El tollo electoral logra unir tardíamente a la oposición

Por Juan Bolívar Díaz
29_05_2016 HOY_DOMINGO_290516_ El País13 A

Muy tarde vinieron a convencerse los líderes de la oposición política de que separados no tenían la menor oportunidad de enfrentar con éxito la maquinaria de poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los abusos del Estado y del arbitraje que caracterizaron el proceso electoral recién concluido.

Antes que su diversidad y los personalismos los dispersen, los seis excandidatos presidenciales que cuestionan la legitimidad de unos comicios afectados por un grave tollo organizativo, deberían concentrar esfuerzo en exigir una profunda reforma política que inicie el rescate de la institucionalidad democrática

El gran tollo electoral. Así como está claro que la mayoría de la población que votó el 15 de mayo se inclinó por la reelección del presidente Danilo Medina, también quedaron a la vista de todos los abusos del poder del Estado, la parcialidad política de los órganos electorales, la extrema desigualdad del financiamiento y el enorme tollo organizativo en que devino la votación y su escrutinio.

En las mayores jurisdicciones, como el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, que concentran casi la tercera parte de los electores, el desorden fue tan grande que las juntas electorales han necesitado dos semanas para concluir el cómputo que tantas veces la JCE prometió que daría la misma noche de la votación. Y para terminar han tenido que anular los resultados en casi 500 colegios electorales, sobre todo en los niveles congresual y municipal, donde abundaron las incoherencias e inconsistencias del escrutinio, con indicios de manipulaciones y fraudes. Las irregularidades han quedado patentes en decenas de actas, de variedad tan amplia que requiere mucho espacio sintetizarlas.

Ya el sábado 21 una resolución de la Junta Electoral del DN anuló 153 colegios electorales, 139 “por no haber recibido sus resultados” y 14 “cuyas relaciones de votación fueron recibidas en blanco”. El miércoles 25, la Junta de Santo Domingo Oeste anuló las votaciones en 147 colegios; en 69 en la boleta C-1 para los diputados, 38 para todo el nivel congresual, 16 en el municipal y 14 en el congresual.

Más enredada aparecía la situación en Santo Domingo Este todavía al caer el viernes 27, con candidatos a alcalde en huelga de hambre reclamando nueva votación, mientras la Junta consideraba anular la cuarta parte de sus 1,375 colegios, mayoritariamente en los niveles congresual y preferencial de los diputados. En Santo Domingo Norte trataban de enmendar la situación de 157 colegios donde no se computó el nivel congresual, especialmente los diputados. En el DN y provincia de Santo Domingo las irregularidades habrían afectado más del 10% de sus 5,090 colegios, anulando parcial o totalmente el voto de más de 150 mil electores.

Alta abstención y nulidad. La abstención nacional, del 31 por ciento en la boleta presidencial, superó en dos puntos la del 2012, aunque se esperaba una reducción por efecto de la nueva cedulación que debió depurar el padrón de electores.

En las grandes urbes la abstención fue más elevada, registrándose 37 por ciento en la provincia de Santo Domingo, 36 en Santiago y 35% en el Distrito Nacional. Los votos nulos alcanzan al 6.13 por ciento, 5.53 y 4.42 respectivamente, sin incluir los derivados de la anulación de colegios completos.

A nivel nacional en la boleta A se computaron 103 mil votos nulos cuando faltaban 204 colegios, más del triple de los 30 mil registrados en el 2012. Las boletas congresuales anuladas podrían pasar de 300 mil, 54,269 solo en la provincia de Santo Domingo, sin los colegios anulados por completo.

El boletín 13 de la Junta Central Electoral, emitido la madrugada del viernes ignoraba los cientos de colegios anulados, pues consignaba el cómputo del 99.18 por ciento en el nivel más afectado, el congresual.

Tan altas nulidades indican grave fallo en la preparación del personal, y la instrucción a los electores, así como en la programación, y en la abstención habría influido el retraso de dos y tres horas en el inicio de la votación.

Ese 62% de Danilo. Más tarde o más temprano los candidatos de oposición tendrán que rendirse ante ese 62 por ciento que se anotó en las urnas el presidente Medina, que no está libre de ilegitimidades, como el abuso del Estado, desbordamiento del déficit fiscal, enorme derroche publicitario pagado del Presupuesto, casi todos los funcionarios altos y medios en su campaña, con evidentes recursos estatales, los mismos que se utilizaron también para comprar legisladores y dirigentes políticos para posibilitar la reelección.

Sin embargo, la diferencia es demasiado grande para que pueda ser desconocida. Todos los opositores debieron juntarse desde que los abusos del Estado quedaron evidentes, y haberse presentado al Palacio Nacional a exigir equidad y respeto a la competitividad democrática e independencia de los organismos electorales. Pero evadieron la menor concertación, se perdieron en disputas de candidaturas, y hasta el 6 de abril Abinader expresaba confianza en la JCE, que ya Roberto Rosario la había reducido a unipersonal.

En marzo se inició una concertación que llegó a contar con dos documentos. El primero titulado “Ante el abuso del poder, la oposición unida reclama elecciones democráticas, libres y equitativas”, con cuatro emplazamientos al Gobierno y varios a la JCE, con el compromiso de apelar a la sociedad y a la movilización popular. El otro era un acuerdo para defender cada voto en las urnas, pero tras dos reuniones de los 7 candidatos opositores, el intento fracasó, como consignó El Tema de Hoy del 10 de abril. Varios seguían creyendo que la concertación solo beneficiaba al PRM y este, tras su pacto con el Partido Reformista se refugió en posiciones conservadoras y de prudencia, con las cuales no podía enfrentar al PLD-Estado.

Exigir reformas inmediatas. Se duda que los seis candidatos de oposición y los partidos que los respaldan puedan mantenerse unidos mucho tiempo desconociendo el resultado electoral, y el PLD y el Gobierno trabajarán para disolverlos. Fracasarían si creen que tienen fuerza para revertir los resultados, ni siquiera en niveles locales, dada la parcialidad de los órganos electorales.

En cambio, podrían apelar a la sociedad para exigir un compromiso de reformas políticas y electorales con calendario inmediato, que eviten futuros atropellos de un PLD triunfante que no tiene razón para renunciar a los efectivos métodos que ha implementado para mantenerse en el poder. Importantes sectores están convencidos de que la gobernabilidad y la institucionalidad democrática demandan serias reformas, no promesas para incumplir, como ha ocurrido múltiples veces con la Ley de Partidos y la del Régimen Electoral.

La última fue un pacto firmado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por Danilo Medina y otros candidatos en marzo de 2012, “para aprobarlas ese mismo año”.

Además de esas leyes fundamentales, se impone la revisión del financiamiento político público y privado, para hacerlo más equitativo, mayor democratización de las elecciones, y bloquear nuevas modificaciones reeleccionistas coyunturales.

Un aspecto indispensable sería la despolitización de la JCE y el Tribunal Electoral, escogiendo nuevos titulares por consenso, sin reparto partidista, por méritos profesionales y éticos. Criterio que debería pactarse también para la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional y hasta el Consejo de la Magistratura y la Suprema Corte de Justicia.

Los opositores tienen la oportunidad de abanderarse con esas reformas antes de que se disuelva su atrasada concertación. Podrían acreditarse la reivindicación de la institucionalidad democrática y electoral, que quedan en serio retroceso tras este inequitativo y abusivo tollo electoral.

Diagnóstico y recomendaciones

Por Juan Bolívar Díaz
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El Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones del pasado domingo constituye un valioso diagnóstico de la adolescencia del sistema electoral y de la fragilidad que aún exhibe la democracia dominicana, pese a décadas de luchas por su mejoría.

A la vez contiene las recomendaciones fundamentales de los pasos que debemos dar para que algún día nuestros comicios lleguen a ser democráticos y no una burla de los principios elementales de equidad, transparencia, ordenamiento jurídico, proscribiendo todo el atropello, el abuso del poder del Estado y las imposiciones anti democráticas que caracterizaron todo el proceso electoral.

Y no es que la misión de la OEA descubriera un nuevo mundo, seguro tomó en cuenta los cinco informes sobre la campaña electoral presentados por Participación Ciudadana que documentaron los enormes vicios que acusan los procesos comiciales en el país, desde el reparto y tráfico de candidaturas hasta el abuso del poder, el financiamiento turbio, la compra de voluntades y de votos y los atrasos de las normativas legales.

Esas recomendaciones han sido sostenidas firmemente por otras instituciones nacionales y algunos medios y comunicadores, a menudo sometidos a las burlas y estigmatizaciones de los que probablemente aducirán que forman parte del paquete de intromisiones en los asuntos internos dominicanos.

Sobre las votaciones del domingo, el informe de la OEA, como el de la Unión Interamericana de Organismos Electorales y PC, fue bien concreto: “desorden e incertidumbre generados por la instalación de las máquinas de apoyo al proceso”, por lo que el conteo manual “terminó siendo indispensable”, que todo cambio tecnológico “debe tomar en cuenta consideraciones políticas y sociales a fin de construir consensos indispensables para aumentar la confianza”. Que recibieron denuncias de compras de votos, pudieron observar proselitismo en los colegios y “altos niveles de inequidad” en el acceso de los partidos a los medios de comunicación.

Vamos a resumir las recomendaciones que contiene el informe, con la esperanza de que esta vez la sociedad dominicana se empodere de ellas, que las enarbole como fundamentales para la convivencia democrática y la legitimidad de los gobernantes:

– Reitera la importancia de una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral que defina con mayor claridad lo concerniente al conteo de los votos, como elemento fundamental que no debe depender de reglamentaciones y que los cambios tecnológicos sean paulatinos para que sean asimilados por las autoridades, los partidos y toda la sociedad. También que se separen de nuevo las elecciones.

-“Que se avance urgentemente en el diseño de una ley que promueva mayor equidad en la distribución del financiamiento público directo. Asimismo, se deberían establecer límites a los fondos provenientes del sector privado”.

-Fortalecer la capacidad de fiscalización, control y sanción para las violaciones a las normativas en coordinación entre las instituciones involucradas en el manejo de recursos, encabezados por la Cámara de Cuentas, JCE, Banco Central…

-Un marco jurídico de regulación para el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados, que garantice el derecho a la información de partidos y candidatos y de la ciudadanía a estar bien informada.

Todas esas y otras importantes regulaciones se han consensuado repetidas veces en las últimas dos décadas, sin que el liderazgo político haya mostrado voluntad. Y no renunciarán al ventajismo hasta que la sociedad, incluyendo a los empresarios y obispos, den mayores muestras de cultura democrática.

Fuertes retos institucionales en las elecciones generales

Por Juan Bolívar Díaz
15_05_2016 HOY_DOMINGO_150516_ El País12 A

Aunque la generalidad de las encuestas marcan una buena ventaja a la reelección del presidente Danilo Medina, hay algunas incertidumbres derivadas de la improvisación y la confusión que rodean la forma en que se hará el escrutinio, complicado porque después de 22 años, los dominicanos vuelven a una elección conjunta, esta vez de 4,106 cargos.

En juego estará si la ciudadanía mantiene el dominio absoluto de un solo partido sobre todos los poderes del Estado que tiende a manipular las instituciones y a reducir los espacios democráticos para un continuismo que ya han proyectado hasta el bicentenario de la República en el 2044.

Votarían 5 millones. Aunque el padrón integra 6 millones 765,245 electores, los concurrentes a las urnas serían alrededor de 5 millones. A partir de la abstención promedio de los cuatro comicios presidenciales del siglo, que es 27.37 por ciento, podría esperarse hoy una votación de 4 millones 913 mil. Los abstencionistas han venido en ascenso del 23.9 en el 2000, al 29.8 en 2012. Esta última proporción daría una votación de 4 millones 749 mil.

Sin embargo, como el crecimiento del padrón se redujo significativamente para este cuatrienio, tras la emisión de una nueva cédula de identidad que habría dejado fuera a cientos de miles, parte de los cuales pudieran ser fallecidos no previamente descontados o emigrantes que no se han inscrito en el exterior, se puede esperar alguna reducción del porcentaje real de abstencionistas y que los concurrentes lleguen a los 5 millones.

De hecho el padrón de este año presenta una serie de incongruencias que no han sido aclaradas por la Junta Central Electoral, aunque este analista lo solicitó, lo mismo que hizo Participación Ciudadana. Una apresurada auditoría consideró que es uno de los mejores padrones, pero sus detalles, que debieron disipar dudas, no han sido publicados.

La mayor incongruencia es que el padrón apenas creció 4.03 por ciento en el último cuatrienio (2012-16), cuando en los tres anteriores se incrementó en 16.87 (2000-04) en 16.02 (2004-08 y en 12.81 por ciento al 2012. Es posible que una parte de la reducción se deba a la nueva cedulación, que excluyó a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana despojados de sus documentos. Pero se complica más porque los nuevos inscritos mayores de edad cayeron también abruptamente. Sobre 700 mil en los tres cuatrienios anteriores, y solo 351 mil ahora. Con el agravante de que a abril del 2015, un año atrás, una publicación oficial de la JCE los cuantificó en 662 mil 313.

La elección de 4 mil cargos. Desde los fraudulentos comicios de 1994 que generaron una crisis que se saldó reduciendo el período a dos años con una reforma constitucional que separó las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales, el país no asistía a una votación tan complicada, eligiendo en una misma jornada a 4,106 funcionarios en tres boletas distintas.

La Constitución del PLD del 2010 volvió a juntar las tres elecciones, ahora con una mayor fragmentación, ya que se eligen directamente, además de los cargos tradicionales de presidente y vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes y regidores, ahora también diputado preferido, 234 directores e igual número de subdirectores y 730 vocales de distritos municipales.

El pretexto para volver a unir todas las elecciones en una sola jornada fue que separadas cada dos años el país vivía siempre en campaña. Pero como no se regula nada, esta vez las promociones de candidaturas comenzaron hace 4 años. Se vuelve a la tradición del voto presidencial arrastrando a los demás en alta proporción, y contribuyendo al mantenimiento de un presidencialismo que subordina el Poder Legislativo y reduce el Poder Municipal, al cual este año solo se le ha asignado el 3 por ciento del Presupuesto General del Estado, cuando la Ley 176-07 dispone el 10 por ciento.

Como nunca antes todos los senadores, casi todos los diputados y la mayoría de los candidatos a alcaldes han sido repostulados, como fruto de acuerdos de las cúpulas partidarias que permitieron modificar la Constitución para restablecer la reelección presidencial, a costa de la democracia interna de los partidos.

El Estado reeleccionista. Si como han arrojado la mayoría de las encuestas, incluyendo a las más acreditadas, el presidente Danilo Medina logra alrededor del 60 por ciento de los votos, el procesamiento de la primera boleta será expedito y generará pocas objeciones. Aunque no faltan quienes esperan que la diferencia sea mucho menor con relación al candidato del PRM Luis Abinader, que en las últimas semanas afianzó la bipolarización. En los últimos tres días las encuestadoras Votia, mexicana, y la norteamericana Zogby Analytics, arrojaron resultados estrechos que determinarían segunda vuelta.

La percepción generalizada es que el mandatario logra la reelección, una constante en la historia dominicana. El único que ha fracasado en lograrla fue Hipólito Mejía, quien la intentó en el 2004, en medio de una grave crisis bancaria-financiera, y Joaquín Balaguer en el 1978, tras haberla logrado dos veces consecutivas.

Como lo advirtió el propio Medina antes de ser presidente, la búsqueda de la reelección presidencial se ha montado de nuevo con todo el poder del Estado, como lo ha dejado patente el movimiento cívico Participación Ciudadana, en sus cinco informes de observación de la campaña electoral, especialmente en el quinto, emitido el jueves 12, donde se documenta que las dos terceras partes de los altos funcionarios fueron involucrados directamente en la dirección de la campaña reeleccionista.

Ese informe precisa que el gasto publicitario del Gobierno se incrementó 49 por ciento en el primer cuatrimestre del año, en relación al mismo período del 2015, que el déficit fiscal del mismo período pasó de 34 mil millones de pesos, con incrementos enormes en nóminas, nominillas y personal transitorio, y que el partido de Gobierno registró el 71% de la publicidad en prensa, radio y televisión, gastando 923 millones de pesos solo en febrero y abril, que monitorizaron.

El Congreso y municipios. La generalidad de las encuestas no han medido las preferencias por las candidaturas congresuales y municipales, donde podría fraccionarse el voto en mayor proporción que lo tradicional, debido a la repostulación casi total que lesionó la unidad de los partidos en las localidades provinciales y municipales y al descrédito de representantes con tres y cuatro períodos. También se esperan consecuencias de la división interna del partido gobernante, donde seguidores del presidente Medina y del expresidente Leonel Fernández protagonizan de forma silente “una lucha a muerte”.

Múltiples candidatos de oposición con vínculos sociales y militantes contra la corrupción política y administrativa podrían ser la diferencia en varias localidades donde antes se decidió por decenas o cientos de votos. También se cuenta con segmentos conscientes que prefieren una diversificación del voto que frene la creciente monopolización del poder por parte del partido gobernante.

Los resultados de estos comicios podrían ser clave para el rumbo institucional y democrático de la República Dominicana.

Se impone el conteo manual en una muestra de colegios

Por Juan Bolívar Díaz
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La Organización de Estados Americanos (OEA) no realizará una auditoría a los equipos y programas a emplearse en el escrutinio electrónico de los votos de mayo, la mitad aún sin ser recibidos, como había anunciado la Junta Central Electoral (JCE), lo que hace más imperativo el conteo manual de una muestra representativa de los colegios electorales.

Es irracional la renuencia a implementar un recurso, como el propuesto por Participación Ciudadana (PC) que busca certificar la legitimidad de un conteo de votos que por primera vez será realizado electrónicamente en el país, lo que hasta ahora sólo se ha hecho, y progresivamente, en ocho países, dos de ellos latinoamericanos.

La OEA sólo observará. Aunque el presidente de la JCE Roberto Rosario había anunciado el 12 de abril que había acordado con la Organización de Estados Americanos (OEA) la auditoría de los equipos y programas, hardware y software, a ser utilizados para el conteo electrónico de los votos de mayo, un comunicado de la institución precisa que sólo será observadora.

Respondiendo a un requerimiento para este análisis, sobre el tipo de auditoría, personal técnico y tiempo para el trabajo, el director del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la institución, Gerardo Icaza, nos remitió la tarde del viernes un comunicado titulado “OEA observará simulacro de elecciones que se realizará en República Dominicana el próximo 1 de mayo”, que copiamos a continuación:

“La Organización de los Estados Americanos (OEA) enviará un equipo de especialistas a República Dominicana para observar el simulacro de elecciones que se realizará el domingo 1 de mayo, en el marco de la Misión de Observación Electoral que desplegará la OEA en el país de cara a las elecciones del próximo 15 de mayo. Los expertos podrán constatar el funcionamiento de los equipos que se utilizarán para el conteo de los votos.

“Una semana antes de la elección del 15 de mayo se desplegarán expertos y observadores que realizarán un análisis exhaustivo en organización y tecnología electoral, financiamiento y desarrollo de campañas, medios de comunicación y participación equitativa de mujeres y hombres en la contienda. El trabajo de este equipo se verá reflejado en un informe preliminar, que se presentará el día siguiente a la elección e incluirá los principales hallazgos y recomendaciones sobre la elección.

“La OEA ha desplegado hasta ahora 15 misiones de Observación Electoral en República Dominicana”.

La resolución de la JCE. En actitud de apertura, cuando ya los partidos de oposición comenzaban a pedir más que PC en conteo manual, Roberto Rosario hizo que el pleno aprobara esta semana el conteo manual de una muestra, pero no del 3 ni del 10 por ciento pedidos por el movimiento cívico, sino del 15 por ciento de los colegios, pero lo dañaron al disponer que se haga en las juntas municipales, pues en las grandes tomaría días y perdería el aporte de confiabilidad de los resultados que se anunciarían en horas.

No hay ninguna lógica ni razón para que el conteo manual no se haga en los mismos colegios de la muestra, tan pronto concluya el escaneo electrónico de los resultados, y aún cuando éstos se hayan transmitido. La ley electoral garantiza los delegados en las mesas, los cuales deben firmar las actas y/o levantar allí, no en las juntas, la impugnación que crean correspondiente.

La mitad del electorado se concentra en los 11 municipios más poblados, algunos con más de mil colegios, como el Distrito Nacional, donde la muestra pasaría de 300. Si ya transmitieron sus resultados, la mayoría de sus integrantes, que no sabrán si caerán en la muestra para el conteo manual, evadirían pasar la noche y días en la junta municipal haciendo cola para la verificación. Igual los observadores.

Las protestas, discusiones e impugnaciones lloverían en muchos colegios, donde los delegados de partidos desconfiarían de los resultados que arrojen las máquinas, y no sólo en el nivel presidencial, como se cree, sino y también en el municipal y sobre todo en el congresual por el voto preferencial para elegir los diputados. La certeza de una inmediata validación por el muestreo estaría llamado a disuadir conflictos e impugnaciones.

Sólo en Venezuela y Brasil. La afición a una falsa modernidad y la compulsión por comprar pueden explicar que un país con la mitad de la población sufriendo carencias de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, y con bajos índices educativos y de salubridad, se haya marcado como prioritario un sistema electrónico de escrutinio total de los votos, que apenas han adoptado ocho naciones del mundo, dos latinoamericanas, Brasil y Venezuela.

La automatización, que aquí se presenta como una panacea, apenas se ha ejecutado en Estados Unidos (con problemas en Florida, Virginia y California), y en La India, Suiza, Bélgica, Estonia y Filipinas. En Alemania la Suprema Corte la declaró inconstitucional al considerarla incompatible con la transparencia y controles públicos. Rechazado en Reino Unido e Irlanda, y fue revocado en Holanda y Finlandia. En ocho países latinoamericanos se ha probado parcialmente, en planes pilotos: Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Guatemala, en varios casos con problemas y rechazos.

En Brasil y Venezuela no es sólo electrónico el escrutinio, sino también la emisión del voto. Aquí en mayo próximo el voto seguirá siendo manual, lo que obliga a un escaneo de la triple boleta, previamente dobladas, y la congresual mayúscula, implicando riesgos de trabar las máquinas, lo que demanda personal técnico.

En Venezuela el sistema automatizado se ha utilizado con éxito en 16 procesos de votación nacional y regional, pero en todos se ha combinado el escrutinio electrónico con el manual en una muestra tan grande como el 54 por ciento de los colegios, y previamente se hace la auditoría de todos los equipos, para la cual se requiere un mínimo de tres meses, testimonió en Teleantillas el ingeniero Mario Torre, ejecutivo del Grupo de Sistemas Tecnológicos (GST), de la sociedad civil venezolana, que realiza allí las comprobaciones.

Prudente racionalidad. Las auditorías y la muestra de conteo manual han ratificado la eficacia y limpieza de la automatización de las votaciones en Venezuela, y han contribuido a que se aceptaran los resultados, aún en los últimos comicios cuando ha perdido el partido de gobierno.

Los que aparecen como favoritos para ganar los próximos comicios dominicanos deberían ser los más interesados en que no quede la mínima duda y promover la mayor transparencia en un sistema nuevo, que implica muchos desafíos, pues se emplearán tres máquinas electrónicas.

Y a estas alturas del proceso, ningún partido puede reclamar ahora que se haga el conteo manual de la totalidad de los colegios, como han hecho dos. Una muestra científica del 10 ó 15 por ciento sería suficiente. Siempre con la esperanza de que ninguno de esos equipos registre fallas importantes. Debería imperar una prudente racionalidad.-

Más equidad y transparencia

Por Juan Bolívar Díaz
03_04_2016 HOY_DOMINGO_030416_ Opinión9 A

Si el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) están tan convencidos de que obtendrán hasta más del 60 por ciento de los votos en los comicios del mes próximo, como pregonan, y de frente a siete candidaturas de oposición, no deberían economizarse ni el menor esfuerzo por revestir de mayor equidad y total transparencia todo el proceso para, como dijo esta semana el ministro Administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, evitar dar justificación a las objeciones.

Por igual, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, debería dejar de ver conspiraciones en las legítimas preocupaciones que han expresado instituciones sociales y contados periodistas sobre la procedencia de auditorías técnicas tanto al padrón electoral como a los equipos que sostendrán el novísimo sistema de escaneo automático de los votos. Aunque sea también para no dar justificación a posibles objeciones. Con más razón si las hubiese anunciado antes de que se lo plantearan. Tampoco debería ofenderse con la sugerencia de hacer también un conteo manual de los votos en el 3 por ciento de los colegios para que no queden dudas de que el resultado ha sido igual al electrónico.

El Gobierno ha dado algunos pasos acogiendo varias de las objeciones al abuso de los recursos estatales en la campaña electoral, como instruir para evitar el uso de vehículos oficiales en el proselitismo, y el más significativo de suspender la desproporcionada publicidad política gubernamental, que es una forma indirecta de promover la reelección.

Por cierto que esas iniciativas las tomó después de las denuncias de instituciones sociales, como en el caso de Participación Ciudadana, que documentó un incremento sobre el cien por ciento de la publicidad gubernamental en el primer bimestre del año, incluyendo el 300 por ciento en el gasto publicitario de la propia Presidencia de la República. Ya antes había denunciado que el año pasado el gobierno se constituyó en el mayor anunciante del país, por encima de todo género de actividades comerciales, tras incrementar en 37 por ciento el gasto publicitario en relación al 2014.

Si el Gobierno gastó entre enero y febrero 1,113 millones de pesos en publicidad y propaganda, la JCE no debió esperar que la denunciara uno de esos grupos sociales que Roberto Rosario considera impertinentes y creadores de ruido, sino que le correspondía dictaminar que la publicidad oficial se limitara a la promoción de servicios o campañas educativas, que es lo que debería proceder todo el tiempo y no gastar el dinero público en auto-promoción política.

En cambio la Junta de Roberto, donde casi todas las decisiones se adoptan sin unanimidad, en tres a dos, y se rechazan todas las iniciativas de los dos, que son José Angel Aquino y Eddy Olivares Ortega, tomó la “heroica” decisión de suspender los barrilitos y cofrecitos de los legisladores hasta que pasen las elecciones. Los diputados y senadores actuales, la mayoría con diez años recibiendo hasta un millón de pesos mensuales para “asistencia social”, podrán tomar prestado el monto de estos dos meses para pagarlos cuando se les entregue después de los comicios. ¡Tremenda forma de promover la equidad!

Tampoco se entiende por qué Roberto Rosario no ha explicado a qué se debió que el crecimiento del padrón electoral para estas elecciones se redujera tan drásticamente, al 4 por ciento, cuando en los tres cuatrienios anteriores aumentó 12, 16 y hasta 17 por ciento. Y sobre todo por qué los nuevos electores en el 2016 suman solo 351 mil 44 cuando un informe oficial de la Junta Central Electoral de abril del 2015 ya los cuantificaba en 662 mil 313. Aclarar esas inconsistencias debería ser preferible a quejarse de ruidos y conspiraciones. Y solicitarlo e un acto de absoluta legitimidad y hasta deber ciudadano. Al menos en la democracia.

En cuanto al gobierno todavía debería dar otros pasos en aras de la equidad, como evitar que una gran proporción de los funcionarios se lancen cada tarde en caravanas, entorpeciendo gravemente la circulación en las vías públicas, así como las actividades normales y aumentando el consumo de combustibles.

No deberían aspirar a más del 60 por ciento de los voto y evitar justificar los temores de que el peledeísmo quiere el cien por ciento de los puestos electivos y del poder político.

La JCE debe esclarecer el nuevo padrón


Por Juan Bolivar Diaz

 

La Junta Central Electoral (JCE) debería hacer un esfuerzo para responder algunas inconsistencias registradas en el crecimiento del padrón electoral a regir en las elecciones generales de mayo próximo, que se consignan en el segundo informe de observación electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana del pasado día 8.

No se encuentran explicaciones a la abrupta caída del crecimiento del total de los empadronados y en especial de los nuevos electores, en relación a los tres cuatrienios anteriores, como tampoco a la categoría de “ciudadanos con biométricos validados” que la JCE cifra en 207 mil 977.

Padrón con último ajuste. Al cierre del padrón electoral el pasado 16 de enero para los comicios de mayo, la JCE reportó un total de 6 millones 765 mil 136 inscritos, ajustados en otro informe del 11 de febrero, cuando suprimió 63 casos de doble inscripción, por lo que queda definitivamente en 6 millones 765 mil 073 electores, con ligera predominancia de las mujeres, el 50.84 por ciento, quedando los hombres en 49.16 por ciento.

Los electores dominicanos están registrados para votar en 15 mil 339 colegios o mesas electorales, ubicadas en 4 mil 158 recintos. Geográficamente hay una gran concentración, el 41.83 por ciento, en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y Santiago. Y alcanza a las dos terceras partes, 67.25 por ciento, cuando se le adicionan los 5.68 por ciento del exterior del país, el 5.52 y el 4.22 por ciento de las provincias San Cristóbal y La Vega. La mayor jurisdicción provincial es Santo Domingo que con 1 millón 397 mil 104 electores, el 20.85 casi duplica el DN, que tiene el 10.84 y a Santiago con el 10.34 por ciento, con 733 mil 486 y 699 mil 424 respectivamente.

Por municipios el mayor es el DN con sus 733 mil 486 electores, seguido de Santo Domingo Este con 592 mil 660 y Santiago que registra 489 mil 670. En orden descendiente siguen los Santo Domingo Norte y Oeste, La Vega, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, Los Alcarrizos y San Pedro de Macorís.

El 5.68 por ciento del padrón correspondiente a 26 países, se concentra en 71 por ciento en Estados Unidos y el 17 por ciento en España, seguidos de las Antillas Menores, Italia, Panamá, Suiza, Venezuela y Holanda, que registran el 11 por ciento, y los restantes 18 países no llegan entre todos al 2 por ciento.

Caídas en crecimientos. Ya lo habíamos advertido el 17 de enero en el artículo “El padrón electoral queda corto”, pero Participación Ciudadana lo contextualizó y formuló interrogantes: el crecimiento se redujo en términos significativos, tanto del total de habilitados para votar, como de los nuevos electores.

El total del padrón del 2016 sólo supera al del 2012, que fue de 6 millones 502 mil 968 electores, en 262 mil 168, es decir, en apenas 4.03 por ciento, cuando el incremento fue del 12.81 para el 2012, de16.02 en el 2008 y de 16.87 por ciento en el 2004, en todos los casos en relación a los cuatrienios anteriores, cuando fue de 717 mil, 796 mil y 738 mil electores adicionados.

Con sólo un 11 por ciento de crecimiento en el último cuatrienio, el padrón del 2016 hubiese tenido un incremento cercano a los anteriores, más de 715 mil, para totalizar sobre los 7 millones 218 mil electores, una diferencia sobre 511 mil.

Lo que más llama la atención es que los nuevos electores que registra la JCE apenas sumen esta vez 351 mil 044, menos de la mitad de los que se registraron en cada uno de los tres cuatrienios anteriores. Esta cifra se complica cuando un informe de la JCE del 28 de abril del 2015 ya registraba 662 mil 313 “nuevos electores”, lo que implica que se incrementaban en promedio de 220 mil por año, proporción congruente con los registros de los 12 años anteriores, lo que debió llevar los nuevos a unos 882 mil en mayo del 2016. El déficit en relación al actual sería entonces de 531mil.

Un renglón fantasma. El balance del padrón se complica todavía más porque en los informes de este año la JCE ha incluido un nuevo renglón, “ciudadanos con biométricos validados”, que suman 207 mil 977, y que no ha sido posible esclarecer. Dos miembros titulares de la JCE no han podido explicarlo y su dirección de comunicaciones de la JCE no ha respondido llamadas.

Se dijo que podrían ser parte del déficit de los nuevos electores, o de los que quisieron renovarla, y les tomaron las huellas y fotografía, pero no han vuelto a retirar las cédulas, en lugares donde no se entregaban de inmediato. Pero están contados en el padrón y la JCE había dicho que quedarían excluidos del mismo quienes no renovaran la cédula antes del cierre del plazo que venció el 16 de enero. Si así era con los que ya tenían cédula, con más razón deberían excluir a los nuevos solicitantes, o dejar a los otros también.

Por demás, se supone que a todo el que se otorgó una cédula, nueva o renovada, se le validaron previamente sus datos biométricos, razón por la que el renglón debería explicarse por sí mismo, sobre todo cuando esos más de 207 mil representan el 60 por ciento de los 351mil que figuran como “nuevos inscritos mayores de edad”. Y no es razonable que 6 de cada 10 jóvenes que solicitaron la cédula por primera vez se hayan desentendido de buscarla.

Se buscan explicaciones. Se ignora si alguno de los partidos ha registrado las abruptas reducciones del crecimiento del padrón electoral en general, y de los nuevos electores en particular, y si han pedido explicaciones a la JCE. El coordinador de Participación Ciudadana dijo que sí lo hicieron, pero hasta el viernes no habían recibido respuesta.

No hay razón demográfica que explique una reducción tan brusca de los nuevos electores. La tasa de crecimiento poblacional dominicana ha disminuido casi a la mitad en las últimas décadas, pero progresivamente, y como quiera aumentaba el padrón entre 13 y 17 por ciento en cada cuatrienio.

Es posible que una parte del déficit sea debido a un subregistro de los fallecimientos, que deberían ser más de los 26 mil 677 que excluyó la JCE del padrón desde el 2012. Los difuntos no podían renovar su cédula.

Otro factor que pudiera haber reducido las renovaciones de la cédula sería la emigración, pero esta no parece haber sido mayor que en los cuatrienios anteriores. Y por cierto que los empadronados fuera del país pasaron de 328 mil 649 a 384 mil 522, es decir con incremento de 55 mil 873, justo el 17 por ciento.

Excluidos y auto-excluidos.
Una parte del déficit del padrón pudiera constituirlo la población de origen haitiano a la que se ha privado de documentación, que no pudieron renovar la vieja cédula ni obtenerla al llegar a la edad reglamentaria en los últimos dos cuatrienio. La exclusión por parte de la JCE comenzó en el 2007.

Esa sería una razón para que el organismo no tenga interés en transparentar todo lo concerniente al padrón electoral, para reducir el escándalo internacional. Hace ya varios meses que se atribuye a un interés electoral la dilación en restituir la documentación a los 55 mil que la propia JCE identificó como beneficiarios de la ley 169-14 que enmienda parcialmente la sentencia que privó de la nacionalidad a decenas de miles de dominico-haitianos. Tanto el embajador norteamericano como el sistema de las Naciones Unidas habrían expresado preocupación al respecto, ante el presidente de la República y al de la JCE.

Parte del déficit sería la recurrente autoexclusión de una parte de la población dominicana indigente, alejada de las actividades ciudadanas y sin interés por obtener o renovar cédula de identidad, pero no puede ser mayor que en los cuatrienios anteriores.

Pero por encima de todo, lo que más urge aclaración de la JCE es la tremenda incongruencia entre su informe de abril del 2015 que cuantificaba los “nuevos electores” en 662 mil 313 y el último de este febrero que dice que los “nuevos inscritos mayores de edad” son 351 mil 044. Mucho ha avanzado el organismo rector de los comicios en la organización del registro electoral para que ahora deje sombras que pudieran generar conflictos y dudas.-

Solo una real reforma política generará competencia electoral

   Por Juan Bolívar Díaz

21_02_2016 HOY_DOMINGO_210216_ El País13 A

El inicio formal de la campaña electoral ha sido marcado por un debate sobre las posibilidades de que la Junta Central Electoral (JCE) adopte medidas para garantizar la igualdad en la competencia por el voto ciudadano para las elecciones generales del 15 de mayo próximo, con un resultado absolutamente insignificante.

Como es tradición en la adolescente democracia dominicana, la cultura del aprovechamiento del Estado en todas sus dimensiones hace muy difícil la real competencia electoral para la cual será imprescindible una profunda reforma del sistema político que los actores dominantes no aceptan y solo saldrá de un sacudimiento social y político.

Desigualdad a la vista. La desigualdad en la competencia electoral está a la vista de todos, sin necesidad de demostración. Los tres partidos hegemónicos de las últimas décadas, dos de ellos en gran parte absorbidos por el tercero, disfrutan del 80 por ciento del financiamiento estatal, este año con 1,288 millones de pesos, mientras los restantes 23 recibirán los 322 millones del 20 por ciento. Los privilegiados obtendrán de los contribuyentes partidas de 429 millones, mientras a la mayoría les tocará apenas una docena de millones de pesos.

Las candidaturas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que usufructúa todo el poder del Estado, se verán beneficiadas con alrededor del 70 por ciento del financiamiento público, al sumarse mediante alianzas a más de la mitad de la matrícula partidista registrada, incluyendo a uno de los tres, el desmembrado Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Este y el Partido Reformista Social Cristiano, aunque reducidos por escisiones y descrédito, recibirán el 53 por ciento del financiamiento público, gracias al cartel que constituyeron con el PLD para repartírselo en orden al mantenimiento del control del mercado electoral.

En cuanto al partido gobernante, las ventajas son incuantificables por la cultura del abuso de lo público. Decenas de miles de sus dirigentes y militantes de todos los niveles disfrutan de los privilegios del empleo estatal, que a su vez les abre puertas a la utilización de policías, militares, personal auxiliar, a dietas, vehículos con choferes y combustibles, computadores, teléfonos y materiales.

De barrilitos y cofrecitos. Una de las mayores inequidades a la vista son los fondos para asistencia social, llamados barrilitos y cofrecitos, que se autoasignaron los legisladores para promoverse, lo que les suma una fuente adicional de financiamiento estatal que no tienen sus competidores, y que se ha hecho más grosera esta vez por cuanto todos los senadores y el 90 por ciento de los diputados actuales son candidatos a la reelección, sin haber pasado por la prueba de la democracia, burlando los principios constitucionales y legales.

El pasado fin de semana el senador por el DN y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, con profusión de informaciones en las redes sociales, realizaba un “operativo odontológico completamente gratis”. Puede hacer mucho más porque en los últimos diez años ha recibido unos 12 millones de pesos para “asistencia social”. Los senadores tienen ventajas adicionales: se les paga una veintena de empleados en la sede del Congreso y en oficinas provinciales, que ahora trabaja para su reelección, aparte de que disfrutan de exoneraciones de vehículos y generosas cuotas de combustibles.

El cofrecito de los diputados es más modesto, de 50 mil pesos mensuales, y no disponen de empleados, pero tienen acceso a discreción, previa anuencia del presidente de la cámara, a ayudas extraordinarias, que se generalizan para Navidad, Día de las Madres, inicio del año escolar y Semana Santa.

Los alcaldes y directores municipales, que también están siendo repostulados en un 90 por ciento, utilizan los recursos municipales y apelan a las nóminas y nominillas para agenciarse activistas. Se estima que las tres cuartas partes de unos 90 mil empleados municipales ganan salarios por debajo de los 5,117 pesos, que es el miserable mínimo del Gobierno central. En gran parte de los municipios prefieren duplicar los empleados a dos o tres mil pesos mensuales para ampliar la base clientelista.

Los mayores anunciantes. Las candidaturas del PLD se benefician indirectamente de la inversión gubernamental en publicidad, dándose el caso casi único en el mundo, de que el Gobierno es el mayor anunciante en los medios de comunicación formal. El segundo informe de la Observación Electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana, fechado 8 de febrero, revela que en el 2015 el Gobierno pagó más publicidad que cualquier otro de los grandes anunciantes, por un monto estimado de 3,677 millones de pesos, más de 10 millones diarios, con incremento del 37 por ciento respecto al 2014.

El PLD, indica el mismo informe basado en estudios de entidades privadas que monitorizan la publicidad, fue el décimo mayor anunciante. No se cuantifica el gasto publicitario de los organismos autónomos y descentralizados del Estado, la mayoría de los cuales bajo control de dirigentes peledeístas. Ese gasto público no es solo propaganda política indirecta, sino que en gran proporción se distribuye para sustentar e influir sobre los comunicadores, ejecutivos y propietarios de los medios. La semana pasada el presidente del Colegio de Periodistas denunció que muchos programas están al borde de la quiebra por las deudas publicitarias del Estado.

Desde luego que hay publicidad estatal legítima y necesaria, pero solo la intencionalidad política explica que casi todos los ministerios paguen publicidad sobre lo que son sus funciones, o que el Gobierno pague espacios durante dos días para anunciar una alocución navideña del presidente de la nación, como ocurrió en diciembre.

Reforma política integral. Es obvio que la nación necesita una reforma política integral que salvaguarde la democracia, desde los mismos partidos hasta la competencia por el poder, que abarate el costo de la política y ponga límites a los monopolios del poder, pero eso no está a la vista ni en perspectivas pese al reconocimiento general y a los reclamos de instituciones sociales, empresariales y políticas.

El presidente Danilo Medina reconoció esta semana, al conversar con directores de diarios, que el sistema de partidos está en crisis, que ya no puede ni gerenciar sus procesos internos con métodos democráticos, pero se olvidó que en la pasada campaña electoral firmó un pacto para aprobar la Ley de Partidos cuyo primer proyecto fue elaborado en 1987, tras ser aprobado en el Diálogo Nacional que convocó el Gobierno de su partido, cuando él era como primer ministro.

Con todos los organismos del Estado bajo control de un solo partido, incluyendo a los del arbitraje electoral, no asoman perspectivas de una reforma política integral. Tendría que producirse una gran presión social, como la que obligó a cumplir la ley sobre inversión en educación del 4 por ciento del PIB, u otra grave crisis política, como en 1994 o 1965.

Asoma otra campaña electoral de inequidades e iniquidades

Por Juan Bolívar Díaz

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Los primeros acordes de la campaña electoral a cinco meses de las elecciones generales, configuran un proceso de inequidades con el Presidente de la República encabezando caravanas en un festival de reparto y con proclamas de que la oposición no tiene dinero para competir con ellos, por lo que deben recoger y dedicarse a otra cosa.

El derroche de recursos se convierte en iniquidad con el reparto de dinero, vestuario, combustibles, bebidas y comidas en orgías que terminan en peleas a palos entre los que se arrastran detrás de los demostraciones de fuerza que buscan ratificar la imagen de invencibilidad de quienes acaparan y utilizan todos los poderes y estamentos del Estado.

Apabullantes demostraciones. Lo que ocurrió el primer fin de semana de diciembre en la urbe capitalina y en San Cristóbal fue un descomunal derroche de recursos con virtual ocupación de las ciudades y repartos clientelares que justificaban los eufóricos gritos del secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, exhortando a sus pobres opositores a que recojan y se dediquen a otra cosa, porque no tienen nada que buscar en las elecciones de mayo próximo.

Fue la forma en que se proclamaron las candidaturas a la reelección como senadores de Pared Pérez en el Distrito Nacional y de Cristina Lizardo para la provincia de Santo Domingo, al igual que los actuales alcaldes Roberto Salcedo y Juan de los Santos. Lizardo, quien preside el Senado de la República, no se ruborizó al proclamar que “la oposición no tiene dinero ni fórmula para competir”.

La inequidad no solo beneficia al partido, sino también a ella y a Pared, que como senadores reciben 900 mil pesos mensuales para “asistencia social”, los llamados barrilitos que suman 10 millones 800 mil pesos anuales, que en 6 años de este período legislativo, son 64 millones 800 mil pesos cada uno para repartir. La asignación a los diputados es menor, (por eso les llaman cofrecitos), 50 mil pesos mensuales, aunque a discreción pueden optar por cientos de miles de pesos más por año y adicionalmente a asignaciones especiales para repartos en Navidad, Semana Santa, Día de las Madres e inicio del año escolar.

La repostulación total de los 31 senadores y 100 diputados del PLD les garantiza una enorme ventaja por concepto de las asignaciones para asistencia social (“barrilitos y cofrecitos”) que seguirán recibiendo aún en los meses de la campaña electoral formal, mientras sus competidores, si merecen el título, no habrán recibido ni un peso del Estado.

Fiestas, palos y tiros. La fiesta del sábado en la urbe capitalina fue apabullante, con ocupación de calles y barrios, que impidieron las actividades normales. Una boda programada para las 5:00 de la tarde en la iglesia Las Mercedes solo pudo celebrarse a las 8:00 de la noche, con los pocos que pudieron llegar. El PLD montó decenas de plataformas en los diferentes sectores de la gran urbe, con espectáculos de animación y reparto de dinero, ropa, comidas, y bebidas. Una joven mujer mostró ante cámaras de televisión la ropa que vestía y dijo que también le dieron dinero, pero sonriente aclaró que no asistiría al espectáculo.

La proclama del candidato a senador por San Cristóbal Tommy Galán implicó el cierre por tres días de la principal avenida convertida en jolgorio de reparto de comestibles y bebidas, así como sobrecitos con su foto y billetes de 200 pesos.
Hubo pelea a palos y puños que la seguridad dispersó con disparos al aire. Allá también fue Danilo Medina.

Con tan auspicioso respaldo no fue sorprendente que el director regional de educación del distrito 04, San Cristóbal, Darío Campusano, emitiera el 2 de diciembre la circular 316-15, convocando a “todo el personal administrativo, de apoyo y de vigilancia de los centros educativos a una importante reunión con la presencia del senador provincial, licenciado Tommy Galán, donde trataremos varios temas de interés”, el martes 8 en el Campo Club San Cristóbal a las 4:30 de la tarde. Varios cientos asistieron a la junta, según comprobaron reporteros, a quienes se dijo que se trataba de un “aguinaldo navideño”.

Esos derroches fueron reproducción de anteriores en diversas provincias. En Nagua y Azua la ocupación se ejecutó con decenas de yipetas, autobuses y minibuses que transportaron activistas de otras ciudades e invadían hasta los carriles de circulación contraria en las carreteras, obligando a los otros automovilistas a echarse fuera de las vías.

Sin esperanza de controles. La legislación electoral dominicana es señalada como la más atrasada del continente en preceptos para garantizar la equidad democrática en las elecciones. Desde hace 17 años se ha consensuado una Ley de Partidos, pero se evade materializarla.

En la campaña del 2012, los candidatos firmaron un pacto para aprobarla ese mismo año. Tampoco han podido adaptar la legislación electoral a los preceptos de la Constitución promulgada en 2010, aunque en el 2011 la JCE sometió sendos proyectos.

La JCE pretexta la falta de esas legislaciones para no establecer límites, ignorando que el artículo 211 de la Constitución le confiere “la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”. Y el 212 especifica: la JCE “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Recientemente la JCE argumentó que la ley solo le faculta a adoptar medidas moderadoras en el período de la campaña que se inicia con la proclama oficial, razón por la que su miembro Eddy Olivares reclamó que la adelantaran a diciembre, acorde con la ley, sin que se haya decidido.

La Ley Electoral faculta. La Ley Electoral vigente tiene previsiones para la equidad, como lo resaltó esta semana el doctor José Ángel Aquino, miembro titular de la JCE, en una tertulia auspiciada por la Fundación Ebert. Él y Olivares han abogado por acciones moderadoras, pero allí se impone de forma mecánica una mayoría de tres encabezada por su presidente Roberto Rosario, quien pasó del Comité Central del PLD a “juez electoral”.

Aquino citó el artículo 6 de la Ley 275-97, que facultan a la JCE a adoptar “cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral” y fiscalizar que las decisiones de los partidos sean acordes a la ley, reglamentos y estatutos, y “Disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre ejercicio de los derechos de tránsito, libre reunión, igualdad de acceso a los medios de comunicación, tanto estatales como privados”…

Señaló también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral que “luego de establecer una serie de prohibiciones a los partidos políticos y a sus dirigentes en relación con el erario, señala taxativamente que la Junta Central Electoral tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado”.

En total desigualdad

Solo el abuso de los recursos del Estado puede explicar el derroche de los peledeístas, cuyos precandidatos han agotado dos y tres años de campaña. En Santiago inundaron la ciudad de tal forma que organizaciones sociales lograron que un tribunal dispusiera el desmantelamiento de cientos de vallas y afiches. Cada uno con cientos de activistas contratados o empleados de organismos estatales.

La campaña reeleccionista del presidente Medina está llamada a quedarse con la mayor parte del financiamiento estatal, al incluir más de una docena de partidos aliados. Por de pronto, la suma del PLD y el PRD ya implica más del 57 por ciento de unos 1,700 millones de pesos a que ascenderá el subsidio estatal a los partidos en el 2016, el doble del 2015, por ser año de elecciones.

Por otra parte, hay que sumarle las ventajas de personal, vehículos, combustibles y dietas pagadas por los organismos estatales, y las de una inmensa red de periodistas, comentaristas, locutores y hasta “call centers de interactivos”, incorporados a las nóminas públicas. Un reporte de Edwin Ruiz publicado el 8 de diciembre por Diario Libre indica que en los primeros diez meses del año el Gobierno destinó 8,054 millones de pesos para publicidad y propaganda, viáticos, combustibles y gastos de representación. En publicidad y propaganda fueron 2,495.6 millones, 250 millones mensuales, y 8.3 millones por día. Buena proporción de esa publicidad es propaganda reeleccionista indirecta, incrementada notablemente tanto en periódicos como en radio y televisión en los últimos dos meses.

Por demás, tradicionalmente los presidentes en reelección se benefician también de una alta proporción de las contribuciones privadas. Circula en las redes una invitación a un coctel mañana lunes 14 “pro fondos de la campaña presidencial” en la residencia de un empresario y se “sugiere” una contribución individual de 2 millones de pesos, 44 mil dólares, 8 veces el tope en Estados Unidos para ese tipo de actividad presidencial.

 

La JCE está en el deber de garantizar la equidad

Por Juan Bolívar Díaz
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La propuesta del miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE) Eddy Olivares de adelantar la proclama del período electoral tiene fundamento legal y precedentes tan recientes como el 2008, justo cuando ese organismo presentó un reglamento para regular las campañas electorales y tras su rechazo por la generalidad de los partidos.

El objetivo es abrir un espacio para que el organismo arbitral pueda cautelar la equidad en una campaña electoral, hace tiempo iniciada, en base a las facultades que le otorgan la Constitución y varias leyes, pero no sorprende el apresurado rechazo de un sistema político negado a renovar la Ley Electoral y a aprobar una Ley de Partidos.

Pueden emitir la proclama. Eddy Olivares Ortega tiene legítimo derecho a proponer un adelanto de la proclama que da inicio a la campaña electoral, sobre todo si está animado por el principio de equidad en la competencia electoral. Hasta delegados políticos ante el organismo electoral, dirigentes políticos que deberían conocer la ley electoral, lo mismo que articulistas erraron en sus argumentos de rechazo. La ley no instituye una campaña electoral de sólo 90 días.

El artículo 87 de la Ley Electoral 275-97 establece que toda elección será precedida de una proclama de la JCE que “deberá ser publicada a más tardar 90 días antes de la fecha en que deba celebrarse”. Eso implica que como las próximas elecciones son el 15 de mayo, la proclama tiene como límite el 15 de febrero.

Pero en buen castellano la frase “a más tardar” significa que puede hacerse antes, como en efecto ocurrió en tres de las últimas cuatro elecciones nacionales, en 2008, 2006 y 2004, cuando se produjo en enero, dos veces bajo presidencia de Luis Arias y una tercera vez por el doctor Julio César Castaños Guzmán. Este la dejó abierta el 16 de enero del 2008, cuando faltaban cuatro meses para las elecciones presidenciales. En las dos elecciones anteriores el período de campaña fue abierto el 26 y el 20 de enero.

Es significativo que en el 2008 se adelantara a cuatro meses antes de los comicios, porque ocurrió después que los partidos dominantes rechazaron dos proyectos de la JCE para reglamentar las campañas electorales y establecer límites a la propaganda. La apertura de la campaña electoral fue adoptada a unanimidad y contó con los votos de cuatro de los cinco que ahora integran la JCE, los doctores Roberto Rosario, José Ángel Aquino, César Féliz y Eddy Olivares.

Lo que plantea Olivares. El licenciado Olivares fundamentó su planteamiento en que el 20 de octubre pasado por mayoría simple de tres a dos el Pleno de la JCE evadió tomar medidas ante vídeos que mostraban repartos de “facilidades” a militantes del partido de gobierno para la compra de vehículos, fundamentándose en que “la facultad de la JCE de tomar medidas cautelares está limitada al período electoral”.

En esa ocasión la propuesta aprobada indicaba que “independientemente de la profusión de publicidad, propaganda y activismo proselitista de los partidos no se ha iniciado el período electoral ni mucho menos la campaña electoral”. Es decir, que a pesar de reconocer que los partidos estaba en plena campaña, el pleno planteaba que hasta no producirse la proclama de inicio, no se podían adoptar medidas cautelares ni sanciones.

En consecuencia lógica Olivares ha pedido adelantar la proclama, dado que “muchos de los candidatos son escogidos en base al uso de los recursos del Estado y los ayuntamientos, y que la ausencia de fiscalización por parte de nuestro órgano, contribuye con la contaminación del proceso, en perjuicio de su libertad, de su transparencia, su equidad y su integridad”.

Plantea que como el pleno de la JCE reconoció que tiene facultades regulatoria en los periodos de campaña, deberá prohibir todo uso de recursos públicos en la campaña electoral, que los funcionarios se abstengan de utilizar transporte, combustibles y dietas estatales en las actividades proselitistas, que no puedan pagar propaganda, ni promover candidaturas en los actos oficiales, y que los candidatos no puedan participar en inauguraciones oficiales.

También congelar la nómina de los programas sociales de órganos estatales, control y equidad en los medios de comunicación en manos del Estado.

Oposición sin fundamento. El licenciado Olivares fue valiente al formular su propuesta conociendo la resistencia de los partidos que usufructúan el poder a las regulaciones de las campañas. Pero podía haber esperando argumentos en contra más sostenibles. Lo primero que se adujo es que la proclama sólo podía hacerse 90 días antes.

Otros alegan que la JCE no debe precipitar la campaña electoral, ignorando que hace tiempo que los partidos y sus candidatos realizan actividades de promoción, especialmente el presidente Danilo Medina y el licenciado Luis Abinader, quienes encabezan las encuestas.

Otro argumento banal es que proclamar la campaña en diciembre afectaría las celebraciones navideñas, como si se fuera a obligar a los partidos a realizar actividades y propaganda el día de navidad o del año nuevo. Y como si la no apertura implicara limitación.

Otros han argumentado que Olivares procura amarrar los brazos del presidente candidato, lo que implica el reconocimiento de que el mismo tiene unas ventajas que en el país llevan a elevados déficits fiscales en los años de elecciones.

Los mandatos legales. En su primer informe de observación electoral del proceso del 2016, emitido esta semana, el movimiento cívico Participación Ciudadana sostiene que a falta de la nueva Ley del Régimen Electoral y de la Ley de Partidos, la JCE “tiene el deber moral de utilizar las facultades que le confiere el artículo 212 de la Constitución para “garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, así como de “velar porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”.

El mandato constitucional agrega que “En consecuencia tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”. Recuerdan también el artículo 146 que instituye sanción a todo el que derive fondos públicos en beneficio personal o de particulares o asociados.

El movimiento cívico cita también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral vigente que “establecen una serie de límites a los partidos y a los funcionarios en el uso y abuso de fondos y bienes públicos, sobre las contribuciones y financiamientos de candidatos y partidos, así como la obligación de rendir cuentas”.

 Recuerda que las violaciones son sancionadas en el artículo 174 de la misma ley y que la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública establece normativas de transparencias y obligación de rendir cuentas a todas las entidades que, como los partidos políticos, reciben fondos del Estado. –

Trascendente y oportuno dictamen

Por Juan Bolívar Díaz

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Todas las tribunas nacionales deberían ponerse de pies para aplaudir y ponderar el dictamen del juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, que dispuso el retiro de la masiva propaganda política que desde hace más de un año ha saturado y degradado a arrabales las vías públicas de esa ciudad, en virtud de que se ha ignorado el período establecido en la Ley Electoral 275-97 para realizar esa actividad.

La sentencia dispone que el Ayuntamiento y la Junta Electoral de Santiago retiren de forma inmediata toda la propaganda electoral colocada en calles y avenidas hasta que comience la campaña electoral, lo que según la ley ocurrirá cuando la Junta Central Electoral (JCE) la proclame oficialmente con la convocatoria a las próximas elecciones, a más tardar 90 días antes de los comicios. Es lo que establecen los artículos 87 y 88 de la Ley Electoral, lo que ninguna autoridad se había atrevido a hacer cumplir.

La decisión del magistrado Samuel Guzmán Fernández establece un precedente que ojalá sea replicado en muchas otras instancias institucionales para ver si comenzamos a reducir el enorme costo de las campañas electorales, que paga un pueblo con la mitad de su población en niveles de pobreza. Porque si bien la tasa oficial de pobreza, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) es de 42 por ciento, el 52 por ciento de los hogares aún carecen de agua potable corriente, y la mitad de la población sufre de 4 a 12 horas diarias de apagones.

Es un hecho incontrovertible que gran proporción de los aspirantes a senadores, diputados y alcaldes gastan decenas de millones de pesos en precampañas y campañas electorales, que sólo excepcionalmente salen de sus propios bolsillos, que son sustraídos de las contribuciones de la ciudadanía, o provienen de actividades criminales como el narcotráfico.

En las democracias contemporáneas y en casi toda América Latina se han establecido regulaciones para evitar el encarecimiento de las elecciones y que el poder del dinero, especialmente el de origen ilícito, sea lo que determine quiénes son los representantes legislativos y los ejecutivos presidenciales o municipales. Un sistema político primitivo y desenfrenado se ha negado en el país a establecer una efectiva legislación para disminuir la extensión y costos de las campañas electorales. Como muestra están en el Congreso desde hace cuatro años los proyectos de leyes de Partidos y del Régimen Electoral sometidos por la JCE.

La decisión del magistrado Guzmán tiene otro aspecto positivo, por cuanto es fruto de la iniciativa de una entidad de la sociedad civil, la Fundación Masada, cuyo presidente el destacado jurista José Luis Taveras, la ha considerado “un fallo histórico y sin precedentes”, a la que se adhirió otro agrupamiento ciudadano denominado Santiago Somos Todos”. Esa circunstancia es un motivo de aliento para una inmensa cantidad de entidades ciudadanas que por todo el país sueñan con un mejor ordenamiento social, económico y político, las cuales han tropezado con la indiferencia, cuando no la hostilidad, del cada vez más corrompido y desacreditado sistema partidista.

Celebremos este dictamen judicial que, por demás, protege el medio ambiente y satisface a los santiagueros. Mario Fernández, presidente de Santiago Somos Todos, sostuvo que hace meses que en esa urbe “no cabe un afiche más y eso, poco a poco nos enferma, porque tenemos la ciudad agobiada”.

Un ejemplo a ser seguido por la JCE facultada por el Párrafo IV del artículo 212 de la Constitución de la República para “reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.