y de la industria de la construcción, que son los mayores contratantes de mano de obra haitiana.

Se han negociado nuevos plazos por lo menos con la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas para que intenten regularizar los trabajadores que emplean esos sectores, una alta proporción de los inmigrantes indocumentados. Los dirigentes empresariales no se han opuesto a las regulaciones, pero reclaman principalmente que no se les penalice. Quieren ver el Estado “como facilitador, no como verdugo”.

Por su parte el director de Migración, José Ricardo Taveras, hubo de reconocer esta semana ante el Grupo de Comunicaciones Corripio, que el reglamento no podrá ser aplicado a rajatablas, sino por etapas, con flexibilidad, aunque reclamando que los contratantes inicien gestiones para regularizar sus trabajadores inmigrantes, y hasta ha prometido reducir algunos de los costos, pero por lo menos los dirigentes de la JAD creen que la reducción deberá ser radical para que la mayoría de los contratantes, miles de pequeños y medianos productores, puedan acogerse a la regularización.

Un costo muy elevado.  El presidente ejecutivo de la JAD, Osmar Benítez, sostiene que apenas parte de unas 258 empresas agroindustriales y 200 pecuarias podrían pagar los elevados costos que conlleva la regularización de los jornaleros, lo que resultaría imposible para más de 10 mil pequeños y medianos productores agrícolas que emplean entre 10 y 25 jornaleros, sólo por temporadas de siembra o cosecha. Lo mismo sostienen dirigentes de las asociaciones de constructores.

La JAD ha estimado que el costo por regular cada trabajador haitiano oscilaría entre 20 y 30 mil pesos, suma que recaería sobre los contratantes, agravando los costos ya elevados de los productores agropecuarios y por lo tanto sus dificultades competitivas aún en el mercado nacional. Con el agravante de que luego de regularizar un trabajador, el contratante no tiene mecanismo para obligarlo a permanecer a su servicio, a no ser que conviertan las fincas o las construcciones en campos de concentración. Las deserciones conllevarían otro costo, pues si no los pueden repatriar, la DGM ejecutaría la fianza de garantía que debe pagar por cada contratado.

La mayor tarifa es la que ha establecido la propia DGM por emitir el carnet de identificación migratoria, hasta ahora de 15 mil pesos pagaderos en efectivo, que Taveras promete reducir a 14 mil. El pasaporte de los haitianos sale a 80 dólares, y la visa dominicana teóricamente a 90 dólares, aunque los consulados cobran hasta 200. Pero con un mínimo de 170 dólares en pasaporte y visa, equivalente a 6 mil 630 pesos, ya el costo supera los 20 mil pesos. Cuando le suman los costos de obtener actas de nacimiento, cédula de identidad, certificados médicos y de buena conducta con su  traducción y legalización, más la póliza de garantía, el costo individual sobrepasa los 30 mil pesos, y sin incluir los sobornos en la frontera, el contrato de trabajo y su registro en el Ministerio de Trabajo.

Una extrema dependencia.   Al parecer los responsables del Reglamento de Migración, imbuidos de un espíritu nacionalista, desconocieron la extrema dependencia nacional de la mano de obra haitiana, que comenzó con la industria azucarera a comienzos del siglo pasado, pero que se extendió en las últimas cuatro décadas a casi toda la producción agropecuaria, ya sea de exportación como el banano y el cacao, o de consumo nacional como el arroz, café y hortícolas, así como a la próspera industria de la construcción, pública y privada, en que se ha basado la modernización y el crecimiento económico dominicano.

Aunque el código laboral establece que la proporción de empleados tiene que ser de un mínimo de 80 por ciento dominicanos y máximo 20 por ciento de extranjeros, en la agroindustria, la pecuaria y la construcción alcanza proporciones inversas, con hasta 80 por ciento de haitianos, según lo reconoció el año pasado el ministro de Agricultura.

Los dominicanos comenzaron aborreciendo el trabajo de la caña, luego de toda la agricultura, más tarde de la construcción, y recientemente hasta de las ventas ambulantes. Contradictoriamente los dominicanos que emigran en yolas a Puerto Rico, arriesgando sus vidas, allí laboran en la agricultura y la construcción, lo que sustenta el criterio de que los bajos salarios y las difíciles condiciones laborales en el país son determinantes.

Los campesinos han preferido emigrar a las barriadas urbanas y optar por trabajos como el motoconcho, incentivados por fenómenos como el “Nueva York Chiquito” y el cemento sembrado en las grandes concentraciones urbanas. La realidad es que les resulta más fácil y menos costoso obtener financiamiento para un motor o un cacharro de cuatro ruedas que para la producción agropecuaria.

Mientras el país se hacía cada año más dependiente de la mano de obra haitiana, se desarrolló un hipócrita discurso nacionalista, sin los mínimos esfuerzos para controlar ni regular la inmigración, hasta el punto que tomó dos décadas actualizar la Ley de Migración y su reglamento, para ahora descubrir que por lo menos este último no tiene posibilidades de aplicación efectiva, dando pretexto a los empleadores para mantener niveles de explotación de una mano de obra excedente e incapacitada para el menor reclamo.

Procedimiento ineficiente. La reglamentación parte de una concepción de inmigración a naciones desarrolladas, remitiendo a contratar trabajadores en sus países de origen, tratando de ignorar que ya hay cientos de miles internados aquí y que trabajan fundamentalmente en la agropecuaria y la industria de la construcción, sectores económicos que dependen de la mano de obra haitiana, en el agro entre un 60 y 80 por ciento, y en la construcción sobre el 60 por ciento.

La sección XI, artículos 69-79 establece el “Procedimiento para ser admitido como persona No Residente en la Sub-categoría de trabajador temporero individual o en contingente”, el cual remite a Haití a los que ya trabajan aquí para que puedan proveerse de actas de nacimiento, cédula de identidad, pasaporte, visa para ingresar al país, certificados médicos y de buena conducta debidamente traducidos al castellano, apostillados y legalizados por un consulado dominicano.

Se estima que no llega al 10 por ciento la proporción de los inmigrantes haitianos provistos de pasaporte y visado dominicano, y es también muy alto el porcentaje de los que no tienen cédula ni acta de nacimiento, lo que implica no sólo que tienen que volver a Haití para iniciar su regularización, sino agotar allí un largo y costoso proceso de papeleo superior a sus posibilidades.

Hay quienes consideran que el procedimiento hubiese sido más viable si asumiera la realidad y estableciera mecanismos de regularización desde aquí en colaboración con las autoridades consulares haitianas. O si se procediera a registrar y regularizar, con carnet de identidad nacional, a los que los contratantes documenten como empleados. Eso implicaría reconocer que una alta proporción de los inmigrantes haitianos carecen de documentos oficiales de identidad. Contribuiría al objetivo fundamental que no se supone sea penalizar, sino regular para controlar y reducir los flujos de inmigrantes y hasta para iniciar un proceso de repatriación racional de los excedentes, al mismo tiempo que se garantiza una mano de obra en alta proporción ya imprescindible.