2016: crecimiento económico con precariedad institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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La reelección presidencial, que esta vez se extendió a la mayoría del Congreso y los municipios, volvió este año a poner en jaque la institucionalidad democrática, con un resultado que afianza la extrema concentración del poder en un solo partido, subordinando la justicia y afianzando el reinado de la impunidad y el reparto del Estado.

            Sin embargo, el país tuvo otro año de estabilidad y crecimiento económico, el mayor del continente, aunque mal distribuido como diagnostican los organismos internacionales, y dependiente de un galopante endeudamiento que trilla la ruta de la insostenibilidad por la persistencia de casi una década de déficits fiscales.

El más alto crecimiento

            Lo proclamó esta semana la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la República Dominicana tendrá este año el más alto crecimiento de América Latina y el Caribe, (mayor también que el de Estados Unidos y Canadá), estimándolo en 6.4% del producto interno bruto (PBI), con el beneficio adicional de que tanto la inflación como la devaluación de la tasa cambiaria terminarán por debajo del 3%. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también han reconocido el crecimiento dominicano.

            El crecimiento se fundamenta en factores externos como alza del precio de los minerales y reducción del de los hidrocarburos, incremento del turismo y las remesas, con aumento de la construcción,  agropecuaria y las actividades financieras. El crédito para el país es mayor por cuanto toda la región latinoamericana y caribeña registra una contracción económica del 1.1%, finalizando una década de crecimiento, incluso cuando se benefició de la crisis internacional desde el 2008.

            El crecimiento económico sigue siendo reivindicado por el gobierno del presidente Danilo Medina, que ha tenido éxito en reorientar un mayor gasto a la educación, acatando el mandato legal del 4 por ciento del PIB para ese sector, con mayor incidencia sobre la pequeña y mediana empresa. La baja inflación y limitada devaluación, junto a la acentuada cooptación del liderazgo sindical, social y comunitario y subsidios clientelistas a través de más de un millón 200 mil tarjetas, han logrado reducir las protestas sociales.

Críticas a ese crecimiento

            Esta semana el Banco Mundial ponderó el crecimiento económico dominicano de los últimos 25 años, como antes lo ha hecho el PNUD en más de cincuenta, con la excepción del 2004 por la crisis bancaria, pero mantuvo el cuestionamiento por no traducirse  en una real reducción de la pobreza y mayor desarrollo humano, con informalidad del 56 por ciento y los salarios en bajo poder adquisitivo, a niveles de 1991, según las cuentas del Banco Central.

            En un informe entregado esta semana, el Banco Mundial cuestiona la calidad del gasto público con limitada generación de empleos, ponderando que mientras en países de menor crecimiento del PIB, logran mayores reducción de la pobreza, con hasta 41% de la población en movilidad ascendente,  aquí es sólo el 7%, pero con un 8% descendiente y el resto estático. Que seis reformas fiscales entre 2004 y 2012, no arrojan incremento real del ingreso, con reducción al impuesto directo, entre ellos al ingreso personal y corporativo.

            La otra crítica al crecimiento nacional es que se basa excesivamente en un  financiamiento muy elevado que se aproxima al 50 por ciento del PIB, y que elevó en más del 100% la deuda estatal consolidada en los 9 años que transcurrieron entre 2008 y  2016, los cuales marcan un déficit fiscal ascendente. Los analistas económicos estiman que el déficit de este año superará los 100 mil millones de pesos, y que el financiamiento pasará de 3,800 millones de dólares sólo en el período gubernamental iniciado en agosto.

            El gobierno concluye el año realizando malabares para enderezar lo más posible las finanzas, con tardíos proyectos de ajustes fiscales en el Congreso y con una situación agravada por los daños a las infraestructuras, la producción agrícola y a las viviendas arrojados por las inundaciones de noviembre.

La reelección lo arrasa todo

            Como indicó esta semana el movimiento Participación Ciudadana, en su balance del 2016, como ha sido constante histórica nacional, la reelección presidencial barrió con la institucionalidad democrática, manipulando los organismos estatales y el presupuesto del Estado,  abusando de los recursos públicos, con un gasto aplastante de propaganda.

            Tal como consigna el movimiento cívico, el año “fue marcado por una campaña electoral y unas elecciones generales caracterizadas por la absoluta desigualdad entre los partidos y candidaturas concurrentes, por la prevalencia del desorden normativo que reduce la democracia y esta vez con un claro retroceso en el arbitraje y la gestión organizativa que, con una imposición de nueva tecnología sin suficientes pruebas previas, derivó en un inmenso tollo en el procesamiento de los resultados de la votación, tomando dos semanas el cómputo del voto presidencial y casi un mes de los niveles congresual y municipal”.

            Esta vez la reelección abarcó también a más del 80 por ciento de los senadores y de la mitad de diputados y alcaldes con un incontrolado derroche de recursos en su mayoría proveniente de la cosa pública. El abuso del poder generó tanta inconformidad que la  oposición no ha reconocido la reelección de Medina, aunque obtuvo el 62% del sufragio.

            Los arreglos continuistas incluyeron el rechazo al procesamiento judicial dictaminados por tribunales bajo control político frente a los graves y documentados expedientes de corrupción elaborados por el Ministerio Público contra el secretario de organización y el tesorero del partido gubernamental, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

Muy escasa concertación

            A lo largo del año fue notoria la incapacidad del liderazgo nacional para concertar el mejoramiento institucional, político, social y fiscal. Se celebraron unas segundas elecciones nacionales sin adaptar la ley electoral al marco constitucional del 2010 y sin ley de partidos, y la negativa fue la respuesta a los reclamos de concertar una elección diáfana y sin reparto político de la Junta Central Electoral, Tribunal Electoral y Cámara de Cuentas, no sólo de la oposición política, sino también de una amplia conjunción de fuerzas sociales.

            Pasó un segundo año consecutivo de intentos de acordar los términos del Pacto Eléctrico que demanda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, por la escasa transparencia de la gestión gubernamental del sector, lo que incluyó la construcción de las polémicas plantas de carbón de Punta Catalina. Del otro mandato de pacto, el Fiscal, el gobierno no quiere ni hablar para no enfrentar las demandas de mejoramiento del gasto, reducción de la malversación, del rentismo y del clientelismo políticos.

            El gobierno hizo algunos cambios, bien acogidos, en varios órganos, como los ministerios de Educación y Medio Ambiente, y en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, pero sin que se haya sancionado la corrupción mafiosa detectada allí al final del 2015 por el suicidio de un arquitecto contratista extorsionado. Mientras se documentan repartos políticos como los 36 subdirectores en un organismo inoperante como Inespre y 38 en Bienes Nacionales.

Etapa final muy negativa

            Cuando se revisan los acontecimientos de las últimas semanas, se advierte un panorama de deterioro institucional, marcado por las dificultades del imperio de la ley, como todo el regateo para que miles de funcionarios cumplan la declaración del Patrimonio, o en la aprobación de un código penal que al sancionar toda interrupción del embarazo, aún si peligra la vida de la madre o si ha sido impuesto a la fuerza, retrotrae el país a la edad media, como advirtió el viernes el representante de las Naciones Unidas Lorenzo Jiménez.

            Ahí están los informes de Educa sobre el abuso clientelista del presupuesto de educación, el informe de PISA que deja el país en el último escalón de 72 naciones evaluadas y el del Banco Mundial sobre el crecimiento sin inclusión social. Mientras INDOTEL  anuncia que cerrará 50 radioemisoras que operaban sin licencia y la Comisión de Derechos Humanos estima en 200 los muertos este año a manos de agentes policiales.

            El escándalo de los aviones Tucano se complica por la confesión de la empresa contratista de que sobornó a funcionarios dominicanos, en tanto cuatro nacionales fueron identificados como parte del escándalo de corrupción política “Lava Jato”, de Brasil, donde quedaron suspendidos los financiamientos a una 7 grandes obras en el país adjudicadas a empresas brasileñas. Se pelea por el control político de la Liga Municipal con 800 millones de pesos de presupuesto anual y más de 400 empleos, y el presidencialismo llega al extremo que el presidente Medina preside la graduación de 15 cadetes.-

Conviene a la gobernabilidad una suave elección de la JCE

Por Juan Bolívar Díaz
18_09_2016 HOY_DOMINGO_180916_ El País13 A

El presidente Danilo Medina tiene el desafío de ejercer su liderazgo político para contener a los legisladores y dirigentes de su partido que pretenden elegir los integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) sin dar oportunidad a que fluya el diálogo político iniciado con la mediación de monseñor Agripino Núñez, que él mismo solicitó.

No hay dudas que el partido de gobierno tiene sobradas fuerzas para volver a imponer los integrantes de la JCE, del Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas, pero si sigue apretando la rosca, podría fortalecer las resistencias políticas y sociales y generar ingobernabilidad, cuando tiene urgencias de resolver precariedades fiscales.
Preocupante precipitación

La Comisión del Senado para evaluar candidatos a integrar la JCE pareció lanzada a la precipitación, comenzando a entrevistar a unos 30 interesados que habían completado expedientes, aún antes de cerrar el plazo de inscripción fijado para este lunes 19 a las 6:00 de la tarde, tratando de ignorar el intento de concertación que coordina Núñez Collado. El senador Dionis Sánchez, quien preside la comisión, es de la línea dura que se anticipó a descartar la participación de la sociedad civil en el proceso, y que desprecia y subestima los partidos opositores, que han venido coordinando posiciones y actuaciones desde que concluyó el proceso electoral en mayo.

La línea dura del oficialismo, representada ampliamente en el Senado, se radicalizó tras informarse que el gobierno de Estados Unidos había suprimido los visados del presidente de la JCE, Roberto Rosario, y como sus múltiples voceros en los medios de comunicación, proponía ratificar los actuales integrantes del organismo, aunque uno, Eddy Olivares, lo ha rechazado, sumándose a quienes propugnan por una total renovación. Negaron la pausa para dar tiempo al diálogo, propuesta de los dos senadores del PRM.

La embajada norteamericana reiteró la política de no informar razones de supresión de visas, aunque es un secreto a voces que Rosario es responsabilizado internacionalmente de violación de los derechos humanos de miles de personas que han quedado apátridas desde que la JCE comenzó a negar actas de nacimiento a dominico haitianos registrados, seis años antes de la sentencia del Tribunal Constitucional que pretendió legitimarla.
Piden renovación total

En la reunión del martes 13, del diálogo que coordina Agripino Núñez, 11 partidos de oposición presentaron un documento reclamando “una renovación total de los organismos de arbitraje electoral” y que los mismos “sean integrados por personas sin filiación política partidaria a fin de garantizar su imparcialidad”. Se basan en el reciente informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA sobre las recientes elecciones, que depositaron en la mesa de diálogo, proclamando que evidenció “el colapso del sistema electoral dominicano”, citando sus principales conclusiones y recomendaciones.

Plantearon que la sociedad civil no solo sea escuchada, sino que “tenga un acompañamiento permanente” en el diálogo de todas las fuerzas políticas, que “debe tener un carácter plural y democrático, manteniéndose abierto frente a todos los sectores más representativos de la sociedad”, esperanzados en que “pueda parir reformas estructurales y el nombramiento de órganos electorales y apartidistas que garanticen la celebración de elecciones libres y limpias como eje esencial del sistema democrático”.

El documento es suscrito por representantes de los partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, Alianza País, Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Quisqueyano Demócrata, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Opción Democrática y Socialista Cristiano.

Suave aterrizaje en la JCE

La renovación de la JCE se ha constituido en elemento clave del proceso político nacional, prioritario a las leyes pendientes y para abrir pasos a concertaciones, como la del pacto eléctrico en discusión hace año y medio, y sobre todo para el pacto fiscal que pudiera alentar el incremento de la presión fiscal. Así se aprecia en los más diversos ámbitos sociales y hasta entre los diplomáticos.

Esa preocupación fue recogida en el editorial de este domingo del periódico Camino, del arzobispado de Santiago, adelantado a los medios informativos, que aboga por la elección de una JCE independiente de los partidos como forma de superar la fragilidad institucional que “ha sido base para sustentar arbitrariedades, prepotencia, favoritismo y el secuestro de la libertad de nuestros pueblos. También abona el terreno para que brote la perpetuidad de un sector político determinado”.

Personas que se dicen bien informadas aseguran que el presidente Danilo Medina está entre los partidarios de un “aterrizaje suave” en la JCE, que descarta por lo menos la ratificación de Roberto Rosario como presidente, entendiendo que es una piedra de contradicción en el sistema político y con la sociedad civil, y hasta en los ámbitos internacionales, sin pretender ignorar a los Estados Unidos, entre los poderes fácticos. Se llamó la atención a que el secretario general del PLD y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, se ha distanciado últimamente de las posiciones radicales.

Salvar la gobernabilidad

Los apremios fiscales por los que atraviesa el Gobierno, con un déficit que superará los 75 mil millones de pesos programado para este año, debiendo más de dos mil millones de pesos solo a constructores de escuelas, con múltiples reclamos de salarios y la necesidad de afrontar siquiera parcialmente la deuda social en salud, transporte, seguridad social, agua potable y electricidad, obligan a algún grado de concertación. En días recientes la DGII cerró algunos comercios en San Francisco de Macorís, en su empeño por reducir evasiones, y la respuesta inmediata fue la paralización de las actividades de la ciudad. Nadie parece dispuesto a tributar más sin que reduzcan el dispendio y el clientelismo.

Los economistas concuerdan en que el nivel de endeudamiento de los últimos años, que ha llevado la deuda consolidada del Estado sobre los 34 mil millones de dólares, ya es insostenible. Proseguir ese camino constituiría un peligroso legado al final del último gobierno de Danilo Medina. El mismo dijo el 16 de agosto que la mayoría de los organismos estatales tienen sus presupuestos congelados desde el 2012.

Desde cualquier punto de vista la nación está abocada a algún nivel de concertación que permita mejorar la gobernabilidad y fortalecer las instituciones, como base del desarrollo, que es lo que reclama la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática. La imposición política sería una inversión en dirección opuesta y promovería un fortalecimiento de la oposición sobre las olas de las insatisfacciones sociales a la vista de todo el que ve más allá de la “curvita de la Paraguay”.

Muestras de desorden institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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Resultan tan abrumadoras las demostraciones cotidianas del desorden institucional en la mayoría de los estamentos del Estado que hay razones para encomendarnos a la Virgen de la Altagracia y sus once mil colegas con la esperanza de que ocurra algún fenómeno que produzca una catarsis colectiva y esta sociedad se vea obligada a rectificar el derrumbadero por el que deambula.

Es muy difícil que pase un día sin que se conozca un indicio del abuso, reparto y apropiación del patrimonio público, de la inoperancia de los órganos estatales, la impunidad y el cinismo con que se maneja la cosa pública, desde las más altas instancias del Estado hasta los más pequeños distritos municipales, mientras la Cámara de Cuentas sigue reclamando la declaración jurada de bienes de más de 2 mil funcionarios.

El 18 de julio, HOY revela que los ocho consejos de administración del subdividido sector eléctrico estatal cuestan al año 125 millones de pesos. El día 28 informa que durante el 2015 el Gobierno dejó de transferir al Banco Central 39,444 millones de pesos, en violación de la Ley de Recapitalización 167-07.

El viernes 5, Diario Libre informó que un mes antes de las elecciones la Cámara de Diputados abrió una licitación para la adquisición de 120 mil mosquiteros y 20 mil canastillas para bebés, por más de 29 millones de pesos. Se sabía que los diputados tienen un cofrecito mensual de “promoción social” y que además reciben asignaciones para repartos navideños, del Día de las Madres, inicio del año escolar y para las habichuelas con dulce de la Semana Santa, pero no que reparten mosquiteros y canastillas. Dos semanas antes, al despedirse de la presidencia de esa cámara, Abel Martínez reveló que deja un excedente de 986.9 millones pesos, 753,5 millones en certificados financieros, especulando en Hacienda o el Banco Central, como cualquier empresa o persona.

Resalta la abundancia de los diputados, cuando el Gobierno central programó para este año un déficit de 76 mil millones de pesos, que ya se proyecta alrededor de 120 mil millones, mientras los jueces y funcionarios de la justicia se manifiestan públicamente demandando los recursos que asigna la ley al Poder Judicial, cuando en muchos hospitales públicos no hay recursos ni para comprar gasa, ni en INAPA para reparar la mitad de sus plantas de tratamiento de aguas fuera de operación.

Durante las últimas semanas se ha evidenciado un festival de incrementos de salarios, pensiones y liquidaciones en los ayuntamientos y el viernes el Concejo de Regidores del Distrito Nacional conocería una contratación de publicidad, a 11 días de una nueva administración.

Esta semana abundaron las exhortaciones para que alcaldes y regidores no lleven armas de fuego a la instalación de las nuevas autoridades municipales el 16 de agosto, temiéndose violencia en la elección de los directivos de los Concejos de Regidores. Eso, porque los principales partidos de oposición han desestimado la vieja práctica de elegir a quien el alcalde propusiera para presidente municipal, planteando que debe imperar la mayoría.

El jueves El Nacional dio cuenta de que en los organismos estatales están despidiendo a miles de los activistas políticos empleados en la campaña electoral, y que el líder de la principal central de trabajadores pidió que dejaran de aplicar una circular administrativa que disponía el cese, en vez de reclamar suministro a los hospitales.

El gasto en nominillas se elevó de 10.9 mil millones de pesos en enero a más de 12 mil millones en febrero, marzo y abril, y se mantuvo sobre 11.6 mil millones de pesos entre mayo y julio.

Se asume tan normal el abuso de lo público que el viernes un reportaje de Diario Libre indicó que “El PRM manejará cuota de más de 6 mil millones (de pesos por año) a partir del 16 de agosto”, pero equiparando los presupuestos de los municipios que controlaría, con la asignación propia del subsidio a los partidos. Resaltaba el “poder político” que eso representa, aunque sea apenas el 1 por ciento del Presupuesto Nacional.

Todo esto es solo un muestrario del mayúsculo desorden en un país de tantas precariedades de energía, agua potable, salubridad, transporte, empleo, salarios, pensiones y seguridad ciudadana.

RD lidera en derechismo y clientelismo en América

Por Juan Bolívar Díaz

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Los dominicanos son los que en más alta proporción, 60%, se definen como de derecha entre 28 países americanos incluidos en la encuesta de cultura política Barómetro de las Américas, publicada esta semana, en la que el país encabeza también en las políticas clientelistas, con alta corrupción y baja confianza en las instituciones públicas.

Se ratifica la inseguridad ciudadana como la mayor preocupación nacional, baja apreciación de la Policía, la justicia y los partidos políticos, aunque alta al presidente de la República y a la eficiencia gubernamental a pesar de una pobre percepción de la situación económica.

Derechistas conservadores. Los dominicanos son los que más se definen como afines a las posiciones de derecha entre 28 países incluidos en la encuesta Barómetro de las Américas presentada esta semana, que incluyó más de 50 mil entrevistados. El 60% de los 1,520 dominicanos encuestados se define como de ideología derechista, seguidos por los paraguayos y los hondureños, 59 y 58%. Los más inclinados a la izquierda son los haitianos, beliceños, bolivianos y chilenos, con tasas oscilantes del 33 al 42 por ciento.

No es la primera vez que los dominicanos registran alta proporción de derecha, pues en el Barómetro del 2006 habían sido 69 por ciento, pero se fueron reduciendo hasta 55 por ciento en 2012. Un 54 por ciento simpatiza con algún partido, 41 por ciento con el de la Liberación Dominicana, que junto al Reformista Social Cristiano encabeza la posición derechista, ambos con 69 por ciento. Es significativo que los dominicanos sin identificación partidista, tienen menor inclinación a la derecha, el 51.5 por ciento. El género, la riqueza y la residencia no determinan la posición ideológica, según el Barómetro. En cambio los de mayor nivel educativo, los jóvenes y las personas “con tono de piel más clara” se inclinan más a la izquierda. Expresión de conservadurismo sería que el 35 por ciento cree que los homosexuales no deben postularse a cargos públicos, que apenas 22 por ciento acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo y solo 31 por ciento el aborto en casos de violación o incesto; 59 por ciento si peligra la vida de la madre.

Esta investigación ratifica la confusión racial de la mayoría de los dominicanos, ya que el 58 por ciento se cree indio o mestizo, que es la mezcla de blanco e indígena, mientras solo el 12 por ciento se define como mulato, fusión de negro y blanco; el 16 por ciento se considera negro y 14 por ciento blanco. El 52 por ciento considera dominicanos a los descendientes de haitianos nacidos en el país, pero 2.4% menor que en 2012.

Liderazgo en clientelismo. El otro renglón de la encuesta de cultura política en que los dominicanos son líderes es en el clientelismo, tanto en ofertas como en recepción de ayuda y transferencias económicas gubernamentales. El 37 por ciento dice haber recibido alguna oferta, en Belice el 32 por ciento y en México y Honduras el 26 por ciento. En Chile y Costa Rica apenas el 4 por ciento. El 29 por ciento de los dominicanos dijo haber recibido alguna ayuda y el 38 por ciento transferencias económicas. Les siguen los colombianos, con 23 y 30 por ciento.

Los brasileños y mexicanos reciben transferencias en menor proporción, 25 y 23 por ciento, pero los montos son significativamente mayores, hasta tres y cuatro veces más que el promedio de mil pesos que según estimados reciben las familias dominicanas incorporadas a los llamados programas sociales, lo que sería indicativo del alto nivel clientelista que prevalece en el país. A eso se puede relacionar la alta proporción, del 61 por ciento, que considera que el Gobierno combate la pobreza.

Los dominicanos aparecen en quinto lugar del continente en porcentaje de los que se quieren ir a vivir o trabajar en otro país, con 29 por ciento. El 50% expresa apoyo al sistema político, situándose en la media y registran un 73 por ciento de apoyo a la democracia, el noveno más alto, lo mismo que en confianza en las elecciones, pero en este renglón solo 43%.

Confianza en instituciones. El análisis de los resultados dominicanos de este estudio, realizado por la socióloga Rosario Espinal, junto a Jana Morgan y Elizabeth Zechmeister, llama la atención sobre los niveles de deterioro de la confianza en las instituciones básicas del Estado, con la excepción de la presidencia, con 78 por ciento evaluando positivamente el desempeño del presidente Danilo Medina. El aprecio de la eficacia del Gobierno, que entre el 2010 y el 12 había caído 9 puntos, del 48 al 39 por ciento, se recuperó significativamente al 53%. Contrasta con la apreciación del resto de las instituciones estatales; aunque las Fuerzas Armadas alcanzan aprobación del 55 por ciento, el Congreso Nacional queda en 43, la municipalidad 42%, el sistema de justicia 39, la Policía 36 y los partidos políticos apenas 29 por ciento.

Se manifiesta la agravante de que la confianza en esas instituciones viene en niveles descendentes en las cuatro encuestas a partir del 2008. Las que mantienen alta confianza de la población son las instituciones sociales, desde las empresariales, con 50 por ciento, las iglesias evangélicas con 59, las juntas de vecinos 60 y la Iglesia Católica 63 por ciento.

Los resultados “muestran claramente que la delincuencia y la corrupción socavan la legitimidad de las instituciones democráticas, como la confianza en el sistema de justicia y el Estado de derecho. En general, el crimen y la corrupción continúan creciendo, plantean un reto para el sistema dominicano por el debilitamiento del cumplimiento de la ley, y erosionan la legitimidad de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública, la transparencia del Gobierno y el trato justo bajo la ley”, plantea el análisis.

Contrastes persistentes. El agudo presidencialismo registrado en la serie de encuestas Demos sobre Cultura Política desde 1994 al 2004 y en otras investigaciones sigue presente en la sociedad dominicana, lo que explica en parte la elevada aprobación del Presidente, pese a la insatisfacción con los servicios básicos, la seguridad, la corrupción y el funcionamiento de instituciones del Estado, en cuyo rumbo interviene el primer mandatario.

Como en las encuestas nacionales, en este estudio pareciera que lo económico no es tan determinante de las opiniones políticas, pues apenas el 36 por ciento percibe bien la situación económica del hogar, el tercero peor del continente, solo por encima de Honduras y Haití. El 45 por ciento cree que la situación económica nacional está peor al año anterior, 39 por ciento la siente igual y solo 16 por ciento la aprecia mejor. A pesar de una caída de 6 puntos en la percepción de bienestar económico en relación al 2012, pasando de 41 a 35 por ciento, subió el aprecio por la eficacia gubernamental.

Otra persistencia es el alto porcentaje, 54 por ciento, que simpatiza por algún partido, y hasta el 50 por ciento de apoyo al sistema político, de los más altos del continente, cuando la confianza en los partidos registra apenas 30%.

El balance del estudio es de debilitamiento de la institucionalidad democrática y de la satisfacción ciudadana, quedando en pie la presidencia, sea por los méritos del presidente Danilo Medina, por el contraste con la gestión anterior, por el enorme gasto publicitario y amplio dominio sobre la comunicación, por el presidencialismo cultural, o por una combinación de todos esos y otros factores. Y de nuevo el país queda a la cola en muchos renglones de evaluación internacional.

Las mayores preocupaciones

En percepción de inseguridad, los dominicanos ocupan el tercer lugar en el continente, detrás de Perú y Venezuela, en proporción de 56%, pasa al segundo lugar con 47% en inseguridad del vecindario.
El 39 por ciento señala la inseguridad ciudadana como el problema más grave. Solo 36 por ciento manifiesta confianza en la policía, la tercera proporción más baja, después de los nativos de Venezuela y Guyana.

El 36% de los dominicanos dijo haber sido víctima de la delincuencia en los hogares, el séptimo peor de los 28 evaluados, pero en el renglón de robos en el vecindario, RD ocupa el segundo lugar con tasa del 72% y en venta de drogas en el vecindario, tercer lugar continental, con 56%.

El Barómetro de las Américas coincide con las encuestas nacionales en registrar una altísima tasa de percepción de corrupción en el país, del 76 por ciento, dos puntos menos que en la anterior encuesta, del 2012. El 53 por ciento la estima muy generalizada, y otro 29 por ciento algo generalizada, para totalizar 82 por ciento.

El 23% manifiesta haber sido víctima de reclamos de soborno, el 16 por ciento por parte de la Policía, muy superior al promedio continental del 10 por ciento. Una expresión de la cultura política dominicana es que el 22 por ciento justifica los sobornos.

 

2014 con mejoría económica y descalabro institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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Con crecimiento económico cercano al 7 por ciento del producto interno bruto (PIB), inflación y devaluación alrededor del 3 por ciento y mejoría en la balanza de pagos, el 2014 puede calificarse de bueno en términos económicos, aunque se ratifican altos déficits, fuerte endeudamiento e inequidad en la distribución del ingreso.

Pero el año fue pésimo para la institucionalidad democrática, con el descalabro de la oposición política y el descrédito de las altas cortes y el Congreso Nacional bajo absoluto control político, configurando una crisis del Estado de derecho, manteniendo la impunidad y ratificando la exclusión económica y social de las decenas de miles desnacionalizados.

El crecimiento económico. Con crecimiento económico sobre el 6 por ciento, el doble del promedio latinoamericano, baja inflación y devaluación del 3 por ciento y mejoría en el histórico déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el Gobierno del presidente Danilo Medina puede reclamar un importante éxito en el 2014, aunque relativizado por un nuevo déficit fiscal de alrededor del 3 por ciento del PIB.

Por séptimo año consecutivo el país acumula déficit fiscal, financiado con un persistente endeudamiento que el Fondo Monetario Internacional sitúa en el 50 por ciento del PIB al concluir 2014, año en que los ingresos fiscales fueron consumidos por el gasto corriente sobre el 85 por ciento de la ejecución presupuestaria.

La pobre inversión de capital se basa en un endeudamiento interno y externo que ha llevado la deuda del Estado sobre los 32 mil millones de dólares, triplicada en la última década, cuando solo el déficit cuasi-fiscal del Banco Central pasó de RD$101,966 millones a RD$346,589 millones.

El año concluye con devaluación por debajo de lo proyectado y con un control significativo de la inflación, pero sin que pudiera revertirse el deterioro del poder adquisitivo de los empleados públicos y privados, que ha convertido el país en líder regional en crecimiento excluyente certificado por el Banco Mundial.

Una encuesta del Banco Central reveló en noviembre que el 60 por ciento de los hogares recibe menos de 18 mil pesos mensuales, muy por debajo del costo promedio de la canasta familiar.

Aunque todavía no alcanzará el 4 por ciento del PIB debe acreditarse al Gobierno el esfuerzo por lograr esa meta legal y de amplio reclamo nacional.

El experto fiscal José Rijo documenta que, al igual que en 2013, pasará del 3.5 por ciento, aunque excesivamente concentrada en la construcción de aulas.

También se le acredita una mejoría en la calidad de la inversión, aunque sin reducción del gasto clientelar y del reparto del Estado.

Descrédito institucional. El 2014 registró un marcado deterioro del Estado de derecho en el país, evidenciándose más que nunca el entramado de poder casi absoluto que configuró el expresidente Leonel Fernández cuando tras promulgar la Constitución del 2010 colocó a una mayoría de incondicionales en las llamadas altas cortes de justicia, y a través de ellas en gran parte del aparato judicial así como del Ministerio Público.

El liderazgo lo llevó el Tribunal Superior Electoral con repetidas sentencias a favor del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, socio de Fernández en la repartición de ese y otros organismos, utilizando artificios jurídicos hasta para validar un conato de convención que concluyó en un tiroteo cuando un candidato contestatario pretendió ejercer el voto. No hubo sufragio en casi todo el país, pero Vargas Maldonado queda como presidente del dividido Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que recibe más de 18 millones de pesos mensuales del Presupuesto Nacional.

El Tribunal Constitucional quedó en medio de la calle con la sentencia que desconoció la adscripción del país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quince años después que se produjera, desconociendo la Convención Americana de Derechos Humanos, contradiciendo su propia ley orgánica y olvidando tres sentencias que había dictado basadas en jurisprudencia del organismo continental. También ignoró que el Estado se había defendido en cuatro procesos judiciales ante esa corte y hasta un acuerdo de colaboración que había firmado con la misma institución.

Descalabro político. La definitiva división del PRD, el más antiguo partido político dominicano, marcó el descalabro de la oposición política, fruto de la escasa cultura democrática, de las luchas grupales y la desvalorización de la política, aunque también con el auspicio de un importante sector del partido de Gobierno, que cifra su expectativa de predominio hasta el 2044, según reiterado planteamiento de su líder Leonel Fernández.

Aunque lo que las encuestas marcan como mayoría perredeísta constituyó el Partido Revolucionario Moderno y paralelamente se propuso una “Convergencia” de múltiples grupos políticos y sociales, el año concluye en la nebulosa con evidentes dificultades para encontrar un método de escogencia de su candidatura presidencial, lo que diluye sus posibilidades y distrae su atención de los problemas y las expectativas nacionales.

Mientras la oposición política se dispersa, en el PLD por lo menos cinco dirigentes se mantienen en campaña por la candidatura presidencial para el 2016, incluyendo al expresidente Fernández, y otros centenares también gastan fortunas de dudoso origen promoviéndose desde ya para legisladores o funcionarios municipales, sin que ninguna autoridad establezca orden ni límites.

Fue relevante el surgimiento de una abierta lucha por el predominio en el PLD entre los seguidores de Fernández, que luchan por volver al poder, y los del presidente Medina, algunos de los cuales quisieran abrir espacio a una nueva reforma constitucional para posibilitar la repostulación del mandatario, lo que luce difícil, a menos que el expresidente se vea obligado a declinar, presionado por los escándalos de corrupción que le salpican.

Limitados logros sociales. La sociedad civil no ha logrado compactar fuerzas suficientes para contener la corrupción, que se registra cada vez más como gran preocupación. Pero se hizo presente en algunas campañas, lo mismo que en la lucha por la preservación de la loma Miranda y celebró la decisión judicial que revocó el fraudulento reparto de la bahía de Las Aguilas.

Luchó por la restitución de los derechos de los desnacionalizados por la JCE y la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, y acogió la transacción de la Ley 169-14, que en mayo planteó devolver sus documentos a los descendientes de extranjeros que habían sido reconocidos como dominicanos, pero la JCE mantiene la discriminación y la exclusión, evadiendo el cumplimiento de la ley, sin que autoridad alguna le reclame.

El año se cierra con preocupaciones sobre el Estado de derecho, sin haberse disipado las incertidumbres provocadas por el asalto a la cárcel de Najayo, el intento de sabotaje a las torres eléctricas y el atentado en el Metro de Santo Domingo.

El Congreso Nacional

El Congreso Nacional no escapa al derrotero institucional. Pasó otro año burlándose de los reclamos de casi dos décadas por una Ley de Partidos que garantice la funcionalidad democrática y la transparencia de las organizaciones políticas. Con la introducción de un nuevo proyecto del PLD, se creyó que por lo menos este sería aprobado, pero trajo tales distorsiones a los varias veces consensuados, que ha resultado imposible convertirlo en ley.
Las cámaras legislativas, controladas absolutamente por el partido gobernante, ni siquiera han contemplado discutir otro proyecto fundamental, el de Ley Orgánica Electoral, que como el de partidos, fue presentado hace tres años por la Junta Central Electoral en atención a reformas incluidas en la Constitución hace casi 5 años.

La forma en que la Cámara de Diputados manejó las observaciones presidenciales al Código Penal, que procuraban excepciones a la penalización del aborto, se constituyó en otro desaguisado institucional. Violaron varios artículos de su reglamento interno y se volaron el Senado, enviando la ley modificada directamente al Poder Ejecutivo. Para colmo este promulgó el fundamental código, con modificaciones que nunca conoció el Senado, en clara e inexplicable violación de un aspecto básico del ordenamiento constitucional.

El año concluye sin que el Gobierno haya logrado los pactos fiscal y eléctrico que según la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, deberían estar en vigencia en enero próximo. Tampoco ha logrado poner en vigencia la Ley de Regularización Salarial del Estado, en medio del escándalo sobre la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque registra avances hacia la cuenta única del tesoro y en mayor transparencia de las compras y contrataciones, pero todavía el país registra los más altos niveles de corrupción e impunidad del continente.

 

Diagnóstico de deterioro político e institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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La encuesta del 2012 sobre cultura política de la democracia en República Dominicana diagnostica un progresivo deterioro de la confianza de la ciudadanía en el sistema político y las instituciones estatales, situándose en los más bajos niveles entre 26 países del continente.

El estudio, que es parte del proyecto académico internacional “Barómetro de las Américas”, fundamenta las críticas que se hacen al sistema político dominicano, y los reclamos de reformas y rectificaciones de un pragmatismo salvaje que pone en riesgo la estabilidad política nacional.

Educación y desigualdad.  El capítulo dominicano del Barómetro de las Américas 2012, patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y auspiciado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), fue presentado esta semana por la socióloga y académica dominicana Rosario Espinal, profesora e investigadora de Temple University, Filadelfia.

Fue elaborado en base a una encuesta que abarcó a 1512 personas, realizada el año pasado por la firma Gallup. Esta es la quinta edición del estudio que se viene realizando cada dos años desde el 2004.

El Barómetro 2012 muestra que los países latinoamericanos tienen los niveles medios de desigualdad más altos del mundo, con relativa homogeneidad cuando se comparan los ingresos nacionales.

“Mediante un análisis de regresión lineal se evaluó cómo el género, la raza, la edad y el estatus urbano-rural afectan el nivel educativo de la población y el ingreso. Ratifica la educación como fundamento del desarrollo cuando establece que el nivel educativo de la madre tiene un impacto positivo en el nivel de ingreso personal.

Establece que en RD a mayor edad a partir de 35 años, se registra menor nivel educativo y que “tener la piel oscura y vivir en la zona rural también resulta en menor educación. Los hijos de madres de baja escolaridad no alcanzan a completar la escuela primaria, mientras los de madres con educación superior alcanzan un promedio de 14.2 años de escolaridad”.

Otro diagnóstico terrible.  Los resultados ratifican las debilidades políticas e institucionales dominicanas diagnosticadas en los últimos años en múltiples evaluaciones internacionales, como las del Foro Económico Mundial, Amnistía Internacional, Transparencia Internacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

También en este estudio el país queda entre los líderes en percepción de corrupción, en el sexto de 26 escalones, con 78.1 por ciento, 2.8 menos que en el 2004, pero 3.6 mayor que en el 2006.

En el tope aparece Colombia con 81.7, y le superan también Trinidad-Tobago, Argentina, Guyana y Panamá.

República Dominicana baja al octavo escalón en la proporción de personas que dijeron haber sido víctimas de corrupción.

Los peores resultados del Barómetro de las Américas para el país se registran en la percepción de que “el barrio está afectado por las pandillas, donde encabeza con 48.6 por ciento, y en la confianza en la Policía, que solo alcanza al 34.9 por ciento de la población, solo superado por Honduras y Trinidad-Tobago, que registran 28.7% y 32.8% respectivamente.

La esperanza de los dominicanos en prosperar en el país queda mal parada en la encuesta, con un 31.9 por ciento que manifiesta intención de irse a vivir a otra nación, solo superado por Haití, Jamaica y Guyana, que registran 58, 48 y 35 por ciento.

En valoración de la eficacia gubernamental, República Dominicana registra la sexta peor posición, con 40.7 por ciento, la séptima peor en apoyo al sistema político, en confianza en el Gobierno local y en el sistema de justicia, con 48.8, 45.5 y 45 por ciento, y la octava en evaluación de los gobiernos locales, con 47.5 por ciento.

La posición de derecha de la sociedad dominicana queda manifiesta al registrar el sexto escalón continental. Tal vez eso explica el liderazgo en el concepto de que “los hombres deberían tener prioridad para conseguir un trabajo”, aunque más de la tercera parte de los hogares son presididos por mujeres. Mientras es segundo en apoyo a la cuota de candidaturas femeninas.

Los mejores resultados.  En contradicción con su pobre evaluación de las instituciones estatales y políticas, los dominicanos manifiestan una alta participación en las actividades políticas, electorales y comunitarias, situándose entre las más elevadas del continente.

Son líderes regionales con 63.4 por ciento en simpatía con algún partido político. La participación electoral del 70.5 por ciento es alta para una nación donde el voto no es obligatorio.

República Dominicana ocupa el segundo lugar en entrevistados que dijeron haber tratado de convencer a otros para que votaran por alguna candidatura, con 31.6 por ciento, y el tercer lugar en porcentaje de las personas que dicen haber trabajado para partidos o candidatos, con 16.8 por ciento, superada solo por Surinam y Haití, ambas con 17.9 por ciento, mientras Chile, Canadá, México, Panamá y Perú quedan por debajo del 5 por ciento.

La alta participación política y electoral podría estar relacionada con el asistencialismo y el clientelismo, ya que el 31 por ciento de los entrevistados dijo tener, o alguien en su hogar, una tarjeta de los programas de subsidios sociales y el 24 por ciento dijo haber recibido ofertas clientelares en campañas electorales.

Sin embargo la participación en actividades comunitarias también es alta, la sexta mayor de los 26 países incluidos, con tasa de 32.9 por ciento.

Y en asistencia a reuniones municipales República Dominicana ocupa la tercera posición continental, después de Haití y Estados Unidos.

Alerta roja al sistema.  El progresivo deterioro de los indicadores de estabilidad y fortaleza política y democrática que presenta el capítulo dominicano del Barómetro de las Américas constituye una alerta roja para el liderazgo nacional que se muestra insensible ante las críticas y reclamos de la sociedad organizada y los medios de comunicación.

Ese nivel de insatisfacción y de escasa credibilidad en las instituciones del Estado viene siendo diagnosticado en encuestas, investigaciones y pronunciamientos nacionales, ante los  cuales el sistema partidario y los gobernantes reaccionan con indiferencia, cuando no con agresividad. Se solazan señalando la participación masiva en las campañas electorales, ignorando que está integrada en gran proporción por buscadores de favores y oportunidades y que hay una sociedad consciente que aspira a mejores estadios de institucionalidad democrática y gobernabilidad.

El clientelismo y el reparto llevado a niveles sin precedentes, con cerca de 800 mil personas en las nóminas y nominillas y en las pensiones del Gobierno central, las instituciones descentralizadas y los ayuntamientos, y casi 2 millones de tarjetas en diversos subsidios sociales han contribuido al mantenimiento de la estabilidad político-social, pero no logran revertir los niveles de pobreza ni han evitado el deterioro que registran los estudios y análisis sociales.

El sistema político se ha atribuido un nivel de vida que compite con el de sus colegas de naciones desarrolladas, con tasas irritantes de corrupción, mientras se ha negado sistemáticamente a acatar normativas como la del defensor del pueblo cuya ley orgánica acaba de cumplir 12 años.

Su pragmatismo e insensibilidad le ha impedido aprobar leyes como la de partidos políticos y regulación salarial y poner límites al despilfarro y la malversación de los fondos públicos.

Un progresivo deterioro. Lo más relevante del estudio sobre la cultura democrática dominicana es la progresiva reducción que registra en promedio de apoyo al sistema político, en apoyo a la democracia, en valoración de la eficacia gubernamental y de las instituciones fundamentales de la sociedad.

Es relevante que los medios de comunicación social y las iglesias Católica y evangélicas sean las únicas instituciones que alcanzan aprobación sobre el 60 por ciento, con un 72, 67 y 62 por ciento respectivamente. El Presidente de la nación, la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional, el sistema de justicia, la Policía Nacional y los partidos resultan quemados con puntuaciones que oscilan entre 47.7 y 32.3%.  Todas registran caída entre las encuestas de 2008 y  2012, en especial el Presidente, con 15 puntos menos,  la Policía con 12, Fuerzas Armadas 10, Junta Central Electoral 9, y Suprema Corte y Justicia que cayeron  en 8 puntos.

Entre  2006 y  2012 el apoyo a la democracia y al sistema político se redujo casi 9 puntos, pasando en el primero del 78.7 al 70 por ciento, y en el segundo del 57.6 al 48.8%. La valoración de la eficacia gubernamental disminuyó 15 puntos en el mismo período, de 55.8 a 40.7% y la evaluación de los gobiernos locales cayó 10 puntos. Y la convicción de que los partidos representan a los votantes se redujo más de 8 puntos, del 49.8 al 41.6 por ciento, entre las encuesta del 2008 y 2012.